TRIBUNAL CONDENA A LA PRESIDENCIA.

jueves, 12 de noviembre de 2009

El Tribunal Internacional de la Libertad Sindical condena a la presidencia mexicana.

James Cockcroft
Znet.org

Traducido para Rebelión por Carlos Sanchis y revisado por Caty R.
En la Ciudad de México, el 28 de octubre, el Tribunal Internacional de la Libertad Sindical (que deliberará sobre la libertad sindical en México del 26 de octubre de 2009 al 1 de mayo de 2010) concluyó la primera de sus dos sesiones públicas con un informe preliminar que condenó duramente al presidente Felipe Calderón por sus violentas medidas contra los sindicatos desde que asumió el gobierno tras su discutible elección en 2006. El Tribunal fue organizado en los meses anteriores por más de 30 organizaciones sociales y civiles de México y otros países. Oyó testimonios públicos de representantes de 16 sindicatos sometidos al ataque de la carrera de fondo de la privatización en México.


El Tribunal está compuesto por veinte prominentes juristas laborales y expertos en derechos humanos, que incluyen periodistas galardonados, escritores, y defensores de la paz, más de mitad procedentes de otras partes de las Américas y Europa, incluido este reportero. Dos de los miembros que no pudieron asistir fueron el argentino ganador del premio Nobel de Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y el destacado periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, que esperan participar en la segunda sesión pública programada para finales de abril de 2010.
Como señaló la prensa mexicana, James Cockcroft, este reportero, dirigió la inauguración del Tribunal junto con la senadora Rosario Ibarra de Piedra, principal defensora de los derechos humanos en México y cuatro veces nominada para el premio Nobel de la Paz, y Miguel Ángel Granados Chapa, ganador en dos ocasiones del premio nacional de periodismo de México. Ellos explicaron que el Tribunal representa el ejercicio de la "justicia de los ciudadanos", históricamente el primer tribunal del mundo sobre cuestiones laborales. Sigue los pasos del tribunal Bertrand Russell contra la guerra de EE.UU. en Vietnam y de los tribunales que posteriormente han actuado como "la conciencia de la humanidad" en casos como las intervenciones militares-terroristas de Estados Unidos en Nicaragua durante la década de los 80 o contra la Revolución Cubana en los últimos cincuenta años. Sus informes y decisiones irán a todas las instituciones pertinentes nacionales e internacionales que se ocupan de los derechos de los trabajadores y los derechos humanos, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Penal Internacional de La Haya. La presencia del Tribunal rompe así la falta de escrutinio público internacional del que los últimos gobiernos mexicanos represivos han disfrutado.
La Ciudad de México está siendo sacudida por una airada respuesta popular al envío por del presidente Calderón de tropas armadas y policías federales, el 10 de octubre, para tomar la empresa paraestatal "Luz y Fuerza del Centro" (LFC), responsable de la compleja red eléctrica del centro de México. La rápida acción a medianoche, destinada a destruir el sindicato independiente de trabajadores de la electricidad (SME), que durante 95 años organizó la fuerza laboral independiente más sólida por la democracia y los derechos de los trabajadores, instantáneamente despidió a más de 44.000 trabajadores de un solo golpe. Por medio de ello avanzó la privatización del lucrativo sector de la energía en México, así como de su extensa red de fibra óptica para venderla a los monopolios de telecomunicaciones nacionales y extranjeros.
Calderón y las grandes empresas de medios de comunicación han intentado justificar la acción militar, seguida de un decreto presidencial al día siguiente, afirmando que "la ineficacia económica" de la LFC procedía de los beneficios y altos salarios de los trabajadores del SME ganados en el transcurso de decenios de lucha. Sin embargo, la falta de rentabilidad de la LFC derivaba de la provisión del propio Estado de energía gratuita a las mayores industrias de México, junto con la compra de energía, a precios exorbitantes, de la LFC a la Comisión Federal de Electricidad. La incautación de las plantas de energía de la LFC fue inconstitucional e ilegal en muchos aspectos, incluida la falta de aprobación previa del Congreso Nacional, responsable de cualquier cambio en el sector de la energía (Artículo 26 de la Constitución).
El 15 de octubre, entre 350.000 y un millón, o más, de personas marcharon en apoyo del SME hacia El Zócalo, la plaza histórica de la Ciudad de México. La manifestación, que duró un día, incluyó a muchas familias de la clase media oprimidas por la educación, los despidos y las reducciones de salarios, y las "brigadas ciudadanas" que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, la persona que la mayoría de la gente cree que ganó las elecciones de 2006.
Después, el 24 de octubre, tuvo lugar una Asamblea Nacional de la Resistencia Popular en el vestíbulo gremial del SME. Se invitó al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) para que enviara un representante, pero no acudió ninguno. Una inmensa multitud de miles de personas se esparcía fuera en las calles cuando una veintena de oradores, incluido este reportero, trabajadores, campesinos, profesores, estudiantes y otras organizaciones se ocupaban de discutir futuras acciones. El sentimiento popular era de una huelga general inmediata y los gritos colectivos de "¡Huelga!" y "No pasarán" llenaban el aire. El líder del SME, Martín Esparza tuvo que intervenir para calmar los ánimos de los trabajadores enojados y conseguir una resolución para formar un "frente nacional de lucha" para ayudar a planificar una eventual huelga legal, que requiere un aviso al gobierno de varias semanas de antelación, o -más rápido y más fácil- una serie de "paros" (interrupciones, abandonos del puesto de trabajo). Se programó el paro de un “día nacional de resistencia cívica” para el 30 de octubre, con una veintena de organizaciones obreras, de estudiantes, de profesores y de campesinos, que representan a más de seis millones de personas integradas en la acción. Se fijó una asamblea general de resistencia popular masiva para el 4 de noviembre, para discutir los planes de futuro.
Sin embargo, existen muchas divisiones entre las fuerzas progresistas. El propio SME se dividió cuando el gobierno, muchas semanas antes, rehusó "tomar nota" (reconocer oficialmente) del liderazgo de Esparza después de que el candidato apoyado por la empresa perdió unas elecciones democráticas. Ahora el candidato rival apoya el decreto del presidente Calderón contra los sindicatos.
En esta atmósfera turbulenta, marcada por apagones frecuentes debidos a la incapacidad de los esquiroles para hacer que funcione la red de la CFE, el Tribunal Internacional celebró sus audiencias. Su corto pero severo informe preliminar dijo que el Tribunal estaba "sorprendido e incluso escandalizado por la gravedad de las violaciones (de las leyes laborales) y la violencia ejercida contra los trabajadores mexicanos”. Señalando violaciones de los convenios 87 y 98 de la OIT, del Artículo 123 de la Constitución de Mexicana y de las garantías de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, de los derechos de los trabajadores al trabajo, a organizar sindicatos y a negociar convenios colectivos, el informe constataba: "Además estamos profundamente preocupados por la violación de derechos humanos y civiles que acompañan a la violación de la libertad sindical". Llegaba a la conclusión de que en México existe “una ruptura del Estado de Derecho” y una "institucionalización de la violencia contra los movimientos autónomos de los trabajadores... incluida la criminalización de las protestas sociales y de sus líderes". El Tribunal también condenó "las restricciones a la libertad de expresión" y "abusos por parte de algunos medios de comunicación al tergiversar los hechos, la verdad, en la brutal campaña mediática contra el SME y su convenio”. Concluyó con un requerimiento a:
- La derogación del decreto presidencial y la reapertura del LFC.
- Retirada inmediata de las tropas armadas y la policía federal de las centrales eléctricas.
- Reincorporación inmediata de los trabajadores del SME bajo el convenio colectivo existente.
- Creación de un comité social de diálogo para considerar alternativas de acuerdo con la Constitución y las normas internacionales.
El año 2010 marca el centenario del lanzamiento oficial de la Revolución Mexicana y el bicentenario del grito por la independencia nacional de España. En ambos casos, entonces como hoy, una crisis económica precedió a los acontecimientos revolucionarios, y el miedo de la gente a las autoridades se disipaba tan deprisa como crecía su rabia. Del 28 al 30 de abril, el Tribunal Internacional de la Libertad Sindical celebrará su segunda sesión pública, y el 1 de mayo emitirá sus conclusiones en la concentración anual de mayo en El Zócalo.


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LAS VOCALES.

lunes, 9 de noviembre de 2009

Ausencia Gómez.

A.

En artículo periodístico se alude a documentos clasificados del archivo de George Bush, ex presidente de Estados Unidos, los mismos revelaron que el gobernador de Oaxaca, utilizó mercenarios para perseguir y someter a líderes y a la sociedad durante el conflicto de 2006, y califican al gobernante de incapaz de dar una salida pacífica y negociada al conflicto que cobró al menos 26 muertes. Son documentos de los órganos de espionaje norteamericanos (De inteligencia les dicen) y no testimonios de militantes de la APPO.

En otra dimensión de la realidad, en otro país, en otra sociedad, con otra moral política, lo revelado sería motivo de juicio político cuando menos. En nuestro contexto, se le ignora, se cierran ojos y oídos, no mueve a la indignación, esa es nuestra realidad. Por cierto, los documentos sólo confirman los que oaxaqueñ@s sabíamos desde ese entonces y los mercenarios siguen actuando en la impunidad.

E.

Actuación impune fuera de la Ley, doble moral y cinismo propagandístico son prendas históricas del prinosaurio. Ahora dicen que por ellos no se gravaron alimentos y medicinas, lo que no dicen que eso fue a cambio de que se incrementara en uno por ciento el IVA, incremento que les beneficia y por el cual presionaron para su aprobación, Peña Nieto, Fidel Herrera y Ulises Ruiz, entre otros.

Tampoco dicen que fueron fieles garantes para que se mantuviera el sistema de privilegios fiscales, mediante el cual, la minoría más rica del país, paga menos impuestos que la gente común y corriente. Tampoco dicen que junto con legisladores del PAN acordaron que se exima de impuestos a las empresas de telecomunicaciones que incursionarán en los servicios de tercera generación en telefonía móvil, el llamado triple play. A eso llaman “justicia social”.

I.

Con tufo a precampaña electoral, la tesorería del municipio de Oaxaca de Juárez pomposamente declara que en el 2010 no habrá incremento a los impuestos que cobra el municipio. Pues sí, si ya adelantó esos incrementos en el 2009. A propósito y para ilustrarnos, nos comenta un contribuyente que el impuesto predial que pagó este año sufrió un notable incremento con respecto al año anterior y al preguntar en la ventanilla el por qué, le informaron de un revalúo de su propiedad.

El asunto es que le atribuyen una propiedad mayor de 500 metros cuadrados de extensión, con una superficie construida de 345 m2, cuando su predio no excede en su totalidad de 200 m2. Así se las gastan los políticos burócratas, cobran impuestos sobre superficies inexistentes; lo mismo hacen campaña política haciéndose pasar por benefactores de la población oaxaqueña. Esas son las prácticas del dinosaurio.

O.

El informe relativo al desempeño de los programas federales en el ciclo 2008 – 2009 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pasó casi desapercibido, cuando debería llamar la atención a todos, ya que mucha de la basura propagandística encuentra en él su absoluto desmentido. Son varios programas de la Secretaría de Educación Pública sometidos a evaluación y en conjunto, su desempeño deja más que desear que el de los maestros.

Uno de ellos, el PRONABES, mismo que pretende el acceso, permanencia y conclusión de estudios en educación superior de jóvenes de escasos recursos económicos mediante el otorgamiento de una beca integrada con recursos federales y estatales. De entrada, la contribución de los gobiernos estatales es dispareja, por ejemplo, el de Oaxaca, que permanentemente ha eludido tal responsabilidad de acuerdo con la información del mismo PRONABES.

U.

La evaluación señala las debilidades del programa: Falta certeza presupuestal en las aportaciones estatales para realizar las acciones; Falta un sistema integral de información; carece de un sistema de seguimiento de la operación del programa; falta infraestructura física y humana para llevar a cabo el seguimiento y/o ejecución en los estados. Y la conclusión evaluatoria destaca la imposibilidad de saber con certeza en que medida el programa contribuye a que estudiantes de bajos recursos económicos cursen exitosamente una licenciatura.

Lo visto al menos en Oaxaca, es que el programa carece de certeza presupuestal, no cuenta con infraestructura física y humana propia y menos se enfoca estrictamente a estudiantes de escasos recursos. Privilegia a estudiantes de escuelas y licenciaturas “conflictivas” ¿Será porque las carreras “liberales” tienen mayor número de estudiantes “necesitados”? Lo que se rumora, es que el programa en manos de ex directivos de la UABJO, les sirve a estos para mantener su influencia en la Universidad, financiando adeptos. Y como siempre, los más jodidos son los últimos.


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INFORMACION OCULTA

martes, 3 de noviembre de 2009

Gobierno esfuma archivos de Luz y Fuerza del Centro
Autor: Nydia Egremy

Miles de expedientes reservados resguardan testimonios, cifras y prácticas que documentan la forma como se administró esa empresa estratégica y que se perderán en cuanto se consuma el proceso de liquidación de la misma. En cada edificio, oficina, sucursal o subestación, permanecen velados al conocimiento público centenas de registros que describen cómo y quién ejecuta el robo de fluido eléctrico en perjuicio de esa empresa; el resultado de arqueos a pagadores de subestaciones eléctricas; qué firmas se beneficiaron de las autorizaciones para eliminar sustancias peligrosas, y quiénes entablaron los numerosos juicios laborales y por qué contra LFC. Esa información, alejada de los ciudadanos desde 2003, quedará oculta para siempre.

El registro de expedientes reservados por el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (en proceso de extinción tras el decreto presidencial del 11 de octubre pasado) muestra un amplio universo integrado por miles de archivos y documentos que revelan las funciones, actividades, resoluciones y medidas administrativas que emprendió esa empresa, cuyas autoridades consideraron que debían ocultarse al conocimiento público luego de que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

La Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo clasificó 6 mil 597 asuntos; le sigue la Dirección de Recursos Humanos en el rubro de “Relaciones laborales”, con 5 mil 635 archivos, a los que se suman 146 expedientes de la Coordinación de Proyectos Institucionales que comprenden juicios laborales. Otros 100 expedientes reservados pertenecen a la Subdirección de Abastecimiento, rubro “Dispositivos de inteligencia y seguridad”; 22 más de esa subdirección corresponden al área “Recursos materiales y obra pública”, y 85, al aseguramiento de bienes e intereses asegurables de la empresa. No son todos los archivos reservados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque algunos de los que aquí se describen ilustran la condición de secretismo en que operaron desde hace años rubros estratégicos de ese organismo.

En el caso de asuntos jurídicos, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reservó, por cinco años, como clasificados los expedientes correspondientes a “Averiguaciones previas”. Asuntos relativos a “Juicios especiales hipotecarios”, “Tercerías excluyentes de dominio”, “Juicios de amparo”, “Juicios ejecutivos mercantiles”, “Reclamaciones de fianzas”, “Juicios agrarios”, “Concursos mercantiles”, “Juicios ordinarios mercantiles”, así como “Asuntos fiscales y administrativos”, todos se clasificaron por 10 años, hasta enero de 2014.

Es notable que desde el 30 de enero de 2004, LFC clasificó más de 100 expedientes relativos a averiguaciones previas por “robo de fluido eléctrico”, así se observa en el expediente AP/RFE1, cuya información sería accesible hasta 10 años después. En el decreto que extingue a ese organismo se señala que “el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad”. Agrega el decreto que a junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía; los documentos que informan las razones y a los responsables de esa pérdida se mantuvieron en secreto por años.

De la política de reserva que mantuvo Luz y Fuerza del Centro con respecto del robo de fluido eléctrico, María Xelhuantzi López, doctora en ciencia política y analista en organizaciones laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que una investigación de esos expedientes arrojaría luz respecto “de quién robaba y cómo se clasificaba” esa información por parte de la empresa.

“Desde luego, el robo en pequeña escala, de los ambulantes o de la vía pública se resolvía con una mordida; en cambio, el robo de mayor proporción, que indudablemente implica a grandes consumidores, grandes empresas y grandes intereses, a riesgo de equivocarse, se concluiría que mientras más grande e importante fuera la empresa que robaba el fluido, más secreto es el expediente”, estima la entrevistada.

En “Asuntos penales”, que involucran a LFC según los archivos que reservó, es notorio que a partir de enero de 2006 esa empresa optó por el máximo periodo que autoriza la ley para clasificar su información (12 años). Así se evidencia en el expediente PGR/CHAL/106/II/03 que fue clasificado el 13 de julio de 2009 y que sería visible hasta 2021, aunque ahora, en el actual proceso de extinción del organismo, podría quedar olvidado.

Otro aspecto que permanecerá oculto al interés público es el relativo a los “Dispositivos de inteligencia y seguridad de LFC”. La Subdirección de Abastecimiento y Transportes en el rubro clasificó 100 expedientes, todos por 12 años. “Corporaciones policiales para vigilancia y seguridad en el Distrito Federal y en los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos” se remonta al 1 de septiembre de 2003 y sería accesible hasta 2015.

De igual manera, las autoridades del organismo descentralizado alejaron del conocimiento público por 12 años el archivo relativo a “Dispositivos de seguridad en instalaciones (directorio de instalaciones, planes de seguridad física, programas de supervisión, ficha técnica, diagnóstico de riesgos)”. Hicieron lo mismo con la información relativa a las “reuniones ordinarias y extraordinarias del grupo de coordinación para la atención de instalaciones estratégicas”, que se clasificó por 12 años, desde 2003.

Igual ocurrió el 11 de enero de 2006 cuando los funcionarios de LFC decidieron clasificar por 12 años la información del expediente “Presupuesto asignado para los servicios de vigilancia policial 2006 (presupuesto de explotación)”.

Finanzas oscuras

Por su parte, la Subdirección de Finanzas reservó, desde 2004, por 12 años, la información que contiene 1 mil 271 expedientes sobre el rubro “Recursos financieros”. Se trata de los estados de cuenta, relaciones de nómina, control y registro de pólizas de ingresos, conciliaciones, egresos por partida presupuestal, registro contable, valores financieros.

Como ejemplo, están los expedientes “Programas y recorridos de pago de nómina 2”, “Ingresos enlace bancos 30”, “Pólizas tipo 18”, “Liquidaciones semanales subt”. “Belem de las Flores 4”. Otros, como “Resguardos de los fondos fijos subt. Iztap”, estarían disponibles hasta 2011.

Entretanto, datos sobre nóminas, arqueos (comprobación de efectivo), pagos temporales se resguardaron desde 2006 hasta enero de 2018; así se observa en los expedientes “Requerimientos de nóminas subt. Cuautitlán”, “Arqueos subt. Cuautitlán”, “SC04C-SE05-Arqueos a pagadores-subtesorería Ecatepec-LFTAIPG-13-1v-1-5 años”, “Guías de autoevaluación subt. Cuautitlán”, “Penalización Tameme subt. Cuautitlán”, “Liquidaciones semanales subt. Cuautitlán” y el expediente “Egresos (programa pagos subg. plan y cont. F.) Febrero 06 S.T.-1 carpeta”.

Asimismo, la “Liquidación de pagadores subt. centro 10” se clasificó desde 2006 hasta enero de 2011. Los expedientes titulados “Subgerencia de Planeación y Control Financiero./S.T.Z.C.-1 carpeta” y “Remesas especiales extraordinarias g.finanzas-1 expediente” se reservaron el 13 de julio de 2006 para permanecer clasificados por 12 años.

Por otra parte, Luz y Fuerza del Centro decidió no informar qué sucede con respecto del rubro “Tecnologías y servicios de la información”, pues clasificó 108 expedientes desde 2004; todos por el máximo de tiempo que permite la ley. Se trata de archivos que contienen información sobre el software para cada equipo que opera en esa subdirección, sobre el código fuente, de documentación técnica y temas relacionados, de plataforma distribuida, así como de esquemas de seguridad.

También clasificó 104 archivos relacionados con el rubro “Programación, organización y presupuestación”, que contienen datos sobre compromisos para años subsecuentes e inversiones del organismo descentralizado, como el archivo denominado “Compromisos solicitados 1”, clasificado el 29 de enero de 2004, disponible hasta 2016.

Askareles en secreto

El jueves 11 de octubre de 2007 la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República aprobó en votación económica un punto de acuerdo, que también aprobaron los congresos de Querétaro y San Luis Potosí, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informara sobre el manejo de askareles en el país.

En el dictamen correspondiente de esa comisión se señaló que “los askareles o bifenilos policlorados (BPCs) son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados individuales”, que son líquidos aceitosos o sólidos, incoloros a amarillo claro capaces de existir como vapor, inoloros e insípidos, que se usaban ampliamente como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores y otros equipos eléctricos.

El Senado agregaba que “los askareles se constituyen como residuos peligrosos ya que poseen alguna de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, y ponen sustancial o potencialmente en peligro la salud humana o el ambiente”, pues los resultados del contacto de BPCs en seres humanos han sido: “abortos, defectos en los recién nacidos, desórdenes funcionales en el sistema nervioso, causando vértigo, depresión, fatiga y nerviosismo” y, en el peor de los casos, cáncer.

Además, ese documento apuntaba que los BPCs están prohibidos en la mayoría de los países “y en el nuestro no es excepción”, ya que es uno de los tres principales objetivos del Plan de Acción Regional de América del Norte que se lleva dentro del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, “del cual, México es parte”, y donde se comprometía a la eliminación, manejo ambientalmente adecuado de los inventarios en todo su ciclo de vida y retiro gradual y destrucción de los BPCs.

Por esas consideraciones, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales pedía a la Semarnat información sobre la localización y volumen de bifenilos policlorados almacenados, abandonados o en uso, así como un listado de generadores; fechas y métodos de eliminación de los bifenilos policlorados existentes, así como los responsables de ese proceso.

También, le requería copia del programa de eliminación de bifenilos policlorados para 2008, como lo indica la “Tabla I” de la Norma Oficial Mexicana: NOM-133-SEMARNAT-2000, incluyendo método, cantidades y responsables de tal eliminación y métodos y cantidad de BPCs, eliminados desde la entrada en vigor de la NOM mencionada hasta esa fecha (11 de octubre de 2007).

Esa preocupación del Senado sobre el manejo y desecho de esos residuos peligrosos no impidió, sin embargo, que desde 2004 la Subdirección de Planeación Estratégica de Luz y Fuerza clasificara 118 expedientes relacionados con el rubro temático: “Protección ambiental, manejo de residuos peligrosos”, particularmente la información relativa a los programas de eliminación.

Otros se clasificaron por seis años en cuanto comenzó la actual administración federal: “Askarel licitación pública internacional LPI/SS-153/94”, que permanecería clasificado hasta el 12 de enero de 2011. En igual circunstancia están los archivos “Bifenilos policlorados (BPC-S) 1994”, “Publicaciones diversas askarel 1994”, “BPCs bitácora de obra 1996”, “Certificado de incineración BPC-S (manifiesto de entrega y transporte) 1996”, “PBCs contrato No. SS-111/96 (RIMSA) (manifiesto de entrega y transporte)”. “Estado de cuenta del contrato de servicios (RIMSA No. SS-111-96) (ECOLAB No. SS-139/97)”, así como el denominado “Bifenilos policlorados (BPCs) (manifiestos) 1997”, y otras decenas de documentos más.

Además de los certificados para la incineración de BPCs y estados de cuenta de contratos de servicios o bitácoras de obra, la Subdirección de Planeación Estratégica de LFC clasificó otras actividades relacionadas con el manejo o destrucción de estos residuos peligrosos. Dos de ellos se vinculan con el Almacén Victoria del organismo. El primero, relativo a “Compras” y el segundo, a “Bajas de almacén”, que fueron blindados por cinco años a partir del 12 de enero de 2006.

Igualmente ocurrió con los archivos denominados “Bajas de almacén 1999”, “Programa de sustitución de equipos en operación con BPCs”, “Empresas autorizadas en el tratamiento con BPCs”, “Profepa-Almacén Victoria BPCs”, “Reporte de análisis de laboratorio 2003-2005” y “Avances de indicadores BPCs 2003-2004”.

Respecto de la falta de transparencia en proceso de eliminación de askareles que se tradujo en la clasificación de los expedientes que contienen la información respectiva, la estudiosa en relaciones laborales María Xelhuantzi López apunta que es delicado que no se hiciera pública en su oportunidad, pues conlleva riesgos a la salud de los propios trabajadores de LFC: “Es un asunto de salud y de vida para los trabajadores; hasta donde sabemos, el sindicato no tomó medidas oportunas”.

Oscuras relaciones laborales

La relación entre LFC y sus trabajadores no es transparente, como lo demuestra la clasificación de 5 mil 635 expedientes relacionados con juicios laborales que hizo la Dirección de Recursos Humanos. El título de los expedientes no logra ilustrar el contenido de esos archivos blindados, como se observa en el expediente 005A30385/2006, cuyo contenido se reservó hasta el 11 de enero de 2019.

Entre el amplio universo de información oculta en torno a las demandas que empleados de LFC emprendieron contra el organismo descentralizado, también figuran los archivos GRL-AI-G-026-054197, por procedimientos administrativos laborales en 2007, y el 005 A/0666/2007, que apenas se clasificó el 14 de enero de 2009 y que se abriría hasta 2021.

Más de 5 mil expedientes que documentan causas y procedimientos de otros tantos juicios laborales entre una empresa pública y sus trabajadores corren el riesgo de perderse con su valioso contenido informativo para la sociedad frente al proceso de extinción del organismo.

Complicidad y corrupción

La práctica de clasificar miles de expedientes de la empresa Luz y Fuerza “refleja un altísimo grado de corrupción y complicidad del propio gobierno, pues se trata de un organismo público descentralizado de donde el gobierno no sólo era el administrador sino el propietario”, aprecia María Xelhuantzi, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En su opinión, esto denota que el gobierno “es parte medular de la corrupción que había ahí” y no descarta que la Secretaría de Energía, que es la cabeza del sector, conociera esa información. Explica la especialista en organizaciones sindicales que “esto revela la responsabilidad tan grande que tiene el gobierno en la situación de inviabilidad y de crisis que, al final de cuentas, lo llevaron a tomar la decisión de liquidar la empresa”.

Al mismo tiempo, reitera, “también refleja que había toda una intención desde tiempo atrás de tomar la medida de extinguir a la empresa; refleja que el gobierno no tenía ni voluntad ni vocación” de que LFC operara de manera eficiente, de reestructurarla, pues si esto hubiera sido, habría tomado medidas oportunamente.

A su vez, la especialista sostiene que también hay gran corresponsabilidad del sindicato en la situación interna de la empresa, porque “indudablemente sabía, quizás no de todo y a fondo, pero sí de los malos manejos de la empresa”. Xelhuantzi López considera que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) “no sólo no tomó la iniciativa para que esto cambiara, sino que se volvió también parte de ese statu quo”, y que la responsabilidad de la organización gremial radicaría en “haber omitido, tolerado y solapado” tal situación.

“El sindicato no actuó oportunamente ni con fuerza, la misma que mostró en las calles durante su marcha del jueves 15 de octubre, y que debió invertir para presionar suficientemente a la empresa con objeto de lograr que las cosas cambiaran, pero no lo hizo. En todo caso, la mayor responsabilidad de la crisis interna de Luz y Fuerza del Centro recae en el gobierno”, expresa la autora de las investigaciones: El sindicalismo mexicano: entre la coyuntura y la historia (UAM, 2004) y El sindicalismo en la reforma del Estado.

Más allá de la parte de responsabilidad que corresponda al SME respecto de la situación de Luz y Fuerza del Centro, la investigadora concluye que, “desafortunadamente”, con la liquidación del organismo todos los expedientes reservados y su valiosa información se perderán. Ese hecho y lo que actualmente pasa reflejan “la falta de transparencia brutal” que existe en este país sobre cosas fundamentales.

Si le buscamos a Petróleos Mexicanos o a la Comisión Federal de Electricidad, advierte, “encontraríamos irregularidades de igual o mayor proporción, lo que muestra que a pesar de la alternancia política en el país existen las mismas complicidades que nos llevan a tener un país sistemáticamente corrupto y donde los ciudadanos estamos indefensos y obligados a creer la información oficial, manipulada a través de los grandes monopolios de la información”.

La medida de extinción contra Luz y Fuerza del Centro “refleja que el presidencialismo autoritario en este país sigue intacto, lo que es muy grave”, declara María Xelhuantzi. Agrega que si para el gobierno federal el problema de fondo era la viabilidad de la empresa, esto se hubiera discutido en otro nivel y en otra forma, no recurriendo a un “acto de brutalidad autoritaria” como el que se dio el 11 de octubre.

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PARA ESO NO HAY LIQUIDACION

lunes, 12 de octubre de 2009

Gastos abusivos de una burocracia inútil.
Miguel Badillo. Oficio de papel.

• Privilegios de expresidentes y ministros
• Las pensiones de diez directores del IPN
Otra vez Felipe Calderón y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, pretenden que sean los mexicanos de menores ingresos quienes paguen más impuestos para mantener una burocracia inútil, corrupta y abusiva, en lugar de proponer disminuir los excesivos gastos de servidores públicos en secretarías de Estado y órganos descentralizados, en las cámaras de Diputados y de Senadores, y entre jueces, magistrados y ministros; además de funcionarios en organismos autónomos como el IFE y el IFAI.

Entres los gastos excesivos con dinero público destacan el despilfarro en los miles de fideicomisos creados en instituciones de los tres poderes de la Unión, para evitar que esos recursos sean fiscalizados; la compra de vehículos, el pago de viáticos, celulares, gastos de representación como comidas en restaurantes de lujo, la contratación de seguros médicos y de vida. En algunos casos hasta el absurdo, como en el IFE, en donde se pagan dotes matrimoniales a quien se casa o, en el caso de la Suprema Corte, una partida presupuestal para que los 11 ministros le otorguen un regalo a su madre el 10 de mayo. Otros gastos que deberían desparecer son las pensiones de salarios íntegros que se otorgan a los exministros de la Corte, a los expresidentes de la República, a los exfuncionarios de Banco de México y de la banca de desarrollo, a los exdirectores del Politécnico.

Lo anterior ha sido muy bien documentado por la prensa y lo ha confirmado la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo ni el presidente ni el secretario de Hacienda, así como tampoco los legisladores y muchos menos los ministros de la Corte hacen caso para eliminar ese despilfarro de recursos públicos. Cómo entonces pretende Calderón que le creamos cuando habla de austeridad sólo porque se le ocurrió eliminar tres secretarías de Estado y pretende que aceptemos el incremento de impuestos a los mismos causantes cautivos. La medida fiscal además de injusta es abusiva.

Sin embargo, Felipe Calderón reconoce hace unos días que otros 6 millones de personas se integraron a la pobreza extrema, que en cifras oficiales asciende a 20 millones, es decir uno de cada cinco mexicanos, quienes enfrentar serios problemas para alimentarse. Qué hace el gobierno para cambiar esta situación: cobrar más impuestos, lo cual tampoco se traduce una disminución de la pobreza, sino por el contrario en un mayor desvío de recursos públicos y un gasto excesivo de la burocracia.

Privilegios de los expresidentes

Estos abusos del gasto público han sido señalados puntualmente en la revista Contralínea, en donde la reportera Nancy Flores informó que son 178 personas, entre civiles y militares, quienes cobran un salario por estar al servicio de los cinco expresidentes vivos, fuera de los criterios de racionalidad y transparencia. Es decir que del erario se destinan casi 40 millones de pesos anualmente para el pago de esas personas.

Para la ASF, la asignación de personal civil al servicio de los expresidentes se encuentra “fuera de los criterios de racionalidad y transparencia” que deben regir la administración pública federal. Por ejemplo en 2006, Luis Echeverría tenía 24 civiles y dos militares a su cargo; Miguel de la Madrid 24 civiles y 22 militares; Carlos Salinas de Gortari 14 civiles y 19 militares; Ernesto Zedillo 11 civiles y 16 militares, y Vicente Fox 20 civiles y 16 militares, lo cual representó un gasto de 39 millones 936 mil pesos por salarios.


La Auditoría recomendó a la Presidencia de la República justificar la asignación de recursos humanos a los exjefes de Estado y explicar las necesidades reales de personal de apoyo en sus actividades administrativas. Lo anterior, con el objetivo de que el ejercicio del gasto por este concepto se apegue a los criterios de racionalidad y transparencia en el ejercicio del presupuesto.


Otro gasto abusivo son los pensionados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –53 titulares y 28 viudas–, quienes cuestan al erario, de manera individual, más de 1 millón 600 mil pesos anuales, es decir, 133 mil 300 pesos al mes. Los expresidentes de la República son cinco y cada año el pago de pensiones cuesta, en promedio, más de 1 millón 900 mil pesos por persona, aproximadamente 158 mil pesos al mes por sólo seis años de trabajo.

Los acuerdos de la impunidad provienen, uno, del 25 de noviembre de 1976, cuando por acuerdo del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez se dispuso que, al concluir su mandato, el ciudadano que hubiese desempeñado el máximo cargo público dispusiera, “a sus órdenes directas”, de personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para el desempeño de “servicios generales”.

El segundo fue de Miguel de la Madrid, quien mediante otro acuerdo fechado el 31 de marzo de 1987, formalizó el disfrute de una pensión, prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de Estado, y reguló el derecho del cónyuge para disfrutar de la pensión presidencial y de los seguros de vida y gastos médicos mayores, incluyendo a los hijos.


La determinación de tales prebendas está basada en prácticas discrecionales y en acuerdos dictados por los presidentes en turno, quienes se beneficiaron de sus propias decisiones, siendo juez y parte en la asignación de sus ingresos.


Se calcula que entre la pensión y las prestaciones de las que gozan los expresidentes, cada uno de éstos termina costando al erario más de 10 millones de pesos al año, sin contar que en el caso de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo reciben otra pensión del Banco de México.

Los abusos de la Corte y sus ministros

Además de los altos salarios, que superan incluso al del presidente de la república, cada uno de los 11 ministros de la Suprema Corte se embolsan en forma discrecional más de un millón de pesos al año por “realizar diversas actividades que contribuyen a fomentar los valores del Estado de Derecho”.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que la Suprema Corte ejerció en uno año, 2004, 44 millones 359 mil pesos destinados a la partida presupuestal 150902, también denominada “ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad”. En el ejercicio 2005 la cifra aumentó a 49 millones 341 mil 502 pesos, y las compensaciones económicas por este concepto oscilaron entre 2.5 y 10 veces el pago diario por concepto de percepción ordinaria mensual y prestaciones mensuales, es decir, de uno a cuatro meses del sueldo bruto.

El máximo órgano de vigilancia detalla que estas erogaciones se dan “únicamente a los servidores públicos de mando superior que, por sus funciones, realicen actividades que contribuyan a fomentar entre la sociedad mexicana los valores que permitan alcanzar un auténtico Estado de Derecho, por lo que se realizaron pagos individuales discrecionales que van desde 26 mil 100 pesos hasta un millón 236 mil pesos, según el nivel correspondiente”.

Por promover la cultura de la legalidad, incluso a domicilio, en 2004 Mariano Azuela Güitrón, presidente de la SCJN y titular del Comité de Gobierno y Administración -encargado del manejo presupuestario- del tribunal, cobró una compensación del presupuesto público por un millón 236 mil 200 pesos, equivalentes a cuatro meses de salario bruto de 309 mil pesos.

Ese año el “esfuerzo” de Azuela lo llevó a dar asesorías especiales sobre Estado de Derecho: en septiembre, época del desafuero, acudió a la residencia oficial de Los Pinos y, junto al presidente Vicente Fox, delineó la estrategia judicial que buscaba suprimir los derechos políticos del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Plan que finalmente fue frustrado.


Entrevistados por la reportera Nancy Flores, el ministro José Ramón Cossío Díaz pregunta: “¿el salario es dispendio?”. Al igual que los otros 10 ministros de la Suprema Corte, él recibió cuatro meses de la ambigua ayuda monetaria. Con excepción del presidente del tribunal, pues su compensación se maneja por separado, los ministros recibieron un total de 13 millones 377 mil 900 pesos por esta ayuda, monto que dividido en 10 equivale a un millón 337 mil 79 pesos por cada uno de los ministros.


La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos explica que la vigilancia al manejo de los recursos se da por medio de la Contraloría General. “Los recursos en el Poder Judicial tienen una Contraloría del propio Poder Judicial, aparte la Auditoría Superior de la Federación realiza la revisión de la cuenta pública cada año, y en un momento dado puede hacer observaciones a cualquier dependencia del Poder Judicial”.


La página de Internet de la SCJN descubre que además de los 165 mil 210 pesos que reciben cada mes como pago salarial fijo, los 11 ministros obtienen prestaciones económicas solventadas con recursos del erario público, que van desde una compensación económica por ser presidente de la Corte, hasta “ayuda para anteojos”.

Las nutridas prestaciones se dividen en mensuales -de previsión social, inherentes al cargo, prima quinquenal, compensación por presidencia, compensación por decanato, ayuda de aportación para el seguro de separación individualizado-, cuatrimestrales -apoyo al ahorro-, semestrales -prima vacacional: 50 por ciento de 10 días de sueldo básico otorgado para cada uno de los dos periodos vacacionales; ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad y eficiencia administrativa- y anuales -aguinaldo: 40 días de sueldo básico, día de la madre y ayuda para comprar anteojos-.

Los salarios y la suma de las prestaciones resultan en altas mensualidades, como las que recibe el ministro presidente, Mariano Azuela, las cuales ascienden a, por lo menos, 649 mil 500 pesos; monto que equivale a 7 millones 790 mil pesos anuales y que excede hasta en cuatro veces el salario del presidente de la República. Los 10 ministros restantes obtienen alrededor de 536 mil pesos al mes, es decir, 6 millones 430 mil pesos al año.

Las pensiones en el Politécnico

Con menos privilegios por no por ello menos abusivos, son las pensiones que el Instituto Politécnico Nacional otorga a sus exdirectores generales. Este instituto de educación superior, uno de los pilares de la educación pública, ha entrado en su proceso de sucesión para cambiar a su director general, Enrique Villa.

Hasta ahora son tres candidatos que tienen la venia del director para buscar el nombramiento, pero también hay varios externos, entre ellos un hermano de quien fuera presidente de la República, Luis Eduardo Zedillo Ponce de León.

Pues resulta que también en el Politécnico hay abusos con el uso de recursos públicos y es que los 10 exdirectores de este Instituto cobran desde hace muchos años un salario de aproximadamente 100 mil pesos mensuales, lo que significa casi un millón de pesos por mes en estos tiempos de aguda crisis, lo que nos lleva a considerar que estos privilegios deben acabar, sobre todo ahora que el cambio en el IPN es inminente.

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Noam Chomsky desnuda al imperio.

martes, 22 de septiembre de 2009

Guerra, drogas y política, elementos del mundo bipolar Todo Estado poderoso descansa en especialistas en apologética, llamados intelectuales
Las elecciones en EU, montajes espectaculares
BLANCHE PETRICH

¿Qué lecciones nos han dejado dos décadas de una realidad mundial unipolar?
Noam Chomsky disertó ayer por la tarde largamente sobre esta pregunta y dejó en oídos del auditorio ideas sorprendentes, en una conferencia magistral en la Sala Nezahualcóyotl, transmitida en vivo por TV Unam y 12 televisoras públicas y universitarias que se enlazaron para enviar la señal a Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán, Durango y Nuevo León, además de por La Jornada on line.
Ideas sorprendentes como la de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, descrito como una mercancía con una mercadotecnia tan exitosa, que el año pasado mereció el primer lugar en campañas promocionales por parte de la industria de la publicidad. Más famoso que las computadoras Apple. Tan vendible como una pasta de dientes o un fármaco.
O la idea de que la invasión estadunidense a Panamá, en 1989, hoy apenas una nota a pie de página para muchos, fue en realidad la señal de que Wa-shington iniciaba, a través de la ficción de la guerra contra las drogas, una nueva etapa de dominación, cuando apenas habían pasado algunas semanas de la caída del Muro de Berlín.
O bien, un dato puntual, asombroso: la preocupación manifestada en 1990, en un taller de desarrollo de estrategias para América Latina en el Pentágono, de que una eventual apertura democrática en México osara desafiar a Estados Unidos. La solución propuesta fue imponer a nuestro país un tratado que lo atara de manos con las reformas neoliberales. La propuesta se materializó en el Tratado de Libre Comercio (TLC), que entró en vigor en 1994.
Así, la reseña de Chomsky de las dos últimas dos décadas llegó al momento actual, al proceso de remilitarización de América Latina con siete nuevas bases en Colombia y la reactivación de la Cuarta Flota de su armada.
Todo, para aterrizar en la visión de un continente, el nuestro, que pese a todo comienza a liberarse por sí solo de este yugo, con gobiernos que desafían las directrices de Washington, pero sobre todo con movimientos populares de masas de gran significación.
Congruente con esta importancia que Chomsky da a los procesos sociales y a su constante llamado a visibilizar a sus protagonistas, al concluir su conferencia magistral y una entrevista con TV Unam, el académico todavía tuvo fuerzas para encontrarse brevemente con Trinidad Ramírez, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, esposa del preso político Ignacio del Valle, la cual agradeció al conferencista que fuera firmante de la segunda campaña por la libertad de 11 presos, le regaló su paliacate rojo y, por supuesto, también su machete.
Enseguida se reproducen las palabras de Noam Chomsky en la sala Nezahualcóyotl:
Al pensar en cuestiones internacionales, es útil tener presentes varios principios de generalidad e importancia considerables. El primero es la máxima de Tucídides: Los fuertes hacen lo que quieren, y los débiles sufren como es menester. Esto tiene un importante corolario: todo Estado poderoso descansa en especialistas en apologética, cuya tarea es mostrar que lo que hacen los fuertes es noble y justo y lo que sufren los débiles es su culpa. En el Occidente contemporáneo a estos especialistas se les llama intelectuales y, con excepciones marginales, cumplen su tarea asignada con habilidad y sentimientos de superioridad moral, pese a lo disparatado de sus alegatos. Su práctica se remonta a los orígenes de la historia de la que tenemos registro.
Los principales arquitectos
Un segundo punto, que no hay que olvidar, lo expresó Adam Smith. Él se refería a Inglaterra, la potencia más grande de su tiempo, pero sus observaciones son generalizables. Smith observaba que los principales arquitectos de políticas públicas en Inglaterra eran los comerciantes y los fabricantes, quienes se aseguraban de que sus intereses fueran bien servidos por tales políticas, por gravoso que fuera el efecto en otros –incluido el pueblo de Inglaterra– y pese a la severidad que tuvieran para quienes sufren la salvaje injusticia de los europeos en otras partes.
Smith fue una de esas raras figuras que se apartaron de la práctica normal de retratar a Inglaterra como una potencia angelical, única en la historia del mundo, dedicada sin egoísmo al bienestar de los bárbaros. Un ejemplo revelador, en estos términos exactos, es un ensayo clásico de John Stuart Mill, uno de los más decentes e inteligentes intelectuales occidentales, en el que explicaba por qué Inglaterra tenía que culminar su conquista de la India en aras de los más puros fines humanitarios. Lo escribió justo en el momento de mayores atrocidades de Inglaterra en la India, cuando el verdadero fin de una mayor conquista era permitir a Inglaterra apoderarse del monopolio del opio y establecer la más extraordinaria empresa de narcotráfico en la historia mundial, y así obligar a China, con lanchas cañoneras y venenos, a aceptar las mercancías de fabricación británicas, que China no quería.
La plegaria de Mill es la norma cultural. La máxima de Smith es la norma histórica.
Hoy, los principales arquitectos de las políticas públicas no son los comerciantes y los fabricantes, sino las instituciones financieras y las corporaciones trasnacionales.
Una refinada versión actual de la máxima de Smith es la teoría de la inversión en política, desarrollada por el economista político Thomas Ferguson, la cual considera que las elecciones son la ocasión para que grupos de inversionistas se unan con el fin de controlar el Estado, en esencia comprando las elecciones.
Como muestra Ferguson, esta teoría es un mecanismo muy bueno para predecir políticas públicas durante un periodo largo.
Entonces, para lo ocurrido en 2008 debimos haber anticipado que los intereses de las industrias financieras tendrían prioridad para el gobierno de Obama. Fueron sus principales provedoras de fondos y se inclinaron mucho más por Obama que por McCain. Y así resultó ser. El semanario de negocios Business Week se ufana ahora de que la industria de las aseguradoras ganó la batalla por la atención a la salud, y de que las instituciones financieras que crearon la crisis actual emergen incólumes y aun fortalecidas, tras un enorme rescate público –lo que acomoda el escenario para la siguiente crisis–, apuntan los editores. Y añaden que otras corporaciones aprendieron valiosas lecciones de estos triunfos y ahora organizan grandes campañas para frenar la aprobación de cualquier medida relacionada con energía y conservación (por suave que sea), con pleno conocimiento de que frenar esas medidas negará a sus nietos cualquier posibilidad de supervivencia decente. Por supuesto, no es que sean malas personas, ni son ignorantes. Ocurre que las decisiones son imperativos institucionales. Quienes deciden no seguir las reglas son excluidos, a veces en formas muy notables.
Las elecciones en Estados Unidos son montajes espectaculares (extravaganzas), conducidos por la enorme industria de las relaciones públicas que floreció hace un siglo en los países más libres del mundo, Inglaterra y Estados Unidos, donde las luchas populares habían ganado la suficiente libertad para que el público ya no tan fácilmente fuera controlado por la fuerza. Entonces, los arquitectos de las políticas públicas se dieron cuenta de que iba a ser necesario controlar las actitudes y las opiniones. Uno de los elementos de la tarea era controlar las elecciones.
Estados Unidos no es una democracia guiada como Irán, donde los candidatos requieren la aprobación de los clérigos imperantes. En sociedades libres, como Estados Unidos, son las concentraciones de capital las que aprueban candidatos y, entre quienes pasan por el filtro, los resultados terminan casi siempre determinados por los gastos de campaña.
Los operadores políticos están siempre muy conscientes de que con frecuencia el público disiente profundamente, en algunos puntos, de los arquitectos de las políticas públicas. Entonces, las campañas electorales evitan ahondar en cualquier punto y favorecen las consignas, las florituras de oratoria, las personalidades y el chismorreo. Cada año la industria de la publicidad otorga un premio a la mejor campaña promocional del año. En 2008 el premio se lo llevó la campaña de Obama, derrotando incluso a las computadoras Apple. Los ejecutivos estaban eufóricos. Se ufanaban abiertamente de que éste era su éxito más grande desde que comenzaron a promocionar candidatos cual si fueran pasta de dientes o fármacos que asocian con estilos de vida, técnicas que cobraron fuerza durante el periodo neoliberal, primero que nada con Reagan.
En los cursos de economía, uno aprende que los mercados se basan en consumidores informados que eligen racionalmente sus opciones. Pero quien mire un anuncio de televisión sabe que las empresas destinan enormes recursos a crear consumidores uniformados que eligen irracionalmente sus opciones. Los mismos dispositivos utilizados para derruir mercados se adaptan al objetivo de socavar la democracia, creando votantes desinformados que tomarán decisiones irracionales a partir de una limitada serie de opciones compatibles con los intereses de los dos partidos, que a lo sumo son facciones competidoras de un solo partido empresarial.
Tanto en el mundo de los negocios como en el político, los arquitectos de las políticas públicas son constantemente hostiles con los mercados y con la democracia, excepto cuando buscan ventajas temporales. Por supuesto, la retórica puede decir otra cosa, pero los hechos son bastante claros.
La máxima de Adam Smith tiene algunas excepciones, que son muy instructivas. Un ejemplo contemporáneo importante son las políticas de Washington hacia Cuba desde que ésta obtuvo su independencia, hace 50 años. Estados Unidos es una sociedad que goza de una libertad poco común, así que contamos con buen acceso a los registros internos que revelan el pensamiento y los planes de los arquitectos de las políticas públicas. A los pocos meses de la independencia de Cuba, el gobierno de Eisenhower formuló planes secretos para derrocar al régimen e inició programas de guerra económica y de terrorismo, cuya escala fue aumentada bruscamente por Kennedy, y que continúan en varias formas hasta nuestros días. Desde el inicio, la intención explícita fue castigar lo suficiente al pueblo cubano para que derrocara al régimen criminal. Su crimen era haber logrado desafiar políticas estadunidenses que databan de la década de 1820, cuando la doctrina Monroe declaró la intención estadunidense de dominar el hemisferio occidental sin tolerar interferencia alguna de fuera ni de dentro.
Aunque las políticas bipartidistas hacia Cuba concuerdan con la máxima de Tucídides, entran en conflicto con el principio de Adam Smith, y como tales nos brindan una mirada especial sobre cómo se configuran las políticas. Durante décadas, el pueblo estadunidense ha favorecido la normalización de relaciones con Cuba. Desatender la voluntad de la población es normal, pero en este caso es más interesante que sectores poderosos del mundo de los negocios favorezcan también la normalización: las agroempresas, las corporaciones farmacéuticas y de energía, y otros que comúnmente fijan los marcos de trabajo básicos para la construcción de políticas. En este caso sus intereses son atropellados por un principio de los asuntos internacionales que no recibe el reconocimiento apropiado en los tratados académicos en la materia: podríamos llamarlo el principio de la Mafia. El Padrino no tolera que nadie lo desafíe y se salga con la suya, ni siquiera el pequeño tendero que no puede pagarle protección. Es muy peligroso. Debe, por tanto, erradicarse brutalmente, de tal modo que otros entiendan que desobedecer no es opción. Que alguien logre desafiar al Amo puede volverse un virus que disemine el contagio, por tomar prestado el término usado por Kissinger cuando se preparaba a derrocar el gobierno de Allende.
Ésa ha sido una doctrina principal en la política exterior estadunidense durante el periodo de su dominio global y, por supuesto, tiene muchos precedentes. Otro ejemplo, que no tengo tiempo de revisar aquí, es la política estadunidense hacia Irán a partir de 1979.
Tomó su tiempo cumplir los objetivos plasmados en la doctrina Monroe, y algunos de éstos siguen topándose con muchos impedimentos. El fin último perdura y es incuestionable. Adquirió mucho mayor significación cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una potencia global dominante y desplazó a su rival británico. La justificación se ha analizado con lucidez.
Por ejemplo, cuando Wa-shington se preparaba para derrocar al gobierno de Allende, el Consejo de Seguridad Nacional puntualizó que si Estados Unidos no lograba controlar América Latina, no podría esperar consolidar un orden en ninguna parte del mundo, es decir, imponer con eficacia su dominio sobre el planeta. La credibilidad de la Casa Blanca se vería socavada, como lo expresó Henry Kissinger. Otros también podrían intentar salirse con la suya en el desafío si el virus chileno no era destruido antes de que diseminara el contagio. Por tanto, la democracia parlamentaria en Chile tuvo que irse, y así ocurrió el primer 11 de septiembre, en 1973, que está borrado de la historia en Occidente, aunque en términos de consecuencias para Chile y más allá sobrepase, por mucho, los terribles crímenes del 11 de septiembre de 2001.
Aunque las máximas de Tucídides y Smith, y el principio de la Mafia, no dan cuenta de todas las decisiones de política exterior, cubren una gama bastante amplia, como también lo hace el corolario referente al papel de los intelectuales. No son el final de la sabiduría, pero se encaminan a él.
Con el contexto proporcionado hasta el momento, miremos el momento unipolar, que es el tópico de gran cantidad de discusiones académicas y populares desde que se colapsó la Unión Soviética, hace 20 años, dejando a Estados Unidos como la única superpotencia global en vez de ser sólo la primera superpotencia, como antes. Aprendemos mucho acerca de la naturaleza de la guerra fría, y del desarrollo de los acontecimientos desde entonces, mirando cómo reacciona Washington a la desaparición de su enemigo global, esa conspiración monolítica y despiadada para apoderarse del mundo, como la describía Kennedy.
Unas semanas después de la caída del Muro de Berlín, Estados Unidos invadió Panamá. El propósito era secuestrar a un delincuente menor, que fue llevado a Florida y sentenciado por crímenes que había cometido, en gran medida, mientras cobraba en la CIA. De valioso amigo se convirtió en demonio malvado por intentar adoptar una actitud desafiante y salirse con la suya, al andarse con pies de plomo en el apoyo a las guerras terroristas de Reagan en Nicaragua.
La invasión mató a varios miles de personas pobres en Panamá, según fuentes panameñas, y reinstauró el dominio de los banqueros y narcotraficantes ligados a Estados Unidos. Fue apenas algo más que una nota de pie de página en la historia, pero en algunos aspectos rompió la tendencia. Uno de ellos fue que se hizo necesario contar con un nuevo pretexto, y éste llegó rápido: la amenaza de narcotraficantes de origen latino que buscan destruir a Estados Unidos. Richard Nixon ya había declarado la guerra contra las drogas, pero ésta asumió un nuevo y significativo papel durante el momento unipolar.
Sofisticación tecnológica en el tercer mundo
La necesidad de un nuevo pretexto guió también la reacción oficial en Washington ante el colapso de la superpotencia enemiga. El gobierno de Bush padre trazó el nuevo rumbo a los pocos meses: en resumidas cuentas, todo se mantendrá bastante igual, pero tendremos nuevos pretextos. Todavía requerimos de un enorme sistema militar, pero ahora hay un nuevo justificante: la sofisticación tecnológica de las potencias del tercer mundo. Tenemos que mantener la base industrial de defensa, eufemismo para describir la industria de alta tecnología apoyada por el Estado. Debemos mantener fuerzas de intervención dirigidas a las regiones ricas en energéticos de Medio Oriente, donde no haríamos responsable al Kremlin de las amenazas significativas a nuestros intereses, a diferencia de las décadas de engaño cuando eso ocurría.
Todo lo anterior pasó muy en silencio, apenas si se notó. Pero para quienes confían en entender el mundo, es bastante ilustrativo.
Como pretexto para una intervención, fue útil invocar una guerra a las drogas, pero como pretexto es muy estrecho. Se necesitaba uno de más arrastre. Rápidamente las elites se volcaron a la tarea y cumplieron su misión. Declararon una revolución normativa que confería a Estados Unidos el derecho a una intervención por razones humanitarias escogida por definición, por la más noble de las razones.
Para expresarlo con sutileza, ni las víctimas tradicionales se inmutaron. Las conferencias de alto nivel en el Sur global condenaron con amargura “el así llamado ‘derecho’ a una intervención humanitaria”. Era necesario un refinamiento adicional, por lo que se diseñó el concepto de responsabilidad de proteger. Quienes prestan atención a la historia no se sorprenderán al descubrir que las potencias occidentales ejercen su responsabilidad de proteger de modo muy selectivo, en adherencia estricta a las tres máximas descritas. Los hechos perturban de tan obvios, y requieren considerable agilidad de las clases intelectuales: otra reveladora historia que debo dejar de lado.
Conforme el momento unipolar se iluminó, otra cuestión que se puso al frente fue el destino de la OTAN. La justificación tradicional para la organización era la defensa contra las agresiones soviéticas. Al desaparecer la Unión Soviética se evaporó el pretexto. Las almas ingenuas, que tienen fe en las doctrinas del momento, habrían esperado que la OTAN desapareciera también; por el contrario, se expandió con rapidez. Los detalles revelan mucho acerca de la guerra fría y de lo que siguió. A nivel más general revelan cómo se forman y ejecutan las políticas de los estados.
A medida que se colapsó la Unión Soviética, Mijail Gorbachov hizo una pasmosa concesión: permitió que una Alemania unificada se uniera a una alianza militar hostil encabezada por la superpotencia global, pese a que Alemania por sí sola casi había destruido Rusia en dos ocasiones durante el siglo XX. Sin embargo, fue un quid pro quo, un esto por aquello, una reciprocidad. El gobierno de Bush prometió a Gorbachov que la OTAN no se extendería a Alemania oriental, y que desde luego no llegaría más al oriente. También le aseguró al mandatario soviético que la organización se transformaría en un ente más político. Gorbachov propuso también una zona libre de armas nucleares desde el Ártico al Mar Negro, un paso hacia una zona de paz que eliminara cualquier amenaza a Europa occidental u oriental. Tal propuesta se pasó por alto sin consideración alguna.
Poco después llegó Bill Clinton al cargo. Muy pronto se desvanecieron los compromisos de Washington. No es necesario abundar sobre la promesa de que la OTAN se convertiría en un ente más político. Clinton expandió la organización hacia el este, y Bush fue más allá. En apariencia Barack Obama intenta continuar la expansión.
Un día antes del primer viaje de Barack Obama a Rusia, su asistente especial en Seguridad Nacional y Asuntos Eurasiáticos informó a la prensa: No vamos a dar seguridades a los rusos, ni a darles ni intercambiar nada con ellos respecto de la expansión de la OTAN o la defensa con misiles.
Se refería a los programas de defensa con misiles estadunidenses en Europa oriental y a la posibilidad de convertir en miembros de la OTAN a dos vecinos de Rusia, Ucrania y Georgia. Ambos pasos eran vistos por los analistas occidentales como serias amenazas a la seguridad rusa, por lo que, de igual modo, podían inflamar las tensiones internacionales.
Ahora, la jurisdicción de la OTAN es todavía más amplia. El asesor de Seguridad Nacional de Obama, el comandante de Marina James Jones, hace llamados a que la organización se amplíe al sur y también al este, de modo que se refuerce el control estadunidense sobre las reservas energéticas de Medio Oriente. El general Jones también aboga por una fuerza de respuesta de OTAN, que confiera a la alianza militar encabezada por Estados Unidos mucho mayor capacidad y flexibilidad para efectuar acciones con rapidez y en distancias muy largas, objetivo que ahora Washington se empeña en lograr en Afganistán.
El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, informó a la conferencia de la organización que las tropas de la alianza tienen que custodiar los ductos de crudo y gas que van directamente a Occidente y, de modo más general, proteger las rutas marinas utilizadas por los buques cisternas y otras cruciales infraestructuras del sistema energético. Dicha decisión expresa de forma más explícita las políticas posteriores a la guerra fría: remodelar la OTAN para volverla una fuerza de intervención global encabezada por Estados Unidos, cuya preocupación especial sea el control de los energéticos. Supuestamente, la tarea incluye la protección de un ducto de 7 mil 600 millones de dólares que conduciría gas natural de Turkmenistán a Pakistán e India, pasando por la provincia de Kandahar, en Afganistán, donde están desplegadas las tropas canadienses. La meta es bloquear la posibilidad de que un ducto alterno brinde a Pakistán e India gas procedente de Irán, y disminuir la dominación rusa de las exportaciones energéticas de Asia central, según informó la prensa canadiense, bosquejando con realismo algunos de los contornos del nuevo gran juego en el que la fuerza de intervención internacional encabezada por Estados Unidos va a ser un jugador principal.

El lingüista Noam Chomsky, crítico del imperialismo, disertó ayer en Ciudad UniversitariaFoto Marco Peláez

Largas filas en torno a la Sala Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural UniversitarioFoto María Meléndrez Parada
Desde los primeros días posteriores a la guerra fría, se entendía que Europa occidental podría optar por un curso independiente, tal vez con una visión gaullista de Europa, del Atlántico a los Urales. En este caso el problema no es un virus que pueda diseminar el contagio, sino una pandemia que podría desmantelar todo el sistema de control global. Se supone que, al menos en parte, la OTAN intenta contrarrestar esa seria amenaza. La expansión actual de la alianza, y los ambiciosos objetivos de la nueva organización, dan nuevo empuje a esos fines.
Los acontecimientos continúan atravesando el momento unipolar, adhiriéndose bien a los principios que rigen los asuntos internacionales. Más en específico, las políticas se conforman muy cerca de las doctrinas del orden mundial formuladas por los planificadores estadunidenses de alto nivel durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1939, reconocieron que, fuera cual fuese el resultado de la guerra, Estados Unidos se convertiría en una potencia global y desplazaría a Gran Bretaña. En concordancia, desarrollaron planes para que Estados Unidos ejerciera control sobre una porción sustancial del planeta. Esta gran área, como le llaman, habría de comprender por lo menos el hemisferio occidental, el antiguo imperio británico, el Lejano Oriente y los recursos energéticos de Asia occidental. En esta gran área, Estados Unidos habría de mantener un poder incuestionable, una supremacía militar y económica, y actuaría para garantizar los límites de cualquier ejercicio de soberanía por parte de estados que pudieran interferir con sus designios globales. Al principio los planificadores pensaron que Alemania predominaría en Europa, pero conforme Rusia comenzó a demoler la Wermacht (las fuerzas armadas nazis), la visión se hizo más y más expansiva, y se buscó que la gran área incorporara la mayor extensión de Eurasia que fuera posible, por lo menos Europa occidental, el corazón económico de Eurasia.
Se desarrollaron planes detallados y racionales para la organización global, y a cada región se le asignó lo que se le llamó su función. Al Sur en general se le asignó un papel de servicio: proporcionar recursos, mano de obra barata, mercados, oportunidades de inversión y más tarde otros servicios, tales como recibir la exportación de desperdicios y contaminación. En ese entonces, Estados Unidos no estaba tan interesado en África, así que la pasó a Europa para que explotara su reconstrucción a partir de la destrucción de la guerra. Uno podría imaginar relaciones diferentes entre África y Europa a la luz de la historia, pero no se tuvieron en cuenta. En contraste, se reconoció que las reservas de petróleo de Medio Oriente eran una estupenda fuente de poder estratégico y uno de los premios materiales más grandes en la historia del mundo: la más importante de las áreas estratégicas del mundo, para ponerlo en palabras de Eisenhower. Y los planificadores se daban cuenta de que el control del crudo de Medio Oriente proporcionaría a Estados Unidos el control sustancial del mundo.
Quienes consideran significativas las continuidades de la historia tal vez recuerden que los planificadores de Truman hacían eco de las doctrinas de los demócratas jacksonianos al momento de la anexión de Texas y de la conquista de medio México, un siglo antes. Tales predecesores anticiparon que las conquistas proporcionarían a Estados Unidos un virtual monopolio del algodón, el combustible de la primera revolución industrial: Ese monopolio, ahora asegurado, pone a todas las naciones a nuestros pies, declaró el presidente Tyler. En esa forma, Estados Unidos podría esquivar el disuasivo británico, el mayor problema de esa época, y ganar influencia internacional sin precedente.
Concepciones semejantes guiaron a Washington en su política petrolera. De acuerdo con ella –explicaba el Consejo de Seguridad Nacional de Eisenhower–, Estados Unidos debe respaldar regímenes rudos y brutales y bloquear la democracia y el desarrollo, aunque eso provoque una campaña de odio contra nosotros, como observó el presidente Eisenhower 50 años antes de que George W. Bush preguntara en tono plañidero por qué nos odian y concluyera que debía ser porque odiaban nuestra libertad.
Con respecto a América Latina, los planificadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial concluyeron que la primera amenaza a los intereses estadunidenses la representan los regímenes radicales y nacionalistas que apelan a las masas de población y buscan satisfacer la demanda popular de mejoramiento inmediato de los bajos estándares de vida de las masas y el desarrollo a favor de las necesidades internas del país. Estas tendencias entran en conflicto con las demanda de un clima económico y político que propicie la inversión privada, con la adecuada repatriación de las ganancias y la protección de nuestras materias primas. Gran parte de la historia subsiguiente fluye de estas concepciones que nadie cuestiona.
TLC, cura recomendada
En el caso especial de México, el taller de desarrollo de estrategias para América Latina, celebrado en el Pentágono en 1990, halló que las relaciones Estados Unidos-México eran extraordinariamente positivas, y que no las perturbaba ni el robo de elecciones, ni la violencia de Estado, ni la tortura o el escandaloso trato dado o obreros y campesinos, ni otros detalles menores. Los participantes en el taller sí vieron una nube en el horizonte: la amenaza de “una ‘apertura a la democracia’ en México”, la cual, temían, podría poner en el cargo a un gobierno más interesado en desafiar a Estados Unidos sobre bases económicas y nacionalistas. La cura recomendada fue un tratado Estados Unidos-México que encerrara al vecino en su interior y proponerle las reformas neoliberales de la década de 1980, que ataran de manos a los actuales y futuros gobiernos mexicanos en materia de políticas económicas.
En resumen, el TLCAN, impuesto puntualmente por el Poder Ejecutivo en oposición a la voluntad popular.
Y al momento en que el TLCAN entraba en vigor, en 1994, el presidente Clinton instituía también la Operación Guardián, que militarizó la frontera mexicana. Él la explicó así: no entregaremos nuestras fronteras a quienes desean explotar nuestra historia de compasión y justicia. No mencionó nada acerca de la compasión y la justicia que inspiraron la imposición de tales fronteras, ni explicó cómo el gran sacerdote de la globalización neoliberal entendía la observación de Adam Smith de que la libre circulación de mano de obra es la piedra fundacional del libre comercio.
La elección del tiempo para implantar la Operación Guardián no fue para nada accidental. Los analistas racionales anticiparon que abrir México a una avalancha de exportaciones agroindustriales altamente subsidiadas tarde o temprano socavaría la agricultura mexicana, y que las empresas mexicanas no aguantarían la competencia con las enormes corporaciones apoyadas por el Estado que, conforme al tratado, deberían operar libremente en México. Una consecuencia probable sería la huída de muchas personas a Estados Unidos junto con quienes huyen de los países de Centroamérica, arrasados por el terrorismo reaganita. La militarización de la frontera fue un remedio natural.
Las actitudes populares hacia quienes huyen de sus países –conocidos como extranjeros ilegales– son complejas. Prestan servicios valiosos en su calidad de mano de obra superbarata y fácilmente explotable. En Estados Unidos las agroempresas, la construcción y otras industrias descansan sustancialmente en ellos, y ellos contribuyen a la riqueza de las comunidades en que residen. Por otra parte, despiertan tradicionales sentimientos antimigrantes, persistente y extraño rasgo en esta sociedad de migrantes que arrastra una historia de vergonzoso trato hacia ellos. Hace pocas semanas, los hermanos Kennedy fueron vitoreados como héroes estadunidenses. Pero a fines del siglo XIX los letreros de ni perros ni irlandeses no los habrían dejado entrar a los restaurantes de Boston. Hoy los emprendedores asiáticos son una fulgurante innovación en el sector de alta tecnología. Hace un siglo, acciones racistas de exclusión impedían el acceso de asiáticos, porque se les consideraba amenazas a la pureza de la sociedad estadunidense.
Sean cuales fueren la historia y las realidades económicas, los inmigrantes han sido siempre percibidos por los pobres y los trabajadores como una amenaza a sus empleos, sus modos de vida y su subsistencia. Es importante tener en cuenta que la gente que hoy protesta con furia ha recibido agravios reales. Es víctima de los programas de manejo financiero de la economía y de globalización neoliberal, diseñados para transferir la producción hacia fuera y poner a los trabajadores a competir unos con otros a escala mundial, bajando los salarios y las prestaciones, mientras se protege de las fuerzas del mercado a los profesionales con estudios. Los efectos han sido severos desde los años de Reagan, y con frecuencia se manifiestan de modos feos y extremos, como muestran las primeras planas de los diarios en los días que corren. Los dos partidos políticos compiten por ver cuál de ellos puede proclamar en forma más ferviente su dedicación a la sádica doctrina de que se debe negar la atención a la salud a los extranjeros ilegales. Su postura es consistente con el principio, establecido por la Suprema Corte, de que, de acuerdo con la ley, esas criaturas no son personas, y por tanto no son sujetos de los derechos concedidos a las personas. En este mismo momento la Suprema Corte considera la cuestión de si las corporaciones deben poder comprar elecciones abiertamente en lugar de hacerlo de modos más indirectos: asunto constitucional complejo, porque las cortes han determinado que, a diferencia de los inmigrantes indocumentados, las corporaciones son personas reales, de acuerdo con la ley, y así, de hecho, tienen derechos que rebasan los de las personas de carne y hueso, incluidos los derechos consagrados por los tan mal nombrados acuerdos de libre comercio. Estas reveladoras coincidencias no me provocan comentario alguno. La ley es en verdad un asunto solemne y majestuoso.
El espectro de la planificación es estrecho, pero permite alguna variación. El gobierno de Bush II fue tan lejos, que llegó al extremo del militarismo agresivo y ejerció un arrogante desprecio, inclusive hacia sus aliados. Fue condenado duramente por estas prácticas, aun dentro de las corrientes principales de opinión. El segundo periodo de Bush fue más moderado. Algunas de sus figuras más extremistas fueron expulsadas: Rumsfeld, Wolfowitz, Douglas Feith y otros. A Cheney no lo pudieron quitar porque él era la administración. Las políticas comenzaron a retornar más hacia la norma. Al llegar Obama al cargo, Condoleeza Rice predecía que seguiría las políticas del segundo periodo de Bush, y eso es en gran medida lo que ha ocurrido, más allá del estilo retórico diferente, que parece haber encantado a buena parte del mundo… tal vez por el descanso que significa que Bush se haya ido.
En el punto más candente de la crisis de los misiles cubanos, un asesor de alto rango del gobierno de Kennedy expresó muy bien algo que hoy es una diferencia básica entre George Bush y Barack Obama. Los planificadores de Kennedy tomaban decisiones que literalmente amenazaban a Gran Bretaña con la aniquilación, pero sin informar a los británicos.
En ese punto, el asesor definió la relación especial con el Reino Unido. “Gran Bretaña –dijo– es nuestro teniente”; el término más de moda hoy sería socio. Gran Bretaña, por supuesto, prefiere el término en boga. Bush y sus cohortes se dirigían al mundo tratando a todos como nuestros tenientes. Así, al anunciar la invasión de Irak, informaron a Naciones Unidas que podía obedecer las órdenes estadunidenses, o volverse irrelevante. Es natural que una desvergonzada arrogancia así levante hostilidades.
Obama adopta un curso de acción diferente. Con afabilidad saluda a los líderes y pueblos del mundo como socios y únicamente en privado continúa tratándolos como tenientes, como subordinados. Los líderes extranjeros prefieren con mucho esta postura, y el público en ocasiones queda hipnotizado por ella. Pero es sabio atender a los hechos, y no a la retórica o a las conductas agradables. Porque es común que los hechos cuenten una historia diferente. En este caso también.
Tecnología de la destrucción
El actual sistema mundial permanece unipolar en una sola dimensión: el ámbito de la fuerza. Estados Unidos gasta casi lo mismo que el resto del mundo junto en fuerza militar, y está mucho más avanzado en la tecnología de la destrucción. Está solo también en la posesión de cientos de bases militares por todo el mundo, y en la ocupación de dos países situados en cruciales regiones productoras de energéticos. En estas regiones está estableciendo, además, enormes megaembajadas; cada una de ellas es en realidad es una ciudad dentro de otra: clara indicación de futuras intenciones. En Bagdad se calcula que los costos de la megaembajada asciendan de mil 500 millones de dólares este año a mil 800 millones en los años venideros. Se desconocen los costos de sus contrapartes en Pakistán y Afganistán, como también se desconoce el destino de las enormes bases militares que Estados Unidos instaló en Irak.
El sistema global de bases se comienza a extender ahora por América Latina. Estados Unidos ha sido expulsado de sus bases en Sudamérica; el caso más reciente es el de la base de Manta, en Ecuador, pero recientemente logró arreglos para utilizar siete nuevas bases militares en Colombia, y se supone que intenta mantener la base de Palmerola, en Honduras, que jugó un papel central en las guerras terroristas de Reagan. La Cuarta Flota estadunidense, desbandada en los años 50 del siglo XX, fue reactivada en 2008, poco después de la invasión colombiana a Ecuador. Su responsabilidad cubre el Caribe, Centro y Sudamérica, y las aguas circundantes. La Marina incluye, entre sus variadas operaciones, acciones contra el tráfico ilícito, maniobras simuladas de cooperación en seguridad, interacciones ejército-ejército y entrenamiento bilateral y multilateral. Es entendible que la reactivación de la flota provoque protestas y preocupación de gobiernos como el de Brasil, el de Venezuela y otros.
La preocupación de los sudamericanos se ha incrementado por un documento de abril de 2009, producido por el comando de movilidad aérea estadunidense (US Air Mobility Command), que propone que la base de Palanquero, en Colombia, pueda convertirse en el sitio de seguridad cooperativa desde el cual puedan ejecutarse operaciones de movilidad. El informe anota que, desde Palanquero, casi medio continente puede ser cubierto con un C-17 (un aerotransporte militar) sin recargar combustible. Esto podría formar parte de una estrategia global en ruta, que ayude a lograr una estrategia regional de combate y con la movilidad de los trayectos hacia África. Por ahora, la estrategia para situar la base en Palanquero debe ser suficiente para fijar el alcance de la movilidad aérea en el continente sudamericano, concluye el documento, pero prosigue explorando opciones para extender el sistema a África con bases adicionales, todo como parte de un sistema global de vigilancia, control e intervención.
Estos planes forman parte de una política más general de militarización de América Latina. El entrenamiento de oficiales latinoamericanos se ha incrementado abruptamente en los últimos 10 años, mucho más allá de los niveles de la guerra fría.
La policía es entrenada en tácticas de infantería ligera. Su misión es combatir pandillas de jóvenes y populismo radical, término este último que debe de entenderse muy bien en América Latina.
El pretexto es la guerra contra las drogas, pero es difícil tomar eso muy en serio, aun si aceptáramos la extraordinaria suposición de que Estados Unidos tiene derecho a encabezar una guerra en tierras extranjeras. Las razones son bien conocidas, y fueron expresadas una vez más a fines de febrero por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los ex presidentes Cardoso, Zedillo y Gaviria. Su informe concluye que la guerra al narcotráfico ha sido un fracaso total y demanda un drástico cambio de política, que se aleje de las medidas de fuerza en los ámbitos interno y externo e intente medidas menos costosas y más efectivas.
Los estudios llevados a cabo por el gobierno estadunidense, y otras investigaciones, han mostrado que la forma más efectiva y menos costosa de controlar el uso de drogas es la prevención, el tratamiento y la educación. Han mostrado además que los métodos más costosos y menos eficaces son las operaciones fuera del propio país, tales como las fumigaciones y la persecución violenta. El hecho de que se privilegien consistentemente los métodos menos eficaces y más costosos sobre los mejores es suficiente para mostrarnos que los objetivos de la guerra contra las drogas no son los que se anuncian. Para determinar los objetivos reales, podemos adoptar el principio jurídico de que las consecuencias previsibles constituyen prueba de la intención. Y las consecuencias no son oscuras: subyace en los programas una contrainsurgencia en el extranjero y una forma de limpieza social en lo interno, enviando enormes números de personas superfluas, casi todas hombres negros, a las penitenciarías, fenómeno que condujo ya a la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, por mucho, desde que se iniciaron los programas, hace 30 años.
Aunque el mundo es unipolar en la dimensión militar, no siempre ha sido así en la dimensión económica. A principios de la década de 1970, el mundo se había vuelto económicamente tripolar, con centros comparables en Norteamérica, Europa y el noreste asiático. Ahora la economía global se ha vuelto aún más diversa, en particular tras el rápido crecimiento de las economías asiáticas que desafiaron las reglas del neoliberal Consenso de Washington.
También América Latina comienza a liberarse por sí sola de este yugo. Los esfuerzos estadunidenses por militarizarla son una respuesta a estos procesos, particularmente en Sudamérica, la cual por vez primera desde las conquistas europeas comienza a enfrentar los problemas fundamentales que han plagado el continente. He ahí el inicio de movimientos encaminados a la integración de países que tradicionalmente se orientaban hacia Occidente, no uno hacia el otro, y también un impulso por diversificar las relaciones económicas y otras relaciones internacionales. Están también, por último, algunos esfuerzos serios por dar respuesta a la patología latinoamericana de que son los estrechos sectores acaudalados los que gobiernan en medio de un mar de miseria, quedando los ricos libres de responsabilidades, excepto la de enriquecerse a sí mismos. Esto último es muy diferente de Asia oriental, como se puede medir observando la fuga de capitales. En Asia oriental tales fugas se han controlado con mucha fuerza. En Corea del Sur, por ejemplo, durante su periodo de rápido crecimiento, la exportación de capitales podía acarrear la pena de muerte.
Estos procesos en América Latina, en ocasiones encabezados por impresionantes movimientos populares de masas, son de gran significación. No es sorpresivo que provoquen amargas reacciones entre las elites tradicionales, respaldadas por la superpotencia hemisférica. Las barreras son formidables, pero, si logran remontarse, los resultados van a cambiar en forma significativa el curso de la historia latinoamericana, y sus impactos más allá de ella no serán pequeños.

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¿Estallará violentamente el malestar social?

lunes, 21 de septiembre de 2009

Autor: Álvaro Cepeda Neri.

Los mexicanos, en su mayoría, no menos de 100 millones (el resto, según el último censo de más de 103 millones, son los multimillonarios, los ricos, la élite política y las delincuencias vertebradas en su cúspide por los narcotraficantes, viviendo económicamente a sus anchas), tras el desbordamiento de la corrupción, decadencia del presidencialismo e ineficacia de la política al abandonar sus fines democráticos y republicanos, a partir del lopezportillismo, su aborto delamadridista y los abusos del autoritarismo sangriento del salinismo-zedillista, llegaron al límite con la fallida alternancia foxista-calderonista.
Esta derechización panista se incubó en la derechización priista a partir de 1968; 1971 puso las condiciones para ese viraje con el echeverriato, cuyos síntomas y hechos irrumpieron con el alemanismo. Fue así que en 1946 la conducción política-económica del país cortó de tajo el nudo de los compromisos conquistados por la Revolución de 1910, que culminó con las reformas a los fines de la Constitución de 1857 y puso en vigor la ahora contrarreformada por más de 400 cambios, Constitución de 1917.
Las crisis amontonadas a las puertas desvencijadas del sistema político se presentan en el relajamiento constitucional, renacimiento del caciquismo de los Estados, rompiendo con sus autonomías feudales, la coordinación del federalismo y enfrentándose para rivalizar con el supremo poder del Estado federal.
Elites políticas pasadas fraudulentamente por las urnas y funcionarios por nombramiento constituyen la clase beneficiada por detentar el poder y los toma y daca con los poderes fácticos de los medios de comunicación (sobre todo el duopolio televisivo y las radiodifusoras, cuyas concesiones son, por la vía de las amenazas cumplidas, ya de su propiedad).
El malestar social se presenta con más intensidad por las nuevas desgracias: un Estado policiaco-militar que de facto constituye un golpe militar tras el presidencialismo calderonista y un panista que afirma seguirá combatiendo a las delincuencias, atropellando el federalismo y “sin permiso” del artículo 29 constitucional.
Desempleo alimentado con despidos masivos; desplome del consumo; empobrecimiento devastador; falta de credibilidad en los funcionarios; desprecio de las elecciones… Millones de mexicanos sin acceso a las instituciones de salud, otros tantos rechazados en las escuelas de estudios superiores y arrojados a la drogadicción… Ciudades sitiadas por ladrones para drogarse; tribunales de a tanto por cuanto para impartir injusticia a las víctimas; policías corruptas… El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en total desprestigio; los Azcárraga y Salinas Pliego apoderándose, desde el poder inmenso de sus televisoras, de cuanto negocio hay; los multimillonarios, con Slim y la dueña de la cervecería más importante, dedicados a las inversiones inmobiliarias… La plutocracia en su apogeo.
Ya no tarda en estallar la violencia social: por hambre, falta de trabajo, por abusos en las juntas de Conciliación y Arbitraje; por jueces vendidos, abusos de Hacienda por exceso de impuestos y cobros-robos de la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, las dos empresas que venden electricidad con recibos leoninos.
Y no es que la historia se repita, pero sí que “el terreno ganado por una generación puede ser perdido por la siguiente… todo lo que adviene es, en realidad, nuevo; todo presente se transforma de infinita e imprevisible manera; la realidad es más pródiga que la más febril fantasía” (Herbert A. L. Fisher, Historia de Europa, y Veit Valentin, Historia universal).
Porque lo que pasa en nuestro país presenta nuevas causas de las rebeliones que se anuncian contra el mal gobierno. Es la violencia contra la concentración de la riqueza y, desde López Portillo, contra el ejercicio del poder federal en manos de quienes se han salido del acatamiento constitucional. Y de la descomposición de los gobernantes, vorazmente corruptos, en las entidades de la federación donde su integración municipal ha dejado de ser “su organización política y administrativa”.
No tenemos políticos, tenemos ladrones. No tenemos funcionarios, tenemos depredadores. No tenemos jueces, tenemos delincuentes en los tribunales. No tenemos legisladores y, los que hay con visión de Estado, se pierden en ese grupo que vomita leyes, que son una telaraña para hacer víctimas a los mexicanos.
Los poderosos del dinero y poder político-administrativo en las cúpulas sólo se sirven para su beneficio, y usan al Estado mexicano como una cueva de Alí Babá, donde sus tesoros son para su familia, cómplices, empresarios, banqueros y dueños de los inmensos capitales.
En consecuencia, aumenta la pobreza a extremos de miseria, hambre, drogadicción, enfermedades, desempleo, en medio de la cual se levantan centros comerciales y mansiones… rodeados por millones de pobres que aisladamente roban, asaltan, cometen homicidios; en tanto las pandillas secuestran, son narcotraficantes, sicarios, tratantes de mujeres, roban niños y los venden o prostituyen.
La violencia social en un Estado policiaco-militar, con un presidencialismo débil, alcohólico, corrupto, anticonstitucional (el teatro Jiménez Rueda ha presentado lo que en su tiempo fue el precedente calderonista: Eduardo II, el drama teatral de Christopher Marlowe), está por estallar ante la indiferencia de gobernantes y millonarios que usan al Estado para sus fines, olvidando que la Revolución inconclusa de 1910-1917 (Orlando Fals Borda, Las Revoluciones inconclusas en América Latina: 1809-1968) llega a su centenario como la piedra de toque para el estallido de la violencia social y que ocurre cuando “la desadaptación surge en la sociedad, quiérase o no, cuando ésta se halla inmersa en momentos de conflicto y tensión como los actuales” en México.
“Se dice que no hay peligro, porque no hay agitación. Se dice que, como no hay desorden material en la superficie de la sociedad, las revoluciones están lejos de nosotros… se ha hablado de cambios en la legislación. Yo me siento muy inclinado a creer que esos cambios no sólo son muy útiles, sino necesarios: así, creo en la utilidad de la reforma electoral, en la urgencia de la reforma parlamentaria, pero… muy pronto, la lucha política se entablará entre los que poseen y los que no poseen…
“Cuando trato de ver, en los diferentes tiempos, en las diferentes épocas, en los diferentes pueblos, cuál ha sido la causa eficiente que ha provocado la ruina de las clases que gobernaban, veo perfectamente tal acontecimiento, tal hombre, tal causa accidental o superficial, pero podéis creer que la causa real, la causa eficiente que hace que los hombres pierdan el poder es que se han hecho indignos de ejercerlo… por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios”. Son palabras de Tocquevielle, hace dos siglos.
El último malestar social mexicano tuvo lugar hace un siglo. Estalló por las causas y circunstancias nuevamente presentes en el México de la derechización que empezó hace 33 años.


La espiral de la pobreza
Roberto Salomón / Prensa Latina

En efecto, a consecuencia de la debacle, contingentes de seres que quedaron desempleados, quienes anteriormente miraban la miseria como algo desconocido y lejano, ahora ven en ella un fenómeno que puede afectarlos de un momento a otro.
Actualmente clasifican como pobres unas 1 mil millones de personas, y esa cifra crece cada vez más, no sólo por la recesión global y los crecientes despidos, sino debido a las relaciones económicas y comerciales de dominación existentes desde hace mucho tiempo.
Éstas generan un mundo bipolar en el que se acumulan, en un extremo las riquezas y en el otro la pobreza, la que a su vez agrava el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la carencia de instrucción, el número de muertes y otros males.
Según reconoce el Banco Mundial (BM), la brecha entre ricos y pobres se ha duplicado en los últimos 40 años, y su aumento continúa.
De acuerdo con cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, la crisis podría dejar desempleadas a 50 millones de personas a escala global, lo cual acentúa la espiral de la pobreza en el mundo.
En Estados Unidos cerca de 3 millones perdieron sus puestos de labor en 2008 y la cifra siguió en aumento notable en lo que va del año con el avance de la recesión en ese país.
Asimismo, en Latinoamérica, la región más desigual del planeta, el comercio, el consumo y las remesas dejaron a más de 1 millón de personas sin dinero y sin trabajo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que si bien ese flagelo había retrocedido antes de la debacle del 44 al 35 por ciento de la población del área –unos 570 millones de habitantes–, ahora escalará de manera significativa.
Esto ahondará la brecha existente en una región donde el 10 por ciento más rico tiene el 48 por ciento de los ingresos, mientras el 10 por ciento más pobre, sólo el 1.6.
En el centro de esa situación está el proceso de globalización económica asentado en el neoliberalismo y las recetas de ajuste macroeconómico, lo que determina que hoy los pobres y marginados lo sean más que nunca.
No pocos expertos coinciden en que esta crisis sistémica del capitalismo refleja las consecuencias de ese modo de producción, que permite a quienes tienen el poder, la búsqueda de las mayores ganancias, no importando su impacto negativo en la sociedad.
Al operar éste diariamente una red financiera global estimada en más de 1.5 millones de millones de dólares, dificulta en gran medida a las naciones del Sur sostener sus divisas, su producción y sus empleos.
Tenemos un mundo de gente rica y otro de pobres, y el foso entre ellos se expande de manera constante, lo cual pone una gran responsabilidad sobre nosotros, particularmente si queremos evitar más guerras, advertía recientemente el libio Ali Abdussalem Treki, tras ser electo presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Abordar la pobreza y los derechos humanos resulta esencial para alcanzar la paz y la seguridad internacional, afirmaba el funcionario.
Es urgente destinar una mayor cantidad de recursos para combatir ese fenómeno, así como las enfermedades, y ofrecer educación y servicios de salud de buena calidad, apuntaba además.
Hoy se habla de la pobreza y la lucha contra ella con diversos fines, desde quienes realmente están interesados en el desarrollo económico de sus países, hasta los que emplean una doble moral al respecto, entre quienes se incluyen el BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Existen gobiernos interesados verdaderamente en el desarrollo económico y poner los recursos naturales al servicio nacional para acabar con la miseria y la desigualdad social. Sin embargo, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países ricos de Occidente se declaran a favor de que ese flagelo desaparezca, pero en la práctica hacen muy poco en esa dirección.
Incluso defienden a capa y espada el actual orden económico y comercial internacional, que dificulta el acceso al desarrollo y contribuye a eternizar la pobreza.
La mayoría de las naciones donantes de ayuda, agrupadas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, incumplen sistemáticamente –encabezadas por Estados Unidos– el compromiso de aportar el 0.7 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) para enfrentar ese mal.
Ellas y organismos como el BM y el FMI propugnan el equívoco de que sólo mediante el comercio y su liberalización, y el crecimiento económico, los países del Tercer Mundo accederán al desarrollo.
La falsedad de ese criterio se constata en que muchos experimentan crecimientos del PIB y del intercambio comercial, pero aumentan en ellos los niveles de pobreza e inequidades por la desigual distribución de las riquezas producidas y de los ingresos.
Recientemente la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo consideró en un informe que la situación de la pobreza a escala internacional demanda plantearse interrogantes de fondo sobre la naturaleza y el sentido de la economía.
¿Es acaso esta última un mecanismo autónomo y autorregulado, como las galaxias y el sistema solar, o un producto de la cultura y la sociedad, el resultante de un sistema de valores?, se preguntaba un funcionario de ese organismo.
Una vez más el impulso hacia el cambio de la situación procede menos de un debate teórico que de la realidad: el enorme foso que separa a los ricos de los pobres, añadiría.
Según la ONU, basta ilustrar sobre esto último con la comparación de dos cifras: para garantizar a todos los niños del orbe el acceso a la enseñanza primaria se requieren 6 mil millones de dólares al año. Sin embargo, Estados Unidos gasta en ese lapso 8 mil millones en cosméticos.
Este contraste grotesco muestra hasta qué punto los problemas del desarrollo y la pobreza siguen, pese a las promesas del Consenso de Washington y la globalización neoliberal de solucionarlos mediante las fórmulas del mercado.
A casi una década de iniciado el siglo XXI, continúa sin resolver las dificultades más serias del anterior: el hambre, la pobreza, la acentuación de las desigualdades dentro de las naciones o entre ellas.
Se requiere concebir estrategias de desarrollo a largo plazo en un mundo en el que las corrientes financieras se tornaron globales y en que los golpes especulativos y la fragilidad de los mercados aniquilan en pocas semanas años de avances.
A juicio del sacerdote católico y sociólogo marxista belga Francois Houtart, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina y director del Centro Tricontinental de Documentación e Investigación, “la pobreza es un problema social históricamente construido”.
En una economía de mercado capitalista (la pobreza) debe ser analizada a la luz de los vínculos sociales existentes, tanto en el interior de cada sociedad, como en un plano mundial, particularmente en el de las relaciones Norte-Sur, insiste.
Ese fenómeno puede ser erradicado, ya que hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. Sin embargo, el problema no radica sólo en el reparto desigual, sino sobre todo en el hecho de que la producción de la riqueza, tal como la concibe la lógica capitalista, se apoya en la pobreza.
Peor aún, argumenta Houtart, el crecimiento económico bajo ese sistema está condicionado por la reducción de las protecciones sociales, la privatización de los servicios y el aumento de las desigualdades.

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