Plan México 2030: desmantelar la seguridad social.

Autor: Nancy Flores.
Para 2030, la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada; habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex; además, el sector privado controlará la educación, y la cultura se someterá a un “tratado de libre comercio artístico”. Los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados; y los sindicatos de los sectores energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto. Todo, según el plan transexenal que Felipe Calderón implanta en México


Nancy Flores / Cuarta parte
El desmantelamiento de la seguridad social en México está en marcha. El sistema de salud pública, la educación, la cultura, el fomento al arte y al deporte serán completamente entregados a la iniciativa privada, indican los planes transexenales de la derecha, que encabeza el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Como parte del mismo proceso privatizador, en los próximos 20 años habrán desaparecido los sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos energético, educativo, sanitario y cultural, revela el tercer capítulo del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, denominado “Eje 3. Igualdad de oportunidades”.
De conseguir esos objetivos, en dos décadas los mexicanos tendrán que sufragar elevadas colegiaturas para que sus hijos accedan a la educación básica, media y superior; también, deberán adquirir los libros que éstos empleen desde la primaria.
Además, en caso de enfermarse y aun cuando tengan “seguridad social”, solventarán un porcentaje aún no definido de los costos por los servicios “públicos” de salud que reciban, pues éstos habrán sido subrogados a la iniciativa privada.
A pesar de ello, los autores de los cinco documentos –relacionados con ese capítulo y desclasificados por la Presidencia de la República– estiman que en 2030 no habrá pobreza extrema y que todos los mexicanos tendrán igualdad de oportunidades para vivir y desarrollarse.
Según su “visión”, para entonces “México es un país que garantiza equidad de oportunidades de desarrollo humano y calidad de vida a todos sus habitantes, en un marco de libertad, independientemente de sus capacidades, su condición social, sus características personales, sus preferencias y creencias, y que cuenta con niveles de pobreza alimentaria inferiores a 5 por ciento, niveles de pobreza patrimonial inferiores a 10 por ciento e índices de desarrollo humano equivalentes a los de los países más desarrollados del mundo”.
Investigadores consultados señalan que se trata sólo de “buenos deseos”, porque es imposible lograr esos objetivos con el modelo económico que impulsa la derecha. En el documento están presentes todas las tesis del modelo neoliberal para “sacar adelante la economía”, dice el doctor Víctor Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo.
Explica que no se plantea un cambio radical efectivo de las políticas económica, monetaria, financiera ni fiscal. Por ello, señala la imposibilidad de que en dos décadas se alcance una sociedad justa.
“Ellos están planteando abatir la pobreza extrema a cero. Esto no se va a lograr para 2030 ni para 2040 con el modelo neoliberal. Tampoco será posible incrementar el ingreso per cápita a niveles como los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque tenemos una economía altamente monopólica, parasitaria y con énfasis en el capital especulativo”.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 47 millones de personas, que representan el 44.2 por ciento de la población mexicana, vivieron en situación de pobreza en 2008.
Para el doctor Palacio, el desarrollo económico no sólo implica crecer, sino que haya desarrollo social. “Y esto no lo estamos encontrando en las propuestas. Por lo tanto, no hay posibilidad de crecer ni de convertirnos en un país con condiciones importantes en el ámbito internacional y tampoco de abatir la pobreza”.
Ataque a la educación pública
En el plan transexenal que impulsa Calderón Hinojosa, el “desarrollo” entraña la desarticulación de la seguridad social. Al abordar los cambios a los sistemas públicos de educación y salud, el proyecto revela que en éste y en los próximos dos sexenios se reformarán los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con ello, se eliminarán dos garantías fundamentales: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” (artículo 3) y “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (artículo 4).
En el primer caso, el maestro en filosofía Edgar González Ruiz advierte que se trata de una vieja demanda del clero y del Partido Acción Nacional (PAN), que en la historia de México ya ha provocado luchas armadas.
“El PAN y la jerarquía católica han buscado reformar el artículo tercero para establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, a lo cual se suma ahora el interés empresarial por destruir el carácter gratuito de la educación pública, privatizándola completamente”.
Estos cambios, dice, implicarán una “verdadera contrarreforma educativa y nacional”, pues ese artículo ha garantizado tradicionalmente el carácter laico y gratuito de la educación pública.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México observa que en el Proyecto de Gran Visión aparece otro planteamiento tendiente a privatizar la educación, que es el de “establecer el bono educativo (beca a los alumnos para realizar sus estudios en escuelas privadas)”.
Señala que el proyecto busca subordinar la educación a los intereses empresariales, para que la enseñanza sea simplemente una preparación laboral. Tales objetivos se revelan en planteamientos como: “Incorporar una estrategia de educación continua para el trabajo”, “vincular el sistema educativo con el productivo”, “educación con ritmo a la par de la economía”, “alumnos que puedan acceder al mercado laboral mundial”.
La reforma educativa también plantea desaparecer el libro de texto gratuito: entre las metas transexenales del proyecto está “el no uso de libro único y obligatorio”. Al respecto, González Ruiz comenta que, durante los gobiernos priistas, ésta fue una reivindicación de la derecha, pues ha estado en contra de los contenidos, en la medida en que éstos son ajenos a la religión.
Salud, sólo para ricos
En el segundo caso, se venderá el sistema sanitario y la Secretaría de Salud sólo funcionará como gestora de contratos. Para lograrlo, el plan busca modificar el artículo 4 constitucional, las leyes del Trabajo, General de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Según el proyecto 2030, las reformas buscan la “reestructuración corporativa” del sistema sanitario para “mejorar la eficiencia administrativa”. No obstante, esa reestructuración implica el desmantelamiento de las redes hospitalarias y la subrogación de todos los servicios a favor del empresariado nacional y extranjero.
El objetivo es crear “un sistema de salud público único y de atención médica universal”, coordinado por la Secretaría de Salud. Dicho esquema reducirá el papel de la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos a firmar contratos y subrogar servicios, se desprende del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. Por tanto, implicará la desaparición del IMSS, ISSSTE y de los hospitales de Pemex.
Para 2030, los derechohabientes no sólo realizarán las aportaciones a la “seguridad social” que de por sí hacen, sino que además pagarán un porcentaje por los servicios que reciban. Y es que, de acuerdo con el plan calderonista, en breve se establecerán “copagos en algunos de los servicios de salud”.
También se “fortalecerá” la “mezcla pública y privada en el financiamiento y provisión en servicios de salud”, para “incrementar” de manera porcentual “la subrogación de servicios”, reconocen literalmente los documentos.
Las modificaciones legales garantizarán, además, la “portabilidad de bienes privados (paquete esencial y posibilidad de copeteo)” y la “desvinculación” del “financiamiento de la atención médica (respecto) de (los recursos que se destinan al pago de) la nómina”.
Las subrogaciones y reformas legales se suman a otra forma silenciosa de privatización que ya opera en el país: los Proyectos de Prestación de Servicios o PPS. Como lo documentó Contralínea (número 172), en su capítulo económico el Proyecto de Gran Visión consolida los PPS en el ámbito sanitario, energético, carretero y educativo.
En el sector salud, estos proyectos permiten que la construcción y operación de hospitales “públicos” de alta especialidad sean concesionadas a privados hasta por más de 30 años, a nivel federal y estatal.
La industria farmacéutica también verá incrementado su negocio a costa del erario: el cambio a la Ley de Adquisiciones busca “garantizar el suministro y calidad de los medicamentos”.
Víctor Palacio explica que, en el plan 2030, el mercado interno no es prioritario pese a que es en éste “donde nos desenvolvemos la mayoría de los mexicanos”. Por ello, indica, no se están satisfaciendo las necesidades de consumo: “Alimentación, salud, educación, vivienda; todo lo que es el bienestar social, porque los ojos se tienen puestos en los mercados internacionales”.
Sindicatos, golpe inminente
La reforma a la Ley Federal del Trabajo –que se plantea en el contexto de las modificaciones a los artículos 3 y 4 constitucionales y a las leyes del IMSS, ISSSTE y Pemex– también conlleva la desaparición paulatina de los sindicatos.
Y es que, de acuerdo con los planes, se transformarán las “condiciones contractuales y sindicales”. El objetivo es eliminar “los cacicazgos y (las) arraigadas prácticas de organización sindical”, mismas que se identifican en los documentos oficiales del Proyecto de Gran Visión como “intereses creados y corporativismo excesivo”, que tiende a la “corrupción”.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, advierte que la llamada flexibilización laboral es, en realidad, la precarización de las condiciones laborales de los nuevos trabajadores.
Señala que la reforma que buscan los panistas ataca las conquistas sindicales de los últimos 50 años; pues, en la práctica, posibilitará restricciones más severas en las condiciones contractuales.
“Flexibilización también significa darle todas las ventajas al capital para que pueda emplear cuando quiera, en las condiciones que quiera, sin adquirir responsabilidades con el trabajador, sin tener que dar seguro social ni garantía de planta con un año de antigüedad”, indica el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El capítulo 3 del amplio expediente revela que los sindicatos en riesgo inminente de desaparecer son los del ámbito energético, educativo, sanitario y cultural.
De acuerdo con los documentos consultados por Contralínea –elaborados en octubre de 2006 a solicitud de Felipe Calderón y en medio de la crisis poselectoral–, las reformas tanto a la Ley Federal del Trabajo como constitucional y de leyes secundarias se debían promover y conseguir “antes de 2010”.
“TLC artístico”
En el ámbito cultural, el capítulo “Igualdad de oportunidades” reserva al sector privado los proyectos culturales, como una forma de “participación ciudadana”. Según el Proyecto de Gran Visión, hace falta una “política de Estado” respecto de la “industria cultural”, para que ésta sea “productiva” y genere “derrama rentable”.
Esa política deberá incluir como tema “urgente” la firma de un “tratado de libre comercio artístico”. Además, reconocer la “necesidad de convertir la cultura en un proyecto económicamente rentable”, con “apoyo económico mixto, tanto del gobierno como de la iniciativa privada”.
Para los autores, la cultura no debe considerarse “como un monopolio privativo de la iniciativa privada”; por ello, proponen subsidios para el público general a través de bonos.
Aunque establecen que todos los mexicanos deben tener acceso a la cultura y al arte, exigen acrecentar su participación, obtener estímulos fiscales para ello, e incluso que los nuevos museos y teatros estén “bien equipados y con estacionamiento”.
Para los investigadores consultados, es previsible que estas medidas profundicen la brecha entre ricos y pobres en el país; pues está demostrado que las políticas neoliberales han derivado en un aumento relevante de la población en extrema pobreza.
Los autores del Proyecto de Gran Visión “quieren que, aplicando e intensificando estas políticas, se elimine la pobreza extrema”, observa Aguirre Rojas. Agrega que en México se insiste en mantener una política que es criticada en todo el mundo: la política de la abstención, de la no intervención del Estado y de la entrega y privatización de todas las áreas fundamentales.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia respecto del plan privatizador México 2030, Proyecto de Gran Visión, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Los autores del plan
• Salud (muestra parcial)
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud federal
Patricia Faci, directiva de Genomma Lab
Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro Médico ABC, IAP
Alberto Jongitud, exsecretario de Salud en el estado de Hidalgo
Ector Jaime Ramírez Barba, diputado federal panista y exdirector del Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato
Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la UNAM y exsecretario de salud federal
Humberto Veras, director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Hidalgo
Jesús Zacarías Villarreal, secretario de Salud de Nuevo León
Jesús Kumate, exsecretario de Salud federal
Juan Antonio Fernández, exdirector del Seguro Popular
Juana Jiménez Sánchez, coordinadora de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud federal
Julio Sotelo Morales, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
María Eugenia de León May, exsubsecretaria de Administración y Finanzas de la Ssa federal
Mario Acosta Mejía, exdirector de la Alianza Médica Mexicana
Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención de la Ssa federal

• Pobreza, exclusión y grupos vulnerables (muestra parcial)
Alberto Mulás, miembro de los consejos de administración de las empresas Acciones y Valores, URBI, ICA, SHF, OMA, y exubsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano
Alfredo Achar Tussie, presidente de la empresa Comercial Mexicana de Pinturas, Comex
Enrique Castro Villalobos, subsecretario de Finanzas del gobierno de Guanajuato
Félix Vélez Fernández Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población
Gerardo Leyva Parra, integrante con voz y voto del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza
Gustavo Merino, subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal
Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo
Luis Orvañanos, presidente de la constructora GEO
Luis Sereno Coló, consejero del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Desarrollo Social
Marcela Eternod Aramburu, exfuncionaria del Inegi
María del Carmen Díaz Amador, coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía
Mayra Eternod, exasesora de Aserca
Patricia Wohlers, directora general adjunta de Relaciones Internacionales del Inmujeres
Ricardo César Aparicio Jiménez, exdirector general adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval
Almudena Suárez, exdirectora general adjunta de Relaciones Internacionales de la Sedesol
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval
Jonh Scott Andreta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
Jorge Yarza Garrido, director de Desarrollo Organizacional de Hipotecaria Su Casita
Juana María Torres Cruz, política panista
Martha Laura Carranza, directora general para la Igualdad Laboral de la STPS
Paloma Bonfil Sánchez, integrante del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza
Susan Parker, investigadora del CIDE
Clara Jusidman, miembro del Consejo Asesor de la UNICEF en México

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POLITICOS DESCALIFICADOS

En busca de un hombre de Estado.
Autor: Álvaro Cepeda Neri
Quien no resolviera cierto acertijo, perdería la vida
Pericles de William Shakespeare
En un desperdiciado trienio buscando la legitimación militaroide –que no política ni económica, social ni cultural– terminó el sexenio calderonista que completó, en el mal gobierno, al foxismo. Ambos fueron el corto inicio y ocaso del Partido Acción Nacional (PAN), que echó por la borda, con sus neopanistas conservadores y fundamentalistas coronados por El Yunque, su medio siglo de oposición derechista.
El país está sobreendeudado, empobrecido masivamente a pesar del multimillonario excedente de la reserva en dólares. La inseguridad económica genera un dramático desempleo y constantes despidos. Las remesas de trabajadores legales e indocumentados en Estados Unidos y Canadá dejaron de ser caudaloso río para ser un arroyo que tiende a casi secarse. De esta manera, millones de mexicanos, que así calmaban sus necesidades, ingresan a la pobreza.


La irrupción de las delincuencias encabezadas por los sicarios del narcotráfico –que se ajustan cuentas y se llevan en el fuego cruzado de sus cuernos de chivo, o intencionalmente con toda la barbarie del terrorismo, a mexicanos que nada tienen que ver o indirectamente se ven involucrados en esa guerra contra militares y policías– tiene a la población en el trágico y total desamparo.
Y los gobernantes, ocupados en la corrupción de la narcopolítica y la indiferencia e impunidad, tienen a la nación, acosada por otras crisis, al borde de la desesperación social en el marco de las celebraciones a la Porfirio Díaz.
Porque al menos desde el orto y ocaso posrevolucionario (y ya cancelado el aventurismo de Victoriano Huerta con su binomio: militarismo y alcoholismo, que parece repetirse), los mexicanos no han podido encontrar, careciendo de la Lámpara de uno de los tres Diógenes (el de Apolonia, el Cínico o el de Enoanda), a un hombre de Estado; al político que aspire a “ser el primer servidor del Estado”, conduciendo –desde un nuevo presidencialismo, sustentado en reformas de contrapesos y la creación de los tribunales de cuentas y constitucional para la rendición de cuentas– el deslinde de responsabilidades y control constitucional de todos los poderes del Estado.
La derecha panista –dedicada a quedar bien con sus creencias religiosas y pensando, como el Savonarola de cuando los Medici, en la Florencia que parió al más lúcido creador de la política republicana (Las décadas de Tito Livio, antítesis de El príncipe)– ha querido resolver los problemas con Padres nuestros, en vez de enfrentarse como gobernantes laicos y democráticos a la solución de la crisis general. Y así ahuyentar los síntomas y hechos de violencia social que aparecen por todo el país; mientras, la inseguridad que priva por el narcotráfico y la fallida estrategia para combatirlo ya implantaron al terrorismo sangriento que ha roto la convivencia pacífica, tensado la gobernabilidad y estabilidad para poner en riesgo la institucionalidad amenazada por el debilitamiento de la legalidad y legitimidad, mermadas por la corrupción, impunidad y empobrecimiento.
La incapacidad e ineficacia de los panistas, que culminaron los abusos del salinismo-zedillista, tienen a la política y a los políticos al borde del total descrédito. Se les tiene como “mediocres, incompetentes, cínicos, mentirosos, aprovechados, manipuladores, corruptos (y) cuando no son sus causantes, los políticos se muestran incapaces de resolver la crisis económica, la inseguridad ciudadana, la decadencia crónica de la agricultura, la extensión del paro (el desempleo)… baja calidad de la educación… degradación del medio ambiente…
“En conclusión, es preocupante que los políticos aparezcan entre los grandes problemas percibidos por la opinión pública. Pero no basta descargar cómodamente en ellos –ni siquiera sobre sus malas prácticas– la culpa de una devaluación persistente de lo público y de lo político… Porque el rechazo total a la política y a los políticos somete a la sociedad a la ruda ley del más fuerte” (del ensayo La condena social de los políticos, de Joseph M Vallés, de la Universidad de Barcelona; publicado en El País el 3 de febrero de 2010).
Otra vez los mexicanos tenemos que resolver el acertijo con la política y los políticos que tenemos para encontrar con la lámpara constitucional un político que reúna las cualidades para la política. Y postular, con democracia y republicanismo, la imperiosa necesidad de sufragar por la personalidad capaz de reivindicar la política.
¿Tenemos políticos? Sí, y no son los actuales galanes de la televisión. Ni los “grillos”. Tampoco los del caudillismo populista. Menos los clericales ni caciques. Están descartados los desgobernadores que abusan del poder, se reparten como botín el dinero público y se equivocan en las inversiones, pero no para pedir el tanto por ciento a los inversionistas privados.
Esta fauna nos ha regresado al “estado de naturaleza” (Rousseau) con el capitalismo salvaje y “mano invisible” (Smith), para dejar hacer al mercado al libre antojo de la “ley de la oferta y la demanda” (Say) y, finalmente, a la “guerra de todos contra todos” (Hobbes), para tener a la nación en los devastadores efectos de la crisis general.
Ya andan sueltos los buscadores del futuro, adelantando propuestas con base en el letrero aquel de la anécdota “Mañana ayuna Napoleón”, que cada mañana posponía ad infinitum, cuando la cuestión es un político para el presente que nos agobia. Reyes Heroles (1921-1985) salió con lo de “primero el programa, después el hombre”.
Es indispensable invertirlo. Primero conocer al político, a un profesional de la política, conocedor del ejercicio del poder y los poderes del Estado, en los términos analizados por Norberto Bobbio, en su listado, teórico y práctico del concepto, entreverado en su estudio Teoría general de la política (editado por Trotta).
No se trata de sustituir la política y al político por el marketing mediático ni postular, como receta salvadora, ni subirse a la globalización, convertida en coartada para reducir el espacio político; sino de buscar y encontrar al político del presente para el inmediato presente. Lo hay. Y tiene “a su favor la imagen del hombre indispensable frente a la descomposición del régimen carrancista (léase, calderonista) que, como el del Madero, distó de cumplir con las expectativas de una sociedad deseosa de cambios pacíficos” (Pedro Castro, Álvaro Obregón, fuego y cenizas de la Revolución Mexicana. Biblioteca Era-2009).
La solución al acertijo para encontrar al político mexicano en cuestión ha de buscarse en las biografías de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, con raíces en el más grande político mexicano que fue Benito Juárez.
La destrucción del Estado laico, en paralelo con la implantación del neoliberalismo a partir de 1982
Pedro Echevarría. Argenpress
1. Varias decenas de miles de muertos en las guerras que el clero y los conservadores desataron a mediados del siglo XIX en México para “defender” sus enormes privilegios frente a los liberales reformistas encabezados por Lerdo y Juárez. En las décadas de los veinte y treinta del pasado siglo otros miles de campesinos inocentes fueron acribillados o apuñalados en una “guerra cristera” que el clero convocó para luchar contra una Constitución y su ateísmo. ¿Pero qué importa que los abuelos y los padres hayan muerto por defender derechos de los pobres explotados, si ahora está en el gobierno una burguesía clerical dispuesta a borrar el pasado, que pide “que no se hable más de guerras entre hermanos” y se olvide de esa separación entre la iglesia y el Estado para que la iglesia pudiera recuperar justamente sus privilegios?.

2. Juárez sabía que la Constitución de 1857 no era clara para limitar el enorme poder del clero y las guerras que había desatado, por eso proclamó las Leyes de Reforma en que se señalaba: “perfecta independencia entre los negocios del estado y los puramente eclesiástico; supresión de monasterios y secularización del clero que vivía en ellos; abolición de cofradías y otras de naturaleza similar; cierre de los noviciados en los conventos de monjas; nacionalización de todos los bienes del clero secular y regular; eliminación de la participación de la autoridad civil en el asunto de pagos de servicio eclesiásticos”. Todos estos planteamientos respondieron al revanchismo violento de la iglesia contra la Constitución de 1857 que por primera vez se atrevía a “levantar la voz” contra el privilegio de Clero, militares y conservadores.
3. ¿Puede alguien olvidar que René Capistrán Garza, fundador de la Asociación Católica de Jóvenes de México, llamaba a luchar por conquistar el poder del Estado? ¿Qué en 1921, exigiendo el desconocimiento de la Constitución, se realizó por el clero una multitudinaria al santuario de la vírgen de Zopopan y que ese mismo año explotó una bomba en la Basílica de Guadalupe? ¿Qué dos años después se inauguró el monumento al Cristo Rey en el cerro del Cubilete con la presencia del delegado apostólico italiano Fillipi que luego fue expulsado? Todos esos antecedentes provocaron la gran guerra cristera que durante cuatro años provocó miles de muertos humildes y manipulados por la iglesia y el gobierno porque la primera luchaba contra la implantación del laicismo que borraba de un tajo el dominio del catolicismo.
4. “Sí mexicanos, ya basta de no vernos como hermanos y como iguales”, dice el presidente Calderón, católico y represor de obreros. La bronca es que unos son más iguales que otros. Unos son los hermanos del capital y otros son los hermanos del trabajo, unos son más hermanos de la explotación y la acumulación de propiedades y otros son hermanos por ser miserables, oprimidos y perseguidos. Obviamente dios en el discurso no quiere esa desigualdad; pero la práctica del clero en la tierra demuestra exactamente lo contrario: que sus aliados son el poder. Los clérigos Prigione, Rivera, Cepeda, Sandoval, han formando parte del enorme poder que oprime a los mexicanos, porque ninguna hoja se mueve en la iglesia sin la orden de ellos. Ellos fueron los artífices que junto al presidente Salinas, lograron relaciones con el Vaticano.
5. Para mayor gloria de Dios, el gobierno de Felipe Calderón está subordinándose a los intereses de la jerarquía católica –señala el investigador González Ruiz- al grado que ya se convirtió en un gobierno de tinte confesional y neocristero que –por encima de la Constitución– está socavando al Estado laico mexicano. Junto con el Ejército, que actualmente goza de grandes prebendas y es movilizado a nivel nacional, la Iglesia es la otra institución que sirve de pilar al gobierno federal. El “peligroso binomio” clero-Ejército ha desencadenado una escalada de violaciones a los derechos humanos y a las libertades individuales. El hecho más visible de este “franquismo a la mexicana”, de corte fascistoide, es la actual embestida del régimen calderonista contra la legalización del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo, la cual es auspiciada desde el Vaticano por el Papa Benedicto XVI.
6. Entrevistado por Proceso, González Ruiz, hace una diferencia entre el gobierno de Fox y de Calderón. Señala que a pesar que los dos son de derecha, del PAN y que admiraban a los cristeros, Fox tenía desplantes escenográficos; mostraba crucifijos, el estandarte guadalupano y besó públicamente el anillo del Papa, pero su gabinete era plural, pero decepcionó a la jerarquía católica. Calderón sí es consciente de su compromiso católico: busca desmantelar el Estado laico y la aplicación de preceptos religiosos; su gobierno en bloque está dando continuidad, en la práctica, a la lucha cristera. Las dependencias que menciona son: la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina, mediante las llamadas capellanías castrenses.
7. Mucho más que el ascenso del PAN y de Fox en 2000, el corte histórico del México actual parece iniciarse en 1982 con la implantación brutal de la privatización y las relaciones con el Vaticano llevadas hasta sus últimas consecuencias en el gobierno priísta de Salinas y el apoyo absoluto del panismo. Incluso el “nacionalismo” priísta, aquella posición que buscaba el “centrismo”, fue enterrado por Salinas para dar paso a la alianza derechista absoluta entre PRI y PAN. Si en los 30 y 40 hubo algunas deferencias ideológicas que luego se matizaron, hoy no existen tales y sus diferencias sólo son personales y de grupo por más poder. El neoliberalismo y la iglesia, junto con los medios de información y el ejército, han logrado consolidar los intereses de esos dos partidos que se han adelantado al PRD.
Procampo, ineficaz y regresivo: organismos internacionales
Autor: Érika Ramírez.
San Juan Tlacotepec, Puebla. Extiende su mano y muestra un puñado de granos dorados a punto de la molienda. “Éste es nuestro sustento: el café”, dice Guillermo Berlín, habitante de este municipio.
Señala, con un dejo de nostalgia, la hojarasca que arrancó una ventisca el pasado diciembre: “Se llevó casi todo el café. Como ya estaba a punto de la cosecha, no resistió el mal tiempo”.
El lluvioso invierno minó los ingresos que pretendían alcanzar decenas de productores de la Sierra Negra. “Se nos cayeron las ventas”, dice el hombre. Cuando no le rinde el jornal, sale en busca de trabajo a la ciudad de México como albañil.
Poblada por más de 12 mil indígenas nahuas, en esta comunidad la gente tiene “difícilmente” acceso a la alimentación. Comercializa el poco café que siembra en tierras rentadas, se alimenta de la cosecha de la milpa (maíz, frijol, calabazas) y de las plantas silvestres que brotan entre las laderas.
Guillermo Berlín, actualmente regidor de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad de Género de este municipio, se encuentra en conflicto permanente con el presidente municipal, Gregorio Merino Mendoza, debido a la distribución “inequitativa” de los programas de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
“Aquí la gente se la pasa sufriendo. No hay apoyo del presidente, que distingue mucho a quien le entrega los programas. Las diferencias se hacen de acuerdo con el partido al que pertenezcan y, por supuesto, aquí domina la militancia priista; así que si se participa con el PRD (Partido de la Revolución Democrática) o con el PAN (Partido Acción Nacional), los apoyos no llegan”, dice en entrevista con Contralínea.
El mismo Guillermo Berlín se encuentra al margen de estos programas. Contrario a ello, el presidente municipal, Esteban Gorgonio Merino Mendoza, obtuvo en 2008 ?el mismo año que asumió el poder del ayuntamiento? 25 mil 520 pesos del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), revelan los padrones de la Sagarpa.
Las listas, actualizadas hasta 2008, muestran que en el ayuntamiento se les distribuyeron 3 millones 809 mil pesos sólo a 917 personas –apenas el 7.12 por ciento de la población total.
A esta localidad, que mantiene un índice de desarrollo humano de 0.57070, también llegaron fiscalizadores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y comprobaron que el Programa de Trabajo de la Estrategia 100 x 100, coordinado por la Sagarpa, es ineficaz y regresivo.
El Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 revela que en los 27 municipios visitados por la ASF –muestra contemplada de un total de 125 municipios que comprende el programa–, “el número de beneficiarios, superficie y monto apoyado fue inferior en relación con el año anterior; la cobertura del Procampo disminuyó; los beneficiarios con un número igual o mayor a cinco hectáreas (Ha) representan una décima parte del total de productores apoyados y obtienen un tercio del monto total apoyado. Por tal motivo, se concluye que ese programa resulta regresivo”.
BID reprueba al Procampo
Informes de entidades financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial coinciden con el máximo órgano de fiscalización y desaprueban el otorgamiento “diferenciado” de subsidios.
El Análisis cuantitativo de los efectos de transferencia al sector rural: Ingreso Objetivo, Procampo y Oportunidades, elaborado por el investigador George A Dyner para el BID, expone: “El Procampo tiene el objetivo apoyar el ingreso de las familias rurales, principalmente de autoconsumo. Sin embargo, sólo una cuarta parte de los recursos del programa llega a estas familias, el resto responde a productores no-rurales”.
Ante la falta de transparencia en la asignación de los subsidios, en San Sebastián Tlacotepec “quisiéramos que se investigara cómo se aplican esos recursos, pero para poder ir a la secretaría en Puebla, es necesario tener dinero: unos 600 pesos por persona, además del pago de alimentación y hospedaje. En total, podrían gastarse hasta 800 pesos en ir a solicitar información”, dice Guillermo Berlín.
Expuesto en julio de 2008, el reporte final del BID señala que el Procampo tampoco tiene un énfasis en los productores de autoconsumo y los recursos que se transfieren a esta población son menores que para otros grupos.
“Aquí, los que más se benefician con el programa son los terratenientes. Somos varios los que no tenemos terreno”, acusa el indígena nahua. El habitante de la sierra poblana explica que los dueños de la tierra en la cabecera municipal son apenas unos 50 “terratenientes”. En consecuencia, la gente vive y trabaja de esos terrenos, que tienen de 50 a 100 arrendatarios cada uno.
El BID, la principal fuente de financiamiento en América Latina y el Caribe, recalca que el programa operado por la Sagarpa es “altamente ineficiente” en el fomento productivo. “Una forma más eficiente de atender a este sector de la población es a través de un programa de crédito”.
La institución financiera, que preside el colombiano Luis Alberto Moreno, advierte, en el Informe de consultoría servicios financieros rurales en México, que el Estado mexicano tiene una ausencia de servicios de ahorro en el sector agropecuario, baja penetración del sistema de pagos. Además de un sistema de financiamiento caro, poco eficiente y compuesto por una multiplicidad de fuentes.
Flora, una indígena nahua de 48 años, habita en lo alto de la cabecera municipal de San Sebastián Tlacotepec. Ella es madre de tres mujeres adolescentes, un joven de 20 años, y abuela de ocho nietos. Junto con su esposo, es el sostén de esas 12 personas.
¿Qué más puedo hacer? Pregunta en tono desesperado. Hace un par de años empezó un viacrucis que no puede concluir: la tramitación de las escrituras que la harán propietaria de la tierra donde duerme y de la que se alimenta toda su familia.
Supone que con los títulos de propiedad podría acceder a los “beneficios” del Procampo, para ayudarse “otro poquito”. Sin embargo, los papeles no llegan. La solicitud ha pasado de un abogado a otro. Una inversión aproximada de 6 mil pesos tampoco ha fructificado. Cada persona que le ha prometido solucionar “su problema” ha desaparecido, no han vuelto a la comunidad, “y eso que iban recomendados por las autoridades”.
Flora recibe 740 pesos bimestrales del Programa Oportunidades; pero en diciembre pasado el recurso llegó de apenas 120 pesos, sin saber el porqué del “ajuste”. Su esposo es jornalero en tierras tlaxcaltecas, donde gana 70 pesos diarios.
El Análisis del gasto público en el desarrollo agrícola y rural, elaborado por el Banco Mundial, indica que los programas relacionados con la tierra, que incluyen acceso a la tierra, regularización de los derechos sobre la tierra, apoyo legal y resolución de conflictos, absorben sólo el 0.6 por ciento del Programa Especial Concurrente, “en contraste con la importancia de los problemas de la tierra en México”.
Además, descubre que los principales subsidios del agro son acaparados por los estratos menos necesitados de la población rural. De los programas como Procampo, Ingreso Objetivo y de Desarrollo Rural (PDR) de Alianza, el decil de productores más pobres recibe de Ingreso Objetivo la décima parte de un 1 por ciento, y fracciones igualmente insignificantes de los otros programas.
En tanto, muestra el organismo financiero, en el otro extremo de la distribución, el decil de productores más ricos recibe los siguientes porcentajes de transferencias: 45 por ciento del Procampo, 55 por ciento del PDR de Alianza, 60 por ciento de los subsidios a energía e hidrológicos y 80 por ciento de Ingreso Objetivo.
La ASF fue otra de las entidades encargadas de revisar la efectividad del Procampo –diseñado para el combate de la pobreza en el campo mexicano–. El máximo organismo de fiscalización auditó 27 municipios, de los 125 que comprenden la Estrategia 100 x 100, diseñada para de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo. La muestra comprendió 87 millones 626 mil pesos. El resultado fue reprobatorio.
De la información que proporcionó Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria ?organismo descentralizado de la Sagarpa, encargado de la operación del Procampo?, se desprende que “el presupuesto de ese programa no establece estimaciones de gasto por cada una de las entidades federativas ni mucho menos a nivel de municipio, motivo por el cual no se efectuó el comparativo del presupuesto original con el ejercido”.
Sin embargo, la ASF detectó que entre 2007 y 2008 se redujo el número de beneficiarios casi al 10 por ciento; la reducción de la superficie apoyada, en un 12.8 por ciento, y el 12.7 por ciento del importe de los apoyos.
Las cifras oficiales muestran que, en 2007, las entidades federativas donde se ubican los 125 municipios de la Estrategia 100 x 100 (Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz) obtuvieron recursos por 4 mil 391 millones 431 mil 500 pesos; mientras que para el siguiente año se les destinaron 3 mil 834 millones 653 mil 700 pesos. La diferencia del presupuesto ejercido de un año a otro fue de 556 millones 777 mil 800 pesos.
El número de beneficiarios también se redujo en 136 mil 676 personas, cuando se pasó de 1 millón 396 mil 56 personas a 1 millón 259 mil 380 campesinos, de 2007 a 2008. En el mismo periodo de tiempo, la afectación en hectáreas que pudieron ser sembradas fue de 520 mil 814, al pasar de 4 millones 70 mil 7 Ha a 3 millones 549 mil 192 Ha.
El informe del organismo fiscalizador es contundente: “El objetivo de mejorar el nivel de vida de la población que habita en los municipios seleccionados no se cumplió, dado que por las disminuciones indicadas se deterioró el ingreso pecuniario recibido por la población objetivo. Este hecho se contrapone a lo que pretende la Estrategia 100 x 100 en su vertiente Productividad e Ingreso, la cual forma parte del Procampo, en lo relativo a mejorar el ingreso de la población mediante acciones que permitan elevar la productividad y aumentar las oportunidades de empleo”.

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Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo.
Autor: Nancy Flores
El plan transexenal de Calderón México 2030, Proyecto de Gran Visión, reconoce que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, las fuerzas castrenses se corrompen. Además, aunque la principal oferta gubernamental es la “guerra” contra el narcotráfico, el proyecto admite que en 20 años el crimen organizado estará “acotado”, mas no extinto. En esta segunda entrega, Contralínea revela los detalles del primer capítulo “Estado de derecho y seguridad pública”, cuyo eje rector es garantizar la “plena seguridad para la propiedad”. Expertos consultados señalan que en este país hay un Estado de facto, no de derecho, y avizoran más represión


Nancy Flores / Segunda parte
En octubre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tuvo en sus manos los resultados del primer taller temático “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública”, al que convocó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declarara presidente electo.
Integrado al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, el diagnóstico descubre que la meta de este plan transexenal en materia de seguridad, dentro de 20 años, es apenas “acotar” al crimen organizado, no exterminarlo. Ello, a pesar de los más de 16 mil 500 muertos que se cuentan como saldo de los tres años de la “guerra” calderonista contra el narcotráfico.
El documento expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido “rebasado por la realidad y circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública”. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y “con esa franqueza” respecto del problema de inseguridad.
El mismo diagnóstico del Proyecto de Gran Visión anexa una lista de causas, entre las que destaca la “corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas”.
Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, “el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país)”.
Al mencionar las causas por las cuales el Estado fue rebasado, el documento también apunta la “ausencia de estrategias y tácticas profesionales en los cuerpos de seguridad pública, para lograr el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad del empleo de la fuerza pública; actores sociales manifestándose a través de expresiones violentas que ponen en peligro la integridad y derechos de terceros; falta de certeza jurídica provocada por un ambiente de impunidad, en el que se percibe que no necesariamente quien viola la ley es castigado”; entre otros.
El senador panista Felipe González reconoce que “estamos ante situaciones inéditas: traemos problemas muy severos en la cuestión de seguridad pública, tenemos problemas de impunidad y de corrupción; éstos nos están avisando que necesitamos urgentemente adecuar y actualizar algunas partes de nuestro entorno jurídico”.
El presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Gobernación del Senado considera necesario revisar leyes, como la del secuestro, pero también la del fuero militar.
“Ahora que los militares ya están haciendo el papel de policías, no hemos adecuado, desafortunadamente, el marco legal en el que se mueven, cuando realmente ése no es su papel. Corremos el riesgo que el día de mañana algún gobierno llegue y les dé encargos como en 1968 (con la matanza de estudiantes y civiles) cuando, por obedecer órdenes, al único que perjudicó su actuación fue al Ejército”, indica el senador.
No obstante, Jorge Luis Sierra señala que el diagnóstico del Proyecto de Gran Visión sólo admite que “la corrupción ha llegado a las filas de los soldados. Ésa es la única referencia que hay sobre las fuerzas armadas en el documento de seguridad, (pero) no se hace mención a una reforma militar”.
Los objetivos del plan
Desclasificado por la Presidencia de la República, el archivo de 41 páginas denominado “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” se subdivide en seis temas: derechos humanos; fortalecimiento del Estado y reformas institucionales; sistema de justicia; seguridad pública; cultura de la legalidad democrática y educación jurídica; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
Entre los objetivos esbozados en éste, sobresalen la “plena seguridad para la propiedad”; la creación de la policía nacional coordinada; la supresión del amparo directo; la reelección de los legisladores, y el “replanteamiento” de “la relación entre el Estado y las iglesias”.
Aunque este apartado es el único que no habla de privatizaciones, el maestro Edgar González Ruiz destaca que “la defensa del dinero está implicada en esta frase: ‘Plena seguridad para la propiedad y la integridad de las personas’”.
Para el investigador, “está claro que, ya sea de manera directa o eufemística, esos planteamientos anticipaban las reivindicaciones y consignas de los sectores derechistas, empresarios, jerarquía católica y grupos conservadores, representados por el gobierno de Calderón”.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México considera que “el modelo de gobierno que se dibuja en este documento es de carácter dictatorial, basado en la fuerza y represor de las libertades; confesional, de la derecha católica; totalitario, que pueda controlar a todos los sectores populares, anulando sus intereses en aras de los de corte confesional o empresarial: todos unidos, por el engaño o por la fuerza, para servir al clero y al empresariado”.
El maestro en filosofía recuerda que, en 2006, al frente de este proyecto de nación transexenal estuvo Carlos Medina Plascencia, “quien fuera gobernador interino de Guanajuato en la época de Carlos Salinas y uno de los más radicales representantes del conservadurismo católico panista”.
Estado de facto
Elaborado en medio de la crisis poselectoral, derivada de los comicios de julio de 2006, el documento estima que en 2030 “la legitimación que ha alcanzado el Estado es resultado de la promoción que éste ha hecho de un conjunto de condiciones que propician el desarrollo integral del ser humano que vive en sociedad, el respeto absoluto a su dignidad, la protección a los grupos sociales fundamentales y la convivencia pacífica. Asimismo, el estado de derecho es fundamento para el desarrollo económico, social y cultural y da certeza a los actores políticos”.
El abogado Juan de Dios Hernández Monge explica que “el estado de derecho ha sido un concepto manipulado conforme a los intereses de la propaganda; éste no se reduce a la existencia de las leyes, sino que éstas sean respetadas”.
Por ello, indica que el primer obligado en ese cumplimiento es el Estado: “Cuando éste violenta el cuerpo de leyes, nos coloca en un Estado de facto. Se empieza a gobernar a través de los secretos, como ha estado ocurriendo con Felipe Calderón respecto de problemas como el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de los mineros de Cananea, Sonora. (Ello, a pesar de que) el respeto al estado de derecho es la parte sustancial para todo lo demás”.
—¿En México se respeta ese cuerpo de leyes?
—Aquí está roto el estado derecho. Vivimos en un Estado de facto, además en un grado de descomposición extrema. El Estado tiene tres elementos: la población, el territorio y el poder o gobierno. En el caso mexicano, los tres elementos están en un punto de quiebre.
Derechos humanos, un fracaso
El documento consultado por Contralínea indica que en 2030 se “respetarán los derechos humanos, se tendrá igualdad social; los derechos fundamentales se tomarán como criterios de las políticas públicas; no habrá privilegios para la elite; se contará con ciudadanía plena; y la actuación del Estado se hará con apego a la legalidad, que promueve y protege los derechos de las personas”.
Al respecto, Jorge Luis Sierra considera que, aunque el apartado de seguridad pública hace mucho énfasis en el respeto, lo que ha ocurrido en la política de seguridad pública ha sido a costa de los derechos humanos en muchas regiones del país.
“En los últimos años ha habido un crecimiento enorme, sin precedente, en el número de recomendaciones que han sido dirigidas a las fuerzas armadas. Hay un daño colateral a los derechos humanos derivado de las operaciones en contra del narcotráfico. Hay una persistencia de un modelo de justicia militar arcaico, que ya no funciona ante las nuevas realidades que tiene el país ni ante la nueva realidad internacional. No hay ninguna demostración de avance. Entonces, la distancia que hay entre los deseos establecidos en estos documentos y las políticas que se han seguido hasta el momento son muy grandes”.
Para el abogado Hernández Monge, las garantías individuales son la parte esencial del estado de derecho. “Ahí entramos a la cuestión de los derechos humanos. Las garantías individuales deben de ser respetadas de manera sistemática y transparente por el Estado, no como un acto gracioso sino como una obligación que tiene la autoridad”.
No obstante, coincide que, con el pretexto de la inseguridad, se violan los derechos más elementales. Ejemplifica con el caso del operativo policiaco Mochila Segura, que permite a la policía revisar las mochilas de los niños que asisten a la primaria y la secundaria. “Esto significa clara y llanamente una violación de los derechos humanos de los menores que son revisados”.
Hernández Monge recuerda que las garantías individuales están consagradas del artículo 1 al 29 de la Constitución. Éstas “establecen el catálogo de derechos, que es el único patrimonio jurídico que tenemos los particulares frente al Estado. Cuando éste violenta esa esfera de derechos, el ciudadano agraviado puede pedir la protección y amparo de la justicia federal”.
Edgar González Ruiz observa que las metas de “seguridad pública eficiente e integral; crimen organizado acotado; desempeño de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, de la administración y procuración de justicia”, contenidas en el documento, “son simplemente las consignas y abusos con los que está gobernando Calderón”.
La resistencia, única opción
En su primer capítulo, originalmente clasificado como confidencial, el Proyecto de Gran Visión indica que “la sociedad mexicana, en el año 2030, es conducida de manera estable por las normas democráticamente establecidas. Esto se ha logrado a través del fomento en la población de una cultura política democrática y de la legalidad”.
De no alcanzarse un estado de derecho pleno, se corre el riesgo de “que se rompa el tejido social y que la gente pudiera comenzar a sentirse más segura cuando da sobornos, cuando la extorsionan para recibir protección de los delincuentes, en virtud de que la autoridad establecida no puede salir adelante y ayudarlos mediante el cumplimiento de la ley”, dice el senador por el Partido Acción Nacional Felipe González.
Advierte que el estado de derecho no se puede fincar en la violación de las leyes y “mucho menos” en la impunidad. “Porque entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tiene dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno y donde estamos tratando de sacarlo adelante del flagelo de la delincuencia”.
Sin embargo, el abogado Hernández Monge observa: “En el asunto de la justicia, es muy importante establecer que no se puede, desde una posición ética, convalidar el sistema jurídico ni de leyes que hay en el país, porque es intrínsecamente injusto”.
La causa de origen “de la tragedia”, detalla, inició con la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, cuando se dio origen al esclavismo. A pesar de que actualmente está prohibida la esclavitud, dice Hernández Monge, los trabajadores viven en condiciones paupérrimas. “Aunque digan que vivimos en libertad, se trata de la libertad para morir de hambre, para escoger quién te va a explotar, si tienes suerte”.
Por ello, indica, “hay una búsqueda de un nuevo pacto social que ya se está construyendo en regiones enteras del país: los municipios autónomos zapatistas”. Hernández Monge considera que el modelo se está extendiendo de manera muy sólida, y pone como ejemplo la policía comunitaria de Guerrero, “que tiene una influencia directa de esta forma autonómica de organización. Y el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, que también es efecto de este movimiento que está vivo y actuando”.
Agrega que este movimiento tiene como meta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, “cuyo puerto de arribo es ese nuevo pacto social, esa nueva constitución. Para llegar a eso se proponen una rebelión nacional pacífica”.
Explica que, cuando se cierran los causes legales frente a la injusticia, lo que le queda al pueblo, y a los trabajadores de este país, es el derecho de resistencia. Al respecto, indica que el artículo 39 constitucional garantiza el principio y el derecho de la rebelión en contra de las tiranías, en contra de las dictaduras. “Nosotros, como pueblo, tenemos de manera primigenia la soberanía del país. Y tenemos que rescatarla”.

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