TEXTOS BARRICADA OAXACA

LA DEMOCRACIA IMPERIAL

2011-05-13T18:53:00.002-05:00

Situación y futuro de la Democracia

Entrevista a Noam Chomsky

Vikas Shah.Thought Economics.

Traducción: Red Kite. (Tomado de “Rebleión”).

Una mirada al Reino Unido, Estados Unidos y Europa.

Pregunta: ¿Hasta qué punto son libres y democráticas nuestras sociedades?

Noam Chomsky: Atendiendo a estándares históricos, estas sociedades son bastante libres. Son democráticas en el sentido de que tienen elecciones formales que no están amañadas y todo eso. No son democráticas en cuanto a que hay otras fuerzas, que no tienen nada que ver con lo popular, que afectan de manera determinante a quién puede presentarse a unas elecciones. Estados Unidos es el caso más extremo a este respecto.

En este momento, las elecciones en Estados Unidos están básicamente compradas. No puedes presentarte a unas elecciones a menos que dispongas de una enorme cantidad de capital, lo que significa que, aunque no representan ni al 1% de la población, son sobre todo las grandes corporaciones las que proporcionan ese respaldo de capital. En las elecciones de 2008, por ejemplo, lo que llevó a Obama a la victoria final fue una sustancial ayuda procedente de instituciones financieras que son ahora el núcleo de la economía. Se estima que las próximas elecciones costarán unos 2.000 millones de dólares, y solo hay un sitio al que acudir en busca de una suma de dinero semejante.
Antes solía haber un sistema de asignación de puestos en los comités del Congreso a los que se accedía por veteranía y todo eso. Ahora mismo, generalmente se exige que quienes aportan fondos estén en el comité del partido, lo que significa que incluso esos puestos están, en gran medida, comprados. Esto significa que la opinión popular está mucho más marginada. Esto se ve muy claro en cualquier asunto del que se trate. Se dice que el gran problema ahora mismo, a nivel nacional, es el déficit. Pues bien, la gente tiene ideas sobre cómo acabar con el déficit. Por ejemplo: gran parte del déficit es el resultado de un sistema de salud altamente defectuoso cuyo coste per cápita es cerca del doble que en otros países y que, en modo alguno, obtiene mejores resultados; de hecho, los resultados son bastante más pobres. La población se ha mostrado desde hace tiempo a favor de cambiar a un tipo de sistema nacional de salud, que sería mucho menos caro y (a juzgar por los resultados) nunca peor, incluso puede que mejor. ¡Solo eso ya eliminaría el déficit! ¡Y ni siquiera se ha considerado!
P: ¿Qué es lo que realmente mueve nuestra política exterior y cómo nos afecta eso a nosotros, los ciudadanos?
NC: La política exterior del Reino Unido y Europa tiende a seguir a Estados Unidos; no completamente, pero EE UU sigue siendo el principal conductor de la política exterior. No es ningún secreto qué es lo que mueve la política exterior. Bill Clinton, por ejemplo, fue bastante explícito sobre ello. Su postura, expresada con claridad en el Congreso, fue que EE UU tiene derecho a llevar a cabo una acción militar unilateral, apoyado en ocasiones por una –así llamada– coalición de los dispuestos, para asegurarse recursos y mercados y que debe tener fuerzas militares desplegadas –lo que significa bases extranjeras en Europa y en cualquier otra parte– para modelar los acontecimientos en nuestro interés.
Nuestro interés no significa el del pueblo americano, sino el interés de quienes diseñan la política; fundamentalmente, las grandes corporaciones.
La política exterior puede emprenderse por vías que puedan perjudicar a la seguridad. De hecho, no es infrecuente, después de todo. Si seguimos la Comisión Chilcot [la comisión del parlamento británico encargada de investigar el papel del Reino Unido en la Guerra de Irak. N. del T.], la jefa del MI5 testificó –como mera extensión de algo que ya se sabía– que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña reconocían que Sadam Husein no era una amenaza y que la invasión aumentaría, muy probablemente, la amenaza del terror. Y de hecho, ¡lo hizo! Aproximadamente siete veces en el primer año, según estadísticas cuasi oficiales. Así que se emprendió una invasión que provocaría daños a los ciudadanos de los países invasores, como en efecto ocurrió. Al principio, por supuesto, los motivos se presentaron con las coletillas habituales, es decir, con el dossier informativo que acompaña cada uso de la fuerza, con alusiones a la democracia y a toda clase de conceptos maravillosos. Cuando empezó a verse claro que los objetivos de la guerra no iban a alcanzarse con facilidad, hacia el final de la invasión, ciertas políticas se establecieron con claridad. En noviembre de 2007, la Administración Bush emitió una Declaración de Principios que establecía que cualquier acuerdo con Irak habría de garantizar la capacidad ilimitada de las fuerzas norteamericanas para operar allí –esencialmente, bases militares permanentes– y que dicho acuerdo debería también asegurar la posición de privilegio de los inversores de EE UU sobre los sistemas de energía. En 2008 Bush reiteró, y de hecho, reforzó, este aspecto en un mensaje al Congreso, en el que dijo que haría caso omiso de cualquier legislación que limitara la capacidad norteamericana para usar la fuerza en Irak o que interfiriera con el control norteamericano sobre el petróleo iraquí. Esto se declaró muy clara y explícitamente. En realidad, EE UU tuvo que dar marcha atrás en sus objetivos como consecuencia de la resistencia iraquí; pero los objetivos en sí mismos fueron claros y explícitos, y no tenían nada que ver con la seguridad de los norteamericanos. Esto mismo es cierto en cualquier otra parte. Un eminente especialista en Pakistán revisó recientemente las políticas norteamericanas en Pakistán y Afganistán, revelando una vez más que estas políticas están aumentando de manera significativa la amenaza del terror y hasta posiblemente del terror nuclear.
Sus conclusiones fueron que los soldados norteamericanos y británicos están muriendo en Afganistán para hacer el mundo menos seguro para los norteamericanos y los británicos. Esto no es tan infrecuente. La seguridad no es, típicamente, una prioridad esencial de los Estados. Hay otros intereses.
P: ¿Hasta qué punto están influenciados los medios por los objetivos del Gobierno y de las empresas?
NC: Hay casos en los que tiene lugar una interferencia directa del Gobierno y de las empresas, pero no creo que ese sea el principal problema en lo tocante a la influencia del Gobierno y las empresas sobre los medios. Tomando a Estados Unidos como ejemplo, los medios son grandes corporaciones, o sea que no es una cuestión de influencia empresarial; son corporaciones que están estrechamente ligadas al Gobierno. Hay un flujo constante de gente entre las corporaciones y el Gobierno; las interacciones son muy estrechas.
El entramado de selección de los contenidos sobre los que se debe informar, cómo se debe informar y demás está modelado de manera determinante por los intereses compartidos de las élites del mundo de los negocios, el Gobierno, etc. De hecho, en las universidades no es diferente, y puede verse día tras día. No hay más que fijarse en la zona de exclusión aérea en Libia. En Libia, la intervención –tanto si uno la aprueba como si no– la están llevando a cabo las tres potencias imperiales tradicionales: EE UU, Gran Bretaña y Francia. Hay una participación marginal de algunos otros países de la OTAN, pero los principales países rehúsan involucrarse, y muchos simplemente se oponen a ella. Los BRICS [grupo integrado por cinco países con gran territorio y población: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. N. del T.], por ejemplo, están en contra, y Turquía no quiere involucrarse.
Pues bien, estos tres, este triunvirato imperial, dieron gran difusión en su propaganda a una petición de la Liga Árabe sobre una zona de exclusión aérea. La declaración de la Liga Árabe era bastante tibia, y así fue calificada poco después, pero había, de hecho, una llamada en pro de una zona de exclusión aérea. Al mismo tiempo, la Liga Árabe solicitó una zona de exclusión aérea sobre Gaza. En Estados Unidos, literalmente no se informó de eso. Aunque algunos periódicos pequeños puedan haber hablado de ello, no hubo ningún medio importante –ni el New York Times, ni el Washington Post, ninguno de los grandes– que informara de ello. En realidad, en toda la prensa angloamericana, la única mención apareció en el Financial Times. Bueno, se trataba de una zona de exclusión aérea sobre Gaza… algo que no se ajusta a los intereses norteamericanos y, en consecuencia, no era noticia. Al mismo tiempo, la zona de exclusión sobre Libia sí que se ajustaba a los intereses del triunvirato imperial, así que eso era una noticia importante. Y este es el estándar; ocurre a todas horas.
Uno de los ejemplos más impactantes que nos dice algo sobre la cultura intelectual generalizada tiene que ver con Wikileaks. La filtración que recibió, con diferencia, la mayor atención en términos de titulares y comentarios eufóricos fue que los árabes apoyaban la política norteamericana con respecto a Irán, la hostilidad hacia Irán. Eso estaba por todas partes y fue muy interesante, porque a lo que se refería en realidad era a los dictadores árabes.
¿Y qué hay de la opinión pública árabe? Bueno, eso también fue estudiado, y fue estudiado por las más prestigiosas instituciones de encuestas norteamericanas y publicado por instituciones tan prestigiosas como Brookings. ¡La prensa no informó sobre estos estudios! En Estados Unidos, literalmente no se informó. Creo que hubo un reportaje en Inglaterra. Estos estudios colocan a Egipto como el país más importante de la región, y en Egipto el 90% de la población considera a Estados Unidos como la amenaza más importante. El 80% cree que la región sería más segura si Irán tuviera armas nucleares. Solo un pequeño porcentaje, puede que un 10%, considera a Irán una amenaza. Esas cifras son bastante similares en toda la región. Pero para los políticos, eso no tiene importancia. Mientras los dictadores nos apoyen, ¿qué más da?
Esto nos lleva de vuelta a nuestra primera pregunta sobre la actitud hacia la democracia. La actitud es que la población no importa, mientras esté bajo control; y esto se puede comprobar. Este es, por cierto, un problema bastante viejo. Si tuviéramos una información seria sobre estos temas, no solo se informaría sobre la opinión pública árabe, sino también sobre el hecho de que la política de ignorar a la opinión pública árabe ha estado presente desde hace tiempo. En los años 50, el presidente Eisenhower estaba preocupado por lo que él llamaba la ‘campaña del odio’ en el mundo árabe; no por parte de los Gobiernos, sino de la gente.
En el mismo año, el Consejo de Seguridad Nacional publicó un estudio que concluía que la percepción entre la gente del mundo árabe era que Estados Unidos apoya a las dictaduras brutales y violentas, bloqueando la democracia y el desarrollo, y lo hace para mantener el control sobre sus fuentes de energía. Acabó concluyendo que la percepción (de los objetivos en política exterior) era más o menos exacta, y que, mientras los dictadores nos apoyaran, ¿a quién le importa que haya una campaña de odio?, siempre y cuando podamos controlar a la población… Eso se ha mantenido como una política consistente, dramáticamente patente hoy día, y como puede verse por la reacción a estas filtraciones e informes con datos cruciales no publicados, se ha convertido en una actitud generalmente aceptada entre los sectores mejor formados.
P: ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la subversión informativa que se aprecia en los gobiernos y las grandes corporaciones?
NC: Yo diría que, hasta ahora, hay miles de páginas con información detallada sobre este tema. Sin ir más lejos, miremos los temas que acabamos de mencionar. ¿Es importante para nosotros saber que la invasión de Irak se emprendió con la expectativa de que aumentaría el terrorismo?, ¿que se emprendió con la intención de asegurar que las corporaciones norteamericanas tuvieran acceso privilegiado al petróleo iraquí? ¿y que se convertiría en una base militar permanente de EE UU?
Yo creo que habría sido importante para el público saber eso. Creo que sería importante para el público saber que la opinión pública árabe es tan hostil al poder occidental (en concreto, a EE UU) que considera a EE UU como la primera amenaza y cree que la región estaría mejor si Irán tuviera armas nucleares. ¿Es importante para la gente de Estados Unidos y Gran Bretaña saber eso? ¡Yo diría que sí! Y podríamos seguir con otros casos. Por ejemplo, ¿es importante para los norteamericanos saber que, si tuviéramos un sistema de salud similar al de otras sociedades industrializadas, el déficit se eliminaría y no tendríamos que ir contra las pensiones de los maestros o el pago de medicinas para los ancianos, etc? Sí; creo que sería importante saberlo. ¡De hecho, creo que eso debería ser un titular a toda plana!
Toda esta información puede obtenerse a poco que se investigue, pero ni siquiera se menciona a los ojos del público.
P: ¿Qué influencia ejercen las grandes corporaciones en la sociedad?
NC: Las corporaciones juegan un papel determinante en la sociedad. No creo que este hecho sea ni siquiera discutible. Adam Smith ya hacía apreciaciones similares hace tiempo, señalando que en Gran Bretaña los principales arquitectos de la política eran los comerciantes y los industriales, la gente que era dueña de la sociedad, y se aseguraban de que se sirviera a sus intereses sin importar el doloroso impacto para el pueblo de Inglaterra. Esto es mucho más cierto hoy día, con concentraciones de poder mucho mayores; ahora ya no somos solo industriales: tenemos instituciones financieras y corporaciones multinacionales. Tienen una enorme influencia, y esa influencia puede ser no solo dañina, sino letal en muchos casos.
Tomando como ejemplo a Estados Unidos, las corporaciones han estado realizando grandes campañas propagandísticas para convencer a la población de que el cambio climático no es una amenaza. Esto ha llevado, en efecto, a la mayoría de la gente a estar de acuerdo en que no es un problema real. El capital privado ha sido también el instrumento principal que ha llevado al Congreso a un nuevo grupo de notables, unas figuras que son, prácticamente todas, negacionistas del cambio climático. Estos individuos están a punto de aprobar una legislación que reduzca los fondos del organismo internacional (el IPCC) [Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el comité de expertos auspiciado por la ONU para tratar este asunto. N del T.] y la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental, que puede que ni siquiera sea capaz de monitorizar el efecto de los gases de efecto invernadero ni de llevar a cabo otras acciones que podrían reducir el impacto del calentamiento global, que es una amenaza muy seria. Esto lo han hecho los ejecutivos de las grandes empresas mediante campañas de propaganda y financiando a las figuras políticas que dinamitan esos esfuerzos. Ellos comprenden tan bien como cualquiera que el calentamiento global es una amenaza muy grave, pero aquí entra a jugar el rol institucional. Cuando eres el consejero delegado de una gran empresa, tu tarea es maximizar el beneficio a corto plazo. Eso es mucho más cierto ahora de lo que lo haya sido nunca antes.
Estamos en una nueva fase del capitalismo de Estado en la que el futuro simplemente no importa demasiado; ni siquiera la supervivencia de la empresa importa demasiado. Lo que importa cada vez más es el beneficio a corto plazo, y si no es eso lo que persigue un consejero delegado, será reemplazado por otro que lo haga. Este es un efecto institucional, no personal, y tiene extraordinarias implicaciones en la sociedad. De hecho, podría destruir nuestra propia existencia.
P: ¿Hasta qué punto existe todavía un sistema de clases en las sociedades occidentales?
NC: Las clases dirigentes están librando constantemente una dura guerra de clases y son conscientes de ello. Si leemos la prensa de negocios, se lamentan del peligro al que se enfrentan los empresarios, del creciente poder político de las masas, de la necesidad de pelear en la interminable batalla por las mentes de la gente, etc. ¡Y actúan al respecto! Continuamente realizan grandes campañas que garanticen que la concentración de poder en manos del sector empresarial siga creciendo.
En los últimos treinta años, más o menos, ha habido cambios en la naturaleza de la economía, que se ha desplazado desde el capitalismo hacia el capitalismo de Estado. Gran parte del dinamismo de una economía proviene del Estado; los ordenadores, Internet, la revolución tecnológica, etc. Las aplicaciones vienen del sector privado, pero no la investigación y el desarrollo. Eso sigue siendo cierto en todas las áreas. En los últimos treinta años ha habido un cambio significativo hacia la ‘financialización’ de la economía.
Las instituciones financieras tienen ahora una cuota mucho mayor en los beneficios económicos de la que tenían hace cuarenta años. Se ha dado también otro desplazamiento hacia la externalización de la producción, que, en realidad, coloca a los trabajadores de todo el mundo en competición, con consecuencias obvias. Esos movimientos han puesto en movimiento un círculo vicioso en el que la riqueza esta cada vez más concentrada en una población extremadamente pequeña.
En Estados Unidos, el primer factor de desigualdad es la concentración extrema de la riqueza en una fracción del 1% de la población, que incluye a consejeros delegados, directores de fondos de inversión, etc. Según aumenta esa concentración de la riqueza, lleva consigo una concentración de poder político, dado que la riqueza tiene un enorme efecto sobre el sistema político, y el poder político, a su vez, conduce a una legislación que refuerza la concentración de la riqueza. Políticas fiscales, desregulaciones, normas sobre los estatutos de las empresas, etc. Este ciclo existe en todo el mundo, pero en Estados Unidos es demoledor.
Como muestra, en la última generación hemos visto repetidas crisis financieras que simplemente no se daban en los años 50 o en los 60, cuando las medidas de new-deal [programas económicos intervencionistas impulsados en los años 30 por Roosevelt para superar la Gran Depresión. N. del T.] todavía estaban vigentes y el sistema financiero estaba mucho más restringido. Las crisis cada vez mayores ya no son un problema para los grandes bancos y los grandes inversores porque pueden confiar en papá Estado para que los rescate. Si tuviéramos un sistema capitalista, las crisis financieras serían graves, pero sus consecuencias se saldarían únicamente con la bancarrota de los culpables, con lo que Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Citigroup simplemente no existirían; ¡habrían entrado en bancarrota hace mucho tiempo! Pero como no estamos en un sistema capitalista, han sido rescatados de manera reiterada por el contribuyente. De hecho, se los ha considerado por parte de las políticas reguladoras gubernamentales como “demasiado grandes para caer”, y las agencias de calificación lo tienen en cuenta. Cuando establecen el nivel de riesgo de Goldman Sachs, tienen en cuenta que, si se embarcan en muchas transacciones de alto riesgo y, por tanto, consiguen un enorme beneficio que termina colapsando el sistema, habrá un rescate que hará subir la calificación de esas firmas, lo que significa que podrán obtener créditos más baratos, y así sucesivamente. Mientras tanto, para el grueso de la población de las últimas generaciones –es decir, para la abrumadora mayoría– los ingresos han descendido de manera muy notable, mientras que las horas de trabajo han aumentado y los beneficios se han reducido, lo que ha llevado a una población enfadada, frustrada y confusa que está mucho más distanciada de las decisiones políticas. Decisiones que están, en enorme proporción, en manos de una concentración de poder extremadamente pequeña; y los medios de comunicación colaboran en ello, ya que son esencialmente parte del sistema. Hay algunas voces críticas en la periferia –después de todo, esta es una sociedad libre– pero las fuerzas mayoritarias tienden a apoyar al sistema. Estas son tendencias muy antidemocráticas, y también bastante peligrosas.
Una mirada a los conflictos.
P: ¿Cuál es su visión de la ‘guerra global contra el terror’?
NC: El problema es que no existe. No se combate al terror con acciones que se sabe de antemano que aumentarán el terror. La invasión de Irak, de nuevo, se emprendió con la expectativa de que aumentaría el terrorismo, y de hecho lo hizo. Eso no es una guerra contra el terror. No debería haber una guerra contra el terror, sino esfuerzos para debilitar al terror. Los modos de hacer esto son bien conocidos y entendidos. Gran Bretaña es un ejemplo perfectamente válido. Tomemos, por ejemplo, el terrorismo del IRA, que era bastante serio. Mientras Gran Bretaña respondió usando la violencia, contribuyó a una escalada del ciclo del terror. Finalmente –en parte, por la influencia de Estados Unidos y en parte por la presión interna–, la respuesta fue prestar atención a las quejas legítimas que subyacían en las acciones terroristas. Y bien, eso condujo al declive del terror. Por ahora, Irlanda del Norte –aunque no es ninguna utopía– no es, desde luego, como era hace solo quince años. ¡Esa es la manera de abordar el terror! Observar sus raíces, su origen, y hacer algo al respecto.
Una mirada a la globalización y la sociedad
P: ¿Cuáles son sus visiones acerca de la globalización y el desplazamiento del poder económico hacia China y la India?
NC: Antes de nada, deberíamos ser cuidadosos al hablar de “desplazamiento del poder económico”. Es cierto, desde luego, que China y la India han tenido tasas de crecimiento muy significativas, pero se trata de países muy pobres. Echemos un vistazo a su renta per cápita, por ejemplo. Según las cifras del Banco Mundial (que están groseramente subestimadas) China tiene quizá el 5% de la renta per cápita de Estados Unidos, y la India en torno al 2%. Estas cifras deberían multiplicarse por dos o por tres, pero incluso así suponen una pequeña fracción de las occidentales. China ha crecido de manera espectacular, y ha habido un impacto bastante significativo en la reducción de la pobreza y demás. A pesar de todo, China sigue siendo, de momento, una planta de ensamblaje. Si echamos un vistazo al déficit comercial de Estados Unidos con China (algo de lo que se ha hablado mucho) y lo calculamos con exactitud, en términos de valor añadido, resulta que el déficit comercial con China está sobreestimado entre un 25 y un 30 por ciento. El déficit comercial con Japón, Taiwán y Corea del Sur está subestimado en la misma proporción. El motivo es que, dentro del dinámico sistema de producción de Asia del Este, los componentes de alta tecnología vienen de la periferia –de Japón, Corea del Sur y Taiwán– y China los monta. Con el tiempo, esto cambiará, a medida que China vaya escalando peldaños en la escalera tecnológica, pero en este momento es así. Esto es aún más claro en el caso de la India, que tiene cientos de millones de personas que están excluidas por completo del sistema. Los suicidios de campesinos aumentan aproximadamente en la misma proporción que la creación de millonarios. Un par de cientos de millones de personas han obtenido ganancias, mientras otras muchas no, y su situación ha ido empeorando. Existen, además, enormes problemas ecológicos que no son contabilizados como costes, aunque deberían serlo. Lo que está ocurriendo allí es bastante espectacular.
Se ha hablado mucho de que China posee una parte de la deuda de EE UU y de lo que eso implica, y todo eso. Japón posee aproximadamente la misma cantidad de deuda norteamericana, lo que no otorga a Japón ningún poder sobre Estados Unidos. Hay muchos comentarios engañosos sobre estos temas.
P: ¿Cómo cree que será el mundo dentro de 25 años?
NC: Bueno, están ocurriendo varias cosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era abrumadoramente dominante; su poder ha ido declinando desde entonces, y continúa en declive en este momento. En parte, este declive tiene que ver con el crecimiento cada vez mayor de la producción asiática; no debemos exagerarlo, pero es ciertamente una de las razones.
Otro factor es el ataque interno a la salud de la sociedad norteamericana; la ofensiva de las corporaciones que ha tenido lugar en la última generación ha debilitado seriamente a la sociedad norteamericana.
Hay un ataque al sistema educativo que tendrá graves efectos a largo plazo sobre la economía; hay un ataque generalizado contra la clase trabajadora: el círculo vicioso que antes describí es beneficioso para un pequeño sector de la población, pero es dañino para todos los demás. Las infraestructuras están en un estado lamentable. ¡Cualquiera que viaje a Estados Unidos desde Europa o incluso desde Asia piensa a menudo que está llegando a un país del tercer mundo! Y esto va a peor. No supone un problema para el pequeño sector de ricos y poderosos que externalizan la producción y se dedican a la especulación financiera; para ellos, realmente no importa si el país está en declive. Pero está en declive, y sufre ataques internos.
Estados Unidos tiene una crisis financiera –el problema del déficit y de la deuda– debida a dos motivos. Uno, un presupuesto militar enormemente abultado, que es aproximadamente el mismo que el del resto del mundo junto, y en segundo lugar, un sistema sanitario desregulado, privatizado y altamente deficiente. Esos dos elementos están siendo protegidos, y eso, junto con el círculo vicioso que he mencionado, conduce a graves problemas internos que harán que el declive continúe. Además, el problema medioambiental es muy serio. Si Estados Unidos no se pone en cabeza, el resto del mundo no va a hacer demasiado. Si Estados Unidos mina los esfuerzos para atajar los problemas ambientales –como está sucediendo ahora–, la cosa va a ser aún más grave, y eso es exactamente lo que tenemos enfrente de nosotros, por las razones institucionales que he mencionado. Dentro de treinta años, eso será mucho más importante.
Por desgracia, existe además una amenaza cada vez mayor de guerra nuclear e incluso de terrorismo nuclear. Es por eso por lo que antes mencioné la política de EE UU en Afganistán y Pakistán. Parte de esa política aumenta el riesgo de que materiales fisionables puedan caer en manos de islamistas radicales. Hay que decir que el islamismo radical ha sido fuertemente apoyado durante mucho tiempo por Estados Unidos y Gran Bretaña para combatir el nacionalismo secular. Estados Unidos también ha apoyado los programas nucleares de Pakistán, India e Israel, los tres no firmantes del Tratado de No Proliferación. Todo eso supone una mezcla explosiva.
También va a haber cada vez más conflictos por los recursos. Los recursos se están exprimiendo hasta el límite, y con un crecimiento cada vez mayor, la competencia será dura, lo que conducirá a graves conflictos por los recursos y puede que a guerras de algún tipo. Puede que no se trate de guerras militares, pero algún tipo de conflicto. Si miramos, por ejemplo, a la reserva de energía más importante del mundo, en Oriente Medio, ¡en este momento esos recursos están yendo más al Este que a Occidente! Estados Unidos tolera esto de buen grado; quieren que el petróleo saudí vaya a China para socavar las iniciativas de China en Irán. Eso forma parte de la estrategia geopolítica norteamericana, pero provocará conflictos, y es también cierto para otros recursos como el hierro, el cobre, el litio, etc. Este es un problema grave y creciente, y da una predicción bastante sombría del futuro, a menos que haya cambios significativos.

OSAMA BIN LADEN Y EL ATENTADO 11 DE SEPTIEMBRE

2011-05-04T10:54:00.002-05:00

Reflexiones sobre el anuncio oficial de la muerte de Osama bin Laden
por Thierry Meyssan *
El anuncio oficial de la muerte de Osama bin Laden, da lugar a todo tipo de controversias. Centran la atención en los detalles de la narración para ocultar mejor las decisiones estratégicas de Washington. Thierry Meyssan, el anuncio se había convertido en algo esencial ya que los hombres de Bin Laden se han incorporado en las operaciones de la OTAN en Libia y los de la CIA a Siria. Sólo la desaparición de su ex líder virtual les permite volver la etiqueta de "combatientes por la libertad" que disfrutaban en la época soviética.
Preámbulo
En 2001, Osama bin Laden estaba gravemente enfermo y bajo diálisis renal. Se debe tener cuidado en el hospital por lo menos cada dos días. En el verano de 2001 fue aceptado en el Hospital Americano en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). A principios de septiembre de 2001 fue trasladado a un hospital militar en Rawalpindi (Pakistán). Pocos días después de los ataques, dio una entrevista en un lugar no revelado a un periodista de Al-Jazeera. En diciembre de 2001, su familia anunció su muerte y sus amigos asistieron a su funeral.
Sin embargo, los EE.UU. Departamento de Defensa consideró que se trataba de una trampa que le permita escapar de la justicia EE.UU.. Sin embargo, entre 2001 y 2011, ningún testigo creíble ha conocido a Osama bin Laden.
Durante este período, cintas de vídeo y de audio atribuida a Osama bin Laden han sido puestos en libertad, ya sea por el Departamento de Defensa o por los medios de comunicación (sobre todo Al-Jazira) o por la inteligencia privada (IntelCenter, SITE Intelligence Group ). La mayoría de estas grabaciones han sido autenticados por la CIA utilizando una metodología no especificada. Sin embargo todas estas grabaciones ha sido desvirtuada por la comunidad de expertos en inteligencia artificial, entre ellas el Instituto Dalle Molle es el estándar mundial en la ciencia forense.
En otras palabras, Osama bin Laden está muerto en diciembre de 2001. Lo que escuchamos hoy en día es un mito.
El anuncio de la muerte de Osama bin Laden
El anuncio de Barack Obama no dio detalles sobre la transacción. " Hoy en día, bajo mi liderazgo, Estados Unidos ha puesto en marcha una operación dirigida contra el complejo en Abbottabad, Pakistán. Un pequeño grupo de estadounidenses llevó a cabo esta operación con una valentía y habilidad extraordinarias. Ningún estadounidense resultó herido. Ellos tuvieron el cuidado de evitar cualquier número de víctimas civiles. Tras un intercambio de disparos, que mataron a Osama bin Laden y su cuerpo recuperó [ 1 ]. El mensaje del presidente fue triple:
En primer lugar, " En noches como esta, podemos decir a las familias que perdieron a sus seres queridos con el terrorismo de Al Qaeda: La justicia se hace ": es decir, el caso está cerrado, nunca habrá un juicio que podría establecer la verdad sobre los atentados atribuidos a Osama bin Laden, incluidos los del 11 de septiembre de 2001.
En segundo lugar, los EE.UU. podría hacer extrajudiciales dicho cumplimiento, no porque sean más fuertes, sino porque fueron elegidos por Dios para aplicar su justicia: " Recordemos que podemos lograr estas cosas no sólo por razones de la riqueza o el poder, sino por lo que somos: una nación bendecida por Dios, indivisible, y dedicada a la libertad y justicia para todos "(traducción oficial).
En tercer lugar, todos los gobiernos de todo el mundo, y principalmente los de los estados musulmanes, se convocó para aplaudir este judiciales ejecución extrajudicial, que marca el triunfo del Imperio, por supuesto, la encarnación del mal: " Su propósito debe ser recibido por todos los que creen en la paz y la dignidad humana . "
¿Por qué dejar de hacer vivir a Osama bin Laden?
La cuestión política principal es por qué los EE.UU. decidió dejar de tocar en vivo el mítico personaje que había creado-el hombre cuando con él de estar muerto desde hace una década?
El hecho de que los combatientes de Bin Laden se han movilizado durante varios meses en operaciones en las que ya no son vistos como enemigos de los Estados Unidos, sino como aliados. No había otra manera de justificar este cambio aparente de que la eliminación virtual de su comandante.
Sin duda, en los próximos meses, los canales internacionales de televisión se explicará que los yihadistas que alguna vez lucharon junto a la CIA en Afganistán, Bosnia y Chechenia contra los soviéticos y rusos, se enredan en el terrorismo internacional, y que su ojos se abrieron a la muerte de Bin Laden, y que puedan continuar su lucha sereno junto a "América", Libia, Siria, Yemen y Bahrein.
Esto ya no será necesario explicar los mapas de abajo para personas como el principal valiente Jamón General Carter. Recordamos a la consternación del comandante en jefe del AFRICOM de EE.UU., los primeros días de la Operación Amanecer de la Odisea ": se había negado a suministrar armas a los rebeldes de Libia debido a que muchos de ellos eran miembros Al-Qaeda que regresan de Irak. Su autoridad fue trasladado de inmediato a la OTAN, acostumbrado a la gestión de las operaciones encubiertas, incluyendo combatientes de Bin Laden.
-Contras en la revolución en curso en el Oriente Medio, los Estados Unidos y la reproducción del mapa a Israel de todos los imperios delante de ellos, basado en el fundamentalismo religioso para suprimir el nacionalismo. La única novedad es que desea que el dispositivo a utilizar tanto los combatientes wahabíes de Bin Laden como armado y Takfirists reclutados de la Hermandad Musulmana como una vitrina política. Esta fusión será compleja, especialmente para incluir a la rama palestina de la Hermandad Musulmana, Hamas, que por el momento-no lo escuchó de esa manera. Se confió la dirección de este nuevo movimiento de la " fatwas "de Al-Jazeera, el jeque Youssef al-Qaradawi, que llama todos los días en el aire para derrocar Muammar Gadafi y Bachar el-Assad.
En esta perspectiva, se organizó el regreso de Al-Qaradawi en su tierra natal. En el caso de victoria, el 18 de febrero pasado, han prohibido a los héroes podium de la Plaza Tahrir y le permitió hablar en su nombre ante una multitud de casi 2 millones de personas. El predicador luego tuvo amplia oportunidad de apropiarse de la revolución fuera de la lucha nacionalista egipcio Nasser y Jomeini-sionismo. Bajo su influencia, los egipcios dieron a elegir una asamblea constituyente y en lugar de modificar la ley de base para declarar el Islam la religión del estado.
Reasignado a Washington
Una vez que los compañeros de Bin Laden eran " luchadores por la libertad ". Fue en el momento de la Heritage Foundation organizó para recaudar fondos para apoyar la yihad del multimillonario anti-comunista, cuando en Hollywood Rambo ayudado a Al Qaeda para derrotar al Ejército Rojo.
Hoy en día, que son nuevos en el " luchadores por la libertad ", cuando le dicen a la OTAN para bombardear objetivos en suelo libio, o cuando se dispara indiscriminadamente contra la multitud y la policía en Siria.
Para coordinar su labor y la de las fuerzas de EE.UU., los cambios en los fondos ya se han celebrado en Riad. El clan de Saidairis impuesto el regreso del príncipe Bandar y el envío de "Águilas Nayef" a los manifestantes masacre en Bahrein y mezquitas chiítas afeitado. Pero los cambios de las cartas son los más importantes están en Washington.
El general David Petraeus, comandante de la Comando Central y Osama bin Laden utilizan las redes para asesinar a la oposición iraquí, fue nombrado director de la CIA. La conclusión es que la administración Obama quiere reducir su compromiso militar en favor de acciones encubiertas.
Leon Panetta, el director saliente de la CIA, es cuando su secretario de Defensa, un puesto reservado para un ex miembro de la Comisión Baker-Hamilton, que era parte con su amigo, Robert Gates. Él será responsable por los limitados compromisos militares en el suelo, excepto los de las fuerzas especiales.
El anuncio oficial, con casi una década de retraso, la muerte de Osama Bin Laden encuentra un anillo y se abre uno nuevo. Su carácter era la punta de lanza de la acción encubierta contra la influencia soviética, y luego de Rusia, antes de convertirse en el choque de civilizaciones de propaganda 11 de septiembre y se utiliza para eliminar la resistencia en Irak. Desgastados, no fue reciclable, por lo que sus combatientes estaban. En la actualidad, se le asignará a la desviación de la "primavera árabe" y la lucha contra el Eje de la Resistencia (Irán, Siria, Hezbollah, Hamas).
11 de septiembre: falsedades al descubierto
por Thierry Meyssan*
A ocho años de la caída de las torres gemelas, se derrumban elementos de la versión oficial: un libro de Eric Raynaud –que retoma investigaciones anteriores, algunas de ellas de la Red Voltaire– concluye que ningún avión de pasajeros se estrelló contra el Pentágono y que las torres no se derrumbaron por el impacto de los aviones
Ocho años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el periodista Eric Raynaud publica un libro que disecciona la versión gubernamental que Estados Unidos ofreció al mundo. Aunque las autoridades se aferran a su versión de los hechos, ningún experto se arriesga ya a apoyar los detalles de ésta. El enfoque despolitizado de Raynaud permite, efectivamente, la reconstrucción de un consenso en el seno de la sociedad y colmar el abismo existente entre la prensa y el público.
—Usted acaba de publicar 11-septembre, les vérités cachées (11-septiembre, las verdades ocultas). En este libro usted pasa en revista numerosos temas. Pero ¿cuáles son, en su opinión, los elementos más importantes de los que disponemos actualmente y que no se conocían hace ocho años?
—Un hecho esencial ha sido la divulgación del informe de la comisión investigadora instaurada por la administración de Bush-Cheney en el verano de 2004. Sus conclusiones eran tan inaceptables, en el plano intelectual, que han despertado la curiosidad de los pensadores, los científicos, los universitarios, los expertos, etcétera. Los rigurosos trabajos de estos últimos han dado como resultado que hoy, ocho años después de los hechos, están demostrados dos elementos fundamentales: ningún avión de pasajeros se estrelló contra el Pentágono y los derrumbes de las torres gemelas (del World Trade Center) no se debieron a los impactos de los Boeing 767 ni a los incendios provocados por el combustible de éstos. En realidad, la versión oficial sobre los dos hechos esenciales más espectaculares de aquel 11 de septiembre de 2001 está hoy descalificada.
—Es cierto, pero esos elementos ya estaban descalificados antes de la publicación de ese informe. ¿Por qué la publicación del informe cambió la percepción de la opinión pública sobre el tema y dio lugar a las asociaciones de ideas que usted menciona en su libro? Quisiera que se entienda bien el sentido de mi pregunta: ¿Por qué lo que yo (Thierry Meyssan) escribía en 2001-2002 era inaceptable en Estados Unidos y por qué, por el contrario, a partir de 2004 una parte de la opinión pública estadunidense consideró que lo inaceptable era la versión gubernamental?
—En efecto, esos hechos ya eran conocidos. Pero sólo lo eran para aquellos que estaban buscando la verdad, cada uno por su lado. Y estaban totalmente marginados. Las familias de las víctimas, los bomberos de Nueva York, todos los que habían expresado dudas desde el primer día estaban a la espera de ese informe. Ante esa maraña de verdades falsas, de deformaciones de la verdad, de “olvidos” particularmente molestos, toda esa gente saltó a la palestra, por decirlo de alguna manera. Sobre todo porque la credibilidad de gente como David Ray Griffin o Richard Gage y de sobrevivientes que dieron sus testimonios les permitió hacerlo. Desgraciadamente para la administración de Bush, ese momento coincidió más o menos con la aparición de la web 2.0, que fue un instrumento decisivo en esa lucha. Todos, eficazmente agrupados en asociaciones muy específicas y serias, intercambiaban sus informaciones, sus estudios, análisis. La suma de ese enorme trabajo tenía que arrojar como resultado, efectivamente, un cambio en la actitud de la opinión pública ante hechos que se habían vuelto evidentes. Me parece que usted cometió el error de haber tenido razón demasiado temprano sobre el atentado contra el Pentágono. Después de haber tratado de desmontarla por todos los medios, una cantidad considerable de periodistas estadunidenses aceptaron la tesis que usted había presentado. Y ellos mismos lo confiesan hoy en día, como David von Kleist que, después de haber sido un adversario de la tesis que usted expresara anteriormente, se encuentra hoy entre los Truthers (partidarios del movimiento estadunidense por la verdad sobre el 11 de septiembre. Nota del traductor) más activos.
—¿No sería posible considerar las cosas desde otro ángulo? Cuando yo emití las primeras críticas no existía una versión gubernamental coherente, sino un montón de información fragmentaria proveniente de diversas agencias. Siempre me respondían que yo no había entendido nada. Al tratar de unificar toda esa información fragmentaria en una versión única, la Comisión Presidencial se encontró ante la cuadratura del círculo. Su trabajo demostró esencialmente que era imposible contar esa historia de forma coherente. La comisión incluso evitó abordar numerosos problemas, llegando al extremo de olvidar el derrumbe del edificio siete.
—De todas formas el informe de la comisión investigadora estaba condenado al destino que finalmente ha tenido: al rechazo puro y simple por parte de los que estaban esperando lo que iba a decir la administración de Bush. Los atentados fueron un conjunto de hechos tan grandes, todos de carácter único, con algunos que parecen lógicos y otros que parecen menos lógicos, que resultaba una tarea imposible. Por cierto, George Bush se había dado cuenta de eso cuando rechazó, desde el principio, la creación de aquella comisión. Y cedió únicamente ante la presión popular, pero lo hizo tratando de minimizarlo: nada de medios, nada de dinero, poco tiempo y un hombre de confianza como director ejecutivo. A pesar de eso, si dos conocidos periodistas que trabajan para las mayores cadenas, entre ellos el corresponsal de la CNN en el Pentágono, dicen en vivo en los minutos siguientes al famoso suceso que “ningún avión se ha estrellado aquí”, parece difícil que una comisión investigadora gubernamental pueda citarlos cuando el gobierno afirma exactamente lo contrario. El problema de la comisión es que las palabras se las lleva el viento mientras que las imágenes y el sonido grabados van a perdurar. Y se pueden consultar. La misma preocupación existe en el caso del edificio siete. En un informe preliminar, la Federal Emergency Management Agency estipula que “no tiene explicaciones sobre las razones de la caída de este edificio de 186 metros de altura”. La agencia gubernamental encargada de continuar la investigación, el NIST, tampoco tiene explicación para esto… Así que se “olvida” la caída de un edificio prácticamente del mismo tamaño que la Torre Montparnasse (de París) a la velocidad de caída libre –6.5 segundos– en un informe de casi 600 páginas. Finalmente, en agosto de 2008, el NIST encuentra una explicación truculenta que no convence a nadie. Se trata, en efecto, de lograr la cuadratura del círculo. Por cierto, el presidente y el vicepresidente de esta comisión expresaron su desacuerdo en un libro que escribieron juntos posteriormente. Al igual que el abogado que fungía como consejero de esa misma comisión, un exfiscal federal, que escribió recientemente en un libro que el gobierno lo había obligado a mentir, para llamar las cosas por su nombre.
—En un asunto de Estado como éste, los testigos dicen ahora lo contrario de lo que habían dicho anteriormente. Usted citaba hace un instante a Jimmy McIntyre, el corresponsal de la CNN en el Pentágono. El 11 de septiembre él es categórico: ningún avión de pasajeros se estrelló contra el edificio. Pero ese mismo Jimmy McIntyre organiza en abril de 2002 un largo programa especial de la CNN en el que asegura que cuando yo me expreso como lo hago es por antiamericanismo y que es imposible poner en duda que el vuelo 77 se haya estrellado contra el Pentágono. La comisión escuchó sólo a dos testigos, que se retractaron, y descartó a todos los que insistían en contradecir la versión de la administración de Bush. A mí me costó mucho trabajo que la gente incorporara a sus análisis el derrumbe del edificio siete. Varios días después de los atentados, aquel hecho había desaparecido de la memoria colectiva. Y observo que la especulación bursátil anterior a favor de la baja, que antecedió al 11 de septiembre, también cayó en el olvido y, como señala usted en su libro, sólo fue mencionada nuevamente debido al escándalo de Madoff. Además, a pesar de todos mis esfuerzos, todo el mundo –incluyendo a los Truthers en Estados Unidos– se obstina en ignorar el incendio del anexo de la Casa Blanca y la comunicación de los atacantes con la Casa Blanca, en la que se usaron los códigos presidenciales, dos hechos ampliamente probados –el primero fue incluso filmado por ABC– y que impulsaron al consejero antiterrorista Richard Clarke a poner en marcha el Programa de Continuidad del Gobierno. ¿Cómo se explican todos esos ejemplos de amnesia colectiva?
—Sí, James McIntyre se contradijo sin el menor escrúpulo en CNN. A pesar de lo cual sus declaraciones del primer momento siguen estando accesibles. En cambio, el otro colega, Bob Plugh, nunca ha modificado en lo más mínimo su versión. El 11 de septiembre de 2001, McIntyre, corresponsal permanente de la CNN en el Pentágono, reporta en vivo que ningún avión se había estrellado contra el edificio. Posteriormente habrá de retractarse para convertirse en uno de los defensores de la versión gubernamental. En cuanto a la memoria colectiva, ya se sabe que es selectiva y que retiene únicamente –me refiero al público– lo que oye o lee en los medios de prensa. Y los medios estadunidenses, a pesar de tenernos acostumbrados a un mejor desempeño, sólo hicieron su trabajo durante los dos, tres o cuatro días posteriores a los atentados. Lo dice el propio Walter Pinkus, del Washington Post, uno de los veteranos más curtidos de la profesión. Hubo un tránsito muy rápido hacia la perorata controlada por el gobierno. Lo dramático es que se habla ante todo de las dos torres gigantes que se habían derrumbado y de los 3 mil muertos. Tuvo que pasar, en efecto, mucho tiempo antes de que se admitiera que el derrumbe del edificio siete tenía una importancia fundamental, y que era incluso el talón de Aquiles de la versión (del gobierno de) Bush. Hoy en día, toda la gente que tiene que ver con el tema sabe eso. Pero es verdad que tuvo que pasar mucho tiempo. A pesar de eso, todavía hoy, cuando usted pregunta de pronto en una conversación con un grupo de personas, en sociedad, “¿cuántos edificios se cayeron el 11 de septiembre?”, nueve de cada 10 respuestas será “dos”. En cuanto al incendio en el anexo de la Casa Blanca y la utilización de los códigos presidenciales, quizá sea un poco temprano todavía. No porque se trate de información sin importancia, todo lo contrario, sino porque, como dicen, puede ser que haya que darle tiempo al tiempo.
—No son ésos los únicos hechos que han caído en el olvido. ¿Sabía usted que ninguno de los magnates que tenían sus oficinas en el World Trade Center se encontraba allí aquel día porque estaban en Nebraska, precisamente en la base militar de Offutt, donde Bush se unió a ellos al mediodía? Esa información no estaba en mi libro. La publiqué poco después en el principal diario español, El Mundo, que es también mi editor en España. ¿Por qué la gente sigue sin querer tomar en cuenta todos los hechos?
—Sí, supe que cierto número de “consejos de administración” fueron “descentralizados” del World Trade Center aquel día… lo cual es un elemento realmente importante, sobre todo junto con la información que usted menciona. En eso también creo que cuando la máquina se ponga en marcha –y a mí me parece que está empezando a moverse– todo eso saldrá a la luz. Por mi parte, yo tomé una decisión con mi libro: la de contar lo que realmente sucedió el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, en función de lo que hoy es materia de consenso y con elementos irrefutables que el lector puede verificar por sí mismo. Digamos que creo haber redactado una obra de “sensibilización” sobre lo más espectacular que la gente recuerda de aquellos hechos. Y, según las primeras reacciones que he podido conocer, hay muchos que se han quedado muy sorprendidos. Todo eso es muy duro de admitir, pero es real. Se trata de una etapa. Como yo le decía hace un instante, lo demás tiene que venir detrás; pero es bueno tener todo esto en mente.
—Su libro nos muestra que, aunque algunas instituciones defienden aún la versión gubernamental sobre los atentados o algunos expertos apoyan en general las conclusiones (de esa versión), ningún profesional se arriesga ya a defender ningún aspecto en particular. Por ejemplo, se sigue diciendo que Al Qaeda atacó el Pentágono, pero ya ningún experto se atreverá a decir que identificó los restos de un Boeing en el lugar del crimen. O se habla, e incluso se lleva a la pantalla de cine, la rebelión de los pasajeros del avión desaparecido en Pensilvania, pero ya ningún experto se atreve a citar como auténticas las llamadas telefónicas en las que los pasajeros supuestamente dejaron testimonio de esa rebelión. ¿Cómo explica usted que sigan aferrándose a la versión gubernamental cuando no existe ya ningún elemento que la corrobore?
—Yo creo que simplemente no pueden hacer otra cosa. Yo digo en mi libro que la posición de esa gente se ha hecho ya absolutamente insostenible, pero ¿qué alternativa les queda? Ninguna que no sea persistir en la negación o, en el caso de algunos, ser condenados a varios cientos de años de cárcel. Además, eso es exactamente lo que está pasando: ya nadie se arriesga a defender un punto específico (de la versión oficial). Vi un documental sobre el vuelo 93 y sus numerosas llamadas telefónicas. Es posible que el realizador lo haya hecho de buena fe. Su documental es anterior al proceso contra Moussaoui, donde el propio FBI, al tener que presentar los informes sobre esas conversaciones telefónicas, explicó que en 2001 era técnicamente imposible llamar a tierra con un teléfono celular desde la altitud a la que se encontraba el vuelo 93. Así que, después de una confesión de esa magnitud, es muy difícil encontrar un “experto” que se atreva a discutir eso. No tiene nada de sorprendente que los partidarios de la versión oficial se sigan aferrando a ella a pesar de estar irremediablemente atrapados por pruebas como ésa. En cambio, que los medios de prensa que disponen de esas informaciones mantengan ese juego, ya perdido de antemano, sí resulta mucho más sorprendente –si se quiere considerar esa posición como sorprendente–. Aunque he notado, en los cuatro o cinco últimos meses, algunos síntomas, intermitentes pero perceptibles, en algunos colegas.
—Usted puso especial cuidado en recapitular hechos sin ofrecer ninguna interpretación. Tres hipótesis se distinguen a menudo: o la administración de Bush no tenía conocimiento previo de los atentados o tenía conocimiento pero permitió que se perpetraran, o está implicada en su realización. ¿Cómo se sitúa actualmente la opinión pública en Estados Unidos?
—La posición de los Trutherts, como David Ray Griffin, uno de sus inspiradores, con quien tuve la oportunidad de reunirme, es muy clara: “It’s an inside job”, me dijo sin pestañear. Es decir que se trata de un golpe preparado desde adentro, la tercera hipótesis que usted menciona. Estábamos solos, tomando un café, y me impresionó esa confidencia porque venía de un hombre tan preciso como prudente y astuto en sus declaraciones públicas. Aunque dejo casi siempre que mi lector se forme su propia opinión, tengo que decir que mi convicción al cabo de años de estudios sobre este tema es que la administración de Bush estaba perfectamente al corriente de lo que iba a suceder. No son pruebas lo que hace falta. Pero también un sector de esa administración –del lado de los neoconservadores, claro está– había “acompañado” los atentados. No me imagino a un grupo de islamistas manejando toneladas de nanotermita e instalándolas a su gusto por los tres edificios destruidos. Pero la convicción de Griffin me impresionó, porque yo sé que él tiene mucho que escribir aún sobre el tema, y que tiene informaciones de primera mano.
—En Estados Unidos, el Movimiento por la Verdad sobre el 11 de septiembre de 2001 reclama la “reapertura de una investigación”. Esos ciudadanos estadunidenses parecen pensar que se trata de un hecho de crónica roja que pudiera ser juzgado algún día por tribunales civiles y que la razón de Estado no existe. Sin embargo, sea cual sea la interpretación que podamos dar a esos hechos, está claro que esos atentados no sólo rebasan el marco del derecho nacional estadunidense, sino que caen en el campo del derecho internacional, y que la administración de Bush ha hecho de todo para esconder la verdad, ya sea directamente o a través de la comisión investigadora presidencial. ¿Qué significa entonces ese reclamo de una investigación judicial?
—Yo soy exactamente de la misma opinión que usted. Lo sucedido el 11 de septiembre no fue otra cosa que la fabricación de una justificación para emprender operaciones ya planificadas contra Afganistán y, después, contra Irak. Y en mi opinión, ese tipo de cosas cae dentro de la jurisdicción de un tribunal penal internacional. También pienso que los líderes del Movimiento por la Verdad tienen en mente eso mismo desde hace tiempo. Pero, mientras tanto, los cientos de miles de Truthers anónimos tienen, por su parte, sus propias cuentas que saldar en el terreno judicial y han trabajado como locos para eso: abrir una nueva investigación nacional, lograr que sean condenados todos los que mataron o dejaron matar a 3 mil estadunidenses. Es evidente que eso puede ser un inicio ideal para pasar a una fase internacional, pero también es cierto que se corre el riesgo de que se convierta en una etapa muy, muy larga. ¿A pesar de ello, piensan los líderes de los Truthers insistir en ese sentido antes de una nueva investigación seguida de grandes juicios? Me parece que no es imposible. Y, en todo caso, nada se opone a una acción de ese tipo, dados los argumentos y pruebas de los que actualmente disponen.
—El 11 de septiembre es un hecho estadunidense de consecuencias mundiales. Usted prefirió tratar ampliamente el Movimiento por la Verdad en Estados Unidos y dedicar unos pocos párrafos a las reacciones en el resto del mundo. ¿Significa eso que lo único importante o creíble es lo que pasa en el corazón del imperio?
—Por supuesto que no. Yo escribí este libro precisamente porque los hechos mundiales que fueron consecuencia del 11 de septiembre me parecen absolutamente insoportables. Simplemente, adopté como punto de vista el que en Francia no se conoce suficientemente la génesis de este catastrófico principio del tercer milenio. En la Europa francófona, en particular en Francia, sólo se habla de aquel hecho a través del anatema, del insulto y la imprecación. Yo quise proporcionar elementos que sirvan de base a una discusión sana, entre adultos, sobre un hecho que cambió totalmente el mundo. Así que es muy evidente que yo observo con la mayor atención lo sucedido y lo que está sucediendo, la intrusión en el Medio Oriente y los próximos blancos del plan, Rusia y China, por ejemplo. Traté de poner a la gente al tanto de lo que realmente sucedió el 11 de septiembre de 2001. Ahora es probable que me dedique a estudiar otros aspectos del problema. Hay tanto que escribir…
Las Torres de New York colapsaron por demolición controlada
por Elaine Jarvik*, Steve E. Jones*
Una investigación a fondo de los eventos del 11 de septiembre del físico Steven E. Jones, profesor de la Universidad Brigham Young, concluyó que la explicación oficial para el derrumbe de los edificios del Centro Mundial de Comercio (WTC, en inglés) resulta inverosímil según las leyes de la física. Jones y otros 50 colegas están reclamando una investigación científica independiente e internacional «no guiada por intereses politizados y restricciones, sino por observaciones y cálculos».
Trayendo a la realidad la explicación oficial del colapso de los tres edificios del WTC, Jones citó el completo, rápido y simétrico desplome de las torres; las explosiones horizontales (mechas) evidenciadas en las películas de los derrumbes; el hecho de que la antena cayó primero en la torre del norte, sugiriendo el uso de explosivos en las columnas de la base; y las grandes piscinas de metal fundido observadas en las áreas del sótano de ambas torres.
Jones miembro del movimiento científico Scholars for 9/11 Truth (Científicos por la Verdad) también investigó el derrumbamiento del WTC 7, uno de los 47 edificios de la historia que no fue impactado por los aviones, pero al caer dejó su propia «huella» de manera semejante a una demolición controlada. El WTC 7 albergaba dependencias del Servicio Secreto de EEUU, del departamento de Defensa, Servicio de Inmigración y Naturalización, Comisión de Seguridades e Intercambio de EEUU, Oficina de Manejo de Emergencias del Alcalde, Consejo Regional del Servicio de Renta Pública y de la Agencia Central de Inteligencia. Muchos de los expedientes del escándalo de la contabilidad de Enron fueron destruidos cuando el edificio se vino abajo.
Jones reclama que el National Institute of Standards and Technology (NIST) o Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, no hizo caso de la física y de la química en lo qué sucedió el 11 de septiembre (9/11) e inclusive manipuló sus pruebas a fin de adecuarlas para conseguir una hipótesis generada por computadora sobre el resultado final del colapso e, incluso, no se interesaron en investigar la posibilidad de una demolición controlada. También cuestiona las investigaciones conducidas por FEMA (sigla en inglés de la Federal Emergency Management Agency) y la Comisión del 9/11.
Resultados dudosos del informe:
Nunca ningún edificio de estructura de acero colapsó debido al fuego, antes o después de las torres del WTC. Pero los explosivos pueden romper con eficacia las columnas de acero.
El edificio WTC 7, que no fue impactado por los aviones secuestrados, colapsó en 6,6 segundos, justo 0,6 de segundo más de lo que demoraría en caer un objeto desde la azotea hasta golpear la tierra.
«¿Donde está el retraso previsto por la conservación del ímpetu, una de las leyes fundacionales de la física?, pregunta Jones. Es decir, como las caída de los pisos superior golpeó los pisos inferiores dejando intactas las columnas de acero, tal caída debió ser impedida significativamente por la masa impactada».
«¿Cómo logran caer tan rápidamente los pisos superiores y, entonces, todavía conservar el ímpetu en los edificios derrumbándose? La paradoja -dice Jones- se resuelve fácilmente por la hipótesis de la demolición controlada, donde los explosivos removieron rápidamente el material de los pisos inferiores, incluyendo el soporte de las columnas de acero, y permitieron el colapso a una velocidad cercana a la caída libre». Estas observaciones no fueron analizadas por FEMA, NIST o la Comisión 9/11.
Un derrumbe por causas no explosivas típicamente amontona virutas de concreto roto. Pero la mayoría del material de las torres fue convertido en harina, como polvo, mientras los edificios estaban cayéndose. «¿Cómo podemos entender este comportamiento extraño, sin explosivos? Extraordinario, asombroso, y exigimos un escrutinio puesto que los informes financiados por el gobierno de EEUU no pudieron analizar este fenómeno».
Los soportes de acero «en parte se evaporaron», pero se requieren temperaturas cercanas a 5.000 grados Fahrenheit [2760 grados C°] para evaporar el acero y ningún material de oficina ni el combustible diesel pueden generar temperaturas tan altas. El fuego causado por el combustible (fuel oil) del motor a reacción de los aviones secuestrados duró a lo sumo unos minutos y la combustión de los materiales de oficina consumidos por el fuego dura aproximadamente veinte minutos en cualquier locación dada.
El metal fundido encontrado en las ruinas del WTC pudo haber sido el resultado de una reacción de alta temperatura de un explosivo normalmente usado como el thermite. Edificios no destruidos por explosivos «tienen insuficiente energía dirigida como para producir la fundición de grandes cantidades de metal», dice Jones.
Si numerosos observadores ubicados adentro y cerca de las torres escucharon explosiones múltiples, ruidosas y en secuencia rápida, y estas explosiones ocurrieron debajo, lejos de la región donde impactaron los aviones ¿cómo tantas personas pudieron superar esos obstáculos?
«...Acontecimientos orquestados por el gobierno...»
Jones, al frente de un grupo llamado «Eruditos o Científicos por la Verdad del 9/11» (ya un miembro de esta asociación ha sido asesinado en extrañas circunstancias), en enero de 2006 llamó a una investigación internacional sobre los ataques y llegó tan lejos como acusar el gobierno de EEUU de un encubrimiento masivo.
Creemos que los más altos funcionarios del gobierno han encubierto hechos cruciales sobre lo qué realmente sucedió el 11 de septiembre’, dijo el grupo en una declaración. ’Creemos que estos acontecimientos pudieron haberse orquestado por la administración para manipular a los ciudadanos estadounidense para obtener apoyo a sus políticas en el país y en el extranjero.
El grupo está liderado por Jones y James H. Fetzer, profesor emérito (McKnight de filosofía) de la Universidad de Minnesota Duluth, y participa un grupo de 50 académicos y expertos, incluyendo a Robert M. Bowman, ex director del programa de defensa del espacio de EEUU conocido como «Guerra de las Galaxias», y Morgan Reynolds, ex jefe de economistas del departamento del Trabajo en el primer período del presidente George W. Bush.
11 de septiembre: una provocación mundial
por General Leonid Ivashov*
El General ruso retirado Leonid Ivashov, antiguo jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, es una de las personas mejores informadas en el mundo, no sólo por el importante cargo que ocupó y que le permitió gozar de una serie de sofisticadas herramientas: satélites artificiales, inteligencia militar, equipo de analistas y otras redes de informaciones secretas o confidenciales, sino porque también hoy en día es vicepresidente de la Academia de Geopolítica en Moscú. Pero lo más destacado del General Ivashov es su transparencia y sinceridad al momento de hablar de problemas políticos de poder mundial que están afectando la Humanidad y que otras personas de su condición guardarían silencio por razones de Estado.
La experiencia de la humanidad demuestra que el terrorismo aparece donde quiera que se produce una agravación de las contradicciones en un momento determinado, donde las relaciones comienzan a degradarse en el seno de la sociedad y donde el orden social sufre cambios, allí donde surge la inestabilidad política, económica y social, donde se liberan potenciales de agresividad, donde decaen los valores morales, donde triunfan el cinismo y el nihilismo, donde se legalizan los vicios y donde la criminalidad se desarrolla aceleradamente.
Los procesos ligados a la globalización crean condiciones favorables para esos fenómenos, extremadamente peligrosos. Provocan una nueva división del mapa geopolítico del mundo, una redistribución de los recursos del planeta, violan la soberanía y borran las fronteras de los Estados, desmantelan el derecho internacional, acaban con la diversidad cultural, empobrecen la vida espiritual y moral.
Pienso que hoy en día podemos hablar de una crisis sistémica de la civilización humana. Esta se manifiesta de forma particularmente aguda en el plano de la interpretación filosófica de la vida. Sus manifestaciones más espectaculares tienen que ver con el sentido que se atribuye a la vida, a la economía y al campo de la seguridad internacional.
La ausencia de nuevas ideas filosóficas, la crisis moral y espiritual, la deformación de la percepción del mundo, la difusión de fenómenos amorales contrarios a la tradición, la competencia por el enriquecimiento ilimitado y el poder, la crueldad, llevan la humanidad a la decadencia y quizás a la catástrofe.
La inquietud, así como la falta de perspectivas de vida y de desarrollo en la que se ven sumidos muchos pueblos y Estados constituyen un importante factor de inestabilidad mundial.
La esencia de la crisis económica se manifiesta en la lucha implacable por los recursos naturales, en los esfuerzos que despliegan las grandes potencias mundiales, sobre todo los Estados Unidos de América, así como algunas empresas multinacionales para someter a sus intereses los sistemas económicos de otros Estados y tomar el control de los recursos del planeta, sobre todo el de las fuentes de aprovisionamiento en hidrocarburos.
La destrucción del modelo multipolar que garantizaba el equilibrio de fuerzas en el mundo provocó también la destrucción del sistema de seguridad internacional, de las normas y principios que regían las relaciones entre los Estados, y la del papel de la ONU y de su Consejo de Seguridad.
Hoy por hoy Estados Unidos se arroga el derecho de decidir el destino de otros Estados, de cometer actos de agresión, de someter los principios de la Carta de las Naciones Unidas a su propia legislación. Fueron precisamente los países occidentales quienes, mediante sus acciones y agresiones contra la República Federativa de Yugoslavia e Irak y al permitir de forma evidente la agresión israelí contra el Líbano, amenazando a Siria, Irán y otros países, liberaron un enorme energía de resistencia, de venganza y de extremismo, energía que reforzó el potencial del terror antes de volverse, como un bumerang, contra el propio Occidente.
El análisis de la esencia de los procesos de globalización, así como de las doctrinas políticas y militares de Estados Unidos, demuestra el terrorismo favorece la realización de los objetivos de dominación mundial y la sumisión de los Estados a los intereses de la oligarquía mundial.
Eso significa que (el terrorismo) no constituye por sí mismo un actor de la política mundial sino un simple instrumento, el medio para instaurar un nuevo orden unipolar con un centro de mando mundial único, para borrar las fronteras nacionales y garantizar el dominio de una nueva élite mundial. Es precisamente esta última el principal actor del terrorismo internacional, su ideólogo y su “padrino”.
También es ella la que se esfuerza por dirigir el terrorismo contra otros Estados, incluyendo a Rusia.
El principal blanco de la nueva élite mundial es la realidad natural, tradicional, histórica y cultural que sentó las bases del sistema de relaciones entre los Estados, de la organización de la civilización humana en Estados nacionales, de la identidad nacional.
El actual terrorismo internacional es un fenómeno que consiste, para estructuras gubernamentales y no gubernamentales, en utilizar el terror como medio de alcanzar objetivos políticos aterrorizando, desestabilizando a la población en el plano socio-sicológico, desmotivando las estructuras del poder del Estado y creando condiciones que permitan manipular la política del Estado y el comportamiento de la ciudadanía.
El terrorismo es un medio de hacer la guerra de manera diferente, no convencional. Simultáneamente, el terrorismo, conjugado con los medios [de difusión], se comporta como un sistema de control de los procesos mundiales.
Es precisamente la simbiosis entre los medios [de difusión] y el terror lo que crea las condiciones favorables a grandes trastornos en la política mundial y en la realidad existente.
Si se examinan en ese contexto los hechos ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
El atentado terrorista contra las torres gemelas del World Trade Center modificó el curso de la historia mundial destruyendo definitivamente el orden mundial resultante de los acuerdos Yalta-Potsdam;
Desató las manos a Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, permitiéndoles realizar acciones contra otros países en abierta violación de las reglas de la ONU y de los acuerdos internacionales;
Estimuló el desarrollo del terrorismo internacional. Por otro lado, el terrorismo se presenta como un instrumento radical de resistencia a los procesos de globalización, como un medio de lucha de liberación nacional, de separatismo, como un medio para resolver los conflictos entre las naciones y las religiones y como un instrumento de lucha económica y política.
En Afganistán, en Kosovo, en Asia Central, en el Medio Oriente y en el Cáucaso, comprobamos que el terror sirve también para proteger a narcotraficantes, desestabilizando sus zonas de paso.
Está comprobado que en un contexto de crisis sistémica mundial el terror se ha convertido en una especie de cultura de la muerte, en la cultura de nuestra cotidianidad. Irrumpe en la próspera Europa, atormenta a Rusia, sacude el Medio Oriente y el este de Asia. Hace que la comunidad internacional se vuelva adicta a la injerencia violenta e ilegal en los asuntos internos de los Estados y a la destrucción del sistema de seguridad internacional. El terror engendra el culto de la fuerza y somete a esta la política, el comportamiento de los gobiernos y el de la población.
Lo más espantoso es que el terrorismo tiene mucho futuro debido a la nueva espiral de guerra que hoy se perfila por la redistribución de los recursos mundiales y por el control de las zonas claves del planeta. Dentro de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, aprobada este año por el congreso estadounidense, el objetivo abiertamente declarado de la política de Washington es «garantizar el acceso a las regiones claves del mundo, a las comunicaciones estratégicas y a los recursos mundiales», teniendo como medio para lograrlo la realización de golpes preventivos contra cualquier país.
Desde el punto de vista del congreso, Estados Unidos puede entonces adoptar una doctrina de golpes nucleares preventivos, que tiene mucho de terrorismo nuclear.
Ello implica la utilización a gran escala de sustancias nocivas y de armas de destrucción masiva. No habrá escrúpulos a la hora de determinar los medios a emplear para responder a un ataque. Sólo será cuestión de escoger los medios.
La provocación mediante un acto de terrorismo se convierte en un medio para alcanzar objetivos políticos a escala global, regional o local. Así fue como una provocación organizada en la localidad de Rachic (en Kosovo, Serbia) acabó dando lugar al cambio de régimen político en Serbia y al derrumbe de la República Federativa de Yugoslavia, mientras que servía de pretexto a la agresión de la OTAN y a la separación de Kosovo de Serbia. Se trata en ese caso de una provocación a escala regional. Lo mismo se puede decir de la reciente provocación que dio lugar a la agresión de Israel contra el Líbano, en julio de 2006.
Las explosiones en el metro de Londres, los desórdenes de Paris en 2005-2006, son provocaciones locales que tuvieron repercusiones en la política y en la opinión pública en Gran Bretaña y en Francia.
Detrás de prácticamente cada acto de terrorismo se esconden fuerzas políticas poderosas, empresas transnacionales o estructuras criminales con objetivos precisos. Y casi todos los actos terroristas, con excepción de las actividades de liberación nacional, son en realidad provocaciones. Incluso en el caso de Irak, las explosiones en las mezquitas sunnitas y chiítas no son más provocaciones organizadas según el principio «divide y vencerás». Lo mismo sucede con la toma de rehenes y el asesinato de miembros de la misión diplomática rusa en Bagdad.
El acto terrorista cometido con fines provocativos es tan antiguo como la humanidad misma. Provocaciones terroristas sirvieron precisamente como pretexto para el desencadenamiento de las dos guerras mundiales.
Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 constituyen una provocación mundial. Se puede hablar incluso de una operación a escala mundial. Las operaciones de este tipo generalmente permiten resolver varios problemas mundiales a la vez. Se pueden definir de la siguiente manera:
1. La oligarquía financiera mundial y Estados Unidos obtuvieron el derecho no formal de recurrir a la fuerza contra cualquier Estado.
2. El papel del Consejo de Seguridad se devaluó. Actualmente desempeña cada vez más a menudo el papel de organización criminal cómplice del agresor y aliado de la nueva dictadura fascista mundial.
3. Gracias a la provocación del 11 de septiembre, Estados Unidos consolidó su monopolio mundial y obtuvo acceso a cualquier región del mundo así como a sus recursos.
El desarrollo de una operación-provocación cuenta siempre con la obligada presencia de 3 elementos:
el que ordena que se realice,
el organizador y
el que la ejecuta.
En el caso de la provocación del 11 de septiembre, y contrariamente a la opinión dominante, «Al Qaeda» no podía ordenar su realización, ni organizarla ya que no disponía de los recursos financieros (enormes) que exigiría una acción de tanta envergadura.
Todas las operaciones que ha realizado esa organización son acciones de tipo local y bastante primitivas. No dispone de los recursos humanos, de una red de agentes lo suficientemente desarrollada en territorio estadounidense, que le permitirían penetrar las decenas de estructuras públicas y privadas que garantizan el funcionamiento de los transportes aéreos y que velan por su seguridad.
Por consiguiente, Al Qaeda no podría haber sido el organizador de esa operación (si no ¿de qué sirven el FBI y la CIA?).
En cambio, sí puede haber sido un simple ejecutante de este acto terrorista.
En mi opinión, puede haber sido la oligarquía financiera mundial la que ordenó la realización de esa provocación, para instaurar de una vez y por todas «la dictadura fascista mundial de los bancos» (expresión del conocido economista estadounidense Lyndon Larouche) y para garantizar el control de los limitados recursos mundiales en materia de hidrocarburos.
Se trataría además de garantizar para sí misma el predominio mundial por largo tiempo. La invasión de Afganistán, país rico en yacimientos de gas, la de Irak y quizás también la de Irán, países que cuentan con reservas de petróleo de nivel mundial, así como la instauración de un control militar sobre las estratégicas vías de transporte del petróleo y el radical aumento de precio de este último son todos consecuencias de los sucesos del 11 de septiembre de 2001.
El organizador de la operación puede haber sido un consorcio bien organizado y abundantemente financiado y compuesto de representantes (antiguos y actuales) de los servicios secretos, de organizaciones masónicas y de empleados de los transportes aéreos.
La cobertura mediática y jurídica la garantizaron órganos de prensa, juristas y políticos a sueldo. Los ejecutores fueron escogidos en función de su origen étnico en la región que posee los recursos naturales de importancia mundial.
La operación se realizó con éxito, los objetivos fueron alcanzados.
La expresión «terrorismo internacional», como principal amenaza para la humanidad, irrumpió en el diario quehacer político y social.
Esa amenaza se identifica con la persona de un islamista, ciudadano de un país que dispone de enormes recursos en materia de hidrocarburos. Se ha destruido el sistema internacional construido en la época en que el mundo era bipolar y se han alterado las nociones de agresión, de terrorismo de Estado y de derecho a la defensa.
El derecho de los pueblos a la resistencia ante la agresión y frente a las actividades subversivas de los servicios secretos extranjeros así como el derecho a la defensa de sus intereses nacionales está siendo pisoteado. En cambio, se confieren todas las garantías a las fuerzas que tratan de instaurar una dictadura mundial y de dominar el mundo.
Pero la guerra mundial no ha terminado aún. La provocaron el 11 de septiembre de 2001 y no es más que el preludio de grandes sucesos que están por ocurrir.
Ahmadinejad, presidente de Irán: la gran impostura sirvió de pretexto para invadir Afganistán
En un discurso pronunciado el 8 de marzo de 2010 ante los servicios de inteligencia iraníes, el presidente Mahmud Ahmadinejad presentó su visión del mundo y de las relaciones internacionales.
Al referirse a los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dieron un vuelco a la historia contemporánea, el presidente Ahmadinejad denunció una gran impostura que permitió ante todo justificar la invasión contra Afganistán. Para el presidente iraní, el uso del terrorismo y la guerra constituye una característica del estilo sionista de dominación y de su sistema económico: el capitalismo. El presidente Ahmadinejad estima que la Revolución islámica representa una alternativa allí donde el materialismo marxista no ha tenido éxito.
En los últimos años, el presidente de Irán venido denunciando repetidamente «la gran mentira» del 11 de septiembre. El referido discurso tiene lugar precisamente antes de la visita del presidente Ahmadinejad a Afganistán, prevista para principios de esta semana.
DEMOLICIÓN CONTROLADA DE LAS TORRES GEMELAS:
SABEMOS QUE FUERON USTEDES…

En enero de 2007 mientras veía un documental sobre el Atentado a las Torres Gemelas me llamó la atención una imagen de una masa amorfa de cemento y acero encontrada en las bases de los escombros del WTC.
Sin ser un conocedor de la teoría del derrumbe controlado, en sólo un par de segundos comprendí que se podía demostrar científicamente que el Gobierno de Estados Unidos le había mentido al mundo. Pero la idea era demasiada audaz. ¿Mis colegas metalúrgicos se darían cuenta de lo mismo que yo? Seguramente mis colegas detectarían un error en mi razonamiento, así que les escribí un e-mail solicitándoles que vieran el documental sin mencionar la intención de mi solicitud. A la semana siguiente comencé a recibir sus comentarios y con sorpresa descubrí que a ninguno de ellos se les había escapado el “pequeño gran detalle”. Según el informe oficial del National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, los 90.000 litros de combustible de cada avión consiguieron elevar la temperatura en el interior de las Torres a un máximo de 1000º C (cualquier metalúrgico conocedor de los altos hornos bajaría la temperatura a 700ºC). Ese es el valor oficial para explicar el derrumbe: 1000º C como máximo. Entonces ¿Cómo se explica que en las bases del WTC se haya encontrado una masa amorfa de acero y cemento siendo que cualquier metalúrgico sabe que para conseguirlo se necesita cerca de 3000º C?
Luego, la existencia de este “meteorito” demuestra que hubo algo más que combustible de aviones en el Atentado de las Torres Gemelas. ¿Qué otra cosa será capaz de conseguir una temperatura de 3000º C? Por esas cosas de la vida uno de mis colegas es hijo de un General del Ejército de mi país y siete años antes, cuando yo era un estudiante, me había hablado sobre un explosivo militar conocido como “termita” y que era capaz de elevar la temperatura a 3000º C en sólo dos segundos. Como conocedor de la técnica minera de tronadura con retardo, sé que se pueden sincronizar explosiones con el objetivo de direccionar la onda expansiva. En el caso de querer derrumbar una Torre de un modo controlado, las cargas explosivas deben estar colocada obviamente en las columnas principales. La pregunta del millón: ¿Existen indicios de utilización de termita en las columnas principales de las Torres Gemelas? Para mi propio asombro, la respuesta es un rotundo sí. En primer lugar, durante los últimos segundos de existencia de las Torres pueden verse pequeñas explosiones con una increíble claridad y que anteceden en unos 25 metros hacia abajo el avance del proceso de derrumbe vertical. Pero esto no es lo más importante. Vean la siguiente imagen que muestra el estado de las columnas principales después del colapso:
Es como si el acero hubiera sido cortado con una especie de cuchilla tan caliente que el acero se comportó durante un par de segundos como si fuera mantequilla. ¡Esa es la exacta descripción de lo que le hace la termita al acero! Además, la orientación del corte no es aleatoria. Los cortes en diagonal diferencian un derrumbe normal de un derrumbe “controlado”. Los cortes en diagonal son realizados por equipos profesionales de elite mediante la utilización de termita en su forma de “bomba de carga lineal” con el objetivo de que el edificio “camine” al perder sustentación, consiguiendo de este modo que los escombros vayan cayendo unos sobre otros.
Michael Zolensky no Responde
Tal como en este Blog se ha expuesto, el Dr. Michael (Mike) Zolensky fue uno de los primeros científicos, con conocimientos en Meteoritos clasificados, quien analizó un trozo de Veas-01 a comienzos de 2004. En su momento Zolensky argumentó en contra de Veas-01 como perteneciente a un Meteorito debido a la falta de Ni (inferior al 1%). Su primera conclusión, la cual nos envió por correo electrónico, fue sobre el metal de Veas-01: (para él) "se trataba de un acero de origen humano". Evidentemente, Mike no tomó en cuenta los fenómenos de antiferromagnetismo, ni el tamaño de la Austenita presente, ni efectuó pruebas para obtener la Temperatura de Curie, entre otros análisis importantes que debió haber efectuado, antes de concluir inicialmente que se trataba de un Acero "inteligente". En aquel entonces, en menos de 2 días luego de haber recibido una muestra de Veas-01, el Sr. Zolensky nos envía una primera conclusión ( y con sólo haber efectuado un corto análisis con Microsonda).
Sin embargo, hoy, luego que le enviásemos a Mike una carta certificada (el 12 de febrero de 2007) pidiéndole que nos proporcionara información técnica sobre la misteriosa estructura de Hierro y Cemento encontrada por NASA en las Bases de las Torres Gemelas conocida como "El Meteorito", y para que nos certificase si esta Masa se trata en verdad o no de un Meteorito, o bien si corresponde al Acero de las Twin Towers que se mezcló con Cemento a altas temperaturas, resulta que ahora él no responde ni da señales de haber recibido nuestra carta.
Si la NASA y el NIST han podido analizar esta Masa desde el 16 de Septiembre de 2001, ¿cómo puede entenderse que ni los americanos ni el Mundo entero aún no posean datos sobre las Metalografías, Análisis Químicos, etc., practicados sobre esta misteriosa Roca?. Si en verdad se tratase de un Meteorito encontrado en las Bases de las Torres Gemelas, ¿no hubiese sido un hallazgo interesante para todo el Mundo el saber que, luego de tanto dolor y destrucción, y debido a la pérdida de vidas humanas inocentes, siquiera este hallazgo científico podría mitigar, en parte, la tragedia vivida aquel fatídico día?
Pero entonces, "un escalofrío" recorre nuestro cuerpo: ¿Qué tal si esta masa encontrada en las bases de las Torres Gemelas, curiosamente apenas 5 días después de la caída, no se tratase de un Meteorito, sino del Acero y Cemento pertenceciente a las Torres debido a un incremento brusco de la temperatura por sobre los 2750 ºC (cosa que no pueden producir los aviones)? Esto signficaría que los aviones de los terroristas no fueron responsables en la caída de los 110 pisos de las Torres en menos de 9 segundos, sino que alguien "desde dentro" de los Estados Unidos se aseguró de facilitar el que "ciertos grupos" colocaran explosivos militares en el corazón de las Torres, de modo de asegurar una caída rápida, al estilo de lo que se conoce como Demolición Controlada.

He leido todos los informes en PDF que hasta la fecha ha emitido el NIST, en su sitio web, sobre las posibles causas del "desplome" de las dos Torres, y en éstos aún no se han incluido el listado de microfotografías del acero que conformaba las diversas vigas, tanto en el corazón como el la periferia, ni el de las junturas, producto de un serio Análisis Metalográfico. ¿Puede explicarse que luego de 6 años de la tragedia, aún no estén los informes importantes que expliquen la causa de la caida de las Torres en un efecto dominó?

Quizá el NIST no posea los especialistas calificados para hacer buenos análisis metalográficos, de manera que las muestras podrían derivarse a algunos de los laboratorios de las Fuerzas Armadas o de la Marina Norteamericana, lugares donde los aceros son estudiados y probados diariamente. Uno de los laboratorios que yo sugeriría para los análisis podría ser el de la Office of Naval Research (ONR). Los americanos podrían exigir, por medio de algunos de sus Representantes Demócratas en el Congreso, que tanto las vigas de acero de las Torres, así como "El Meteorito", sean analizados por nuevos laboratorios y comparar así los resultados obtenidos por éste y aquél.

Así como Mike fue blanco de mis consultas (por ser él uno de los que en la NASA sabe más sobre meteoritos), también mis preguntas, sobre una definición clara sobre el origen de la Masa "El Meteorito", fueron dirigidas a los Ingenieros expertos en NIST (encargado del Análisis de las Causas del Derrumbe de las dos Torres) como también al Museo de Historia Natural de Londres (sección Meteoritos). De todos ellos, sólo el Museo de Londres contestó que en el transcurso de una semana me responderían (y ya ha trascurrido más de un mes de aquello).
Si alguien desde dentro de los Estados Unidos estuvo implicado en la facilitación y acceso a la Zona Cero, para permitir la disposición de Explosivos como el TH3, ésto quedaría claramente demostrado con sólo determinar si "El Meteorito" es o no un Meteorito. Si lo es, todos debiéramos tener acceso a la información relativa a este interesante nuevo caso de Siderolito extraterrestre, lo que daría nuevo material de estudio a los investigadores. Más, si "El Meteorito" no es tal, esto explicaría el silencio y la demora de Mike, de la NASA y del NIST en pronunciarse sobre el origen de este intrigante objeto.

Por último, y para finalizar, ¿No resulta extraño para el público que nosotros, aquí en un país Sudaca, haciendo nuestros mejores esfuerzos, hemos podido analizar lo que parece ser un Meteorito no Clasificado (Veas-01), y en cambio la NASA y el NIST, con todos lo recursos y laboratorios, luego de más de 6 años de "presunto estudio", no tengan siquiera la más mínima publicación, metalografía o análisis químico simple, de esta gran Masa conocida como "El Meteorito"?

Sería terrible, y vulneraría toda la confianza, el que se supiese que aquellas mismas instituciones que han sido creadas para aumentar el prestigio del Hombre y el crecimiento de nuestro Conocimiento sobre el Universo, sean las mismas instituciones que hoy amparan la propia destrucción y asesinato de sus propios compatriotas; de aquellos americanos que día a día se sacrifican y dan lo mejor de sí para hacer Grande su Patria.

Si Ud. es dueño de un Banco, y contrata a un Jefe de Seguridad, y éste no se encuentra en su puesto el dia de un Asalto Bancario, o lo que es peor, Ud. descubre que el propio Jefe de Seguridad y sus escoltas facilitaron desde adentro la entrada de los "Delincuentes", ¿No deberían ser fusilados inmediatamente, luego de un Juicio Justo, para que sirva de escarmiento a los demás?

Es de esperar que alguno de los americanos que habitualmente accede a este Blog, tome en cuenta mis palabras, y junto con otras entidades, comités y organizaciones partidistas, exijan claridad en los datos entregados. El Gobernador Howard Dean, representante y líder del Partido Demócrata, quizá podría acoger nuestras peticiones y clarificar QUIÉN AUTORIZÓ EL ATENTADO TERRORISTA A LAS TORRES GEMELAS.

La inconfesable alianza de Gabino Cué

2010-12-09T10:53:00.001-06:00

Diego Enrique Osorno
Gabino Cué no sólo contó con el apoyo del presidente Calderón, la APPO y López Obrador para ganar la gubernatura de Oaxaca. Un aliado clave y oculto fue Jorge Franco Vargas, el brazo derecho de Ulises Ruiz Ortiz.
Jorge Franco Vargas, el hombre más poderoso en Oaxaca durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, intervino en 2009 los teléfonos del diputado federal Eviel Pérez Magaña, quien desde entonces se perfilaba como el delfín del gobernador para contender por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2010. Franco quería ser el candidato. No dudaba merecerlo luego de la ayuda que brindó al gobernador durante la rebelión de 2006, cuando quitó del camino a opositores como el líder magisterial Enrique Rueda Pacheco, a quien compró con unos cuantos millones de pesos. Franco, desde la Secretaría de Gobierno, se deshizo también —mediante modos no siempre monetarios— de otros dirigentes que pedían la renuncia de Ruiz Ortiz.
Dos semanas antes de que el hoy ex gobernador de Oaxaca diera a conocer que Pérez Magaña sería el candidato priista, Franco Vargas visitó a su entonces amigo Ruiz Ortiz para decirle a bocajarro: “¿Traes a Eviel?”. Era la sexta ocasión en que se lo preguntaba. Ulises Ruiz le respondió que no, pero Franco Vargas, a través de su red de espionaje telefónico, escuchaba cómo Ulises ya le daba indicaciones a Pérez Magaña para que se preparara como el candidato que enfrentaría a Gabino Cué Monteagudo.
PRIMEROS ACERCAMIENTOS
En ese entonces Franco era el presidente estatal del PRI, aunque en los hechos era una especie de vicegobernador. Salvo “el dedazo” de la sucesión, las otras decisiones administrativas y políticas importantes se tomaban en su oficina. El poder que le había otorgado Ulises Ruiz desde el primero de diciembre de 2004 no sólo se mantenía intacto, sino que había crecido.
Finalmente, Ulises Ruiz dio a conocer lo que Franco Vargas ya sabía: que Pérez Magaña sería el candidato. El ex gobernador oaxaqueño decía a sus cercanos que el nombramiento de Pérez Magaña se debía, entre otras cosas, a que Alfredo Harp Helú y Carlos Slim respaldaban su candidatura, lo cual no era cierto.
El mismo día del anuncio, Franco Vargas buscó establecer contacto con el equipo de campaña de Cué. Para esto se valió de Amador Jara, a quien Franco había apoyado para que consiguiera la presidencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca. Cué trataba de incluir a los perredistas estatales en la alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia y, paradójicamente, no fueron el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ni el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quienes determinaron el apoyo del PRD a Cué, sino Franco Vargas, el funcionario más señalado por encabezar la represión en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y otros grupos rebeldes.
El apoyo de Franco a Cué Monteagudo no paró ahí. Desde su posición de poder y sin renunciar al PRI, logró que un importante sector de la iglesia cristiana local —representada por el pastor Elías Betanzos— apoyara también al candidato opositor. No es poca cosa: el movimiento cristiano oaxaqueño tiene su peso: en 2006 fue uno de los pocos grupos que salieron a las calles a respaldar abiertamente la permanencia de Ruiz Ortiz en su cargo, para lo cual montó incluso una estación de radio clandestina (Radio Ciudadana), desde la que arremetieron en contra de Los Appos, como despectivamente se les llamaba a los manifestantes que sitiaron la ciudad con marchas y barricadas.
Otro de los guiños que hizo a la campaña del actual gobernador de Oaxaca fue que, durante la contienda, algunos líderes regionales que el propio Franco Vargas había hecho desertar de forma espectacular años atrás, tanto del PAN como del PRD —con la quema de sus credenciales delante de los medios de comunicación y el anuncio de su ingreso al PRI incluidos—, regresaron a sus respectivos partidos por órdenes de Franco. Uno de los casos más evidentes fue el de Samuel Bautista, del municipio de Ejutla.
ESPIONAJE Y FILTRACIONES
Aunque el presidente del PRD en Oaxaca, Amador Jara, no era de toda la confianza de Gabino Cué, tomó mayor protagonismo a lo largo de la contienda debido a que era el puente con Franco Vargas, a quien Cué nunca vio en persona, por lo menos hasta principios de noviembre. A través de Jara, Franco intentó colar candidatos de su equipo, como Héctor Sánchez, en Juchitán, un antiguo líder de la izquierda del Istmo de Tehuantepec que acabó al servicio del PRI.
Miembros del equipo de campaña del ahora gobernador cuentan que inicialmente había sospechas de que los acercamientos de Franco fueran parte de una estrategia de infiltración de Ulises Ruiz, pero poco a poco se abandonó esa idea, sobre todo luego de recibir puntualmente información clave de los movimientos del gobernador y de su equipo más cercano, así como de los del candidato priista Pérez Magaña. “De repente llegaban avisos al búnker como: ‘Ulises está con el presidente del Instituto Electoral en tal dirección’ o ‘López Lena acordó tal cosa’; también nos decían: ‘En la cuenca se van a mover tantos camiones y en la sierra están sacando dinero de tal lado para la campaña de Eviel’”, relató uno de los hombres más cercanos al ahora gobernador. Los partidarios recibían estos mensajes anónimamente, pero sabían que quien los enviaba era Franco.
Además de información sobre movimientos estratégicos del equipo priista, el equipo de Gabino Cué recibió información de actos de corrupción presuntamente realizados por Ruiz y Pérez Magaña. Algunos se filtraron a la prensa, como los contratos otorgados por Pérez Magaña, cuando fue secretario de Obras Públicas, a un hermano constructor de Ulises Ruiz Ortiz. Pero otros actos no se revelaron, como la compra masiva y el equipamiento con recursos públicos de tierras privadas en Huatulco, en las cercanías del río Copalita.
Una de las fuentes de información de Franco Vargas era la red de espionaje afinada durante su paso por la dirigencia estatal del PRI, en donde, entre broma y en serio, algunos colaboradores decían que la principal Secretaría del partido la ocupaba un misterioso ingeniero de sistemas. Ulises Ruiz quitó a Franco de la presidencia del partido y puso ahí al senador Adolfo Toledo, pero éste prácticamente recibió un cascarón, ya que Franco se había quedado no sólo con las redes políticas y sociales, sino también con las de espionaje.
Un colaborador de Cué relata que Franco Vargas fue quien llevó al diputado federal panista Javier Corral una serie de grabaciones telefónicas entre Ulises Ruiz y Eviel Pérez Magaña, así como otras con el presidente del Instituto Estatal Electoral y su director de comunicación social. A cambio de ellas, Franco pidió una cita con algún alto funcionario del gobierno federal para aclarar una investigación de la PGR en contra de él, dada a conocer en 2007 por MILENIO Diario, y pidió recibir una beca de estudios en el extranjero en caso de que no ganara los comicios Gabino Cué.
Las grabaciones de Franco fueron entregadas a la periodista Carmen Aristegui. Según la lógica del equipo de Gabino Cué, el objetivo principal no era cambiar la intención de los votantes oaxaqueños, sino evidenciar ante la propia clase política priista la falta de carácter y aptitud de Pérez Magaña —quien en las grabaciones asentía a cada indicación que le daba el mandatario—, y que el presidente Felipe Calderón escuchara cómo el gobernador y su candidato se referían a la primera dama, Margarita Zavala, a quien llamaban “pendeja”.
Al final, la compleja estrategia de alianzas electorales emprendida por Cué Monteagudo para ganarle al PRI tuvo éxito. Ahora la encrucijada será gobernar después de haber recibido el apoyo tanto de Felipe Calderón como de Andrés Manuel López Obrador, de un sector importante de la APPO y del principal enemigo de ésta. Por lo pronto, el pasado primero de diciembre Jorge Franco Vargas ocupó un asiento como invitado especial en la toma de protesta de Gabino Cué. Pero antes de entrar al recinto oficial fue recibido con el grito de “asesino”.

OAXACA, LA IMPUNIDAD CACIQUIL PRIISTA

2010-06-09T09:49:00.000-05:00

La estrategia paramilitar en Oaxaca
¿Qué enseñanzas sacar de esta nueva infamia?

Héctor Gómora
Rebelión

Después de varios días en espera de más sucesos, es tiempo de hablar de esta nueva infamia ocurrida en suelo mexicano, para tratar de sacar el claro algún aprendizaje muy necesario.
Y se trata además de un tema muy, muy importante, porque pone de relieve la increíble situación que prevalece en este país, donde un grupo de rufianes de la peor ralea puede cometer sus fechorías en forma pública sin que NINGUNO de los poderes ejecutivos que juraron cumplir y hacer cumplir la ley haga algo al respecto. Se trata de sucesos que siempre me hacen decir: “si esto hubiera sucedido en Cuba o Venezuela, ya me imagino el escándalo”. Pero no: sucede en nuestras “democracias”, así que los medios son bastante discretos al respecto.
Me refiero a lo que está sucediendo en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región de la etnia triqui de Oaxaca. Esta comunidad trata de ser libre y organizarse en forma autónoma, y como resultado es objeto de un criminal hostigamiento por un grupo armado, vinculado con las fuerzas oligárquicas aliadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna el estado. Es necesario efectuar un análisis, aunque sea somero, de este asunto y cómo nos muestra algunas de las tácticas de los sistemas dictatoriales…tengan o no una fachada democrática.
Como siempre, existen un proceso y un contexto históricos.
Desde hace mucho tiempo las zonas rurales y de importante población indígena han sido sojuzgadas por el PRI, fruto de las siete décadas en las que esta burocracia política usurpó el poder en México. Los intentos de rebelión han sido siempre duramente reprimidos, como se constató en las insurrecciones de Genaro Vázquez o Lucio Cabañas.
En la región triqui, concretamente, los deseos de cambio han permeado en una parte importante de la población, y cuando eso sucede el sistema de poder empieza a actuar. Como las condiciones no siempre permiten una represión directa, se recurre a estrategias alternas bien conocidas, basadas en una premisa: dividir.
Siempre existe algún porcentaje de gente corrompida, dispuesta a alquilarse hasta para las acciones más viles. Ya sea en sindicatos, grupos en huelga, movimientos diversos y comunidades, siempre se localiza y estimula a los grupos más proclives a corromperse, porque de esa forma se logran dos cosas: introducir una cuña que ayude a debilitar y fragmentar al movimiento, y apoyar a la propaganda a trabajar su tesis clásica: el movimiento está dividido, los radicales son unos cuantos y la mayoría quiere una solución pacífica y razonada. Desde luego, dicha solución “pacífica y razonada” siempre coincide con lo que plantea el gobierno; y la postura “radical”, con las demandas originales del movimiento.
Esta cuña formada con elementos corruptos tiende a funcionar así en huelgas o similares, de tipo sectorial; pero cuando se trata de movimientos regionales, la estrategia se concentra más en la represión, pero si no se dispone de pretextos claros para ejercerla a través de la violencia legal (ejército y cuerpos policiacos), se crean fuerzas especiales, oficialmente ajenas al gobierno, que se encargan del trabajo sucio. Ejemplos de esto en México son la Brigada Blanca y los Halcones, que en los setentas realizaron asesinatos y represiones, así como los grupos paramilitares, que en los últimos quince años han sido la principal estrategia del sistema de poder en este país.
Fue desde la Masacre de Acteal (1997) cuando la existencia de bandas paramilitares en Chiapas se divulgó ampliamente…en algunos pocos medios. Se supo de Paz y Justicia, grupo que realizó la matanza, junto con otros como Mira, Los Chinchulines, Máscara Roja, Los Degolladores, etc. Se ha llegado a señalar hasta diez u once grupos paramilitares operando en diferentes regiones de Chiapas. Todos ellos con la tarea de asesinar, agredir y en general atemorizar a la población.
Desde luego, el gobierno siempre ha negado su vinculación con estos grupos, pero nunca faltan investigaciones que paulatinamente arman el rompecabezas. Un capítulo relevante ocurrió el 3 de enero de 1998, cuando la revista Proceso dio a conocer un documento hasta ese momento secreto: el Plan de Campaña Chiapas 94, elaborado por el ejército, donde se dice, claramente, que el objetivo era aislar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), destruyendo sus bases de apoyo (la población civil que estaba de su lado) y que para ello se requerían fuerzas locales de autodefensa. De no existir tales fuerzas –decía el Plan-, “es necesario crearlas”. Para ello, los servicios de Inteligencia Militar debían organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos “caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones”. Hubo plena coincidencia entre estos planteamientos y las acciones de las bandas paramilitares, así como de sectores del ejército como la Fuerza de Tarea Arco Iris (1995-1998), que estaba bajo el mando del general Mario Renán Castillo (1995-1997), razón por la cual es señalado como asesino, como uno de los principales responsables logísticos de los crímenes realizados contra la población civil.
En tales acciones está la raíz de tantos desplazados, gente que tuvo que abandonar sus casas huyendo de estos asesinos (la Masacre de Acteal fue el ataque a un campamento de desplazados), provocando una crisis humanitaria que aún persiste, pues hasta la fecha muchos no han regresado porque los paramilitares siguen ahí, en total impunidad.
Además de Chiapas, la estrategia de las fuerzas locales “de autodefensa” se aplica en otras partes. Ahora está trascendiendo (de nuevo, en algunos medios) la actuación de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui, o Ubisort, grupo creado en 1994 –en plena estrategia paramilitar chiapaneca- y estrechamente ligado al PRI. Su acción mantiene bajo un régimen de ocupación al municipio autónomo de San Juan Copala. Algunas de sus acciones han sido:
1. El 28 noviembre de 2009 impidió la llegada de la delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Los diarios de la capital del estado afirmaron que el municipio autónomo había llegado a su fin; y en plena concordancia, la Ubisort nombró agente municipal a Anastacio Juárez, hermano del líder, Rufino Juárez. Las autoridades municipales desmintieron reiteradamente esa versión, pero la campaña continuó.
2. El 29 noviembre dispararon contra el edificio municipal y el albergue infantil, donde un niño perdió la vida y otros tres fueron heridos.
3. Ese mismo día instaló un retén para cercar a la comunidad.
4. El 10 de diciembre de 2009 sus hombres armados desalojaron a las autoridades del municipio autónomo. El 10 de marzo mujeres y niños aprovecharon un descuido y retomaron las instalaciones.
5. Como respuesta a la retoma del municipio, la Ubisort realizó un ataque con armas de fuego contra la comunidad, hiriendo a una mujer y provocando la huida de varias familias, así como el cierre de escuelas, del centro de salud y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
6. Estableció un cerco para impedir la llegada de agua, alimentos y demás elementos de subsistencia.
“¿Y qué hacían los gobiernos estatal y federal? Simplemente, nada.
Como respuesta a esa crítica situación, organizaciones defensoras de los derechos humanos organizaron la llamada Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, que incluía observadores extranjeros. Entonces, de nuevo lo insólito que en México es cotidiano. El dirigente de la Ubisort, Rufino Juárez, advirtió en conferencia de prensa y por radio que no iban a permitir llegar a la caravana, y que sus miembros se atuvieran a las consecuencias.
Si el solo anuncio indigna a quien –como dice Tomás Mojarro- no ha perdido la capacidad de asombro e indignación, ni qué hablar de que tal amenaza sea cumplida. El 27 de abril, ya cerca de su destino, la caravana fue objeto de un ataque con armas de fuego por parte de sujetos embozados vistiendo uniformes verde olivo.
Como resultado murieron dos personas: Beatriz Alberta Cariño, miembro destacado del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y el finlandés Tyri Antero Jaakkola, colaborador del colectivo Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad. Otros fueron sojuzgados e interrogados por los agresores, que los hicieron caminar a través de la montaña. Otras personas –incluso algunas heridas- sobrevivieron huyendo a través del monte y escondiéndose más de un día, tiempo durante el cual se reportaron como desaparecidos. Entre ellos estaban la reportera Érika Ramírez y el fotógrafo David Cilia, de la revista Contralínea, quienes cubrían el recorrido. Estaban además otros observadores extranjeros: Viris Jacola y Meni Morne, de Finlandia; David Casinori, de Italia; Martín Santana, de Bélgica. También figuraban los oaxaqueños David Venegas, David Arellano y Rubén Valencia.
Finalmente fueron sólo dos las víctimas mortales…suficiente para catalogar este hecho como una infamia que amenaza con quedar impune como tantas otras.
Luego del cobarde ataque a la caravana el 27 de abril, como cabía esperar, la Ubisort se deslindó del mismo y hasta acusó a las víctimas de preparar un autoatentado. Desde luego, considerando la magnitud que alcanzaron las cosas, semejante acusación sólo se la creerá quien sea un enemigo declarado e irreconciliable del sano ejercicio de pensar.
¿Y las fuerzas del orden? En las primeras horas la policía reportó no haber localizado aún a las personas desaparecidas…porque los paramilitares sólo le permitieron el acceso por algunas horas. Preciosa forma de solapar un poder local ilegítimo. Y más indignante aún fueron las declaraciones de Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de Seguridad Pública del estado, en el sentido de que no había condiciones favorables para intervenir. “No puedo entrar y enfrentarlos porque habría muchos muertos”.
Aun concediendo que se debe tratar de preservar la vida lo más posible, semejante excusa es inaceptable. Por crudo que suene, ése su trabajo y si la gente a la que se supone debe proteger está siendo asesinada, no puede hacerse a un lado tan cándidamente. Verdaderamente deleznable como pretexto, pero desde luego es parte de la maniobra: dejar que los paramilitares trabajen en paz. Así es siempre. Así se hizo en Acteal. Son de sobra conocidos los testimonios de que durante las varias horas que resonaron los disparos, los soldados de un cercano puesto del ejército no hicieron absolutamente nada.
Volviendo a Oaxaca, también el gobernador Ulises Ruiz, quien con los maestros ya cubrió la cuota de sangre que corresponde a todo gobernador priísta de Oaxaca o Guerrero, actuó dentro de lo que procede en estos casos. Calificó la agresión como un “enfrentamiento” (o sea, dos grupos que se matan entre sí) y manifestó extrañeza por la presencia de extranjeros en una zona de conflicto como ésa.
Tales palabras nos remiten a otra vertiente de la estrategia represiva, que sonó mucho cuando Zedillo expulsó a todos los observadores internacionales para evitar que constataran las atrocidades de ejército y paramilitares en Chiapas. Destacó en esto un programa de la periodista de ultraderecha “Lolita” de la Vega, que llegó en helicóptero a una zona de Chiapas y grabó imágenes de varias personas de tipo extranjero que ahí se encontraban. La falta de rigor periodístico de esta persona llegó al grado de decir en su programa: “¿serán éstos los rostros que se ocultan tras el pasamontañas?” La campaña que se desarrolló desde entonces apuntó a hacernos creer que en Chiapas había intereses extranjeros manipulando a la población…lo mismo que se dijo en 1968.
Por cierto, la revista Proceso publicó en esos días que a esta periodista se le “olvidó” decir que el lugar al cual llegó su helicóptero a hacer sus tomas era una zona donde se concentraban los periodistas de diferentes partes del mundo que cubrían el conflicto chiapaneco.
Lamentablemente mucha gente cayó en este engaño en dos sentidos: primero, que había intereses extranjeros (cuando que los únicos comprobados son los de infames trasnacionales como Repsol, Nestlé, Coca Cola, etc., etc.); y segundo, que el gobierno tenía razón al sacar a los observadores internacionales porque “los mexicanos solitos podemos resolver nuestros problemas”. Es una falsedad porque existen compromisos internacionales, firmados por México, para permitir la entrada de observadores extranjeros; y porque existe un derecho natural para denunciar a quien comete atrocidades contra seres humanos. Pero hay gente deshonesta que usa a veces una cara de la moneda u otra según le convenga. Esa postura de “cero intervención exterior, respeto total a la soberanía de los pueblos”, fue apoyada por quienes años después avalaron las campañas gubernamentales contra el gobierno de Cuba, alegando que la protección de los derechos humanos no admite fronteras.
Por ello, las declaraciones del gobernador de Oaxaca sólo desentierran esa falsedad que a través de los medios fue inoculada como verdad en la mente de muchos mexicanos.
Después del ataque del 27 de abril el terrorismo contra la población triqui no ha cesado.
El 15 de mayo hombres armados de la Ubisort retuvieron por la fuerza a seis mujeres indígenas y seis niños (dos de ellos bebés) de San Juan Copala. Las soltaron luego de 10 horas de tortura psicológica (cortar cartuchos y disparar cerca de ellos) y amenazas de muerte contra toda la comunidad.
El 20 de mayo fue asesinado Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, Cleriberta Castro. Él era uno de los impulsores del municipio autónomo de San Juan Copala y líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), organización que se desprendió del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), del cual el mismo Alejandro Ramírez fue fundador. Muy probablemente es otro caso de pugnas internas generadas por el poder usando a gente corrupta para dividir a las organizaciones independientes. Al respecto, habitantes de la región identificaron a los asesinos como integrantes del MULT.
Alejandro Ramírez ya había sufrido dos atentados a principios de 2006. En el primero murió su hijo Misael Alejandro; en el segundo, el suplente de la agencia de Yosoyuxi. El 7 de julio de ese mismo año, el MULT lo acusó de violar a una niña de 14 años y el 5 de julio de 2007 se le culpó de la desaparición de dos mujeres, aunque ello jamás se comprobó.
Aproximadamente a la misma hora en que fue asesinado Alejandro Ramírez se hicieron disparos en los alrededores de San Juan Copala.
Todas estas acciones tienen un nombre: terrorismo de Estado.
Respecto al Gobierno Federal, baste decir que la primera vez que el ilegítimo que cobra como presidente de México se pronunció sobre los hechos fue el 18 de mayo…veintiún días después del ataque a la caravana. Sus declaraciones, hechas por cierto en una reunión en Madrid con la presidente de Finlandia, se limitaron en esencia a prometer castigo para los responsables y refrendar su compromiso al “esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables con estricto apego a la ley”.
En puerta está una segunda caravana civil humanitaria, llamada “Bety Cariño y Jyri Jaakkola”. Será el próximo 8 de junio y con la misma finalidad de entregar alimentos y víveres. “Las condiciones humanitarias son extremas, por lo que la gente no aguanta más sin agua, luz ni alimentos”, declaró Jorge Albino Ortiz, integrante del MULTI.
Sin embargo, de nuevo el dirigente de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, lanzó su amenaza. Dijo en rueda de prensa que no existen “ni las más mínimas condiciones” de seguridad, y que pueden ocurrir “hechos lamentables” Agregó: “No nos hacemos responsables de lo que les pase. No hay la seguridad para que transite la gente”.
Deberíamos pensar en el hecho de que, aun suponiendo que este maleante no fuera responsable de los ataques, está declarando abiertamente que se trata de una zona sin ley, y que la pasividad de los gobiernos estatal y federal contrasta con la prontitud con la que se interesaron por “restaurar el estado de derecho” en casos como los de Atenco y los maestros de Oaxaca. Nuevamente se confirma que para el poder, estado de derecho es un concepto elástico, maleable y adaptable.
Además, en su conferencia de prensa el líder paramilitar secundó la línea de su patrón Ulises Ruiz, al referirse a los observadores internacionales como gente de “ojos azules y cabellos largos” y agregar que su presencia no a solucionará el conflicto.
Obviamente no…nadie ha dicho eso. El papel de estas personas es presenciar, documentar y divulgar lo que sucede…por ello son tan dañinos para el gobierno y sus sicarios.
Después de las amenazas de este grupo asesino podrían ocurrir nuevos sucesos lamentables el próximo 8 de junio. Habrá que estar atentos.
Es claro que, aunque pasan los años y nos dicen que México está cambiando, la realidad apunta en sentido contrario. Una comunidad como San Juan Copala trata simplemente de lograr independencia, sin plantear revolución alguna ni hablar de cambiar nuestro sistema económico, y de todos modos es objeto de represión y terrorismo por parte del sistema de poder. La razón ya la sabemos: evitar el mal ejemplo. Un sistema de poder autoritario no puede permitir que nadie se le salga del huacal, porque puede provocar un efecto desencadenante. Lo sucedido en Chiapas desde 1994 evidentemente ha dado ejemplo a otras regiones del país y, por principio elemental de conservación del poder, todo aquel que ose levantar la cabeza debe ser aplastado.
Y como siempre, los intelectuales servidores del poder han hecho su parte históricamente. Aún se recuerdan las declaraciones del escritor Carlos Fuentes, quien respecto a la masacre de Acteal acusó al gobierno de “omisión”. Suena contundente y pareciera que el señor está del lado de la justicia, pero no es así. Fuentes es uno de esos intelectuales con careta imparcial –como su tocayo Monsiváis- que sólo critican al gobierno en lugar de denunciar sus acciones. A un criminal se le denuncia, no se le critica. Además, esta crítica llevaba una trampa, porque dijo que la falla del gobierno de Zedillo había sido no actuar, cuando que sí lo había hecho: creó, entrenó y financió a los asesinos.
No es lo mismo decirle al policía que cuida el banco “lo asaltaron porque te descuidaste”, que decirle “lo asaltaron porque estabas coludido con los asesinos”. En el primer caso, el de Fuentes o Monsi, la conclusión es inofensiva: “qué gobierno más inepto”. En el segundo, el de gente como Tomás Mojarro, es la conclusión que el sistema no quiere que se sepa: “el gobierno ejerce terrorismo de Estado”.
Así funcionan estas cosas, pero que esa “rutina” no acabe por convertirse en algo que ya no nos asombre ni indigne. Hagamos lo que podamos: leyendo, divulgando, comentando, contribuyendo a la denuncia... pero ante nosotros la gente, no ante los organismos judiciales que forman parte del sistema y son garantía de impunidad para los asesinos.
En tal sentido, con todo respeto para los involucrados, que seguramente actuaron de buena fe, las cartas a diarios y demás pronunciamientos escritos de personalidades y organizaciones para “exigir” el castigo a los culpables de los crímenes del 27 de abril evidencian que no se ha entendido la realidad, que tenemos enfrente a todo un sistema de poder enemigo apoyado en la fuerza; que una exigencia sólo vale cuando tenemos un poder organizado que la respalde, que el enemigo histórico no se va a cortar las venas por las exigencias de quienes no tienen fuerza para obligarlo a nada que no quiera…y castigar a sus sicarios no está en sus planes.
Con respeto profundo, insisto, comulgo con Tomás Mojarro cuando dice que una rápida mirada a la historia muestra que “exigir” es el verbo que sintetiza la cultura amo-esclavo. ¿Exigirle al enemigo que vaya contra su naturaleza y haga justicia? ¿Acaso no se ha exigido una y otra vez castigo a asesinos, ladrones, especuladores, represores, gobernantes corruptos y varios etcéteras? ¿Y alguna vez el sistema ha hecho caso?
El poder organizado que sustente las exigencias aún tiene que construirse, y mientras hay que trabajar en la forma que podamos, pero con tenacidad y paciencia de hormigas. Vaya mientras un reconocimiento sincero para quienes se han arriesgado hasta lo último por una buena causa. Ellos dejaron de exigir porque entendieron que eso sólo se hace con un gobierno aliado, así que empezaron a trabajar. No los homenajeemos regresando a esquemas que ellos superaron.
Cada uno en lo que pueda, empecemos a trabajar donde ellos se quedaron. Falta mucho por hacer, así que dónde y cómo actuar, sobra. Es cosa de buscar, aprender y crecer…pero sobre todo, cosa de voluntad.
El estado de impunidad

Laura Carlsen
CEPRID

Traducción para (www.ircamericas.org) Marta Sánchez
Al dar vuelta en una curva en una remota carretera del sureño estado de Oaxaca los observadores internacionales de derechos humanos, encontraron el camino bloqueado por rocas. Decidieron que seguir adelante sería peligroso, pero no sabían que dar vuelta, sería mortal. Cuando las camionetas empezaron a dar vuelta, unos hombres armados y enmascarados bajaron de los cerros y abrieron fuego contra los vehículos. Algunas de las personas se dispersaron entre la maleza. Otros tuvieron suerte y esquivaron las balas. Dos fueron asesinados de un disparo en la cabeza –Bety Cariño, del grupo mexicano de derechos humanos CACTUS derechos y líder de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación y el observador de derechos humanos de Finlandia Jyri Jaakola.
Este grupo de activistas pro-derechos se dirigía a la aldea de San Juan Copala en la región indígena Triqui de Oaxaca. Esta aldea está sitiada y aislada por paramilitares locales pertenecientes a un grupo llamado UBISORT, al parecer fundado por el partido del gobierno estatal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La caravana incluía periodistas, activistas de Oaxaca y observadores internacionales de derechos humanos que conocían los riesgos, pero decidieron llevar a cabo la misión porque en eso consiste la tarea de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. La vida de los aldeanos estaba en juego y el permitir que un pueblo sea tomado como rehén por un grupo armado ilegal, sin que nadie levante la voz, sienta un precedente peligroso para la sociedad.
Los asesinatos de quienes defienden los derechos indígenas y sus recursos, son comunes en la región Triqui -decenas de personas han sido asesinadas, incluyendo, en 2008, dos mujeres de la estación de radio comunitaria de San Juan Copala. Después de un jefe paramilitar amenazó al grupo para que se abstuvieran de entrar a territorio controlado, los líderes del grupo de defensores dieron aviso al gobierno del estado de las amenazas recibidas. El ataque tuvo lugar en las mismas narices del gobierno del estado y con conocimiento previo de los riesgos anunciados.
Reciclaje de la Violencia
¿Cómo se convirtió en un torbellino de violencia un pueblo perdido en la Sierra Madre?
La región Triqui ha padecido una cuota mayor de conflictos violentos. La mayoría de los investigadores se refieren a las últimas décadas de conflictos entre grupos de triquis que se dividen en facciones enfrentadas con frecuencia alarmante. Pero esta situación tiene mas alcances. Desde la época prehispánica, las comunidades Triquis se han visto atrapadas en un ciclo de violencia alimentada por el despojo de recursos, la rebelión y la represión. El mismo patrón se repite a través de cada etapa de su sangrienta historia, como lo documenta ampliamente un reciente estudio realizado por el abogado e investigador mixteco Francisco López Bárcenas.
El ciclo pudiera haber sido detenido o al menos atemperado si en algún momento el gobierno hubiera cumplido con el mandato de administrar justicia a los pueblos indígenas de la región. En cambio, el gobierno sofocó las rebeliones al tiempo que los intereses externos desangraban la región. En 2007, el pueblo de San Juan Copala, se separó de un gobierno que eludió proteger a su pueblo y se declaró municipio autónomo. La represión al pueblo aumentó.
Estado de Impunidad
Para entender cómo, un grupo armado pueda atacar con intención de matar a un grupo de activistas internacionales de derechos humanos y esperar salir impunes, es imprescindible conocer esta historia. Mantos de impunidad y de injusticia han cubierto los crímenes en Oaxaca desde hace años.
Oaxaca no es un Estado común. En 2006, los oaxaqueños tomaron la capital del estado exigiendo la destitución del gobernador Priista Ulises Ruiz. Durante casi seis meses, un movimiento sin precedentes de maestros sindicalizados, amas de casa, estudiantes, indígenas, campesinos y una variedad de otros sectores de la sociedad tomaron la ciudad. La policía federal fue enviada para retomar el control al tiempo que gobernador del estado se mantenía escondido, negándose a dimitir. Durante esos sangrientos meses, 26 miembros del movimiento de protesta fueron asesinados y cientos más capturados, golpeados y sometidos a tortura psicológica.
En 2008 fui a Oaxaca como miembro de una delegación internacional de derechos humanos que obtuvo testimonios de las violaciones de derechos humanos en el estado de Oaxaca. Nuestro equipo se instaló en un salón de una iglesia y en cuanto abrimos las puertas nos llovieron las quejas. En cuatro días llevamos a cabo más de 150 entrevistas que dibujaron un panorama de crisis en los derechos humanos, acompañados por una impunidad total con respecto a acciones cometidas por el Estado.
Escuchamos testimonios conmovedores y a menudo entre lágrimas. No se trataba de delitos menores. Algunos relatos se remontan a la represión de finales de 2006, con informes de manifestantes conducidos con los ojos vendados a un helicóptero donde les decían que serían arrojados al Océano Pacífico –práctica común durante la guerra sucia de México de los años setenta, y copiosos recuentos de sucesos mas recientes acerca de líderes de base de asesinados o desaparecidos por todo el estado, incluyendo el caso de dos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario, quienes hasta hoy permanecen desaparecidos, pese a los esfuerzos de una comisión de mediación establecida por el Congreso. La Comisión ha apuntado absoluta falta de voluntad política por parte del gobierno federal para resolver el caso.
El público ha perdido la confianza en el gobierno para la protección de sus derechos. Cuando nos reunimos con la comisión estatal de derechos humanos, el comisario manifestó su voluntad de investigar todas las quejas, pero dijo que la comisión había recibido muy pocas. La razón no fue difícil de encontrar. Cuando preguntamos a los quejosos si habían denunciado sus casos, por unanimidad nos contestaron que no, argumentando que nunca pasarían la barrera de un gobierno estatal, cómplice mismo de los delitos.
El asesinato del periodista estadounidense Brad Will es, tal vez, el caso más conocido y un ejemplo clásico de la forma como la impunidad funciona en el estado. Bajo presión internacional, el estado inició una investigación que desembocó en la nada, a pesar de que la evidencia forense y testigos oculares implicaban a sicarios vinculados con el gobierno local. Después, increíblemente, arrestaron a uno de los miembros del movimiento de protesta por el asesinato de Will, a quien tuvieron que dejar libre cuando la presión internacional se incrementó denunciando que hacer de la justicia una farsa era aún peor que no hacer justicia, con esto, el caso regresó a su punto de partida – la impunidad.
La Suprema Corte de México determinó que Ruiz era responsable de violaciones graves de los derechos humanos en Oaxaca en el levantamiento de 2006. Pero no se le fincaron ni cargos criminales ni se iniciaron procedimientos de destitución.
Este último ataque repite tanto los ciclos históricos como los contemporáneos de la violencia. Gente de fuera, codician una vez más la región Triqui. Ahora son intereses mineros los implicados y las poblaciones indígenas autónomas se interponen en el camino de sus intereses. Poner a la caravana en la mira de su ataque buscaba expresamente deshacerse de los líderes del movimiento popular opositor al gobierno del estado y los movimientos para la protección de los recursos naturales. Bety Cariño era uno de los líderes más activos del estado del movimiento contra la minería y de la defensa de los derechos indígenas.
Derechos Humanos y la indiferencia de los Estados Unidos
La emboscada del 27 de abril logró sacudir a una nación acostumbrada a la violencia en las noticias. La cuota de treinta o más víctimas diarias de la Guerra Contra las Drogas ya es un recuento habitual en México. Pero el cálculo de agresiones contra una misión de derechos humanos transpuso alguna línea invisible. Miembros del Parlamento Europeo, la Embajada de Finlandia, y el Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas han exigido una investigación completa. El gobernador Ruiz, exhibiendo la característica de arrogancia de su gobierno, anunció que iba a llevar a cabo una investigación -de los documentos de inmigración de los extranjeros en la caravana.
Las violaciones a los derechos humanos en México han sufrido una escalada ascendente en los últimos años. A partir del lanzamiento de la guerra contra las drogas, las quejas contra las fuerzas armadas se han incrementado en seis tantos. Las muertes de civiles han aumentado en el contexto de la militarización, y la nación se enfrenta a una crisis de confianza en la capacidad –o voluntad- del gobierno para proporcionar la mas elemental seguridad humana.
El Departamento de Estado estadounidense ha ignorado esta crisis para justificar su apoyo a la fallida guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón. Las ayuda para la Seguridad a México, bajo la Iniciativa Mérida, establecían como requisito la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos al Congreso de los Estados Unidos, que mostrará avances para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas, terminar con la tortura, y avanzar en la investigación del asesinato de Brad Will. El Departamento de Estado postergó la presentación del informe hasta el año pasado cuando sometió un informe sin demostrar progreso alguno y simplemente interpretó el requisito como la simple elaboración de un reporte.
La ayuda de Seguridad a policías y a fuerzas armadas que violan sistemáticamente los derechos humanos sólo refuerza el sistema de violaciones. La capacitación en derechos humanos por corporaciones estadounidenses no harán ninguna diferencia en la ecuación—obviamente el problema no es la falta de capacitación, sino la falta de voluntad política. Mientras las mismas fuerzas políticas que cometen las violaciones reciban apoyo y ayuda, son incentivados a continuar con prácticas que dañan a la sociedad y destruyan vidas.
México está hoy frente a una disyuntiva crucial. Sus frágiles instituciones se han visto sacudidas por la respuesta inadecuada al fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y por la desigualdad y la injusticia de la vida cotidiana. El sistema de justicia sigue amarrado a los intereses de un débil gobierno federal que tiene temor a la protesta popular y a los gobiernos estatales y locales, en casos como Oaxaca, controlados por déspotas. La corrupción que emana de los carteles de la droga, robustece la impunidad.
México puede asumir el reto de fortalecer sus instituciones democráticas, o puede retroceder a gobernar por la ley de la fuerza y el autoritarismo. El rígido y estrecho enfoque del gobierno de los Estados Unidos que sólo contempla asuntos de seguridad, ignorando las sistemáticas violaciones de a los derechos humanos fomenta lo anterior. Este gobierno debería centrarse en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional al interior de sus propias fronteras y canalizar su ayuda a México para proyectos de desarrollo que fortalezcan los derechos humanos, el empoderamiento ciudadano, y la construcción de paz y bienestar.
Los grupos internacionales deben tomar medidas
Una reciente carta de las organizaciones mexicanas establece lo siguiente:
“Repudiamos esta agresión, sin precedentes en nuestro país, y fincamos esponsabilidades en el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y los líderes políticos de la UBISORT organización causante del clima de violencia en la región. Exigimos que los responsables de este atentado sean castigados. También exigimos garantías para la seguridad y las vidas de los sobrevivientes de la caravana; el cese inmediato de todos los actos de agresión contra el Municipio Autónomo de San Juan Copala, sus funcionarios locales, y sus habitantes; la inmediata retirada del bloqueo alrededor del municipio, y el respeto del derecho a la libre determinación de todos los pueblos. Rechazamos la utilización de la violencia como un pretexto para la militarización de la zona Triqui y demandamos que pongan fin a las acciones de grupos paramilitares”.
Las organizaciones internacionales y personas interesadas deberían seguir el ejemplo de los firmantes de esta carta y demandar una investigación completa. El papel del gobierno del estado de Oaxaca con Ulises Ruiz debe de aclararse fehacientemente. La impunidad no es solamente una ausencia de justicia y su debida sanción; es una incubadora de violencia y de delincuencia. Cuando la impunidad se convierte en política de Estado, el Estado de Derecho se desmorona. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y ciudadanos debemos exigir–en nombre de Bety, Jyri, y los otros miembros de la delegación– que los asesinos que llevaron a cabo este ataque vil así como sus cómplices, sean presentados ante la justicia. Cualquier acción menor a una explicación completa y la aplicación de la ley en el caso del ataque de San Juan Copala, permitirá que la violencia continúe y se sume una mancha más al ya catastrófico historial de derechos humanos de México.
"El partido de gobierno cambió en 2000, pero la oligarquía y la violencia institucional son las mismas"

Luis Martínez Andrade
El Columnista

La periodista Laura Castellanos presentó en París la versión en francés de su libro México Armado 1943-1981, publicado por la editorial Lux Editeur bajo el título Le Mexique en Armes, Guérrilla et contre-insurreccion 1943-1981. La obra fue presentada en la Feria del Libro Libertario en París realizada en días pasados. El libro narra el proceso de radicalización de una treintena de guerrillas que actuaron de 1965 a 1975 en México, y sirve para comprender nuestro presente. Tuve oportunidad de charlar con la autora de algunas cuestiones sobre violencia de Estado que se viven en México. A continuación, la entrevista:
- ¿Cuáles serian las diferencias entre la violencia de Estado practicada por el régimen priista y la aplicada por los gobiernos panistas?
Existe una continuidad puesto que finalmente es el mismo Estado. Es decir, cambió el partido en el 2000 en México, pero la oligarquía sigue siendo la misma. Retomo al respecto la definición que el historiador Carlos Montemayor utilizaba para referirse a “la violencia institucional”, pues la comprendía no sólo como la desaparición forzada, la represión y tortura, sino como un entramado de mecanismos diversos. Esto sucede, por ejemplo, en el terreno de la impartición y procuración de la justicia. Se aplica en los procesos jurídicos contra opositores, como ha sido el caso de los activistas de Atenco, condenados a penas mayores que a las que ha sido sentenciado cualquier narco o asesino en el país. Montemayor decía que también la “violencia institucional” significa la negación del acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación, entre otras necesidades básicas. Estos son otros tipos de violencia generados por el sistema neoliberal.
Por otra parte, cabe observar cómo esta “violencia institucional” genera otro tipo de violencia, en este caso popular. Montemayor cerraba su tesis afirmando que la violencia popular brotaba, precisamente, para acabar con la violencia institucional, y no a la inversa. En otras palabras, la “violencia institucional” crea las condiciones para que emerja una “violencia popular”.
- Existen un pensador de origen martiniqués llamado Frantz Fanon que estudió el proceso de subjetivación en los pueblos colonizados en la década de los cincuenta, concretamente Argelia y Túnez, y mostraba que existe una respuesta violenta a la violencia estructural o institucional –en muchos casos económica– que en algunas ocasiones pude tomar formas abyectas pero en otros momentos juega un papel muy importante en los procesos revolucionarios. ¿En qué lugar ubicarías a la violencia de los grupos eco-anarquistas en México?
Los grupos eco-anarquistas mexicanos –fenómeno relativamente nuevo–, aparecen en el país en 2007 y han tenido un crecimiento ascendente. Ellos ejercen la acción directa, es decir, sabotajes en contra de lo que representa al sistema capitalista que explota al hombre, animales y a la naturaleza. Cabe advertir que no todos los grupos anarquistas están de acuerdo con la “acción directa”, entendida ésta, por ejemplo, con la colocación de “bombas molotov” en cajeros bancarios, en restaurantes de fast-food, tiendas que venden animales o productos de piel. Ellos manifiestan que sus sabotajes no tienen como objetivo la vida de civiles, y hasta ahora así ha sucedido. El fenómeno, no sólo en México sino en América Latina, y en países europeos como Grecia, está aumentando.
En el caso de México, por ejemplo, se ha manifestado en distintos estados de la República. Estas células surgen en un contexto de crisis económica y política, en donde hubo el fraude electoral del 2006, movimientos beligerantes como el de Oaxaca y Atenco han sido reprimidos, y la izquierda no sólo está dividida, sino que el principal partido de esta ala, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), está estableciendo alianzas con el que le hizo el fraude en 2006, el derechista Partido Acción Nacional (PAN), para la siguientes elecciones. En estas circunstancias están influyendo en la radicalización de una generación que encuentra en estas acciones la única vía de protesta y combate al sistema.
- ¿De qué modo las medidas contra la inseguridad no forman parte de un proyecto de contra-insurgencia promovido por los gobiernos federales, estatales y municipales? y ¿Hasta qué punto el gobierno –en sus tres niveles– ha implementado, bajo pretexto de la violencia en el país, medidas que repercuten en los derechos fundamentales?
Sí, en la lucha contra el narcotráfico se criminaliza a activistas y a movimientos sociales. Por ejemplo, el pasado mes de noviembre fue ejecutado “el comandante Ramiro”, quien era miembro del Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI), en un operativo contra el narcotráfico en el estado de Guerrero y, en algún momento, la Secretaria de la Defensa mencionó que él estaba vinculado con el narcotráfico. Recientemente, a un líder indígena del sureste de Chipas se le intentó ligar con otro grupo del narcotráfico, se aplicó su detención y se le tomaron fotos con arsenal bélico y la información en los noticieros fue divulgada, sin embargo, posteriormente fue puesto en libertad pues no existían pruebas fehacientes. El país está pasando un momento muy delicado, porque la única estrategia que ha aplicado Felipe Calderón es sacar al ejército a las calles y a las zonas rurales. Evidentemente esta estrategia ha sido un rotundo fracaso, y ha habido denuncias por la muerte y tortura de civiles que han sido ignorados.
En este escenario, quedan más vulnerables comunidades indígenas que han asumido su autonomía, como sucedió con la de Santa María Ostula, en Michoacán, que no solamente se enfrenta a una situación socio-económica marginal, sino que enfrenta la violencia de grupos paramiliares que han sido vinculados con el narcotráfico. En los últimos meses han sido secuestrados y desparecidos tres integrantes de Bienes Comunales del pueblo, entre ellos el presidente, Francisco de Asís Verdía Manuel, sin que se tengan noticias de ellos.
- En tu libro México Armado (Ediciones Era) analizas cuatro décadas (1943-1981) de movimientos guerrilleros en México. Indudablemente, movimientos que tenían como marco socio-político el corporativismo, el charrismo sindical, el clientelismo político, entre otros, pilares de la ideología nacionalista-priista ¿Cuál es el marco de referencia ideológico –si es que existe– en el que se desarrollan los movimientos guerrilleros o subversivos en nuestro país en la actualidad?
Es el mismo marco, porque el sistema es el mismo, sólo que ahora, como mencioné, se suma el factor de la actividad del narcotráfico. La violencia del narcotráfico cada vez es más brutal y ya ha atravesado todo el territorio nacional. Antes el narcotráfico estaba muy focalizado, principalmente en el norte, pero desde hace dos años ha aumentado de manera impresionante y ya ha trastocado la vida política del país.
- Algunos politólogos han abordado la cuestión de la narco-política en América Latina ¿Crees que México es un narco-Estado?
Estudiosos del narcotráfico han trascendido que ha habido acuerdos del gobierno en turno con carteles determinados para tener controlado el fenómeno. Yo no estoy especializada en narcotráfico, pero lo que sí te puedo decir es que los medios de comunicación de manera constante muestran cuerpos ejecutados, sin cabeza, que aparecen en las cajuelas de los automóviles o colgados de puentes peatonales, escenas sanguinarias que antes no se veían. Como capitalina, lo que he percibido es que la violencia del narcotráfico, que antes veíamos lejana, ya llegó a la ciudad de México, y que la percepción generalizada es que el gobierno no sólo ha fracasado en esta guerra, si no que está rebasado, sin que haya asomo de autocrítica o cambio de estrategia, lo que es más preocupante.
- ¿Cuál seria, a tu juicio, el aporte de la Liga 23 de septiembre fundada en 1965 en la memoria de las luchas insurgentes de este nuevo siglo?
La Liga comunista 23 de septiembre fue la guerrilla más grande en los setenta y que duró una década en el país, ella reivindica en su nombre al grupo de maestros rurales que cayó en el ataque al cuartel militar de ciudad Madera, en Chihuahua, un 23 de septiembre de 1965. En 1973 un grupo urbano retomó la fecha y fundó la Liga Comunista 23 de Septiembre. La Liga desapareció a mediados de los ochenta, aunque hay quienes la reivindican arrancados los noventa. No tiene influencia en las guerrillas de este siglo, aunque las dos vertientes que existen tienen su semilla en tal generación que conformó una treintena de guerrillas entre 1965 y 1975. Me refiero al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), heredera, en parte, de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), y al Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuya simiente fueron los sobrevivientes de la guerrilla de Lucio Cañas y del grupo de Unión del Pueblo (UP). El EPR es el tronco del que se han ramificado una decena de guerrillas que actualmente, lo sabemos a través de sus comunicados, están activas y replegadas.
Lo interesante es que esta oleada guerrillera de los setenta surgió en un contexto donde, por una parte, los movimientos que los precedieron fueron sido reprimidos como el ferrocarrilero, de maestros, médicos, campesinos, entre otros, y por la otra, se perseguía al Partido Comunista Mexicano (PCM), al que se le negaba su registro electoral. Estos movimientos fueron influenciados por la Revolución Cubana, la Teología de la liberación, y por la ola de rebeldía en occidente. En México el saldo fue el de más de mil 500 casos de desaparición forzada. Estos grupos guerrilleros son el principal detonante de la Reforma Política de 1978 que, finalmente, le da el registro electoral al PCM, es decir, hasta 1978 se pudo votar por la izquierda. El PCM fue una de las vertientes que alimentaron al Partido Socialista Unificado de México (PSUM), que posteriormente confluirá en la creación del PRD. En otras palabras, la guerrilla de los setenta fue el principal detonante que posibilitó que la izquierda pudiera ser votada.
- En su novela Guerra en el Paraíso, Carlos Montemayor –quien escribió el prologo de tu libro– hay una parte donde uno de sus personajes menciona que su lucha era tan radical que incluso los ríos y los pájaros ganarían con la lucha, en otras palabras, la lucha contra el capitalismo también implica una preocupación ecológica. Indudablemente en el movimiento zapatista es más claro. ¿Cuáles son las preocupaciones ecológicas en los otros grupos guerrilleros del país?
En general, las guerrillas mexicanas se manifiestan en sus comunicados contra el sistema capitalista, y por ende, contra la explotación de los trabajadores, la violación de los derechos humanos, y las trasnacionales que explotan los recursos naturales de manera indiscriminada. Ahí las cuestiones ecológicas están implícitas. El movimiento zapatista, por su lado, acentúa su preocupación por la defensa de la madre Tierra, tiene un discurso más cercano a la naturaleza.

- Entrevista publicada en el diario “El Columnista”, Puebla, México, 1 de junio 2010.

ABC, CRIMEN DEL SISTEMA POLITICO

2010-06-04T12:31:00.000-05:00

Un año de esperar justicia

Se cumple un año del incendio de una guardería en México que causó la muerte de 49 niños. Sus padres aún esperan castigo a los responsables
Hace un año, Abraham Fraijo perdió a su hija Emilia en el incendio de la guardería infantil ABC de Hermosillo, Sonora, en el norte de México, donde murieron otros 48 niños y 75 más quedaron lesionados.
Desde entonces, junto con varios padres de familia, ha tocado varias puertas para exigir castigo a los culpables de la tragedia.
Pero hasta ahora, 365 días después de uno de los casos más dramáticos de la historia reciente en México, ninguna persona está detenida.
En una investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se estableced que hay responsabilidad de altos funcionarios del gobierno mexicano en este caso.
El ministro Arturo Zaldívar, encargado de la investigación del incendio de la guardería ABC, concluyó que sí incurrieron en violaciones graves a las garantías actual el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam; su antecesor y actual secretario de Comunicaciones, Juan Molinar; el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, entre otros.
La Procuraduría General de la República afirmó que las investigaciones avanzan. El Instituto Mexicano del Seguro Social, del que dependía la estancia, ofreció atención médica vitalicia a los niños lesionados, mientras que el presidente Felipe Calderón declaró al cinco de junio, cuando ocurrió el incendio, como día de luto nacional.
No es suficiente, porque los probables responsables aún están libres, le dijo Abraham a BBC Mundo.
"Sé que no me van a devolver a mi hija. Pero quiero que ningún mexicano pase ni siquiera cinco segundos de lo que he vivido en un año".
"Negritos y sin fuerza"
La guardería ABC estaba instalada dentro de una antigua bodega habilitada como estancia infantil y no cumplía con todos los requisitos de seguridad, reconocieron autoridades locales.
A un lado de este local operaba un depósito de documentos y material de desecho del gobierno de Sonora. Según la investigación de la SCJN, en ese lugar empezó el incendio que se propagó rápidamente a la guardería, donde se encontraban 176 niños menores de cinco años.
Las responsables del albergue no pudieron sacar a todos. Sus testimonios dicen que las puertas de emergencia estaban cerradas o no pudieron abrirse.
Muchos de los menores que salvaron la vida fueron rescatados después que una persona rompió un muro de la estancia con su camioneta.
En su libro "Nosotros somos los culpables", el periodista Diego Osorno recupera ese momento.
"Sacamos como a 30 niños pero no vi uno vivo; todos iban negritos, sus brazos sin fuerza", contó un vecino que ayudó en el rescate.
"Nunca perdonaré"
Ese cinco de junio murieron 31 niños. El resto perdió la vida en las semanas siguientes.
Jonathan fue uno de ellos. Su madre, Patricia Duarte, dice que nunca perdonará el trato que recibió de las autoridades locales, quienes trataron de compensar la pérdida con dinero y posiciones en el gobierno.
"En ningún momento nos pagarán a nuestros hijos. Si quieren resarcir el daño que me hicieron, que me devuelvan a Jonathan. No lo van a hacer", dijo en conversación con BBC Mundo.
A Patricia le molesta especialmente la actitud del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, quien días después de la tragedia declaró que dormía "como un bebé".
Es un trato que se repitió a lo largo del año, afirmó Abraham Fraijo. De hecho, varios padres de familia realizaron huelgas de hambre, marchas y otras protestas para reclamar sanción a quienes permitieron que la guardería ABC funcionara de manera insegura.
Un año después, apenas empiezan a ver algunos resultados.
"Justicia, donde se encuentre"
La tragedia de la guardería ABC también generó movimientos políticos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el gobierno de Sonora, después de mantener el poder durante 80 años.
Varios funcionarios medios fueron inhabilitados para ejercer un cargo público, mientras que el presidente Felipe Calderón se comprometió a visitar, un año después, a los familiares de los niños en Hermosillo, la ciudad donde residen.
Además, la SCJN votará el dictamen final de la investigación realizada el año pasado, que concluye que sí incurrieron en violaciones graves a las garantías Daniel Karam, Juan Molinar y Eduardo Bours.
Sin embargo, de acuerdo con la legislación interna de la Corte, su decisión no tendrá carácter vinculante, es decir, el órgano judicial no puede castigar a quienes encuentre responsables.
Las sanciones deberán aplicarse por la fiscalía general y el gobierno de Sonora. El gobierno mexicano ha dicho que acatará las resoluciones de la SCJN.
Para los padres de la guardería ABC, el dictamen de la Corte es uno de los momentos más esperados.
"Eso nos va a permitir que llevemos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí esperamos la justicia que no encontramos en México", afirmó Patricia Duarte.
MOVIMIENTO 5 DE JUNIO.
COMUNICADO.
A LA OPINIÓN PÚBLICA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
El MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO, que agrupa a la mayoría de las familias con víctimas por el incendio en la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo Sonora, por este medio declara lo siguiente:
En forma extraoficial hemos tenido conocimiento de que, en esta misma fecha el C. Presidente de la República, Felipe Calderón, se encuentra recibiendo en la residencia oficial de Los Pinos a un grupo de padres y madres de niñ@s víctimas del incendio en la Guardería ABC de esta ciudad, ocurrido el 05 de junio de 2009.
También tuvimos conocimiento por medios distintos a la Presidencia de la República, como lo son el C. Gobernador del Estado Guillermo Padrés Elías y el funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social Luis Fiol, quienes nos hicieron saber de la existencia de una invitación al respecto.
Para nosotros es claro que necesitamos tener una reunión con el Jefe del Ejecutivo Federal, para exponerle de viva voz nuestras demandas de justicia, y para pedirle que en el ámbito de sus atribuciones corrija y mande corregir las irregularidades que agravaron las consecuencias funestas en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo.
Durante varios meses, por diferentes medios, e incluso en forma directa, hemos solicitado que el Jefe de Estado y del Gobierno mexicano se reúna con la totalidad de los familiares de las víctimas en el incendio mencionado, precisamente en esta ciudad de Hermosillo, por las siguientes razones:
• Porque nuestr@s niñ@s nacieron, vivieron y perdieron la vida en esta ciudad de Hermosillo, Sonora.
• Porque los familiares que sobreviven a l@s niñ@s somos residentes de Hermosillo.
• Porque la guardería donde ocurrió el siniestro, está ubicada en Hermosillo.
• Porque la mayoría de los responsables residen en Hermosillo.
• Porque el Presidente de la República, como presidente de todos los mexicanos, tiene funciones, atribuciones y responsabilidades en Hermosillo.
Por todo ello, creemos que la principal obligación del Presidente de México es venir al lugar de los hechos, entrevistarse con los afectados y escuchar y atender sus reclamos y demandas de justicia.
En tres días más se cumplirá un año de que nuestr@s hij@s resultaron gravemente lesionados o perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC, y es hasta ahora cuando en forma indirecta y por medio de terceras personas, se nos convoca, sin agenda alguna, a entrevistarnos con el señor Felipe Calderón en la residencia oficial de Los Pinos.
Como lo dijo uno de los miembros de este movimiento ciudadano, nosotros no queremos tomarnos la foto con el Presidente de la república: lo que queremos, reclamamos y exigimos es justicia.
La justicia a la que aspiramos, a grandes rasgos, es la siguiente:
A) El castigo por delitos graves a todos y cada uno de los responsables directos por la muerte y lesiones de nuestr@s hij@s, especialmente los dueños de la guardería, que lucraron con la prestación de ese servicio público, que sólo le corresponde al Estado.
B) La destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, entre ellos los ex directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social Santiago Levy y Juan Molinar Horcasitas, así como el actual director del organismo Daniel Karam Touméh, así como a los funcionarios del Ayuntamiento de Hermosillo, que por razón de sus funciones y debido a sus actos y omisiones, tuvieron responsabilidad en el otorgamiento de los contratos de subrogación de la guardería, así como en la expedición de los permisos o autorizaciones para el uso de suelo, a sabiendas de que por ser una zona industrial el lugar de ubicación de la guardería, no debió haberse permitido su funcionamiento en las calles Mecánicos y Ferrocarrileros de la Colonia Y de esta ciudad.
C) La destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de protección civil federal, estatal y municipal, que omitieron realizar las funciones de prevención y corrección de riesgos en el funcionamiento de la Guardería ABC.
D) La destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de distintos niveles de gobierno, que omitieron investigar y sancionar, o los que ordenaron obstaculizar tales investigaciones, a los responsables en el incendio de la Guardería ABC, entre ellos el ex Gobernador Eduardo Bours, el ex secretario de Hacienda y los principales directores de área y mandos medios de esa dependencia, el ex y actual Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, el ex Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora, así como el ex Procurador General de la República Eduardo Medina Mora.
E) La reparación del daño moral y material a las familias que perdimos a nuestr@s hij@s; y la atención médica y terapéutica vitalicia a l@s menores que resultaron lesionad@s por quemaduras de diversos grados, y a l@s expuest@s, hasta lograr su recuperación total, o en su caso, al otorgamiento de servicios médicos y prótesis especializadas para paliar las discapacidades que les resulten, debiéndose incluir los apoyos económicos necesarios a los padres y madres de dich@s niñ@s que deban atenderl@s personalmente.
F) La erección de un memorial en el mismo lugar donde operó la Guardería ABC, que a semejanza de los memoriales del holocausto en Europa y los de Hiroshima y Nagasaki en Japón, con los implementos tecnológicos de esta época, de una manera interactiva proporcione la información acerca de l@s niñ@s de la Guardería ABC, tal y como eran antes del fatídico 05 de junio de 2009 que permita a los visitantes locales y foráneos conocer de la vida, las aspiraciones, los juegos y la personalidad en su conjunto de cada uno de nuestros infantes, omitiendo cualquier referencia a la forma infame y trágica en que sus vidas fueron segadas o deterioradas.
G) La institución, mediante reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, del 05 de junio de cada año, como día luctuoso nacional.
H) La expedición de una Ley General de Estancias Infantiles, que regule y controle la operación, funcionamiento y medidas de seguridad, en las guarderías infantiles que operan en el país, no sólo las de prestación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino las del ISSSTE, Fuerzas Armadas, SEDESOL, la de los gobiernos estatales y ayuntamientos, proscribiendo la subrogación a favor de particulares distintos de padres y madres con hijos en estancias infantiles.
Los anteriores, son los puntos mínimos por los cuales pugnamos, y que constituyen nuestro reclamo de justicia.
ATENTAMENTE
MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO

Recordarán en 18 estados tragedia de guardería ABC
A un año de la tragedia, los padres que integran el Movimiento por la Justicia 5 de Junio convocan a soltar globos blancos a las 14:45 horas del próximo sábado, hora en que inició el fuego en la guardería que dejó 49 decesos.
Notimex
Publicado: 01/06/2010 15:56

Hermosillo, Son. Al menos 18 estados del país se han unido a la convocatoria para desarrollar diversas actividades para la conmemoración del primer aniversario del incendio en la guardería ABC, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dejó 49 menores muertos y más de 75 lesionados.
El Movimiento por la Justicia 5 de Junio convocó a la comunidad de otras entidades del país, así como de otros países, a unirse a la conmemoración de la tragedia en la estancia infantil.
De esa manera, hasta ahora en diversas ciudades de 19 estados del país, incluso Sonora, se realizarán vigilias, misas y otras actividades para recordar el siniestro, ocurrido el 5 de junio del año pasado.
En Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal, Morelos, Coahuila, Quintana Roo, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Yucatán, Nayarit, Baja California y Chiapas habrá actos conmemorativos.
Como parte de la solidaridad, los padres que integran el Movimiento por la Justicia 5 de Junio convocó a soltar globos blancos a las 14:45 horas del próximo sábado, hora en que inició el fuego en la guardería.
Asimismo, a la misma hora replicarán las campanas en las iglesias, en memoria de los 49 menores que fallecieron y por la recuperación de los sobrevivientes que presentan lesiones.
La convocatoria incluye también colocar altares con 49 veladoras por los niños fallecidos y una por los heridos frente a las oficinas del IMSS y de la Procuraduría General de la República (PGR) en cada localidad.
También se pide emitir comunicados de prensa para exigir justicia para las víctimas del incendio en la guardería ABC, además de enviar videos a los padres de los menores con mensajes de solidaridad.
Por otra parte, hoy iniciaron las actividades conmemorativas del primer año del siniestro en la estancia infantil y esta tarde se realizará la muestra de videos A un año de la tragedia, en tanto que mañana habrá un evento cultural.
El 3 de junio está prevista la realización del foro Los derechos de los niños y niñas, una asignatura pendiente y el viernes habrá presentación de libros, una tocada de grupos musicales y una vigilia por los 49 menores que fallecieron.
El 5 de junio, las actividades iniciarán con una misa, para seguir con un homenaje a los menores, a las 14:45 horas, en las instalaciones de la extinta estancia infantil, para finalizar con una marcha y una celebración ecuménica.
Guardería ABC, otro crimen sin castigo
PAULINO CÁRDENAS
Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría por pronunciarse sobre las responsabilidades de gravedad del caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, decisión con la que muchos creerían que pudieran iniciarse procesos judiciales contra los presuntos responsables de la tragedia, la realidad es que todo parece indicar que la muerte de los 49 bebés muertos y los 75 que resultaron con daños irreversibles, acabará quedando cubierto por el vergonzante manto de la impunidad.
Sería otro crimen sin castigo, porque lo que dictamine la Corte no es vinculatorio con lo que pudieran hacer o no en este caso las autoridades. Es decir es una suerte de dictamen que no obliga a ninguna autoridad a iniciar un proceso de cualquier tipo, incluso penal, contra los involucrados, y de acuerdo a la Constitución sólo constituye un informe en el que se mencionan las personas que estuvieron involucradas en los hechos. De esta manera, es muy probable que los presuntos culpables pudieran seguir en la impunidad.
A un año de los trágicos acontecimientos que se cumple mañana sábado, ningún alto funcionario ha sido castigado pese a que el ministro encargado de la investigación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó que sí se registraron violaciones graves a las garantías de los inocentes. Su dictamen pasará a votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Para que la resolución sea aprobada, se requieren los votos al menos seis de los once ministros. Hay 19 señalados como presuntos culpables.
En este mismo mes los ministros habrán de pronunciarse sobre el caso, y se sabrá así si La Corte aprueba el dictamen del ministro Zaldívar. Aún en caso afirmativo ello no es garantía para que pudieran iniciarse procedimientos jurídicos contra los presuntos responsables. Los señaldos son el ex gobernador, Eduardo Bours Castelo, así como quien fuera su secretario de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez, y su titular de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani. También está en la lista el ex alcalde Ernesto Gándara.
Por parte del gobierno Federal se halla el ex director general del IMSSS y actual titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas. El ministro Zaldívar añadió en la lista al actual director del IMSS, Daniel Karam, quien tomó posesión después de la tragedia cuando el otorgamiento de las concesiones de la gurardería ya estaban dadas. Es probable que además de Molinar Horcasitas, en las indagatorias pudiera incluirse al también ex director del Seguro Social, Santiago Levy.
Hay otros funcionarios señalados, como el ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, y la ex coordinadora de Guarderías, Carla Rochín, quienes fueron cesados de su cargo un mes y medios después del siniestro. A esta última se le vincula con la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
El pasado miércoles por la tarde el presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos a un grupo de padres de los niños que fallecieron en el incendio y de los que salvaron la vida pero quedaron marcados para siempre con quemaduras y afectados de sus pulmones por aspirar aire caliente. Hubo quienes decidieron no asistir a la casa presidencial porque dijeron que el Presidente no ha mostrado voluntad para resolver el caso y menos para castigar a los verdaderos culpables.
Al final de la reunión en Los Pinos se anunció que Calderón si asistirá a Hermosillo próximamente, reclamo que le venían haciendo los deudos de los bebés desde hace casi un año. Parte de quienes declinaron la invitación exigen la destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno presuntamente culpables de la tragedia.
Muchos apuestan a que, conociendo la forma de cómo se hace justicia en México, el caso de la guardería ABC acabará quedando bajo el abominable manto de la impunidad. Sería otro crimen más sin castigo.
Subrogación, causa del incendio en la guardería ABC: Gustavo Leal
El repliegue del Estado en el servicio provocará más percances, advierte
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 7
La subrogación de guarderías atenta contra la calidad del servicio que se ofrece a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y es la causa directa del incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, aseguró Gustavo Leal Fernán- dez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco.
Advirtió que con el esquema de contratación de terceros, “nos encontramos ante el repliegue estratégico del Estado de su obligación de garantizar la calidad de los servicios prestados, con lo que deja en manos de particulares toda la responsabilidad de lo que ocurra en los inmuebles.
“Por si fuera poco –señaló–, el instituto impone cada vez más requisitos que restringen las posibilidades de los empresarios para garantizar la calidad y seguridad de los niños.”
En entrevista, el especialista y colaborador de La Jornada resaltó que la comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar si en Hermosillo hubo grave violación de las garantías individuales tendrá que incorporar en su indagatoria el objeto planteado en su protocolo de trabajo, respecto a analizar y verificar el sistema de guarderías, así como hacer un diagnóstico de las normas jurídicas y la situación de las estancias.
Así, la comisión tendría que concluir que la subrogación es la causa directa de la muerte de 49 niños y las lesiones de decenas más que se encontraban en la guardería ABC el 5 de junio de 2009.
“Es más –advirtió–, ese modelo será la causa de eventuales percances en cualquiera de los inmuebles del país, aun cuando el IMSS se haya deslindado de cualquier obligación con las pólizas de responsabilidad civil que impuso como requisito a los prestadores que quisieron renovar sus contratos a partir del primero de enero de 2010.”
Mañana, informe de la SCJN
La comisión investigadora de la SCJN presentará este lunes su informe final. En la misma sesión se designará al ministro que elaborará el dictamen, el cual será sometido a la consideración del pleno del máximo tribunal del país.
Leal Fernández comentó que aunque durante el proceso de investigación los magistrados se han reunido en diversas ocasiones con los padres de los niños fallecidos en el incendio, los cinco informes preliminares prácticamente no han abordado el tema de la subrogación.
Aunque los magistrados cuentan con los mil 500 contratos y los están examinando, se han enfocado en el tema de la protección civil. El riesgo es que el informe final se limite
“Significaría –señaló– que los culpables serían el cuerpo de bomberos o el gobierno del estado y sus funcionarios, lo cual estaría acorde con los deseos del director del Seguro Social, Daniel Karam.
Y es que –apuntó–, lejos de replantear el modelo del servicio de guarderías del instituto y reimpulsar a las del régimen ordinario –cuyo crecimiento está detenido–, el funcionario mantuvo para este año la contratación de particulares, quienes debieron cumplir mayores requisitos y costos.”
Recientemente, el investigador publicó el libro Guarderías, en el que documenta la degradación en el sistema de estancias del IMSS, particularmente a partir del gobierno de Vicente Fox, a quien señala como el primer responsable del accidente de Hermosillo, por haber respaldado el proyecto elaborado por Santiago Levy, el ex director del IMSS, aun en contra de las voces que en aquel momento advirtieron que se estaba poniendo en riesgo la seguridad y el desarrollo sicomotor de los niños.
“De igual forma –destaca Leal–, son corresponsables el gobierno de Felipe Calderón y el ex director del IMSS Juan Molinar, así como Daniel Karam. Lo que hemos visto en 10 años de panismo es que sus modelos más baratos no sólo no amplían la cobertura ni mejoran la calidad de los servicios, sino que son un auténtico peligro para la seguridad de los menores. Creo que es suficiente con lo que hemos vivido. Lo que se necesita son propuestas para que con el mismo dinero se logre mayor eficacia, subrayó.
El libro Guarderías, que esta semana será presentado en Hermosillo, como parte de las actividades que organizaciones civiles y los padres de familia de la guardería ABC organizan después de ocho meses de la tragedia, incluye información sobre la calidad de las estancias changarro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y de las que dependen del ISSSTE.
Sobre las primeras, Leal Fernández advirtió que son 8 mil establecimientos donde se encuentran 230 mil niños, quienes están en una condición de peligro mayor que los del IMSS. La causa es que esas estancias de Sedeso son espacios habilitados con muy pobre capacitación de los responsables de atenderlos.
CARTA DE ABRAHAM FRAIJO A SU HIJITA EMILIA.
Changuita pedorra:
El tiempo pasa y tus palabras siguen sonando dentro de mí como si fuera aquella tarde en la que te fuiste…. “te pongaste triste tu? No estés triste tu, mañana en la tarde vengo por ti…” fue lo último que me dijiste, hoy a casi un año, sigo esperando que vengas por mí. Sigo dejándome la barba crecer, esperando por ti para hacerte cosquillas en tus apestositos, llega el fin de semana y me doy cuenta que no vendrás, y tengo que rasurarme, como nos reíamos, sigo esperando nuestro saludo de compitas, esele mi changa!! Esele mi sholate!! Sigo esperando que llegues y mientras estoy en la computadora distraído, llegues, me preguntes que estás haciendo y mientras te doy una muy distraída explicación de lo que estoy haciendo, escondes tus manitas detrás de ti presionando el botón de encendido hasta que la computadora se apaga, y cuando vez mi reacción te hechas a correr riendo a carcajadas, y ya no me queda más que reír también…
Extraño que cuando haces una travesura, y estoy a punto de darte una nalga, y tu con tus ojos, esos ojos que me vieron desde el momento en que llegaste, me robaron el corazón, me decías, “tu tienes muchas nalgadas guardadas verdad?” y ya no me quedaba otra mas que reír, te extraño tanto….
La yoko y el chipotle también te extrañan (los perritos de tu maga)… pues entre semana nunca los podía bajar de mi cama, y solo cuando tu llegabas se desaparecían, en especial el chipotle pues es tu favorito, y se que es tu favorito pues unos días después de tu cuarto cumpleaños se fue contigo, tenia que andar siempre detrás de ti pues tu amor es tan efusivo que me daba miedo que los asfixiaras por la forma en que los abrazabas, y por supuesto que a ellos también les dabas miedo, extraño verte por el retrovisor del carro, brincando, bailando y riendo, mientras escuchamos a los fabulosos cadillacs, o alguna otra banda…
Extraño decirte que eres hermosamente fea, mientras tus ojos me miran, tan grandes, tan brillantes, tan llenos de inocencia, como si estuviera diciendo la cosa mas interesante que jamás hayas escuchado, extraño los maratones de películas…. Monster Inc. Todo el día, y bailar con el intro a ritmo de jazz que tanto te gusta, extraño que llegue la noche, y decirte…. Emilia se va a bañar, y que te pongas histérica gritando que ya te bañaste, después del baño acostarnos, y que te metas en mi axila como si fuera el mejor refugio que pueda existir, aunque a media noche te acomodes mejor con todo tu cuerpecito sobre mi cabeza…
Extraño levantarnos tarde, y desayunar juntos, ahora a casi un año, nada sabe igual, pues ya no hay batallas campales para que te termines tu comida, o que discutamos porque la comida de tu mama sabe mejor que la que yo preparo, extraño que me cantes esa canción que inventaste para saludarme, “hola, hola!! Como estas tu!!? (aun me sorprende que inventaras esa canción solo para saludarme..) pero lo mejor fue que me cantaras eso con la interpretación del moustro del gorro rosa, como tu decías…
Ahora a casi un año que no puedo besarte, olerte, cambiarte, regañarte, explicarte las cosas, platicar, jugar, caminar, hacerte cosquillas hasta que con un beso hacías que dejara de hacerte cosquillas, aquí estoy changuita, con las manos temblorosas, con lagrimas en los ojos, sin sueño, triste, con mucho miedo, sigo esperando que llegues, como me lo dijiste.. sigo esperándote…
Tu sabes que lo que estamos haciendo es para que ningún otro chaparrito sea separado de sus padres como nos sucedió a nosotros mi pequeña gran gigante, no se si lo estoy haciendo bien o mal, solo se que lo tengo que hacer, pues espero que el día que vengas por mi, poder abrazarte y decirte que hice todo lo posible porque tu partida, que nos duele tanto mi amor, sirva para que nadie mas tenga que pasar por lo que nosotros estamos pasando mi pequeñuela… y que tu me mires de la misma manera que siempre me veías, con esos ojos tan llenos de orgullo, que me hacen sentir el hombre mas importante de la tierra…
Yo sabia, desde el momento en que tu mama me dijo que estábamos embarazados, que tu serias alguien muy importante en México mi amor, siempre te imagine en un escenario cantando como tu madre, o como una gran pintora o escultora, escritora, o algo por el estilo, tu sabes lo mucho que me duele no haberme equivocado sobre lo importante que eres para este país, hay mi changuita pedorra, siempre dando sorpresas….
A casi un año mi amor, sigo aquí, esperándote, solo espero ser digno de poder verte a los ojos y ver que me miras con el mismo orgullo de siempre, y que me abraces de la manera en que solo tu puedes hacerlo….
Tu sholate.

Elecciones en Oaxaca, “una brasa”

2010-05-31T12:59:00.000-05:00

Autor: Érika Ramírez
Pobreza extrema, inseguridad social y pérdida económica son parte del saldo que deja Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca. Más de 2 millones de electores registrados en el Padrón Electoral podrían acudir el próximo 4 de julio a la contienda que pugnan el aliancista Gabino Cué Monteagudo y el priista Eviel Pérez Magaña. Las carencias de los oaxaqueños se han convertido en banderas políticas. Analistas advierten: “Oaxaca es una brasa”
Oaxaca, Oaxaca. La radiografía política, social y económica del estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde hace más de 80 años es desalentadora: tercer lugar en pobreza extrema a nivel nacional, penúltimo en materia de competitividad económica, aunado a las constantes violaciones a las garantías individuales. Éstas son las marcas que deja Ulises Ruiz Ortiz al frente del Ejecutivo estatal, revelan informes oficiales y académicos.
En este contexto, más de 2 millones de oaxaqueños podrían decidir el próximo 4 de julio entre el candidato de la coalición –de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia– Gabino Cué Monteagudo, o el priista Eviel Pérez Magaña.
Ambos candidatos han erigido las banderas del progreso, democracia y avance, como parte de sus campañas político-electorales. Así, Gabino Cué y Eviel Pérez se debatirán el primer domingo de julio próximo el voto de 2 millones 583 mil 112 oaxaqueños enlistados en el padrón del Instituto Federal Electoral.
Lejos de las promesas de campaña, los estudios socioeconómicos que se han hecho del sureste mexicano demuestran que Oaxaca es el tercero más marginado de todo el país. Así lo señalan los Índices de marginación por entidad federativa, del Consejo Nacional de Población (Conapo). Le anteceden Guerrero y Chiapas, en primero y segundo lugar, respectivamente.
Conformados en el llamado “triángulo de la miseria”, estos estados tienen índices de desarrollo humano (IDH) similares a los del África Subsahariana. El Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México 2006 precisa que “las desigualdades en el desarrollo humano mostradas en el ámbito estatal y regional [oaxaqueño] se acentúan a partir de una desagregación por municipios”.
El mismo informe destaca que Coicoyán de las Flores, de la mixteca oaxaqueña, es el municipio con el IDH más bajo de las demarcaciones territoriales del país, 70.4 por ciento por debajo del promedio nacional. En tanto, el Conapo muestra que todavía hay un municipio con menores niveles de vida: San Simón Zahuatlán.
Bandera de miseria
Fernando Bustamante, secretario técnico del Comité Estatal del PRD, dice que la marginación en la que subsiste el pueblo oaxaqueño es uno de los motivos por los cuales se ha conformado la coalición entre partidos políticos de oposición. “Es hora de la alternancia en el poder”.
Sin embargo, acepta que la entidad aún gobernada por Ulises Ruiz Ortiz tiene un “compuesto social complejo”. Cada una de las regiones (conglomeradas en 570 municipios), agrega, obedece a intereses muy particulares, pero hay la intención de generar “un cambio que permita llevarnos a un nuevo ejercicio político en el estado”.
En el documento Plataforma electoral, elecciones 2010, de la coalición PRD, PAN, PT y Convergencia, se destaca: “Como consecuencia de un régimen profundamente autoritario, producto de un sistema político caduco y obsoleto, Oaxaca vive un grave rezago social, económico y político. La gran mayoría de la población padece las consecuencias de un desarrollo centralista socialmente injusto, que genera una creciente miseria y desigualdad, agravada por la falta de canales institucionales de discusión y participación democrática”.
El documento –firmado por las fuerzas políticas opositoras al PRI– asegura que “las instituciones estatales rectoras del crecimiento y el desarrollo no promueven una actividad integradora, han dejado a cada región a su suerte, asumiendo las características geográficas como fatalidades”.
Sin embargo, para el candidato que podría dar continuidad al régimen priista, Eviel Pérez Magaña, la pobreza del estado se puede remediar con la ejecución de un proyecto basado en la promoción de la cultura y el turismo, para la generación de empleo, modernidad y acercamiento con la gente.
Yésica Sánchez Maya, responsable del área jurídica de la organización no gubernamental Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, duda de las palabras de los políticos y asegura que la crisis político social que vive el estado “crea un clima de ingobernabilidad. No hay garantías para nada ni nadie, todo es un adorno”.
Mientras en el entorno económico hay gente que muere de hambre, en lo social, dice, “se hace más visible la violencia hacia las mujeres; hay ataques a defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados. Tampoco hay transparencia en el uso de los recursos, lo que muestra que hay una impunidad histórica”.
La defensora de derechos humanos advierte: “Vivimos en un estado autoritario con simulación de democracia. Oaxaca tiene que llamar la atención: hay una crisis justo en proceso de elecciones. Hay un riesgo latente. Oaxaca se puede incendiar en cualquier momento. Oaxaca es una brasa”.
Caída económica
Otro de los factores que ha golpeado a la sociedad oaxaqueña es la pérdida económica que había entre quienes tenían un ingreso, a través del empleo formal o la inversión en los negocios. Los indicadores en materia económica también se encuentran entre los más bajos respecto del resto del país.
El informe La competitividad de los estados mexicanos 2010, elaborado por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, indica que durante el primer trimestre del 2009, el 1.1 por ciento de la Población Económicamente Activa perdió o abandonó su negocio, lo cual se traduce en un total de 2 mil 500 negocios perdidos, 10.7 por ciento de los cuales se establecían como formales.
Otro de los datos que arroja el estudio universitario es que al tercer trimestre de 2009, la tasa de desempleo en Oaxaca fue de 1.74 por ciento, lo que la convierte en “la menor de todo el país durante este periodo”.
Las cifras del Tecnológico de Monterrey indican que la tasa de “condiciones críticas de ocupación” en el estado fue de 18.8 por ciento de la población ocupada (con todas las prestaciones sociales). Mientras, la población ocupada no protegida fue del 73 por ciento.
Finalmente, dice el informe coordinado por la investigadora Marcia Campos Serna, la pérdida de empleos en el primer trimestre de 2009 fue de casi 13 mil, de los cuales el 16.3 por ciento se debió a un recorte de personal o por cierre de la empresa.
Transición, acarreo y dudas
Mientras los factores que podrían influir en la votación del próximo 4 de julio son deprimentes entre la población, Carlos Alberto Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Oaxaca, es optimista: confía que, en el acercamiento al proceso electoral, “hay una posibilidad de transición democrática. No hemos tenido ninguna circunstancia que ponga en riesgo a la alianza”.
Son siete ejes fundamentales los que forjan la alianza entre partidos políticos de oposición a nivel federal: transición democrática, fortalecimiento municipal, rediseño de las instituciones, desarrollo humano sustentable, educación, empleo.
El dirigente estatal del blanquiazul arremete contra el gobernador Ulises Ruiz: “Hizo del orden, represión; de la transparencia, opacidad, y del erario, corrupción. No sólo queremos derrotar al PRI, sino que está en nuestras manos la responsabilidad de generar una transición democrática”.
Soledad Jarquin Edgar, periodista oaxaqueña y Premio Nacional de Periodismo, critica que su estado natal “está igual de pobre que siempre. La corrupción se ha hecho cada vez más profunda. Hay una indiferencia total hacia la aplicación de la justicia”.
En los albores de un proceso electoral, dice, “hay una indiferencia muy marcada entre la gente para acudir a las urnas. El aparato político sigue recurriendo a prácticas de acarreo, condicionamiento de despensas, materiales de construcción, de proyectos para las colonias; todo, bajo el marco: ‘yo te doy, pero tú votas por tal partido político’”.
Esta situación, critica la periodista, “agrava la pobreza y discriminación en Oaxaca”. Galardonada en 2007 por su labor periodística, Jarquin Edgar dice que la manipulación electoral “es una práctica de todos los partidos políticos que se han convertido en partidos de familias, que se heredan los puestos y cargos públicos”.

Muerte, desesperación y furia en México

John Ross
Counterpunch

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

La visita de Estado a Washington de Felipe Calderón de la semana pasada (19 al 20 de mayo) y su aparición en una sesión conjunta del Congreso de EE.UU. coloca el Sello Oficial de Aprobación de Barack Obama a un jefe de Estado elegido incorrectamente y cuya legitimidad se sigue cuestionando en su propio país.
La cena oficial de la Casa Blanca servida por los Obama al “presidente” mexicano y a su primera dama Margarita Zavala incluyó carne de vacuno de Oregón y mole negro de Oaxaca, a Beyoncé, George López, la Banda del Cuerpo de Marines de EE.UU. y un espectacular dispositivo de seguridad para excluir a potenciales participantes no invitados, en noviembre pasado, una pareja iraní-estadounidense engañó al Servicio Secreto y se coló en la primera cena oficial de los Obama, una gala en honor del primer ministro indio, Mahmonan Singh.
Aunque el discurso de 35 minutos de Felipe Calderón en una sesión conjunta del Congreso el mediodía siguiente fue previsiblemente protocolar, animó la polémica al solicitar la abrogación de la ley racista "Breathing While Brown" de Arizona y la renovación de la prohibición de la venta de armas de asalto fácilmente obtenibles en 7.000 armerías a lo largo de la frontera, en las cuales los cárteles de la droga mexicanos obtienen sus arsenales. 23.000 ciudadanos mexicanos han perdido sus vidas desde que Calderón trató de congraciarse con Washington declarando una mal concebida guerra contra las bandas de narcotraficantes hace 40 meses.
Con el estímulo de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, los somnolientos demócratas que mantienen una mayoría en disminución en ambas cámaras del Congreso de EE.UU., brindaron a Calderón una tibia ovación mientras los republicanos, mortalmente disgustados por el ataque del político mexicano contra los derechos a las armas en EE.UU., se sentaron rígidamente sobre sus manos, una posición poco confortable.
Irónicamente, desde la “victoria” de Calderón en una elección viciada por el fraude en 2006, no ha podido dirigirse a su propio Congreso por la amenaza de protestas de la oposición tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado mexicanos.
La visita subsiguiente de Felipe Calderón al Cementerio Nacional de Arlington para depositar una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido provocó una condena generalizada en su país. Ningún presidente mexicano ha rendido su homenaje en Arlington, donde están enterrados soldados de EE.UU. que participaron en tres invasiones (1846, 1914, 1916) de la nación vecina. “Ahora nuestra soberanía nacional está enterrada en Arlington”, fue la crítica expresada por el antropólogo radical Gilberto López y Rivas entrevistado por el autor en un simposio sobre derechos y costumbres indígenas. López y Rivas fue deportado una vez de EE.UU.,acusado de espiar para la Unión Soviética.
Después de cuatro meses de gira con El Monstruo - Dread & Redemption In Mexico City, he vuelto a la escena del crimen. La descomposición social en mi vecindario y país adoptivo parece generalizada. A dos cuadras hacia el este, el suelo de la gran plaza del Zócalo está cubierto de campamentos improvisados de trabajadores disidentes e indios. 100 miembros del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), que perdieron sus puestos de trabajo en octubre pasado después de que Calderón declarara la bancarrota de la paraestatal compañía Luz y Fuerza y despidiera a 43.000 miembros del sindicato como parte de una conspiración para privatizar la generación de electricidad en México, han estado en huelga de hambre durante más de un mes para instar a la Corte Suprema de México a que anule la orden de disolución y los sacerdotes administran la extremaunción a los que se encuentran en inminente peligro de muerte.
También acampan en el Zócalo maestros militantes del Estado de Oaxaca cuya huelga en 2006 provocó en el Estado sureño una brutal represión gubernamental, e indios Triqui de la localidad de San Juan Copala en las montañas Mixteco de Oaxaca, sitiada por bandas paramilitares de las que se piensa que están ligadas al gobernador saliente Ulises Ruiz, un pez gordo en el otrora gobernante partido PRI, cuyos pistoleros asesinaron a 26 activistas durante la rebelión de los maestros de 2006.
El 27 de abril, matones fuertemente armados atacaron una caravana que trataba de llevar alimentos y suministros médicos a la sitiada municipalidad oaxaqueña, matando al observador internacional finlandés Tyri Antero Jaakkola y a Alberta "Bety" Cariño, infatigable defensora del maíz nativo de México y de los derechos de las mujeres indígenas.
“Ya no damos más. No podemos soportar ni un día más de esta represión”, declara amargamente Berta Robledo, enfermera jubilada, mientras agita una lata pidiendo contribuciones para los huelguistas de hambre en el Zócalo. La mezcla volátil de desesperación y furia en la gran plaza parece un microcosmos del México de Calderón.
Durante la gira de cinco días del presidente a Washington y a la Unión Europea para alardear de la supuesta recuperación de su país del desastre económico (casi un millón de mexicanos perdieron sus puestos de trabajo en los primeros tres meses de 2010), el tejido social se ha deshilachado aún más por la tenebrosa desaparición de Diego Fernández de Cevallos alias "El Jefe", el candidato presidencial derechista del partido PAN en 1994, de quien se piensa que aspira a suceder a Calderón en 2012. El Jefe Diego fue secuestrado al parecer entre la tarde y la noche del 14 de mayo delante de su hacienda La Cabaña en el Estado de Querétaro, a dos horas al norte de la capital.
Querétaro, un reducto conservador en el cual la Iglesia Católica ejerce considerable influencia en la política pública estuvo gobernado durante los últimos 12 años por el partido PAN de Calderón y Cevallos, pero devolvió el poder al PRI el año pasado. Algunos observadores ven un subtexto político para el secuestro.
La única pista revelada hasta ahora por las autoridades, que guardan un hermético silencio, parece que es un par de tijeras ensangrentadas que El Jefe utilizaba para recortar su barba. Las tijeras se encontraron en la camioneta Cadillac Esplanade de Fernández de Cevallos y se piensa que se utilizaron para extraer un microchip colocado en la espalda del panista a fin de frustrar la ubicación satelital de El Jefe.
Aunque la familia de Fernández de Cevallos ha rogado a la prensa y al gobierno que guarden silencio mientras trata de establecer contacto con los secuestradores, rumores descabellados, avistamientos falsos, conjeturas estupefactas, incluso profecías y oraciones han reverberado a través de toda la clase política conmocionada de México. Una fotografía posiblemente modificada de El Jefe Diego con los ojos vendados, colocada en un sitio en Internet y firmada por “los misteriosos desaparecedores” sólo ha aumentado la especulación pública.
Abundan los escenarios propuestos y como el paisaje político es tan caótico en el país, todos ellos son posibles. Fernández de Cevallos es o era un abogado lleno de vida, preferido de la oligarquía, que ganó acuerdos multimillonarios en dólares para sus clientes y que causó múltiples enemigos al hacerlo, cada uno de los cuales podría sentirse motivado para tomarse la venganza máxima contra El Jefe.
A pesar de diferencias con Calderón de las que se informó ampliamente, Fernández de Cevallos ha gozado de considerable poder en el actual régimen: su ex socio en su bufete de abogados, Fernando Gómez Mont, es secretario de Gobernación, la segunda posición por su importancia en la jerarquía política de México, y otro asociado de tantos años, Arturo Chávez Chávez, es procurador general de la república. Diego Cevallos ha cabildeado con éxito para la inclusión de amigos suyos en la Corte Suprema, como Margarita Luna Ramos para cuya familia ganó una vez 250 millones de dólares en una batalla por tierras con la Ciudad de México.
Otra teoría interpreta la desaparición de El Jefe como un ajuste de cuentas perpetrado bien por el cártel de drogas de Juárez o por sus ardientes rivales, los muchachos de Sinaloa. Los vínculos de Fernández de Cevallos con el cártel de Juárez son bien conocidos desde hace tiempo. El Jefe era representante legal del Hospital Santa Clara donde expiró el jefe del cártel Amado Carrillo, “el Señor de los Cielos”, supuestamente durante una operación de cirugía estética en 1997. Carrillo había alquilado todo el hospital, ubicado a apenas una milla de Los Pinos, la Casa Blanca mexicana. Los doctores que trataron al ‘Señor de los Cielos” fueron posteriormente hallados torturados, muertos y "entambados" en la Carretera México-Acapulco.
El Jefe también sirvió como asesor legal de la funeraria en la que supuestamente se incineró a Carrillo. En vida, el Señor de los Cielos tuvo el privilegio de contar con la protección del Zar de la rama mexicana de la Guerra contra la Droga de la Casa Blanca, el desprestigiado general Jesús Gutiérrez Rebollo.
Según el testimonio de uno de los hijos de Amado Carrillo, Fernández de Cevallos también desvió millones de dólares del cártel de Juárez a los cofres de otro cliente, el Banco Anáhuac, que quebró posteriormente.
El cártel de Juárez también ha estado involucrado en una sangrienta batalla con El Chapo Guzmán cuyo cártel de Sinaloa parece que finalmente ha arrebatado Ciudad Juárez, un crucial centro de cruce de drogas, a los Carrillo. Se cree que El Chapo es el señor de la droga preferido tanto de Felipe Calderón como de su predecesor Vicente Fox, al haber escapado de una prisión de máxima seguridad un mes después de la investidura de Fox en 2001.
Un corolario de este escenario presenta a El Jefe como rehén de El Chapo con la intención de intercambiarlo por el Número Tres del cártel de Sinaloa, Nacho Coronel, cuyo arresto nunca se ha hecho público –el modus operandi usual de las fuerzas de seguridad mexicanas cuando atrapan a un pez gordo es publicitar su captura con máxima grandilocuencia. Tanto el Ejército como la Armada niegan tener a Coronel quien según se informa fue capturado a finales de abril en el Estado Jalisco, pero agencias civiles, desde la Policía Federal Mexicana al Secretariado de Salud Pública, el FBI o la DEA estadounidenses, siguen siendo sospechosos probables en la captura de Coronel.
Otra hipótesis atribuye la captura de El Jefe Diego a un grupo no identificado de guerrilla armada. México ha sido el escenario escogido para sensacionales secuestros políticos como la captura como rehén en 1994 de Alfredo Harp Helú, multimillonario presidente de Banamex, el banco más antiguo de México (ahora parte de Citigroup) y primo del magnate más rico del mundo, Carlos Slim. Se cree que se pagó un restate récord –supuestamente 14 millones de dólares– al Ejército Popular Revolucionario (EPR), que posteriormente se equipó con armamento sofisticado y libró una breve y sangrienta guerra con el ejército mexicano.
También se piensa que el EPR secuestró al antiguo secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios en 1997 por el cual se cobraron 6,5 millones de pesos –el secuestro nunca se hizo público- El Ejército Popular Revolucionario negó rápidamente toda participación en la captura de El Jefe Diego.
Pero mientras México celebra el centenario del hito histórico que representa su revolución y se predicen nuevas insurrecciones, es indudable que existen otros grupos guerrilleros. Desde la rebelión zapatista de 1994 en Chiapas existen rumores de la presencia de guerrilleros en la montañosa Sierra Gorda, a poca distancia de la hacienda de Fernández de Cevallos en Querétaro.
Otros argumentan que el secuestro es sólo una aventura comercial sin conexiones políticas, pero como señala Miguel Ángel Granados Chapa, decano de los escritores políticos de México, los posibles secuestradores podrían haber exigido un rescate astronómico apoderándose de cualquier miembro de la familia de Fernández de Cevallos y dejando libre a El Jefe para negociar el monto en dólares.
La posibilidad de la participación de guerrillas en la captura de ese político acuciado por problemas ganó adeptos el 18 de mayo cuando el general Mario Arturo Acosta Chaparro fue baleado en una calle de Ciudad de México por desconocidos. Acosta Chaparro fue un personaje esencial en cientos de ejecuciones extrajudiciales de presuntos guerrilleros durante los años setenta en Guerrero, que fue otrora un bastión del EPR. Aunque nunca fue condenado por abusos contra los derechos humanos, el general pasó varios años en prisión por suministrar protección al cártel de Juárez de Carrillo –un tribunal militar revocó posteriormente la sentencia. Ahora la revista Proceso informa de que Acosta Chaparro había sido contratado por la familia de El Jefe Diego para investigar su desaparición.
Pero la hipótesis más curiosa que ha surgido de todo este embrollo con un reparto estelar es que El Jefe se habría secuestrado a sí mismo, un “autosecuestro” en el argot criminal mexicano, y que pronto reaparecerá como salvador del PAN y será presentado como candidato presencial del maltrecho partido derechista en 2012.
Diego Fernández de Cevallos, una voz machista, misógina y racista (que una vez argumentó que las costumbres y hábitos indígenas promueven el sacrificio humano) cuenta con el respaldo incondicional de los sectores más retrógrados del PAN y del PRI. El Jefe Diego ha sido uno de los que han movido los hilos en la política durante una generación, frecuentemente acusado de tráfico de influencias y con antiguos vínculos con la fortuna de la familia del desprestigiado ex presidente Carlos Salinas, por haber aprobado la quema de boletas de la elección presidencial de 1988 robada por Salinas al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que el PAN recibió su primera gobernación (Baja California) y Fernández de Cevallos una suntuosa mansión en la ostentosa zona de Punta Diamante en Acapulco.
A pesar de un comienzo inicialmente fuerte como candidato presidencial del PAN en 1994, El Jefe Diego abandonó inexplicablemente su campaña y desapareció de la vista pública. Cuando terminó por volver a la campaña, el sucesor de Salinas, Ernesto Zedillo, había tomado la delantera. Analistas políticos como Granados Chapa sugieren que hubo un arreglo.
Ahora, con el capital político de su partido a la baja, el resultado de la devastadora depresión económica, la pérdida de la guerra contra la droga, y la presidencia inepta de Calderón, el retorno de El Jefe Diego lo transformaría en una especie de candidato de la línea dura que ansían muchos mexicanos. “Necesitamos un hombre fuerte con una mano dura como El Jefe Diego para poner orden en este lío. Rezo por su retorno”, me dijo un joven simpatizante, Eder Lenero, mientras tomábamos café la semana pasada.
Como hechos a propósito, carteles mostrando la fotografía del rostro agresivo de Fernández de Cevallos y a un lado la inscripción “¡Diego, estamos contigo!” aparecieron repentinamente en Querétaro, pero se retiraron rápidamente por orden de su familia.

DESAPARECIDOS

2010-05-26T12:34:00.000-05:00

Los guerrilleros desaparecidos del EPR
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Desde 1970, la desaparecida Dirección Federal de Seguridad tenía registros de Gabriel Alberto Cruz Sánchez de su participación en el movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) hasta su paso a la clandestinidad en la Organización Revolucionaria Clandestina Unión del Pueblo, que después se convirtió en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), germen del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Era ubicado también como Raymundo Rivera Bravo con los alias “El Oso” y “El Gutemberg”, pero sobre todo como hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, identificado igualmente como Eleazar Campos Gómez y Francisco Cerezo Quiroz, que se convirtió con el paso del tiempo en el mando principal del EPR.
De Edmundo Reyes Amaya, no se tiene ningún registro. Solo se sabe que nació en San Pablo Huixtepec, que emigró muy joven al Valle de México, que atendía una tienda en Ciudad Nezahualcóyotl y de su gusto por el béisbol.
Los dos guerrilleros, fueron detenidos-desaparecidos forzadamente desde el 25 de mayo del 2007 en esta ciudad.
Gabriel Alberto Cruz Sánchez
Gabriel Alberto, nació el 24 de marzo de 1952 en esta ciudad. Vivió al lado de ocho hermanos en la casa familiar ubicada en la calle Santos Degollado, en el populoso barrio de La Merced, donde su padre Antonio Cruz Palma tenía una mueblería. El papá, quien había sido mesero en el restaurante del hotel Marqués del Valle, participaba en un círculo de estudios bíblicos.
Cuando Gabriel Alberto aprendió a manejar vehículos de motor, auxiliaba a su padre en el traslado de los muebles comprados por sus clientes.
Según relatos de compañeros de aquella época, Gabriel Alberto, en 1970, cuando tenía unos 18 años, estudiaba en la Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y participaba como otros tantos estudiantes en el movimiento estudiantil por la democratización de la Máxima Casa de Estudios y de la entidad. Ese año es asesinado uno de sus compañeros Erudiel Gastón Martínez Salazar, presuntamente por grupos porriles priístas, y en represalia retienen al dirigente del PRI y catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sadot Sánchez Carreño, quien es llevado a una casa. Pero la policía encuentra el lugar y detiene a los presuntos responsables Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Jorge Vera.
Los dos estudiantes preparatorianos son encarcelados en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel y después de ocho meses son liberados.
En 1971, el entonces presidente de la Federación Estudiantil de Oaxaca (FEO), Raúl Castellanos –el ex coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal , fue a recogerlos a la salida de la prisión, aparentemente en un Volkswagen, color amarillo, para dirigirse a la Escuela Preparatoria número 1, donde lo esperaban sus compañeros.
Al parecer, esa fue la última vez que fue visto en público. Su hermana Margarita, rememora que un día de ese año, Gabriel Alberto se despidió de ella en su casa y hasta ahora no lo ha vuelto a ver.
“No recuerdo bien las palabras, pero me dijo algo así: ‘voy a salir, cuida a mis papás’”, evoca.
De ahí, junto con su hermano Tiburcio Cruz Sánchez, a quien cariñosamente llamaban Bucho, se va a la clandestinidad para incorporarse a la Unión del Pueblo, que después se convirtió en el PROCUP, luego en el PROCUP-PDPL, por la fusión con el Partido de los Pobres del guerrillero guerrerense, Lucio Cabañas, y por último en el EPR.
A Margarita, después de 30 años, le costó mucho reconocer a Gabriel Alberto porque en la fotografía difundida por el EPR aparece corpulento, con frente amplia y de bigote.
“Me costó mucho trabajo reconocerlo; han pasado muchos años desde que se fue”, señala.
En 1974, estallan explosivos en diferentes lugares de la ciudad y la responsabilidad se atribuye a los hermanos Cruz Sánchez y a Elodia Canseco Ruiz, y así comienza la guerra sucia en Oaxaca.
De esos años, no quedó ninguna foto ni de Tiburcio ni de Gabriel Alberto en la casa familiar porque la policía entraba a catear para llevarse cualquier cosa que pudiera dar indicio para su aprehensión.
“Cuando entraban, se llevaban todo. Hasta las fotos”, apunta.
Su paso por organizaciones armadas revolucionarias, está registrado en numerosos reportes por la entonces Dirección Federal de Seguridad.
Según el libro Desapariciones Forzadas en México, donde se presentan los documentos del proceso de la Comisión de Mediación (Comed) entre el grupo armado y el gobierno federal, en la Galería 1 del Archivo General de la Nación, donde están concentrados los archivos remitidos por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), se encontró el expediente de Sánchez Cruz a partir del 12 de marzo de 1970 al 7 de enero de 1984.
Se identifica a Gabriel Alberto Cruz Sánchez también como Raymundo Rivera Bravo, Antonio Montaño Torres y con los alias “Gutemberg”, “El Oso” o Palma, desde su desempeño como secretario general de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria número 1 de la UABJO en 1970, hasta su incursión como activista en la Organización Revolucionaria Clandestina Unión del Pueblo.
Y junto con su hermano, Tiburcio, o Francisco Cerezo Contreras, o Eleazar Campos Gómez, alias “Milton”, “Melitón”, “Javier”, se les vincula desde aquella época en los atentados explosivos perpetrados, entre ellos el sucedido el 23 de julio de 1972 en el 18avo. Batallón de Infantería y el 8 de julio de 1975 en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En el expediente, también se encontraron las fotografías que en aquella época se recabaron de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Tiburcio Cruz Sánchez, así como los nombres de los familiares que integran su árbol genealógico.
Edmundo Reyes Amaya
Nació el 10 de noviembre de 1949 en San Pablo Huixtepec. Vivió en esta capital y en la Ciudad de México, donde fue obrero y albañil. En 1976, casó con Lucina Maldonado, también originaria de San Pablo Huixtepec, y se establecieron en Ciudad Nezahualcóyotl formalmente, donde establecieron un puesto de quesadillas en la cercanía de su domicilio, pero después lo cambiaron por una tienda de abarrotes. Edmundo era apasionado del beisbol e incluso llegó a jugarlo en Oaxaca y en el Distrito Federal. Uno de sus equipos se llamaba Astros.
Solamente se separaba de su familia cuando venía a Oaxaca a visitar a sus padres.
La pertenencia de Edmundo Reyes Amaya en el EPR era desconocida por su familia, hasta que el grupo armado denunció su desaparición en la prensa.
“Mi padre es comerciante; venía a Oaxaca a visitar a mi abuela, pero de ahí no sabíamos nada más. Me entero de la detención-desaparición de mi papá y veo que el EPR lo reconocía como su integrante. En ese momento todo fue turbio y confuso para mi familia y para mi, pues nos angustiamos demasiado cuando vimos que este grupo lo reivindicaba, lo cual nos llenó de miedo, quedándonos como en estado de shock, sin saber que hacer”, dice Nadín Reyes Maldonado, su hija.
A pesar de la reivindicación que ha hecho el EPR de su padre, no acepta del todo que sea militante de ese grupo armado.
“Cuando venía a Oaxaca decía 'voy a ver a la familia', le creíamos; nunca vimos nada raro ni lo cuestionábamos. Voy a creer hasta que lo tenga enfrente y me diga si es cierto o no”, refiere.
Pero subraya que no tiene nada por reprochar a su padre en caso de ser militante del EPR.
“No hay secretos en la familia, pero si es así (que sea eperrista) no tenemos nada que reclamarle; si no nos dijo nunca nada es por algo”, asienta.

Desaparición de político mexicano crea preguntas sobre estrategias de seguridad en México

Kristin Bricker
Rebelión

El presunto secuestro del político mexicano Diego “El Jefe” Fernández de Cevallos, uno de los políticos mexicanos más poderosos, la crisis de seguridad en México lo ha puesto otra vez en la atención internacional.
El gobierno mexicano no ha calificado oficialmente la desaparición de De Cevallos como un secuestro. Sin embargo, el hecho de que su automóvil fue encontrado abandonado en su rancho con rastros de sangre y signos de lucha, ha llevado a su familia a apelar a “los captores” para hacer contacto con el fin de negociar su liberación. Al momento de la redacción, no se sabe si de Cevallos está vivo o muerto.
El crimen en sí mismo no es sorprendente, los secuestros en México son muy comunes. De Cevallos tampoco es el primer político en ser víctima del crimen violento-varios políticos locales han sido acecinados o atacados en semanas recientes mientras el país se prepara para las elecciones internas. Lo que separa este crimen de otros es el hecho de que la víctima es uno de los hombres más poderosos en México.
De Ceballos, un miembro del Partido Acción Nacional (PAN), es uno de los principales líderes del Yunque, una organización secreta ultraconservadora católica que al parecer tomó el control del PAN en 1970 y continúa dirigiendo su agenda política. Fue candidato presidencial del PAN en 1994 y ha servido durante cuatro periodos en el Congreso: una como Senador y tres en la Cámara de Diputados. Sus colegas y alumnos ocupan puestos clave en el gabinete del presidente Felipe Calderón y en la Suprema Corte. La firma de abogado de Cevallos fue clave en el bloqueo del recuento tan reñido de las elecciones presidenciales del 2006, en el cual el Presidente Calderón fue fuertemente acusado de haberle robado el triunfo al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador. Entre 1994 y 1997, el gobierno mexicano investiga su firma de abogados por haber representado empresas vinculadas con el cartel de Juárez: un hospital privado que realizaba cirugías plásticas a capos de la droga, una funeraria que realizo servicios de inhumación al capo Armando Carrillo y a una empresa que se encargaba de lavar el dinero del cartel.
Si bien no se ha confirmado que una Organización de Trafico de Drogas (OTD) ha secuestrado a de Cevallos, su desaparición ha provocado dudas sobre el futuro de la guerra de México contra las drogas.
Ardelio Vargas Fosado, presidente de la Comisión Nacional del Congreso Mexicano de Defensa, dijo a la prensa “Este acto marca un punto de inflexión. Sin duda, la forma en que manejamos la seguridad pública y la seguridad nacional tendrá que cambiar… Habrá que realizar una detallada revisión de la estrategia que se ocupa de la cuestión de la seguridad pública y los riesgos, y amenazas para la seguridad interna del país”.
“Cambio” definido por el gobierno de Calderón parece significar más de la misma estrategia de seguridad. Calderos, en respuesta a la desaparición de su colega y amigo personal, comparo a México con Colombia durante 1980. “Hay etapas en que se presenta la delincuencia organizada durante los 80 y a principios de los 90 [en Colombia] los cuales se están presentando en México, y afortunadamente los estamos combatiendo. Y a pesar de que podría haber etapas en que su esencia podría ser similar [a los de Colombia], las estamos enfrentando y probablemente se producirán más rápido y podemos resolver más rápido. Lo que le tomo a Colombia cerca de 20 años, nos debería tomar tal vez cinco, seis, siete años o menos, dependiendo de la persistencia que le pongamos a nuestras acciones”.
La comparación de Calderón de México con Colombia está diciendo. Mientras que Colombia desmantelo las OTD mas importantes como el cartel de Cali y –Medellín al matar o detener a sus dirigentes, muchos más carteles surgieron para ocupar su lugar. La cocaína sigue fluyendo desde Colombia a Estado Unidos, la única diferencia está en que las OTD mexicanas dominan las rutas de tráfico. El cultivo de la coca aumento en un 15% y la producción de la cocaína aumento un 4% en el curso del Plan Colombia, llevando a la oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. a concluir que “los objetivos en reducción de drogas no se han alcanzado completamente” a pesar de la importante presencia militar de EE.UU y del apoyo financiero, y táctico al ejército Colombiano.
Aparentemente México se dirige por un camino similar de fracaso. Al igual que Colombia, México cuenta con esfuerzos estratégicos militares y legales para desmantelar OTD por medio de arrestos, asesinatos y ataques súbitos. El gobierno EE.UU. apoya estas medidas atreves de la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda que apoya al ejército y policía mexicana en la guerra contra las drogas. Uno de los acuerdos de la Iniciativa Mérida “a llevarse a cabo” para México, es el “numero de traficantes de drogas de alto perfil y capos criminales capturados”.
Como lo demuestra la experiencia de Colombia, la demanda impulsa al tráfico de drogas. Mientras exista un incentivo financiero significativo para el tráfico de drogas, la industria se ajustara y evolucionara de manera que el producto llegue al consumidor. Así como la desaparición y posible asesinato de uno de los políticos más poderosos de México, de ninguna manera debilitara al gobierno federal, causando la muerte o el arresto de los capos de la droga no debilitara la industria de tráfico de drogas. Al igual que l gobierno, las OTD se adaptaran a las nuevas circunstancias y nuevas personas darán un paso adelante para llenar los vacios dejado por las muertes, detenciones y desapariciones. Y la guerra continúa sin cesar.
Independientemente de cuantos capos mata o extradita el gobierno mexicano hacia Estados Unidos, la industria se ha acomodado. Después de que Calderón desplegó a los militares a finales de 2006 para librar la guerra contra las drogas, las incautaciones de drogas han disminuido y la producción de drogas ha aumentado en México. Mientras tanto la situación de seguridad se ha deteriorado rápidamente. Durante el mismo periodo, las violaciones a los derechos humanos hechas por militares han incrementado seis veces. El índice de asesinatos ha incrementado dramáticamente desde 2006, con un total de 22,700 muertes relacionadas con la guerra de drogas. Ciudad Juárez es considerada actualmente como la “capital mundial en asesinatos” y Tijuana es aun más peligrosa que Bagdad.
El problema con las estrategias en seguridad de México es que simplemente no tiene una. Ni Calderón ni el gobierno de los EE.UU. han definido claramente los objetivos que orientan a la guerra contra las drogas. ¿Es el objetivo disminuir las muertes relacionadas con el narcotráfico? Lo contrario esta ocurriendo. ¿Es la meta, eliminar por completo el flujo de drogas hacia los Estados Unido? Eso es imposible. ¿Es la meta, reducir el de flujo de drogas hacia los Estados Unido? Si es así, ¿Exactamente qué cantidad de “reducción” es necesaria para enviar a los militares de regreso a sus cuarteles?
A falta de un conjunto claro de objetivos y un escenario final del juego, la guerra contra las drogas parece ser una cruzada sin fin. Hasta ahora, los políticos de gran poder que han librado esta guerra has sido inmunes a sus efectos. Pero, como una revista mexicana público en respuesta a la desaparición de Cevallos, “El partido en el poder está empezando a cosechar lo que tan dedicadamente a sembrado, porque ‘quien siembra vientos cosecha tempestades’”.

COPALA, DETRÁS DEL CERCO LA CORRUPCIÓN.

2010-05-26T12:31:00.000-05:00

Texto tomado de la revista CONTRALÍNEA.
Copala: organizaciones disputan los ramos 28 y 33
Autor: Redacción
La ambición por controlar las partidas 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación es una razón más para que los paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui apunten sus fusiles de asalto contra la población de San Juan Copala, Oaxaca. El Municipio Autónomo sólo exige que entreguen los recursos que les corresponden y se transparente el gasto

En muchas regiones de Oaxaca, una realidad confronta a políticos y caciques: durante los últimos tres años, un gran número de obras prometidas por Felipe Calderón, el gobernador Ulises Ruiz y presidentes municipales de la región simplemente no existen, nunca se construyeron y otras tantas están en situación de ruinas o son inservibles.
El desvío de los recursos federales en Oaxaca hace crujir las corruptas estructuras políticas, electorales y económicas de la zona más pobre del país.
Ante ello, organizaciones indígenas y ciudadanas del estado han instaurado municipios autónomos con la fuerza de la población, misma que se revela al uso faccioso de los recursos públicos que sólo sirven para perpetuar cacicazgos, circunstancia promovida desde las más altas esferas del gobierno estatal.
En ese estado oaxaqueño, la sociedad siempre ha sido la gran perdedora. El saldo acumulado apunta a cientos de mexicanos muertos –asesinados por grupo de paramilitares al servicio de fuerzas políticas–, así como a miles de oaxaqueños arrancados de la tierra en la que el dinero, entregado en cada ejercicio por la Federación, debería destinarse a ofrecerles alimentación, educación, salud, infraestructura y fondos para el combate a la pobreza.
Pero la historia es diferente: las transferencias del gobierno federal, ampliamente disputadas por la poderosa Conferencia Nacional de Gobernadores, sirven sólo para financiar los proyectos políticos de presidentes municipales que controlan al cabildo, órgano supuestamente autónomo que gobierna a las agencias municipales y en el cual el partido político dominante decide libremente sobre cada peso que se les entrega. Ésa es la autocracia que se construye con la sangre de los oaxaqueños y el dinero de la Federación.
“Son esos presidentes municipales quienes se convierten en diputados locales y federales y, con el fuero en la bolsa, se sentirán a salvo de cualquier acción contra ellos por desvíos de recursos”, dice la legisladora perredista Juana Cruz Cruz, quien en marzo pasado promovió en la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para darle seguimiento al conflicto de violencia que se vive en San Juan Copala.
El año pasado, al menos 100 municipios de los 570 existentes en Oaxaca enfrentaban el reclamo de agencias municipales cuyos representantes aseguraban que no se les entregaban los recursos de los ramos 28 y 33 que envía la federación. También, desde 2009, las autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala pidieron el reconocimiento del Congreso del estado para recibir los recursos que legítimamente les pertenecen y que son controlados por el edil de Juxtlahuaca.
Así, la lucha por las participaciones federales, pero sobre todo el control de su administración para los municipios del estado de Oaxaca y agencias municipales, sobre todo aquellos que exhiben conflictos sociales alentados por las fuerzas políticas, está relacionada directamente con el acoso y persecución que sufren los habitantes de la región.
En San Juan Copala es el control de las participaciones que corresponden a esta entidad el que empuja, en mayor medida, la ráfaga de balas que tiene sometido a ese pueblo.
Copala, el tesoro
Enclavada en una de las regiones más altas de la mixteca oaxaqueña, San Juan Copala no sólo cuenta con grandes recursos forestales o maravillosas colinas para producir el mejor café de altura del mundo, también tiene el tesoro de las participaciones municipales.
A partir de que sus habitantes, indígenas de la cultura triqui, decidieron declarar la autonomía de la región para liberarse del yugo de políticos corruptos que les condicionan la aplicación de los recursos que les pertenecen a cambio de su voto, los recursos de las participaciones federales están prácticamente perdidos. Además, las autoridades autónomas han solicitado se aclare la situación de esos recursos y su legítima entrega.
En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, doctor en economía por la Universidad de Harvard y quien está a cargo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, envía a los estados los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos, así como en los fondos especiales como el de excedentes petroleros que durante la última década representaron recursos por más de 100 mil millones de dólares. No obstante, la rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión es nula, un argumento que ha esgrimido Hacienda para confrontar a los gobernadores en sus pretensiones de ampliar las transferencias contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal.
¿Quién rendirá cuentas?
El 29 de enero de 2010, el gobernador Ulises Ruiz, junto con Jorge Toledo, exdiputado federal por el distrito de Juchitán y en ese entonces secretario General de Gobierno, firmó el acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos del ramo 33, que no son otra cosa que las aportaciones federales para entidades federativas y municipios; los fondos para la infraestructura social, municipal, y fondos de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, correspondiente al año fiscal 2010.
Como Guerrero y Chiapas, Oaxaca vive de las participaciones federales. Así que se trata de un bocado muy apetitoso que a nivel estatal representa recursos por 4 mil 830 millones 255 mil 867 pesos, de los cuales, 3 mil 432 millones 434 mil 647 corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 1 mil 397 millones 821 mil 220 pesos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio (FAFM). Falta además el fondo para el combate a la pobreza.
Al municipio de Santiago Juxtlahuaca, al cual está integrado San Juan Copala, le corresponden de esa cantidad 43 millones 853 mil 734 pesos; 30 millones para el FISM y 13 millones 313 mil 661 pesos para el FAFM. Junto con Santiago Pinotepa Nacional, con 57 millones, Juxtlahuaca registra uno de los montos más altos que el gobierno de Ulises Ruiz debe transferir a un municipio de ese estado.
Para Juxtlahuaca y sus regiones, las asignaciones de las participaciones federales han sido incrementales durante los tres últimos ejercicios: 41.2 millones en 2008, 42.6 millones en 2009 y 43.8 en 2010.
A la cabecera municipal de Copala le corresponde por ley el monto proporcional al resultado de una fórmula establecida por el Congreso de la Unión, que se determina calculando las necesidades de la región a partir del ingreso por trabajo, el nivel de educación, las condiciones bajo las cuales se utiliza el drenaje, la electricidad.
Así, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios deben hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Además, debe proporcionar, por conducto del gobierno del estado a la Secretaría de Desarrollo Social, la información sobre la utilización del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
¿Qué ha pasado entonces con los recursos que les corresponden a los habitantes de Copala, ahora que se encuentran secuestrados, muertos o lejos de su tierra?
Ha sido la Presidencia Municipal de Juxtlahuaca la que ha recibido los recursos que deberían otorgársele a San Juan Copala, un flujo que se ha visto afectado convenientemente por el conflicto armado en la región.
“Porque las agencias municipales son un cuarto nivel de gobierno, no son reconocidas por la Constitución”, comenta David Colmenares, exfuncionario de la SHCP y especialista en federalismo, a quien se le considera el artífice del ramo 33.
Y explica: “El centralismo se reproduce a nivel de los más pequeños; un agente municipal depende del cabildo y del municipio que deciden el destino de los recursos”.
La situación se agrava, sin embargo, cuando se trata de un Municipio Autónomo. En ese caso, reconoce Colmenares, la entrega de recursos se circunscribe a una negociación de buena fe entre el municipio y la agencia.
Pero, en el caso de San Juan Copala, la rendición de cuentas tiene nombre: Carlos Martínez Villavicencio, exedil de Juxtlahuaca y quien busca alcanzar una diputación federal por el Partido Revolucionario Institucional, debe explicar qué sucedió con los recursos de la Federación para San Juan Copala.
“Siendo una agencia de Santiago Juxtlahuaca, como no hay un reconocimiento de parte del Congreso Estatal de Oaxaca, a San Juan Copala no le asignan los recursos de manera directa. Las autoridades de ese municipio autónomo han pedido su validación en el Congreso para que se les declare como tal, pero se ha argumentado que no cumple los requisitos”, dice la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En su opinión, el municipio de Juxtlahuaca debió asignarle a Copala los recursos correspondientes, independientemente de que no se les quiera reconocer. “El presidente municipal debe actuar de manera institucional para que la gente pueda disponer de esos recursos”.
Es un secreto a voces en la región que los recursos de Juxtlahuaca se han dirigido a otros objetivos, agrega Cruz sin precisar a cuáles.
La legisladora por el PRD asegura que el diputado Heliodoro Díaz, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y quien supuestamente encabezaría la comisión especial del caso de San Juan Copala, deberá contemplar que este caso también involucraría desvíos de recursos y que ameritan que la Auditoría Superior de la Federación revise la gestión de las autoridades municipales de Juxtlahuaca.
Podría ser un caso parecido, refirió, al del municipio de San Juan Mixtepec, que recibe del ramo 33 poco más de 8.8 millones de pesos y en donde se acusa a las autoridades del municipio de malversar los recursos que llegan de la federación. Se trata de obras que debió ejecutar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que simplemente no se hicieron.
“No se sabe en qué se están ocupando los recursos. Tenemos que exigir una revisión de ellos… no se pueden desviar, si lo ocupan para otra situación diferente, se está cometiendo un delito”, asegura la diputada. Agrega que “es casi un hecho que en Juxtlahuaca no se aplicaron los recursos y también se desviaron. Voy a pedir auditoría a los recursos en esta región de la mixteca con complicidad de su ayuntamiento, del presidente municipal y el tesorero”.
Vacíos legales, el problema
Investigadores sobre la autonomía indígena reconocen que tanto el traslado de recursos federales a los estados y municipios como las atribuciones legales e instrumentos de que puedan dotarse los órdenes de gobierno estatal y local para la generación de sus propios recursos están relacionados con las capacidades y experiencia para su administración.
Analistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que se han ocupado de la relación con los municipios y la federación señalan que a partir de la creación de los fondos municipales de solidaridad, de los fondos de desarrollo social municipal y de los fondos para la infraestructura municipal, los gobiernos indígenas se han visto obligados a seguir procedimientos con los cuales no están familiarizados.
Establecer planes de desarrollo es un verdadero problema para los municipios indígenas, entre otras cosas, porque hace falta capacitación y experiencia. Pero también porque los modelos y formatos que exigen los gobiernos estatales no están pensados para los municipios indígenas, sino para los urbanos. Así que el problema está sobre la mesa y no es con balas como debe solucionarse.
Además, se están violando los acuerdos firmados por los gobiernos panistas para respetar a los pueblos indígenas. Fue en diciembre de 2000 cuando una reforma constitucional sobre derecho indígena los reconoce y establece estos compromisos con ellos: “Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano para decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural; aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado; también pueden decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Se respetará, por lo tanto, el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo con las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa”.
Por lo tanto, alguien en Oaxaca está violando las leyes.

PUEBLOS INDÍGENAS Y LIBERACION

2010-05-26T12:30:00.000-05:00

Los pueblos indígenas y las luchas por la liberación, la emancipación y la independencia en el México del siglo XXI

Ictzel Maldonado Ledezma
Rebelión

I. México y la quimera moderna del Estado nación.
El siglo que termina ha visto la lenta descomposición del pensamiento moderno. Incluso ha dejado percibir signos precursores de lo que podría ser una nueva forma de pensar […]. Dos ideas forman parte de la modernidad; ambas derivan del concepto de una razón universal y única, igual en todos los hombres y en toda época. El Estado-nación es la primera. El Estado-nación es una construcción racional; el mundo entero es, para el pensamiento moderno, un escenario donde se enfrentan Estados soberanos. El progreso hacia una cultura racional es la segunda idea. Porque sólo hay una cultura conforme a la razón: la occidental, de raíces griegas y cristianas; las demás tienen valor como estadios en evolución hacia esa cultura superior […].
Luis Villoro
En México, como en el resto de América Latina, el llamado “Estado nación” surgió a partir de la importación del modelo político europeo del mismo, el cual supone la existencia, sin más, de ciudadanos presuntamente iguales y sin distinciones étnico-culturales, que “conviven” en el marco de dichos Estados en un ambiente carente de conflicto. La realidad, sin embargo, ha sido otra: no sólo aquí en los países de la región latinoamericana, sino en los mismos países europeos, actualmente se hace patente la crisis por la que atraviesa ese binomio quimérico del Estado nación, el cual lleva implícita en la misma expresión todas sus contradicciones inherentes. Primero, porque un Estado no es lo mismo que una nación; segundo, porque el Estado es, por definición, una entidad de carácter político, y la nación, si bien ha adquirido con el tiempo una connotación política -sentido en el cual se le ha equiparado erróneamente con el Estado-, no se agota, ni mucho menos, simplemente en eso, sino que es menester entenderla como una entidad substancialmente cultural.
Así, históricamente se ha concebido al Estado nación como si ambos –Estado y nación- constituyeran una unidad natural, y se ha ocultado el hecho de que responden a procesos distintos de configuración, si bien en un momento histórico determinado convergieron. Como señala Luis Villoro: “Nación” no siempre estuvo ligada a “Estado”, su noción tradicional, anterior a la época moderna, no implicaba necesariamente soberanía política. Muchas “naciones” podían coexistir bajo el mismo imperio o reino sin más vínculo político entre ellas que el vasallaje a un soberano común”. [1]
Conviene señalar las dos tradiciones de pensamiento de las cuales se nutre el concepto de nación: por una parte, de la tradición francesa heredera de la Revolución, que ve en la nación a una entidad política conformada eminentemente por ciudadanos iguales ante la ley; por otra, de la tradición romántica alemana que señala ante todo la existencia de una comunidad de cultura, una misma lengua y un origen étnico común. [2] Según la primera tradición, la nación es principalmente una comunidad política constituida con posterioridad al Estado, como lo muestra la misma experiencia histórica de la Francia revolucionaria y la construcción de la nación francesa en la época napoleónica. Por el contrario, la tradición alemana señala la existencia a priori de la nación como fundamento necesario de un Estado, el cual será poco más o menos que el instrumento de organización política que sirva a los fines de una nación previamente constituida. [3] Como señala Oswaldo Chacón Rojas, históricamente ha dominado la noción política de nación sobre la que apela a su contenido cultural, lo cual explica la equiparación sin más de la nación con el Estado, sin diferenciación alguna de por medio, pretendiendo que son la misma cosa cuando se trata de entidades distintas. Según el pensamiento moderno, nos recuerda este autor, un Estado es una nación y una nación es un Estado, pretendiendo una supuesta homogeneidad étnica, lingüística y cultural que es más bien excepción que regla. [4] En la raíz de todo ello se encuentra la génesis misma de las naciones y la diferenciación entre naciones tradicionales o históricas y naciones proyectadas o modernas, siguiendo la distinción de Luis Villoro al respecto, [5] que coincide con la de Oswaldo Chacón Rojas de nación en sentido político y nación en sentido cultural; ahora bien, hay que señalar además, respecto a los pueblos indígenas, que algunos de éstos en sus reivindicaciones políticas tienden a asumirse a sí mismos como naciones –más que como grupos étnicos-, lo cual no supone de ninguna manera que propugnen su secesión del Estado mexicano para constituir, por ejemplo, un “Estado nación maya” –ésta sería una lógica moderna-; son naciones en un sentido cultural –siguiendo la tradición alemana-, aunque esta autoafirmación nacional se relaciona con los usos políticos de dicho término en la lucha de estos pueblos por obtener reconocimiento y respeto a su existencia dentro del Estado mexicano [6] y se refiere a la connotación cultural del término, según la acepción tradicional que proporciona Luis Villoro al respecto, y no a la acepción moderna del mismo.
Por otra parte, es importante enfatizar, en relación a la problemática de los Estados que forzosamente pretenden coincidir con una nación, que la idea del Estado nación es propia del pensamiento moderno:
[…] el Estado-nación, como tal, fue producto o consecuencia de ese nuevo acontecimiento político de fines de siglo XVIII llamado modernidad. En efecto, el desafío de las ideas de progreso y modernidad ilustradas al antiguo régimen medieval occidental, fue lo que propició la secularización de las ideas políticas y generó las condiciones para que la idea de Estado nacional tomara cuerpo […]. [7]
No obstante, este modelo político se encuentra en crisis debido a la emergencia cada vez más evidente de las identidades étnico-culturales que perviven al interior de los Estados pese a la pretensión moderna de fundar Estados nacionales basados en la homogeneidad étnica y cultural, es decir, Estados monoculturales y, por añadidura, etnocráticos, donde un grupo nacional domine al resto.
En el caso de México y los demás países latinoamericanos –es ineluctable e incluso imprescindible pensar a México en relación al lugar que ocupa en el contexto latinoamericano, y más ampliamente, en el contexto internacional-, esta problemática histórica trajo como consecuencias que los pueblos originarios fueran dominados secularmente por un sector minoritario de sus sociedades, que ha detentado el poder desde la llegada a Nuestra América de los conquistadores europeos, [8] pasando por la independencia conseguida en el siglo XIX –formal, hay que decirlo-, hasta llegar a los gobernantes del siglo XX, quienes dieron continuidad a la dominación impuesta hace ya más de 500 años a los pueblos indígenas. En el siglo XXI, el lastre de la dominación y la subyugación de la cual son objeto los pueblos indígenas latinoamericanos –y concretamente, en México- no ha sido eliminado; existen avances en materia jurídica, sobre todo a nivel internacional, [9] pero ello no ha tenido su correlato en el plano nacional –recuérdese la fallida e ignominiosa reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas de 2001, que hizo caso omiso de las demandas indígenas, así como de los acuerdos establecidos previamente entre los gobernantes y el movimiento indígena mexicano, y que desconoció lo suscrito por México en instrumentos jurídicos internacionales de envergadura tal como el Convenio 169 referente a los pueblos indígenas y tribales de los países independientes de la Organización internacional del Trabajo -.

II. De la multiculturalidad como realidad sin más a la interculturalidad como horizonte eutópico.
El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-EZLN
[…] Pienso o quiero, un futuro plural; porque veo en él la continuidad de una maravillosa diversidad de la experiencia histórica de la humanidad; porque presiento lo que esa riqueza de la pluralidad significará para las generaciones del futuro; porque creo en el valor de los muchos rostros […] porque la vida es cambio, es diversidad […].

Guillermo Bonfil Batalla
Inextricablemente ligado a la problemática del Estado nación, se encuentra lo relativo a la condición multicultural de los Estados, no sólo diríamos de la actualidad, pues como señalamos líneas arriba, la compulsión por homogeneizar culturalmente las sociedades tuvo lugar desde la constitución misma de los (mal)llamados “Estados nación”. Así, la multiculturalidad -entendida como una realidad factual-, se refiere a la presencia de minorías étnicas –conformadas por efecto de las migraciones internacionales, tales como los árabes, africanos y latinos que habitan en algunos países europeos como Francia, Alemania, España; así como los chinos, cubanos, mexicanos, puertorriqueños y demás que habitan en Estados Unidos-; minorías nacionales –los catalanes, vascos, andaluces, gallegos en el caso español, o las First Nations en el caso de Canadá-; o bien, pueblos indígenas, que coexisten con sectores dominantes de las sociedades de las que forman parte en condiciones de subalternidad y subordinación.
También se utiliza a menudo el término de pluriculturalidad, como sinónimo de aquel, y ambos refieren, según señala León Olivé: “Las situaciones de hecho en las que coexisten pueblos y culturas diversos. Bajo esta acepción, se trata de términos factuales. También podemos decir que son términos descriptivos, porque describen un aspecto de la realidad social de nuestro país, de otros países y del mundo”. [10] Es necesario señalar que la multiculturalidad es una realidad ineluctable de las sociedades humanas, y al decir esto, queremos dejar en claro que no nos referimos de ningún modo a la ideología multiculturalista de corte neoliberal que es utilizada para justificar sus estrategias de dominación; la multiculturalidad, como realidad factual del mundo y las sociedades humanas, es algo ineludible, y se ha hecho más fehaciente a últimas fechas a causa de las migraciones internacionales. Como señala Rodolfo Stavenhagen:
La multiculturalidad, con sus múltiples facetas y vertientes, es una realidad de nuestro tiempo, que la globalización no ha hecho más que resaltar, que algunos denominan la esfera de lo glocal. Lo que más vemos en la actualidad es su aspecto dramático: sus genocidios, sus depuraciones étnicas, sus desplazados y refugiados, sus motines y matanzas, su intolerancia recíproca. [11]
Sin embargo, es importante dejar en claro que las meras realidades multiculturales no garantizan una convivencia entre pueblos y culturas diferentes que co-habiten el mismo espacio social –por ello, hay que diferenciar sustantivamente la simple coexistencia de la convivencia-. A este respecto, Sylvia Schmelkes señala que: “[…] en las realidades multiculturales existen profundas asimetrías, es decir, relaciones de poder que discriminan a unas culturas con relación a otras. Se pueden generar, entonces, relaciones de segregación y de discriminación cuando existe simplemente una realidad multicultural”. [12] Por esto, es necesario trascender las realidades multiculturales y arribar a un plano de interculturalidad donde las diversas culturas y pueblos convivan, más que coexistan entre sí, en un marco de respeto, tolerancia y equidad; sin ello, las afirmaciones constitucionales de que somos una “nación pluricultural” quedan vacías de contenido. [13] Sobre este particular, es fundamental mencionar que la cuestión multicultural en los “Estados nación” de América Latina, y concretamente, en México, está indisolublemente ligada a la situación económico-social de los pueblos indígenas, ya que no sólo se ha aniquilado y/o minusvaluado sus culturas, sino que, además, se les ha escamoteado la posibilidad de desarrollarse social y económicamente, con lo cual enfrentan un doble condicionamiento: por una parte, su condición étnica –son indígenas, “indios”, en el sentido peyorativo del término, excluidos de la cultura nacional “oficial”-, por otra, su condición social –son pobres, explotados, subalternos, marginados-. Por lo tanto, las demandas de reconocimiento de los pueblos indígenas no se restringen a sus derechos culturales, sino que también abarcan sus derechos económicos, sociales y políticos. Siguiendo a Sylvia Schmelkes, ésta señala, respecto al concepto de interculturalidad, que:
[…] No se trata de un concepto descriptivo, sino de una aspiración. Se refiere precisamente a la relación entre las culturas y califica esta relación. La interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos existen relaciones basadas en el respeto y desde planos de igualdad. La interculturalidad no admite asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder, que benefician a un grupo cultural por encima de otro u otros. Como aspiración, la interculturalidad forma parte de un proyecto de nación. [14]
Así pues, podemos entender a la interculturalidad como un horizonte de futuro, como un escenario eutópico al cual esperamos arribar en tanto sociedad democrática; en este escenario, no cabrían las relaciones de dominación que existen actualmente y desde hace centurias entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad mexicana, pero dicho escenario intercultural eutópico sólo puede ser logrado mediante acciones concretas que subviertan las deplorables condiciones socioeconómicas en que se encuentran los pueblos indígenas de México, pues más que cualquier exaltación museográfica de sus culturas, es necesaria una transformación de las estructuras de dominación que propician su marginación social –y como un efecto adyacente, la preservación de sus culturas e identidades, pero sin limitarnos a ello ni reduciendo sus problemáticas a una cuestión meramente culturalista-.
III. Liberación, Emancipación e Independencia: Los Pueblos Indígenas en el México del siglo XXI.
Como indígenas creemos y sentimos que tenemos la capacidad para dirigir nuestro destino. No hay necesidad de que nos anden llevando de la mano, pues. Como gente madura, como gente consciente, podemos dirigir nuestro propio destino, podemos gobernar nuestro propio pueblo […]. Como indígenas necesitamos autonomía propia, necesitamos esa identidad, esa dignidad, pues. Dignidad de vivir y respetar.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-EZLN [15]
Es en este contexto donde cobran sentido las luchas por la liberación, la emancipación y la independencia, para arribar a un país donde la democracia no sólo sea aquella meramente formal y electoral –o deberíamos decir, quizás, “electorera”-, de tipo instrumental y despojada ya de sentido por el discurso vacuo de las instituciones que la han manoseado hasta la saciedad. Un México democrático, que se asuma y defina como tal, sólo podrá existir ahí donde se eliminen las relaciones de dominación entre indígenas y no indígenas y se exprese en los hechos la gastada frase de que somos una “nación multi –o pluri- cultural-“. A decir de Margarito Xib Ruiz y Araceli Burguete: “Un verdadero cambio estructural, profundo, no puede, no debe, repetir los errores del modelo del Estado nación etnocrático, ahora decadente. No es posible defender y plantear como proyecto de futuro la continuidad de un mismo modelo de Estado que se sustente en la continuidad de la ladinocracia, de la mestizocracia”. [16]
Ahora bien, cuando hablamos de liberación, emancipación e independencia, hemos de referirnos forzosamente a su correlato antinómico: la dominación. Liberarse, emanciparse e independizarse ¿con respecto a qué –y a quiénes-? Para empezar, habría que decirse que un proyecto de emancipación en México –y en el resto de los países latinoamericanos- significa hoy en día, un proyecto de emancipación, si bien política, antes que otra cosa mental, de forma tal que nos liberemos de las ataduras que en el plano de los conceptos y las categorías nos siguen dificultando la independencia – eludiendo así el llamado imperialismo de las categorías-, [17] la cual, igualmente, tiene que ir más allá de la independencia política –formal- de la cual las clases gobernantes se precian haber conseguido en el siglo XIX. Sin embargo, como nos recuerdan Margarito Xib Ruiz y Araceli Burguete para el caso de los pueblos indígenas:
[…] las guerras de independencia fueron quizá la posibilidad más cercana que tuvieron para recuperar los derechos perdidos con la invasión europea. Sin embargo, no fueron ellos los que ganaron esas guerras, aunque masivamente participaron. Con el resultado, otra vez quedaron sometidos. No tuvieron capacidad de recuperar su derecho de autodeterminación, tan caro para todo pueblo. No lograron recuperar sus territorios, viales para reproducir si identidad diferenciada. No pudieron recuperar su libertad perdida. La llamada Independencia de México no lo fue para los indios, quienes sólo cambiaron de amos. [18]
Así, en un contexto de reiterado colonialismo interno del que son objetos los pueblos indígenas, la manera por la cual éstos han de concretar su independencia no es, como temen absurda e ignorantemente las clases dominantes, constituyendo uno o más Estados separados del Estado mexicano, sino ejerciendo sin cortapisas su derecho autonómico y erigiéndose en sujetos que lleven a cabo por sí mismos –aunque no de manera autárquica- su propio desarrollo económico, social, político y cultural; es la autonomía, pues, el medio por el cual los pueblos indígenas pueden hacer valer su independencia y liberarse así del yugo colonial interno. Igualmente, hay que tener en cuenta que, como señala Sergio Rodríguez Lazcano: “La lucha por la autonomía no es solamente un punto nodal de la práctica zapatista, sino que se trata de un punto nodal del proyecto emancipador en su conjunto. Si acaso es verdad que nuestra lucha es por lograr que la gente tome en sus manos el control de sus destinos”. [19]
Una propuesta concreta que busca ayudar a arribar a ese plano anhelado y deseable de verdadera praxis intercultural, se relaciona con la rectificación de la ignominiosa reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas de 2001; a este respecto, habría que señalar como algo primordial el necesario reconocimiento pleno a la autonomía de los pueblos indígenas –derecho que se deriva, como señalamos líneas arriba, de su reconocimiento como pueblos y no meramente como “poblaciones” por parte del Convenio 169 de la OIT y de las implicaciones que sobre su libre determinación ello conlleva-; así, pues, habría que sustituir la expresión constitucional de “entidades de interés público” que los tipifica paternalistamente como tales, para reconocerlos de manera cabal como “entidades de derecho público”, para consagrar de este modo su derecho y capacidad para erigirse en sujetos autonómicos que velen por su propio desarrollo, en vez de subordinarlos a las acciones que por su cuenta decidan realizar los gobiernos con respecto a ellos.
Por lo tanto, concluimos con base en el análisis realizado en el presente trabajo, que el reconocimiento pleno a la autonomía de los pueblos indígenas de México es el punto toral para avanzar hacia la construcción de un México efectivamente respetuoso de su diversidad cultural, donde no sólo se reconozca a nivel constitucional la pluriculturalidad de éste, sino que se transite hacia una práctica intercultural; es decir, que los diversos pueblos y culturas de México puedan convivir –no sólo coexistir- entre sí sin que existan relaciones asimétricas y de dominación entre ellos. Ello implica dejar de observar a los pueblos indígenas desde un enfoque meramente folklórico, y considerar que de nada sirve reconocer la riqueza de sus culturas, si ello no conlleva acciones concretas tendientes a subvertir su rezago socioeconómico, como lo es, precisamente, el reconocimiento sin cortapisas a su derecho autonómico para que ellos mismos puedan procurar su desarrollo económico, social, político y cultural. Con esto, el Estado mexicano cumpliría de manera fehaciente con sus compromisos jurídicos a nivel internacional, expresados en la firma y ratificación de instrumentos jurídicos tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la OIT; asimismo, estaría en consonancia con lo asentado en la recientemente aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.

OFICIO DE PAPEL.

2010-05-25T10:50:00.000-05:00

Miguel Badillo. Contralinea
Los pueblos indígenas triquis están de luto
* Tres tiempos de una masacre interminable
* De fiesta paramilitares, políticos y caciques
Miguel Badillo. Contralínea.

Yosoyuxi, Oaxaca. Los pueblos indígenas del país y la comunidad triqui están de luto. El principal líder de esta región de la mixteca oaxaqueña fue asesinado el día 20 en su propia casa, junto con su esposa y en presencia de su pequeña hija de apenas 3 años de edad. Balazos y machetazos en cabeza y cuerpo quitaron la vida al carismático dirigente y a su joven esposa, que sólo pretendían la autonomía del pueblo indio triqui y el cese de la represión y explotación de la comunidad indígena a manos de políticos corruptos y caciques mestizos, principalmente priistas.
Se llamaba Timoteo Alejandro Ramírez, “Timo” como le decían los triquis y sus amigos mestizos. Luchaba por la paz en la región, y defendía y exigía el derecho de los indígenas por alcanzar la autonomía de sus pueblos; pedía que políticos y caciques dejaran de robarse el dinero público que no les pertenecía; que los recursos llegaran a las comunidades; que los dirigentes dejaran de adquirir grandes casas y vehículos de lujo; que los priistas ya no compraran el voto indígena durante campañas electorales, y que el dinero enviado desde la federación dejara de ser utilizado para adquirir sofisticado armamento que sólo sirve para reprimir al mismo pueblo triqui.
Esa era la lucha que al final de su camino convirtió a “Timo” en un peligroso hombre para el sistema priista de la región. Abrirle los ojos a su pueblo le significó ser acribillado, junto con su esposa Cleriberta Castro, a punta de machete y pistola en un operativo de infiltración paramilitar que duró meses y tal vez años en su planeación, y que sólo se entiende pudo salir desde las más altas esferas del poder político de este país. Un crimen de Estado, pues.
Esperar justicia en estas condiciones, con un gobierno estatal priista calificado por luchadores y organizaciones sociales como represor, prácticamente es imposible esperar una pronta y justa investigación, pues los servidores públicos que pudieran estar involucrados no se investigarán a sí mismos, aunque ahora mismo los señalen los mismos indígenas triquis.
Timoteo dejó huérfanos a 10 hijos, de 3 a 20 años de edad. También dejó huérfanos a miles de triquis que veían en él a un hombre justo y honesto que perdió la vida por servir a su pueblo.
Con su muerte la esperanza de pacificar la región se agota y los indígenas, como las 100 familias que sobreviven desde hace seis meses al infierno de San Juan Copala, tendrán que soportar aún más la represión, el hostigamiento, la amenaza y la muerte, sin que autoridad alguna se interese por las vidas de cientos y miles de indígenas que llevan muchos años resistiendo.
Balean a general de la guerra sucia
Con menos ruido mediático que el secuestro del llamado “Jefe” Diego, otro atentado puso en alerta máxima a la Secretaría de la Defensa Nacional y a los órganos de inteligencia militar. Hasta la oficina del secretario Guillermo Galván Galván llegó el reporte del atentado armado en contra del general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro, que puso en riesgo su vida al recibir varios disparos de bala cuando circulaba en un vehículo por las calles del Distrito Federal.
Compañero de armas y del Colegio Militar, Galván Galván ordenó a Inteligencia Militar hacerse cargo de las investigaciones y determinar las condiciones y los motivos de la agresión sufrida por su actual y principal asesor e n la lucha del gobierno federal panista en contra de los grupos armados, la guerrilla pues, en todo el país.
Aún no se sabe si fue un asalto o se trató de un intento por asesinar al general brigadier que acostumbraba a viajar sólo, sin escoltas, cuando se encontraba en la capital del país, no así cuando andaba de comisión militar por toda la República, sobre todo en los estados donde se sabe de la presencia de grupos armados, es decir Oaxaca y Guerrero.
Acosta Chaparro se había ganado la animadversión y desprecio de muchos mexicanos, sobre todo de miembros de organizaciones sociales y familiares de cientos de desaparecidos durante la llamada guerra sucia del gobierno federal, quienes acusan a este general brigadier y al también militar Humberto Quiroz Hermosillo, como principales responsables de asesinatos de luchadores sociales, guerrilleros, críticos del gobierno y militantes de la izquierda en México.
Ambos generales compartieron celda en una prisión militar bajo cargos de homicidio, vínculos con la delincuencia organizada y protección de narcotraficantes, principalmente al cártel que comandaba Amado Carrillo Fuentes, el legendario “Señor de los Cielos”. Después de un largo proceso militar Acosta Chaparro salió libre de toda culpa, pero a su amigo Quiroz Hermosillo no le alcanzó el tiempo ni las fuerzas y falleció en prisión.
El año pasado dimos cuenta en esta columna de cómo ante el fracaso del gobierno federal panista en la supuesta “guerra” contra el crimen organizado y los grupos armados, Felipe Calderón autorizó el regreso de varios de los más destacados representantes de las policías secretas y represivas del viejo sistema priista, a quienes se les identifica en los círculos de poder simplemente como “Los Brujos”. Se trata de políticos, policías y militares como Jorge Carillo Olea, Jorge Tello Peón, Alejandro Alegre y el general Mario Arturo Acosta Chaparro.
La reaparición de Acosta Chaparro después de un proceso militar que se siguió en su contra, no es un asunto menor si se toma en cuenta que quien controle los órganos de inteligencia, sin duda tendrá el control de las elecciones para la presidencia en 2012.
Acosta Chaparro, personaje central en la persecución de grupos sociales inconformes con los cacicazgos priistas en regiones como Guerrero y Oaxaca, fue puesto en libertad en 2007 y exonerado de todo cargo después de más de seis años de reclusión en cárceles militares, acusado de vínculos con el narcotráfico y de ser actor principal en la guerra sucia, cuyo objetivo principal fue erradicar el descontento social por medio del asesinato y la desaparición forzada, incluso de niños, mujeres y ancianos.
Compañero de escuela del actual secretario de la Defensa Nacional, le valió al general Acosta Chaparro ser convocado en 2008 para integrar un grupo de inteligencia en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde despacha el polémico Genaro García Luna, con la instrucción de Galván de “poner orden”.
Esa invitación de reincorporarse al gobierno federal panista fue rechazada por el viejo general, quien pidió a su amigo Galván Galván le permitiera mejor trabajar en áreas de inteligencia de la Defensa. Desde ahí podría “limpiar al país” de guerrilleros y narcotraficantes, y al mismo tiempo reducir la criminalidad que han colocado a México en el contexto internacional como uno de los países más peligrosos del mundo. Acosta Chaparro ahora sabe que no es inmune de esa violencia generalizada.
Disputa por los órganos de inteligencia
En enero de 2009, la revista Contralínea informó cómo el gobierno de Felipe Calderón había iniciado el “reacomodo” de las facciones al interior de los órganos de inteligencia, llámese Cisen, ante el fracaso de los “mercadólogos” panistas. Dos camarillas –la de Carrillo Olea y la de Manlio Fabio Beltrones– entendían que “quien controlara los servicios de inteligencia, ganaría las elecciones de 2012.
En la disputa por la Presidencia de la República, escribió el reportero Zósimo Camacho en Contralínea, inició en la constreñida elite de inteligencia, en donde dos grupos priistas libran una batalla al interior de los organismos de seguridad nacional para acomodar sus piezas rumbo a las elecciones de 2012.
Desde hace varios años, ante la ausencia de un gobierno firme, la restauración del PRI está en marcha. Los priistas se aglutinan ya en torno al grupo que controle los servicios de inteligencia, a pesar de que muchos de los representantes de la ominosa guerra sucia que envuelve al país sean quienes dirijan el esfuerzo.
Fue de esta forma que los “cuadros” panistas encajados en el Cisen desde inicios del foxismo, fueron fácilmente desplazados y han perdido el control operativo porque personajes como Acosta Chaparro, “militar retirado”, necesitan información confiable.
En 1995 este general brigadier apareció en una más de las páginas negras de la historia mexicana: la emboscada a indígenas de Guerrero en el vado de Aguas Blancas, cuando 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fueron acribillados, en un crimen de Estado aún impune pero cuya investigación sirvió como pretexto para que las autoridades judiciales del país señalaran a Acosta Chaparro.
Así se inició un juicio en su contra por protección al narcotráfico y uso de recursos ilícitos. Se esperaba entonces que también se le juzgara por la guerra sucia de la década de los setenta, pero no fue así. Después de más de seis años de encarcelamiento en una prisión militar mientras un Consejo de Guerra se hacia cargo del juicio, Acosta Chaparro resultó absuelto para después volver a aparecer en la escena y en medio de la fallida guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.
Una de las desesperadas estrategias de Calderón fue copiar del pasado la guerra sucia que desataron gobiernos priístas al utilizar al Ejército y a los cuerpos policiales en contra de luchadores sociales, opositores al régimen y guerrilleros que no veían otra alternativa más que tomar las armas para hacer justicia contra los caciques, el abuso del poder y la dictadura.
Fue el colmo de la desesperación del actual gobierno haber recurrido al “reciclaje” de personajes acusados de crímenes de lesa humanidad que se cometieron, a nombre del Estado mexicano y por órdenes presidenciales, durante las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980. Son pocas denuncias de desaparecidos en el país en la región de Guerrero que no involucran a Acosta Chaparro, quien en ese estado, desde la prisión conocida como “El Ferrocarril”, encabezó el encarcelamiento de luchadores sociales.
De ese lúgubre periodo, no sólo se desconoce el número exacto de las cientos de víctimas desaparecidas o asesinadas, sino que los visibles responsables nunca fueron condenados por sus actos. Una prueba de ello fue el enorme gasto de la fiscalía (Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la Procuraduría General de la República), creada durante el gobierno de Vicente Fox para atender esos delitos y que jamás pudo llevar a prisión a los responsables, a pesar de que había señalamientos concretos en contra de un expresidente, Luis Echeverría, y varios miembros de su gabinete, así como exjefes policiales.
Ha sido así como desde hace más de un año, desde la Secretaría de Gobernación, se habrían organizado comandos clandestinos de elite militar, similares a la Brigada Blanca (corporación creada por el gobierno durante la Guerra Sucia para exterminar a las guerrillas rural y urbana), cuyo objetivo fue “erradicar” el descontento social por medio del asesinato y la desaparición forzada, incluso de niños, mujeres y ancianos.
La “diferencia” es que ahora se busca administrar la violencia que azota al país, atribuida a la delincuencia organizada, y en forma paulatina contenerla y extinguirla de una manera que hace recordar a los escuadrones de la muerte que han visto su florecimientos en países latinoamericanos marcados por las dictaduras militares. Este parece ser el signo del gobierno panista de ultraderecha que comanda Felipe Calderón como jefe máximo de las fuerzas armadas y principal responsable de la inseguridad que agobia a todo el país.
Acosta Chaparro ha sido parte fundamental de esta nueva etapa. Integrante de la guardia presidencial y arraigado por la Procuraduría General de la República con motivo de la “Operación Limpieza” contra servidores públicos que dieron información reservada a personas no autorizadas, Acosta Chaparro está de regreso otra vez y sólo las balas que lo hirieron en un supuesto asalto lograron interrumpir sus actividades actuales al lado del secretario de la Defensa Nacional.

LA VIOLENCIA EN OAXACA, INTERES DEL PRI.

2010-05-12T09:41:00.000-05:00

Ubisort, grupo ilegal armado
Autor Raúl Ramírez Baena.
Ni el Ejército ni la Marina actuaron ante el ataque paramilitar que se perpetró en Juxtlahuaca contra la caravana internacional de paz, aun cuando en México se libra una “guerra” contra el crimen organizado, señala el defensor de derechos humanos Ramírez Baena. La omisión –indica– se dio a pesar de que la Ubisort empata en la definición de “grupo ilegal”: los atacantes fueron más de tres, vestían uniforme camuflado y capuchas, y portaban armas de alto poder exclusivas de las Fuerzas Armadas. “La violencia en Oaxaca, para que Ulises Ruiz preserve al PRI en el poder”.
Por un lado, los mexicanos hemos sido testigos del discurso, las reformas legales y los operativos policiaco-militares en la “guerra” de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.
Por otro, gracias a la oportunidad y solidaridad de los medios, fuimos testigos del brutal ataque que el pasado 27 de abril perpetraron impunemente integrantes de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, leales al gobernador de Oaxaca y a su partido, contra una misión civil internacional que llevaba víveres, ropa y cobijas a la comunidad indígena de San Juan Copala, declarada autónoma en 2007 por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, asediada y aislada por los paramilitares de la Ubisort por ser opositora al régimen de Ulises Ruiz. Esta tragedia tiene la siguiente secuela:
1. En 2001, en el marco de la caravana zapatista que partió de la Selva Lacandona en Chiapas, el Estado mexicano se negó a concretar las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, acordes a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, derivados de la negociación entre los rebeldes y el gobierno federal mexicano, con la asistencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) de la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de Intermediación, encabezada por el obispo Samuel Ruiz.
Teniendo como marco la negativa de los legisladores panistas de asistir a la sesión de trabajo del 26 de marzo de 2001 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena para concretar la llamada Ley Cocopa, finalmente, ante las maniobras del presidente Vicente Fox y del entonces senador Diego Fernández de Cevallos, entre otros, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) aprobaron una reforma al artículo 2 constitucional no acorde al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Entre otros puntos fundamentales, negaron el reconocimiento a la autonomía de las comunidades indígenas, basada en sus usos y costumbres, tal y como se establece en la Convención 169 de la OIT, tratado ratificado por el Senado mexicano el 5 de septiembre de 1990.
2. Pese al incumplimiento del Estado mexicano del reconocimiento a la autonomía indígena, varias comunidades autóctonas del país, haciendo uso de sus derechos amparados por la Convención 169 de la OIT, se han dado la autonomía de facto de sus territorios, como fue el caso de la comunidad indígena de San Juan Copala.
3. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en lugar de propiciar un clima de diálogo, ha promovido la violencia a través de una serie de maniobras políticas y de fuerza por conducto de su partido, el PRI, de organizaciones civiles y de grupos paramilitares afines que actúan en la impunidad para impedir el desarrollo y goce de los derechos indígenas, civiles, políticos y sociales de comunidades independientes o afiliadas a partidos y organizaciones sindicales, campesinas y sociales opositoras a su régimen. Con ello, el gobernador persigue la preservación del PRI en el poder, aún a costa de violentar las leyes y los derechos de la población.
4. Ulises Ruiz merecía juicio político por el Congreso de Oaxaca y su separación del cargo tras los graves acontecimientos de 2006 en la capital del estado, a raíz de las protestas y plantón de maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que derivó en una violenta confrontación entre autoridades y manifestantes. El conflicto arrojó la muerte de 17 activistas (incluyendo la del documentalista estadunidense independiente William Bradley Roland, Brad Will) y decenas de heridos y detenidos. Sin embargo, lejos de ser juzgado como principal responsable de la violencia, los acuerdos e intereses desde el poder impidieron cualquier acción legal en su contra. El 13 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia encontró a Ulises Ruiz responsable de la violación a las garantías individuales durante el conflicto que se vivió en la capital de Oaxaca de mayo de 2006 a enero de 2007. Nuevamente, los intereses PRI-PAN-Presidencia impidieron cualquier acción legal contra el gobernador.
5. Las secuelas de la impunidad traen nuevamente la violencia a Oaxaca. En esta ocasión, el 27 de abril pasado, 27 activistas y periodistas nacionales y extranjeros (de Finlandia, Bélgica e Italia), integrantes de la “Caravana de Observación por la Paz”, fueron emboscados con armas de alto poder por encapuchados de la Ubisort afín al PRI, cerca de la comunidad triqui de San Juan Copala. La acción arrojó dos muertos: el ambientalista finlandés Jiry Jaakkola y Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y seis heridos. Durante más de dos días, dos periodistas del semanario Contralínea, Érika Ramírez y David Cilia (herido), estuvieron desaparecidos, escondiéndose de sus agresores. Otros dos activistas lograron escapar antes. De manera increíble, el gobierno de Oaxaca y la federación no intervinieron durante el conflicto y en la búsqueda de los desaparecidos tras el ataque, argumentando que los policías son recibidos a tiros por los paramilitares, deslindándose del ataque a la misión internacional, como si no hubiera ley ni gobierno para someter a los agresores y como si no hubiera libre tránsito en el país (“para qué fueron a esa zona de conflicto”, según el gobierno estatal). “Sabemos qué organismos vienen politizados, sabemos de financiamientos de organizaciones extranjeras donde actúan políticamente, indebidamente (…) Deben ser expulsados si no tienen los permisos y la justificación federal”, dijo el gobierno de Ulises Ruiz en un comunicado oficial, evadiendo su responsabilidad, erigiéndose como autoridad migratoria y pasando por alto los intercambios y compromisos de México con Finlandia y la Unión Europea, incluso, en materia de derechos humanos.
6. Una vez desatado el conflicto en San Juan Copala, el gobierno de Oaxaca nombró como interlocutor al secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Ramírez (exprocurador General de Justicia del Estado, exombudsman de Oaxaca y expresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, de 2000 a 2001), que jamás tuvo comunicación con las víctimas ni con los directivos de Contralínea. Como una broma de mal gusto y fuerte tufo electoral, Ulises Ruiz responsabilizó a la coalición PAN-Partido de la Revolución Democrática-PT-Convergencia y a su candidato a la gubernatura, Gabino Cué, de ser los promotores del ataque armado.
7. En febrero de 2010, a promoción de la Representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) accedieron a organizar un seminario con invitados internacionales y representantes de las organizaciones no gubernamentales, periodistas y organismos públicos de protección, tendiente a crear en México un mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores civiles, ante contingencias urgentes y amenazas graves a éstos. A reserva de que no se ha creado tal mecanismo, por principio de cuentas debieron funcionar canales oficiales de protección expedita en el caso de San Juan Copala. Sin embargo, los funcionarios de la Unidad Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH estuvieron atenidos a “la voluntad política del gobierno” de Ulises Ruiz, arriesgando la integridad y la vida de los periodistas y activistas. El helicóptero del gobierno del estado en el que policías estatales, el padre de David Cilia y Miguel Badillo, director de Contralínea, viajaron para encontrar a los dos periodistas escondidos, originalmente era para vigilar a la caravana y al propio Badillo.
8. Si los atacantes de la Ubisort a la misión internacional fueron más de tres, con uniforme camuflado, capuchas y armas de alto poder exclusivas de las Fuerzas Armadas, provocando dos muertos, cinco heridos y cuatro desaparecidos, sólo en este ataque de muchos en que han cobrado otras víctimas, ¿no es entonces un grupo ilegal perteneciente a la “delincuencia organizada”, según la legislación penal federal? ¿No se merecía la acción inmediata del Ejército o la Marina (que nunca se aparecieron a pesar de ser un incidente internacional, lo cual es muy sugestivo), o sólo intervienen tratándose de narcos? Ni una sola mención del gobierno de Felipe Calderón al incidente. ¿El gobierno federal, una vez más, encubre a Ulises Ruiz? Sólo pregunto.

El ataque a la caravana por la paz.
•Identifica a todos los responsables
•El rescate de los dos reporteros
Erika y David, reporteros ejemplares
Juxtlahuaca, Oaxaca. Maestro y alumno en su época de estudiantes en la Universidad Autónoma de Oaxaca, estos dos viejos amigos tomaron la decisión más difícil de su vida o, al menos, la que los marcará para siempre: el asalto armado a la caravana por la paz que se dirigía a San Juan Copala, en donde murieron dos personas y otras 10 resultaron heridas.
Aunque comparten la misma profesión de la abogacía, se dedican a oficios distintos: uno es político y funcionario del gobierno de Ulises Ruiz, Evencio Nicolás Martínez, secretario general del gobierno de Oaxaca; el otro líder de indígenas y cacique triqui en el municipio de San Juan Copala, Rufino Juárez Hernández.
A los dos los señalan las evidencias y los acusan algunos de los sobrevivientes. También son investigados por su presunta responsabilidad Anastasio Juárez, hermano de Rufino; Antonio Cruz García, alias “Pájaro”, quien presuntamente encabezaba al grupo armado el día del ataque, y Ramiro Domínguez García, representante de la comunidad de La Sabana, donde ocurrió la masacre.
En el brutal ataque armado del martes 27 de abril, ocurrido en el paraje de Los Pinos, del poblado de La Sabana, Evencio y Rufino son cómplices y responsables de la masacre. El primero supo del avance de la caravana y negó la protección policial para que cayeran en la artera emboscada; el segundo advirtió, días antes de que partiera de Juxtlahuaca, que no permitiría que cruzara por el pueblo de La Sabana, en donde él es el mandamás, y así lo cumplió, cuando una gavilla de asesinos disparó a escondidas entre el monte, matando a dos e hiriendo a otros 10, entre ellos los reporteros David Cilia y Erika Ramírez.
Ahora dicen en la Procuraduría General de la República, institución que atrajo el expediente, que a Evencio y Rufino los citarán para que declaren por esos y otros crímenes que han cometido en la región. Y mientras se integra el expediente de la averiguación previa por la agresión a la carava por la paz, el cacique triqui Rufino Juárez busca desde ahora el amparo de la justicia federal ante las versiones de que un juez federal ha librado ya una orden de aprehensión en su contra.
Del político Evencio Nicolás Martínez, quien aspiraba a ser el candidato a la gubernatura del estado por el PRI, funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz dicen que tiene sus días contados, pues alguien tiene que pagar por los asesinatos. Lo único cierto es que el funcionario sigue despachando tranquilamente desde su oficina en la Secretaría General de Gobierno en Oaxaca como si nada hubiera pasado. Quienes lo conocen, dicen que ha hecho valer su amistad de muchos años con el gobernador del estado, a quien lo unen otros intereses.
Mientras eso sucede en la capital de Oaxaca, en el poblado de San Juan Copala la situación se complica cada día más para sus menos de mil habitantes. La escasez de alimentos y medicinas, la falta de agua potable y el corte de energía eléctrica hacen que este pueblo se esté muriendo de hambre y sea presa fácil de un grupo paramilitar controlado por la Ubisort, del cual es líder Rufino Juárez. La orden que ha dado al grupo armado es tajante, nadie entra ni sale de Copala, en donde el terror lleva ya cuatro meses.
Una nueva caravana por la paz se prepara desde la ciudad México con el propósito de romper el cerco que la Ubisort ha establecido en esa región triqui, ante la complicidad del gobierno del estado, principalmente del secretario general de gobierno Evencio Nicolás Martínez y el consentimiento del gobernador Ulises Ruiz. A esta nueva caravana han prometido incorporarse legisladores federales, políticos, artistas, intelectuales y periodistas. A ver si es cierto que se atreven.
Crónica de un rescate
El timbre del teléfono celular interrumpió la comida. El mensaje fue escalofriante: hace hora y media (14:30 horas), un grupo de hombres armados atacó la caravana por la paz que se dirigía al pueblo autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Allí viajaban Érika Ramírez y David Cilia, periodistas de este semanario.
La pesadilla para la redacción de Contralínea apenas empezaba aquella tarde del martes 27 de abril de 2010.
El equipo directivo del semanario envió a Oaxaca a un equipo de periodistas para investigar el paradero y el estado de salud de los reporteros. El grupo se trasladó a la zona en conflicto el mismo día de la brutal agresión.
La madrugada del miércoles 28 empezaron los primeros reportes, algunos de ellos, estremecedores: tres testigos que lograron huir del ataque contra la caravana compuesta por observadores internacionales, organizaciones sociales, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y periodistas, afirmaban que los dos reporteros de la revista Contralínea no habían podido escapar de las ráfagas de fusiles de asalto AK-47, que disparaba el grupo paramilitar desde el monte. Aseguraban que los periodistas habían quedado abatidos en el mismo vehículo.
A lo largo de ese día, el equipo de Contralínea intentó ingresar a la zona, a la zaga de un operativo de 10 camionetas con 50 efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), a cargo del comandante regional Lázaro Hernández; un cuerpo de peritos y uno de médicos. Sin embargo, los agentes cerraron el paso al vehículo de los periodistas apenas al salir de Juxtlahuaca.
Por la tarde, el convoy regresaría con los cuerpos de Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el observador de derechos humanos finlandés Jiry Jaakkola, quienes habían sido asesinados al interior de uno de los vehículos. Ante las demandas de integrantes de organizaciones sociales para que se buscara a los entonces 22 desaparecidos, la AEI inició una nueva incursión, de la que las autoridades no ofrecieron resultados.
Un segundo grupo de periodistas encabezado por el director y subdirector de Contralínea, Miguel Badillo y José Réyez, respectivamente, había salido muy temprano por carretera ese mismo miércoles. Por la tarde, los periodistas arribaron a Juxtlahuaca, con la intención de acercarse a la comunidad de La Sabana, lugar del ataque en contra de la caravana y cuya zona es dominada por la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), en donde su líder, Rufino Juárez, decide el destino de la población.
La primer llamada telefónica fue al secretario general de gobierno, Evencio Nicolás Ramírez, exprocurador General de Justicia y exombudsman de Oaxaca, a quien señalan como responsable de controlar a las organizaciones triquis. La respuesta a la petición fue de rechazo: él no hablaría con los periodistas de Contralínea.
En Juxtlahuaca, el comandante de la Policía Estatal, Lázaro Hernández, fue tajante: “No vamos a volver a entrar, ya lo hicimos dos veces y nos dispararon, tuvimos que replegarnos; hay muchos hombres armados, no voy a arriesgar la vida de mis hombres, así que no me pida que vayamos a buscar ahorita a los periodistas. Para qué entraron, si ya sabían que era peligroso”.
Una llamada al inspector de la Policía Estatal confirmó la negativa del gobierno de Ulises Ruiz para ayudar al rescate de los compañeros desaparecidos. Hasta ese momento, eran cuatro personas las que estaban en esa condición: los dos periodistas de Contralínea y los activistas Noé Bautista y David Venegas.
Jueves 29: ya han pasado 48 horas y nada con certeza se sabe de los periodistas. La situación se ha tornado alarmante. El equipo de la revista Contralínea y el padre de David Cilia, con el mismo nombre y viejo luchador social, deciden que deben entrar a la zona de conflicto para buscar personalmente a los dos reporteros desaparecidos. La decisión tomada se anuncia muy temprano en el noticiario de la periodista Carmen Aristegui, a quien se le informa que el viernes 30, a las 10 de la mañana, el equipo de la revista Contralínea y David Cilia padre se dirigirán al poblado de La Sabana, lugar del ataque.
Después una llamada de la procuradora general de Justicia de Oaxaca entra al celular del director de Contralínea, quien le dice que “el gobierno de Ulises Ruiz está muy preocupado por los hechos violentos y que han iniciado un trabajo investigativo para dar con el paradero de los dos periodistas”. Pero la funcionaria no ofreció entrar a la zona sino buscarlos en algún hotel de la ciudad de Oaxaca, en donde podrían estar escondidos.
El mismo jueves 28, Zósimo Camacho recibió otra llamada. El de la voz se identificó en voz baja como David Venegas: “Yo estuve hasta hoy en la mañana con tus compañeros; porque son tus compañeros Érika y David, ¿no?”; les prometimos que te llamaríamos en cuanto llegáramos a donde tuviéramos señal”, dijo entre aturdido y emocionado.
Venegas y Bautista, activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, habían roto el cerco paramilitar. Llegaron a la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca al medio día, luego de cuatro horas de camino por el monte.
Los sobrevivientes llegaron también con la prueba de que los reporteros se encontraban vivos y a la espera de ser rescatados: una videograbación captada con un teléfono celular horas después del ataque.
Los periodistas empezaron a planear cómo ingresar a la zona, con el menor riesgo posible, para iniciar la búsqueda, pero antes se le avisaría a los medios de comunicación y a las autoridades de esa decisión.
A las 13 horas del jueves, el inspector de la Policía Estatal se vuelve a comunicar vía telefónica e informa que harán un operativo con todos los policías para entrar al área en conflicto, y piden que los periodistas no entren solos.
La estrategia de entrar a la zona de conflicto el viernes por la mañana se había modificado. El aviso de que nuestros compañeros estaban vivos, aunque heridos y hambrientos, animó al equipo de Contralínea para iniciar la búsqueda esa misma tarde de jueves. De esa decisión se informó al inspector de la policía Jorge Alberto Quezada, quien alarmado pidió tiempo para que los periodistas fueran acompañados por policías y pudiera aterrizar el helicóptero desde donde serían trasladados al área de conflicto.
La aeronave llegó a Juxtlahuaca a las 16:30 horas y fue abordada por el director de Contralínea y el padre de David Cilia. Los acompañaban tres elementos fuertemente armados del grupo de fuerzas especiales del estado. Por tierra, 10 camionetas-patrulla se observaban desde el helicóptero y abordo iban 50 efectivos policiales armados con fusiles de asalto, seis comandantes y cuatro delegados de la Policía Estatal. En total, 60 efectivos policiacos que ingresarían a la zona para cubrir la búsqueda.
Desde Juxtlahuaca, el presidente de la Ubisort, Rufino Juárez, “coordinó”, junto con el comandante regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, Lázaro Hernández, la entrada del operativo de rescate. Más tarde, el comandante policiaco reconocería que el ingreso de Miguel Badillo, David Cilia Olmos y los policías a las inmediaciones de la comunidad de La Sabana fue realizado con la “autorización” del líder del grupo paramilitar al que se le atribuye la agresión.
El helicóptero con el periodista y el familiar abordo descendió en una zona neutral del municipio de San Juan Copala y, a partir de allí, los comandantes responsables del operativo se trasladaron hasta la población de La Sabana, en donde negociaron con el líder Rufino Juárez que permitiera la búsqueda de los dos reporteros.
El convoy de policías y los dos civiles se trasladaron hasta el lugar donde fue la emboscada y perdieron la vida dos personas y otras cinco resultaron heridas. A partir de allí, David Cilia Olmos y Miguel Badillo entraron solos al monte en busca de los desaparecidos.
Molesto por la presencia de intrusos, el líder de la Ubisort, Rufino Juárez, propuso a los policías que 30 mujeres triquis los acompañaran en la búsqueda, pero David Cilia padre rechazó el ofrecimiento, pues eran habitantes del mismo pueblo en donde se había cometido la agresión.
Después de tres horas de la primera incursión de rescate, la búsqueda fue infructuosa. Llegó la noche y las órdenes de los policías fueron suspender el operativo y retirarse del lugar. Para convencer de suspender la búsqueda, el comandante a cargo prometía regresar mañana viernes para continuar. Pero Cilia y Badillo habían decidido no retirarse del lugar hasta dar con los periodistas y así se lo hicieron saber. Eso discutían con los comandantes cuando un indígena se acercó al convoy policiaco y alertó de que el reportero David Cilia se había comunicado con un radio portátil pidiendo ayuda y decía que no abandonaran la búsqueda.
Los comandantes a cargo del operativo policial no creían la versión del indígena triqui y ordenaron salir de la zona. Cilia y Badillo discutieron con ellos y se opusieron a abandonar el lugar. Los policías aceptaron y regresaron al punto inicial de búsqueda, en donde había sido el ataque con armas de fuego. Eran las 20:00 horas.
Así inició la segunda incursión a las montañas, sólo que esta vez un indígena triqui, de la comunidad de San Juan Copala, guiaba la búsqueda, seguido del periodista, el padre del reportero y seis policías.
Casi tres horas después, hasta las 22:40 horas, la caravana de auxilio encontró desfallecidos y hambrientos a los dos reporteros. David, herido de tres balazos, fue levantado en hombros por el periodista y los policías hasta alcanzar la carretera. La reportera Érika Ramírez prefirió caminar para salir más rápido del lugar.

EL ATAQUE A COPALA

2010-05-10T11:01:00.000-05:00

San Juan Copala: ataque abierto a la solidaridad y las autonomías indígenas

Oscar Arnulfo de la Torre de Lara
Rebelión

En México el estado de las cosas ha llegado a un nivel intolerable. Los recientes hechos ocurridos en Oaxaca, no dejan lugar a dudas de que vivimos, como diría Gustavo Esteva, un estado de excepción no declarado, donde la movilización y los actos de solidaridad con los movimientos sociales son criminalizados y las garantías ciudadanas son vulneradas sin escrúpulos.
Dentro del contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” ––pretexto perfecto para llevar acabo una guerra no declarada contra los pueblos y sus formas autónomas de subsistencia, gracias a la normalización jurídica de la paradoja de la excepción–– la violencia paramilitar actúa organizada y efectiva, para realizar, mediante la violencia ciega y sin rostro, lo que el poder necesita, pero que por la vía legal no puede. Amparados en la impunidad, se trata de paralizar con el terror toda acción y denuncia, pues las víctimas de antemano están catalogadas como delincuentes y criminales[1]. Por un lado se ataca abiertamente a los procesos sociales de creación de autonomía, con todo lo que esto implica, y por otro se descalifica y criminaliza la solidaridad, y la movilización social.

El 27 de abril pasado la caravana humanitaria que se dirigía al municipio autónomo San Juan Copala, compuesta por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales, fue emboscada y agredida con armas de fuego por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), organización paramilitar vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al gobierno del Estado de Oaxaca (Ulises Ruiz). Dicha organización paramilitar fue constituida en 1994 ––evidentemente el año no es mera casualidad–– para destruir un proceso que busca la unidad de la nación Triqui desde la organización autónoma de un pueblo indígena que por décadas ha vivido la división y la violencia entre hermanos, provocada por intereses de control político del partido de estado, el PRI. Asimismo este ataque se inscribe en una estrategia dirigida a todos los procesos de construcción de autonomía, que comunidades y organizaciones en México luchan por construir formas de vida alejada del poder estatal y de todos los partidos políticos. El mensaje del ataque es muy claro, dice Marcos Rascón en su columna de La jornada: “no hay que asomarse a la realidad”, y mucho menos intentar transformarla.

Estos actos de agresión constituyen un acontecimiento preocupante, en particular para los pueblos indios, pero a su vez también dan señales de la estrategia gubernamental hacia los activistas y defensores de Derechos Humanos que se solidarizan con los movimientos sociales. “La tendencia es reprimir por todos los medios, que nadie se acerque a la realidad y se acepten las versiones oficiales como únicas. Eso significa que el poder paramilitar está creciendo y que la represión se ajustó a las nuevas formas “de la democracia”[2]. La violencia paramilitar fomentada desde el poder gubernamental actúa dentro de un espacio donde el carácter normativo de la ley y las garantías fundamentales ha sido desactivado, y se produce un estado de excepción permanente, a pesar de que se afirma que se esta aplicando la ley.
Lo cual no es mera retórica, pues la emboscada tuvo como saldo varios heridos y la muerte de la mexicana Beatriz Cariño Trujillo ––activista social con una larga trayectoria de lucha por los derechos humanos y en favor de la libre determinación de los pueblos indios–– y el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola, integrante de la Unión Uusi Tunli ry (Nuevo viento), al intentar romper el cerco tendido por la Ubisort sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, para poder entregar alimentos, ropa y un mensaje de solidaridad a sus habitantes, que desde hace meses se encuentran incomunicados y sin luz eléctrica por su determinación política de construir la autonomía en los hechos [3]. Es decir que fueron atacados mientras ejercían su derecho a solidarizarse.

Los actos perpetrados por el grupo paramilitar Ubisort, muestran un estado de cosas en el que se da una represión abierta contra procesos y formas autónomas de crear alternativas y formas de acceder a los bienes materiales de subsistencia y garantizar derechos económicos, políticos y culturales. Esta forma especifica de represión, vía el paramilitarismo priísta, muestra claramente las complejas redes de poder que se tejen con razones instrumentales, compartidas por quienes aceptan ser instrumentos de la dominación para mantener el orden de explotación y despojo imperante en México contra los pueblos indios. Asimismo devela la actual y cruenta disputa política y territorial, que se vive concretamente en el territorio Triqui, disputa que tiene sus raíces en una larga historia de colonialismo, explotación y despojo.

Para los triquis de San Juan Copala, estos actos no son nada nuevo, pues han sido y son protagonistas de una larga historia de resistencia en contra del despojo y desarticulación territorial, así como por la defensa de su cultura, formas de gobierno y subsistencia. La lucha del municipio autónomo de San Juan Copala, se enmarca dentro de un proceso más amplio, en el que los pueblos indios y campesinos mexicanos han protagonizado fuertes luchas de resistencia por recuperar y mantener el control de sus territorios y librarse de la sumisión al Estado mexicano, practicando iniciativas de independencia política, autogestión socioeconómica y autogobiernos locales y regionales.

Estas luchas son, como dice Armando Bartra, por Tierra y Libertad en el sentido más radical de los términos, pues es recuperar la tierra de las ciegas veleidades del mercado, otorgándole una función social; un sentido justiciero que no se agote en la tenencia, sino que se extienda a la producción y la distribución; una utilidad pública, no sólo como medio de trabajo, también como hábitat y territorio histórico, como medio ambiente, como paisaje. Se quiere la tierra pero no a cambio de sumisión al Estado y su lógicas autoritarias; “la libertad del apotegma zapatista significa autonomía en la gestión económica y autogobierno; la democracia como complemento insoslayable de la justicia”[4] El reclamo indígena de tierra y libertad [autonomía] trae consecuencias estructurales en la composición y distribución territorial del Estado, ya que la compleja cuestión de la integración de la territorialidad indígena al Estado y la adaptación de éste a la lógica de la territorialidad indígena tendrá que realizarse desde una perspectiva intercultural, y no colonial-estatal, como hasta ahora.
Los pueblos indios reivindican la autonomía como un derecho político público, que “incluye: control político y jurisdiccional de la territorialidad; autonomía de uso y explotación; control social y espiritual del territorio y sus recursos; libertad interna para una distribución de derechos intra-territorial; control económico del territorio; y seguridad jurídica en el territorio”[5].
El territorio indígena constituye un bien colectivo transgeneracional y garantía de existencia futura, es decir una unidad ecológica fundamental donde se desarrolla la vida de los pueblos en sus múltiples expresiones y formas, ya que es fuente de convivencia, saberes, de cultura, identidad, tradiciones y derechos. Es por esto que “el territorio es el locus de los deseos, demandas y reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida y reconfigurar sus identidades a través de sus formas culturales de valorización de los recursos ambientales y de nuevas estrategias de reapropiación de la naturaleza (…) el territorio es lugar porque allí arraiga una identidad en la que se enlazan lo real, lo imaginario y lo simbólico.[6] La lucha por la tierra, en el sentido de territorio, a final de cuentas es la lucha por un lugar, no únicamente como espacio físico dotador de medios materiales de subsistencia, sino de un lugar para la palabra; un lugar en la historia; de solidaridad, fruto de actos recíprocos de devoción mutua; como atmósfera creada por gente que comparte su morada, un suelo común, sustento de cultura y cosmovisión. Tierra y comunidad que están entrelazadas, con un pasado, un presente y un futuro.

Por lo anterior la lucha por la tierra ––por el territorio–– constituye una reivindicación que llevada a sus últimas consecuencias cuestiona la viabilidad del orden social existente. La finalidad de la lucha no se limita al simple usufructo de la misma, sino que incluye el derecho a su gestión autónoma, incluyendo la defensa sus recursos naturales (flora, fauna, semillas, agua, etc.) elementos inherentes de sus culturas, sustento permanente, garantía de autonomía y autoabasto y una manera de organizar la producción y la vida. Es una lucha por la subsistencia, y por poner límites a la voracidad del mercado ––encarnado en las empresas trasnacionales, gobiernos y caciquismos locales, y los paramilitares a su servicio–– y el reconocimiento de la pertinencia de racionalidades y tecnologías diversas para crear las condiciones materiales y espirituales donde sea posible de una vida digna de ser vida.

Como se ve este conflicto tiene sus bases en una contienda histórica, producto del orden colonial que aún subsiste. La esperanza radica en que a pesar del despojo y la desigualdad [histórica] imperante, el descontento popular es capaz de crear prácticas colectivas, para la reapropiación de su contexto, abriendo espacios para las prácticas y acciones grupales, como canales de empoderamiento. Distintos procesos y organizaciones campesino/indígenas defienden su derecho a la tierra, creando procesos de organización social, para la reapropiación de sus recursos y sus saberes de subsistencia y de construcción de espacios de interacción y decisión política. De este modo, la determinación de construir el municipio autónomo de san Juan Copala, atiende a la necesidad de crear una realidad más digna, ante el agotamiento de las instituciones locales, que se han vuelto incapaces de atender los reclamos sociales, la situación concreta en que viven los triquis de San Juan Copala, los procesos políticos, históricos y recientes de la región, y las políticas antidemocráticas, corruptas, de discriminación y exclusión que se practican desde el gobierno del estado y federal, además junto con ello la persistente y brutal explotación de la mano de obra triqui y un irracional saqueo de los recursos naturales de su territorio.

Como en otras partes de la República, la creación del municipio autónomo de San Juan Copala representa una respuesta pacífica de los pueblos indígenas por encontrar espacios de participación y representación política, atendiendo a sus condiciones económicas, políticas y culturales concretas. Se recuperan viejas instituciones y prácticas comunitarias, adaptándolas a sus propias necesidades. Por eso cada que lo hacen apelan a su derecho a la libre determinación en su versión de autonomía. Por esa razón, el ejercicio de su derecho a la autonomía representa la posibilidad de superar el sometimiento político y económico en que se encuentran, de tal manera que puedan participar de la vida política, económica y social del estado y la nación, en igualdad con otros municipios y sin perder su especificidad sociocultural[7].
Por lo anterior, el municipio autónomo de San Juan Copala, al reapropiarse de su lugar y al construir su autonomía en los hechos pone en práctica en su cotidiano otra forma de hacer política y una juridicidad que cuestiona bases del orden social imperante, utilizando normas, principios e instituciones diferentes a la lógica jurídico-política de la modernidad capitalista.
Este conflicto jurídico-político, se libra entre un derecho que nace del Estado que no representa los intereses y necesidades reales de la gente, al ponerse al servicio de las clases dominantes y los intereses del mercado y el capital, permitiendo el despojo y la explotación; y otro derecho que nace del pueblo ––como pluralismo jurídico y epistemológico–– que surge a partir de sus necesidades y vivencias comunitarias[8] . Se trata de una disputa por el poder de la enunciación jurídica entre el poder estatal y otras situaciones y espacios sociales, que mediante la recuperación de la memoria antigua, el saber histórico de las luchas y la puesta en marcha de procesos sociales que crean conceptos y realidades para la construcción de condiciones de dignidad humana, arrebatan a los partidos políticos y el Estado el monopolio de lo jurídico y lo político, devolviendole al pueblo su capacidad de decisión.

Esto es lo que tanto molesta a los señores del dinero y el poder ––que son los mismos señores de horca y cuchillo––, y se ven en la necesidad de reprimir para conservar sus privilegios, pues la lucha de resistencia del municipio autónomo de San Juan Copala ––al igual que otras luchas campesino-indígenas en México–– constituye un contrapoder capaz de producir realidad, una realidad más digna, pues el acto de creación de Derecho, desde el seno de las comunidades, hace posible un proceso de autoafirmación, autoconciencia y reivindicación de la identidad campesina e indígena vivida en la autonomía y auto-organización. Este ejercicio de pluralismo jurídico, constituye una práctica jurídico-política liberadora porque produce solidaridad y genera un concepto distinto de la política, como servicio y apertura al otro[9].

Por esto los crímenes perpetrados por Ubisort, y quien esta detrás de ellos, no pueden quedar impunes, pues constituyen un ataque no sólo a la experiencia Triqui en San Juan Copala, sino contra todos los pueblos indios y campesinos que construyen su autonomía en los hechos y el legitimo derecho que tenemos a solidarizarnos con ellos.
El castigo a San Juan Copala
Autor: Zósimo Camacho

La reorganización de los grupos paramilitares en la región triqui inició luego del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La construcción del municipio autónomo fue vista por los caciques locales y por sectores del propio gobierno estatal como una declaración de guerra. La reprimenda se dirige contra los triquis que creyeron que podrían ser “autónomos”

Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / enviados
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Rufino Juárez Hernández, presidente de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), se pasea por las calles de esta cabecera municipal sin ser molestado. Por el contrario, él decide cuándo hablar con los comandantes venidos desde Huajuapan de León para encargarse del traslado de los cuerpos y de los automóviles baleados y saqueados, que dejó como saldo la emboscada del 27 de abril pasado en las inmediaciones de la comunidad La Sabana, una de las pocas que aún controla su organización, afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pareciera que para los comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Lázaro Hernández Rendón y Rodrigo Peralta Mejía, se tratara de un par o un superior suyo. Ningún policía investigador ni comandante o agente del Ministerio Público le cuestiona a Rufino Juárez su participación en la emboscada contra la caravana de paz, a pesar de que las víctimas lo señalan como el autor intelectual de los crímenes y públicamente se asume como el líder de la Ubisort, la organización que ha puesto en estado de sitio a la comunidad política y ceremonial más importante de la cultura triqui: San Juan Copala.
Tampoco lo increpan los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional ni los elementos de la sección segunda del Ejército Mexicano que se han desplegado en la zona. Algunos fingen no verlo; otros, lo miran pasar sin que se le cuestione nada. Todo, a pesar de que Rufino va armado y cuatro de sus guardaespaldas apenas si se molestan en disimular sus armas largas debajo de sus chamarras de cuero que les cuelgan hasta las rodillas.
Las secuelas de la “autonomía”
Nadie recuerda una balacera en esta cabecera municipal. Los complejos acuerdos de los bandos en pugna en la región triqui alcanzan para mantener la paz en esta pequeña ciudad de menos de 10 mil habitantes, a menos de 100 kilómetros del corazón de las disputas, el propio San Juan Copala, declarado por sus pobladores municipio autónomo en enero de 2007.
La construcción de la autonomía triqui desató dos procesos de manera simultánea: por un lado, una cohesión de la etnia como no se veía en décadas. En 2007, y por primera vez en más de 30 años, la fiesta triqui más importante, conocida como “tercer viernes” o carnaval, fue realizada en San Juan Copala por integrantes de todas las organizaciones que han estado enfrentadas: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), Ubisort y los incorporados a la Confederación Nacional Campesina (CNC).
El otro proceso que se desató fue el rearme de los líderes que se sintieron desplazados por las nuevas autoridades autónomas.
—El principal beneficiario de que los triquis estén enfrentados entre ellos es el Estado mexicano. Pero también, y particularmente, salen beneficiados los cacicazgos políticos y económicos de la región. Se trata de las familias poderosas de las ciudades de Putla, Juxtlahuaca y Tlaxiaco –explica el abogado e investigador del posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Francisco López Bárcenas.
Para el autor de San Juan Copala: dominación política y resistencia popular, la violencia que vive el pueblo triqui ha sido impuesta y atizada desde fuera.
—De los triquis se han codiciado sus tierras y sus cosechas: café, plátano manila, maíz; y han padecido un desprecio y un racismo muy fuerte. Además, en la región se padece una impunidad muy grande: cualquiera sabe que se puede matar sin que pase algo. Y ellos también han generado una resistencia y un orgullo fuertes.
El investigador de posgrado explica que los caciques de las ciudades aledañas dicen que los triquis son violentos y asesinos, “pero no dicen que ellos les venden las armas”; dicen que son flojos, “pero porque no trabajan para ellos”; y dicen que son ignorantes, pero no “que los caciques siempre se opusieron a la entrada de maestros a las comunidades triquis”.
La creación del municipio autónomo desgajó a las organizaciones MULT y Ubisort. Al tratarse de una etnia que se agrupa en clanes, decenas de familias, barrios y comunidades enteras abandonaron las organizaciones en que habían militado por décadas y se sumaron al municipio autónomo. La organización que impulsó decididamente la autonomía fue el MULTI. A decir de López Bárcenas, la inspiración y el discurso de los autónomos triquis ha sido el zapatismo; pero “el ejemplo y la experiencia práctica” fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Las organizaciones triquis
La Ubisort casi desapareció. Se quedó con dos comunidades pequeñas: La Sabana, lugar del ataque a la caravana de paz, a escasos 10 kilómetros de San Juan Copala, y Unión Los Ángeles. También mantiene algunos simpatizantes en Tilapa. Se estima que, en total, sus miembros no son más de 300. La Ubisort se apoya ahora casi exclusivamente en sus armas. Para nadie es un secreto que las tres organizaciones principales están armadas con fusiles de asalto AK-47. La diferencia sería que la Ubisort posee entrenamiento, mayor número de unidades y la supuesta complacencia de los caciques locales y del propio gobierno estatal de Ulises Ruiz. La organización fue creada en octubre de 1994 para contener la influencia de los alzados zapatistas en Chiapas.
Luego de una desbandada que logró frenar con asambleas, concesiones, amenazas y enfrentamientos, el MULT se conservó como la organización más grande del pueblo triqui. Integra alrededor de 22 comunidades y cuenta con aproximadamente 7 mil miembros.
La organización que impulsó la autonomía triqui, luego de haberse integrado a la APPO en 2006, fue el MULTI. Está integrado por 10 comunidades, entre ellas San Juan Copala. Cuenta aproximadamente con 3 mil 500 integrantes.
Finalmente, se encuentran aquellos incorporados al PRI, pero no por la vía de la Ubisort, sino de la CNC. Básicamente se trata de una comunidad, El Carrizal, y de integrantes minoritarios de otras comunidades. No rebasan las 500 personas.
El cerco paramilitar
En la zona, todo triqui pertenece a alguna organización. La filiación se realiza por clanes. Aunque está presente el discurso ideológico, todo se subordina a los lazos familiares. Si un abuelo decide ingresar a una organización, lo hace junto con las familias de sus hijos.
En México habitan 30 mil triquis. Sólo alrededor de 15 mil de ellos se encuentran en su región. Por la violencia y la pobreza, la otra mitad ha trasladado su residencia a la ciudad de México y a Hermosillo, Sonora, entre otros estados del país; algunos más han emigrado a Estados Unidos.
El cerco paramilitar sobre San Juan Copala fue instalado el 28 de noviembre de 2009. Desde entonces, no hay mercado ni las mercancías pueden conseguirse fácilmente. El grupo de la Ubisort también cortó la línea del teléfono y los cables de la luz eléctrica. Las escuelas se encuentran cerradas. La propia Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dependencia federal, cerró sus oficinas en el poblado. Las únicas que no abandonaron la comunidad fueron las monjas de la diócesis de Copala, que mantienen un internado educativo para los niños del lugar.
—Allá está muy difícil. La gente no puede salir del pueblo porque le disparan. Luego no hay ni para comer –explica Víctor Castillo, integrante del MULTI y simpatizante del municipio autónomo.
—Y cómo se mantiene la comunidad.
—Los compas ya han encontrado sus formas…
La caja de resonancia
Las noticias de las emboscadas, los enfrentamientos, las ejecuciones, las venganzas difícilmente llegan a las planas de los periódicos locales o nacionales. Menos aún encuentran espacio en los medios de comunicación electrónicos. Pero triquis, nu’saavi y mestizos de Juxtlahuaca siempre están enterados de lo que sucede montes arriba.
La plaza principal, el mercado, los sitios de taxi son grandes orejas y bocas donde incluso las organizaciones antagónicas pueden intercambiar mensajes. Y, a manera de los cárteles traficantes de drogas, cuentan con halcones que les informan de quienes llegan y salen de esta cabecera municipal. Rufino Juárez cuenta con una organización de puesteros del mercado, dos sitios de taxis y vigilantes apostados en la plaza del palacio municipal y en negocios de las afueras de la ciudad. Cuando una persona o un grupo de personas sale con rumbo a San Juan Copala, el líder de la Ubisort ya lo sabe.
Paramilitares: arma gubernamental contra la sociedad
Autor: Nydia Egremy

Arma en la guerra de baja intensidad, el paramilitarismo actúa en México con impunidad total. Ahora, los grupos civiles armados dejan de ser clandestinos, como ocurrió en los años del terror con sus cofrades salvadoreños y colombianos, advierten informes de organizaciones no gubernamentales y de Naciones Unidas. Este actor político independiente “libera” al Estado de la responsabilidad en actos criminales orquestados por el gobierno contra disidentes, como el genocidio y el terror político

Las brigadas asedian a caseríos y poblaciones rurales; sus elementos ocupan veredas y caminos para aterrorizar a los campesinos hasta obligarlos a vender sus tierras o huir de la zona. Desaparecen y aniquilan de modo selectivo a los pobladores de una región; sus escuadrones de la muerte siembran el terror en los barrios, al tiempo que asaltan albergues de migrantes y de adictos. Son los paramilitares que sirven al Estado.
Ese fenómeno es viejo en América Latina. En la década de 1960 se crearon pequeños grupos para realizar misiones específicas y después se organizaron tropas paramilitares para actuar en forma más prolongada, como el caso del Batallón Olimpia, que intervino en la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Eran militares vestidos de civiles que realizaron una tarea específica de manera encubierta y clandestina.
Para Alfredo Jalife, geopolitólogo mexicano, los paramilitares son una creación de los gobiernos totalitarios que están en guerra. Explica que, de esta manera, “el Estado disfraza sus peores intenciones”, que ejecuta a través de estos cuerpos paramilitares que son exmilicianos o excriminales, o personas que sirven precisamente a los intereses aviesos.
“Hacen cosas que no hacen los militares, como lo sucedido en Colombia, Argentina y Chile. Incluso Estados Unidos lo hace al privatizar el combate contra civiles en Irak y Afganistán a través de las fuerzas paramilitares de Blackwater”, agrega el investigador en temas internacionales.
La afirmación de Jalife Rahme se sostiene en el informe que presentó, el 1 de septiembre de 2007, el Comité de Reformas Gubernamentales y Supervisión Interior del Congreso de Estados Unidos. Ahí se indica que la empresa de seguridad Blackwater, que opera en Irak, se ha visto envuelta en varios escándalos. Es “una organización fuera de control que permanece indiferente ante la muerte de civiles iraquíes”.
De acuerdo con el antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas, el rastro de un segundo grupo paramilitar en la historia contemporánea de México actuó en el mismo marco del conflicto estudiantil: Los Halcones. Este grupo fue entrenado por los militares. En ese contexto se integró la paramilitar Brigada Blanca, que por muchos años actuó con estructura de mando, es decir, con jerarquías militares involucradas, señala el intelectual.
Este grupo fue conocido por la opinión pública mexicana luego de que Amnistía Internacional (AI) señalara, en su informe de abril de 1977, que eran numerosas las denuncias de aprehensiones y subsecuentes detenciones, practicadas por autoridades administrativas, policiacas o militares, “en violación a las garantías constitucionales”.
AI denunciaba: “Hay fuertes indicios de que agentes del poder público practican detenciones extralegales, que las víctimas y sus familiares asimilan, no injustificadamente a secuestros”.
Después del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, brotaron en Chiapas otros grupos de corte paramilitar. Advierte López y Rivas, expresidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que debe distinguirse a las guardias blancas de finqueros y terratenientes de los grupos paramilitares. En su opinión, la escuela chiapaneca de formación de paramilitares sigue la experiencia guatemalteca, en donde estos grupos se nutren de elementos de extracción indígena bajo la idea de que “la cuña debe ser del mismo palo”.
Recuerda que, siendo presidente de la Cocopa, presentó una denuncia (cuya asesora legal fue la ya fallecida defensora de derechos humanos Digna Ochoa) sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. Afirma que, en una reunión de esa Comisión con el entonces procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, le informó que la Procuraduría tenía el registro de al menos 12 grupos que podían ser considerados paramilitares, aunque empleaban un eufemismo para calificarlos: “grupos de civiles presuntamente armados”.
Actualmente, señala el intelectual, grupos como el Ejército de Dios –que opera en Chiapas– es ejemplo de la modernización del paramilitarismo mexicano. Llama la atención al hecho de que, en 2008, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) denunció que realizaba combates en dos frentes: por un lado, contra el ejército contrainsurgente, y por el otro, contra grupos de sicarios que el Ejército usa para ubicar a la guerrilla y ajusticiar a sus simpatizantes.
Para Gilberto López y Rivas, los paramilitares son empleados para incursiones militares en ciertos poblados. Su dicho se respalda con lo que el 24 de marzo de 2008 declararon Rodolfo y Ramón, milicianos del ERPI, al diario La Jornada, cuando afirmaron que “ya hay células de grupos paramilitares en Metlatónoc, Guerrero, y en otras zonas de La Montaña, o en Tierra Caliente, Costa Chica y Costa Grande”.
Origen oscuro e ilegal
La existencia de mercenarios que realizan sus acciones en nombre del Estado no es nueva, pues se dio en la Edad Media. Eran personas a sueldo que tenían la cobertura del príncipe en turno, como las compañías de lanceros (de unos 100 hombres) y que dio origen al término anglosajón freelance, señala Jalife Rahme.
En la actualidad, los mercenarios de la empresa multinacional Blackwater están desplegados en Irak y Afganistán, y según cálculos que cita Jalife, constituyen una tercera parte de las fuerzas que libran combates en ambos países. “No existe una cifra confiable –explica el experto–, pues la dejan a propósito abierta o incierta, laxa”. Hace notar que, para engrosar las filas de mercenarios y paramilitares, el gobierno estadunidense contrató a los francotiradores que participaron en la guerra de los Balcanes. “Ahora están contratando a cierto grupo y les pagan de 5 mil a 10 mil dólares al mes, lo que es una fortuna”.
Como muestra de la gran colusión entre el Estado y los paramilitares, existe la protección que gozan cuando se les acusa de sus crímenes. Exclama: “¡Nunca se les persigue, es muy raro cuando eso ocurre! A veces se hacen juicios de tipo chivo expiatorio cuando se les pasa la mano”.
En su opinión, la práctica paramilitar se escenifica en tres escenarios: uno, en caso de guerra irregular, porque los soldados no pueden hacer abiertamente las acciones que se asignan a estos cuerpos; el otro, es cuando existe una gran situación de caos, pues eso permite al Estado “tomarse revanchas contra sus enemigos o rivales”, y el tercero, un escenario de paramilitarismo latente, como fuerza disuasiva.
Para esos tres escenarios, Jalife Rahme considera que se trata de mercenarios adoptados por el Estado, aunque no de forma directa, “porque obviamente eso atenta contra presupuestos y la transparencia de la democracia”. El paramilitarismo es el lado oscuro de los Estados fascistas.
En este momento, asegura el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, tal es el caso de algunos gobernadores, “incluso del mismo gobierno federal”, que sostiene a cuerpos ligados a las fuerzas policiacas.
Por su parte, López y Rivas refiere que para conocer la naturaleza del paramilitarismo es necesario observar que son grupos irregulares, clandestinos que actúan bajo una conexión –igual, irregular, ilegal y clandestina– con el gobierno, con el Estado. Generalmente están adscritos a la Sección Segunda del Estado Mayor, que es la inteligencia militar. Describe que el paramilitarismo “es una extensión de las Fuerzas Armadas por otras vías”.
Asegura que el paramilitarismo tiene sus raíces en las escuelas de contrainsurgencia que puso en activo el gobierno estadunidense después de su derrota en Vietnam y que se continúan en las llamadas guerras de cuarta generación, que recogen toda la experiencia de las fuerzas armadas del Pentágono en el mundo.
Bajo esa lógica, los paramilitares en México reciben entrenamiento, apoyo en armas y municiones, cobertura de inteligencia, de comunicaciones y todo lo que tiene que ver con su acción. En muchas ocasiones, son pagados directamente por esta inteligencia militar o de la Sección Segunda del Ejército.
En Colombia así operaron los grupos paramilitares: comenzaron como las Autodefensas Unidas de Colombia y ahora continúan las Águilas Negras. El informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que se presentó en agosto de 1998, ya citaba que la policía y el ejército colombianos eran acusados de complicidad por abstenerse de intervenir para prevenir o proteger a los civiles de las masacres y asesinatos cometidos por los paramilitares. “Esto contribuye a crear un ambiente de terror entre la población de Barrancabermeja y Urabá”, explicaba el informe.
En todos los casos, ya sea a través de ramificaciones ultrasecretas o abiertas, el paramilitarismo es un fenómeno de la represión del Estado “por otras vías”; es el ejercicio de la acción autoritaria y de la violencia extrema del Estado, particularmente contra grupos de disidencia, de resistencia o de carácter revolucionario, señala López y Rivas.
En México se sigue el esquema uribista, porque Álvaro Uribe, presidente de Colombia, ha sido el paladín de este tipo de planes o proyectos, llámese Iniciativa Mérida o Plan Colombia o Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte, indica el también profesor de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos
Hace ver que los militares mexicanos recurren a la estrategia de enviar soldados de línea debidamente disfrazados a cometer asesinatos particularmente de jóvenes, que luego son acusados de delincuentes. “Sea esto real o no, responde a la idea de la limpieza social”, explica el autor del estudio Autonomías, democracia o contrainsurgencia (2004).
Sostiene que esa “limpieza social se dio en Colombia cuando se elegía como víctimas del paramilitarismo a jóvenes de la ciudad o del campo, que por algún motivo disgustan a los aparatos de poder y son usados como cadáveres útiles por los soldados regulares o mercenarios que así cobran las recompensas. Pero también hay una limpieza social en el sentido de que en aquel país también se registra en la lista de los llamados falsos positivos (es decir, a los presuntos criminales) a los discapacitados o jóvenes con ideas democráticas”.
Incluso están haciendo limpias de pequeños delincuentes; los que ya distribuyen drogas y se les persigue bajo un criterio de mercado para normarlo, pues se prefiere tener a un solo distribuidor en lugar de muchos.
Gilberto López y Rivas anticipa que, en México, ya empieza a haber esa limpieza social “dentro de estos 22 mil 700 muertos que Felipe Calderón desprecia”, porque, según las autoridades, se trata de muertes entre criminales. La mayoría, insiste, es joven de entre 17 y 25 años, y que constituye o no un sicariato, pero muchos se incorporan como objetivos a partir de las necesidades que tienen los militares y los policías de justificar tanto sus salarios como sus acciones en contra del narcotráfico y del terrorismo.
Para el especialista, el paramilitarismo colombiano es una especie de espejo en el que se reflejan el paramilitarismo guatemalteco y mexicano. Cuando se observan en México esas demostraciones de crueldad infinita, como las decapitaciones, se deben definir como el “terror de Estado por otras vías”, como el terrorismo, señala.
Se aterroriza a la población a partir de la lucha contra el narcotráfico y, en realidad, lo que se observa en este momento en México es una guerra social: “Es una guerra del poder contra las organizaciones de resistencia, contra una juventud que está siendo aniquilada en los campos de batalla de esta guerra contra todo lo que se mueve; ahí el paramilitarismo tiene una función qué cumplir”.
Para Jalife Rahme, el que los grupos paramilitares que operan en los estados más pobres de México, como Oaxaca, actúen de manera más visible y en una circunstancia previa a las elecciones “es muy interesante, macabramente hablando”.
Se refiere a la emboscada que sufrió la caravana internacional de paz que intentaba llevar ayuda humanitaria a la comunidad autónoma de San Juan Copala, en el municipio de Juxtlahuaca, y que cobró la vida del finlandés Jyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño.
“Estamos regresando a los gorilatos. La juventud de ahora no tiene esa memoria. Oaxaca es un estado gorila y no hay que perderlo de vista, la prensa europea es muy importante porque tiene que venir con el gobierno federal y aquí tiene que dar luz”.
Describe que en esa acción “les salió el tiro por la culata; cometieron un error”, pues son criminales no bien entrenados y muchos de ellos no midieron el impacto y la presión internacional por sus acciones. Este analista de la escena internacional refrenda que “toda la escoria de la criminalidad se concentra en los paramilitares y su objetivo único es cumplir en forma siniestra los objetivos que no pueden hacer en forma democrática los Estados. Por eso, creo que se debe ser muy severo en contra de ellos”.
La solicitud de Rabasa
En enero de 1972, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Emilio O Rabasa, envió un telegrama al Departamento de Estado en el que confirmaba el “repetido interés personal” del presidente Luis Echeverría Álvarez en el programa de entrenamiento para elementos de la policía mexicana en Estados Unidos.
Bajo el encabezado “Confidential México 232”, el telegrama, emitido desde la embajada en México y dirigido a la Secretaría de Estado en Washington, DC, explica en el punto número 1 que el secretario de Estado Mc Bride “esperaría recibir al Coronel Díaz Escobar en Washington”, y más tarde concertar los arreglos de un programa satisfactorio para estos jóvenes mexicanos.
El punto 2 del telegrama indica que reportaría las opiniones de Rabasa y seguirá su contacto con él sobre el tema. El documento fue desclasificado el 9 de junio de 2002 y está firmado por Mc Bride. El marco de fondo de este mensaje se refiere al acercamiento del canciller mexicano Rabasa con Robert McBride, a quien presentó la solicitud del presidente Echeverría para que Washington emprendiera un programa de entrenamiento policiaco para un grupo de las fuerzas de seguridad mexicanas.
La visita de Rabasa a Washington fue seguida de otras, como la del subsecretario de Relaciones Exteriores, José S Gallastegui, y del coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa. A este militar es al que alude el telegrama de la embajada estadunidense en México, el 6 de enero de 1972. Según ese documento, Díaz Escobar dijo que los hombres estarían “particularmente ansiosos” de capacitarse en “control de multitudes, negociación con manifestaciones de estudiantes y reyertas”. También, les interesaba capacitarse en tácticas de defensa física y combate mano a mano.
De acuerdo con la embajada estadunidense en México, Díaz Escobar era un coronel del Ejército Mexicano que, entre otras cosas, “también está a cargo de un grupo de individuos conocidos como Los Halcones. Aclara el mensaje dirigido al secretario McBride que este grupo fue responsable de acabar con la ostensible marcha estudiantil (del 4 de noviembre de 1970) para celebrar la victoria electoral del presidente chileno Allende”.
Agrega que Los Halcones usaron varas de bambú en este esfuerzo “y fueron identificados por los estudiantes y descritos como personas violentas”. Señala que los miembros de esta organización son aproximadamente 2 mil. (NE)
Desde 1998 se pidió a la ONU actuar contra paramilitares
El 3 de agosto de 1998, en Ginebra, Suiza, en la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió la delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), integrada por Jean Barth, Erika Hennequin, vicepresidenta de los verdes de Suiza; Anne Plattner, de Suiza, Teresa Niubo, e Ignacio García de Catalunya (Estado español), con la comisionada Mary Robinson.
La entrevista duró 50 minutos. Ahí se presentaron las conclusiones y recomendaciones del informe de la CCIODH. Erika Hennequin, recién llegada de Chiapas, informó a la comisionada Robinson sobre la gravedad de los últimos acontecimientos en la zona del bosque chiapaneco y aseguró que “la intervención del Ejército y seguridad pública” desmanteló el municipio autónomo de San Juan de la Libertad.
Una de las partes del informe, decía: “No pecamos de exageración si afirmamos que la situación actual es peor que la que observamos en febrero de 2008. Puede consultar infinidad de informes con datos sobre la actividad de los grupos paramilitares, sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en operativos sobre la población. La lentitud de justicia para clarificar los hechos de Acteal y la rapidez con que interviene, con todo lujo de irregularidades incluso denunciadas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre las comunidades en resistencia.”
El informe señalaba que el 10 de junio anterior, la intervención de las fuerzas armadas provocó la muerte de ocho campesinos y “la dramática situación de la población civil, en especial de las mujeres y los refugiados por causa de la guerra”. Por ese escenario, la CCIODH sugirió la necesidad de que la Organización de las Naciones Unidas realizara un informe sobre la situación de los derechos humanos en la zona de conflicto. (NE)
Hina Jilani, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, presentó, en abril de 2002, el Informe sobre la situación que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Colombia. Entre los principales temas que preocuparon a la delegación que ella encabezó, durante su visita a aquel país, entre el 23 y 30 de octubre de 2001, destaca que fue el centrarse en los asuntos por los cuales el Estado colombiano es “directamente responsable; vale decir, las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos o por particulares que actúan instigados por o con el consentimiento o la aquiescencia de las autoridades públicas”.
Agrega el informe que la representante especial no hace referencia a aquellos asuntos en los que los grupos armados al margen de la ley (grupos guerrilleros) se encuentran involucrados. También, la preocupación se extiende al “ambiente de impunidad” que rodea las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Por tal razón, el informe describe que “el Estado es jurídicamente responsable”, tanto por los ataques perpetrados directamente por las fuerzas armadas colombianas, como por los perpetrados “por organizaciones paramilitares.
Describe que la representante especial “pudo observar que los grupos paramilitares son los principales responsables” de las violaciones a los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos. Por lo tanto, entre las recomendaciones que emite el informe de Jilani, destaca: “Combatir el paramilitarismo en forma eficiente y desmantelarlo de forma definitiva, mediante la detención, el procesamiento y la sanción de todo aquel que promueva, dirija, participe, apoye o financie este fenómeno”. (NE)

EL PRI Y SUS PARAMILITARES.

2010-05-03T11:06:00.000-05:00

Grupo paramilitar priista impone su ley y amedrenta al Estado.
Autor: Zósimo Camacho

Paramilitares desafían a la comunidad internacional de defensores de derechos humanos y emboscan a activistas y periodistas en la sierra triqui de Oaxaca. El grupo, armado con fusiles de uso exclusivo del Ejército, asesina a la dirigente del centro Cactus, Beatriz Alberta Cariño, y al observador Jiry Jakkola, de Finlandia, país que actualmente ostenta la coordinación en materia de derechos humanos de la Unión Europea; también balea a decenas de personas. En estos hechos, desaparecen –y tras largas gestiones son rescatados– los reporteros de Contralínea Érika Ramírez y David Cilia
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Al interior de la camioneta blanca tipo Van, marca Ford, ropas revueltas, envoltorios y restos de golosinas en los asientos, polvo de vidrios, sangre desparramada sobre los respaldos: parece conservar la desesperación de sus ocupantes por abandonar el vehículo. Al exterior, más de 20 impactos de bala de fusiles de asalto y la manta, que anunciaba la caravana humanitaria internacional por la paz, hecha jirones.
La camioneta se encuentra varada junto con una vieja grúa en la carretera que atraviesa esta cabecera municipal y llega hasta San Juan Copala, el principal centro político y ceremonial de la centenaria cultura triqui, al que sólo se puede acceder con el permiso de los grupos paramilitares, a decir del comandante regional de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Lázaro Hernández, y del agente estatal de investigaciones del municipio, Miguel López.
En el vehículo perdieron la vida, el pasado 27 de abril, Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jiry Jakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés. Los activistas se encontraban al frente de un grupo de 27 personas entre defensores de derechos humanos, profesores, simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, adherentes a La Otra Campaña y periodistas, dos de ellos, Érika Ramírez y David Cilia, de este semanario.
Los automóviles fueron interceptados en el paraje conocido como La Sabana, a sólo un kilómetro de su destino y aproximadamente a 100 de esta ciudad de Juxtlahuaca. Uno de los vehículos pudo darse a la fuga y los otros tres fueron rafagueados con fusiles de asalto AK-47 y AR-15. El saldo preeliminar fue de dos personas muertas; 21, heridas (con lesiones de leves a graves); cuatro desaparecidas (los activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, Vocal, David Venegas y Noé Bautista, y los reporteros de Contralínea Érika Ramírez y David Cilia).
La caravana tenía como objetivo llegar al municipio autónomo de San Juan Copala, comunidad triqui que mayoritariamente simpatiza con el Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente (MULTI), impulsor de la autonomía y la autogestión indígena en la región y antagonista del también considerado izquierdista Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT) y del grupo priista Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el cual cuenta con un grupo paramilitar al que se le atribuye la autoría de la emboscada. Entre los principales dirigentes de esta organización se encuentran Antonio Pájaro, Rufino Juárez, Evencio Martínez.
Cuatro automotores integraron la caravana: la camioneta blanca, con 16 personas a bordo; un sedan azul Dodge, Attitude, con placas de Quintana Roo, en el que viajaban los dos reporteros de Contralínea; una camioneta negra tipo Explorer, Ford, y una camioneta blanca que transportaba profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
El convoy se encontró con la patrulla 1224 de la AEI aproximadamente 10 kilómetros antes de que fuera agredida. En el paraje de La Sabana, cuando pasaban de las 14:30 horas, la vanguardia se detuvo al observar una valla de piedras. La primera bala se incrustó en la parte delantera de la camioneta blanca tipo Van. Le siguieron cerradas descargas sobre los dos automotores siguientes. El último pudo dar la vuelta y regresar apresuradamente.
Los aproximadamente 20 encapuchados, apostados en un montículo al lado izquierdo de la caravana, dispararon a bocajarro sobre los automotores.
—Cuando comenzó la lluvia de balas, yo me hice bolita en el sillón. Balazos, balazos, balazos… no terminan –recuerda con lágrimas y desde el Hospital Rural 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mónica Citlali Ortiz, de 22 años, de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL).
“Voltee a ver a mi compañera Beti (Alberta Cariño), pero fue en el momento en que le entró una bala en su cabeza. Y yo comencé a sentir algo caliente en mi espalda; me toco y veo sangre… Sigo escuchando balazos y cuando veo a mi compañero Jiry, en ese momento le toca un balazo en la cabeza y le saca los sesos.”
Mónica Citlali lograría huir al monte y luego encontrar la carretera. “Corrimos, rodamos, caminamos”, explica. En una casa le dieron agua y le pidieron que saliera por temor a represalias del grupo paramilitar. Llegó mediante un aventón al hospital. Con los ojos llorosos y los nervios faciales crispados, no puede creer que salga por su propio pie del hospital llevando entre sus manos su blusa blanca ensangrentada con el orificio de la bala a la altura del pecho. Se trató de un pedazo de bala que rebotó contra su espalda.
—Confusión, gritos, seguían los disparos. Percibo que hay gente herida, pero ya en muy mala condición –relata Daniel Arellano Chávez, integrante de VOCAL–. Decidimos bajarnos de la camioneta y salir corriendo; pero ellos se desplegaron muy bien e hicieron una línea de disparos; quedamos escondidos, pero atrapados; y luego ya empezó una persecución a pie sobre varios de nosotros.
Botas con casquillo metálico, pantalón de mezclilla, camisas sin distintivos y pasamontañas, los integrantes del grupo paramilitar utilizaron pocas palabras para coordinarse. Cuando hablaron, lo hicieron en español; pero, principalmente, se comunicaron mediante silbidos, sonidos de animales y ademanes.
—Yo estuve escondido como cinco horas en el monte junto con el reportero del periódico Noticias, Roger y Gabriela Jiménez –explica Rubén Valencia, integrante de VOCAL–. Decidimos salir, pero nos agarraron como a la media hora. Nos hincaron. Pero como el compañero del periódico Noticias dijo que era de la prensa, los tres pasamos como gente de la prensa.
Los operativos de “rescate”
Los agentes de la AEI, encabezada en la región por el comandante Lázaro Hernández, ingresaron a la zona hasta que contaron con el permiso de “los contactos” o “enlaces” de esa institución con el grupo paramilitar.
“Nadie puede ir ahí, ni el Ejército. Nosotros negociamos llegar hasta cierto punto y, aun así, ellos (los paramilitares) hacen disparos al aire. Si nos pasamos del punto al que acordamos llegar, sí nos disparan a dar”, explica.
Por su parte, el agente estatal de investigación del municipio de Juxtlahuaca, Miguel López, pregunta a los activistas y periodistas que integraron la caravana si “a poco no saben nada de esta zona; ¿no sabían que no pueden subir allá nada más porque sí?”
La primera incursión de la policía tuvo lugar el 28 de abril, al día siguiente de la emboscada. Alrededor de las 8:30 horas, 45 efectivos de la AEI junto con un cuerpo de peritos y otro de médicos salieron de Juxtlahuaca con rumbo al lugar donde se ejecutó la emboscada. No acudió el Ministerio Público. Alrededor de las 13:00 horas bajaron los cuerpos de Alberta Cariño y Jiry Jakkola. Dijeron no haber encontrado ni heridos ni más cuerpos. Luego de una segunda “incursión” y a más de 24 horas de las agresiones, los agentes bajaron los automóviles agredidos. Contrataron grúas particulares para trasladar los vehículos a corralones de esta ciudad.
El comandante Lázaro Hernández informó que no había encontrado “nada más” en la zona. Pero reconoció que el grupo de efectivos que lo acompaña debe hacer su trabajo “muy rápido” para no permanecer mucho tiempo en esos cerros agrestes.
Para Omar Esparza, de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, del Movimiento Indígena Agrario Zapatista, una de las organizaciones convocantes de la caravana, la agresión es a causa de que “los grupos caciquiles que controlan la vida de las personas en estos pueblos no han querido aceptar que las comunidades pueden ejercer su derecho a organizarse de manera autónoma”.
Alrededor de 22 impactos de bala se pudieron apreciar en el lado izquierdo de la carrocería del vehículo en el que viajaban los reporteros de esta revista: un Attitude azul, marca Dodge, con placas 4761TMD, del estado de Quintana Roo. Los cristales fueron reventados por las balas, las cuales se incrustaron en los sillones. En los asientos del piloto y traseros no se encontraron rastros de sangre. Sólo en el del copiloto se apreciaron pequeños manchones rojizos.
Zapatos, lentes, bolsa de maquillaje, suéteres quedaron como mudos testigos de la agresión y secuestro de los periodistas de este medio de comunicación.
El rescate
La mañana del 29 de abril, David Venegas y Noé Bautista rompieron el cerco paramilitar y llegaron a la ciudad de Juxtlahuaca. Confirmaron que David Cilia y Érika Ramírez, con quienes estuvieron escondidos en la serranía, estaban vivos y fuera de peligro de muerte.
“Si ellos llegan a morir, será de hambre o sed, porque las autoridades del gobierno de Oaxaca no han desalojado a los paramilitares”. Como prueba de vida presentaron un video en el que los periodistas de Contralínea informaban que estaban conscientes y solicitaban ser rescatados.
Tras largas gestiones con el gobierno del estado de Oaxaca, a las 16:40 inició el operativo para su rescate. Pasada la media noche, los periodistas fueron ingresados con vida al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Juxtlahuaca.
Érika Ramírez se encuentra sin ningún tipo de lesión, pero deshidratada y débil. David Cilia se encuentra con una herida de bala en la pierna izquierda y un rozón de bala a la altura de la cintura. (Redacción)
Gobierno federal, indolente ante las desapariciones
Integrantes de diversas organizaciones sociales se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación para exigir justicia e información sobre lo ocurrido el miércoles 27 de abril en las inmediaciones de la comunidad autónoma de San Juan Copala, cuando fue emboscada la caravana de paz con destino a ese poblado.
Tras dos horas de espera –durante las cuales policías federales replegaban a los manifestantes–, alrededor de las cinco de la tarde una comisión fue recibida por Jorge González González, subdirector de Concertación Política de la Secretaría de Gobernación. “No sabemos nada. Manden un correo al presidente”, la respuesta del funcionario.
Habitantes de la comunidad autónoma, familiares de las personas entonces desaparecidas a raíz de la emboscada, profesores de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño y representantes del Comité 68, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de la Ciudad de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), participaron en la protesta.
Reyna García, mamá de David Cilia, periodista desparecido; Carlos Rodríguez, profesor de la UAM Xochimilco; Adolfo Palma, integrante del Comité 68; y Marco Albino, de las comunidades triquis, entregaron a esta Secretaría un documento dirigido a Fernando Gómez Mont, su titular, en el que le exigen información sobre las personas agredidas y desaparecidas “para precisar las responsabilidades judiciales de los culpables”. (Flor Goche)
ONU denunció la desaparición de reporteros
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, denunció la, hasta entonces, desaparición de los periodistas Érika Ramírez y David Cilia, tras la emboscada contra una misión humanitaria en Juxtlahuaca, Oaxaca.
En conferencia de prensa, el jueves 29 de abril de 2010, dijo que, con la privación ilegal de la libertad de los reporteros del semanario Contralínea, ya suman 12 los periodistas desaparecidos en México desde 2000.
Un día antes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México había condenado “los hechos de violencia en San Juan Copala, Oaxaca”, ocurridos el 27 de abril en contra de la caravana de paz que se dirigía a la comunidad autónoma triqui, y en los que murieron la defensora de derechos humanos Beatriz Cariño y el observador finlandés Jiry Jakkola.
Urgió “la pronta ubicación de las personas de las cuales se desconoce su paradero”, entre ellas Érika Ramírez y David Cilia, destacó. La OACNUDH llamó a las autoridades responsables para que “conduzcan una investigación imparcial, expedita y efectiva de los hechos que tenga como objetivo el procesamiento y, en su caso, la sanción de las personas responsables”.
También las exhortó a “adoptar las medidas necesarias para disminuir la tensión y la violencia en la zona triqui, mediante el desarme de los grupos civiles y el establecimiento de mesas de mediación y diálogo entre las partes involucradas plenamente respetuosas de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos su derecho a la libre determinación en los términos que señala la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. (Redacción, con información de Notimex)
El fracaso de la ACE
Paulina Monroy.
Profesores siguen padeciendo discrecionalidad, inequidad y venta de plazas. Los estímulos monetarios que reciben algunos docentes no se entregan de acuerdo con los resultados de aprovechamiento escolar de los alumnos. A pesar del fracaso de la Alianza por la Calidad de la Educación, Felipe Calderón anuncia el inicio del Programa de Estímulos a la Calidad Docente, estrategia que se encaminará al fracaso, observan especialistas
Por más de 11 años, Elva Alvarado Rodríguez ha dedicado su vida a la educación especial en la primaria Miguel Hidalgo, en Tepic, Nayarit. Su función es buscar estrategias que atiendan las necesidades especiales de los alumnos. Cada quincena recibe 3 mil 300 pesos como sueldo base. De ser aceptada en el Programa de Carrera Magisterial (PCM), recibiría hasta 4 mil 100 pesos en el nivel A; sin embargo, expresa “no sólo no me permiten incorporarme, sino que me ponen obstáculos”.
Luego de estudiar la maestría en educación con intervención en la práctica educativa en Puerto Vallarta, concursó para ser incorporada al PCM. Pese a cumplir con los requisitos y el puntaje, no fue elegida, pues incumplió con el requisito de ser normalista. Al reclamar, recibió una copia fotostática de un caso específico que habla sobre aquellos docentes de educación especial que no pueden participar como maestros de primaria.
Sin embargo, el Anexo 3 de los Lineamientos generales de Carrera Magisterial considera a la educación especial entre los grados académicos aceptados para participar en el programa. En esa modalidad, el grado mínimo necesario es de normalista en primaria o de especialización y licenciado de alguna institución de educación superior afín a la especialidad.
Según la definición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la educación especial es una modalidad de educación básica cuyo enfoque es la inclusión y el respeto de la diversidad. Considera la atención de alumnos a través de prácticas que permitan eliminar barreras de aprendizaje: “Implica que todos los niños aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales, culturales o discapacidades”.
Contrario a la respuesta de la SEP, a nivel estatal se convocó a docentes con conocimientos en educación especial para la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), instancia técnica operativa que brinda apoyos técnicos, metodológicos y conceptuales particularmente a los alumnos que presentan discapacidad o problemas de aprendizaje.
Durante el ciclo escolar 2005-2006, Elva aceptó ser asesora técnica pedagógica. Su intención era participar en el programa. No obstante, su ficha fue rechazada por su perfil en educación especial. Al cuestionamiento de Alvarado Martínez, la Comisión Paritaria Estatal de Carrera Magisterial respondió que sólo realizando funciones como maestra de educación especial en una USAER podría participar.
Cuando regresó a la unidad, otra vez solicitó su inclusión. Su solicitud fue nuevamente rechazada debido, alegaron, a su cambio. La afectada aclara que lo hizo en los plazos establecidos. Frente a la impotencia de no ser otra vez aceptada, demandó a la comisión en 2006. Alvarado Martínez demandó su incorporación por el puntaje que alcanzó en los exámenes, sin que se llegara a ningún acuerdo.
Dos años después, la maestra se inscribió al concurso para ser elegible en el PCM. La Comisión Paritaria Estatal le entregó un oficio donde le explican que al encontrarse pendiente de resolver el juicio laboral, su participación en carrera magisterial se interrumpiría hasta que se emitiera el laudo resolutivo o se desista la demandante. El proceso, apunta, podría tardar hasta 10 años. Existen ya dos resoluciones a su favor, aunque la comisión interpone amparos que prolongan el juicio.
La docente argumenta que con una maestría en educación, de acuerdo con los lineamientos, podría participar en el programa como docente de primaria. Señala que es falso el argumento sobre que el enfoque de educación especial sea distinto al de educación básica. En lo único que difieren, apunta, es que se incluya materias de especialización en neuroanatomía y sicomotricidad.
Para la docente, resulta ilógico que mientras no se les permite a maestros de educación especial participar en carrera magisterial por tecnicismos, a docentes de primaria sí se les conceda trabajar en educación especial, cuando se requiere una formación académica más completa.
Sin que importe sus grados como maestra y doctora en educación, la calificación de sus exámenes o los 16.21 puntos alcanzados por sus alumnos en rendimiento escolar, la maestra se siente marginada. Atribuye las anomalías en el programa a que quienes lo operan, pues son personas que no viven diario lo que sucede en el aula.
“Este camino ha sido muy accidentado. He invertido más de lo que he ganado en estos 11 años. Estoy muy decepcionada porque no les he pedido nada. Por el contrario, he cumplido con los requisitos. Lo mínimo que pido es que las autoridades se percaten que hay mucho por modificar del PCM”, expresa.
En su opinión, los lineamientos del PCM son obsoletos, pues desde la creación del programa no han sido modificados. Por lo que, asegura, “no se cumple con el objetivo por el que fue creado el programa”.
Desarrollado en 1992 conjuntamente por la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Programa Nacional de Carrera Magisterio recompensaría al magisterio para mejorar su desempeño. De esta manera, se buscaba mejorar las condiciones profesionales, materiales y sociales de los docentes a partir del pago de salarios mayores. Además de estimular la calidad de la educación.
Se trata de un sistema escalafonario que consta de cinco niveles de estímulos. Para ser beneficiario se evalúa la antigüedad, el grado académico, la preparación, los cursos de actualización y el desempeño profesional.
La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), firmada el 15 de mayo de 2008 por el SNTE y el gobierno federal, incluye entre sus objetivos la profesionalización de docentes. Ese eje contempla la promoción de nuevas plazas; la creación del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación; la certificación de competencias; el fortalecimiento de la docencia en escuelas normales, y las modificaciones a los lineamientos del PCM.
La reforma consideraría el aprovechamiento escolar, los cursos de actualización, el desempeño profesional y la creación del Programa de Estímulos a la Calidad Docente. A punto de cumplirse dos años desde que se celebró el pacto que transformaría el modelo educativo para impulsar una mayor calidad y equidad, la reforma continúa en la congeladora. De acuerdo con el Reporte de avances del 16 de febrero al 15 de marzo de 2010 de la ACE, la propuesta de reforma todavía está en análisis.
Especialistas señalan que el PCM no ha cumplido su propósito inicial, incentivar a los mejores maestros según sus cualidades. Por el contrario, las plazas se manejan de manera inequitativa y discrecional, mientras no se ve reflejada la entrega de estímulos con el mejoramiento escolar de los alumnos.
Inequidad en carrera magisterial y entrega de estímulos
Para Aldo Muñoz Armenta, investigador del Observatorio Ciudadano de la Educación, los objetivos iniciales de carrera magisterial no se cumplen toda vez que más que evaluar la capacidad y el conocimiento del maestro, se incluyen criterios que se pretendían evitar, como la antigüedad de los profesores y los compromisos personales.
Los lineamientos para ser elegible en carrera magisterial son negociados entre gobiernos estatales y secciones sindicales. El problema, define el académico, es que se prestan a actos de reinterpretación. “Como resultado, el ingreso está sujeto a negociaciones y, por lo tanto, no acceden los mejores maestros y sus alumnos no son los mejores”.
Al respecto, el informe Haciendo camino: análisis del sistema de evaluación y del impacto del programa de estímulos docentes Carrera Magisterial en México, de la organización RAND, identificó que los exámenes aplicados a los maestros para medir su preparación profesional y permitir su ingreso se enfocaban más a la memorización que en medir habilidades cognitivas de alto nivel.
Del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), el especialista agrega que los recursos transferidos desde la Federación no son usados en su totalidad por los gobiernos estatales, por lo que el acceso al PCM es limitado: “Cada paquete económico entregado a los estados obedece a criterios técnicos. Una vez que llega el recurso, el gobernador se reúne con las secciones sindicales para llegar a acuerdos sobre la repartición”.
El investigador expone que, puesto que la bolsa de plazas depende del presupuesto aprobado y de la negociación SEP-SNTE, nunca ha sido suficiente para cubrir la totalidad de demanda. Además, considera, “crean criterios ad hoc para distribuir las plazas”.
El reporte de la organización RAND concluyó que frente a la falta de parámetros confiables que evalúen a los docentes, el PCM incorpora, promueve y valora a un porcentaje de los docentes.
Al respecto, la “Auditoría de desempeño al programa de carrera magisterial”, publicada en 2009 por la Auditoría Superior de la Federación, señala que, después de 16 años de funcionamiento del PCM, sólo el 57 por ciento de más de 1 millón 52 mil plazas docentes de educación básica fueron incorporadas al programa. La revisión a la Cuenta Pública 2007 sostiene que, hasta ese año, 452 mil 15 plazas no contaban con ese beneficio.
Muñoz Armenta menciona que desde 2002 no hay datos oficiales sobre la cantidad de maestros que participan en carrera magisterial y cómo están distribuidos según su nivel. Se calcula que hay 10 mil maestros que demandan su ingreso a carrera magisterial. El académico estima que en los próximos 30 años no alcanzará el presupuesto para incorporar a todos los profesores que tienen derecho.
En las modificaciones previstas por la Alianza por la Calidad de la Educación a los lineamientos de carrera magisterial, el académico cree que hay que considerar los factores de inequidad entre maestros de zonas rurales y urbanas.
Explica que mientras los primeros deben enfrentar problemas como la desnutrición, el maltrato y el bajo desempeño educativo de sus alumnos, los segundos, en automático, son premiados. “¿Qué hacer para reconocer a los que lo hacen bien en las zonas urbanas, sin castigar, por las condiciones sociales, a los maestros de las zonas rurales?”, cuestiona Muñoz Armenta.
A decir del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la carrera magisterial continúa presentando el mismo comportamiento desde su creación. Mientras los profesores de primarias urbanas participan de los incentivos en casi 61 por ciento, los de primarias rurales, en un 43 por ciento, y los de educación indígena, sólo en un 39 por ciento.
El 19 de abril, Felipe Calderón Hinojosa anunció la puesta en marcha del Programa de Estímulos a la Calidad Docente. Con la estrategia se pretende entregar 900 millones de pesos para beneficiar a 270 mil maestros en función de los resultados académicos alcanzados por los alumnos de un año a otro en la prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE).
Publicado en agosto de 2009, La alianza por la calidad de la educación: modernización de los centros escolares y profesionalización de los maestros, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, señala que la lógica de la propuesta puede reproducir y profundizar las brechas de desigualdad económica y material entre escuelas urbanas, rurales, indígenas y comunitarias.
Y es que los resultados de la prueba de ENLACE y los indicadores de los Exámenes para la Calidad y el Logro Educativo y del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes demuestran que la curva de aprovechamiento va siempre en sentido descendiente de la ciudad al campo.
El autor del documento, Juan Carlos Amador Hernández, advierte que de quedar supeditado el salario de los docentes al aprovechamiento escolar de los alumnos, no sólo se ampliaría la inequidad, sino se corre el riesgo de que la prueba de ENLACE se convierta en el eje rector de la enseñanza y del aprendizaje.
SNTE usa plazas de manera discrecional
“El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de sus secciones, interviene en el proceso de elección para reorientar las plazas de manera clientelar”, expresa Muñoz Armenta. El académico revela que los incentivos son operados por los cuadros del sindicato que están alojados en la SEP.
Señala que, en 15 secretarías estatales de educación, el titular pertenece al SNTE: “La parte operativa termina en manos del sindicato. Cuando eso ocurre, el programa, que parecía preocuparse por ser más justo, se convierte en un esquema más del clientelismo de líderes sindicales que solapa y defiende el comité nacional”.
Muñoz Armenta ve en la relación SEP-SNTE un obstáculo para el avance de las reformas a los lineamientos de carrera magisterial. Para el investigador del Observatorio Ciudadano de la Educación, la entidad y el sindicato son lo mismo.
Debido a que las grandes protestas fueron encabezadas por maestros, la secretaría “necesitó compartir la autoridad”. De este modo, expone Muñoz Armenta, la SEP entregó subdirecciones, direcciones y jefaturas de sector al SNTE: “Desde los años 30, por acuerdo del gobierno, la pirámide sindical está traslapada con la autoridad educativa. Por eso, los líderes sindicales son aliados de las autoridades para lo bueno y lo malo, y el SNTE se convierte en autoridad”.
El especialista apunta que, para mantener su legitimidad, el sindicato es condescendiente con las prácticas laborales de los maestros. Observa que una vigilancia “relajada”, consecuencia de los acuerdos entre sindicato, gobierno y trabajadores, más una población no solidarizada con la enseñanza dificultan que se garantice la calidad en la educación.
De este modo, la dirigencia nacional del SNTE, observa el investigador, está dedicada a negociar el paquete presupuestal por año sin darle seguimiento a los problemas de operación. Entre las irregularidades no vigiladas, especifica, está el uso de plazas que quedan libres por jubilación o fallecimiento de los maestros. Estas vacantes no son dadas de baja, según denuncia el académico de la UIA, y el dinero que reciben es desviado.
Los gobernadores que no tienen ningún tipo de fiscalización utilizan los recursos de carrera magisterial y del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y la Normal para pagar actividades no educativas”. En su opinión, es el presupuesto más “manoseado”, pues las entidades lo reciben, asignan y reasignan.
Indispensable incluir calidad educativa en PCM
“El sistema tiene virtudes y sirvió para aliviar la situación salarial del magisterio cuando inició, pero en estos momentos si se le van a inyectar más recursos, sería bueno que el programa potencie el que los estímulos se traduzcan en calidad educativa”, expone Lucrecia Santibáñez Martínez, directora del Área de Educación de la Fundación Implementación, Diseño, Evaluación y Análisis de Políticas Públicas.
En 2007, el informe Haciendo camino: análisis del sistema de evaluación y del impacto del programa de estímulos docentes Carrera Magisterial en México, publicado por la organización RAND, concluía que el PCM no había tenido ningún efecto visible en el aprovechamiento escolar.
Santibáñez Martínez, autora del estudio, detectó que los incentivos tuvieron un impacto mínimo para mejorar el desempeño del alumnado en las pruebas que miden la calidad educativa. Incluso, advirtió, la motivación para mejorar el rendimiento de los alumnos disminuye una vez que los maestros se incorporan al PCM o reciben una promoción porque tienen garantizados los estímulos para el resto de su carrera.
La observación fue compartida por la Auditoría Superior de la Federación en la Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007. El máximo órgano de fiscalización concluyó, tras estudiar el PCM, que la SEP cumplió parcialmente el objetivo de coadyuvar a elevar la calidad en la educación (Contralínea 136).
En entrevista con Contralínea, la especialista comenta que el incentivo en teoría tendría que ser un estímulo para que el maestro se esforzara; sin embargo, no ocurre así. Y es que menciona que no importando su desempeño, el maestro beneficiado por el PCM nunca deja de serlo. Que los estímulos estén garantizados de por vida puede incitar que los maestros ya no se esfuercen. En su opinión, sería mejor un proceso de recertificación. De esa manera, aquellos maestros que no demostraran un nivel suficiente de competencia perderían el beneficio.
No obstante el informe de la organización RAND fue realizado a petición de la SEP, desde su publicación, el programa no ha sufrido modificaciones sustanciales. La también profesora-investigadora con licencia del Centro de Investigación y Docencia Económica prevé que, sin reformas al programa, no se esperarían efectos positivos.
Las observaciones al estudio, agrega la también doctora en educación por la Universidad de Stanford, se relacionan con el sistema de incentivos y evaluación. Explica que para el primer caso resulta un problema el que sólo se utilice un tipo de puntuación en la promoción de maestros, pues “puede estar afectado por razones ajenas al desempeño del maestro”. Sugiere que antigüedad y grado de estudios no sean considerados dentro de la fórmula, pues ya forman parte del escalafón.
Respecto del sistema de evaluación, quien ha sido miembro del Comité de Técnico de la prueba de ENLACE y Ceneval señala que independiente del nivel del maestro, el mismo examen se realiza para todos. Advierte que de conceptualizarse como un sistema de carrera, los maestros en un nivel mayor tendrían que demostrar mayores competencias didácticas.
Por su parte, Muñoz Armenta advierte que de colocarse a personas con conocimientos y experiencia al frente de la SEP, habría estatutos de ingresos con criterios claros de qué y cómo evaluar. Prevé que de calificarse aspectos como el diseño curricular, la carrera del maestro y su desempeño en las aulas, la evaluación sería más justa.
En opinión de Santibáñez Martínez, el rendimiento de los estudiantes sí debe integrarse a las metas del PCM: “Si se pretende que sea un sistema de incentivos, sus objetivos tendrían que reformularse para convertirlo en un programa que recompense a los maestros que demuestren que sus alumnos aprenden más”.
El investigador del Observatorio Ciudadano de la Educación, Muñoz Armenta, concluye que la carrera magisterial está descompuesta: “Para la mayoría de los maestros, es un sobresueldo, pues no se refleja el mejor desempeño de los alumnos”. El programa, opina el especialista, “fue hecho al vapor y para causar el menor daño posible a la gobernabilidad del sindicato”.
Fraude en venta de plazas
Frente a la falta de oportunidades laborales en Guerrero, ocho maestros se vieron obligados a pagar 50 mil pesos para comprar una plaza docente en 2008. Hoy está abierta una demanda por fraude contra Emma Rojas Castro, supuesta coordinadora estatal de los Trabajadores de Educación de Guerrero, quien, dicen, vendió ese año más de 100 plazas de educación básica. También está involucrada Nicuali Uriostegui Miranda, quien fue intermediaria entre los profesores y la servidora pública.
En una primera entrega, debían pagar 25 mil pesos, por los que recibieron un pagaré. En una segunda, el resto del total una vez que recibieran un bono que, según se les prometió, se les entregaría cuando iniciaran labores. Además debían entregar un porcentaje del incentivo a Uriostegui Miranda.
Los profesores recibirían las plazas en telesecundaria en noviembre. “Fuimos tontos porque no abrimos los ojos antes. Confiamos que tendríamos la plaza, pero nos pusieron pretextos”, expresa una de las afectadas.
Un año después, el gobernador Zeferino Torreblanca entregó plazas en el Centro de Convenciones de Acapulco. Ninguno de los ocho docentes fue informado. Por lo que decidieron dar de baja su afiliación. Aunque se les dijo que en 15 días hábiles se les devolvía el dinero, a la fecha no ha sucedido así.
Los maestros se dicen desesperados, pues todavía están pagando réditos del dinero que pidieron prestado para comprar las plazas. Exponen que es difícil concursar por plazas en Guerrero. Mientras que en una comunidad como Cocula sólo una maestra puede obtener una plaza, las vacantes de maestros jubilados cuestan hasta 200 mil pesos.
“No hay cómo solventar el gasto que hicimos porque no trabajamos. Teníamos la ilusión de que una vez que entráramos a trabajar ya podíamos pagar el dinero prestado”, describe la profesora.
Otra de las afectadas, quien prefiere omitir su nombre, relata que cambió su lugar de residencia con la ilusión de recibir la plaza en una de las telesecundarias. Su hija necesita una operación quirúrgica de 25 mil pesos. Tiene seis meses en tratamiento para curar el adenoides, pero no mejora. La intervención es necesaria, pero la madre de tres no puede costearla. Un taxi es la única fuente de ingresos de su familia.
A propósito de la venta de plazas, Muñoz Armenta, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, atribuye como razones el que haya más demanda que oferta de plazas; que los criterios de ingreso varíen en cada estado, no sean claros y no tengan una definición única, y que existan viejas prácticas clientelares.
El especialista expone que frente a la falta de empleos estables, bien remunerados y con las prestaciones de ley, la plaza se convierte en un bien escaso muy valioso. Además “sin vigilancia de la autoridad federal y con permiso para asignar discrecionalmente las plazas, su venta se convierte en el negocio privado de algunos dirigentes sindicales”.
El investigador del Observatorio Ciudadano de la Educación menciona que, en los últimos 30 años, los gobiernos estatales han negociado con dirigentes sindicales la entrega de hasta 90 plazas por persona. Muñoz Armenta describe que, en estados como Chiapas, Puebla y Oaxaca, estas vacantes son repartidas para garantizar lealtad en procesos electorales y en potenciales conflictos sindicales.
El académico comenta que, en algunos estados, la venta de plaza permite que se arrienden, es decir, que el maestro pague por la vacante un porcentaje de su sueldo y contrata a un tercero que a su vez le pagará otro tanto: “Ello está tolerado y suscrito por los gobiernos estatales”.

DOBLE MORAL, IGLESIA Y PRIAN

2010-04-01T10:09:00.000-06:00

Aborto: persecución clerical contra las mujeres
Autor: Edgar González Ruiz

Como en los tiempos del Santo Oficio, la jerarquía católica quiere perseguir a quienes no obedezcan sus normas, por lo que está empeñada en encarcelar a las mujeres que abortan.

Contra toda justicia y con el apoyo de algunos políticos, en muchas entidades de la república (18 de ellas hasta enero de 2010) se han implantado leyes que castigan así a las mujeres, a pesar de que en un Estado laico debe respetarse el derecho a tomar ese tipo de decisiones personales.
Esos preceptos se han impuesto gracias al oportunismo de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de otras fuerzas políticas, que a la medida de sus propias conveniencias, buscan complacer al clero, y garantizar, si no su apoyo, pues el Partido Acción Nacional (PAN) ha sido siempre el partido que representa sus intereses, sí en alguna medida su neutralidad en las contiendas políticas.
Como en el caso de la elevación de impuestos, de la militarización del país y de otras medidas que perjudican a la población, esos políticos respaldan el antiabortismo clerical no sólo porque les conviene hacerlo, sino porque juzgan que el pueblo y, en particular, los sectores afectados no tendrán la conciencia, el valor, la dignidad y la fuerza para defender sus causas y sus ideales.
La derecha, especialmente en la ciudad de México, ya no logra convocar prácticamente a nadie para defender sus proyectos, pero haría falta que quienes los reprobamos manifestemos públicamente ese rechazo.
Respaldadas por todas las personas que apreciamos las libertades, las mujeres en edad reproductiva, que son quienes están directamente en riesgo de ser perseguidas judicialmente en caso de practicarse un aborto, deberían asumir la actitud de defender su propio bienestar, su tranquilidad y su vida, haciendo todo lo posible para presionar a la jerarquía católica, a la derecha y a sus aliados oportunistas.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, difundidas en febrero de 2010, desde la legalización del aborto en la ciudad de México, en 2007, un total de 34 mil 660 mujeres habían tomado la decisión de someterse a ese procedimiento.
Si todas ellas hicieran algo para defender un derecho que han ejercido, entonces el clero, el PAN y sus aliados encontrarían muy difícil seguir aprobando leyes que criminalizan a las mujeres.
En lo que se refiere a los derechos de las parejas homosexuales, la sociedad en su conjunto y, ante todo, esas parejas tendrían que salir a las calles y recurrir a todos los medios lícitos para defender una conquista tan importante como la legalización del matrimonio homosexual en la ciudad de México, pues su premisa es el respeto a las diferentes preferencias y formas de vida.
La reacción por parte de cada uno de esos sectores y la unidad de esfuerzos entre ellos para defender las libertades personales constituirían una fuerza abrumadora contra los embates derechistas.
Tanto en el caso de la despenalización del aborto, como en el del matrimonio homosexual, la Procuraduría General de la República ha adoptado el papel de abogado del clero para defender su posición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procurando invalidar ese nuevo derecho.
Si todas las parejas y las mujeres defendieran lo que les incumbe, cabría esperar que las oficinas de esa dependencia, lo mismo que las del PAN y de instancias del clero, fueran objeto de nutridas protestas por parte de homosexuales, incluyendo los que laboren en ellas, y de mujeres que pueden verse en la necesidad de abortar, etcétera.
Sin embargo, hasta ahora esas movilizaciones no se han dado en la medida necesaria y, por ello, la derecha y sus aliados siguen actuando con toda impunidad.
Desde luego, en esa situación juegan un papel muy importante los “grandes” medios de comunicación, encabezados por las televisoras, que cotidianamente repiten las consignas oficialistas para hacer que la gente deje de lado sus verdaderos problemas (como puede ser para las mujeres un embarazo no deseado) y se concentren en temas, como la supuesta guerra contra el narcotráfico, que son ajenos a la mayor parte de la población.
Violencia contra las mujeres
Aunque la sociedad reprueba en forma unánime la violencia contra las mujeres, el clero la ejerce a través de sus testaferros y aliados, pues muchas mujeres en el país sufren persecuciones y castigos por haberse atrevido a desafiar las prohibiciones religiosas.
De acuerdo con defensoras de los derechos de las mujeres, actualmente hay en el país más de 200 mujeres presas, juzgadas y condenadas por el delito de “homicidio infantil”, por haber abortado; mientras que otras mujeres están bajo proceso, cientos son perseguidas, intimidadas y acosadas por participar de alguna forma en la defensa de los derechos de las mujeres.
En Puebla, por ejemplo, en enero de 2010, el procurador estatal, Igor Archundia, dio a conocer que en esa entidad había ya 30 mujeres sujetas a proceso penal por haber abortado.
En Guanajuato, las mujeres que abortan pueden ser acusadas de “homicidio en razón de parentesco” y sentenciadas hasta con 35 años de cárcel, pese a que el Código Penal estatal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión y un máximo de 30 salarios mínimos de multa.
Tan sólo de 2000 a 2009, 20 mujeres que abortaron fueron encarceladas, de un total de 130 que fueron denunciadas por esa razón ante el Ministerio Público.
En Veracruz, de acuerdo con información difundida a fines de enero de 2010, había nueve mujeres procesadas por abortar, acusadas de “homicidio calificado”; cinco de ellas ya estaban purgando condenas de 12 a 15 años de cárcel.
En Tamaulipas, Hidalgo, Yucatán y otras entidades, hay mujeres que han sido procesadas o amagadas por la policía como presuntas responsables de haber abortado.
Sin embargo, tan cínica es la actitud de muchos políticos convenencieros que, a fines del año pasado, mientras el yunquista César Nava amenazaba con que el PAN seguiría promoviendo leyes para penalizar el aborto en los estados, algunos políticos del PRI, e incluso del Partido de la Revolución Democrática, ya se estaban preparando para forjar alianzas políticas con el PAN, preservando así la hegemonía derechista y clerical, y facilitando, por tanto, su ataque contra las libertades y contra el Estado laico.
La banca cómplice en el lavado de capitales.
Miguel Badillo.
Felipe Calderón no sólo adolece de estrategias efectivas contra el crimen organizado, tampoco tiene respuestas para los temas más básicos como pobreza, educación, salud y alimentación, los cuales son resultado de la aguda crisis que vive el país y que requieren para su atención la mínima sensibilidad social y política.
Es claro, por las evidencias más cercanas, que al equipo de Calderón le hace falta inteligencia, honestidad y conocimiento de la realidad que viven millones de mexicanos afectados por la violencia, el desempleo, el hambre, la enfermedad y, por si lo anterior fuera poco, con mínimas oportunidades educativas.
Una estampa de esta presumida guerra podría ilustrar estas afirmaciones. No precisaré el caso para no poner en riesgo la vida de los mexicanos que hoy ya tienen bastante con su tragedia personal, pero sí hablaré de las circunstancias para refrendar que el gobierno de Calderón no podía ni debía declarar una guerra que de inicio estaba perdida en contra el narcotráfico – en un principio mediática y ahora real con sus muertos y dolor –, sin antes atender los graves problemas socioeconómicos que tiene el país y una prueba de ello es que a tres años de su gobierno México se ha derrumbado y la población sufre las consecuencias de un pésimo gobierno.
Ante las víctimas de la violencia, la población civil, Felipe Calderón no ha tenido respuestas. Increpado una y otra vez, el ocupante de Los Pinos sólo ha atinado a ofrecer a los mexicanos más afectados a ser expatriados a Estados Unidos porque dentro del territorio mexicano su gobierno se declara incapaz y sin posibilidad de protegerlos.
Casi en privado, Calderón les ha ofrecido a familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico el exilio como única alternativa de vida, pues si se quedan seguirán siendo carne de cañón del fiuego cruzado, como ha pasado a miles de niños, mujeres, ancianos y hombres que murieron por cruzar la calle, comer en un restaurante o ir a la escuela cuando se desató algún enfrentamiento entre las fuerzas militares y los sicarios de las drogas.
De acuerdo con información de las entidades policiales estatales y federales, ante el reclamo público que ha recibido Felipe Calderón por parte de los familiares de mexicanos caídos en lugares públicos, el mandatario sólo ha podido ofrecerles el destierro a todos aquellos que sólo exigen justicia.
Es decir, que los familiares de las víctimas del fuego cruzado entre efectivos militares y miembros de los cárteles de la droga, no sólo deben vivir con la pena de la pérdida de sus hijos, hermanos, padres o amigos, sino que nadie en México puede asegurarles tranquilidad, seguridad y confianza de que no volverán a ser molestados.
La respuesta a Calderón de estos mexicanos que han sido agredidos y violentados en su vida privada y paz social, es: ¡No nos vamos señor presidente, haga justicia! En reuniones con familiares de estudiantes, niños y mujeres asesinados, la reacción del mandatario ha sido ignorar a esos ciudadanos que claman justicia, y ante los reclamos y reproches legítimos prefiere lavarse las manos por esas tragedias y su gobierno se deslinda de ellos, como si no fuera el responsable de lo que ha pasado.
Hasta a las autoridades federales de impartición de justicia llegó la petición de ayuda de estas víctimas y la Procuraduría trasladó el caso a la Agencia Federal de Investigaciones en donde atinaron a designar a un grupo de agentes policiales cuya única responsabilidad es vigilar la vida de los familiares afectados. No hubo más después de que a Calderón se le solicitó aplicar la justicia en el caso de los asesinatos de miles de personas inocentes.
Pero los familiares de las víctimas son mujeres pobres, vendedoras ambulantes o trabajadoras de maquiladoras a quienes resulta sumamente incómodo realizar su labor diaria con guaruras a un lado. Este es el surrealismo de un país azotado por el crimen y por la incapacidad, la negligencia y la complicidad de un gobierno que desde que inició su gestión tomó el rumbo equivocado. ¿Acasi no es éste el mejor ejemplo de un Estado fallido?
Mientras en las instancias formales de impartición de justifica y de investigación se les niega a miles de mexicanos el derecho de que sus familiares asesinados no eran delincuentes sino víctimas, hasta que se pruebe lo contrario, sus pequeñas viviendas, su camino al trabajo en una maquiladora o su puesto ambulante es custodiado por fuertes guardaespaldas armados. ¿Cuánto durará esa comedia trágica montada por el gobierno calderonista? ¿No resultaría más sencillo impartir justicia y acabar con la impunidad y la corrupción que se practica en las filas de la burocracia?
Sin duda alguna que sería mejor reconocer los errores y dar marcha atrás en esta lucha equivocada que se ha metido en un callejón sin salida. Pero si las acciones colectivas, recientemente aprobadas en la Cámara de Senadores, pudieran aplicarse a la incapacidad del gobierno federal para proteger a su ciudadanía, en este momento el Poder Ejecutivo a cargo de Felipe Calderón, tendría que renunciar o al menos preocuparse por constituir un fondo económico muy grande para indemnizar a millones de mexicanos. Sin embargo, no se trata de dinero sino de dignidad y de la pérdida irreparable de varias generaciones de mexicanos víctimas y victimarios a causa de la penetración del crimen en muchos sectores de la sociedad.
La complicidad de la banca
Otro ejemplo del encubrimiento de las autoridades y de las mentiras para combatir al crimen organizado, es la constante negativa para investigar y sancionar al sistema financiero privado responsable de lavar en sus circuitos el dinero sucio producto de las actividades ilícitas.
En el expediente del exgobernador priista Mario Villanueva Madrid, actualmente preso en México y sujeto a proceso de extradición hacia Estados Unidos, se expone claramente cómo tejió una extensa e intrincada red financiera para lavar cientos de millones de dólares producto del tráfico de drogas y hasta la fecha ningún banco o caso de bolsa ha sido sancionada por ello.
En un amplio reportaje de José Reyez y publicado en la revista Contralínea que empieza su circulación esta semana, se reconstruye las rutas del dinero que fabricó mediante el uso de prestanombres, la creación de empresas off shore en paraísos fiscales de Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, en complicidad con instituciones bancarias nacionales y del extranjero.
En forma paralela, el exmandatario abrió una cuenta secreta por 100 millones de pesos para apoyar las campañas políticas de diputados y presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional
En los expedientes judiciales, se explica que de acuerdo con reportes confidenciales de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), de la Unidad de Investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, y de la Procuraduría General de la República, se cuenta con testimonios de testigos protegidos incluidos en el proceso penal 101/2003, así como peritajes de la Secretaría de Hacienda, que revelan cómo Villanueva Madrid echó mano de familiares, funcionarios del gobierno de Quintana Roo, amigos y prestanombres para blanquear el dinero que obtenía por el pago y la protección que brindaba al cártel de Juárez, encabezado por los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes.
Entre las operaciones financieras que realizó para ocultar los fondos ilícitos, abrió cuentas bancarias en la Consultoría Internacional Casa de Cambio Ixe; en Casa de Cambio Tiber; en Grupo Financiero Banca Serfín; en el Chemical Bank de Nueva York; en Banca Serfín Nassau Branch; en BCH; en Bancomer; en Banco Internacional; Bancrecer e Inverlat; Banpaís; el Bank of New York; el Bank of America Cayman; el First Union National Bank of Florida; el Banco Atlántico de Miami, Florida; el Citibank Buffalo, entre otros, sin que alguna de estas instituciones reparara en el origen del dinero que el político priista depositaba o transfería a múltiples cuentas. A pesar de que los expedientes contra Mario Villanueva revelan la participación de las instituciones financieras en el lavado de dinero, ningún banco o casa de bolsa ha sido investigado y muchos menos sancionado por ese delito grave.
Numerosos oficios, documentos de las transferencias, los depósitos, contratos y cheques fechados entre 1991 y 2000, investigados y suscritos por Sergio Raúl Díaz Roura, director de Investigaciones de la CNBV, confirman la complicidad de las instituciones bancarias en el manejo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que llevó a cabo Villanueva Madrid, antes y cuando ocupó la gubernatura de Quintana Roo (1993-1999).
José Reyez explica en su trabajo periodístico que desde la “puerta de entrada” del trasiego de drogas de Colombia a México y Estados Unidos, como se le conoce a la Península de Yucatán, la compleja red delictiva de blanqueo de capitales que construyó Mario Villanueva, fue operada por su secretario de Finanzas en el gobierno del estado, José Chejin Pulido, y su cómplice Francisco Javier Bradley Haug –a la postre testigo protegido por la Procuraduría General de la República con el nombre clave Hans–, mediante diversos instrumentos financieros producto del narcotráfico.
Antes de concluir su mandato como gobernador del estado, el 5 de abril de 1999, Mario Villanueva ya era buscado por la justicia federal, acusado de tener vínculos con Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos. Señalado por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, asociación delictuosa, intimidación y contra la salud.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/UEDO/004/99, fue capturado el 24 de mayo de 2001 junto con los miembros del cártel de Juárez: Alcides Ramón Magaña, Albino Quintero Meráz, Gilberto Fabián Campos Martínez, Oscar Benjamín García Dávila, Agustín Bello Hernández, José Olivo Méndez Rico y Marco Antonio Caamal Canul.
El exfuncionario priista colocó los recursos en cuentas extranjeras de Suiza, Nueva York, Islas Británicas e Islas Caimán. Utilizó su influencia política para manejar, a través de testaferros, a los ejecutivos de los bancos que realizaban las operaciones financieras mediante la creación de empresas off shore, en las que invariablemente aparecen en los consejos de administración Mario Villanueva, familiares y sus cercanos.
Acorralado por la justicia federal tras el interrogatorio al que fue sometido por el entonces fiscal antidrogas de la PGR, Mariano Herrán Salvati, actualmente preso en el penal de Nayarit, Villanueva permaneció prófugo durante dos años, por lo que el 20 de abril de 1999 fueron inmovilizadas sus cuentas 634-300495-7 en Banpaís; 251-5000023-9 en Bancomer y la tarjeta de crédito 4555 4036 0002 3581; así como el Fideicomiso 117536 en Bital, a nombre de su esposa Isabel Tenorio de Villanueva, por 2 millones 125 mil 750 pesos, y la cuenta 6082275744, en Bital, a nombre de su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio, actual diputado plurinominal por el I Distrito y quien se perfila como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Othón P Blanco.

Ciudad Juárez, viaje al fin del neoliberalismo

Gennaro Carotenuto y Chiara Calzolaio
Brecha

El sueño de la industrialización neoliberal se transformó en pesadilla. Ciudad Juárez, la de las maquiladoras y los feminicidios, frontera entre el norte y el sur del mundo, es hoy la ciudad más violenta del planeta. En los últimos dos años la guerra entre narcos, en la que está involucrado el ejército, ya causó 4.600 muertos y 100.000 refugiados.
LLEGANDO A CIUDAD JUÁREZ desde el sur, la última hora de avión muestra con creciente angustia uno de los desiertos más áridos del mundo. No era así antes, cuentan los pocos lugareños autóctonos. Juárez tenía 30.000 habitantes en 1930, 300.000 en 1970, 1,5 millones en 2000, y perdió varias batallas por el control del agua del Río Bravo con El Paso, que desde 1848 pertenece a Texas.
Del viejo y fértil valle de Juárez quedan apenas los topónimos. Entre ellos está el “Campo algodonero”, donde en 2001 se encontraron los restos de ocho mujeres víctimas de “feminicidios”. En noviembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por “indiferencia”: las mujeres violadas y asesinadas, jóvenes de clase humilde, no valían nada. Desde los años sesenta, y más aun después del tratado de libre comercio con Estados Unidos de 1994, llegaron a Juárez infinidad de mujeres para trabajar en las maquiladoras, las fábricas exportadoras de propiedad extranjera con regímenes fiscales especiales, bajos sueldos y escasos derechos, pero con la esperanza de un futuro mejor.
Las muertas no valían nada, como nada valen los 4.600 cadáveres que contó Juárez desde inicios de 2008, cuando comenzó la guerra entre narcos por el control de la ciudad entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa y llegó el ejército a jugar su propio partido. Cuenta a Brecha el periodista de El Universal Ignacio Alvarado que “el 65 por ciento de ellos son menores de 25 años e hijos o nietos de obreras de maquiladoras”. Ese dato, además de trazar un perfil etnográfico de la masacre actual, atestigua el fracaso de un modelo de desarrollo. Elizabeth Ávalos, sindicalista, ex obrera en las maquiladoras, confirma: “hoy vive en Juárez medio millón de jóvenes a los cuales el modelo neoliberal no ofrece nada, ni educación, ni salud, ni trabajo y ven en el narco la única posibilidad de ganancia y de reconocimiento social”. Captados por los cárteles, son perseguidos por el ejército, que los ajusticia, secuestra, tortura y mata o arreglan sus cuentas a tiros. Esto en un contexto sin ley donde la quiebra del sistema judicial va más allá de la impunidad, y hay apenas 150 expedientes judiciales abiertos.
¿Y los otros 4.450 cadáveres?, pregunta Brecha al jurista Óscar Maynez: “Si el asesinato se cometió con armas automáticas o semiautomáticas se da por descontado que se trata de un ajuste de cuentas entre narcos, y ya no se procede”. Otro testigo, que prefiere el anonimato, calcula: “En 2008, el 80% de los muertos fue asesinado por la tropa de ocupación [el ejército]. El porcentaje bajó algo en 2009 porque hubo la contraofensiva de los narcos locales, desplazados pero no derrotados”. Los organismos de derechos humanos comprobaron la responsabilidad de los militares por lo menos en cinco casos de desapariciones de personas y hay cientos de denuncias por crímenes cometidos por uniformados. “En Juárez –sigue el testigo- no hay una guerra entre narcos en la cual el Estado llega a restaurar el orden sino una masacre cometida por el ejército enviado para sustituir un cártel por otro más controlable”. Aquí la pretensión punitiva del Estado ni siquiera caducó por ley. Simplemente el Estado renunció a castigar, porque está involucrado en la violencia.
Así, comenta Maynez, matar se volvió la mejor manera de solucionar asuntos prácticos: “Si le debes 20.000 pesos (unos 1.700 dólares) a alguien te sale más barato pagarle 3.000 pesos a un sicario. Librarse de una esposa o una amante molesta hoy día es muy fácil. Hace poco mataron en su cama a un ex chofer que había quedado tetrapléjico en un accidente de tránsito. Todo indica que lo mató su patrón para no indemnizarlo, pero no hay ningún expediente abierto por este asesinato”.
Tampoco hay un expediente abierto por la muerte de Alfredo Portillo, el yerno de Marisela Ortiz, dirigente de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Marisela, que recibe a Brecha en la escuela donde da clases, está considerada la “madre de Plaza de Mayo” juarense por su lucha contra los feminicidios. Alfredo, como el docente universitario Manuel Arroyo, el dirigente campesino Armando Villareal, el periodista Armando Rodríguez, Josefina Reyes y otros siete defensores de los derechos humanos, junto con anónimos militantes de los movimientos sociales u organizaciones barriales, sindicalistas, estudiantes, jóvenes inconformes, integran la lista de las decenas de “homicidios políticos” en Juárez que ni el Estado ni los medios admiten ni investigan.
Los asesinatos de estos luchadores sociales se atribuyen falazmente a “balas perdidas” o a “asuntos privados”. “Algo habrán hecho”, se dice de ellos. Los responsables de esos crímenes no son, a menudo, ni narcos ni delincuentes comunes, sino el propio ejército. Para los organismos de derechos humanos está comprobada la responsabilidad de los militares por lo menos en cinco casos de desapariciones de personas, y hay cientos de denuncias por abusos cometidos por uniformados.
MODERNIDAD. Juárez es enorme. El espacio de la urbanización hacia el desierto no tiene límites. Las grandes avenidas son recorridas por decenas de patrullas del ejército y de la policía federal. Cada camioneta carga ocho hombres con pasamontañas, armados hasta los dientes y que apuntan en todas direcciones. Camuflados van los militares, casi de negro los policías federales. Su presencia es agobiante, y los retenes bloquean el tránsito de una ciudad donde el deseo de normalidad choca con la realidad. No habían pasado dos horas de mi llegada a la ciudad y ya me bajaron del auto para una revisión corporal a cargo de militares armados.
La mayoría de los autos particulares no tiene placas, pero sí vidrios polarizados, contribuyendo a acrecentar la constante sensación de inseguridad. Por las calles circulan viejos autobuses estadounidenses que vinieron a terminar sus vidas en Juárez. Las caras de los pasajeros sintetizan los distintos pueblos indígenas de todo el país. Cualquier viaje se hace largo entre fraccionamientos habitacionales, grandes centros comerciales y enormes lotes baldíos que se encuentran también en zonas céntricas o semicéntricas. Para llegar a su trabajo los habitantes de estas zonas pierden horas. Seguramente muchos de ellos formaron parte de las importantes luchas comunitarias que tuvieron lugar años atrás para acceder a los servicios básicos. Luz, agua y poco más es lo que quedó del “sueño juarense”.
El urbanista colombiano Edwin Aguirre, investigador del Colegio de la Frontera Norte, ofrece una interesante clave de lectura: “Desde los setenta Ciudad Juárez multiplicó por cinco su población. En estas cuatro décadas no se abrió ni siquiera una escuela preparatoria. Quedan las que había en los años sesenta”. La preparatoria, en el sistema escolar mexicano, equivale al liceo y da acceso a la universidad. Queda claro que ni siquiera se pensó que los inmigrados de primera y segunda generación pudieran ascender socialmente llegando a tener estudios universitarios. “Nunca se los concibió como ciudadanos –comenta Óscar Maynez– y la ciudad entera fue creciendo atendiendo a los intereses de unas pocas grandes familias.”
La gente no vive donde sería mejor sino donde les convino a los dueños de la ciudad: los Zaragoza, los Fuentes, los Vallina. En el México del siglo XXI es fácil reconocer la categoría de “república oligárquica” que caracterizó la América Latina del siglo XIX. Para Ignacio Alvarado, “PRI o PAN no importa. Todos los alcaldes, gobernadores, jefes policiales siempre fueron expresión de la cámara empresarial de la ciudad”. Cuando en los setenta el narcotráfico se superpuso al contrabando fronterizo tradicional “era un negocio para jóvenes de clase media alta subordinados a la DNS [la policía política del PRI]”. El narco juarense aparece así como la expresión estructural de la clase dirigente de la ciudad, una forma de acumulación primaria más junto al lavado de dinero o al contrabando. Se exportaba droga, se importaban armas y todos “mordían”.
En el centro histórico, a orillas del Río Bravo y del muro que George Bush erigió y que ningún Barack Obama desmantelará, la mayoría de los antros (bares, night clubs) están cerrados. Todavía en 2006 el casco antiguo de Juárez era el centro de la vida nocturna binacional. Miles de estadounidenses pasaban la frontera para divertirse, emborracharse, perder dinero en los casinos o comprar sexo barato en los prostíbulos. Cuando pasamos el puente hacia El Paso (que se define orgullosamente como la segunda ciudad más segura de Estados Unidos) tardamos dos horas y media en colas y humillantes trámites fronterizos. Volviendo a México ni siquiera nos chequearían el pasaporte.
En El Paso Brecha se reunió con Gustavo de la Rosa, defensor de los derechos humanos, amenazado de muerte y refugiado allí desde varios meses atrás. Gustavo es objeto de una campaña de solidaridad de Amnistía Internacional y sigue trabajando a tiempo completo para su ciudad: “Los consumos hídricos no mienten. En dos años ya se fueron de Juárez unas 100.000 personas. Las clases medio-altas se mudaron a El Paso. Las obreras retornan al resto de México, en Oaxaca, Durango, Veracruz”. El 25% de las casas de Juárez estarían vacías.
Elizabeth Ávalos denuncia: “Apareció el hambre en las colonias (barrios) más pobres, algo que acá no se conocía. La violencia está destruyendo puestos de trabajo en todos los sectores, incluyendo el informal, que en otros períodos de crisis fue un refugio para muchos. Las maquiladoras que quedan están pagando sueldos de 500 pesos semanales (unos 40 dólares) y hacen contratos de hasta 15 días de duración”.
En dos años, en las maquiladoras se perdieron 80.000 puestos de trabajo, de los 280.000 de apenas un par de años atrás. Ya no es un vaivén como en las crisis del 82 y de 2000. A la desarticulación neoliberal del mercado de trabajo, la crisis internacional que México sufre (el PBI cayó 6,5% en 2009) en el marco de una economía totalmente dependiente de Estados Unidos, Juárez suma los límites difíciles de destrabar entre legalidad e ilegalidad, política y mafia, empresa y narco. La ciudad ya no representa una esperanza para los explotados campesinos y campesinas del interior.
ESTADO DE SITIO
Desde que fue elegido, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Su estrategia no consiste en invertir en la sociedad civil y en la legalidad sino en militarizar el territorio valiéndose del controvertido ejército mexicano. Éste está volcado en el orden interno y fue acusado en múltiples instancias de estar plenamente involucrado en el narcotráfico. Lo demuestra el hecho de que el 16 de diciembre de 2009, en Cuernavaca (a centenares de kilómetros del mar, en el estado de Morelos), la DEA estadounidense recurriera a la Marina, en una operación para arrestar y liquidar a ABL, alias "Jefe de jefes". La noche del día citado, Beltrán Leyva esperaba para cenar al general LDP, responsable militar de toda la región.
Desde los operativos de 2007 en Michoacán, Guerrero y Baja California, pasando por el de Chihuahua, iniciado en 2008, 45 mil soldados fueron desplegados en todo el país. El punto crítico de esta estrategia es Juárez, la principal plaza de drogas de México, donde se ha producido casi el 40 por ciento del total de bajas de la guerra narco, sin que se lograra detener la sangría.
El 31 de enero de 2010 marcó un hito en la historia de la guerra en Juárez: 15 estudiantes fueron asesinados en una fiesta en una colonia popular en el sur de la ciudad. Uno o algunos de ellos “estaban metidos en algo”, pero la mayoría eran jóvenes “normales”. La opinión pública, que había permanecido en silencio, aterrorizada por el agravamiento diario de la situación, esta vez reaccionó.
Calderón y su ministro del Interior, Fernando Gómez-Mont, en las repetidas visitas que hicieron a la ciudad el mes pasado, tras años de ausencia, se toparon con importantes manifestaciones de protesta en las que se les acusó de ser responsables política y judicialmente de la catástrofe juarense. El presidente ofreció una militarización aún mayor de la ciudad, además de unos pocos millones de pesos que se invertirán después de décadas de olvido. Muy poco y muy tarde, comentaron los diarios de derecha mexicanos.
Por el contrario, los grandes medios internacionales evitan ensañarse con este país, fiel aliado de Estados Unidos. Es el caso de El País de Madrid, que a menudo exalta los triunfos (sic) de Calderón en su combate al narcotráfico. La de Calderón es “una política de alta simulación”, afirma en cambio Marisela Ortiz. Durante su visita a Juárez el presidente fue increpado por Ñuz María Dávila, madre de dos de los estudiantes asesinados, un hecho simbólico que contribuyó a desnudar al rey.
Obligados por primera vez a dar la cara, Calderón y Gómez-Mont sostuvieron, sin que nadie les creyera, que el ejército no es una de las causas principales de la violencia. Sin embargo, la totalidad de los expertos que Brecha entrevistó en Juárez concordaron en considerar que el ejército y la policía federal no sólo tomaron partido en la guerra entre narcos sino que importaron formas de criminalidad como los secuestros y el pago de “protecciones” (“cuotas”), delitos que agravaron la crisis económica y contribuyeron al cierre de más de 5.000 pymes.
Hoy día en Juárez la vida económica, social y política es simplemente inviable. Nadie espera nada de las inminentes elecciones a gobernador y alcalde, y el PRD, el partido de centroizquierda que en 2006 llegó al 20%, en 2009 bajó al 2. La UNESCO denuncia que hasta las escuelas se ven obligadas a pagar una cuota por cada estudiante para que no los acribillen a la salida de clase. Los jóvenes sicarios se entrenarían demostrando su hombría matando a gente anónima en la calle. En la escuela donde trabaja Marisela Ortiz una enorme pancarta invita a los estudiantes a utilizar autobuses: “No te arriesgues”. Hasta la industria más pujante de la ciudad, la funeraria, está en crisis después de varios casos de amenazas, atentados, secuestros y asesinatos durante los velorios. Son numerosos los entierros “secretos”. Concluye Elizabeth Ávalos: “Hace treinta años que los movimientos sociales denunciamos que este modelo de desarrollo no podía más que llevar a la situación actual. Nunca nos escucharon y esto es lo que sembraron”.
¿LA GUERRA DEL “CHAPO” GUZMÁN?
No es fácil sintetizar el actual estado de la guerra entre narcos ni diagnosticar hasta cuándo puede durar esta violencia sin límites. Lo que está claro es que poco está haciendo el gobierno contra el cártel de Sinaloa.
Joaquín Guzmán Loera, 1954, apodado “Chapo”, jefe del cártel de Sinaloa, es probablemente el mayor narcotraficante del mundo. Según la revista estadounidense Forbes, acumuló una fortuna de más de mil millones de dólares y está entre las 40 personas más influyentes del planeta. Arrestado en 1989, logró fugarse de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande en 2001, apenas después de que el derechista PAN llegara al poder en México. Quien habría gestionado su fuga habría sido el propio procurador general de la República en épocas de Vicente Fox, Eduardo Medina-Mora. Hoy sólo la DEA estadounidense parece interesada en su captura, ya que Calderón, un presidente que nunca habla de corrupción en uno de los países más corruptos del planeta, no muestra ningún apuro para detenerlo.
La lógica de los “operativos conjuntos” en Chihuaua y en otros estados responde teóricamente a la estrategia concordada con la DEA desde los primeros días del gobierno de Felipe Calderón: exterminar a los cárteles menores y “controlar” a los mayores. Sin embargo, el gobierno mexicano “malinterpretó” las líneas de la DEA y en lugar de “controlar” al cártel de Sinaloa parece colaborar con éste.
Múltiples investigaciones y testimonios recogidos por Brecha cuentan una guerra donde el bando del Chapo entra en Juárez sólo cuando pudo contar con el apoyo militar. El ejército, el propio partido de gobierno, el PAN, y la policía federal en Juárez serían, según las distintas interpretaciones, aliados o subordinados de Guzmán, que sólo con esta ayuda pudo colocar a los suyos en el lugar ocupado antes por las pandillas aniquiladas, como los “aztecas”. Lo que es seguro es que fuera quien fuera que haya decidido desatar la guerra por Juárez –el Chapo, Calderón, el ejército, la DEA– dos años y 4.700 muertos después aún no pudo ganar.
Si el cártel del Chapo está considerado la expresión empresarial y profesionalizada del narcotráfico, el de Juárez, implicado en varios casos de feminicidio, aparece como una estructura criminal tradicional que ya no está capacitada para gestionar el mayor negocio del país. Sin embargo, el cártel de Juárez sigue jugando de local y el precio de la traición es la muerte. Al controlar aún a las policías locales y contar con la cantera infinita de los hijos y nietos de la maquila, pudo resistir a la primera avalancha y contraatacar utilizando incluso técnicas de guerrilla. En ese contexto, el sentido de la matanza de los estudiantes del 31 de enero habría sido crear un evento mediático para que el “aliado” Calderón pudiera terminar de militarizar la ciudad. Con una Juárez inundada de soldados –podrían llegar hasta 50.000, según algunas fuentes–, se podría acabar con el cártel de Juárez, a un precio de muertes, violaciones y desapariciones tal vez sin precedentes en la violenta historia del país.
Mientras los niveles de violencia trepan y en Juárez una madre puede morir por tener un auto parecido al de un narco buscado por sicarios, hay quien dice: “Lo mejor para Juárez sería que ganara el Chapo y pacificara a su manera la ciudad”, cual vietcongs en Saigón. Miles serían los muertos y cientos de miles los refugiados adicionales en una guerra abierta que al complejo mediático mundial no le interesa narrar porque da cuenta del recorrido histórico del neoliberalismo: con la sociedad civil desmantelada y si todo lo que da ganancia es bueno, el triunfo sonreirá a los Chapo Guzmán, el más moderno de los empresarios neoliberales.

Plan México 2030: desmantelar la seguridad social.

2010-03-17T10:37:00.000-06:00

Autor: Nancy Flores.
Para 2030, la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada; habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex; además, el sector privado controlará la educación, y la cultura se someterá a un “tratado de libre comercio artístico”. Los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados; y los sindicatos de los sectores energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto. Todo, según el plan transexenal que Felipe Calderón implanta en México

Nancy Flores / Cuarta parte
El desmantelamiento de la seguridad social en México está en marcha. El sistema de salud pública, la educación, la cultura, el fomento al arte y al deporte serán completamente entregados a la iniciativa privada, indican los planes transexenales de la derecha, que encabeza el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Como parte del mismo proceso privatizador, en los próximos 20 años habrán desaparecido los sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos energético, educativo, sanitario y cultural, revela el tercer capítulo del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, denominado “Eje 3. Igualdad de oportunidades”.
De conseguir esos objetivos, en dos décadas los mexicanos tendrán que sufragar elevadas colegiaturas para que sus hijos accedan a la educación básica, media y superior; también, deberán adquirir los libros que éstos empleen desde la primaria.
Además, en caso de enfermarse y aun cuando tengan “seguridad social”, solventarán un porcentaje aún no definido de los costos por los servicios “públicos” de salud que reciban, pues éstos habrán sido subrogados a la iniciativa privada.
A pesar de ello, los autores de los cinco documentos –relacionados con ese capítulo y desclasificados por la Presidencia de la República– estiman que en 2030 no habrá pobreza extrema y que todos los mexicanos tendrán igualdad de oportunidades para vivir y desarrollarse.
Según su “visión”, para entonces “México es un país que garantiza equidad de oportunidades de desarrollo humano y calidad de vida a todos sus habitantes, en un marco de libertad, independientemente de sus capacidades, su condición social, sus características personales, sus preferencias y creencias, y que cuenta con niveles de pobreza alimentaria inferiores a 5 por ciento, niveles de pobreza patrimonial inferiores a 10 por ciento e índices de desarrollo humano equivalentes a los de los países más desarrollados del mundo”.
Investigadores consultados señalan que se trata sólo de “buenos deseos”, porque es imposible lograr esos objetivos con el modelo económico que impulsa la derecha. En el documento están presentes todas las tesis del modelo neoliberal para “sacar adelante la economía”, dice el doctor Víctor Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo.
Explica que no se plantea un cambio radical efectivo de las políticas económica, monetaria, financiera ni fiscal. Por ello, señala la imposibilidad de que en dos décadas se alcance una sociedad justa.
“Ellos están planteando abatir la pobreza extrema a cero. Esto no se va a lograr para 2030 ni para 2040 con el modelo neoliberal. Tampoco será posible incrementar el ingreso per cápita a niveles como los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque tenemos una economía altamente monopólica, parasitaria y con énfasis en el capital especulativo”.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 47 millones de personas, que representan el 44.2 por ciento de la población mexicana, vivieron en situación de pobreza en 2008.
Para el doctor Palacio, el desarrollo económico no sólo implica crecer, sino que haya desarrollo social. “Y esto no lo estamos encontrando en las propuestas. Por lo tanto, no hay posibilidad de crecer ni de convertirnos en un país con condiciones importantes en el ámbito internacional y tampoco de abatir la pobreza”.
Ataque a la educación pública
En el plan transexenal que impulsa Calderón Hinojosa, el “desarrollo” entraña la desarticulación de la seguridad social. Al abordar los cambios a los sistemas públicos de educación y salud, el proyecto revela que en éste y en los próximos dos sexenios se reformarán los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con ello, se eliminarán dos garantías fundamentales: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” (artículo 3) y “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (artículo 4).
En el primer caso, el maestro en filosofía Edgar González Ruiz advierte que se trata de una vieja demanda del clero y del Partido Acción Nacional (PAN), que en la historia de México ya ha provocado luchas armadas.
“El PAN y la jerarquía católica han buscado reformar el artículo tercero para establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, a lo cual se suma ahora el interés empresarial por destruir el carácter gratuito de la educación pública, privatizándola completamente”.
Estos cambios, dice, implicarán una “verdadera contrarreforma educativa y nacional”, pues ese artículo ha garantizado tradicionalmente el carácter laico y gratuito de la educación pública.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México observa que en el Proyecto de Gran Visión aparece otro planteamiento tendiente a privatizar la educación, que es el de “establecer el bono educativo (beca a los alumnos para realizar sus estudios en escuelas privadas)”.
Señala que el proyecto busca subordinar la educación a los intereses empresariales, para que la enseñanza sea simplemente una preparación laboral. Tales objetivos se revelan en planteamientos como: “Incorporar una estrategia de educación continua para el trabajo”, “vincular el sistema educativo con el productivo”, “educación con ritmo a la par de la economía”, “alumnos que puedan acceder al mercado laboral mundial”.
La reforma educativa también plantea desaparecer el libro de texto gratuito: entre las metas transexenales del proyecto está “el no uso de libro único y obligatorio”. Al respecto, González Ruiz comenta que, durante los gobiernos priistas, ésta fue una reivindicación de la derecha, pues ha estado en contra de los contenidos, en la medida en que éstos son ajenos a la religión.
Salud, sólo para ricos
En el segundo caso, se venderá el sistema sanitario y la Secretaría de Salud sólo funcionará como gestora de contratos. Para lograrlo, el plan busca modificar el artículo 4 constitucional, las leyes del Trabajo, General de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Según el proyecto 2030, las reformas buscan la “reestructuración corporativa” del sistema sanitario para “mejorar la eficiencia administrativa”. No obstante, esa reestructuración implica el desmantelamiento de las redes hospitalarias y la subrogación de todos los servicios a favor del empresariado nacional y extranjero.
El objetivo es crear “un sistema de salud público único y de atención médica universal”, coordinado por la Secretaría de Salud. Dicho esquema reducirá el papel de la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos a firmar contratos y subrogar servicios, se desprende del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. Por tanto, implicará la desaparición del IMSS, ISSSTE y de los hospitales de Pemex.
Para 2030, los derechohabientes no sólo realizarán las aportaciones a la “seguridad social” que de por sí hacen, sino que además pagarán un porcentaje por los servicios que reciban. Y es que, de acuerdo con el plan calderonista, en breve se establecerán “copagos en algunos de los servicios de salud”.
También se “fortalecerá” la “mezcla pública y privada en el financiamiento y provisión en servicios de salud”, para “incrementar” de manera porcentual “la subrogación de servicios”, reconocen literalmente los documentos.
Las modificaciones legales garantizarán, además, la “portabilidad de bienes privados (paquete esencial y posibilidad de copeteo)” y la “desvinculación” del “financiamiento de la atención médica (respecto) de (los recursos que se destinan al pago de) la nómina”.
Las subrogaciones y reformas legales se suman a otra forma silenciosa de privatización que ya opera en el país: los Proyectos de Prestación de Servicios o PPS. Como lo documentó Contralínea (número 172), en su capítulo económico el Proyecto de Gran Visión consolida los PPS en el ámbito sanitario, energético, carretero y educativo.
En el sector salud, estos proyectos permiten que la construcción y operación de hospitales “públicos” de alta especialidad sean concesionadas a privados hasta por más de 30 años, a nivel federal y estatal.
La industria farmacéutica también verá incrementado su negocio a costa del erario: el cambio a la Ley de Adquisiciones busca “garantizar el suministro y calidad de los medicamentos”.
Víctor Palacio explica que, en el plan 2030, el mercado interno no es prioritario pese a que es en éste “donde nos desenvolvemos la mayoría de los mexicanos”. Por ello, indica, no se están satisfaciendo las necesidades de consumo: “Alimentación, salud, educación, vivienda; todo lo que es el bienestar social, porque los ojos se tienen puestos en los mercados internacionales”.
Sindicatos, golpe inminente
La reforma a la Ley Federal del Trabajo –que se plantea en el contexto de las modificaciones a los artículos 3 y 4 constitucionales y a las leyes del IMSS, ISSSTE y Pemex– también conlleva la desaparición paulatina de los sindicatos.
Y es que, de acuerdo con los planes, se transformarán las “condiciones contractuales y sindicales”. El objetivo es eliminar “los cacicazgos y (las) arraigadas prácticas de organización sindical”, mismas que se identifican en los documentos oficiales del Proyecto de Gran Visión como “intereses creados y corporativismo excesivo”, que tiende a la “corrupción”.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, advierte que la llamada flexibilización laboral es, en realidad, la precarización de las condiciones laborales de los nuevos trabajadores.
Señala que la reforma que buscan los panistas ataca las conquistas sindicales de los últimos 50 años; pues, en la práctica, posibilitará restricciones más severas en las condiciones contractuales.
“Flexibilización también significa darle todas las ventajas al capital para que pueda emplear cuando quiera, en las condiciones que quiera, sin adquirir responsabilidades con el trabajador, sin tener que dar seguro social ni garantía de planta con un año de antigüedad”, indica el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El capítulo 3 del amplio expediente revela que los sindicatos en riesgo inminente de desaparecer son los del ámbito energético, educativo, sanitario y cultural.
De acuerdo con los documentos consultados por Contralínea –elaborados en octubre de 2006 a solicitud de Felipe Calderón y en medio de la crisis poselectoral–, las reformas tanto a la Ley Federal del Trabajo como constitucional y de leyes secundarias se debían promover y conseguir “antes de 2010”.
“TLC artístico”
En el ámbito cultural, el capítulo “Igualdad de oportunidades” reserva al sector privado los proyectos culturales, como una forma de “participación ciudadana”. Según el Proyecto de Gran Visión, hace falta una “política de Estado” respecto de la “industria cultural”, para que ésta sea “productiva” y genere “derrama rentable”.
Esa política deberá incluir como tema “urgente” la firma de un “tratado de libre comercio artístico”. Además, reconocer la “necesidad de convertir la cultura en un proyecto económicamente rentable”, con “apoyo económico mixto, tanto del gobierno como de la iniciativa privada”.
Para los autores, la cultura no debe considerarse “como un monopolio privativo de la iniciativa privada”; por ello, proponen subsidios para el público general a través de bonos.
Aunque establecen que todos los mexicanos deben tener acceso a la cultura y al arte, exigen acrecentar su participación, obtener estímulos fiscales para ello, e incluso que los nuevos museos y teatros estén “bien equipados y con estacionamiento”.
Para los investigadores consultados, es previsible que estas medidas profundicen la brecha entre ricos y pobres en el país; pues está demostrado que las políticas neoliberales han derivado en un aumento relevante de la población en extrema pobreza.
Los autores del Proyecto de Gran Visión “quieren que, aplicando e intensificando estas políticas, se elimine la pobreza extrema”, observa Aguirre Rojas. Agrega que en México se insiste en mantener una política que es criticada en todo el mundo: la política de la abstención, de la no intervención del Estado y de la entrega y privatización de todas las áreas fundamentales.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia respecto del plan privatizador México 2030, Proyecto de Gran Visión, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Los autores del plan
• Salud (muestra parcial)
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud federal
Patricia Faci, directiva de Genomma Lab
Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro Médico ABC, IAP
Alberto Jongitud, exsecretario de Salud en el estado de Hidalgo
Ector Jaime Ramírez Barba, diputado federal panista y exdirector del Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato
Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la UNAM y exsecretario de salud federal
Humberto Veras, director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Hidalgo
Jesús Zacarías Villarreal, secretario de Salud de Nuevo León
Jesús Kumate, exsecretario de Salud federal
Juan Antonio Fernández, exdirector del Seguro Popular
Juana Jiménez Sánchez, coordinadora de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud federal
Julio Sotelo Morales, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
María Eugenia de León May, exsubsecretaria de Administración y Finanzas de la Ssa federal
Mario Acosta Mejía, exdirector de la Alianza Médica Mexicana
Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención de la Ssa federal

• Pobreza, exclusión y grupos vulnerables (muestra parcial)
Alberto Mulás, miembro de los consejos de administración de las empresas Acciones y Valores, URBI, ICA, SHF, OMA, y exubsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano
Alfredo Achar Tussie, presidente de la empresa Comercial Mexicana de Pinturas, Comex
Enrique Castro Villalobos, subsecretario de Finanzas del gobierno de Guanajuato
Félix Vélez Fernández Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población
Gerardo Leyva Parra, integrante con voz y voto del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza
Gustavo Merino, subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal
Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo
Luis Orvañanos, presidente de la constructora GEO
Luis Sereno Coló, consejero del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Desarrollo Social
Marcela Eternod Aramburu, exfuncionaria del Inegi
María del Carmen Díaz Amador, coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía
Mayra Eternod, exasesora de Aserca
Patricia Wohlers, directora general adjunta de Relaciones Internacionales del Inmujeres
Ricardo César Aparicio Jiménez, exdirector general adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval
Almudena Suárez, exdirectora general adjunta de Relaciones Internacionales de la Sedesol
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval
Jonh Scott Andreta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
Jorge Yarza Garrido, director de Desarrollo Organizacional de Hipotecaria Su Casita
Juana María Torres Cruz, política panista
Martha Laura Carranza, directora general para la Igualdad Laboral de la STPS
Paloma Bonfil Sánchez, integrante del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza
Susan Parker, investigadora del CIDE
Clara Jusidman, miembro del Consejo Asesor de la UNICEF en México

POLITICOS DESCALIFICADOS

2010-03-12T11:32:00.000-06:00

En busca de un hombre de Estado.
Autor: Álvaro Cepeda Neri
Quien no resolviera cierto acertijo, perdería la vida
Pericles de William Shakespeare
En un desperdiciado trienio buscando la legitimación militaroide –que no política ni económica, social ni cultural– terminó el sexenio calderonista que completó, en el mal gobierno, al foxismo. Ambos fueron el corto inicio y ocaso del Partido Acción Nacional (PAN), que echó por la borda, con sus neopanistas conservadores y fundamentalistas coronados por El Yunque, su medio siglo de oposición derechista.
El país está sobreendeudado, empobrecido masivamente a pesar del multimillonario excedente de la reserva en dólares. La inseguridad económica genera un dramático desempleo y constantes despidos. Las remesas de trabajadores legales e indocumentados en Estados Unidos y Canadá dejaron de ser caudaloso río para ser un arroyo que tiende a casi secarse. De esta manera, millones de mexicanos, que así calmaban sus necesidades, ingresan a la pobreza.

La irrupción de las delincuencias encabezadas por los sicarios del narcotráfico –que se ajustan cuentas y se llevan en el fuego cruzado de sus cuernos de chivo, o intencionalmente con toda la barbarie del terrorismo, a mexicanos que nada tienen que ver o indirectamente se ven involucrados en esa guerra contra militares y policías– tiene a la población en el trágico y total desamparo.
Y los gobernantes, ocupados en la corrupción de la narcopolítica y la indiferencia e impunidad, tienen a la nación, acosada por otras crisis, al borde de la desesperación social en el marco de las celebraciones a la Porfirio Díaz.
Porque al menos desde el orto y ocaso posrevolucionario (y ya cancelado el aventurismo de Victoriano Huerta con su binomio: militarismo y alcoholismo, que parece repetirse), los mexicanos no han podido encontrar, careciendo de la Lámpara de uno de los tres Diógenes (el de Apolonia, el Cínico o el de Enoanda), a un hombre de Estado; al político que aspire a “ser el primer servidor del Estado”, conduciendo –desde un nuevo presidencialismo, sustentado en reformas de contrapesos y la creación de los tribunales de cuentas y constitucional para la rendición de cuentas– el deslinde de responsabilidades y control constitucional de todos los poderes del Estado.
La derecha panista –dedicada a quedar bien con sus creencias religiosas y pensando, como el Savonarola de cuando los Medici, en la Florencia que parió al más lúcido creador de la política republicana (Las décadas de Tito Livio, antítesis de El príncipe)– ha querido resolver los problemas con Padres nuestros, en vez de enfrentarse como gobernantes laicos y democráticos a la solución de la crisis general. Y así ahuyentar los síntomas y hechos de violencia social que aparecen por todo el país; mientras, la inseguridad que priva por el narcotráfico y la fallida estrategia para combatirlo ya implantaron al terrorismo sangriento que ha roto la convivencia pacífica, tensado la gobernabilidad y estabilidad para poner en riesgo la institucionalidad amenazada por el debilitamiento de la legalidad y legitimidad, mermadas por la corrupción, impunidad y empobrecimiento.
La incapacidad e ineficacia de los panistas, que culminaron los abusos del salinismo-zedillista, tienen a la política y a los políticos al borde del total descrédito. Se les tiene como “mediocres, incompetentes, cínicos, mentirosos, aprovechados, manipuladores, corruptos (y) cuando no son sus causantes, los políticos se muestran incapaces de resolver la crisis económica, la inseguridad ciudadana, la decadencia crónica de la agricultura, la extensión del paro (el desempleo)… baja calidad de la educación… degradación del medio ambiente…
“En conclusión, es preocupante que los políticos aparezcan entre los grandes problemas percibidos por la opinión pública. Pero no basta descargar cómodamente en ellos –ni siquiera sobre sus malas prácticas– la culpa de una devaluación persistente de lo público y de lo político… Porque el rechazo total a la política y a los políticos somete a la sociedad a la ruda ley del más fuerte” (del ensayo La condena social de los políticos, de Joseph M Vallés, de la Universidad de Barcelona; publicado en El País el 3 de febrero de 2010).
Otra vez los mexicanos tenemos que resolver el acertijo con la política y los políticos que tenemos para encontrar con la lámpara constitucional un político que reúna las cualidades para la política. Y postular, con democracia y republicanismo, la imperiosa necesidad de sufragar por la personalidad capaz de reivindicar la política.
¿Tenemos políticos? Sí, y no son los actuales galanes de la televisión. Ni los “grillos”. Tampoco los del caudillismo populista. Menos los clericales ni caciques. Están descartados los desgobernadores que abusan del poder, se reparten como botín el dinero público y se equivocan en las inversiones, pero no para pedir el tanto por ciento a los inversionistas privados.
Esta fauna nos ha regresado al “estado de naturaleza” (Rousseau) con el capitalismo salvaje y “mano invisible” (Smith), para dejar hacer al mercado al libre antojo de la “ley de la oferta y la demanda” (Say) y, finalmente, a la “guerra de todos contra todos” (Hobbes), para tener a la nación en los devastadores efectos de la crisis general.
Ya andan sueltos los buscadores del futuro, adelantando propuestas con base en el letrero aquel de la anécdota “Mañana ayuna Napoleón”, que cada mañana posponía ad infinitum, cuando la cuestión es un político para el presente que nos agobia. Reyes Heroles (1921-1985) salió con lo de “primero el programa, después el hombre”.
Es indispensable invertirlo. Primero conocer al político, a un profesional de la política, conocedor del ejercicio del poder y los poderes del Estado, en los términos analizados por Norberto Bobbio, en su listado, teórico y práctico del concepto, entreverado en su estudio Teoría general de la política (editado por Trotta).
No se trata de sustituir la política y al político por el marketing mediático ni postular, como receta salvadora, ni subirse a la globalización, convertida en coartada para reducir el espacio político; sino de buscar y encontrar al político del presente para el inmediato presente. Lo hay. Y tiene “a su favor la imagen del hombre indispensable frente a la descomposición del régimen carrancista (léase, calderonista) que, como el del Madero, distó de cumplir con las expectativas de una sociedad deseosa de cambios pacíficos” (Pedro Castro, Álvaro Obregón, fuego y cenizas de la Revolución Mexicana. Biblioteca Era-2009).
La solución al acertijo para encontrar al político mexicano en cuestión ha de buscarse en las biografías de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, con raíces en el más grande político mexicano que fue Benito Juárez.
La destrucción del Estado laico, en paralelo con la implantación del neoliberalismo a partir de 1982
Pedro Echevarría. Argenpress
1. Varias decenas de miles de muertos en las guerras que el clero y los conservadores desataron a mediados del siglo XIX en México para “defender” sus enormes privilegios frente a los liberales reformistas encabezados por Lerdo y Juárez. En las décadas de los veinte y treinta del pasado siglo otros miles de campesinos inocentes fueron acribillados o apuñalados en una “guerra cristera” que el clero convocó para luchar contra una Constitución y su ateísmo. ¿Pero qué importa que los abuelos y los padres hayan muerto por defender derechos de los pobres explotados, si ahora está en el gobierno una burguesía clerical dispuesta a borrar el pasado, que pide “que no se hable más de guerras entre hermanos” y se olvide de esa separación entre la iglesia y el Estado para que la iglesia pudiera recuperar justamente sus privilegios?.

2. Juárez sabía que la Constitución de 1857 no era clara para limitar el enorme poder del clero y las guerras que había desatado, por eso proclamó las Leyes de Reforma en que se señalaba: “perfecta independencia entre los negocios del estado y los puramente eclesiástico; supresión de monasterios y secularización del clero que vivía en ellos; abolición de cofradías y otras de naturaleza similar; cierre de los noviciados en los conventos de monjas; nacionalización de todos los bienes del clero secular y regular; eliminación de la participación de la autoridad civil en el asunto de pagos de servicio eclesiásticos”. Todos estos planteamientos respondieron al revanchismo violento de la iglesia contra la Constitución de 1857 que por primera vez se atrevía a “levantar la voz” contra el privilegio de Clero, militares y conservadores.
3. ¿Puede alguien olvidar que René Capistrán Garza, fundador de la Asociación Católica de Jóvenes de México, llamaba a luchar por conquistar el poder del Estado? ¿Qué en 1921, exigiendo el desconocimiento de la Constitución, se realizó por el clero una multitudinaria al santuario de la vírgen de Zopopan y que ese mismo año explotó una bomba en la Basílica de Guadalupe? ¿Qué dos años después se inauguró el monumento al Cristo Rey en el cerro del Cubilete con la presencia del delegado apostólico italiano Fillipi que luego fue expulsado? Todos esos antecedentes provocaron la gran guerra cristera que durante cuatro años provocó miles de muertos humildes y manipulados por la iglesia y el gobierno porque la primera luchaba contra la implantación del laicismo que borraba de un tajo el dominio del catolicismo.
4. “Sí mexicanos, ya basta de no vernos como hermanos y como iguales”, dice el presidente Calderón, católico y represor de obreros. La bronca es que unos son más iguales que otros. Unos son los hermanos del capital y otros son los hermanos del trabajo, unos son más hermanos de la explotación y la acumulación de propiedades y otros son hermanos por ser miserables, oprimidos y perseguidos. Obviamente dios en el discurso no quiere esa desigualdad; pero la práctica del clero en la tierra demuestra exactamente lo contrario: que sus aliados son el poder. Los clérigos Prigione, Rivera, Cepeda, Sandoval, han formando parte del enorme poder que oprime a los mexicanos, porque ninguna hoja se mueve en la iglesia sin la orden de ellos. Ellos fueron los artífices que junto al presidente Salinas, lograron relaciones con el Vaticano.
5. Para mayor gloria de Dios, el gobierno de Felipe Calderón está subordinándose a los intereses de la jerarquía católica –señala el investigador González Ruiz- al grado que ya se convirtió en un gobierno de tinte confesional y neocristero que –por encima de la Constitución– está socavando al Estado laico mexicano. Junto con el Ejército, que actualmente goza de grandes prebendas y es movilizado a nivel nacional, la Iglesia es la otra institución que sirve de pilar al gobierno federal. El “peligroso binomio” clero-Ejército ha desencadenado una escalada de violaciones a los derechos humanos y a las libertades individuales. El hecho más visible de este “franquismo a la mexicana”, de corte fascistoide, es la actual embestida del régimen calderonista contra la legalización del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo, la cual es auspiciada desde el Vaticano por el Papa Benedicto XVI.
6. Entrevistado por Proceso, González Ruiz, hace una diferencia entre el gobierno de Fox y de Calderón. Señala que a pesar que los dos son de derecha, del PAN y que admiraban a los cristeros, Fox tenía desplantes escenográficos; mostraba crucifijos, el estandarte guadalupano y besó públicamente el anillo del Papa, pero su gabinete era plural, pero decepcionó a la jerarquía católica. Calderón sí es consciente de su compromiso católico: busca desmantelar el Estado laico y la aplicación de preceptos religiosos; su gobierno en bloque está dando continuidad, en la práctica, a la lucha cristera. Las dependencias que menciona son: la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina, mediante las llamadas capellanías castrenses.
7. Mucho más que el ascenso del PAN y de Fox en 2000, el corte histórico del México actual parece iniciarse en 1982 con la implantación brutal de la privatización y las relaciones con el Vaticano llevadas hasta sus últimas consecuencias en el gobierno priísta de Salinas y el apoyo absoluto del panismo. Incluso el “nacionalismo” priísta, aquella posición que buscaba el “centrismo”, fue enterrado por Salinas para dar paso a la alianza derechista absoluta entre PRI y PAN. Si en los 30 y 40 hubo algunas deferencias ideológicas que luego se matizaron, hoy no existen tales y sus diferencias sólo son personales y de grupo por más poder. El neoliberalismo y la iglesia, junto con los medios de información y el ejército, han logrado consolidar los intereses de esos dos partidos que se han adelantado al PRD.
Procampo, ineficaz y regresivo: organismos internacionales
Autor: Érika Ramírez.
San Juan Tlacotepec, Puebla. Extiende su mano y muestra un puñado de granos dorados a punto de la molienda. “Éste es nuestro sustento: el café”, dice Guillermo Berlín, habitante de este municipio.
Señala, con un dejo de nostalgia, la hojarasca que arrancó una ventisca el pasado diciembre: “Se llevó casi todo el café. Como ya estaba a punto de la cosecha, no resistió el mal tiempo”.
El lluvioso invierno minó los ingresos que pretendían alcanzar decenas de productores de la Sierra Negra. “Se nos cayeron las ventas”, dice el hombre. Cuando no le rinde el jornal, sale en busca de trabajo a la ciudad de México como albañil.
Poblada por más de 12 mil indígenas nahuas, en esta comunidad la gente tiene “difícilmente” acceso a la alimentación. Comercializa el poco café que siembra en tierras rentadas, se alimenta de la cosecha de la milpa (maíz, frijol, calabazas) y de las plantas silvestres que brotan entre las laderas.
Guillermo Berlín, actualmente regidor de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad de Género de este municipio, se encuentra en conflicto permanente con el presidente municipal, Gregorio Merino Mendoza, debido a la distribución “inequitativa” de los programas de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
“Aquí la gente se la pasa sufriendo. No hay apoyo del presidente, que distingue mucho a quien le entrega los programas. Las diferencias se hacen de acuerdo con el partido al que pertenezcan y, por supuesto, aquí domina la militancia priista; así que si se participa con el PRD (Partido de la Revolución Democrática) o con el PAN (Partido Acción Nacional), los apoyos no llegan”, dice en entrevista con Contralínea.
El mismo Guillermo Berlín se encuentra al margen de estos programas. Contrario a ello, el presidente municipal, Esteban Gorgonio Merino Mendoza, obtuvo en 2008 ?el mismo año que asumió el poder del ayuntamiento? 25 mil 520 pesos del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), revelan los padrones de la Sagarpa.
Las listas, actualizadas hasta 2008, muestran que en el ayuntamiento se les distribuyeron 3 millones 809 mil pesos sólo a 917 personas –apenas el 7.12 por ciento de la población total.
A esta localidad, que mantiene un índice de desarrollo humano de 0.57070, también llegaron fiscalizadores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y comprobaron que el Programa de Trabajo de la Estrategia 100 x 100, coordinado por la Sagarpa, es ineficaz y regresivo.
El Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 revela que en los 27 municipios visitados por la ASF –muestra contemplada de un total de 125 municipios que comprende el programa–, “el número de beneficiarios, superficie y monto apoyado fue inferior en relación con el año anterior; la cobertura del Procampo disminuyó; los beneficiarios con un número igual o mayor a cinco hectáreas (Ha) representan una décima parte del total de productores apoyados y obtienen un tercio del monto total apoyado. Por tal motivo, se concluye que ese programa resulta regresivo”.
BID reprueba al Procampo
Informes de entidades financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial coinciden con el máximo órgano de fiscalización y desaprueban el otorgamiento “diferenciado” de subsidios.
El Análisis cuantitativo de los efectos de transferencia al sector rural: Ingreso Objetivo, Procampo y Oportunidades, elaborado por el investigador George A Dyner para el BID, expone: “El Procampo tiene el objetivo apoyar el ingreso de las familias rurales, principalmente de autoconsumo. Sin embargo, sólo una cuarta parte de los recursos del programa llega a estas familias, el resto responde a productores no-rurales”.
Ante la falta de transparencia en la asignación de los subsidios, en San Sebastián Tlacotepec “quisiéramos que se investigara cómo se aplican esos recursos, pero para poder ir a la secretaría en Puebla, es necesario tener dinero: unos 600 pesos por persona, además del pago de alimentación y hospedaje. En total, podrían gastarse hasta 800 pesos en ir a solicitar información”, dice Guillermo Berlín.
Expuesto en julio de 2008, el reporte final del BID señala que el Procampo tampoco tiene un énfasis en los productores de autoconsumo y los recursos que se transfieren a esta población son menores que para otros grupos.
“Aquí, los que más se benefician con el programa son los terratenientes. Somos varios los que no tenemos terreno”, acusa el indígena nahua. El habitante de la sierra poblana explica que los dueños de la tierra en la cabecera municipal son apenas unos 50 “terratenientes”. En consecuencia, la gente vive y trabaja de esos terrenos, que tienen de 50 a 100 arrendatarios cada uno.
El BID, la principal fuente de financiamiento en América Latina y el Caribe, recalca que el programa operado por la Sagarpa es “altamente ineficiente” en el fomento productivo. “Una forma más eficiente de atender a este sector de la población es a través de un programa de crédito”.
La institución financiera, que preside el colombiano Luis Alberto Moreno, advierte, en el Informe de consultoría servicios financieros rurales en México, que el Estado mexicano tiene una ausencia de servicios de ahorro en el sector agropecuario, baja penetración del sistema de pagos. Además de un sistema de financiamiento caro, poco eficiente y compuesto por una multiplicidad de fuentes.
Flora, una indígena nahua de 48 años, habita en lo alto de la cabecera municipal de San Sebastián Tlacotepec. Ella es madre de tres mujeres adolescentes, un joven de 20 años, y abuela de ocho nietos. Junto con su esposo, es el sostén de esas 12 personas.
¿Qué más puedo hacer? Pregunta en tono desesperado. Hace un par de años empezó un viacrucis que no puede concluir: la tramitación de las escrituras que la harán propietaria de la tierra donde duerme y de la que se alimenta toda su familia.
Supone que con los títulos de propiedad podría acceder a los “beneficios” del Procampo, para ayudarse “otro poquito”. Sin embargo, los papeles no llegan. La solicitud ha pasado de un abogado a otro. Una inversión aproximada de 6 mil pesos tampoco ha fructificado. Cada persona que le ha prometido solucionar “su problema” ha desaparecido, no han vuelto a la comunidad, “y eso que iban recomendados por las autoridades”.
Flora recibe 740 pesos bimestrales del Programa Oportunidades; pero en diciembre pasado el recurso llegó de apenas 120 pesos, sin saber el porqué del “ajuste”. Su esposo es jornalero en tierras tlaxcaltecas, donde gana 70 pesos diarios.
El Análisis del gasto público en el desarrollo agrícola y rural, elaborado por el Banco Mundial, indica que los programas relacionados con la tierra, que incluyen acceso a la tierra, regularización de los derechos sobre la tierra, apoyo legal y resolución de conflictos, absorben sólo el 0.6 por ciento del Programa Especial Concurrente, “en contraste con la importancia de los problemas de la tierra en México”.
Además, descubre que los principales subsidios del agro son acaparados por los estratos menos necesitados de la población rural. De los programas como Procampo, Ingreso Objetivo y de Desarrollo Rural (PDR) de Alianza, el decil de productores más pobres recibe de Ingreso Objetivo la décima parte de un 1 por ciento, y fracciones igualmente insignificantes de los otros programas.
En tanto, muestra el organismo financiero, en el otro extremo de la distribución, el decil de productores más ricos recibe los siguientes porcentajes de transferencias: 45 por ciento del Procampo, 55 por ciento del PDR de Alianza, 60 por ciento de los subsidios a energía e hidrológicos y 80 por ciento de Ingreso Objetivo.
La ASF fue otra de las entidades encargadas de revisar la efectividad del Procampo –diseñado para el combate de la pobreza en el campo mexicano–. El máximo organismo de fiscalización auditó 27 municipios, de los 125 que comprenden la Estrategia 100 x 100, diseñada para de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo. La muestra comprendió 87 millones 626 mil pesos. El resultado fue reprobatorio.
De la información que proporcionó Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria ?organismo descentralizado de la Sagarpa, encargado de la operación del Procampo?, se desprende que “el presupuesto de ese programa no establece estimaciones de gasto por cada una de las entidades federativas ni mucho menos a nivel de municipio, motivo por el cual no se efectuó el comparativo del presupuesto original con el ejercido”.
Sin embargo, la ASF detectó que entre 2007 y 2008 se redujo el número de beneficiarios casi al 10 por ciento; la reducción de la superficie apoyada, en un 12.8 por ciento, y el 12.7 por ciento del importe de los apoyos.
Las cifras oficiales muestran que, en 2007, las entidades federativas donde se ubican los 125 municipios de la Estrategia 100 x 100 (Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz) obtuvieron recursos por 4 mil 391 millones 431 mil 500 pesos; mientras que para el siguiente año se les destinaron 3 mil 834 millones 653 mil 700 pesos. La diferencia del presupuesto ejercido de un año a otro fue de 556 millones 777 mil 800 pesos.
El número de beneficiarios también se redujo en 136 mil 676 personas, cuando se pasó de 1 millón 396 mil 56 personas a 1 millón 259 mil 380 campesinos, de 2007 a 2008. En el mismo periodo de tiempo, la afectación en hectáreas que pudieron ser sembradas fue de 520 mil 814, al pasar de 4 millones 70 mil 7 Ha a 3 millones 549 mil 192 Ha.
El informe del organismo fiscalizador es contundente: “El objetivo de mejorar el nivel de vida de la población que habita en los municipios seleccionados no se cumplió, dado que por las disminuciones indicadas se deterioró el ingreso pecuniario recibido por la población objetivo. Este hecho se contrapone a lo que pretende la Estrategia 100 x 100 en su vertiente Productividad e Ingreso, la cual forma parte del Procampo, en lo relativo a mejorar el ingreso de la población mediante acciones que permitan elevar la productividad y aumentar las oportunidades de empleo”.

MÁS SOBRE EL PLAN MEXICO 2030

2010-03-02T10:48:00.000-06:00

Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo.
Autor: Nancy Flores
El plan transexenal de Calderón México 2030, Proyecto de Gran Visión, reconoce que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, las fuerzas castrenses se corrompen. Además, aunque la principal oferta gubernamental es la “guerra” contra el narcotráfico, el proyecto admite que en 20 años el crimen organizado estará “acotado”, mas no extinto. En esta segunda entrega, Contralínea revela los detalles del primer capítulo “Estado de derecho y seguridad pública”, cuyo eje rector es garantizar la “plena seguridad para la propiedad”. Expertos consultados señalan que en este país hay un Estado de facto, no de derecho, y avizoran más represión

Nancy Flores / Segunda parte
En octubre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tuvo en sus manos los resultados del primer taller temático “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública”, al que convocó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declarara presidente electo.
Integrado al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, el diagnóstico descubre que la meta de este plan transexenal en materia de seguridad, dentro de 20 años, es apenas “acotar” al crimen organizado, no exterminarlo. Ello, a pesar de los más de 16 mil 500 muertos que se cuentan como saldo de los tres años de la “guerra” calderonista contra el narcotráfico.
El documento expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido “rebasado por la realidad y circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública”. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y “con esa franqueza” respecto del problema de inseguridad.
El mismo diagnóstico del Proyecto de Gran Visión anexa una lista de causas, entre las que destaca la “corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas”.
Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, “el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país)”.
Al mencionar las causas por las cuales el Estado fue rebasado, el documento también apunta la “ausencia de estrategias y tácticas profesionales en los cuerpos de seguridad pública, para lograr el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad del empleo de la fuerza pública; actores sociales manifestándose a través de expresiones violentas que ponen en peligro la integridad y derechos de terceros; falta de certeza jurídica provocada por un ambiente de impunidad, en el que se percibe que no necesariamente quien viola la ley es castigado”; entre otros.
El senador panista Felipe González reconoce que “estamos ante situaciones inéditas: traemos problemas muy severos en la cuestión de seguridad pública, tenemos problemas de impunidad y de corrupción; éstos nos están avisando que necesitamos urgentemente adecuar y actualizar algunas partes de nuestro entorno jurídico”.
El presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Gobernación del Senado considera necesario revisar leyes, como la del secuestro, pero también la del fuero militar.
“Ahora que los militares ya están haciendo el papel de policías, no hemos adecuado, desafortunadamente, el marco legal en el que se mueven, cuando realmente ése no es su papel. Corremos el riesgo que el día de mañana algún gobierno llegue y les dé encargos como en 1968 (con la matanza de estudiantes y civiles) cuando, por obedecer órdenes, al único que perjudicó su actuación fue al Ejército”, indica el senador.
No obstante, Jorge Luis Sierra señala que el diagnóstico del Proyecto de Gran Visión sólo admite que “la corrupción ha llegado a las filas de los soldados. Ésa es la única referencia que hay sobre las fuerzas armadas en el documento de seguridad, (pero) no se hace mención a una reforma militar”.
Los objetivos del plan
Desclasificado por la Presidencia de la República, el archivo de 41 páginas denominado “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” se subdivide en seis temas: derechos humanos; fortalecimiento del Estado y reformas institucionales; sistema de justicia; seguridad pública; cultura de la legalidad democrática y educación jurídica; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
Entre los objetivos esbozados en éste, sobresalen la “plena seguridad para la propiedad”; la creación de la policía nacional coordinada; la supresión del amparo directo; la reelección de los legisladores, y el “replanteamiento” de “la relación entre el Estado y las iglesias”.
Aunque este apartado es el único que no habla de privatizaciones, el maestro Edgar González Ruiz destaca que “la defensa del dinero está implicada en esta frase: ‘Plena seguridad para la propiedad y la integridad de las personas’”.
Para el investigador, “está claro que, ya sea de manera directa o eufemística, esos planteamientos anticipaban las reivindicaciones y consignas de los sectores derechistas, empresarios, jerarquía católica y grupos conservadores, representados por el gobierno de Calderón”.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México considera que “el modelo de gobierno que se dibuja en este documento es de carácter dictatorial, basado en la fuerza y represor de las libertades; confesional, de la derecha católica; totalitario, que pueda controlar a todos los sectores populares, anulando sus intereses en aras de los de corte confesional o empresarial: todos unidos, por el engaño o por la fuerza, para servir al clero y al empresariado”.
El maestro en filosofía recuerda que, en 2006, al frente de este proyecto de nación transexenal estuvo Carlos Medina Plascencia, “quien fuera gobernador interino de Guanajuato en la época de Carlos Salinas y uno de los más radicales representantes del conservadurismo católico panista”.
Estado de facto
Elaborado en medio de la crisis poselectoral, derivada de los comicios de julio de 2006, el documento estima que en 2030 “la legitimación que ha alcanzado el Estado es resultado de la promoción que éste ha hecho de un conjunto de condiciones que propician el desarrollo integral del ser humano que vive en sociedad, el respeto absoluto a su dignidad, la protección a los grupos sociales fundamentales y la convivencia pacífica. Asimismo, el estado de derecho es fundamento para el desarrollo económico, social y cultural y da certeza a los actores políticos”.
El abogado Juan de Dios Hernández Monge explica que “el estado de derecho ha sido un concepto manipulado conforme a los intereses de la propaganda; éste no se reduce a la existencia de las leyes, sino que éstas sean respetadas”.
Por ello, indica que el primer obligado en ese cumplimiento es el Estado: “Cuando éste violenta el cuerpo de leyes, nos coloca en un Estado de facto. Se empieza a gobernar a través de los secretos, como ha estado ocurriendo con Felipe Calderón respecto de problemas como el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de los mineros de Cananea, Sonora. (Ello, a pesar de que) el respeto al estado de derecho es la parte sustancial para todo lo demás”.
—¿En México se respeta ese cuerpo de leyes?
—Aquí está roto el estado derecho. Vivimos en un Estado de facto, además en un grado de descomposición extrema. El Estado tiene tres elementos: la población, el territorio y el poder o gobierno. En el caso mexicano, los tres elementos están en un punto de quiebre.
Derechos humanos, un fracaso
El documento consultado por Contralínea indica que en 2030 se “respetarán los derechos humanos, se tendrá igualdad social; los derechos fundamentales se tomarán como criterios de las políticas públicas; no habrá privilegios para la elite; se contará con ciudadanía plena; y la actuación del Estado se hará con apego a la legalidad, que promueve y protege los derechos de las personas”.
Al respecto, Jorge Luis Sierra considera que, aunque el apartado de seguridad pública hace mucho énfasis en el respeto, lo que ha ocurrido en la política de seguridad pública ha sido a costa de los derechos humanos en muchas regiones del país.
“En los últimos años ha habido un crecimiento enorme, sin precedente, en el número de recomendaciones que han sido dirigidas a las fuerzas armadas. Hay un daño colateral a los derechos humanos derivado de las operaciones en contra del narcotráfico. Hay una persistencia de un modelo de justicia militar arcaico, que ya no funciona ante las nuevas realidades que tiene el país ni ante la nueva realidad internacional. No hay ninguna demostración de avance. Entonces, la distancia que hay entre los deseos establecidos en estos documentos y las políticas que se han seguido hasta el momento son muy grandes”.
Para el abogado Hernández Monge, las garantías individuales son la parte esencial del estado de derecho. “Ahí entramos a la cuestión de los derechos humanos. Las garantías individuales deben de ser respetadas de manera sistemática y transparente por el Estado, no como un acto gracioso sino como una obligación que tiene la autoridad”.
No obstante, coincide que, con el pretexto de la inseguridad, se violan los derechos más elementales. Ejemplifica con el caso del operativo policiaco Mochila Segura, que permite a la policía revisar las mochilas de los niños que asisten a la primaria y la secundaria. “Esto significa clara y llanamente una violación de los derechos humanos de los menores que son revisados”.
Hernández Monge recuerda que las garantías individuales están consagradas del artículo 1 al 29 de la Constitución. Éstas “establecen el catálogo de derechos, que es el único patrimonio jurídico que tenemos los particulares frente al Estado. Cuando éste violenta esa esfera de derechos, el ciudadano agraviado puede pedir la protección y amparo de la justicia federal”.
Edgar González Ruiz observa que las metas de “seguridad pública eficiente e integral; crimen organizado acotado; desempeño de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, de la administración y procuración de justicia”, contenidas en el documento, “son simplemente las consignas y abusos con los que está gobernando Calderón”.
La resistencia, única opción
En su primer capítulo, originalmente clasificado como confidencial, el Proyecto de Gran Visión indica que “la sociedad mexicana, en el año 2030, es conducida de manera estable por las normas democráticamente establecidas. Esto se ha logrado a través del fomento en la población de una cultura política democrática y de la legalidad”.
De no alcanzarse un estado de derecho pleno, se corre el riesgo de “que se rompa el tejido social y que la gente pudiera comenzar a sentirse más segura cuando da sobornos, cuando la extorsionan para recibir protección de los delincuentes, en virtud de que la autoridad establecida no puede salir adelante y ayudarlos mediante el cumplimiento de la ley”, dice el senador por el Partido Acción Nacional Felipe González.
Advierte que el estado de derecho no se puede fincar en la violación de las leyes y “mucho menos” en la impunidad. “Porque entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tiene dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno y donde estamos tratando de sacarlo adelante del flagelo de la delincuencia”.
Sin embargo, el abogado Hernández Monge observa: “En el asunto de la justicia, es muy importante establecer que no se puede, desde una posición ética, convalidar el sistema jurídico ni de leyes que hay en el país, porque es intrínsecamente injusto”.
La causa de origen “de la tragedia”, detalla, inició con la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, cuando se dio origen al esclavismo. A pesar de que actualmente está prohibida la esclavitud, dice Hernández Monge, los trabajadores viven en condiciones paupérrimas. “Aunque digan que vivimos en libertad, se trata de la libertad para morir de hambre, para escoger quién te va a explotar, si tienes suerte”.
Por ello, indica, “hay una búsqueda de un nuevo pacto social que ya se está construyendo en regiones enteras del país: los municipios autónomos zapatistas”. Hernández Monge considera que el modelo se está extendiendo de manera muy sólida, y pone como ejemplo la policía comunitaria de Guerrero, “que tiene una influencia directa de esta forma autonómica de organización. Y el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, que también es efecto de este movimiento que está vivo y actuando”.
Agrega que este movimiento tiene como meta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, “cuyo puerto de arribo es ese nuevo pacto social, esa nueva constitución. Para llegar a eso se proponen una rebelión nacional pacífica”.
Explica que, cuando se cierran los causes legales frente a la injusticia, lo que le queda al pueblo, y a los trabajadores de este país, es el derecho de resistencia. Al respecto, indica que el artículo 39 constitucional garantiza el principio y el derecho de la rebelión en contra de las tiranías, en contra de las dictaduras. “Nosotros, como pueblo, tenemos de manera primigenia la soberanía del país. Y tenemos que rescatarla”.

DESPOJO A LA NACION

2010-02-23T13:33:00.000-06:00

Proyecto México 2030: la venta de un país.
Autor: Nancy Flores. Revista Contralínea.

Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación.
Energía, agua, zonas de reserva de la biósfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo…

/ Primera parte

Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.
Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.
Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.
El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.
Bienes de la nación en riesgo
De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biósfera y las playas encabezan la lista de áreas que, “prioritariamente”, obtendrán “inversión privada”.
Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.
Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.
El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: “entreguista totalmente”.
Para Aguirre Rojas, “la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo”.
Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, “el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón”.
Energía y agua, objetivos reiterados
Los 14 documentos consultados por Contralínea indican que las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno calderonista desde fines de 2006 facilitarán las “inversiones público privadas” en todos los sectores, pero, con mayor énfasis, en el energético (hidrocarburos, electricidad) y en el hidráulico.
Descubren que, para ello, entre otras acciones será necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad –fusión impuesta el 11 de octubre de 2009 por medio del decreto presidencial que extinguió a la primera compañía–, permitir que Petróleos Mexicanos cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.
Aguirre Rojas explica que los proyectos de privatización han sido parcialmente exitosos, porque entregan los bienes de la nación “de una manera secreta, encubierta”. Pone como ejemplo la venta de la fibra óptica, “para lo cual fue necesario dar este golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas”.
En el ámbito del agua, los documentos del plan de “Gran Visión” indican que se debe “invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas”. En este último rubro, la “meta” es que “el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos” asociados.
En el eje de economía, el proyecto reitera que el sector privado debe participar en la infraestructura hidráulica para “reducir” las brechas de acceso al servicio de agua potable.
Los informes también detallan una mayor incidencia de la iniciativa privada incluso en las áreas de reserva de la biósfera, por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.
El economista e historiador Aguirre Rojas advierte que, bajo el falso manto del ecoturismo y de la recuperación de los recursos naturales, el gobierno está despojando a las comunidades indígenas de los recursos que les pertenecen y que han cuidado durante siglos.
Por ello, recuerda, fueron violados los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, “porque la concepción de los compañeros indígenas neozapatistas era: ‘Si somos autónomos, tenemos capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos’; pero ahí el Estado iba a perder justamente la capacidad de privatizar todos los bosques del sureste de Chiapas, todos los recursos de uranio, minerales, la inmensa cantidad de agua que hay ahí y que genera la tercera parte de la energía eléctrica de este país”.
Los propios documentos de la Presidencia de la República revelan un interés especial en el “desarrollo del sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”. Los planes de intervención no sólo se limitan a Chiapas, donde se ubica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; también abarcan Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario) y Guerrero (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
Y aunque el Proyecto México 2030 asegura que se respetarán a los legítimos propietarios de las tierras y los recursos naturales, también revela que se creará una normatividad que permita el despojo: “Una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.
Previsible, más pobreza
De 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias, indican datos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Al referirse a la experiencia de las privatizaciones en México, Ana Luisa Nerio Monroy, maestra en relaciones internacionales por la UNAM y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el sistema capitalista viola todos los derechos sociales.
“La política neoliberal –señala– tiene muchos años de haber probado que no beneficia a la población general; hay escasos beneficiarios: pequeñas elites que se enriquecen. Por eso genera descontento social.”
Para la activista, en México no hay una visión de Estado. “Calderón no es un estadista político; si lo fuera, estaría viendo por las generaciones futuras, por lo que va a ocurrir en años subsiguientes a su gobierno. Las estrategias que aplica son inadecuadas: está priorizando la seguridad represiva y las privatizaciones, no el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales ni de la vida digna de los mexicanos. Y es claro que con esas estrategias sólo está generando descontento social”.
El doctor Aguirre Rojas coincide: “Los que pagan la factura, como siempre, son los obreros, los campesinos, los indígenas, la gente que es expropiada de su tierra, a la que le roban el agua, a la que no le respetan sus recursos, a la que le destruyen el bosque, a la que le inundan un pueblo entero para crear una presa que ingenieros decidieron hacer sin tomar en cuenta a las propias comunidades ni las condiciones del terreno. Eso que hemos estado viviendo en México en el último tiempo”.
Añade que la crisis económica que está padeciendo el país es producto de las políticas privatizadoras, “de la idea de decir: hay que privatizar hasta el agua, hay que expropiarles las tierras a los campesinos y a los indígenas y volverlas propiedad privada, hay que expropiar todos los recursos y venderlos; lo cual explica, entre muchas otras cosas, la ofensiva terrible que ha estado desarrollando el gobierno contra las comunidades neozapatistas en Chiapas. Éste es un proceso que se está dando en todo el país”.
Puntualiza que México está aplicando “las peores políticas y está tomando las salidas más absurdas y más anacrónicas” respecto de la crisis cíclica que inició a mediados de 2008: “Una crisis de ciclos económicos Kondratieff”. Agrega que, “cuando se comparan las cifras de cómo se reaccionó o cómo impactó esta crisis económica mundial de fines de 2008 hasta hoy en toda América Latina, el país que más sufrió y que menos pudo enfrentarla fue México”.
El doctor en economía subraya que el mundo en su conjunto ya está volviendo a lo que sería la fase A de Kondratieff, con la aplicación de políticas neokeynesianas. Por ello, tras criticar el atraso de México, que sigue aplicando políticas neoliberales, recomienda tomar el ejemplo de Francia y de Estados Unidos, países donde el Estado vuelve a intervenir y a regular el mercado.
La maestra Nerio Monroy recuerda que “el mal manejo de la economía” ha derivado en el aumento en el precio de la canasta básica. Además, “en el caso de los derechos civiles, estamos observando que no se están generando empleos suficientes para tener una vida digna”. Con ello, se restringe el acceso a otros derechos sociales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el bienestar social.
La activista de los derechos humanos considera que la política neoliberal de Calderón y de los gobiernos que lo precedieron han incubado una serie de problemas sociales que van a estallar en algún momento. “Ahora lo estamos viendo con el problema del crimen organizado, que ya está afectando a personas inocentes”.
Agrega que “mientras no haya una construcción distinta de la política neoliberal en México, una verdadera transparencia en el uso de los recursos, mientras las elites políticas no dejen de imponer sus intereses y no pongan como prioridad a las personas que representan, se seguirán afectando los derechos sociales de la mayoría”.
Imposiciones autoritarias
La segunda ola de privatizaciones se gestó mientras un amplio sector de la sociedad exigía el recuento de los votos y llamaba “espurio” al presidente electo Calderón Hinojosa, por el presunto fraude en el que habría incurrido en los entonces recién concluidos comicios.
Para el historiador y economista Aguirre Rojas, ante la falta de legitimidad del actual gobierno federal, las privatizaciones sólo son y serán posibles por la vía de la imposición y la represión.
“Como lo dijo Gramsci y muchos teóricos políticos: para gobernar, los Estados se apoyan en dos cosas, por un lado en los elementos de la fuerza, la policías y el Ejército; por otro, en los elementos del consenso, es decir, en la credibilidad que pueden crear en la población de que lo que están haciendo es necesario, legítimo, válido, y por tanto les da un cierto apoyo social. El gobierno de Felipe Calderón, que llegó con ese monumental fraude, tenía cero consenso. Las bases de apoyo social de Felipe Calderón (actualmente) son superfrágiles”.
Agrega que el presidente de México ha venido gobernando exclusivamente a través de la fuerza. “Por eso el país está militarizado, por eso hoy tenemos ese triste liderazgo de Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta no de México ni de América Latina, sino del mundo entero: es más violenta que Bagdad, que la capital de Líbano, que las ciudades palestinas de la Franja de Gaza, que están en guerra permanente”.
El autor de América Latina en la encrucijada: los movimientos sociales y la muerte de la política moderna se pregunta “cómo puede ser que hayamos llegado a grados de violencia peores que los de Medellín en el peor momento de las décadas de 1970 y 1980, de su historia violenta. Eso –explica– se debe a que Felipe Calderón está gobernando sobre todo con el elemento de la fuerza y por eso ha sacado al Ejército en todas las ciudades del país y utiliza a la Policía Federal y a las policías estatales y municipales; por eso está criminalizando toda la protesta social, lo cual también anuncia un colapso del propio Estado en términos de su función política”.
Indica que no es una casualidad que se haya puesto de moda el discurso de que México es un Estado fallido, en crisis, inexistente, que no gobierna. Es un Estado que efectivamente está en una situación de colapso, que está apoyado sólo en elemento de la fuerza, con un consenso hiperfrágil y muy pequeño.
El historiador identifica que es esa fuerza la que se está usando para imponer las medidas neoliberales. “Por eso se le da ese ataque artero al Sindicato Mexicano de Electricistas y después la privatización (de la fibra óptica). Por eso, de repente, se inunda Juárez de soldados. Él está interviniendo del lado de unos; no es que esté realmente combatiendo al narcotráfico: está combatiendo a ciertos grupos del narcotráfico para beneficiar a otros.
“Él está usando al Ejército y a la policía en Ciudad Juárez para beneficiar a un grupo y atacar a otros; para golpear al SME y privatizar; para asustar a la gente y hacer pasar sus reformas petrolera, laboral, fiscal”.
—¿Sería previsible más represión?
—Desafortunadamente sí. En la medida en que él no tiene consenso social, no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. Entonces sólo le quedan estas medidas por la fuerza.
El historiador y economista observa, sin embargo, que “esto va a hacer que la protesta crezca, que la gente empiece a movilizarse, que los movimientos se organicen más de manera vertical y horizontal y que, espero, a partir de esto seamos capaces de ponerle un alto a Felipe Calderón”.
Los convidados del poder.
Detrás de las principales estrategias privatizadoras del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, hay apenas 420 personas, no sólo de nacionalidad mexicana, también extranjeras. En esencia, se trata de políticos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones financieras y académicos afines.
Entre los empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales e instituciones financieras destacan: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo (beneficiado con contratos tipo PPS en el ámbito de la salud, Contralínea 122).
Además, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA.
Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Proyectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingenierái; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre otros. (NF)

¡Pronto México se liberará!, anima Evo Morales a los revolucionarios del país

La Jornada

El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, emitió ayer un mensaje a los movimientos indígenas, sociales, obreros e intelectuales, así como a los revolucionarios del país: Mucha fuerza. ¡Pronto México se liberará! En un discurso largamente ovacionado por miles de personas que desbordaron el jardín Hidalgo de Coyoacán, el mandatario sostuvo que es posible liberar a América Latina del control de Estados Unidos si hay unidad y organización:
Hay que tener paciencia, aguantar a la derecha. Seguramente el sentimiento de los pueblos de Latinoamérica es una liberación. La unidad dentro de los movimienteos sociales y los partidos de izquierda es necesaria para esa liberación. Ésa es la experiencia que puedo aportar, dijo.
Emocionado por el recibimiento que se le prodigó, y que el mandatario definió como un acto de rencuentro con los movimientos que luchan y sueñan por un mundo de igualdad y dignidad, Evo Morales se refirió a la cumbre de países de América en Cancún, y sostuvo que de ese encuentro México podría pasar a la historia si se decide que Latinoamérica necesita una nueva OEA, sin Estados Unidos. ¡Qué mejor que en esta tierra de Benito Juárez y de Emiliano Zapata!
Más tarde, en conferencia de prensa que se prolongó durante una hora, a una pregunta sobre sus relaciones con otros jefes de Estado, aseguró que mantiene un trato de amistad con Calderón. Pero tampoco me pueden pedir que yo me pelee con ningún presidente, atajó.
También, a otra pregunta Morales Ayma admitió que no ve un cambio inmediato en ese mecanismo internacional, pero debemos ver hasta dónde podemos avanzar sin el imperio. Mi experiencia es que mejor sin el imperio: sin controles, chantajes, tutela e intentos de golpes de Estado. Al embajador de ese país lo expulsamos. Paz y tranquilidad.
Alertó que Washington ha modificado sus estrategias de intervencionismo en el continente. La conspiración es de otra forma: dividir a los movimientos sociales, enfrentar a los regímenes, el retorno de las bases militares en Perú, Colombia, Panamá... Pero nosotros no podemos defendernos con guerra, sino con la conciencia de nuestros pueblos.
Abierta provocación desde Honduras
El caso de Honduras, dijo, habla de la abierta conspiración del gobierno estadunidense para derrocar al presidente Manuel Zelaya. Si Washington quería acabar con el golpe de Estado, eso estaba en sus manos. Porque ahí estaba una de sus bases militares. Ésa es una abierta conspiración; una abierta provocación contra los presidentes de los países revolucionarios.
Satisfecho por el avance de gobiernos surgidos de la izquierda y de los movimientos sociales, ironizó: El eje del mal sigue creciendo. Antes era sólo Cuba, luego Venezuela, Brasil, Bolivia y Honduras.
En su discurso vespertino, planteó que no se puede olvidar al pueblo cubano ni a Fidel Castro. La lucha no ha sido en vano, y ahí viene otro compañero, Hugo Chávez. Qué bonita es la cooperación entre algunos presidentes de Latinoamérica, pero acuérdense de lo que les digo: el capitalismo no es ninguna solución para la humanidad. Pronto veremos en Latinoamérica al socialismo comunitario, estoy convencido de eso.
Evo Morales se refirió ampliamente a la experiencia de Bolivia y a su esfuerzo por recuperar los bienes nacionales, que le permitió ingresos extraordinarios con los cuales su país dejó de ser un país indigno y mendigo y hemos empezado a dignificar a todos los bolivianos. Expuso que al inicio de su gobierno persistía la incertidumbre de lograr un superávit no obtenido durante 65 años.
No obstante, dijo, la sola recuperación de los hidrocarburos libró a Bolivia del déficit fiscal. Pasó el tiempo y en septiembre (de 2006) revisamos nuestra macroeconomía. ¡Había plata! El gobierno no tiene que mandar al gabinete económico a Estados Unidos para hacerse de plata para pagar aguinaldos. Se acabó eso. Sobró plata. El primer año de nuestro gobierno con superávit fiscal, expresó.
Antes, refirió, 70 por ciento de la inversión privada se concretaba con créditos contratados en el exterior o con cooperación internacional, y el otro 30 por ciento con impuestos y regalías de las trasnacionales adueñadas del petróleo. Pero el año pasado 70 por ciento de la inversión fue con nuestra plata, pero en poco tiempo toda la inversión será con plata boliviana.
Recargada agenda para defenderme
Morales Ayma inició su discurso con una disculpa por no haber aceptado antes las invitaciones que el movimiento indígena de México le hizo para visitar el país. Pero tenía una recargada agenda para defenderme como presidente.
El recibimiento estuvo a cargo del delegado de Coyoacán, Raúl Flores, quien fue abucheado por una multitud descontenta con la desorganización del encuentro. La silbatina duró el tiempo en que el funcionario acabó su discurso. ¡Fuera, fuera!, le gritaron. ¡Que se baje!, le exigieron.
Presidente de los indígenas
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó en su bienvenida: Vivimos en una América a la que el poeta (Rubén Darío) llamó la América fragante de Cristóbal Colón. Era bella, hermosa, pero hoy huele a sangre, a crímenes, a corrupción, y sobre todo hay muertos, fraudes y engaños.
Afirmó que así como Espartaco al ser crucificado dijo que volvería y serían millones, así somos millones los bolivianos, los argentinos, los mexicanos que podemos hacer un solo país del continente... Somos muchos y los poderosos, los usurpadores, son unos cuantos. Así, con el dedo, sin hacerles daño, los podemos hacer a un lado.
La mazahua Elisa Segundo aseguró que la lucha de Morales en Bolivia es también nuestra lucha, porque él también sufrió como nosotros. Él sí es presidente de los indígenas. Es el único hombre reconocible de América, porque nos escucha. ¡Sigamos adelante con él y venceremos!

Piden "descongelar" las iniciativas para limitar el fuero militar

Paulina Rivas Ayala
Argenpress

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por el caso Rosendo Radilla Pacheco es muy clara en su mandato de ponerle límite al fuero militar, y ante ello, las y los legisladores deben “desempolvar o descongelar” las iniciativas que se han propuesto al respecto, no se necesita una orden del Ejecutivo para cumplir la condena.

Así lo señaló el director jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) Humberto Guerrero Rosales, después de una plática entre académicos sobre la sentencia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El fallo de la CoIDH mandata la armonización del Artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) con la Convención Americana de Derechos Humanos y para lograrlo “no hace falta mas que un procedimiento legislativo normal”, es decir que el ejecutivo o el legislativo presenten la iniciativa de modificación y para ello “lo único que se necesita es voluntad política”, indicó. La responsabilidad para el cumplimiento de la sentencia, consideró, es de todos los partidos políticos y en especial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues las desapariciones forzadas y la violencia militar en la montaña de Guerrero ocurrieron en un régimen priísta y este grupo tiene el deber moral de impulsar el cambio.
También el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que en algún tiempo estuvo impulsando las reformas al CJM puede sacarlas a flote de nuevo porque la sentencia no sólo es para el ejecutivo, sino que involucra a los tres poderes y niveles de gobierno. Cabe recordar que en octubre de 2006, la diputada federal Marina Arvizu Rivas del partido Alternativa Socialdemócrata presentó una iniciativa para modificar el artículo 13 constitucional, y así limitar la competencia de la jurisdicción militar para conocer los delitos cometidos por elementos castrenses, la cual fue turnada a la comisión de la Defensa Nacional donde fue rechazada. El PRD también presentó una iniciativa el 13 de marzo de 2007, en voz del senador René Arce, para reformar el artículo 13 constitucional y 57 del CJM. Dicha iniciativa surgió después de la violación sexual que militares cometieron contra Ernestina Ascencio en Veracruz y contra 14 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños Coahuila.
El documento fue turnado a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Defensa Nacional y Estudios legislativos. La más reciente Iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal del Partido del Trabajo (PT) el 29 de julio de 2009, en la que propone la modificación al Artículo 57 del CJM para que los soldados que cometan violaciones contra civiles sean juzgados por la autoridad civil que corresponda, esta iniciativa aún se encuentra en trámite. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo la oportunidad, de acuerdo con las organizaciones civiles de derechos humanos, de acotar el fuero militar al discutir y conocer de un amparo interpuesto por la viuda de un civil asesinado por militares.
Sin embargo, la SCJN determinó no entrar al fondo de la discusión y desechó la petición de la interesada por considerar que no tenía interés jurídico para solicitar la impugnación del artículo 57 del CJM. Justicia de transición Humberto Guerrero, explicó que para que haya una verdadera justicia de transición, un país debe hacerle frente a su pasado autoritario para así poder vivir, caminar hacia la democracia y “eso es exactamente lo que no ha hecho México, ni el Partido Acción Nacional (PAN) a pesar de que dijo que lo haría”. En el caso de Rosendo Radilla, dijo, su desaparición sucedió porque el Ejército mexicano actuaba al amparo de la ley y protegido por un sistema de justicia ineficaz lo que se tradujo en un contexto de violaciones sistemáticas y eso es lo mismo que ocurre ahora. Por ello, en México, no se puede hablar de la transición a la democracia. El Estado “ya no puede argumentar que (la decisión de la Corte) no es vinculante porque es una condena” y si el fallo no se cumple “lo único que demuestra es que no tiene ninguna voluntad política de resolver el problema”. Además, todos los argumentos que interpuso para justificar el fuero de guerra ante el máximo tribunal de justicia del continente fueron refutados unos a uno por la Corte y “no hay de otra tiene que cumplir”.