EL PRI Y SUS PARAMILITARES.

Grupo paramilitar priista impone su ley y amedrenta al Estado.
Autor: Zósimo Camacho

Paramilitares desafían a la comunidad internacional de defensores de derechos humanos y emboscan a activistas y periodistas en la sierra triqui de Oaxaca. El grupo, armado con fusiles de uso exclusivo del Ejército, asesina a la dirigente del centro Cactus, Beatriz Alberta Cariño, y al observador Jiry Jakkola, de Finlandia, país que actualmente ostenta la coordinación en materia de derechos humanos de la Unión Europea; también balea a decenas de personas. En estos hechos, desaparecen –y tras largas gestiones son rescatados– los reporteros de Contralínea Érika Ramírez y David Cilia
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Al interior de la camioneta blanca tipo Van, marca Ford, ropas revueltas, envoltorios y restos de golosinas en los asientos, polvo de vidrios, sangre desparramada sobre los respaldos: parece conservar la desesperación de sus ocupantes por abandonar el vehículo. Al exterior, más de 20 impactos de bala de fusiles de asalto y la manta, que anunciaba la caravana humanitaria internacional por la paz, hecha jirones.
La camioneta se encuentra varada junto con una vieja grúa en la carretera que atraviesa esta cabecera municipal y llega hasta San Juan Copala, el principal centro político y ceremonial de la centenaria cultura triqui, al que sólo se puede acceder con el permiso de los grupos paramilitares, a decir del comandante regional de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Lázaro Hernández, y del agente estatal de investigaciones del municipio, Miguel López.
En el vehículo perdieron la vida, el pasado 27 de abril, Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jiry Jakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés. Los activistas se encontraban al frente de un grupo de 27 personas entre defensores de derechos humanos, profesores, simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, adherentes a La Otra Campaña y periodistas, dos de ellos, Érika Ramírez y David Cilia, de este semanario.
Los automóviles fueron interceptados en el paraje conocido como La Sabana, a sólo un kilómetro de su destino y aproximadamente a 100 de esta ciudad de Juxtlahuaca. Uno de los vehículos pudo darse a la fuga y los otros tres fueron rafagueados con fusiles de asalto AK-47 y AR-15. El saldo preeliminar fue de dos personas muertas; 21, heridas (con lesiones de leves a graves); cuatro desaparecidas (los activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, Vocal, David Venegas y Noé Bautista, y los reporteros de Contralínea Érika Ramírez y David Cilia).
La caravana tenía como objetivo llegar al municipio autónomo de San Juan Copala, comunidad triqui que mayoritariamente simpatiza con el Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente (MULTI), impulsor de la autonomía y la autogestión indígena en la región y antagonista del también considerado izquierdista Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT) y del grupo priista Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el cual cuenta con un grupo paramilitar al que se le atribuye la autoría de la emboscada. Entre los principales dirigentes de esta organización se encuentran Antonio Pájaro, Rufino Juárez, Evencio Martínez.
Cuatro automotores integraron la caravana: la camioneta blanca, con 16 personas a bordo; un sedan azul Dodge, Attitude, con placas de Quintana Roo, en el que viajaban los dos reporteros de Contralínea; una camioneta negra tipo Explorer, Ford, y una camioneta blanca que transportaba profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
El convoy se encontró con la patrulla 1224 de la AEI aproximadamente 10 kilómetros antes de que fuera agredida. En el paraje de La Sabana, cuando pasaban de las 14:30 horas, la vanguardia se detuvo al observar una valla de piedras. La primera bala se incrustó en la parte delantera de la camioneta blanca tipo Van. Le siguieron cerradas descargas sobre los dos automotores siguientes. El último pudo dar la vuelta y regresar apresuradamente.
Los aproximadamente 20 encapuchados, apostados en un montículo al lado izquierdo de la caravana, dispararon a bocajarro sobre los automotores.
—Cuando comenzó la lluvia de balas, yo me hice bolita en el sillón. Balazos, balazos, balazos… no terminan –recuerda con lágrimas y desde el Hospital Rural 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mónica Citlali Ortiz, de 22 años, de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL).
“Voltee a ver a mi compañera Beti (Alberta Cariño), pero fue en el momento en que le entró una bala en su cabeza. Y yo comencé a sentir algo caliente en mi espalda; me toco y veo sangre… Sigo escuchando balazos y cuando veo a mi compañero Jiry, en ese momento le toca un balazo en la cabeza y le saca los sesos.”
Mónica Citlali lograría huir al monte y luego encontrar la carretera. “Corrimos, rodamos, caminamos”, explica. En una casa le dieron agua y le pidieron que saliera por temor a represalias del grupo paramilitar. Llegó mediante un aventón al hospital. Con los ojos llorosos y los nervios faciales crispados, no puede creer que salga por su propio pie del hospital llevando entre sus manos su blusa blanca ensangrentada con el orificio de la bala a la altura del pecho. Se trató de un pedazo de bala que rebotó contra su espalda.
—Confusión, gritos, seguían los disparos. Percibo que hay gente herida, pero ya en muy mala condición –relata Daniel Arellano Chávez, integrante de VOCAL–. Decidimos bajarnos de la camioneta y salir corriendo; pero ellos se desplegaron muy bien e hicieron una línea de disparos; quedamos escondidos, pero atrapados; y luego ya empezó una persecución a pie sobre varios de nosotros.
Botas con casquillo metálico, pantalón de mezclilla, camisas sin distintivos y pasamontañas, los integrantes del grupo paramilitar utilizaron pocas palabras para coordinarse. Cuando hablaron, lo hicieron en español; pero, principalmente, se comunicaron mediante silbidos, sonidos de animales y ademanes.
—Yo estuve escondido como cinco horas en el monte junto con el reportero del periódico Noticias, Roger y Gabriela Jiménez –explica Rubén Valencia, integrante de VOCAL–. Decidimos salir, pero nos agarraron como a la media hora. Nos hincaron. Pero como el compañero del periódico Noticias dijo que era de la prensa, los tres pasamos como gente de la prensa.
Los operativos de “rescate”
Los agentes de la AEI, encabezada en la región por el comandante Lázaro Hernández, ingresaron a la zona hasta que contaron con el permiso de “los contactos” o “enlaces” de esa institución con el grupo paramilitar.
“Nadie puede ir ahí, ni el Ejército. Nosotros negociamos llegar hasta cierto punto y, aun así, ellos (los paramilitares) hacen disparos al aire. Si nos pasamos del punto al que acordamos llegar, sí nos disparan a dar”, explica.
Por su parte, el agente estatal de investigación del municipio de Juxtlahuaca, Miguel López, pregunta a los activistas y periodistas que integraron la caravana si “a poco no saben nada de esta zona; ¿no sabían que no pueden subir allá nada más porque sí?”
La primera incursión de la policía tuvo lugar el 28 de abril, al día siguiente de la emboscada. Alrededor de las 8:30 horas, 45 efectivos de la AEI junto con un cuerpo de peritos y otro de médicos salieron de Juxtlahuaca con rumbo al lugar donde se ejecutó la emboscada. No acudió el Ministerio Público. Alrededor de las 13:00 horas bajaron los cuerpos de Alberta Cariño y Jiry Jakkola. Dijeron no haber encontrado ni heridos ni más cuerpos. Luego de una segunda “incursión” y a más de 24 horas de las agresiones, los agentes bajaron los automóviles agredidos. Contrataron grúas particulares para trasladar los vehículos a corralones de esta ciudad.
El comandante Lázaro Hernández informó que no había encontrado “nada más” en la zona. Pero reconoció que el grupo de efectivos que lo acompaña debe hacer su trabajo “muy rápido” para no permanecer mucho tiempo en esos cerros agrestes.
Para Omar Esparza, de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, del Movimiento Indígena Agrario Zapatista, una de las organizaciones convocantes de la caravana, la agresión es a causa de que “los grupos caciquiles que controlan la vida de las personas en estos pueblos no han querido aceptar que las comunidades pueden ejercer su derecho a organizarse de manera autónoma”.
Alrededor de 22 impactos de bala se pudieron apreciar en el lado izquierdo de la carrocería del vehículo en el que viajaban los reporteros de esta revista: un Attitude azul, marca Dodge, con placas 4761TMD, del estado de Quintana Roo. Los cristales fueron reventados por las balas, las cuales se incrustaron en los sillones. En los asientos del piloto y traseros no se encontraron rastros de sangre. Sólo en el del copiloto se apreciaron pequeños manchones rojizos.
Zapatos, lentes, bolsa de maquillaje, suéteres quedaron como mudos testigos de la agresión y secuestro de los periodistas de este medio de comunicación.
El rescate
La mañana del 29 de abril, David Venegas y Noé Bautista rompieron el cerco paramilitar y llegaron a la ciudad de Juxtlahuaca. Confirmaron que David Cilia y Érika Ramírez, con quienes estuvieron escondidos en la serranía, estaban vivos y fuera de peligro de muerte.
“Si ellos llegan a morir, será de hambre o sed, porque las autoridades del gobierno de Oaxaca no han desalojado a los paramilitares”. Como prueba de vida presentaron un video en el que los periodistas de Contralínea informaban que estaban conscientes y solicitaban ser rescatados.
Tras largas gestiones con el gobierno del estado de Oaxaca, a las 16:40 inició el operativo para su rescate. Pasada la media noche, los periodistas fueron ingresados con vida al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Juxtlahuaca.
Érika Ramírez se encuentra sin ningún tipo de lesión, pero deshidratada y débil. David Cilia se encuentra con una herida de bala en la pierna izquierda y un rozón de bala a la altura de la cintura. (Redacción)
Gobierno federal, indolente ante las desapariciones
Integrantes de diversas organizaciones sociales se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación para exigir justicia e información sobre lo ocurrido el miércoles 27 de abril en las inmediaciones de la comunidad autónoma de San Juan Copala, cuando fue emboscada la caravana de paz con destino a ese poblado.
Tras dos horas de espera –durante las cuales policías federales replegaban a los manifestantes–, alrededor de las cinco de la tarde una comisión fue recibida por Jorge González González, subdirector de Concertación Política de la Secretaría de Gobernación. “No sabemos nada. Manden un correo al presidente”, la respuesta del funcionario.
Habitantes de la comunidad autónoma, familiares de las personas entonces desaparecidas a raíz de la emboscada, profesores de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño y representantes del Comité 68, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de la Ciudad de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), participaron en la protesta.
Reyna García, mamá de David Cilia, periodista desparecido; Carlos Rodríguez, profesor de la UAM Xochimilco; Adolfo Palma, integrante del Comité 68; y Marco Albino, de las comunidades triquis, entregaron a esta Secretaría un documento dirigido a Fernando Gómez Mont, su titular, en el que le exigen información sobre las personas agredidas y desaparecidas “para precisar las responsabilidades judiciales de los culpables”. (Flor Goche)
ONU denunció la desaparición de reporteros
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, denunció la, hasta entonces, desaparición de los periodistas Érika Ramírez y David Cilia, tras la emboscada contra una misión humanitaria en Juxtlahuaca, Oaxaca.
En conferencia de prensa, el jueves 29 de abril de 2010, dijo que, con la privación ilegal de la libertad de los reporteros del semanario Contralínea, ya suman 12 los periodistas desaparecidos en México desde 2000.
Un día antes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México había condenado “los hechos de violencia en San Juan Copala, Oaxaca”, ocurridos el 27 de abril en contra de la caravana de paz que se dirigía a la comunidad autónoma triqui, y en los que murieron la defensora de derechos humanos Beatriz Cariño y el observador finlandés Jiry Jakkola.
Urgió “la pronta ubicación de las personas de las cuales se desconoce su paradero”, entre ellas Érika Ramírez y David Cilia, destacó. La OACNUDH llamó a las autoridades responsables para que “conduzcan una investigación imparcial, expedita y efectiva de los hechos que tenga como objetivo el procesamiento y, en su caso, la sanción de las personas responsables”.
También las exhortó a “adoptar las medidas necesarias para disminuir la tensión y la violencia en la zona triqui, mediante el desarme de los grupos civiles y el establecimiento de mesas de mediación y diálogo entre las partes involucradas plenamente respetuosas de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos su derecho a la libre determinación en los términos que señala la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. (Redacción, con información de Notimex)
El fracaso de la ACE
Paulina Monroy.
Profesores siguen padeciendo discrecionalidad, inequidad y venta de plazas. Los estímulos monetarios que reciben algunos docentes no se entregan de acuerdo con los resultados de aprovechamiento escolar de los alumnos. A pesar del fracaso de la Alianza por la Calidad de la Educación, Felipe Calderón anuncia el inicio del Programa de Estímulos a la Calidad Docente, estrategia que se encaminará al fracaso, observan especialistas
Por más de 11 años, Elva Alvarado Rodríguez ha dedicado su vida a la educación especial en la primaria Miguel Hidalgo, en Tepic, Nayarit. Su función es buscar estrategias que atiendan las necesidades especiales de los alumnos. Cada quincena recibe 3 mil 300 pesos como sueldo base. De ser aceptada en el Programa de Carrera Magisterial (PCM), recibiría hasta 4 mil 100 pesos en el nivel A; sin embargo, expresa “no sólo no me permiten incorporarme, sino que me ponen obstáculos”.
Luego de estudiar la maestría en educación con intervención en la práctica educativa en Puerto Vallarta, concursó para ser incorporada al PCM. Pese a cumplir con los requisitos y el puntaje, no fue elegida, pues incumplió con el requisito de ser normalista. Al reclamar, recibió una copia fotostática de un caso específico que habla sobre aquellos docentes de educación especial que no pueden participar como maestros de primaria.
Sin embargo, el Anexo 3 de los Lineamientos generales de Carrera Magisterial considera a la educación especial entre los grados académicos aceptados para participar en el programa. En esa modalidad, el grado mínimo necesario es de normalista en primaria o de especialización y licenciado de alguna institución de educación superior afín a la especialidad.
Según la definición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la educación especial es una modalidad de educación básica cuyo enfoque es la inclusión y el respeto de la diversidad. Considera la atención de alumnos a través de prácticas que permitan eliminar barreras de aprendizaje: “Implica que todos los niños aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales, culturales o discapacidades”.
Contrario a la respuesta de la SEP, a nivel estatal se convocó a docentes con conocimientos en educación especial para la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), instancia técnica operativa que brinda apoyos técnicos, metodológicos y conceptuales particularmente a los alumnos que presentan discapacidad o problemas de aprendizaje.
Durante el ciclo escolar 2005-2006, Elva aceptó ser asesora técnica pedagógica. Su intención era participar en el programa. No obstante, su ficha fue rechazada por su perfil en educación especial. Al cuestionamiento de Alvarado Martínez, la Comisión Paritaria Estatal de Carrera Magisterial respondió que sólo realizando funciones como maestra de educación especial en una USAER podría participar.
Cuando regresó a la unidad, otra vez solicitó su inclusión. Su solicitud fue nuevamente rechazada debido, alegaron, a su cambio. La afectada aclara que lo hizo en los plazos establecidos. Frente a la impotencia de no ser otra vez aceptada, demandó a la comisión en 2006. Alvarado Martínez demandó su incorporación por el puntaje que alcanzó en los exámenes, sin que se llegara a ningún acuerdo.
Dos años después, la maestra se inscribió al concurso para ser elegible en el PCM. La Comisión Paritaria Estatal le entregó un oficio donde le explican que al encontrarse pendiente de resolver el juicio laboral, su participación en carrera magisterial se interrumpiría hasta que se emitiera el laudo resolutivo o se desista la demandante. El proceso, apunta, podría tardar hasta 10 años. Existen ya dos resoluciones a su favor, aunque la comisión interpone amparos que prolongan el juicio.
La docente argumenta que con una maestría en educación, de acuerdo con los lineamientos, podría participar en el programa como docente de primaria. Señala que es falso el argumento sobre que el enfoque de educación especial sea distinto al de educación básica. En lo único que difieren, apunta, es que se incluya materias de especialización en neuroanatomía y sicomotricidad.
Para la docente, resulta ilógico que mientras no se les permite a maestros de educación especial participar en carrera magisterial por tecnicismos, a docentes de primaria sí se les conceda trabajar en educación especial, cuando se requiere una formación académica más completa.
Sin que importe sus grados como maestra y doctora en educación, la calificación de sus exámenes o los 16.21 puntos alcanzados por sus alumnos en rendimiento escolar, la maestra se siente marginada. Atribuye las anomalías en el programa a que quienes lo operan, pues son personas que no viven diario lo que sucede en el aula.
“Este camino ha sido muy accidentado. He invertido más de lo que he ganado en estos 11 años. Estoy muy decepcionada porque no les he pedido nada. Por el contrario, he cumplido con los requisitos. Lo mínimo que pido es que las autoridades se percaten que hay mucho por modificar del PCM”, expresa.
En su opinión, los lineamientos del PCM son obsoletos, pues desde la creación del programa no han sido modificados. Por lo que, asegura, “no se cumple con el objetivo por el que fue creado el programa”.
Desarrollado en 1992 conjuntamente por la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Programa Nacional de Carrera Magisterio recompensaría al magisterio para mejorar su desempeño. De esta manera, se buscaba mejorar las condiciones profesionales, materiales y sociales de los docentes a partir del pago de salarios mayores. Además de estimular la calidad de la educación.
Se trata de un sistema escalafonario que consta de cinco niveles de estímulos. Para ser beneficiario se evalúa la antigüedad, el grado académico, la preparación, los cursos de actualización y el desempeño profesional.
La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), firmada el 15 de mayo de 2008 por el SNTE y el gobierno federal, incluye entre sus objetivos la profesionalización de docentes. Ese eje contempla la promoción de nuevas plazas; la creación del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación; la certificación de competencias; el fortalecimiento de la docencia en escuelas normales, y las modificaciones a los lineamientos del PCM.
La reforma consideraría el aprovechamiento escolar, los cursos de actualización, el desempeño profesional y la creación del Programa de Estímulos a la Calidad Docente. A punto de cumplirse dos años desde que se celebró el pacto que transformaría el modelo educativo para impulsar una mayor calidad y equidad, la reforma continúa en la congeladora. De acuerdo con el Reporte de avances del 16 de febrero al 15 de marzo de 2010 de la ACE, la propuesta de reforma todavía está en análisis.
Especialistas señalan que el PCM no ha cumplido su propósito inicial, incentivar a los mejores maestros según sus cualidades. Por el contrario, las plazas se manejan de manera inequitativa y discrecional, mientras no se ve reflejada la entrega de estímulos con el mejoramiento escolar de los alumnos.
Inequidad en carrera magisterial y entrega de estímulos
Para Aldo Muñoz Armenta, investigador del Observatorio Ciudadano de la Educación, los objetivos iniciales de carrera magisterial no se cumplen toda vez que más que evaluar la capacidad y el conocimiento del maestro, se incluyen criterios que se pretendían evitar, como la antigüedad de los profesores y los compromisos personales.
Los lineamientos para ser elegible en carrera magisterial son negociados entre gobiernos estatales y secciones sindicales. El problema, define el académico, es que se prestan a actos de reinterpretación. “Como resultado, el ingreso está sujeto a negociaciones y, por lo tanto, no acceden los mejores maestros y sus alumnos no son los mejores”.
Al respecto, el informe Haciendo camino: análisis del sistema de evaluación y del impacto del programa de estímulos docentes Carrera Magisterial en México, de la organización RAND, identificó que los exámenes aplicados a los maestros para medir su preparación profesional y permitir su ingreso se enfocaban más a la memorización que en medir habilidades cognitivas de alto nivel.
Del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), el especialista agrega que los recursos transferidos desde la Federación no son usados en su totalidad por los gobiernos estatales, por lo que el acceso al PCM es limitado: “Cada paquete económico entregado a los estados obedece a criterios técnicos. Una vez que llega el recurso, el gobernador se reúne con las secciones sindicales para llegar a acuerdos sobre la repartición”.
El investigador expone que, puesto que la bolsa de plazas depende del presupuesto aprobado y de la negociación SEP-SNTE, nunca ha sido suficiente para cubrir la totalidad de demanda. Además, considera, “crean criterios ad hoc para distribuir las plazas”.
El reporte de la organización RAND concluyó que frente a la falta de parámetros confiables que evalúen a los docentes, el PCM incorpora, promueve y valora a un porcentaje de los docentes.
Al respecto, la “Auditoría de desempeño al programa de carrera magisterial”, publicada en 2009 por la Auditoría Superior de la Federación, señala que, después de 16 años de funcionamiento del PCM, sólo el 57 por ciento de más de 1 millón 52 mil plazas docentes de educación básica fueron incorporadas al programa. La revisión a la Cuenta Pública 2007 sostiene que, hasta ese año, 452 mil 15 plazas no contaban con ese beneficio.
Muñoz Armenta menciona que desde 2002 no hay datos oficiales sobre la cantidad de maestros que participan en carrera magisterial y cómo están distribuidos según su nivel. Se calcula que hay 10 mil maestros que demandan su ingreso a carrera magisterial. El académico estima que en los próximos 30 años no alcanzará el presupuesto para incorporar a todos los profesores que tienen derecho.
En las modificaciones previstas por la Alianza por la Calidad de la Educación a los lineamientos de carrera magisterial, el académico cree que hay que considerar los factores de inequidad entre maestros de zonas rurales y urbanas.
Explica que mientras los primeros deben enfrentar problemas como la desnutrición, el maltrato y el bajo desempeño educativo de sus alumnos, los segundos, en automático, son premiados. “¿Qué hacer para reconocer a los que lo hacen bien en las zonas urbanas, sin castigar, por las condiciones sociales, a los maestros de las zonas rurales?”, cuestiona Muñoz Armenta.
A decir del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la carrera magisterial continúa presentando el mismo comportamiento desde su creación. Mientras los profesores de primarias urbanas participan de los incentivos en casi 61 por ciento, los de primarias rurales, en un 43 por ciento, y los de educación indígena, sólo en un 39 por ciento.
El 19 de abril, Felipe Calderón Hinojosa anunció la puesta en marcha del Programa de Estímulos a la Calidad Docente. Con la estrategia se pretende entregar 900 millones de pesos para beneficiar a 270 mil maestros en función de los resultados académicos alcanzados por los alumnos de un año a otro en la prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE).
Publicado en agosto de 2009, La alianza por la calidad de la educación: modernización de los centros escolares y profesionalización de los maestros, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, señala que la lógica de la propuesta puede reproducir y profundizar las brechas de desigualdad económica y material entre escuelas urbanas, rurales, indígenas y comunitarias.
Y es que los resultados de la prueba de ENLACE y los indicadores de los Exámenes para la Calidad y el Logro Educativo y del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes demuestran que la curva de aprovechamiento va siempre en sentido descendiente de la ciudad al campo.
El autor del documento, Juan Carlos Amador Hernández, advierte que de quedar supeditado el salario de los docentes al aprovechamiento escolar de los alumnos, no sólo se ampliaría la inequidad, sino se corre el riesgo de que la prueba de ENLACE se convierta en el eje rector de la enseñanza y del aprendizaje.
SNTE usa plazas de manera discrecional
“El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de sus secciones, interviene en el proceso de elección para reorientar las plazas de manera clientelar”, expresa Muñoz Armenta. El académico revela que los incentivos son operados por los cuadros del sindicato que están alojados en la SEP.
Señala que, en 15 secretarías estatales de educación, el titular pertenece al SNTE: “La parte operativa termina en manos del sindicato. Cuando eso ocurre, el programa, que parecía preocuparse por ser más justo, se convierte en un esquema más del clientelismo de líderes sindicales que solapa y defiende el comité nacional”.
Muñoz Armenta ve en la relación SEP-SNTE un obstáculo para el avance de las reformas a los lineamientos de carrera magisterial. Para el investigador del Observatorio Ciudadano de la Educación, la entidad y el sindicato son lo mismo.
Debido a que las grandes protestas fueron encabezadas por maestros, la secretaría “necesitó compartir la autoridad”. De este modo, expone Muñoz Armenta, la SEP entregó subdirecciones, direcciones y jefaturas de sector al SNTE: “Desde los años 30, por acuerdo del gobierno, la pirámide sindical está traslapada con la autoridad educativa. Por eso, los líderes sindicales son aliados de las autoridades para lo bueno y lo malo, y el SNTE se convierte en autoridad”.
El especialista apunta que, para mantener su legitimidad, el sindicato es condescendiente con las prácticas laborales de los maestros. Observa que una vigilancia “relajada”, consecuencia de los acuerdos entre sindicato, gobierno y trabajadores, más una población no solidarizada con la enseñanza dificultan que se garantice la calidad en la educación.
De este modo, la dirigencia nacional del SNTE, observa el investigador, está dedicada a negociar el paquete presupuestal por año sin darle seguimiento a los problemas de operación. Entre las irregularidades no vigiladas, especifica, está el uso de plazas que quedan libres por jubilación o fallecimiento de los maestros. Estas vacantes no son dadas de baja, según denuncia el académico de la UIA, y el dinero que reciben es desviado.
Los gobernadores que no tienen ningún tipo de fiscalización utilizan los recursos de carrera magisterial y del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y la Normal para pagar actividades no educativas”. En su opinión, es el presupuesto más “manoseado”, pues las entidades lo reciben, asignan y reasignan.
Indispensable incluir calidad educativa en PCM
“El sistema tiene virtudes y sirvió para aliviar la situación salarial del magisterio cuando inició, pero en estos momentos si se le van a inyectar más recursos, sería bueno que el programa potencie el que los estímulos se traduzcan en calidad educativa”, expone Lucrecia Santibáñez Martínez, directora del Área de Educación de la Fundación Implementación, Diseño, Evaluación y Análisis de Políticas Públicas.
En 2007, el informe Haciendo camino: análisis del sistema de evaluación y del impacto del programa de estímulos docentes Carrera Magisterial en México, publicado por la organización RAND, concluía que el PCM no había tenido ningún efecto visible en el aprovechamiento escolar.
Santibáñez Martínez, autora del estudio, detectó que los incentivos tuvieron un impacto mínimo para mejorar el desempeño del alumnado en las pruebas que miden la calidad educativa. Incluso, advirtió, la motivación para mejorar el rendimiento de los alumnos disminuye una vez que los maestros se incorporan al PCM o reciben una promoción porque tienen garantizados los estímulos para el resto de su carrera.
La observación fue compartida por la Auditoría Superior de la Federación en la Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007. El máximo órgano de fiscalización concluyó, tras estudiar el PCM, que la SEP cumplió parcialmente el objetivo de coadyuvar a elevar la calidad en la educación (Contralínea 136).
En entrevista con Contralínea, la especialista comenta que el incentivo en teoría tendría que ser un estímulo para que el maestro se esforzara; sin embargo, no ocurre así. Y es que menciona que no importando su desempeño, el maestro beneficiado por el PCM nunca deja de serlo. Que los estímulos estén garantizados de por vida puede incitar que los maestros ya no se esfuercen. En su opinión, sería mejor un proceso de recertificación. De esa manera, aquellos maestros que no demostraran un nivel suficiente de competencia perderían el beneficio.
No obstante el informe de la organización RAND fue realizado a petición de la SEP, desde su publicación, el programa no ha sufrido modificaciones sustanciales. La también profesora-investigadora con licencia del Centro de Investigación y Docencia Económica prevé que, sin reformas al programa, no se esperarían efectos positivos.
Las observaciones al estudio, agrega la también doctora en educación por la Universidad de Stanford, se relacionan con el sistema de incentivos y evaluación. Explica que para el primer caso resulta un problema el que sólo se utilice un tipo de puntuación en la promoción de maestros, pues “puede estar afectado por razones ajenas al desempeño del maestro”. Sugiere que antigüedad y grado de estudios no sean considerados dentro de la fórmula, pues ya forman parte del escalafón.
Respecto del sistema de evaluación, quien ha sido miembro del Comité de Técnico de la prueba de ENLACE y Ceneval señala que independiente del nivel del maestro, el mismo examen se realiza para todos. Advierte que de conceptualizarse como un sistema de carrera, los maestros en un nivel mayor tendrían que demostrar mayores competencias didácticas.
Por su parte, Muñoz Armenta advierte que de colocarse a personas con conocimientos y experiencia al frente de la SEP, habría estatutos de ingresos con criterios claros de qué y cómo evaluar. Prevé que de calificarse aspectos como el diseño curricular, la carrera del maestro y su desempeño en las aulas, la evaluación sería más justa.
En opinión de Santibáñez Martínez, el rendimiento de los estudiantes sí debe integrarse a las metas del PCM: “Si se pretende que sea un sistema de incentivos, sus objetivos tendrían que reformularse para convertirlo en un programa que recompense a los maestros que demuestren que sus alumnos aprenden más”.
El investigador del Observatorio Ciudadano de la Educación, Muñoz Armenta, concluye que la carrera magisterial está descompuesta: “Para la mayoría de los maestros, es un sobresueldo, pues no se refleja el mejor desempeño de los alumnos”. El programa, opina el especialista, “fue hecho al vapor y para causar el menor daño posible a la gobernabilidad del sindicato”.
Fraude en venta de plazas
Frente a la falta de oportunidades laborales en Guerrero, ocho maestros se vieron obligados a pagar 50 mil pesos para comprar una plaza docente en 2008. Hoy está abierta una demanda por fraude contra Emma Rojas Castro, supuesta coordinadora estatal de los Trabajadores de Educación de Guerrero, quien, dicen, vendió ese año más de 100 plazas de educación básica. También está involucrada Nicuali Uriostegui Miranda, quien fue intermediaria entre los profesores y la servidora pública.
En una primera entrega, debían pagar 25 mil pesos, por los que recibieron un pagaré. En una segunda, el resto del total una vez que recibieran un bono que, según se les prometió, se les entregaría cuando iniciaran labores. Además debían entregar un porcentaje del incentivo a Uriostegui Miranda.
Los profesores recibirían las plazas en telesecundaria en noviembre. “Fuimos tontos porque no abrimos los ojos antes. Confiamos que tendríamos la plaza, pero nos pusieron pretextos”, expresa una de las afectadas.
Un año después, el gobernador Zeferino Torreblanca entregó plazas en el Centro de Convenciones de Acapulco. Ninguno de los ocho docentes fue informado. Por lo que decidieron dar de baja su afiliación. Aunque se les dijo que en 15 días hábiles se les devolvía el dinero, a la fecha no ha sucedido así.
Los maestros se dicen desesperados, pues todavía están pagando réditos del dinero que pidieron prestado para comprar las plazas. Exponen que es difícil concursar por plazas en Guerrero. Mientras que en una comunidad como Cocula sólo una maestra puede obtener una plaza, las vacantes de maestros jubilados cuestan hasta 200 mil pesos.
“No hay cómo solventar el gasto que hicimos porque no trabajamos. Teníamos la ilusión de que una vez que entráramos a trabajar ya podíamos pagar el dinero prestado”, describe la profesora.
Otra de las afectadas, quien prefiere omitir su nombre, relata que cambió su lugar de residencia con la ilusión de recibir la plaza en una de las telesecundarias. Su hija necesita una operación quirúrgica de 25 mil pesos. Tiene seis meses en tratamiento para curar el adenoides, pero no mejora. La intervención es necesaria, pero la madre de tres no puede costearla. Un taxi es la única fuente de ingresos de su familia.
A propósito de la venta de plazas, Muñoz Armenta, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, atribuye como razones el que haya más demanda que oferta de plazas; que los criterios de ingreso varíen en cada estado, no sean claros y no tengan una definición única, y que existan viejas prácticas clientelares.
El especialista expone que frente a la falta de empleos estables, bien remunerados y con las prestaciones de ley, la plaza se convierte en un bien escaso muy valioso. Además “sin vigilancia de la autoridad federal y con permiso para asignar discrecionalmente las plazas, su venta se convierte en el negocio privado de algunos dirigentes sindicales”.
El investigador del Observatorio Ciudadano de la Educación menciona que, en los últimos 30 años, los gobiernos estatales han negociado con dirigentes sindicales la entrega de hasta 90 plazas por persona. Muñoz Armenta describe que, en estados como Chiapas, Puebla y Oaxaca, estas vacantes son repartidas para garantizar lealtad en procesos electorales y en potenciales conflictos sindicales.
El académico comenta que, en algunos estados, la venta de plaza permite que se arrienden, es decir, que el maestro pague por la vacante un porcentaje de su sueldo y contrata a un tercero que a su vez le pagará otro tanto: “Ello está tolerado y suscrito por los gobiernos estatales”.

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DOBLE MORAL, IGLESIA Y PRIAN

Aborto: persecución clerical contra las mujeres
Autor: Edgar González Ruiz

Como en los tiempos del Santo Oficio, la jerarquía católica quiere perseguir a quienes no obedezcan sus normas, por lo que está empeñada en encarcelar a las mujeres que abortan.


Contra toda justicia y con el apoyo de algunos políticos, en muchas entidades de la república (18 de ellas hasta enero de 2010) se han implantado leyes que castigan así a las mujeres, a pesar de que en un Estado laico debe respetarse el derecho a tomar ese tipo de decisiones personales.
Esos preceptos se han impuesto gracias al oportunismo de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de otras fuerzas políticas, que a la medida de sus propias conveniencias, buscan complacer al clero, y garantizar, si no su apoyo, pues el Partido Acción Nacional (PAN) ha sido siempre el partido que representa sus intereses, sí en alguna medida su neutralidad en las contiendas políticas.
Como en el caso de la elevación de impuestos, de la militarización del país y de otras medidas que perjudican a la población, esos políticos respaldan el antiabortismo clerical no sólo porque les conviene hacerlo, sino porque juzgan que el pueblo y, en particular, los sectores afectados no tendrán la conciencia, el valor, la dignidad y la fuerza para defender sus causas y sus ideales.
La derecha, especialmente en la ciudad de México, ya no logra convocar prácticamente a nadie para defender sus proyectos, pero haría falta que quienes los reprobamos manifestemos públicamente ese rechazo.
Respaldadas por todas las personas que apreciamos las libertades, las mujeres en edad reproductiva, que son quienes están directamente en riesgo de ser perseguidas judicialmente en caso de practicarse un aborto, deberían asumir la actitud de defender su propio bienestar, su tranquilidad y su vida, haciendo todo lo posible para presionar a la jerarquía católica, a la derecha y a sus aliados oportunistas.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, difundidas en febrero de 2010, desde la legalización del aborto en la ciudad de México, en 2007, un total de 34 mil 660 mujeres habían tomado la decisión de someterse a ese procedimiento.
Si todas ellas hicieran algo para defender un derecho que han ejercido, entonces el clero, el PAN y sus aliados encontrarían muy difícil seguir aprobando leyes que criminalizan a las mujeres.
En lo que se refiere a los derechos de las parejas homosexuales, la sociedad en su conjunto y, ante todo, esas parejas tendrían que salir a las calles y recurrir a todos los medios lícitos para defender una conquista tan importante como la legalización del matrimonio homosexual en la ciudad de México, pues su premisa es el respeto a las diferentes preferencias y formas de vida.
La reacción por parte de cada uno de esos sectores y la unidad de esfuerzos entre ellos para defender las libertades personales constituirían una fuerza abrumadora contra los embates derechistas.
Tanto en el caso de la despenalización del aborto, como en el del matrimonio homosexual, la Procuraduría General de la República ha adoptado el papel de abogado del clero para defender su posición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procurando invalidar ese nuevo derecho.
Si todas las parejas y las mujeres defendieran lo que les incumbe, cabría esperar que las oficinas de esa dependencia, lo mismo que las del PAN y de instancias del clero, fueran objeto de nutridas protestas por parte de homosexuales, incluyendo los que laboren en ellas, y de mujeres que pueden verse en la necesidad de abortar, etcétera.
Sin embargo, hasta ahora esas movilizaciones no se han dado en la medida necesaria y, por ello, la derecha y sus aliados siguen actuando con toda impunidad.
Desde luego, en esa situación juegan un papel muy importante los “grandes” medios de comunicación, encabezados por las televisoras, que cotidianamente repiten las consignas oficialistas para hacer que la gente deje de lado sus verdaderos problemas (como puede ser para las mujeres un embarazo no deseado) y se concentren en temas, como la supuesta guerra contra el narcotráfico, que son ajenos a la mayor parte de la población.
Violencia contra las mujeres
Aunque la sociedad reprueba en forma unánime la violencia contra las mujeres, el clero la ejerce a través de sus testaferros y aliados, pues muchas mujeres en el país sufren persecuciones y castigos por haberse atrevido a desafiar las prohibiciones religiosas.
De acuerdo con defensoras de los derechos de las mujeres, actualmente hay en el país más de 200 mujeres presas, juzgadas y condenadas por el delito de “homicidio infantil”, por haber abortado; mientras que otras mujeres están bajo proceso, cientos son perseguidas, intimidadas y acosadas por participar de alguna forma en la defensa de los derechos de las mujeres.
En Puebla, por ejemplo, en enero de 2010, el procurador estatal, Igor Archundia, dio a conocer que en esa entidad había ya 30 mujeres sujetas a proceso penal por haber abortado.
En Guanajuato, las mujeres que abortan pueden ser acusadas de “homicidio en razón de parentesco” y sentenciadas hasta con 35 años de cárcel, pese a que el Código Penal estatal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión y un máximo de 30 salarios mínimos de multa.
Tan sólo de 2000 a 2009, 20 mujeres que abortaron fueron encarceladas, de un total de 130 que fueron denunciadas por esa razón ante el Ministerio Público.
En Veracruz, de acuerdo con información difundida a fines de enero de 2010, había nueve mujeres procesadas por abortar, acusadas de “homicidio calificado”; cinco de ellas ya estaban purgando condenas de 12 a 15 años de cárcel.
En Tamaulipas, Hidalgo, Yucatán y otras entidades, hay mujeres que han sido procesadas o amagadas por la policía como presuntas responsables de haber abortado.
Sin embargo, tan cínica es la actitud de muchos políticos convenencieros que, a fines del año pasado, mientras el yunquista César Nava amenazaba con que el PAN seguiría promoviendo leyes para penalizar el aborto en los estados, algunos políticos del PRI, e incluso del Partido de la Revolución Democrática, ya se estaban preparando para forjar alianzas políticas con el PAN, preservando así la hegemonía derechista y clerical, y facilitando, por tanto, su ataque contra las libertades y contra el Estado laico.
La banca cómplice en el lavado de capitales.
Miguel Badillo.
Felipe Calderón no sólo adolece de estrategias efectivas contra el crimen organizado, tampoco tiene respuestas para los temas más básicos como pobreza, educación, salud y alimentación, los cuales son resultado de la aguda crisis que vive el país y que requieren para su atención la mínima sensibilidad social y política.
Es claro, por las evidencias más cercanas, que al equipo de Calderón le hace falta inteligencia, honestidad y conocimiento de la realidad que viven millones de mexicanos afectados por la violencia, el desempleo, el hambre, la enfermedad y, por si lo anterior fuera poco, con mínimas oportunidades educativas.
Una estampa de esta presumida guerra podría ilustrar estas afirmaciones. No precisaré el caso para no poner en riesgo la vida de los mexicanos que hoy ya tienen bastante con su tragedia personal, pero sí hablaré de las circunstancias para refrendar que el gobierno de Calderón no podía ni debía declarar una guerra que de inicio estaba perdida en contra el narcotráfico – en un principio mediática y ahora real con sus muertos y dolor –, sin antes atender los graves problemas socioeconómicos que tiene el país y una prueba de ello es que a tres años de su gobierno México se ha derrumbado y la población sufre las consecuencias de un pésimo gobierno.
Ante las víctimas de la violencia, la población civil, Felipe Calderón no ha tenido respuestas. Increpado una y otra vez, el ocupante de Los Pinos sólo ha atinado a ofrecer a los mexicanos más afectados a ser expatriados a Estados Unidos porque dentro del territorio mexicano su gobierno se declara incapaz y sin posibilidad de protegerlos.
Casi en privado, Calderón les ha ofrecido a familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico el exilio como única alternativa de vida, pues si se quedan seguirán siendo carne de cañón del fiuego cruzado, como ha pasado a miles de niños, mujeres, ancianos y hombres que murieron por cruzar la calle, comer en un restaurante o ir a la escuela cuando se desató algún enfrentamiento entre las fuerzas militares y los sicarios de las drogas.
De acuerdo con información de las entidades policiales estatales y federales, ante el reclamo público que ha recibido Felipe Calderón por parte de los familiares de mexicanos caídos en lugares públicos, el mandatario sólo ha podido ofrecerles el destierro a todos aquellos que sólo exigen justicia.
Es decir, que los familiares de las víctimas del fuego cruzado entre efectivos militares y miembros de los cárteles de la droga, no sólo deben vivir con la pena de la pérdida de sus hijos, hermanos, padres o amigos, sino que nadie en México puede asegurarles tranquilidad, seguridad y confianza de que no volverán a ser molestados.
La respuesta a Calderón de estos mexicanos que han sido agredidos y violentados en su vida privada y paz social, es: ¡No nos vamos señor presidente, haga justicia! En reuniones con familiares de estudiantes, niños y mujeres asesinados, la reacción del mandatario ha sido ignorar a esos ciudadanos que claman justicia, y ante los reclamos y reproches legítimos prefiere lavarse las manos por esas tragedias y su gobierno se deslinda de ellos, como si no fuera el responsable de lo que ha pasado.
Hasta a las autoridades federales de impartición de justicia llegó la petición de ayuda de estas víctimas y la Procuraduría trasladó el caso a la Agencia Federal de Investigaciones en donde atinaron a designar a un grupo de agentes policiales cuya única responsabilidad es vigilar la vida de los familiares afectados. No hubo más después de que a Calderón se le solicitó aplicar la justicia en el caso de los asesinatos de miles de personas inocentes.
Pero los familiares de las víctimas son mujeres pobres, vendedoras ambulantes o trabajadoras de maquiladoras a quienes resulta sumamente incómodo realizar su labor diaria con guaruras a un lado. Este es el surrealismo de un país azotado por el crimen y por la incapacidad, la negligencia y la complicidad de un gobierno que desde que inició su gestión tomó el rumbo equivocado. ¿Acasi no es éste el mejor ejemplo de un Estado fallido?
Mientras en las instancias formales de impartición de justifica y de investigación se les niega a miles de mexicanos el derecho de que sus familiares asesinados no eran delincuentes sino víctimas, hasta que se pruebe lo contrario, sus pequeñas viviendas, su camino al trabajo en una maquiladora o su puesto ambulante es custodiado por fuertes guardaespaldas armados. ¿Cuánto durará esa comedia trágica montada por el gobierno calderonista? ¿No resultaría más sencillo impartir justicia y acabar con la impunidad y la corrupción que se practica en las filas de la burocracia?
Sin duda alguna que sería mejor reconocer los errores y dar marcha atrás en esta lucha equivocada que se ha metido en un callejón sin salida. Pero si las acciones colectivas, recientemente aprobadas en la Cámara de Senadores, pudieran aplicarse a la incapacidad del gobierno federal para proteger a su ciudadanía, en este momento el Poder Ejecutivo a cargo de Felipe Calderón, tendría que renunciar o al menos preocuparse por constituir un fondo económico muy grande para indemnizar a millones de mexicanos. Sin embargo, no se trata de dinero sino de dignidad y de la pérdida irreparable de varias generaciones de mexicanos víctimas y victimarios a causa de la penetración del crimen en muchos sectores de la sociedad.
La complicidad de la banca
Otro ejemplo del encubrimiento de las autoridades y de las mentiras para combatir al crimen organizado, es la constante negativa para investigar y sancionar al sistema financiero privado responsable de lavar en sus circuitos el dinero sucio producto de las actividades ilícitas.
En el expediente del exgobernador priista Mario Villanueva Madrid, actualmente preso en México y sujeto a proceso de extradición hacia Estados Unidos, se expone claramente cómo tejió una extensa e intrincada red financiera para lavar cientos de millones de dólares producto del tráfico de drogas y hasta la fecha ningún banco o caso de bolsa ha sido sancionada por ello.
En un amplio reportaje de José Reyez y publicado en la revista Contralínea que empieza su circulación esta semana, se reconstruye las rutas del dinero que fabricó mediante el uso de prestanombres, la creación de empresas off shore en paraísos fiscales de Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, en complicidad con instituciones bancarias nacionales y del extranjero.
En forma paralela, el exmandatario abrió una cuenta secreta por 100 millones de pesos para apoyar las campañas políticas de diputados y presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional
En los expedientes judiciales, se explica que de acuerdo con reportes confidenciales de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), de la Unidad de Investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, y de la Procuraduría General de la República, se cuenta con testimonios de testigos protegidos incluidos en el proceso penal 101/2003, así como peritajes de la Secretaría de Hacienda, que revelan cómo Villanueva Madrid echó mano de familiares, funcionarios del gobierno de Quintana Roo, amigos y prestanombres para blanquear el dinero que obtenía por el pago y la protección que brindaba al cártel de Juárez, encabezado por los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes.
Entre las operaciones financieras que realizó para ocultar los fondos ilícitos, abrió cuentas bancarias en la Consultoría Internacional Casa de Cambio Ixe; en Casa de Cambio Tiber; en Grupo Financiero Banca Serfín; en el Chemical Bank de Nueva York; en Banca Serfín Nassau Branch; en BCH; en Bancomer; en Banco Internacional; Bancrecer e Inverlat; Banpaís; el Bank of New York; el Bank of America Cayman; el First Union National Bank of Florida; el Banco Atlántico de Miami, Florida; el Citibank Buffalo, entre otros, sin que alguna de estas instituciones reparara en el origen del dinero que el político priista depositaba o transfería a múltiples cuentas. A pesar de que los expedientes contra Mario Villanueva revelan la participación de las instituciones financieras en el lavado de dinero, ningún banco o casa de bolsa ha sido investigado y muchos menos sancionado por ese delito grave.
Numerosos oficios, documentos de las transferencias, los depósitos, contratos y cheques fechados entre 1991 y 2000, investigados y suscritos por Sergio Raúl Díaz Roura, director de Investigaciones de la CNBV, confirman la complicidad de las instituciones bancarias en el manejo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que llevó a cabo Villanueva Madrid, antes y cuando ocupó la gubernatura de Quintana Roo (1993-1999).
José Reyez explica en su trabajo periodístico que desde la “puerta de entrada” del trasiego de drogas de Colombia a México y Estados Unidos, como se le conoce a la Península de Yucatán, la compleja red delictiva de blanqueo de capitales que construyó Mario Villanueva, fue operada por su secretario de Finanzas en el gobierno del estado, José Chejin Pulido, y su cómplice Francisco Javier Bradley Haug –a la postre testigo protegido por la Procuraduría General de la República con el nombre clave Hans–, mediante diversos instrumentos financieros producto del narcotráfico.
Antes de concluir su mandato como gobernador del estado, el 5 de abril de 1999, Mario Villanueva ya era buscado por la justicia federal, acusado de tener vínculos con Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos. Señalado por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, asociación delictuosa, intimidación y contra la salud.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/UEDO/004/99, fue capturado el 24 de mayo de 2001 junto con los miembros del cártel de Juárez: Alcides Ramón Magaña, Albino Quintero Meráz, Gilberto Fabián Campos Martínez, Oscar Benjamín García Dávila, Agustín Bello Hernández, José Olivo Méndez Rico y Marco Antonio Caamal Canul.
El exfuncionario priista colocó los recursos en cuentas extranjeras de Suiza, Nueva York, Islas Británicas e Islas Caimán. Utilizó su influencia política para manejar, a través de testaferros, a los ejecutivos de los bancos que realizaban las operaciones financieras mediante la creación de empresas off shore, en las que invariablemente aparecen en los consejos de administración Mario Villanueva, familiares y sus cercanos.
Acorralado por la justicia federal tras el interrogatorio al que fue sometido por el entonces fiscal antidrogas de la PGR, Mariano Herrán Salvati, actualmente preso en el penal de Nayarit, Villanueva permaneció prófugo durante dos años, por lo que el 20 de abril de 1999 fueron inmovilizadas sus cuentas 634-300495-7 en Banpaís; 251-5000023-9 en Bancomer y la tarjeta de crédito 4555 4036 0002 3581; así como el Fideicomiso 117536 en Bital, a nombre de su esposa Isabel Tenorio de Villanueva, por 2 millones 125 mil 750 pesos, y la cuenta 6082275744, en Bital, a nombre de su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio, actual diputado plurinominal por el I Distrito y quien se perfila como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Othón P Blanco.


Ciudad Juárez, viaje al fin del neoliberalismo

Gennaro Carotenuto y Chiara Calzolaio
Brecha


El sueño de la industrialización neoliberal se transformó en pesadilla. Ciudad Juárez, la de las maquiladoras y los feminicidios, frontera entre el norte y el sur del mundo, es hoy la ciudad más violenta del planeta. En los últimos dos años la guerra entre narcos, en la que está involucrado el ejército, ya causó 4.600 muertos y 100.000 refugiados.
LLEGANDO A CIUDAD JUÁREZ desde el sur, la última hora de avión muestra con creciente angustia uno de los desiertos más áridos del mundo. No era así antes, cuentan los pocos lugareños autóctonos. Juárez tenía 30.000 habitantes en 1930, 300.000 en 1970, 1,5 millones en 2000, y perdió varias batallas por el control del agua del Río Bravo con El Paso, que desde 1848 pertenece a Texas.
Del viejo y fértil valle de Juárez quedan apenas los topónimos. Entre ellos está el “Campo algodonero”, donde en 2001 se encontraron los restos de ocho mujeres víctimas de “feminicidios”. En noviembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por “indiferencia”: las mujeres violadas y asesinadas, jóvenes de clase humilde, no valían nada. Desde los años sesenta, y más aun después del tratado de libre comercio con Estados Unidos de 1994, llegaron a Juárez infinidad de mujeres para trabajar en las maquiladoras, las fábricas exportadoras de propiedad extranjera con regímenes fiscales especiales, bajos sueldos y escasos derechos, pero con la esperanza de un futuro mejor.
Las muertas no valían nada, como nada valen los 4.600 cadáveres que contó Juárez desde inicios de 2008, cuando comenzó la guerra entre narcos por el control de la ciudad entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa y llegó el ejército a jugar su propio partido. Cuenta a Brecha el periodista de El Universal Ignacio Alvarado que “el 65 por ciento de ellos son menores de 25 años e hijos o nietos de obreras de maquiladoras”. Ese dato, además de trazar un perfil etnográfico de la masacre actual, atestigua el fracaso de un modelo de desarrollo. Elizabeth Ávalos, sindicalista, ex obrera en las maquiladoras, confirma: “hoy vive en Juárez medio millón de jóvenes a los cuales el modelo neoliberal no ofrece nada, ni educación, ni salud, ni trabajo y ven en el narco la única posibilidad de ganancia y de reconocimiento social”. Captados por los cárteles, son perseguidos por el ejército, que los ajusticia, secuestra, tortura y mata o arreglan sus cuentas a tiros. Esto en un contexto sin ley donde la quiebra del sistema judicial va más allá de la impunidad, y hay apenas 150 expedientes judiciales abiertos.
¿Y los otros 4.450 cadáveres?, pregunta Brecha al jurista Óscar Maynez: “Si el asesinato se cometió con armas automáticas o semiautomáticas se da por descontado que se trata de un ajuste de cuentas entre narcos, y ya no se procede”. Otro testigo, que prefiere el anonimato, calcula: “En 2008, el 80% de los muertos fue asesinado por la tropa de ocupación [el ejército]. El porcentaje bajó algo en 2009 porque hubo la contraofensiva de los narcos locales, desplazados pero no derrotados”. Los organismos de derechos humanos comprobaron la responsabilidad de los militares por lo menos en cinco casos de desapariciones de personas y hay cientos de denuncias por crímenes cometidos por uniformados. “En Juárez –sigue el testigo- no hay una guerra entre narcos en la cual el Estado llega a restaurar el orden sino una masacre cometida por el ejército enviado para sustituir un cártel por otro más controlable”. Aquí la pretensión punitiva del Estado ni siquiera caducó por ley. Simplemente el Estado renunció a castigar, porque está involucrado en la violencia.
Así, comenta Maynez, matar se volvió la mejor manera de solucionar asuntos prácticos: “Si le debes 20.000 pesos (unos 1.700 dólares) a alguien te sale más barato pagarle 3.000 pesos a un sicario. Librarse de una esposa o una amante molesta hoy día es muy fácil. Hace poco mataron en su cama a un ex chofer que había quedado tetrapléjico en un accidente de tránsito. Todo indica que lo mató su patrón para no indemnizarlo, pero no hay ningún expediente abierto por este asesinato”.
Tampoco hay un expediente abierto por la muerte de Alfredo Portillo, el yerno de Marisela Ortiz, dirigente de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Marisela, que recibe a Brecha en la escuela donde da clases, está considerada la “madre de Plaza de Mayo” juarense por su lucha contra los feminicidios. Alfredo, como el docente universitario Manuel Arroyo, el dirigente campesino Armando Villareal, el periodista Armando Rodríguez, Josefina Reyes y otros siete defensores de los derechos humanos, junto con anónimos militantes de los movimientos sociales u organizaciones barriales, sindicalistas, estudiantes, jóvenes inconformes, integran la lista de las decenas de “homicidios políticos” en Juárez que ni el Estado ni los medios admiten ni investigan.
Los asesinatos de estos luchadores sociales se atribuyen falazmente a “balas perdidas” o a “asuntos privados”. “Algo habrán hecho”, se dice de ellos. Los responsables de esos crímenes no son, a menudo, ni narcos ni delincuentes comunes, sino el propio ejército. Para los organismos de derechos humanos está comprobada la responsabilidad de los militares por lo menos en cinco casos de desapariciones de personas, y hay cientos de denuncias por abusos cometidos por uniformados.
MODERNIDAD. Juárez es enorme. El espacio de la urbanización hacia el desierto no tiene límites. Las grandes avenidas son recorridas por decenas de patrullas del ejército y de la policía federal. Cada camioneta carga ocho hombres con pasamontañas, armados hasta los dientes y que apuntan en todas direcciones. Camuflados van los militares, casi de negro los policías federales. Su presencia es agobiante, y los retenes bloquean el tránsito de una ciudad donde el deseo de normalidad choca con la realidad. No habían pasado dos horas de mi llegada a la ciudad y ya me bajaron del auto para una revisión corporal a cargo de militares armados.
La mayoría de los autos particulares no tiene placas, pero sí vidrios polarizados, contribuyendo a acrecentar la constante sensación de inseguridad. Por las calles circulan viejos autobuses estadounidenses que vinieron a terminar sus vidas en Juárez. Las caras de los pasajeros sintetizan los distintos pueblos indígenas de todo el país. Cualquier viaje se hace largo entre fraccionamientos habitacionales, grandes centros comerciales y enormes lotes baldíos que se encuentran también en zonas céntricas o semicéntricas. Para llegar a su trabajo los habitantes de estas zonas pierden horas. Seguramente muchos de ellos formaron parte de las importantes luchas comunitarias que tuvieron lugar años atrás para acceder a los servicios básicos. Luz, agua y poco más es lo que quedó del “sueño juarense”.
El urbanista colombiano Edwin Aguirre, investigador del Colegio de la Frontera Norte, ofrece una interesante clave de lectura: “Desde los setenta Ciudad Juárez multiplicó por cinco su población. En estas cuatro décadas no se abrió ni siquiera una escuela preparatoria. Quedan las que había en los años sesenta”. La preparatoria, en el sistema escolar mexicano, equivale al liceo y da acceso a la universidad. Queda claro que ni siquiera se pensó que los inmigrados de primera y segunda generación pudieran ascender socialmente llegando a tener estudios universitarios. “Nunca se los concibió como ciudadanos –comenta Óscar Maynez– y la ciudad entera fue creciendo atendiendo a los intereses de unas pocas grandes familias.”
La gente no vive donde sería mejor sino donde les convino a los dueños de la ciudad: los Zaragoza, los Fuentes, los Vallina. En el México del siglo XXI es fácil reconocer la categoría de “república oligárquica” que caracterizó la América Latina del siglo XIX. Para Ignacio Alvarado, “PRI o PAN no importa. Todos los alcaldes, gobernadores, jefes policiales siempre fueron expresión de la cámara empresarial de la ciudad”. Cuando en los setenta el narcotráfico se superpuso al contrabando fronterizo tradicional “era un negocio para jóvenes de clase media alta subordinados a la DNS [la policía política del PRI]”. El narco juarense aparece así como la expresión estructural de la clase dirigente de la ciudad, una forma de acumulación primaria más junto al lavado de dinero o al contrabando. Se exportaba droga, se importaban armas y todos “mordían”.
En el centro histórico, a orillas del Río Bravo y del muro que George Bush erigió y que ningún Barack Obama desmantelará, la mayoría de los antros (bares, night clubs) están cerrados. Todavía en 2006 el casco antiguo de Juárez era el centro de la vida nocturna binacional. Miles de estadounidenses pasaban la frontera para divertirse, emborracharse, perder dinero en los casinos o comprar sexo barato en los prostíbulos. Cuando pasamos el puente hacia El Paso (que se define orgullosamente como la segunda ciudad más segura de Estados Unidos) tardamos dos horas y media en colas y humillantes trámites fronterizos. Volviendo a México ni siquiera nos chequearían el pasaporte.
En El Paso Brecha se reunió con Gustavo de la Rosa, defensor de los derechos humanos, amenazado de muerte y refugiado allí desde varios meses atrás. Gustavo es objeto de una campaña de solidaridad de Amnistía Internacional y sigue trabajando a tiempo completo para su ciudad: “Los consumos hídricos no mienten. En dos años ya se fueron de Juárez unas 100.000 personas. Las clases medio-altas se mudaron a El Paso. Las obreras retornan al resto de México, en Oaxaca, Durango, Veracruz”. El 25% de las casas de Juárez estarían vacías.
Elizabeth Ávalos denuncia: “Apareció el hambre en las colonias (barrios) más pobres, algo que acá no se conocía. La violencia está destruyendo puestos de trabajo en todos los sectores, incluyendo el informal, que en otros períodos de crisis fue un refugio para muchos. Las maquiladoras que quedan están pagando sueldos de 500 pesos semanales (unos 40 dólares) y hacen contratos de hasta 15 días de duración”.
En dos años, en las maquiladoras se perdieron 80.000 puestos de trabajo, de los 280.000 de apenas un par de años atrás. Ya no es un vaivén como en las crisis del 82 y de 2000. A la desarticulación neoliberal del mercado de trabajo, la crisis internacional que México sufre (el PBI cayó 6,5% en 2009) en el marco de una economía totalmente dependiente de Estados Unidos, Juárez suma los límites difíciles de destrabar entre legalidad e ilegalidad, política y mafia, empresa y narco. La ciudad ya no representa una esperanza para los explotados campesinos y campesinas del interior.
ESTADO DE SITIO
Desde que fue elegido, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Su estrategia no consiste en invertir en la sociedad civil y en la legalidad sino en militarizar el territorio valiéndose del controvertido ejército mexicano. Éste está volcado en el orden interno y fue acusado en múltiples instancias de estar plenamente involucrado en el narcotráfico. Lo demuestra el hecho de que el 16 de diciembre de 2009, en Cuernavaca (a centenares de kilómetros del mar, en el estado de Morelos), la DEA estadounidense recurriera a la Marina, en una operación para arrestar y liquidar a ABL, alias "Jefe de jefes". La noche del día citado, Beltrán Leyva esperaba para cenar al general LDP, responsable militar de toda la región.
Desde los operativos de 2007 en Michoacán, Guerrero y Baja California, pasando por el de Chihuahua, iniciado en 2008, 45 mil soldados fueron desplegados en todo el país. El punto crítico de esta estrategia es Juárez, la principal plaza de drogas de México, donde se ha producido casi el 40 por ciento del total de bajas de la guerra narco, sin que se lograra detener la sangría.
El 31 de enero de 2010 marcó un hito en la historia de la guerra en Juárez: 15 estudiantes fueron asesinados en una fiesta en una colonia popular en el sur de la ciudad. Uno o algunos de ellos “estaban metidos en algo”, pero la mayoría eran jóvenes “normales”. La opinión pública, que había permanecido en silencio, aterrorizada por el agravamiento diario de la situación, esta vez reaccionó.
Calderón y su ministro del Interior, Fernando Gómez-Mont, en las repetidas visitas que hicieron a la ciudad el mes pasado, tras años de ausencia, se toparon con importantes manifestaciones de protesta en las que se les acusó de ser responsables política y judicialmente de la catástrofe juarense. El presidente ofreció una militarización aún mayor de la ciudad, además de unos pocos millones de pesos que se invertirán después de décadas de olvido. Muy poco y muy tarde, comentaron los diarios de derecha mexicanos.
Por el contrario, los grandes medios internacionales evitan ensañarse con este país, fiel aliado de Estados Unidos. Es el caso de El País de Madrid, que a menudo exalta los triunfos (sic) de Calderón en su combate al narcotráfico. La de Calderón es “una política de alta simulación”, afirma en cambio Marisela Ortiz. Durante su visita a Juárez el presidente fue increpado por Ñuz María Dávila, madre de dos de los estudiantes asesinados, un hecho simbólico que contribuyó a desnudar al rey.
Obligados por primera vez a dar la cara, Calderón y Gómez-Mont sostuvieron, sin que nadie les creyera, que el ejército no es una de las causas principales de la violencia. Sin embargo, la totalidad de los expertos que Brecha entrevistó en Juárez concordaron en considerar que el ejército y la policía federal no sólo tomaron partido en la guerra entre narcos sino que importaron formas de criminalidad como los secuestros y el pago de “protecciones” (“cuotas”), delitos que agravaron la crisis económica y contribuyeron al cierre de más de 5.000 pymes.
Hoy día en Juárez la vida económica, social y política es simplemente inviable. Nadie espera nada de las inminentes elecciones a gobernador y alcalde, y el PRD, el partido de centroizquierda que en 2006 llegó al 20%, en 2009 bajó al 2. La UNESCO denuncia que hasta las escuelas se ven obligadas a pagar una cuota por cada estudiante para que no los acribillen a la salida de clase. Los jóvenes sicarios se entrenarían demostrando su hombría matando a gente anónima en la calle. En la escuela donde trabaja Marisela Ortiz una enorme pancarta invita a los estudiantes a utilizar autobuses: “No te arriesgues”. Hasta la industria más pujante de la ciudad, la funeraria, está en crisis después de varios casos de amenazas, atentados, secuestros y asesinatos durante los velorios. Son numerosos los entierros “secretos”. Concluye Elizabeth Ávalos: “Hace treinta años que los movimientos sociales denunciamos que este modelo de desarrollo no podía más que llevar a la situación actual. Nunca nos escucharon y esto es lo que sembraron”.
¿LA GUERRA DEL “CHAPO” GUZMÁN?
No es fácil sintetizar el actual estado de la guerra entre narcos ni diagnosticar hasta cuándo puede durar esta violencia sin límites. Lo que está claro es que poco está haciendo el gobierno contra el cártel de Sinaloa.
Joaquín Guzmán Loera, 1954, apodado “Chapo”, jefe del cártel de Sinaloa, es probablemente el mayor narcotraficante del mundo. Según la revista estadounidense Forbes, acumuló una fortuna de más de mil millones de dólares y está entre las 40 personas más influyentes del planeta. Arrestado en 1989, logró fugarse de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande en 2001, apenas después de que el derechista PAN llegara al poder en México. Quien habría gestionado su fuga habría sido el propio procurador general de la República en épocas de Vicente Fox, Eduardo Medina-Mora. Hoy sólo la DEA estadounidense parece interesada en su captura, ya que Calderón, un presidente que nunca habla de corrupción en uno de los países más corruptos del planeta, no muestra ningún apuro para detenerlo.
La lógica de los “operativos conjuntos” en Chihuaua y en otros estados responde teóricamente a la estrategia concordada con la DEA desde los primeros días del gobierno de Felipe Calderón: exterminar a los cárteles menores y “controlar” a los mayores. Sin embargo, el gobierno mexicano “malinterpretó” las líneas de la DEA y en lugar de “controlar” al cártel de Sinaloa parece colaborar con éste.
Múltiples investigaciones y testimonios recogidos por Brecha cuentan una guerra donde el bando del Chapo entra en Juárez sólo cuando pudo contar con el apoyo militar. El ejército, el propio partido de gobierno, el PAN, y la policía federal en Juárez serían, según las distintas interpretaciones, aliados o subordinados de Guzmán, que sólo con esta ayuda pudo colocar a los suyos en el lugar ocupado antes por las pandillas aniquiladas, como los “aztecas”. Lo que es seguro es que fuera quien fuera que haya decidido desatar la guerra por Juárez –el Chapo, Calderón, el ejército, la DEA– dos años y 4.700 muertos después aún no pudo ganar.
Si el cártel del Chapo está considerado la expresión empresarial y profesionalizada del narcotráfico, el de Juárez, implicado en varios casos de feminicidio, aparece como una estructura criminal tradicional que ya no está capacitada para gestionar el mayor negocio del país. Sin embargo, el cártel de Juárez sigue jugando de local y el precio de la traición es la muerte. Al controlar aún a las policías locales y contar con la cantera infinita de los hijos y nietos de la maquila, pudo resistir a la primera avalancha y contraatacar utilizando incluso técnicas de guerrilla. En ese contexto, el sentido de la matanza de los estudiantes del 31 de enero habría sido crear un evento mediático para que el “aliado” Calderón pudiera terminar de militarizar la ciudad. Con una Juárez inundada de soldados –podrían llegar hasta 50.000, según algunas fuentes–, se podría acabar con el cártel de Juárez, a un precio de muertes, violaciones y desapariciones tal vez sin precedentes en la violenta historia del país.
Mientras los niveles de violencia trepan y en Juárez una madre puede morir por tener un auto parecido al de un narco buscado por sicarios, hay quien dice: “Lo mejor para Juárez sería que ganara el Chapo y pacificara a su manera la ciudad”, cual vietcongs en Saigón. Miles serían los muertos y cientos de miles los refugiados adicionales en una guerra abierta que al complejo mediático mundial no le interesa narrar porque da cuenta del recorrido histórico del neoliberalismo: con la sociedad civil desmantelada y si todo lo que da ganancia es bueno, el triunfo sonreirá a los Chapo Guzmán, el más moderno de los empresarios neoliberales.

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Plan México 2030: desmantelar la seguridad social.

Autor: Nancy Flores.
Para 2030, la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada; habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex; además, el sector privado controlará la educación, y la cultura se someterá a un “tratado de libre comercio artístico”. Los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados; y los sindicatos de los sectores energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto. Todo, según el plan transexenal que Felipe Calderón implanta en México


Nancy Flores / Cuarta parte
El desmantelamiento de la seguridad social en México está en marcha. El sistema de salud pública, la educación, la cultura, el fomento al arte y al deporte serán completamente entregados a la iniciativa privada, indican los planes transexenales de la derecha, que encabeza el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Como parte del mismo proceso privatizador, en los próximos 20 años habrán desaparecido los sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos energético, educativo, sanitario y cultural, revela el tercer capítulo del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, denominado “Eje 3. Igualdad de oportunidades”.
De conseguir esos objetivos, en dos décadas los mexicanos tendrán que sufragar elevadas colegiaturas para que sus hijos accedan a la educación básica, media y superior; también, deberán adquirir los libros que éstos empleen desde la primaria.
Además, en caso de enfermarse y aun cuando tengan “seguridad social”, solventarán un porcentaje aún no definido de los costos por los servicios “públicos” de salud que reciban, pues éstos habrán sido subrogados a la iniciativa privada.
A pesar de ello, los autores de los cinco documentos –relacionados con ese capítulo y desclasificados por la Presidencia de la República– estiman que en 2030 no habrá pobreza extrema y que todos los mexicanos tendrán igualdad de oportunidades para vivir y desarrollarse.
Según su “visión”, para entonces “México es un país que garantiza equidad de oportunidades de desarrollo humano y calidad de vida a todos sus habitantes, en un marco de libertad, independientemente de sus capacidades, su condición social, sus características personales, sus preferencias y creencias, y que cuenta con niveles de pobreza alimentaria inferiores a 5 por ciento, niveles de pobreza patrimonial inferiores a 10 por ciento e índices de desarrollo humano equivalentes a los de los países más desarrollados del mundo”.
Investigadores consultados señalan que se trata sólo de “buenos deseos”, porque es imposible lograr esos objetivos con el modelo económico que impulsa la derecha. En el documento están presentes todas las tesis del modelo neoliberal para “sacar adelante la economía”, dice el doctor Víctor Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo.
Explica que no se plantea un cambio radical efectivo de las políticas económica, monetaria, financiera ni fiscal. Por ello, señala la imposibilidad de que en dos décadas se alcance una sociedad justa.
“Ellos están planteando abatir la pobreza extrema a cero. Esto no se va a lograr para 2030 ni para 2040 con el modelo neoliberal. Tampoco será posible incrementar el ingreso per cápita a niveles como los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque tenemos una economía altamente monopólica, parasitaria y con énfasis en el capital especulativo”.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 47 millones de personas, que representan el 44.2 por ciento de la población mexicana, vivieron en situación de pobreza en 2008.
Para el doctor Palacio, el desarrollo económico no sólo implica crecer, sino que haya desarrollo social. “Y esto no lo estamos encontrando en las propuestas. Por lo tanto, no hay posibilidad de crecer ni de convertirnos en un país con condiciones importantes en el ámbito internacional y tampoco de abatir la pobreza”.
Ataque a la educación pública
En el plan transexenal que impulsa Calderón Hinojosa, el “desarrollo” entraña la desarticulación de la seguridad social. Al abordar los cambios a los sistemas públicos de educación y salud, el proyecto revela que en éste y en los próximos dos sexenios se reformarán los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con ello, se eliminarán dos garantías fundamentales: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” (artículo 3) y “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (artículo 4).
En el primer caso, el maestro en filosofía Edgar González Ruiz advierte que se trata de una vieja demanda del clero y del Partido Acción Nacional (PAN), que en la historia de México ya ha provocado luchas armadas.
“El PAN y la jerarquía católica han buscado reformar el artículo tercero para establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, a lo cual se suma ahora el interés empresarial por destruir el carácter gratuito de la educación pública, privatizándola completamente”.
Estos cambios, dice, implicarán una “verdadera contrarreforma educativa y nacional”, pues ese artículo ha garantizado tradicionalmente el carácter laico y gratuito de la educación pública.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México observa que en el Proyecto de Gran Visión aparece otro planteamiento tendiente a privatizar la educación, que es el de “establecer el bono educativo (beca a los alumnos para realizar sus estudios en escuelas privadas)”.
Señala que el proyecto busca subordinar la educación a los intereses empresariales, para que la enseñanza sea simplemente una preparación laboral. Tales objetivos se revelan en planteamientos como: “Incorporar una estrategia de educación continua para el trabajo”, “vincular el sistema educativo con el productivo”, “educación con ritmo a la par de la economía”, “alumnos que puedan acceder al mercado laboral mundial”.
La reforma educativa también plantea desaparecer el libro de texto gratuito: entre las metas transexenales del proyecto está “el no uso de libro único y obligatorio”. Al respecto, González Ruiz comenta que, durante los gobiernos priistas, ésta fue una reivindicación de la derecha, pues ha estado en contra de los contenidos, en la medida en que éstos son ajenos a la religión.
Salud, sólo para ricos
En el segundo caso, se venderá el sistema sanitario y la Secretaría de Salud sólo funcionará como gestora de contratos. Para lograrlo, el plan busca modificar el artículo 4 constitucional, las leyes del Trabajo, General de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Según el proyecto 2030, las reformas buscan la “reestructuración corporativa” del sistema sanitario para “mejorar la eficiencia administrativa”. No obstante, esa reestructuración implica el desmantelamiento de las redes hospitalarias y la subrogación de todos los servicios a favor del empresariado nacional y extranjero.
El objetivo es crear “un sistema de salud público único y de atención médica universal”, coordinado por la Secretaría de Salud. Dicho esquema reducirá el papel de la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos a firmar contratos y subrogar servicios, se desprende del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. Por tanto, implicará la desaparición del IMSS, ISSSTE y de los hospitales de Pemex.
Para 2030, los derechohabientes no sólo realizarán las aportaciones a la “seguridad social” que de por sí hacen, sino que además pagarán un porcentaje por los servicios que reciban. Y es que, de acuerdo con el plan calderonista, en breve se establecerán “copagos en algunos de los servicios de salud”.
También se “fortalecerá” la “mezcla pública y privada en el financiamiento y provisión en servicios de salud”, para “incrementar” de manera porcentual “la subrogación de servicios”, reconocen literalmente los documentos.
Las modificaciones legales garantizarán, además, la “portabilidad de bienes privados (paquete esencial y posibilidad de copeteo)” y la “desvinculación” del “financiamiento de la atención médica (respecto) de (los recursos que se destinan al pago de) la nómina”.
Las subrogaciones y reformas legales se suman a otra forma silenciosa de privatización que ya opera en el país: los Proyectos de Prestación de Servicios o PPS. Como lo documentó Contralínea (número 172), en su capítulo económico el Proyecto de Gran Visión consolida los PPS en el ámbito sanitario, energético, carretero y educativo.
En el sector salud, estos proyectos permiten que la construcción y operación de hospitales “públicos” de alta especialidad sean concesionadas a privados hasta por más de 30 años, a nivel federal y estatal.
La industria farmacéutica también verá incrementado su negocio a costa del erario: el cambio a la Ley de Adquisiciones busca “garantizar el suministro y calidad de los medicamentos”.
Víctor Palacio explica que, en el plan 2030, el mercado interno no es prioritario pese a que es en éste “donde nos desenvolvemos la mayoría de los mexicanos”. Por ello, indica, no se están satisfaciendo las necesidades de consumo: “Alimentación, salud, educación, vivienda; todo lo que es el bienestar social, porque los ojos se tienen puestos en los mercados internacionales”.
Sindicatos, golpe inminente
La reforma a la Ley Federal del Trabajo –que se plantea en el contexto de las modificaciones a los artículos 3 y 4 constitucionales y a las leyes del IMSS, ISSSTE y Pemex– también conlleva la desaparición paulatina de los sindicatos.
Y es que, de acuerdo con los planes, se transformarán las “condiciones contractuales y sindicales”. El objetivo es eliminar “los cacicazgos y (las) arraigadas prácticas de organización sindical”, mismas que se identifican en los documentos oficiales del Proyecto de Gran Visión como “intereses creados y corporativismo excesivo”, que tiende a la “corrupción”.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, advierte que la llamada flexibilización laboral es, en realidad, la precarización de las condiciones laborales de los nuevos trabajadores.
Señala que la reforma que buscan los panistas ataca las conquistas sindicales de los últimos 50 años; pues, en la práctica, posibilitará restricciones más severas en las condiciones contractuales.
“Flexibilización también significa darle todas las ventajas al capital para que pueda emplear cuando quiera, en las condiciones que quiera, sin adquirir responsabilidades con el trabajador, sin tener que dar seguro social ni garantía de planta con un año de antigüedad”, indica el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El capítulo 3 del amplio expediente revela que los sindicatos en riesgo inminente de desaparecer son los del ámbito energético, educativo, sanitario y cultural.
De acuerdo con los documentos consultados por Contralínea –elaborados en octubre de 2006 a solicitud de Felipe Calderón y en medio de la crisis poselectoral–, las reformas tanto a la Ley Federal del Trabajo como constitucional y de leyes secundarias se debían promover y conseguir “antes de 2010”.
“TLC artístico”
En el ámbito cultural, el capítulo “Igualdad de oportunidades” reserva al sector privado los proyectos culturales, como una forma de “participación ciudadana”. Según el Proyecto de Gran Visión, hace falta una “política de Estado” respecto de la “industria cultural”, para que ésta sea “productiva” y genere “derrama rentable”.
Esa política deberá incluir como tema “urgente” la firma de un “tratado de libre comercio artístico”. Además, reconocer la “necesidad de convertir la cultura en un proyecto económicamente rentable”, con “apoyo económico mixto, tanto del gobierno como de la iniciativa privada”.
Para los autores, la cultura no debe considerarse “como un monopolio privativo de la iniciativa privada”; por ello, proponen subsidios para el público general a través de bonos.
Aunque establecen que todos los mexicanos deben tener acceso a la cultura y al arte, exigen acrecentar su participación, obtener estímulos fiscales para ello, e incluso que los nuevos museos y teatros estén “bien equipados y con estacionamiento”.
Para los investigadores consultados, es previsible que estas medidas profundicen la brecha entre ricos y pobres en el país; pues está demostrado que las políticas neoliberales han derivado en un aumento relevante de la población en extrema pobreza.
Los autores del Proyecto de Gran Visión “quieren que, aplicando e intensificando estas políticas, se elimine la pobreza extrema”, observa Aguirre Rojas. Agrega que en México se insiste en mantener una política que es criticada en todo el mundo: la política de la abstención, de la no intervención del Estado y de la entrega y privatización de todas las áreas fundamentales.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia respecto del plan privatizador México 2030, Proyecto de Gran Visión, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Los autores del plan
• Salud (muestra parcial)
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud federal
Patricia Faci, directiva de Genomma Lab
Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro Médico ABC, IAP
Alberto Jongitud, exsecretario de Salud en el estado de Hidalgo
Ector Jaime Ramírez Barba, diputado federal panista y exdirector del Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato
Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la UNAM y exsecretario de salud federal
Humberto Veras, director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Hidalgo
Jesús Zacarías Villarreal, secretario de Salud de Nuevo León
Jesús Kumate, exsecretario de Salud federal
Juan Antonio Fernández, exdirector del Seguro Popular
Juana Jiménez Sánchez, coordinadora de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud federal
Julio Sotelo Morales, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
María Eugenia de León May, exsubsecretaria de Administración y Finanzas de la Ssa federal
Mario Acosta Mejía, exdirector de la Alianza Médica Mexicana
Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención de la Ssa federal

• Pobreza, exclusión y grupos vulnerables (muestra parcial)
Alberto Mulás, miembro de los consejos de administración de las empresas Acciones y Valores, URBI, ICA, SHF, OMA, y exubsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano
Alfredo Achar Tussie, presidente de la empresa Comercial Mexicana de Pinturas, Comex
Enrique Castro Villalobos, subsecretario de Finanzas del gobierno de Guanajuato
Félix Vélez Fernández Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población
Gerardo Leyva Parra, integrante con voz y voto del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza
Gustavo Merino, subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal
Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo
Luis Orvañanos, presidente de la constructora GEO
Luis Sereno Coló, consejero del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Desarrollo Social
Marcela Eternod Aramburu, exfuncionaria del Inegi
María del Carmen Díaz Amador, coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía
Mayra Eternod, exasesora de Aserca
Patricia Wohlers, directora general adjunta de Relaciones Internacionales del Inmujeres
Ricardo César Aparicio Jiménez, exdirector general adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval
Almudena Suárez, exdirectora general adjunta de Relaciones Internacionales de la Sedesol
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval
Jonh Scott Andreta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
Jorge Yarza Garrido, director de Desarrollo Organizacional de Hipotecaria Su Casita
Juana María Torres Cruz, política panista
Martha Laura Carranza, directora general para la Igualdad Laboral de la STPS
Paloma Bonfil Sánchez, integrante del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza
Susan Parker, investigadora del CIDE
Clara Jusidman, miembro del Consejo Asesor de la UNICEF en México

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POLITICOS DESCALIFICADOS

En busca de un hombre de Estado.
Autor: Álvaro Cepeda Neri
Quien no resolviera cierto acertijo, perdería la vida
Pericles de William Shakespeare
En un desperdiciado trienio buscando la legitimación militaroide –que no política ni económica, social ni cultural– terminó el sexenio calderonista que completó, en el mal gobierno, al foxismo. Ambos fueron el corto inicio y ocaso del Partido Acción Nacional (PAN), que echó por la borda, con sus neopanistas conservadores y fundamentalistas coronados por El Yunque, su medio siglo de oposición derechista.
El país está sobreendeudado, empobrecido masivamente a pesar del multimillonario excedente de la reserva en dólares. La inseguridad económica genera un dramático desempleo y constantes despidos. Las remesas de trabajadores legales e indocumentados en Estados Unidos y Canadá dejaron de ser caudaloso río para ser un arroyo que tiende a casi secarse. De esta manera, millones de mexicanos, que así calmaban sus necesidades, ingresan a la pobreza.


La irrupción de las delincuencias encabezadas por los sicarios del narcotráfico –que se ajustan cuentas y se llevan en el fuego cruzado de sus cuernos de chivo, o intencionalmente con toda la barbarie del terrorismo, a mexicanos que nada tienen que ver o indirectamente se ven involucrados en esa guerra contra militares y policías– tiene a la población en el trágico y total desamparo.
Y los gobernantes, ocupados en la corrupción de la narcopolítica y la indiferencia e impunidad, tienen a la nación, acosada por otras crisis, al borde de la desesperación social en el marco de las celebraciones a la Porfirio Díaz.
Porque al menos desde el orto y ocaso posrevolucionario (y ya cancelado el aventurismo de Victoriano Huerta con su binomio: militarismo y alcoholismo, que parece repetirse), los mexicanos no han podido encontrar, careciendo de la Lámpara de uno de los tres Diógenes (el de Apolonia, el Cínico o el de Enoanda), a un hombre de Estado; al político que aspire a “ser el primer servidor del Estado”, conduciendo –desde un nuevo presidencialismo, sustentado en reformas de contrapesos y la creación de los tribunales de cuentas y constitucional para la rendición de cuentas– el deslinde de responsabilidades y control constitucional de todos los poderes del Estado.
La derecha panista –dedicada a quedar bien con sus creencias religiosas y pensando, como el Savonarola de cuando los Medici, en la Florencia que parió al más lúcido creador de la política republicana (Las décadas de Tito Livio, antítesis de El príncipe)– ha querido resolver los problemas con Padres nuestros, en vez de enfrentarse como gobernantes laicos y democráticos a la solución de la crisis general. Y así ahuyentar los síntomas y hechos de violencia social que aparecen por todo el país; mientras, la inseguridad que priva por el narcotráfico y la fallida estrategia para combatirlo ya implantaron al terrorismo sangriento que ha roto la convivencia pacífica, tensado la gobernabilidad y estabilidad para poner en riesgo la institucionalidad amenazada por el debilitamiento de la legalidad y legitimidad, mermadas por la corrupción, impunidad y empobrecimiento.
La incapacidad e ineficacia de los panistas, que culminaron los abusos del salinismo-zedillista, tienen a la política y a los políticos al borde del total descrédito. Se les tiene como “mediocres, incompetentes, cínicos, mentirosos, aprovechados, manipuladores, corruptos (y) cuando no son sus causantes, los políticos se muestran incapaces de resolver la crisis económica, la inseguridad ciudadana, la decadencia crónica de la agricultura, la extensión del paro (el desempleo)… baja calidad de la educación… degradación del medio ambiente…
“En conclusión, es preocupante que los políticos aparezcan entre los grandes problemas percibidos por la opinión pública. Pero no basta descargar cómodamente en ellos –ni siquiera sobre sus malas prácticas– la culpa de una devaluación persistente de lo público y de lo político… Porque el rechazo total a la política y a los políticos somete a la sociedad a la ruda ley del más fuerte” (del ensayo La condena social de los políticos, de Joseph M Vallés, de la Universidad de Barcelona; publicado en El País el 3 de febrero de 2010).
Otra vez los mexicanos tenemos que resolver el acertijo con la política y los políticos que tenemos para encontrar con la lámpara constitucional un político que reúna las cualidades para la política. Y postular, con democracia y republicanismo, la imperiosa necesidad de sufragar por la personalidad capaz de reivindicar la política.
¿Tenemos políticos? Sí, y no son los actuales galanes de la televisión. Ni los “grillos”. Tampoco los del caudillismo populista. Menos los clericales ni caciques. Están descartados los desgobernadores que abusan del poder, se reparten como botín el dinero público y se equivocan en las inversiones, pero no para pedir el tanto por ciento a los inversionistas privados.
Esta fauna nos ha regresado al “estado de naturaleza” (Rousseau) con el capitalismo salvaje y “mano invisible” (Smith), para dejar hacer al mercado al libre antojo de la “ley de la oferta y la demanda” (Say) y, finalmente, a la “guerra de todos contra todos” (Hobbes), para tener a la nación en los devastadores efectos de la crisis general.
Ya andan sueltos los buscadores del futuro, adelantando propuestas con base en el letrero aquel de la anécdota “Mañana ayuna Napoleón”, que cada mañana posponía ad infinitum, cuando la cuestión es un político para el presente que nos agobia. Reyes Heroles (1921-1985) salió con lo de “primero el programa, después el hombre”.
Es indispensable invertirlo. Primero conocer al político, a un profesional de la política, conocedor del ejercicio del poder y los poderes del Estado, en los términos analizados por Norberto Bobbio, en su listado, teórico y práctico del concepto, entreverado en su estudio Teoría general de la política (editado por Trotta).
No se trata de sustituir la política y al político por el marketing mediático ni postular, como receta salvadora, ni subirse a la globalización, convertida en coartada para reducir el espacio político; sino de buscar y encontrar al político del presente para el inmediato presente. Lo hay. Y tiene “a su favor la imagen del hombre indispensable frente a la descomposición del régimen carrancista (léase, calderonista) que, como el del Madero, distó de cumplir con las expectativas de una sociedad deseosa de cambios pacíficos” (Pedro Castro, Álvaro Obregón, fuego y cenizas de la Revolución Mexicana. Biblioteca Era-2009).
La solución al acertijo para encontrar al político mexicano en cuestión ha de buscarse en las biografías de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, con raíces en el más grande político mexicano que fue Benito Juárez.
La destrucción del Estado laico, en paralelo con la implantación del neoliberalismo a partir de 1982
Pedro Echevarría. Argenpress
1. Varias decenas de miles de muertos en las guerras que el clero y los conservadores desataron a mediados del siglo XIX en México para “defender” sus enormes privilegios frente a los liberales reformistas encabezados por Lerdo y Juárez. En las décadas de los veinte y treinta del pasado siglo otros miles de campesinos inocentes fueron acribillados o apuñalados en una “guerra cristera” que el clero convocó para luchar contra una Constitución y su ateísmo. ¿Pero qué importa que los abuelos y los padres hayan muerto por defender derechos de los pobres explotados, si ahora está en el gobierno una burguesía clerical dispuesta a borrar el pasado, que pide “que no se hable más de guerras entre hermanos” y se olvide de esa separación entre la iglesia y el Estado para que la iglesia pudiera recuperar justamente sus privilegios?.

2. Juárez sabía que la Constitución de 1857 no era clara para limitar el enorme poder del clero y las guerras que había desatado, por eso proclamó las Leyes de Reforma en que se señalaba: “perfecta independencia entre los negocios del estado y los puramente eclesiástico; supresión de monasterios y secularización del clero que vivía en ellos; abolición de cofradías y otras de naturaleza similar; cierre de los noviciados en los conventos de monjas; nacionalización de todos los bienes del clero secular y regular; eliminación de la participación de la autoridad civil en el asunto de pagos de servicio eclesiásticos”. Todos estos planteamientos respondieron al revanchismo violento de la iglesia contra la Constitución de 1857 que por primera vez se atrevía a “levantar la voz” contra el privilegio de Clero, militares y conservadores.
3. ¿Puede alguien olvidar que René Capistrán Garza, fundador de la Asociación Católica de Jóvenes de México, llamaba a luchar por conquistar el poder del Estado? ¿Qué en 1921, exigiendo el desconocimiento de la Constitución, se realizó por el clero una multitudinaria al santuario de la vírgen de Zopopan y que ese mismo año explotó una bomba en la Basílica de Guadalupe? ¿Qué dos años después se inauguró el monumento al Cristo Rey en el cerro del Cubilete con la presencia del delegado apostólico italiano Fillipi que luego fue expulsado? Todos esos antecedentes provocaron la gran guerra cristera que durante cuatro años provocó miles de muertos humildes y manipulados por la iglesia y el gobierno porque la primera luchaba contra la implantación del laicismo que borraba de un tajo el dominio del catolicismo.
4. “Sí mexicanos, ya basta de no vernos como hermanos y como iguales”, dice el presidente Calderón, católico y represor de obreros. La bronca es que unos son más iguales que otros. Unos son los hermanos del capital y otros son los hermanos del trabajo, unos son más hermanos de la explotación y la acumulación de propiedades y otros son hermanos por ser miserables, oprimidos y perseguidos. Obviamente dios en el discurso no quiere esa desigualdad; pero la práctica del clero en la tierra demuestra exactamente lo contrario: que sus aliados son el poder. Los clérigos Prigione, Rivera, Cepeda, Sandoval, han formando parte del enorme poder que oprime a los mexicanos, porque ninguna hoja se mueve en la iglesia sin la orden de ellos. Ellos fueron los artífices que junto al presidente Salinas, lograron relaciones con el Vaticano.
5. Para mayor gloria de Dios, el gobierno de Felipe Calderón está subordinándose a los intereses de la jerarquía católica –señala el investigador González Ruiz- al grado que ya se convirtió en un gobierno de tinte confesional y neocristero que –por encima de la Constitución– está socavando al Estado laico mexicano. Junto con el Ejército, que actualmente goza de grandes prebendas y es movilizado a nivel nacional, la Iglesia es la otra institución que sirve de pilar al gobierno federal. El “peligroso binomio” clero-Ejército ha desencadenado una escalada de violaciones a los derechos humanos y a las libertades individuales. El hecho más visible de este “franquismo a la mexicana”, de corte fascistoide, es la actual embestida del régimen calderonista contra la legalización del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo, la cual es auspiciada desde el Vaticano por el Papa Benedicto XVI.
6. Entrevistado por Proceso, González Ruiz, hace una diferencia entre el gobierno de Fox y de Calderón. Señala que a pesar que los dos son de derecha, del PAN y que admiraban a los cristeros, Fox tenía desplantes escenográficos; mostraba crucifijos, el estandarte guadalupano y besó públicamente el anillo del Papa, pero su gabinete era plural, pero decepcionó a la jerarquía católica. Calderón sí es consciente de su compromiso católico: busca desmantelar el Estado laico y la aplicación de preceptos religiosos; su gobierno en bloque está dando continuidad, en la práctica, a la lucha cristera. Las dependencias que menciona son: la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina, mediante las llamadas capellanías castrenses.
7. Mucho más que el ascenso del PAN y de Fox en 2000, el corte histórico del México actual parece iniciarse en 1982 con la implantación brutal de la privatización y las relaciones con el Vaticano llevadas hasta sus últimas consecuencias en el gobierno priísta de Salinas y el apoyo absoluto del panismo. Incluso el “nacionalismo” priísta, aquella posición que buscaba el “centrismo”, fue enterrado por Salinas para dar paso a la alianza derechista absoluta entre PRI y PAN. Si en los 30 y 40 hubo algunas deferencias ideológicas que luego se matizaron, hoy no existen tales y sus diferencias sólo son personales y de grupo por más poder. El neoliberalismo y la iglesia, junto con los medios de información y el ejército, han logrado consolidar los intereses de esos dos partidos que se han adelantado al PRD.
Procampo, ineficaz y regresivo: organismos internacionales
Autor: Érika Ramírez.
San Juan Tlacotepec, Puebla. Extiende su mano y muestra un puñado de granos dorados a punto de la molienda. “Éste es nuestro sustento: el café”, dice Guillermo Berlín, habitante de este municipio.
Señala, con un dejo de nostalgia, la hojarasca que arrancó una ventisca el pasado diciembre: “Se llevó casi todo el café. Como ya estaba a punto de la cosecha, no resistió el mal tiempo”.
El lluvioso invierno minó los ingresos que pretendían alcanzar decenas de productores de la Sierra Negra. “Se nos cayeron las ventas”, dice el hombre. Cuando no le rinde el jornal, sale en busca de trabajo a la ciudad de México como albañil.
Poblada por más de 12 mil indígenas nahuas, en esta comunidad la gente tiene “difícilmente” acceso a la alimentación. Comercializa el poco café que siembra en tierras rentadas, se alimenta de la cosecha de la milpa (maíz, frijol, calabazas) y de las plantas silvestres que brotan entre las laderas.
Guillermo Berlín, actualmente regidor de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad de Género de este municipio, se encuentra en conflicto permanente con el presidente municipal, Gregorio Merino Mendoza, debido a la distribución “inequitativa” de los programas de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
“Aquí la gente se la pasa sufriendo. No hay apoyo del presidente, que distingue mucho a quien le entrega los programas. Las diferencias se hacen de acuerdo con el partido al que pertenezcan y, por supuesto, aquí domina la militancia priista; así que si se participa con el PRD (Partido de la Revolución Democrática) o con el PAN (Partido Acción Nacional), los apoyos no llegan”, dice en entrevista con Contralínea.
El mismo Guillermo Berlín se encuentra al margen de estos programas. Contrario a ello, el presidente municipal, Esteban Gorgonio Merino Mendoza, obtuvo en 2008 ?el mismo año que asumió el poder del ayuntamiento? 25 mil 520 pesos del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), revelan los padrones de la Sagarpa.
Las listas, actualizadas hasta 2008, muestran que en el ayuntamiento se les distribuyeron 3 millones 809 mil pesos sólo a 917 personas –apenas el 7.12 por ciento de la población total.
A esta localidad, que mantiene un índice de desarrollo humano de 0.57070, también llegaron fiscalizadores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y comprobaron que el Programa de Trabajo de la Estrategia 100 x 100, coordinado por la Sagarpa, es ineficaz y regresivo.
El Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 revela que en los 27 municipios visitados por la ASF –muestra contemplada de un total de 125 municipios que comprende el programa–, “el número de beneficiarios, superficie y monto apoyado fue inferior en relación con el año anterior; la cobertura del Procampo disminuyó; los beneficiarios con un número igual o mayor a cinco hectáreas (Ha) representan una décima parte del total de productores apoyados y obtienen un tercio del monto total apoyado. Por tal motivo, se concluye que ese programa resulta regresivo”.
BID reprueba al Procampo
Informes de entidades financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial coinciden con el máximo órgano de fiscalización y desaprueban el otorgamiento “diferenciado” de subsidios.
El Análisis cuantitativo de los efectos de transferencia al sector rural: Ingreso Objetivo, Procampo y Oportunidades, elaborado por el investigador George A Dyner para el BID, expone: “El Procampo tiene el objetivo apoyar el ingreso de las familias rurales, principalmente de autoconsumo. Sin embargo, sólo una cuarta parte de los recursos del programa llega a estas familias, el resto responde a productores no-rurales”.
Ante la falta de transparencia en la asignación de los subsidios, en San Sebastián Tlacotepec “quisiéramos que se investigara cómo se aplican esos recursos, pero para poder ir a la secretaría en Puebla, es necesario tener dinero: unos 600 pesos por persona, además del pago de alimentación y hospedaje. En total, podrían gastarse hasta 800 pesos en ir a solicitar información”, dice Guillermo Berlín.
Expuesto en julio de 2008, el reporte final del BID señala que el Procampo tampoco tiene un énfasis en los productores de autoconsumo y los recursos que se transfieren a esta población son menores que para otros grupos.
“Aquí, los que más se benefician con el programa son los terratenientes. Somos varios los que no tenemos terreno”, acusa el indígena nahua. El habitante de la sierra poblana explica que los dueños de la tierra en la cabecera municipal son apenas unos 50 “terratenientes”. En consecuencia, la gente vive y trabaja de esos terrenos, que tienen de 50 a 100 arrendatarios cada uno.
El BID, la principal fuente de financiamiento en América Latina y el Caribe, recalca que el programa operado por la Sagarpa es “altamente ineficiente” en el fomento productivo. “Una forma más eficiente de atender a este sector de la población es a través de un programa de crédito”.
La institución financiera, que preside el colombiano Luis Alberto Moreno, advierte, en el Informe de consultoría servicios financieros rurales en México, que el Estado mexicano tiene una ausencia de servicios de ahorro en el sector agropecuario, baja penetración del sistema de pagos. Además de un sistema de financiamiento caro, poco eficiente y compuesto por una multiplicidad de fuentes.
Flora, una indígena nahua de 48 años, habita en lo alto de la cabecera municipal de San Sebastián Tlacotepec. Ella es madre de tres mujeres adolescentes, un joven de 20 años, y abuela de ocho nietos. Junto con su esposo, es el sostén de esas 12 personas.
¿Qué más puedo hacer? Pregunta en tono desesperado. Hace un par de años empezó un viacrucis que no puede concluir: la tramitación de las escrituras que la harán propietaria de la tierra donde duerme y de la que se alimenta toda su familia.
Supone que con los títulos de propiedad podría acceder a los “beneficios” del Procampo, para ayudarse “otro poquito”. Sin embargo, los papeles no llegan. La solicitud ha pasado de un abogado a otro. Una inversión aproximada de 6 mil pesos tampoco ha fructificado. Cada persona que le ha prometido solucionar “su problema” ha desaparecido, no han vuelto a la comunidad, “y eso que iban recomendados por las autoridades”.
Flora recibe 740 pesos bimestrales del Programa Oportunidades; pero en diciembre pasado el recurso llegó de apenas 120 pesos, sin saber el porqué del “ajuste”. Su esposo es jornalero en tierras tlaxcaltecas, donde gana 70 pesos diarios.
El Análisis del gasto público en el desarrollo agrícola y rural, elaborado por el Banco Mundial, indica que los programas relacionados con la tierra, que incluyen acceso a la tierra, regularización de los derechos sobre la tierra, apoyo legal y resolución de conflictos, absorben sólo el 0.6 por ciento del Programa Especial Concurrente, “en contraste con la importancia de los problemas de la tierra en México”.
Además, descubre que los principales subsidios del agro son acaparados por los estratos menos necesitados de la población rural. De los programas como Procampo, Ingreso Objetivo y de Desarrollo Rural (PDR) de Alianza, el decil de productores más pobres recibe de Ingreso Objetivo la décima parte de un 1 por ciento, y fracciones igualmente insignificantes de los otros programas.
En tanto, muestra el organismo financiero, en el otro extremo de la distribución, el decil de productores más ricos recibe los siguientes porcentajes de transferencias: 45 por ciento del Procampo, 55 por ciento del PDR de Alianza, 60 por ciento de los subsidios a energía e hidrológicos y 80 por ciento de Ingreso Objetivo.
La ASF fue otra de las entidades encargadas de revisar la efectividad del Procampo –diseñado para el combate de la pobreza en el campo mexicano–. El máximo organismo de fiscalización auditó 27 municipios, de los 125 que comprenden la Estrategia 100 x 100, diseñada para de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo. La muestra comprendió 87 millones 626 mil pesos. El resultado fue reprobatorio.
De la información que proporcionó Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria ?organismo descentralizado de la Sagarpa, encargado de la operación del Procampo?, se desprende que “el presupuesto de ese programa no establece estimaciones de gasto por cada una de las entidades federativas ni mucho menos a nivel de municipio, motivo por el cual no se efectuó el comparativo del presupuesto original con el ejercido”.
Sin embargo, la ASF detectó que entre 2007 y 2008 se redujo el número de beneficiarios casi al 10 por ciento; la reducción de la superficie apoyada, en un 12.8 por ciento, y el 12.7 por ciento del importe de los apoyos.
Las cifras oficiales muestran que, en 2007, las entidades federativas donde se ubican los 125 municipios de la Estrategia 100 x 100 (Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz) obtuvieron recursos por 4 mil 391 millones 431 mil 500 pesos; mientras que para el siguiente año se les destinaron 3 mil 834 millones 653 mil 700 pesos. La diferencia del presupuesto ejercido de un año a otro fue de 556 millones 777 mil 800 pesos.
El número de beneficiarios también se redujo en 136 mil 676 personas, cuando se pasó de 1 millón 396 mil 56 personas a 1 millón 259 mil 380 campesinos, de 2007 a 2008. En el mismo periodo de tiempo, la afectación en hectáreas que pudieron ser sembradas fue de 520 mil 814, al pasar de 4 millones 70 mil 7 Ha a 3 millones 549 mil 192 Ha.
El informe del organismo fiscalizador es contundente: “El objetivo de mejorar el nivel de vida de la población que habita en los municipios seleccionados no se cumplió, dado que por las disminuciones indicadas se deterioró el ingreso pecuniario recibido por la población objetivo. Este hecho se contrapone a lo que pretende la Estrategia 100 x 100 en su vertiente Productividad e Ingreso, la cual forma parte del Procampo, en lo relativo a mejorar el ingreso de la población mediante acciones que permitan elevar la productividad y aumentar las oportunidades de empleo”.

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Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo.
Autor: Nancy Flores
El plan transexenal de Calderón México 2030, Proyecto de Gran Visión, reconoce que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, las fuerzas castrenses se corrompen. Además, aunque la principal oferta gubernamental es la “guerra” contra el narcotráfico, el proyecto admite que en 20 años el crimen organizado estará “acotado”, mas no extinto. En esta segunda entrega, Contralínea revela los detalles del primer capítulo “Estado de derecho y seguridad pública”, cuyo eje rector es garantizar la “plena seguridad para la propiedad”. Expertos consultados señalan que en este país hay un Estado de facto, no de derecho, y avizoran más represión


Nancy Flores / Segunda parte
En octubre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tuvo en sus manos los resultados del primer taller temático “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública”, al que convocó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declarara presidente electo.
Integrado al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, el diagnóstico descubre que la meta de este plan transexenal en materia de seguridad, dentro de 20 años, es apenas “acotar” al crimen organizado, no exterminarlo. Ello, a pesar de los más de 16 mil 500 muertos que se cuentan como saldo de los tres años de la “guerra” calderonista contra el narcotráfico.
El documento expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido “rebasado por la realidad y circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública”. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y “con esa franqueza” respecto del problema de inseguridad.
El mismo diagnóstico del Proyecto de Gran Visión anexa una lista de causas, entre las que destaca la “corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas”.
Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, “el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país)”.
Al mencionar las causas por las cuales el Estado fue rebasado, el documento también apunta la “ausencia de estrategias y tácticas profesionales en los cuerpos de seguridad pública, para lograr el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad del empleo de la fuerza pública; actores sociales manifestándose a través de expresiones violentas que ponen en peligro la integridad y derechos de terceros; falta de certeza jurídica provocada por un ambiente de impunidad, en el que se percibe que no necesariamente quien viola la ley es castigado”; entre otros.
El senador panista Felipe González reconoce que “estamos ante situaciones inéditas: traemos problemas muy severos en la cuestión de seguridad pública, tenemos problemas de impunidad y de corrupción; éstos nos están avisando que necesitamos urgentemente adecuar y actualizar algunas partes de nuestro entorno jurídico”.
El presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Gobernación del Senado considera necesario revisar leyes, como la del secuestro, pero también la del fuero militar.
“Ahora que los militares ya están haciendo el papel de policías, no hemos adecuado, desafortunadamente, el marco legal en el que se mueven, cuando realmente ése no es su papel. Corremos el riesgo que el día de mañana algún gobierno llegue y les dé encargos como en 1968 (con la matanza de estudiantes y civiles) cuando, por obedecer órdenes, al único que perjudicó su actuación fue al Ejército”, indica el senador.
No obstante, Jorge Luis Sierra señala que el diagnóstico del Proyecto de Gran Visión sólo admite que “la corrupción ha llegado a las filas de los soldados. Ésa es la única referencia que hay sobre las fuerzas armadas en el documento de seguridad, (pero) no se hace mención a una reforma militar”.
Los objetivos del plan
Desclasificado por la Presidencia de la República, el archivo de 41 páginas denominado “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” se subdivide en seis temas: derechos humanos; fortalecimiento del Estado y reformas institucionales; sistema de justicia; seguridad pública; cultura de la legalidad democrática y educación jurídica; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
Entre los objetivos esbozados en éste, sobresalen la “plena seguridad para la propiedad”; la creación de la policía nacional coordinada; la supresión del amparo directo; la reelección de los legisladores, y el “replanteamiento” de “la relación entre el Estado y las iglesias”.
Aunque este apartado es el único que no habla de privatizaciones, el maestro Edgar González Ruiz destaca que “la defensa del dinero está implicada en esta frase: ‘Plena seguridad para la propiedad y la integridad de las personas’”.
Para el investigador, “está claro que, ya sea de manera directa o eufemística, esos planteamientos anticipaban las reivindicaciones y consignas de los sectores derechistas, empresarios, jerarquía católica y grupos conservadores, representados por el gobierno de Calderón”.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México considera que “el modelo de gobierno que se dibuja en este documento es de carácter dictatorial, basado en la fuerza y represor de las libertades; confesional, de la derecha católica; totalitario, que pueda controlar a todos los sectores populares, anulando sus intereses en aras de los de corte confesional o empresarial: todos unidos, por el engaño o por la fuerza, para servir al clero y al empresariado”.
El maestro en filosofía recuerda que, en 2006, al frente de este proyecto de nación transexenal estuvo Carlos Medina Plascencia, “quien fuera gobernador interino de Guanajuato en la época de Carlos Salinas y uno de los más radicales representantes del conservadurismo católico panista”.
Estado de facto
Elaborado en medio de la crisis poselectoral, derivada de los comicios de julio de 2006, el documento estima que en 2030 “la legitimación que ha alcanzado el Estado es resultado de la promoción que éste ha hecho de un conjunto de condiciones que propician el desarrollo integral del ser humano que vive en sociedad, el respeto absoluto a su dignidad, la protección a los grupos sociales fundamentales y la convivencia pacífica. Asimismo, el estado de derecho es fundamento para el desarrollo económico, social y cultural y da certeza a los actores políticos”.
El abogado Juan de Dios Hernández Monge explica que “el estado de derecho ha sido un concepto manipulado conforme a los intereses de la propaganda; éste no se reduce a la existencia de las leyes, sino que éstas sean respetadas”.
Por ello, indica que el primer obligado en ese cumplimiento es el Estado: “Cuando éste violenta el cuerpo de leyes, nos coloca en un Estado de facto. Se empieza a gobernar a través de los secretos, como ha estado ocurriendo con Felipe Calderón respecto de problemas como el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de los mineros de Cananea, Sonora. (Ello, a pesar de que) el respeto al estado de derecho es la parte sustancial para todo lo demás”.
—¿En México se respeta ese cuerpo de leyes?
—Aquí está roto el estado derecho. Vivimos en un Estado de facto, además en un grado de descomposición extrema. El Estado tiene tres elementos: la población, el territorio y el poder o gobierno. En el caso mexicano, los tres elementos están en un punto de quiebre.
Derechos humanos, un fracaso
El documento consultado por Contralínea indica que en 2030 se “respetarán los derechos humanos, se tendrá igualdad social; los derechos fundamentales se tomarán como criterios de las políticas públicas; no habrá privilegios para la elite; se contará con ciudadanía plena; y la actuación del Estado se hará con apego a la legalidad, que promueve y protege los derechos de las personas”.
Al respecto, Jorge Luis Sierra considera que, aunque el apartado de seguridad pública hace mucho énfasis en el respeto, lo que ha ocurrido en la política de seguridad pública ha sido a costa de los derechos humanos en muchas regiones del país.
“En los últimos años ha habido un crecimiento enorme, sin precedente, en el número de recomendaciones que han sido dirigidas a las fuerzas armadas. Hay un daño colateral a los derechos humanos derivado de las operaciones en contra del narcotráfico. Hay una persistencia de un modelo de justicia militar arcaico, que ya no funciona ante las nuevas realidades que tiene el país ni ante la nueva realidad internacional. No hay ninguna demostración de avance. Entonces, la distancia que hay entre los deseos establecidos en estos documentos y las políticas que se han seguido hasta el momento son muy grandes”.
Para el abogado Hernández Monge, las garantías individuales son la parte esencial del estado de derecho. “Ahí entramos a la cuestión de los derechos humanos. Las garantías individuales deben de ser respetadas de manera sistemática y transparente por el Estado, no como un acto gracioso sino como una obligación que tiene la autoridad”.
No obstante, coincide que, con el pretexto de la inseguridad, se violan los derechos más elementales. Ejemplifica con el caso del operativo policiaco Mochila Segura, que permite a la policía revisar las mochilas de los niños que asisten a la primaria y la secundaria. “Esto significa clara y llanamente una violación de los derechos humanos de los menores que son revisados”.
Hernández Monge recuerda que las garantías individuales están consagradas del artículo 1 al 29 de la Constitución. Éstas “establecen el catálogo de derechos, que es el único patrimonio jurídico que tenemos los particulares frente al Estado. Cuando éste violenta esa esfera de derechos, el ciudadano agraviado puede pedir la protección y amparo de la justicia federal”.
Edgar González Ruiz observa que las metas de “seguridad pública eficiente e integral; crimen organizado acotado; desempeño de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, de la administración y procuración de justicia”, contenidas en el documento, “son simplemente las consignas y abusos con los que está gobernando Calderón”.
La resistencia, única opción
En su primer capítulo, originalmente clasificado como confidencial, el Proyecto de Gran Visión indica que “la sociedad mexicana, en el año 2030, es conducida de manera estable por las normas democráticamente establecidas. Esto se ha logrado a través del fomento en la población de una cultura política democrática y de la legalidad”.
De no alcanzarse un estado de derecho pleno, se corre el riesgo de “que se rompa el tejido social y que la gente pudiera comenzar a sentirse más segura cuando da sobornos, cuando la extorsionan para recibir protección de los delincuentes, en virtud de que la autoridad establecida no puede salir adelante y ayudarlos mediante el cumplimiento de la ley”, dice el senador por el Partido Acción Nacional Felipe González.
Advierte que el estado de derecho no se puede fincar en la violación de las leyes y “mucho menos” en la impunidad. “Porque entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tiene dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno y donde estamos tratando de sacarlo adelante del flagelo de la delincuencia”.
Sin embargo, el abogado Hernández Monge observa: “En el asunto de la justicia, es muy importante establecer que no se puede, desde una posición ética, convalidar el sistema jurídico ni de leyes que hay en el país, porque es intrínsecamente injusto”.
La causa de origen “de la tragedia”, detalla, inició con la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, cuando se dio origen al esclavismo. A pesar de que actualmente está prohibida la esclavitud, dice Hernández Monge, los trabajadores viven en condiciones paupérrimas. “Aunque digan que vivimos en libertad, se trata de la libertad para morir de hambre, para escoger quién te va a explotar, si tienes suerte”.
Por ello, indica, “hay una búsqueda de un nuevo pacto social que ya se está construyendo en regiones enteras del país: los municipios autónomos zapatistas”. Hernández Monge considera que el modelo se está extendiendo de manera muy sólida, y pone como ejemplo la policía comunitaria de Guerrero, “que tiene una influencia directa de esta forma autonómica de organización. Y el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, que también es efecto de este movimiento que está vivo y actuando”.
Agrega que este movimiento tiene como meta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, “cuyo puerto de arribo es ese nuevo pacto social, esa nueva constitución. Para llegar a eso se proponen una rebelión nacional pacífica”.
Explica que, cuando se cierran los causes legales frente a la injusticia, lo que le queda al pueblo, y a los trabajadores de este país, es el derecho de resistencia. Al respecto, indica que el artículo 39 constitucional garantiza el principio y el derecho de la rebelión en contra de las tiranías, en contra de las dictaduras. “Nosotros, como pueblo, tenemos de manera primigenia la soberanía del país. Y tenemos que rescatarla”.

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