Desmiente Chávez ingreso de tropas venezolanas a Honduras.

En declaraciones divulgadas este lunes por la estatal Agencia Bolivariana de Noticias, Chávez dijo en Nicaragua que "nunca lo haríamos (enviar tropas venezolanas a Honduras) por el sacrosanto respeto a la soberanía hondureña".
Caracas.- El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, negó hoy que tropas venezolanas hayan ingresado a Honduras como informaron medios locales e internacionales, y reafirmó el respeto de su gobierno a la soberanía del país centroamericano.
En declaraciones divulgadas este lunes por la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), Chávez dijo en Nicaragua que "nunca lo haríamos (enviar tropas venezolanas a Honduras) por el sacrosanto respeto a la soberanía hondureña".
"Aquí estamos para apoyar respetando al pueblo de Honduras", aseveró el líder de la Revolución Bolivariana al intervenir en una reunión extraordinaria de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que se realiza en Nicaragua.
ABN aclaró que lo que Chávez ha exigido de forma pública, tras el golpe de Estado perpetrado la víspera contra el gobierno de Manuel Zelaya, son "demostraciones de solidaridad con Honduras, más allá de meras declaraciones".
"Hemos venido a pronunciarnos con mucho vigor y con mucha fuerza, a hacer un llamado a todos los gobiernos del continente, que no nos quedemos con la mera declaración", dijo el gobernante venezolano al intervenir en el conclave de la Alba.
Chávez advirtió, en ese sentido, que "no basta decir que condenamos (el golpe de Estado en el país centroamericano), exigimos demostraciones de solidaridad con el pueblo de Honduras y con el presidente constitucional de este país, Manuel Zelaya".
El mandatario venezolano destacó que "no sólo hemos venido a dar declaraciones; es un plan jurídico, político y social el que hay que elaborar para apoyar al pueblo de Honduras".
Aclaró, sin embargo, que "no hay negociación posible con estos golpistas (nuevas autoridades hondureñas), que renuncien. Hay que ser muy firmes, como las rocas, ante unos golpistas a los que hay que decirles que entreguen el gobierno al presidente Zelaya".
La víspera, el Congreso hondureño posesionó como nuevo presidente de la República al legislador Roberto Micheletti, luego que Zelaya fuera capturado por tropas del Ejército y enviado por la fuerza a Costa Rica.

Daniel Ortega asegura bienestar de la canciller Patricia Rodas.
El presidente anfitrión de la Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) informó la madrugada de este lunes que la canciller hondureña, Patricia Rodas, quien fuera secuestrada el domingo por militares golpistas, partió desde Honduras con rumbo a México, y que se encuentra bien de salud.
“Me informaron que hace 20 minutos la canciller Patricia Rodas partió de Honduras con destino a México, donde el presidente Felipe Calderón la va a recibir”, manifestó Daniel Ortega entonces.
Asimismo, sostuvo que la Canciller podría sumarse este lunes a la cumbre de emergencia convocada por el SICA (Sistema de Integración Centroamericana), que se escenificará en la misma capital centroamericana.
Horas antes, la enviada especial de Telesur a Tegucigalpa, Madelein García, reportó que la funcionaria se comunicó con sus familiares y aseguró que se encuentra bien.
Mientras tanto, comenzó en la nación centroamericana un toque de queda ordenado por el presidente de facto Roberto Micheletti, a partir de las 21H00 locales (15H00 GMT) y por 48 horas.
Este domingo se produjo en Honduras un golpe de Estado que adelantaron autoridades militares de esa nación en desconocimiento de la institucionalidad democrática, que culminó con el secuestro y traslado a la fuerza del presidente constitucional y elegido democráticamente, Manuel Zelaya a Costa Rica.
Esto, horas antes de que iniciara una consulta popular para determinar si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, debía iniciarse este domingo en Honduras con la apertura de los centros de votación que fueron habilitados en los parque de las principales ciudades de ese país centroamericano.
Por su parte, el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, expresó, durante la reunión extraordinaria de los países del ALBA, que aún cuando fue secuestrado y sacado a la fuerza de su país sigue “siendo el ciudadano que los hondureños escogieron para dirigir el país durante cuatro años”.
“Mi periodo termina el próximo año, no termina este año; por tanto, tengo toda la autoridad moral, todo el apoyo de la comunidad internacional, todo el apoyo de los sueños y aspiraciones de una humanidad que lucha siempre por escalar posiciones y todo el apoyo del pueblo hondureño para regresar a tomar posición de mi cargo”, sostuvo Zelaya Rosales.

Honduras bajo golpe de estado
Mauricio David Idrimi
Al Dorso.
En la madrugada de este domingo 28 de junio fuerzas militares secuestraron al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, con lo que se perpetró un golpe de Estado contra el mandatario centroamericano, que había convocado a una consulta popular para decidir sobre el establecimiento de una Asamblea Constituyente que habilitara una reforma constitucional. Zelaya fue expulsado del país de inmediato, según fuentes citadas por una radioemisora local. "Ignoramos a qué país fue enviado, pero fuentes fidedignas confiaron que Zelaya ha sido sacado de Honduras", dijo la cadena local de radio HRN. "Aparentemente viajó en su avión presidencial a Venezuela", agregó la estación. Ninguna fuente militar ni estatal confirmó la versión de la radio. Un aliado del presidente, el dirigente campesino Rafael Alegría, dijo a Radio Cadena de Noticias: "Se trata de un golpe de Estado... eso es lamentable". "Hubo disparos, pero no sabemos mucho lo que pasó", agregó. "Pero los asaltantes sacaron por la fuerza al gobernante y se lo llevaron a un sitio que ignoramos aún". Todo parecía tratarse de una venganza contra el mandatario derrocado. ¿Por qué? Zelaya destituyó el jueves 25 de junio al máximo jefe militar, general Romeo Vásquez, por negarse a cooperar en su consulta para impulsar reformas constitucionales. Aceptó la renuncia por igual motivo del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, pero la Corte Suprema y el Congreso restituyeron al oficial. La consulta no era supervisada por el Tribunal Supremo Electoral, el único organismo estatal para hacerlo. No obstante, f ue rechazada por la Corte Suprema, la fiscalía general, el Congreso, la procuraduría general. "Volvimos a los golpes de Estado, eso es lamentable", sostuvo Alegría. Por otra parte, ya la Organización de Estados Americanos condenó esta situación: e l secretario general de la OEA , José Miguel Insulza, condenó "severamente" el golpe militar y pidió la colaboración del mundo contra esta crisis política.
La consulta popular, para determinar si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, debía iniciarse este domingo en Honduras con la apertura de los centros de votación que fueron habilitados en el parque de las principales ciudades de ese país centroamericano. La consulta, convocada a partir de la firma de más de 400 mil ciudadanos hondureños, ha sido objeto de rechazo por parte de ciertos sectores políticos y sociales de Honduras, lo que les ha llevado incluso a intentar un golpe de Estado contra el presidente de ese país, Manuel Zelaya. En declaraciones a la prensa, Insulza, que ha convocado a una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para analizar la crisis, exigió a los golpistas dar a conocer "de inmediato" el paradero del presidente Manuel Zelaya y que la comunidad internacional se una en contra de esta "grave alteración del proceso democrático del continente". Pero, ¿será que estamos ante una nueva oleada de inestabilidad política en una región donde vuelven agitarse fantasmas de golpes cívico militares contra gobiernos que se pronuncian contra viejos modelos que siguen persistiendo? ¿Cómo es posible que la historia hondureña se repita en este año 2009?
Como suele suceder en esta historia desagradable para los países de América latina, Honduras aún no ha podido desligarse de un pasado turbulento marcado por el golpismo, el poder de las clases conservadoras y el siempre presente intervencionismo norteamericano implícito y explícito. Antigua colonia española, desde 1840 hasta el decenio de 1980 este país centroamericano fue frecuentemente dirigido por dictaduras conservadoras. Las elecciones tenían poca significación y las revoluciones fueron frecuentes. En el transcurso del siglo XX, la importancia creciente de las plantaciones de bananeros pusieron al país bajo la dominación de las compañías fruteras norteamericanas, tales como United, Standard y Cuyamel. La United Fruit Company compró Cuyamel, en 1929, e hizo de Honduras una "república bananera". Aún cuando ellas contribuyeron poco al desarrollo general del país, las compañías fruteras le dieron un producto de exportación mayor, desarrollaron las zonas portuarias del Caribe e hicieron, indirectamente, de San Pedro Sula, una zona de población importante. En 1933, Tiburcio Carías Andino, sostenido por la United Fruit Company, llegó al poder y ejerció una dictadura enérgica hasta 1948. Juan Manuel Gálvez le sucedió y emprendió la modernización del país. Su política engendró una huelga general de los obreros de las plantaciones bananeras, en 1954. Esta huelga marcó la decadencia de la influencia de la United Fruit. Fue bajo la presidencia de Gálvez que Honduras adhirió a la Organización de los Estados de América Central. En 1954, un régimen democrático fue puesto en marcha y el liberal Ramón Villeda Morales llegó a la presidencia de la República. Hizo adherir al país al Mercado Común Centro-Americano (MCCA) y lanzó programas en favor de una reforma agraria y de la educación. En 1963, su discutida política, asociada a la aprehensión provocada por la suba del comunismo en Cuba, desembocó en un golpe de Estado, conducido por el coronel Osvaldo López Arellano. Y es aquí donde comienza una historia aún más oscura.
Los militares se adueñaron del país, fuertemente financiados por Washington y muy comprometidos en su lucha contra el comunismo. Los militares se hicieron amos y señores del país, y en alianza con las familias oligárquicas tradicionales llevaron a cabo una política de agresión regional muy severa. En 1969 de hecho se enfrentaron a El Salvador en la tristemente célebre “guerra del fútbol” por cuestiones fronterizas y problemas inmigratorios. Pero la presión internacional y las protestas populares obligaron a los militares a llamar a elecciones en 1981. En noviembre de 1981, los hondureños votaron en las primeras elecciones presidenciales en 18 años y fue elegido presidente Roberto Suazo Cordova, del P artido Liberal. Después de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional tomara el poder en Nicaragua el 19 de julio 1979, Honduras comenzó a ser el privilegiado otra vez militarmente por Estados Unidos, quien hizo de este país su gendarme en América Central, para apoyar a la "contra" nicaragüense y vigilar la frontera con El Salvador, dónde la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional tomaba fuerza. Al frente de la e mbajada estadunidense en Tegucigalpa estaba el embajador John Negroponte, un experto en Vietnam. El hombre fuerte era el g eneral Gustavo Alvarez Martínez, quien aplicó la desaparición forzada de personas como una de las formas represivas. Este g eneral se graduó como subteniente en el Colegio Militar de la Nación en El Palomar, Argentina, en los años '60. Recibió luego cursos de Estado Mayor en Buenos Aires.
Paralelamente a esas elecciones en noviembre 1981, jefes militares y oficiales de inteligencia de 20 países latinoamericanos se encontraron discretamente con oficiales estadounidenses en Washington. El secretario de Defensa Caspar Weinberger y el ministro de defensa salvadoreño José Guillermo García fueron los oradores principales de esta reunión en la cual se discutió como contrarrestar "el terrorismo, la subversión y la insurrección armada" en toda América Latina. Y en esas fechas viajó la embajadora ante las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick a Argentina, Uruguay y Chile, para charlar sobre el incremento del involucramiento militar de esos países en Centroamérica. Mientras, en Honduras, militares norteamericanos organizaban una fuerza paramilitar latinoamericana, financiada con dinero de la CIA. Esto significaba que los militares a pesar de las farsas electorales seguían siendo los señores dela guerra que custodiaban los intereses de los terratenientes locales y las inversiones extranjeras en el país. En el decenio de 1980 la geografía hizo inevitable que Honduras y sus pretorianos se involucraran en la guerra contra el gobierno sandinista patrocinada por Estados Unidos. Ronald Reagan y el Pentágono convirtieron de inmediato a Honduras en un enclave de lanzamiento para los ataques de los “contra” sobre la Nicaragua sandinista. El terreno hondureño pronto se vio salpicado con pistas de aterrizaje, almacenes de provisiones y campamentos base para las tropas de los “contra”. Miles de unidades regulares de Estados Unidos (y mucha CIA y veteranos vengativos de Vietnam) y de la Guardia Nacional de Honduras se turnaban el servicio en el país y la economía local estaba inundada por la afluencia de cientos de millones de dólares. Todas estas actividades reforzaron el poder de los militares hondureños.
El gobierno civil sobrevivió al menos nominalmente cuando Rafael Callejas asumió la presidencia en 1990. En 1993 el Partido Liberal mantenía su poder con el triunfo de Carlos Reina. Tanto Callejas como Reina se sumaron a la ola neoliberal del Consenso de Washington y los tecnócratas del FMI y el Banco Mundial inundaron el Ministerio de hacienda del país. Pero el país se vio sumido en la decadencia económica y la gran corrupción venida de…los militares dueños del país. Reina, bajo presión popular y delos medios progresistas de comunicación del país, intentó corregir esta situación y anunció medidas para contrarrestar el pode r de las fuerzas armadas, implicadas con negociados turbios del narcotráfico internacional. También se llevó a cabo un plan de gobierno para investigar los casos de desaparecidos en los tiempos de las dictaduras militares y de los años del decenio de 1980. Inmediatamente los hombres del ejército desplegaron tanques a las calles de Tegucigalpa en agosto de 1995 como demostración de fuerza. El despliegue militar habló por sí mismo.
Honduras es uno de los países más pobres del continente, y conocido mucho tiempo como una "república bananera". Esta ubicado en América Central, bordeado por Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y tiene costas del lado del Pacífico y sobre todo del lado del Caribe. Tiene una superficie de 112.492 kilómetros cuadrados y una población de unos 5,5 millones. El 63% de las familias hondureñas sufren de desnutrición, miles de chicos viven en la calle y más del 55 % está desempleado. Una vez más esta situación no importa y los poderosos intereses de los militares se adueñaron del país. Zelaya, quien asumió en enero de 2006, parecía un dirigente hondureño más dispuesto a dejar el status quo de Honduras, pero sus posteriores alianzas con la Venezuela chavista y el ingreso al ALBA lo hicieron presa de la desconfianza del mundillo empresarial local y las fuerzas armadas. Washington también se sumó a esa desconfianza y le retiró todo el apoyo a Zelaya. Lo cierto que en Honduras otra vez la historia pretoriana se repite y un golpe de Estado se hace con el poder en este país centroamericano. Un golpe condenable y que hay que repudiar. Un golpe que parece ser un aviso de que los cuarteles, los sectores poderosos de siempre y los intereses foráneos no descansarán hasta doblegar los nuevos tiempos de integración latinoamericana. H a llegado el turno de Honduras… ¿Cómo sigue esta historia?

Comienza la persecución a líderes populares en Honduras


Rebelión


Organizaciones sociales de Honduras denunciaron desde Tegucigalpa que ya se inició la persecución contra dirigentes populares, por parte de los cabecillas del golpe de Estado, que fue perpetrado hoy en el país centroamericano.
Sobre dirigentes de la Coordinadora del Bloque Popular y del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas (COPIN), pesan incluso órdenes de captura. En esta situación, de riesgo para su libertad y su vida, se encuentran los líderes Marvin Ponce, Andrés Pabón, César Hans y Rafael Alegría.
Alegría , dirigente campesino de Honduras y miembro de la Comisión Coordinadora Internacional de Vía Campesina, se encontraba esta mañana frente al palacio presidencial hondureño, desde donde conversó telefónicamente con el presidente Hugo Chávez Frías.
También están siendo perseguidos, aun cuando no hay una orden escrita en contra suya, los dirigentes sociales Juan Baraona, Carlos Humberto Reyes, Cuter Castillo, Berta Cáceres y Salvador Súñiga.
En este momento, se encuentra en desarrollo en Honduras un golpe de Estado, realizado para impedir una consulta popular planificada para este domingo. En la acción antidemocrática se encuentran involucrados la oligarquía hondureña, la dirigencia eclesiástica, medios de comunicaicón, sectores militares, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. El presidente Manuel Zelaya fue secuestrado y enviado a Costa Rica.

Un golpe para callar al pueblo hondureño
Rebelión

Horas antes de dar inicio a una consulta popular que decidiría sobre la instalación de una cuarta urna en las elecciones del próximo 29 de noviembre, en la que se determinaría la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en la República de Honduras; un Golpe de Estado orquestado por una pequeña cúpula de las fuerzas armadas del país, apoyada por la extrema derecha burguesa y las empresas de medios de comunicación, ha vulnerado la democracia latinoamericana y la potestad del pueblo hondureño de decidir sobre sus asuntos internos.

Siguiendo la moderna receta imperialista para llevar a cabo Golpes de Estado, un grupo de militares sublevados secuestraron durante la madrugada de este domingo al presidente legítimo de la república Manuel Zelaya, obligándolo por la vía de las armas a abandonar el territorio hondureño, apoyados por un cerco mediático que impide al pueblo conocer los hechos que se desarrollan. A esto se suman los cortes en el suministro eléctrico, la interrupción de las señales de los medios estadales y las denuncias de violación de derechos humanos a ciudadanos hondureños, funcionarios gubernamentales y diplomáticos extranjeros acreditados en el país, por parte del gobierno de facto.

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad condena el Golpe de Estado en contra del presidente constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya y repudia cualquier ataque en contra de la dignidad de la nación hondureña. Nos solidarizamos con el espíritu democrático del hermano país centroamericano, reiterando nuestro compromiso con la libre determinación de los pueblos y exigiendo el respeto a las instituciones legítimamente constituidas.

Exigimos el cese de las agresiones y acusamos públicamente a los militares golpistas que usan las armas en contra del pueblo, denunciando a los medios de comunicación cómplices que desvirtuando su labor, se apegan a los intereses hegemónicos.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los movimientos sociales y a los pueblos del mundo a condenar y manifestarse masivamente en contra del Golpe de Estado, exigiendo el retorno de la legalidad y la institucionalidad en Honduras. Así mismo, desconocemos cualquier gobierno que pretenda instaurarse en el poder por la fuerza, convocando al pueblo hondureño a resistir contra el fascismo y la burguesía reaccionaria y conservadora, hasta tanto sea restituida la democracia.

“Al dar el golpe de Estado, a las FF.AA. y a la derecha, se les ha caído la máscara”
Mario Casasús
El Clarín de Chile


En entrevista telefónica desde Tegucigalpa, el poeta Fabricio Estrada (Honduras, 1974) denuncia, con la palabra, el golpe de Estado iniciado ayer por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y que tiene en toque de queda a la población hondureña. El escritor afirma categóricamente ante las preguntas de Clarín : “ Creíamos que se iba a acrecentar la crisis política sin la intervención directa de unas Fuerzas Armadas que se suponían profesionales y no deliberantes”
Autor de los libros de poesía : Sextos de Lluvia (1998); Poemas contra el miedo (2001); Solares (2004); e Imposible un ángel (antología, 2005). Ha participado en el Festival de poesía de Medellín (Colombia) y en el V Festival La poesía tiene la palabra, Casa de América (España), inclusive, TVE lo entrevistó para un programa especial sobre la problemática actual de Honduras, con las maras.
El poeta Fabricio Estrada respalda el gobierno del Presidente de Honduras: “ Mel Zelaya abrió un espacio anhelado por todas las fuerzas progresistas de Honduras para beneficio de todas las clases desposeídas y marginadas históricamente en este país. Lo que su Gobierno ha logrado es una plataforma de acción a ser tomada como relevo por sectores sociales interesados en un cambio estructural de Honduras. Entre sus logros: dio poder de participación a una población eternamente apartada de las decisiones de Estado; eso vino a erosionar aceleradamente a una clase política tradicional”.
MC .- Despertaron con la noticia de un secuestro, ahora el Congreso trata de legitimar el golpe de Estado, ¿cómo recibieron estas noticias en Tegucigalpa?
FE.- Todos sabemos -incluidos los reaccionarios- que la sesión en el Congreso es una farsa para legitimar jurídicamente el golpe de Estado, muy a tono con la actual Constitución de la República que se ha venido rompiendo según las jugadas políticas convenientes al alto empresariado y los grupos de poder fácticos que dominan de manera oscurantista este país desde décadas. La oligarquía y parte de un pueblo desorientado por el bombardeo mediático han venido clamando por un golpe de Estado desde hace tres semanas, así que en parte no es sorpresa lo que ha pasado, sin embargo, no se esperaba semejante desproporción en los procedimientos militares. Creíamos que se iba a acrecentar la crisis política sin la intervención directa de unas Fuerzas Armadas que se suponían profesionales y no deliberantes. Pero en la conciencia colectiva tenemos muy presente el terror histórico que las FF.AA. incubaron el ser hondureño durante décadas de dictadura, así que la máscara se les cayó.
MC .- Entonces, ¿la encuesta por La Cuarta Urna es un chivo expiatorio?, ¿tenías la intención de participar en el ejercicio ciudadano convocado por el Presidente Zelaya?
FE.- Casi cuatrocientas mil personas habíamos dado nuestra firma de participación. La Cuarta Urna estaba dirigida a la convocatoria popular para una Asamblea Constituyente que estructuralmente limitara los espacios de acción política que los empresarios transnacionales y criollos mantienen en el país. De una u otra forma esta crisis iba a tener la explosión que hoy vemos ya que las organizaciones populares han venido cohesionando de una crisis a otra su lucha frontal y unívoca durante los siete años anteriores hasta ahora.
MC .- El más reciente golpe de Estado en Latinoamérica ocurrió en abril de 2002, contra el gobierno del Presidente Hugo Chávez; pero no olvidamos cuando aviones de las Fuerzas Armadas sobrevolaron la capital de Chile, el 11 de septiembre de 1973. ¿Por qué seguimos siendo intervenidos por los milicos y las burguesías trasnacionales?
FE.- El mismo sonido que escuchábamos de los aviones F-5E en la década de l980 nos despertó hoy increíblemente. Una vez más la represión sicológica sale del telón militar que había estado enmascarado en un comportamiento civilizado y no beligerante. Las clases políticas continuaron su promiscuidad secreta con las FF.AA. y nunca dejaron de tentar y atentar a esas FF.AA. contra los supuestos logros democráticos alcanzados por la voluntad popular. Finalmente esa incitación se ha concretado hoy con la complicidad de la Iglesia Católica y Protestante quienes llegaron incluso a rezar a las puertas de los batallones para que intervinieran y detuvieran al satanizado Gobierno de Mel Zelaya.
MC .- ¿El Presidente Zelaya desempeñaba un rol progresista?, ¿quién sería su sucesor el próximo año?
FE.- El Presidente Mel Zelaya abrió un espacio anhelado por todas las fuerzas progresistas de Honduras para beneficio de todas las clases desposeídas y marginadas históricamente en este país. Lo que su Gobierno ha logrado es una plataforma de acción a ser tomada como relevo por sectores sociales interesados en un cambio estructural de Honduras. Sus logros no sólo han sido rebajas de precios o aumentos de salarios: activó políticamente y dio poder de participación a una población eternamente apartada de las decisiones de Estado; eso vino a erosionar aceleradamente a una clase política tradicional que ya había recibido una advertencia frontal con el 62% de abstención en las pasadas elecciones internas del Partido Liberal y Partido Nacional en el 2008. El sucesor tendría que salir de este movimiento progresista que se cohesionará aún más con los hechos acaecidos hoy día.
MC .- ¿Qué trayectoria tiene el usurpador Roberto Michelitti en la política local?, ¿quién será el candidato de la derecha en noviembre de 2009?
FE.- Roberto Michelitti tiene más de treinta años de participar como diputado y militante del Partido Liberal, y es uno de los más fundamentalistas conservadores en el ruedo nacional, dueño masivo de medios de transporte y beneficiario de la venta de líneas de operación de telefonía celular en Honduras, Digicel. Actualmente es el Presidente del Congreso Nacional y el año pasado durante la histórica Huelga de Hambre de los Fiscales en contra de la corrupción dentro del Ministerio Público, fue el principal opositor al movimiento que logró despertar una nueva conciencia de lucha popular; además, es repudiado por las propias bases del Partido Liberal al ser nombrado de dedo a la Presidencia del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Como ven, este es el curriculum vitae del flamante golpista Roberto Micheletti. Con este golpe se demuestra que sólo existe una representación política de ultra derecha en el bipartidismo hondureño.
MC .- ¿Qué lecturas está haciendo la prensa local?, ¿peligra la libertad de expresión?
FE.- La prensa independiente fue cercada, mientras que los medios corporativos y mediáticos de Rafael Ferrari –zar de las comunicaciones en Honduras- han desinformado de manera permanente y vergonzosa junto a los diarios La Prensa, La Tribuna y El Heraldo, que pertenecen al empresario y vendedor de armas Jorge Canahuati y al ex presidente de la República Carlos Flores Facussé, eterno componedor tras bambalinas de la política criolla nacional. Es de hacer constar la criminal presencia mediática del periodista de opinión Renato Álvarez, quien de manera sistemática ha infundado temores oscurantistas y desbalanceado la capacidad de orientación del público hondureño con invitaciones diarias a los principales instigadores del golpe militar a través de su programa Frente a Frente. Así que el periodismo hondureño se ha coludido masivamente en Prensa y Televisión descaradamente, salvo honrosas excepciones, marcados por una corrupción que es para todos es un secreto a voces.
MC .- Siendo poeta, ¿de qué forma externarás tu indignación?
FE.- Estas respuestas son la muestra de la verdadera indignación que todo poeta debería trasladar desde su fe en lo humano a lo político militante.
MC .- ¿Con qué otros poetas de Latinoamérica estás en comunicación para denunciar el golpe de Estado?
FE.- Con casi todos, de manera directa e indirecta. Los poetas de mi espectro generacional (1974) han sido absolutamente solidarios en toda Latinoamérica y han sabido replicar este llamado.
MC .- ¿En Honduras confían en la gestión de la comunidad internacional?, ¿crees que se revierta el golpe de Estado y regrese Zelaya a la Presidencia de Honduras?
FE.- Es lo menos que esperamos, en ambas posibles soluciones. De lo contrario estamos obligados a revertir la situación por nuestros propios medios, siendo consecuentes con lo que por años hemos anunciado desde la poesía y del arte en general.
MC .- Finalmente, ¿a qué te refieres cuando dices: “las organizaciones populares tomarán acciones inciertas”?
FE.- Las soluciones populares tienen su propia evolución una vez que se ha desconocido su voluntad democrática.

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EL GOLPISMO GALOPA.

Se prepara golpe de estado
COPINH / Adital
Ante la comunidad nacional e internacional, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, denuncia la intención golpista perpetrada la noche del 24 de junio del 2009 al gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales y contra el pueblo hondureño y sus más importantes aspiraciones. Este acto es una reacción desesperada de la derecha y sus aliados para frenar la voluntad popular de buscar vías democráticas para la transformación nacional.
La derecha reaccionaria ha buscado frenéticamente parar la Encuesta Nacional que se realizará este 28 de junio y en donde se le preguntará a la sociedad hondureña si esta de acuerdo que se instale una Cuarta Urna en las elecciones generales de noviembre para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboraría una nueva constitución.
Esta ofensiva golpista ha sido planificada y ejecutada de manera articulada entre el Congreso Nacional fascista, los medios de comunicación y sus dueños; El Ministerio Público, los empresarios más poderosos del país y las Fuerzas Armadas, que han venido actuando en franco desacato a las decisiones del poder ejecutivo; por esto denunciamos que el ejército ha asumido un papel similar al de los años ochentas, cuando servía de instrumento de desestabilización y represión. A esta campaña, que desemboca en un desproporcionado acto de agresión contra un pueblo hondureño, se han unido algunos sectores de las jerarquías de las iglesias evangélicas y católica, quienes han intermediado, alentado y justificado los hechos de connotación golpista.
Así mismo denunciamos la injerencia y participación del gobierno de los EEUU y su embajador en Honduras quién alertado de antemano de los hechos aquí denunciados abandonó el país, y llamó a los directivos del BM, el FMI y otras instituciones cercanas al gobierno norteamericano, a abandonar el país, con lo que demuestran su contubernio con las fuerzas golpistas.
Llamamos a las bases del COPINH y al pueblo hondureño en general, organizado y no organizado, a movilizarse desde su comunidad, aldea o ciudad, especialmente de Tegucigalpa, para expresar su rechazo e indignación. Les llamamos a no dejarse intimidar por la campaña mediático terrorista desencadenada en contra de la voluntad y expresión del pueblo y su derecho a pensar y desear un país nuevo, con justicia y equidad.
Llamamos a la comunidad internacional a manifestarse decididamente en contra de esta agresión al pueblo hondureño y expresar su solidaridad y apoyo para que no se violenten los derechos humanos del pueblo hondureño.
Llamamos a intensificar la lucha organizada para instalar la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática, ahora, en este momento histórico de nuestra patria.
Finalmente, el COPINH, reconoce como único Presidente Constitucional de la República, a Manuel Zelaya Rosales, por lo que rechazamos a cualquier "sustituto" impuesto por los poderes fácticos e imperialistas.
Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira y Etempica se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz.
Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, 24 de junio de 2009
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras - COPINH


Tegucigalpa, bajo la amenaza de golpe de Estado.
Guido Eguigure
Rebelión
El presidente Manuel Zelaya (Mel) constituyó un gobierno en 2006 que desde su primer día tomó distancia de los grupos de poder y sus más fieles representantes manteniendo un poder muy precario con respecto a los sectores de poder económico y político. En el Congreso Nacional se quedó desde el primer momento sin una bancada de diputados que respaldaran los proyectos de ley que enviaba al mismo.

El presidente Mel se ha venido distanciando de esos grupos al ir haciendo cosas que los ha irritado: les ha cerrado negocios que siempre fueron usufructuados a través del estado. Se ha perseguido la evasión fiscal, una forma de enriquecimiento muy practicada por la gran empresa del país. Eliminó el monopolio de la importación de combustibles que dejaba ganancias millonarias a una empresa. Elimino los negocios de importación de armas y medicinas que el dueño de dos grandes medios escritos había realizado por décadas con el estado. Cancelo partidas millonarias mensuales asignadas desde casa presidencial a los grandes medios.

A nivel internacional ha desarrollado una política exterior distinta acercándose a los gobiernos de izquierda de América Latina. Se ha abierto la casa de gobierno a los sectores populares, haciendo una forma de auditoria social, confrontando a funcionarios del mas alto nivel, con los pobladores y sectores populares que exigen sus derechos.

En 2008 se enfrentó directamente a los diputados del Congreso Nacional en varias ocasiones, en contra de su acuerdo para reformar la ley electoral pretendiendo financiar de manera permanente los partidos políticos del presupuesto nacional, propuesta que se gano el rechazo unánime de la población y del ejecutivo. También se distanció del congreso nacional por la elección de la nueva corte suprema de justicia y finalmente, por la elección del Fiscal General. Estos hechos marcaron una ruptura evidente en el sistema político nacional. Se borro la línea divisoria entre los dos partidos tradicionales. Ambos se ubicaron nítidamente en contra del interés nacional y en contra del ejecutivo que se quedo casi sin representantes en el Congreso Nacional.

Mel decreto un incremento importante al salario mínimo, bastante precarizado debido a las constantes devaluaciones y el consecuente incremento al precio de la canasta básica. El ultimo año de su gobierno (2009), año electoral, se ha profundizado esta división. Mel ha compensado su falta de apoyo en el Congreso con la profundización de una amplia alianza con los sectores populares. Esto le ha agravado su confrontación con los grupos de poder. Los grandes medios no han cesado un solo día de atacar a su gobierno.

Mel se ha planteado este año basado en su plan, hacer una especie de plebiscito o referéndum nacional, para preguntarle a la población si quiere establecer una cuarta urna durante las elecciones nacionales de noviembre. Es decir, que además de la urna presidencial, de diputados y de alcaldes, Mel quiere consultar al pueblo si se pone una cuarta urna para preguntarle al pueblo si quiere establecer una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva constitución. Esta propuesta ha generado un maremoto político. Se han aliado los sectores más conservadores para oponerse férreamente a la misma. Se ha montado una campaña mediática millonaria para declarar ilegal la campaña por el si que se ha programado para el 28 de junio. Se han utilizado desde argumentos legales hasta las mas bajos ataques mediáticos para desprestigiar usando argumentos obsoletos y de atemorización masiva para evitar que la población sea consultada. Se han usado argumentos de “se van a llevar tus niños” o “te van quitar tus propiedades” fantasmas de la guerra fría que se creían olvidadas para evitar que la gente sea consultada. En el fondo existe un temor, ante la creciente deslegitimación que ha sufrido el sistema de partidos políticos y que surja un nuevo modelo basado mas en la participación real y no en la representación que ha probado con creces que no funciona.

En la historia reciente del país, la población nunca ha sido consultada sobre ningún asunto de interés nacional.

El presidente Zelaya no envió el proyecto de presupuesto de 2009 al Congreso Nacional, de manera que sigue funcionando el del año pasado. Como una forma de presionar al Congreso no ha hecho transferencias al mismo. Esto ha incrementado el malestar de los diputados que le adversan. La mayor dificultad para ellos es que este año necesitan los recursos públicos para pagar sus campañas (esto es una constatación dado que a esta altura del año, estaríamos inundados de propaganda política. Hasta hoy no hay casi anuncios de ningún candidato ni a presidente ni alcaldes ni diputados). Como conclusión, es seguro que las costosas campañas a las que nos tienen acostumbrados los políticos tradicionales son pagadas por nuestros impuestos, desde los mas de mil millones de Lempiras en el fondo discrecional que maneja el presidente del Congreso Nacional. Contrario a esto (del informe de CIPRODEH sobre el desempeño del congreso) las alcaldías tienen más de 70 pasos que llenar para obtener los pequeños fondos asignados para la Estrategia Para la Reducción de la pobreza.

El día de anteayer (23-6) por la tarde, el candidato a Alcalde de Tocoa (zona norte del país, donde DCA tiene el proyecto DIPECHO VI) por el partido de izquierda Unificación Democrática sufrió un grave atentado: 4 sicarios dispararon casi 30 balas de AK 47 contra su automóvil. 4 de ellos impactaron en su cuerpo. Ayer mismo fue trasladado en helicóptero a Tegucigalpa en estado crítico. En esa misma ciudad fue asesinado Carlos Escaleras (ex candidato a alcalde por el mismo partido) hace ya mas de diez años, caso emblemático de uno de los tres que el ERIC litiga ante el Sistema Interamericano de DDHH.

El día de hoy, 25 de junio, el Presidente Zelaya convocó a los sectores populares a la Casa de Gobierno y también al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para reafirmar su compromiso con la consulta. Los militares han estado en el centro de la polémica en los últimos días porque desde los sectores de poder les dicen que no deben obedecer a su comandante general para dar el apoyo logístico a la consulta. Mel les llamó para asegurarse que a partir de mañana se deberán empezar a distribuir las 15 mil urnas en todo el país.

Hoy por la tarde han circulado muy fuertes rumores de que se prepara un Golpe de Estado. Las fuentes han sido variadas pero coincidentes.

Mel se reunió esta noche con el Estado Mayor General y el Jefe de este en la casa de gobierno. Al final de la reunión, en una conferencia de prensa acompañado por representantes de variados sectores populares, en un comunicado bastante escueto Mel anunció que había aceptado la renuncia del Jefe del Estado Mayor Conjunto y también del Ministro de Defensa.

A continuación Mel llamo a los sectores populares a una gran asamblea popular en la casa de Gobierno para defender el derecho a consulta del pueblo y para tomar decisiones importantes para el país. Se asegura que ya están viajando a la capital los sectores populares para respaldar al presidente.

Este episodio agrava la situación política y pone en el tapete el siguiente movimiento de los grupos de poder. Fuentes confiables aseguran que la Junta de Comandantes y El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas han decidido renunciar en solidaridad con su jefe destituido.

También se afirma que el RECABLIN (Regimiento de Caballería Blindada, cuerpo de elite del ejercito) esta listo para tomar los puntos principales de la ciudad, casa de gobierno, radio y canal nacional, entradas y salidas, incluido el aeropuerto, etc.

Esta tarde, el Congreso Nacional se declaró en sesión permanente. Un estado poco usado, solo en momentos de crisis. El siguiente movimiento será aquí. Bajo una serie de argumentos seudo legales, destituirán al presidente, nombrando una junta cívico militar para “restablecer” la constitución que estaba en peligro.

El ejército saldrá a las calles a reprimir cualquier manifestación en apoyo al presidente. Se iniciará una cacería de brujas facilitada por la debilidad de la organización de los sectores populares. La violación de los más elementales derechos estará a la orden del día. La única forma de evitar el derramamiento de sangre será con una contundencia de la gente en las calles apoyando al presidente. Mi pronóstico es que ganará el miedo a la represión y esto lamentablemente la propiciará.

Como colofón, el embajador de Estados Unidos salio del país ayer. De forma muy conveniente, NO estará presente en el desenlace de esta crisis. Honduras deberá seguir jugando el papel que ya jugó en los 80´s: contención para los gobiernos progresistas que vienen del sur y que se acercan peligrosamente al muro del patio trasero.

Sesión extraordinaria de la OEA para analizar la crisis
La Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará hoy en Washington una sesión extraordinaria para analizar la situación política actual de Honduras, mientras que en Nueva York el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá para evaluar esta crisis que, según el mandatario de ese país, Manuel Zelaya, ha sido provocada porque la oposición está "conjurando" un golpe de Estado.
Así lo comunicó a los medios locales la viceministra de Asuntos Exteriores de Honduras, Beatriz Valle, quien no dio más detalles sobre el encuentro que sostendrán los representantes de la ONU ni tampoco precisó si alguna autoridad hondureña estará presente para defender la política del actual Gobierno, informa Europa Press.
El presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D'Escoto, ya había condenado "de forma clara y contundente el intento de golpe de Estado" que supuestamente se está gestando en Honduras "contra el Gobierno democráticamente electo" de Zelaya y lamentó el posible retorno de "esos días horrorosos de los golpes y demás interrupciones del orden democrático" en Centroamérica.

Sectores sociales hondureños se congregan en apoyo a Zelaya
TeleSUR

Sectores sociales de Honduras se congregan este jueves en Tegucigalpa, (capital), atendiendo al llamado que hiciera el pasado miércoles el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien convocó a una asamblea en la Casa Presidencial, "para tomar decisiones en pro del desarrollo y de la democracia hondureña" y de esta forma definir la consulta del próximo domingo en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre.
En un comunicado leído en horas de la noche, Zelaya anunció la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, tras la desobediencia de ambos a la orden de distribuir el material logístico para la realización el próximo domingo de una consulta en favor de la colocación de una cuarta urna en los comicios venideros.

El mandatario añadió que "quiero convocar para el día de mañana en Casa presidencial a partir de las 12 del día, a los sectores sociales, a los diferentes sectores del país que quieran acompañarnos y al pueblo, para tomar decisiones en pro del desarrollo y de la democracia hondureña".

Rafael Alegría, dirigente campesino, confirmó vía telefónica con teleSUR, que ya están llegando a Tegucigalpa, capital del país, campesinos, indígenas, trabajadores y varios sectores en apoyo a esta decisión del presidente Zelaya.

Alegría añadió que "a pesar de la tranquilidad estamos viviendo momentos de tensión. El alto mando militar ha aceptado el poder del Presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de remover y sustituir a los altos mandos".

El dirigente explicó que en esta reunión conjunta, los movimientos sociales "definiremos qué es lo que debe seguirse, si se sigue con la consulta o se elabora una nueva estrategia entre el pueblo y los sectores populares".

Al mismo tiempo, Alegría pidió solidaridad tanto al pueblo de Venezuela como a los pueblos Latinoamericanos, al tiempo que afirmó que la Organización de Estados Americanos (OEA) ya se ha pronunciado favorablemente en defensa de la institucionalidad del país.

"El respaldo a Manuel Zelaya es importante pero necesitamos la solidaridad de gobiernos y pueblos democráticos para que salgamos adelante, porque hace años no había una iniciativa de consulta a nuestro pueblo", aseveró.

Asimismo, dijo que a mediodía anunciarán las decisiones que se hayan tomado al pueblo hondureño "sobre una constitución más democrática y más participativa".

Alegría recordó que el mandatario hondureño aceptó, la noche de este miércoles, la renuncia del Ministerio de Defensa, al tiempo que reiteró que "el pueblo hondureño esta respaldando esta posición por una consulta popular donde queremos mayor democracia, participativa y protagónica".
Por su parte, la colaboradora de teleSUR, Regina Osorio, reiteró que la vigilia que mantenían desde la noche de este miércoles ciertos sectores sociales ha concluido, dando paso a las movilizaciones desde el interior del país hasta Tegucigalpa, es para atender a la convocatoria del presidente Zelaya.
Asimismo, Osorio reportó que los cuerpos de seguridad se han hecho presentes en algunas calles de la capital, para mantener el orden, aunque se observa un ambiente de calma y tranquilidad.
"Las autoridades han convocado a estudiantes y docentes a que sigan las clases en los centros educativos, mientras se espera la convocatoria del presidente Zelaya en horas del mediodía donde la sociedad civil, obreros campesinos, estudiantes y sectores populares, tomarán determinaciones importantes para continuar con el proceso de consulta popular".
Previamente el mandatario nacional anunció en cadena de radio y televisión que su decisión de suspender a los altos mandos militares, obedece a "la crisis generada por algunos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras".

Esos mismos sectores, añadió Zelaya, también causan problema "al orden constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido".

El presidente Zelaya promueve la realización el próximo domingo de una encuesta nacional en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre -junto a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes- para que se decida si se convoca a una asamblea constituyente que apruebe una nueva Constitución.
El candidato presidencial independiente de Honduras, Carlos Reyes, reportó este jueves que desde el 2005 cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, los movimientos populares "dijimos que ese era el último golpe que se le daba a la Constitución y por lo tanto era necesario una nueva Constituyente".
Por esta razón, el presidente Manuel Zelaya ha adoptado esta consigna y ha venido convocando a los hondureños sobre la necesidad de que se ponga una cuarta urna en las próximas elecciones, explicó Reyes, en contacto telefónico con teleSUR.
"Esto ha desatado la furia de los grupos poderosos, de las clases dominantes que han estado haciendo una campaña terrible. Ayerhasta se hablaba de golpe de Estado", apuntó.
Añadió que "apoyamos la posición del presidente Zelaya de ir a esa consulta como gran parte del pueblo hondureño".

Otra vez el diario de la vergüenza: El País y el intento de golpe de estado en Honduras

Juan Carlos Monedero
Rebelión


El diario El País, de nuevo, como ya hizo en 2001 con el golpe de Estado en Venezuela, quiere “preparar” a la opinión pública española para celebrar la desestabilización del poder legítimo en Honduras. El Presidente Zelaya es presentado, en la crónica del diario, como un extraño aliado del Presidente Chávez, como un rico que ya no escucha a los ricos, como una persona desestabilizada que ofende a los Estados Unidos, un populista que reclama el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir sus propios destinos.
¿Cuál es el delito? Aplicar una ley aprobada por el parlamento que permite someter a referéndum asuntos de interés general. El antiguo régimen, anclado en la judicatura y en sectores reaccionarios del ejército, se levanta, desobedece al poder civil e intenta la desestabilización del gobierno democrático hondureño. Como si el bunker en España hubiera intentado impedir el referéndum sobre la reforma política. Ahora el diario El País aplaude.
Uno se muere de vergüenza viendo ese comportamiento terrorista –no hay exageración: violencia contra el orden constitucional que genera muerte- del diario. ¿No hay ley que permita frenar este abuso? Si la información es un bien público ¿cómo puede prostituirse de esta manera? ¿Dónde está el Gobierno de España? ¿Dónde los partidos constitucionales impidiendo ese acto de fuerza, ese abuso de la información, esa noticia que alimenta la sedición? ¿No hay diputados en el Parlamento español que denuncien esta colaboración contraria a la democracia que postula nuestra Constitución? ¿No tiene coraje el Parlamento español para condenar este intento de golpe de Estado? ¿O es que acaso celebraríamos que el Presidente Zapatero diera una orden a las fuerzas armadas y éstas no la cumplieran? El País ha dejado clara su posición. ¿Y el Parlamento? El Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras es el Presidente Zelaya. De manera que si un militar o un juez le desobedece, es el general o el magistrado quien ofende la ley. Lo contrario de lo que dice El País.
Nos gustó que así fuera durante el 23-F, cuando Tejero tomó el Congreso de los Diputados y MIlans del Bosch las calles de Valencia. Los países hermanos reforzaran al gobierno legítimo del Presidente Calvo Sotelo. Ahora, callamos. ¡Cómo apoyar a un Presidente que, pese a ser legítimo, está hablando de más de los pobres y de la soberanía! Qué vergüenza. El diario El País presenta un mundo al revés. ¿Y qué dicen los latinoamericanistas oficiales? ¿Callan? ¿Otorgan?
A la “madre patria” le duele más la muerte de Michael Jackson que el intento de golpe en Honduras. Abre el diario una sección que permite mandar las “condolencias” por la muerte del cantante -¿condolencias que, suponemos, irán al más allá?-; mientras, el pueblo hondureño, más acá, puede volver a ser masacrado por unos militares acostumbrados a desoír las constituciones. Convocar a una constituyente ofende a los oídos de las élites hondureñas. No debiera ser lo mismo en nuestro páis.
¿Con qué moral nos preparamos a “celebrar” los bicentenarios? ¿Con una actitud que silencia un intento de golpe de Estado al tiempo que magnifica la muerte de un famoso cantante norteamericano? ¿Diciendo, como titula el periódico, que el ejército se ha movilizado “tras la destitución de su jefe”, como si su jefe fuera ese general golpista y no el Presidente de la República? Justo cuando el país puede entrar en una guerra, el diario El País descalifica al Presidente constitucional llamándole “Un populista de familia bien”. Qué desparpajo.
Vergüenza e impotencia. Si alguien ofende al Jefe del Estado en España, cárcel y oprobio caen sobre esa persona. Si un diario alimenta la desobediencia constitucional, si alimenta un levantamiento militar, si apuesta por la muerte creando un clima de desestabilización, se presenta como un ejercicio de libertad de expresión. A lo mejor vemos que en Honduras también se está creando una revolución de colores. ¿Será que Zelaya no le ha comprado suficientes libros a Santillana?
Mientras no solventemos esta locura prepotente de los medios, es bien difícil que podamos hablar de democracia. La libertad de expresión es de los ciudadanos, no de las empresas de medios de comunicación. La “madre patria” es más amable con los intereses de las empresas españolas que con los pueblos a los que reclama como hermanos. No entiendo cómo todavía nos tienen algún aprecio. Quizá por nuestros abuelos republicanos, que fueron recibidos en América Latina con tanta generosidad y entregaron allí su compromiso con la democracia. Qué rápido dilapidamos ese caudal.
El daño que hace la empresa El País a la reinvención de los lazos entre España y América Latina reclama respuesta. Los intereses comerciales de esa empresa no pueden estar por encima de los lazos históricos entre los pueblos. Mientras tanto, y si de algo sirviera, pido perdón a los hermanos y hermanas de Honduras que están luchando por dignificar su democracia. Llegado el caso, seremos más de uno los que estaremos dispuestos a defender con todas nuestras fuerzas la democracia hondureña, representada hoy por el Presidente Zelaya. Porque la democracia es cosa de todos. Más allá de lo que planteen esos medios cuya patria es la cartera.

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El desarrollo en Perú

Modelo para desarmar
Milagros Salazar
IPS

Al aceptar la derogación de dos de los decretos que encendieron un sangriento conflicto indígena en la región de Amazonas, el gobierno de Perú demostró que esas normas no eran, como alegaba, una exigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, apuntan analistas y críticos.

Lima escuchó parcialmente el reclamo indígena y anunció el martes que presentará un proyecto para derogar los dos principales decretos cuestionados, el 1.090 y el 1.064, que promueven la explotación de recursos naturales en la Amazonia y que son considerados inconstitucionales por legisladores, juristas y organizaciones nativas.

El primer ministro Yehude Simon señaló a la prensa que "el TLC no corre ningún peligro con ello" y señaló su compromiso de pacificar el país, tras lo cual abandonaría el gabinete.

Con ese paso se contribuyó a calmar en algo los ánimos.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que condujo desde el año pasado la campaña contra esas reformas, reconoció el martes en un comunicado la nueva actitud del Poder Ejecutivo y "su proclamada voluntad política de resolver" sus demandas.

Además, la Aidesep resaltó "el sacrificio y la firmeza de las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonia por el logro de estos reconocimientos" y pidió el cese del estado de emergencia en las zonas afectadas y la creación de una comisión de la verdad para investigar las muertes de al menos 34 personas --incluyendo 24 policías, cinco indígenas y cuatro mestizos-- en la provincia nororiental de Bagua, Amazonas.

La Aidesep reclama también que cesen las incursiones del ejército y los sobrevuelos en las comunidades, y que se retiren las denuncias penales contra sus dirigentes regionales y nacionales, se brinde atención humanitaria y se reivindique y repare la dignidad de los heridos y deudos de los fallecidos en los enfrentamientos.

Además, el martes llegó a este país el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Pero el cuerpo legal que dio origen al conflicto subsiste.

El Poder Ejecutivo aprobó un centenar de normas en junio del año pasado, en el marco de las facultades legislativas que le había otorgado el Congreso legislativo en diciembre de 2007 para implementar el TLC.

En diciembre de 2008, una comisión multipartidaria del parlamento determinó que el gobierno se había excedido en el uso de esas facultades, decretando por ejemplo algunas normas que contravenían el derecho consagrado a la consulta previa a las comunidades para disponer acciones que afecten sus territorios.

Los decretos 1.090 y 1.064 modifican el régimen de manejo forestal y el uso de tierras agrarias, vulnerando la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmaron los legisladores.

En opinión del analista de políticas y legislación ambiental Alberto Barandiarán, el gobierno "ha dejado en evidencia que estos decretos no eran necesarios para el TLC con Estados Unidos, y que solo aprovechó la situación para promover un modelo económico que privilegia la inversión privada".

Según dijo el experto a IPS, el Ejecutivo modificó el marco legal para el acceso y uso de los recursos naturales de la Amazonia no sólo en un decreto o dos, sino "diseminando esos propósitos en varias normas", por lo menos 10 relativas a la selva, "que han complicado el análisis" y la búsqueda de "una solución".

En 2007, el gobierno de Alan García había pretendido abordar todos esos aspectos en un único proyecto de ley de promoción de inversión privada en la Amazonia. Ante el rechazo que despertó en el Congreso, el Ejecutivo solicitó la delegación de facultades parlamentarias para realizar las reformas necesarias a la aplicación del TLC.

Las líneas maestras del plan habían sido expuestas por García en dos artículos que publicó en el periódico El Comercio, en octubre y noviembre de 2007, en los que calificaba a los críticos de la inversión privada como "perros del hortelano", que no comen ni dejan comer, y consideraba ociosas las tierras amazónicas porque "el dueño (el comunero) no tiene formación ni recursos económicos".

El decreto 1.090, suspendido desde el lunes 8 y por 90 días por el Congreso, modificó la ley de flora y fauna silvestre, abriendo la posibilidad de cambiar el uso de tierras forestales para otros fines, como explotación de hidrocarburos.

Su aplicación entrañaría que 60 por ciento de los bosques primarios, unas 45 millones de hectáreas, dejarían de ser patrimonio forestal y podrían ser vendidos. Las concesiones petroleras y gasíferas ya cubren más de 70 por ciento del territorio amazónico.

Para aplicarlo se requiere del decreto 1.064, que dejó sin efecto la ley de tierras de 1995. Éste último, según Barandiarán, es más lesivo por lo que deroga que por sus nuevas disposiciones.

Por ejemplo, la ley anterior contemplaba dos opciones para autorizar el desarrollo de las industrias extractivas: la negociación directa con las comunidades y el proceso de servidumbre.

La servidumbre permitía que la empresa solicitara un permiso al sector competente del gobierno central para ejercer su actividad en cierta zona por un período determinado, a cambio de una compensación a las comunidades dueñas de las tierras.

El decreto 1.064 eliminó esa modalidad que, si bien era criticada, representaba al menos un mecanismo para que las poblaciones locales expresaran su posición, indicó el experto.

Sin la servidumbre, quedó un vacío legal que las empresas pueden aprovechar para solicitar el cambio de uso de tierras forestales para cualquier actividad o para "apelar al derecho de desbosque, es decir que se tale una determina zona para desarrollar la minería o los hidrocarburos", expuso Barandiarán.

En su opinión, "las comunidades cuestionan principalmente que no se respete su visión de desarrollo y su opinión", quitándoles la garantía de la consulta, contemplada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

La Defensoría del Pueblo (ombudsman) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 1.064, alegando que vulnera derechos de identidad cultural, de propiedad de la tierra y de consulta previa a las comunidades nativas, consagrados en la Constitución y en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por este país.

Además, la ley de tierras, por ser orgánica, sólo podía ser derogada por la mitad más uno de los miembros del parlamento, y no por un decreto del Poder Ejecutivo.

La dirigencia indígena cuestionó en total 10 decretos legislativos. Si bien la comisión del Congreso los había considerado inconstitucionales en diciembre, el bloque oficialista se negó a tratar su derogación, llevando a las organizaciones nativas a retomar sus protestas en la primera semana de abril, bloqueando carreteras, puertos fluviales y estaciones de bombeo de gas y petróleo.

En agosto de 2008, los nativos amazónicos ya se habían conseguido derogar otras dos de esas normas, los decretos 1.015 y 1.073, que habilitaban la venta de tierras comunales autorizada apenas con los votos de la mitad más uno de los asistentes a una asamblea comunitaria.

Los acontecimientos prueban que "el proyecto político de García, sustentado en la inversión privada a toda costa, ha entrado en crisis. La derogatoria de estos decretos es un primer paso, pero no la solución", dijo a IPS el historiador Nelson Manrique, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pero, además, se ha instalado la sospecha.

Algunos decretos, como el 994, son rechazados sobre todo por temor, dijo a IPS el especialista en recursos naturales Laureano del Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales.

Ese decreto promueve inversiones en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola en tierras eriazas que se ubican sobre todo en la costa y no en la Amazonia, señaló el estudioso.

Pero, "como el gobierno siempre ha manipulado la entrega de tierras en la selva, hay mucha desconfianza", aseguró el especialista.


"La orden era matarnos"
Entrevista al líder de la protesta en la Amazonia
Milagros Salazar
IPS
La muerte de policías en enfrentamientos con nativos en la región peruana de la Amazonia fue un "genocidio" a manos de "salvajes extremistas", acusó el gobierno. Pero el awajún Salomón Aguanash rechaza los calificativos y afirma que la violencia se desató tras ser engañados y rodeados para matarlos.


Aguanash, presidente del comité de lucha regional que lideró las acciones en Bagua, dice que el jefe policial de la zona, Víctor Uribe, se comprometió la noche anterior al trágico viernes 5 de este mes a dar una tregua a los manifestantes hasta las 10 de la mañana y que, cuando los indígenas se preparaban para retornar a sus pueblos, comenzó el ataque en la llamada Curva del Diablo.

Los disparos se iniciaron al promediar las 6 de la mañana desde las quebradas aledañas mientras los indígenas permanecían vigilantes en la carretera, narra el líder de la comunidad de Nazareth, ubicada a tres horas y media de viaje en automóvil desde la ciudad de Bagua, en el departamento nororiental de Amazonas.

"Querían sorprendernos", asegura, tras señalar que el ataque policial también ocupó a tres helicópteros.

La información oficial indica que murieron 24 policías en los enfrentamientos del día 5 en la Estación Número 6 del Oleoducto Norperuano de Petroperú y en la Curva del Diablo en la ruta Fernando Belaunde Terry, mientras que las víctimas indígenas fueron cinco, pero los manifestantes sostienen que fueron muchos más y por eso siguen buscando cuerpos.

Los aborígenes reclaman la derogación de las llamadas "leyes de la selva", decretos legislativos que promueven la explotación de recursos naturales en territorios selváticos que, a su juicio, favorece la presencia de empresas transnacionales en su perjuicio y de la región.

IPS: Usted asegura que la policía les dio una tregua que no cumplió. ¿Cómo fueron las negociaciones antes que empezaran los enfrentamientos?

SALOMÓN AGUANASH: La semana anterior a esos enfrentamientos tuvimos una reunión con el general Víctor Uribe, el representante de la Defensoría del Pueblo y los alcaldes de Condorcanqui, Jaén y Bagua Chica porque en los últimos cinco días habíamos vivido mucha tensión con los conductores de vehículos que eran detenidos en el bloqueo carretero.

El general nos dijo que facilitáramos el tránsito para demostrar al gobierno (nacional de Alan García) que era una marcha pacífica. Por ello aceptamos y ese día se dio pase a los vehículos entre las 2 y 6 de la tarde.

Hasta ahí hubo entendimiento, pero a pesar que se dijo que el diálogo iba a ser permanente con la policía, luego no pudimos conversar con el general hasta cinco días después.

Quedamos para el jueves 4 a las 3 de la tarde, pero como a la reunión en El Reposo se aparecieron casi 7.000 personas, se postergó la reunión para las 6 de la tarde en el campamento El Valor de Petroperú. Ahí solo fuimos una comitiva pequeña.

IPS: ¿A qué se comprometió el general Uribe en esa reunión?

SA: Primero nos dijo que él no tenía más tiempo, porque estaba fuera de su nivel y que arriesgaba su cargo ya que había recibido orden superior. Y dijo que había escuchado por la radio que había orden de desalojo y que lo único que le interesaba hablar en la reunión era sobre el pase de los camiones.

Si no salíamos de la carretera, iba a aplicar la orden en la mañana. Por eso es que le pedimos que nos dé una tregua hasta las 10 de la mañana. Él dijo que ya, que confiáramos en su palabra y que, si él no daba la orden, los equipos que estaban allí no podían dar ni un paso.

El alcalde y el obispo de Jaén le dijeron que no provoque a los pueblos indígenas porque podía haber derramamiento de sangre. Entonces, el general aceptó la tregua.

IPS: ¿Por qué no se alistaron para retirarse cuanto antes?

SA: En la Curva del Diablo había más de 3.600 concentrados y debíamos conseguir movilidad, camiones. Esa era la estrategia, no crear nada de violencia. Como a las 5 de la mañana no pasaba nada, nosotros nos confiamos. Pero a eso de las 05:50 horas empezó a aparecer mucha gente por los cerros.

Los compañeros empezaron a subir y a gritar: ¡es la policía, es la policía! Entonces llamé al (teléfono) celular del general para que no haya mayor violencia, pero no respondió.

Mientras tanto los policías seguían saliendo del cerro y empezaron a disparar. Nos rodearon, querían sorprendernos. En ese momento cayeron dos hermanos. Ahí se levantó el hermano Santiago Manuim (reconocido dirigente indígena del Alto Marañón) para pedirle a los policías que no disparen, pero una bala le cayó en el estómago.

IPS: ¿Es verdad que el disparo contra Manuim exacerbó los ánimos de los indígenas y esto los llevó a atacar a los policías?

SA: Los hermanos empezaron a atacar a los policías cuando vieron a los dos primeros muertos. Luego de los disparos por los cerros, llegaron a los 10 o 15 minutos tres helicópteros, uno de las Fuerzas Armadas y dos de la policía, desde donde disparaban bala directo al cuerpo. No sólo lanzaron bombas lacrimógenas sino también unos aparatos que empezaban a encender fuego en los cerros. Si miran las fotos, los cuerpos están quemados.

En ese momento hubo dos tipos de reacciones: algunos que se entregaban a morir y otros que respondían con mucha cólera con sus lanzas. La gente empezó a correr y a dispersarse para salvar su vida, quién sabe si esas balas de los helicópteros le cayeron a los mismos policías.

Al rato, dos tanquetas de la policía empezaron a disparar desde la carretera. Si la policía quería desalojarnos, porque desde el principio no vinieron por ahí y prefirieron sorprendernos por los cerros. La orden era matarnos.

IPS: ¿Quién tiene la culpa de lo sucedido?

SA: El gobierno central (de García), Mercedes Cabanillas (ministra del Interior), el premier Yehude Simon y también el general Uribe porque me pidió que manejara la situación con inteligencia y yo acepté desalojar la zona pero él no cumplió.

Incluso esa misma noche del jueves yo regresé a hablar con los hermanos y conversamos con los de los camiones para que se pusieran en orden porque al día siguiente íbamos a dar pase (al tránsito carretero). Nosotros calculábamos que nos íbamos a ir entre las 8 y 9 de la mañana.

IPS: ¿Es posible que sólo haya cinco o seis nativos muertos, y más de 24 policías?

SA: No creo en eso, nosotros que estábamos desarmados, cómo podemos matar a 24. No creo que todos nuestros hermanos se hayan escapado y por eso estamos preocupados para recuperar nuestros cadáveres.

Aunque en mi comunidad Nazareth, en otras como Wawas y La Curva todos ya han retornado, nos preocupada los hermanos de Santiago, Nieva y Cenepa porque hay 85 que aún no regresan a sus pueblos.

También hay dos más que faltan en la comunidad de Tutungos. Yo sé quiénes faltan porque antes de salir a la protesta, 15 días antes del viernes 5, hice un registro de todos. De las cinco cuencas que dirijo salimos 2.600, además se sumaron 140 de la provincia de San Ignacio, de la región Cajamarca, y 1.006 de la comunidad de Paután del distrito de Nieva en Amazonas. En total, éramos más de 3.600.

IPS: El presidente Alan García ha calificado de genocidio la muerte de los policías a manos de los nativos y de salvajismo extremo, ¿qué tienen que decir al respecto?

SA: Que nos sentimos marginados y también indignados sobre todo después de haber perdido tantas vidas de los hermanos indígenas y los hermanos policías que nada tienen que ver con nosotros. Ellos no tienen la culpa, la orden la dio el gobierno central.

El presidente dice que ha sido por la influencia de otros países, eso es falso. Si hubiese sido así, hubiésemos estado armados, nosotros somos gente humilde y con estas palabras el gobierno nos maltrata, esperamos que reflexione y derogue los decretos que hoy sólo se mantienen por el capricho del gobierno que ha provocado este conflicto entre los wampis-aguajún y los policías.

IPS: El gobierno asegura que ustedes se oponen al progreso, ¿cómo entienden ustedes el desarrollo?

SA: No rechazamos el desarrollo, queremos el progreso, pero hace tiempo nos han separado como si perteneciéramos a otros países, no nos han tomado en cuenta. No nos han traído el desarrollo agrario ni económico con sus propuestas.

El país ha cometido un grave error al elegir a Alan García por segunda vez. Con su política, pretende tratarnos como terroristas. Le repito, no rechazamos el desarrollo sino que esto no puede ser pensado sólo desde los hombres de corbata del gabinete de ministros sino considerando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución.

Nosotros desconocemos el tipo de desarrollo que nos ofrece el presidente, porque no es sostenible y atenta contra la Amazonia que es patrimonio de todos. Por eso, si el gobierno insiste en marginarnos y en no derogar los decretos, ya no vamos a bloquear carreteras sino vamos a poner nuestro hito (límite) para establecer hasta donde las autoridades puedan ingresar en nuestros territorios.

IPS: ¿Qué representa el territorio indígena para ustedes?

SA: Nuestro territorio es nuestro mercado, nuestra madre. Nosotros no tenemos supermercados como las grandes ciudades sino que tenemos que recorrer dos o tres días para cazar animales y buscar nuestra comida en el bosque. Todo lo que necesitamos para nuestra sobrevivencia está ahí. Por ello es que lo defendemos con nuestras vidas.

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REVELANDO EL SECRETO.

Las organizaciones secretas de la ultraderecha mexicana.
Revista Milenio.
Documentos de los archivos secretos del Vaticano revelan acciones para destruir al nuevo gobierno de México realizadas desde la Revolución de 1910 hasta la Guerra Cristera de 1929.
En los archivos secretos del Vaticano se descubrieron documentos donde se comprueba la intención de la Iglesia de intervenir en la política mexicana y alcanzar de manera encubierta el poder en el país, a pesar de que el Papa Pío XI ordenó públicamente en 1929 la desaparición de las organizaciones secretas. En los documentos vaticanos se encontraron registros con los nombres de Asociación del Espíritu Santo o Cofradía del Espíritu Santo y de la Unión de Católicos Mexicanos, conocida como la U, que planteaban obtener la Presidencia de la República 70 años después, proyección que curiosamente coincidió con el arribo de Vicente Fox a Los Pinos en el 2000.
Al participar en las Jornadas de Historia “Iglesia, Independencia y Revolución”, organizadas por la Universidad Pontificia de México a mediados de mayo, Yves Solís expuso su investigación realizada durante 2006 y 2007. El académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, encontró en el Vaticano los estatutos de la U, inexistentes en los archivos de la Iglesia en México. Creada originalmente para “destruir al Estado revolucionario” a través de organizaciones cuyos líderes se comunicaban con señas para conservar el anonimato, la U preparó a jóvenes voluntarios de colegios católicos como líderes políticos; la mayoría militó en el Partido Acción Nacional (PAN). Entre los fundadores de esta organización secreta se encuentran el arzobispo Luis María Martínez, hoy beato en busca de canonización; el santo cristero Anacleto Flores; Adalberto Abascal, abuelo de Carlos Abascal —el reconocido líder empresarial y ex secretario de Gobernación durante la administración foxista—; René Capistrán Garza, funcionario cercano al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, y el propio secretario de la U, José María Troncoso.
Riguroso secreto
Yves Solís comentó a MILENIO Semanal que la U fue creada el 25 de mayo de 1915 en Morelia, en el contexto de la Revolución carrancista, con la finalidad de favorecer la presencia de la fe católica en la sociedad y el establecimiento del reino social de Cristo en México. Su primer nombre fue Asociación del Espíritu Santo. Esta organización, cuyos miembros estaban sujetos a un riguroso secreto, se expandió con la ayuda de su fundador, el sacerdote Luis María Martínez, después arzobispo primado de México. A dos años de su fundación, la U anunció un programa político de transformación de México y en 1920 estableció formalmente en sus estatutos una “acción política de destrucción del Estado”, evaluada y rechazada por el Papa Pío XI. No obstante, el 10 de octubre de 1920, la Unión de Católicos Mexicanos fue aprobada por la jerarquía católica nacional durante los festejos de coronación de la Virgen de Guadalupe. Sus tres grandes finalidades eran defender a la Iglesia y a los católicos, implementar el orden social cristiano en el país y, finalmente, lograr la independencia y la soberanía de la nación. “Este era un programa alentador, pero iba totalmente en contra del proyecto revolucionario”, apuntó Solís. “La U no quería ser pública pero operó para ejercer un control total sobre agrupaciones públicas tanto sociales como políticas. De acuerdo a lo encontrado en los archivos del Vaticano, la U tomó el control de, entre otras, la Unión Nacional de Padres de Familia, creando comités de instrucción para impedir que las ideas de la Revolución se aplicaran en las escuelas”. En Morelia, puntualizó el académico, tuvo más éxito y “lograron que renunciara un alcalde, así como la desaparición de periódico El Heraldo de Michoacán, porque atacaba constantemente a la Iglesia”.
Y añade: “Si bien hasta 1919 su acción surgió principalmente de la Arquidiócesis de Morelia, con el regreso de los diferentes obispos y la aceptación en octubre de 1920 de la U se ampliaron sus actividades a escala nacional. Para 1922 la asociación registraba cerca de dos mil personas en la Ciudad de México, Morelia, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Yucatán, Aguascalientes, Zamora, León, Querétaro, Saltillo, Tamaulipas, Querétaro, Colima y Tepic, con la finalidad de organizar las fuerzas de los católicos para fines electorales”. Uno de sus opositores fue, paradójicamente, el delegado apostólico Ernesto Filippi, quien aseguraba que a través de la manipulación de diferentes órganos de la sociedad civil y de asociaciones católicas la U imponía diputados, logrando así penetrar la élite política e intelectual del país, puntualiza Solís.
Al conocer los objetivos de la organización, el investigador documenta que Filippi envió un reporte al Papa Pío XI donde considera que ésta organización “representa un peligro”, y agrega que “por causa de la delicadísima situación político religiosa mexicana, las actividades secretas de la U podrían dar lugar a gravísimos y dolorosísimas consecuencias para la Iglesia y para la tranquilidad de la nación”. Sin embargo, el delegado apostólico no logró concluir su trabajo en México porque fue expulsado en 1923, luego de colocar la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete.
Solís indicó que “el primer ensayo de acción política se hizo a finales de 1918, en las elecciones municipales de Morelia. En secreto se estudió una candidatura, se redactó un manifiesto y dos días antes de las elecciones se publicó. La candidatura y todos los socios de la U, entonces cerca de 60, se convirtieron en propagandistas en apariencia sin vínculos ni organización. El día de las elecciones tomaron las casillas y de esta manera lograron el control de la junta encargada del conteo. Ganó su candidato”. La U también tuvo éxitos en el plano nacional, donde logró instalar a cuatro diputados y a presidentes municipales en Acámbaro, Zinapécuaro, Aguascalientes y Zamora, de acuerdo con los documentos.
Salvador Abascal señaló en su momento que “el establecimiento de la UCM, su rápida difusión, su sólido perfeccionamiento y los resultados que había producido a pesar de los defectos de nuestro carácter mexicano y de las críticas circunstancias de la República, hacían pensar a sus miembros que ésta era una obra de Dios, e infundía la esperanza de que con las bendiciones celestiales se produciría en el porvenir frutos de vida para la Iglesia y para la patria”. Algunos obispos decían en 1930 que al catolicismo le iba a costar 70 años más retomar el control político del país; en el 2000, “con la llegada al poder del PAN, podemos ver que la U tuvo cierto éxito”, concluye Solís.
En el Congreso de la U celebrado en Morelia en diciembre de 1921 se acordó que los esfuerzos principales en el orden social se concretarían a las uniones profesionales y a las escuelas. Al referirse a la acción nacional o política, se estableció que “carecerían de base las obras sociales de nuestra Patria si no se trabajara por dárselas muy firmes en el terreno político. La injusticia increíble de nuestras leyes y los caprichos sectarios de nuestros gobernantes son la espada de Damocles suspendida siempre sobre toda obra católica, sea escuela, sindicato, periódico, hospital (sic), etcétera. Si alguna de estas obras subsiste es por nuestra audacia y por alguna condescendencia de los enemigos, fruto de su temor o de algún resto de vergüenza. Es preciso que tarde o temprano cambien nuestras leyes y nuestros gobiernos y esto será imposible si los católicos no entran en el terreno político (sic), ni podrán entrar con probabilidades de éxito si no forman una organización política suficientemente poderosa y suficientemente oculta. Por eso la UCM entra resueltamente en política, no para enlazar su suerte con ningún partido ni para hacer política menuda, sino para lograr que se respeten si posible es, por todos, los principios católicos y los derechos de la Iglesia”.
Las reglas impuestas para pertenecer a esta organización se encuentran en los estatutos. Los socios, manifestó el investigador del ITESM, tenían que ser de conducta irreprochable y discretos, “había que ser un profesional de la fe católica” y todos debían protestar un juramento secreto y contraer un compromiso de honor para sujetarse a la disciplina. “Ningún socio tenía autoridad para invitar a otra persona a pertenecer a la U; para ingresar se investigaba al candidato y de ser así se aceptaba su ingreso por un miembro de mayor antigüedad quien hablaba con él y lo integraba a una sus unidades denominadas compañías”. Solís señaló que en los documentos encontrados se detalla cómo se identificaban los socios de esta organización: “usaban un distintivo de la U, un alfiler con cabeza dorada en la solapa; las señas mudas eran llevar en el pecho la mano derecha tocando tres veces el corazón con el dedo índice, a lo que contestaba el interpelado cruzando los brazos”. A la pregunta de “¿pertenece usted a la Asociación del Espíritu Santo?”, se contestaba: “Gracias a Dios”. A “¿conoce usted a la Unión Comercial Mutualista?”, debía contestarse con “¿la UCM?”. En sus reuniones eran recibidos por porteros a quienes se les tenía que decir santo y seña para tener ingreso. Además, estaban obligados a una cuota.
La U es considerada como la génesis de las organizaciones de ultra derecha. Al desparecer ésta se creó en mayo de 1937 a la Unión Nacional Sinarquista, en la ciudad de León, Guanajato, bajo la tutela de José Antonio Urquiza Septién. Sinarquismo es una palabra que significa con gobierno, con autoridad, con orden, y tiene como meta implantar en México el reinado social de Cristo a través de la aniquilación del Estado laico. Los sinarquistas aseguran que luchan contra el caos político, económico, cultural, ecológico, educativo y religioso que abruma al país y, sobre todo, contra la educación laica y materialista, que mal instruye y deshumaniza. También asegura combatir a “los políticos cínicos y ladrones que se la pasan diciendo discursos, que por decir mucho, no dicen absolutamente nada, y que aliados con el enemigo anticristiano y mundial tienen a la Patria como botín”.

Manifiesto Cristero
El 26 de noviembre de 1926, René Capistrán Garza dio a conocer este manifiesto en el cual se convoca al levantamiento cristero: “El Régimen actual que oprime a la nación mexicana manteniéndola humillada bajo la férula de un grupo de hombres sin conciencia y sin honor, pretende convertir a la Patria en un campo de brutal explotación y a los ciudadanos en un conglomerado sujeto a la esclavitud. México está en el deber de salvarse de sus tiranos y para eso se necesita destruirlos. No es esta una revolución; es un movimiento coordinador de todas las fuerzas vivas del país. No es una rebelión; es una enérgica e incontenible represión contra los verdaderos rebeldes que, desafiando la voluntad popular, están ejerciendo arbitrariamente el poder. Se llama a las armas al pueblo y al Ejército mexicanos, bajo las banderas de la libertad, proclamando el siguiente plan:
I. Se desconocen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Unión.
II. Se desconocen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los Estados. Se reconoce validez legal a los actos efectuados por el actual Poder Judicial en el territorio controlado por el Gobierno usurpador en todo aquello que no contradiga los principios fundamentales del programa de este movimiento.
III. Se desconocen todos los ayuntamientos de la República, y durante el Gobierno Provisional los munícipes serán nombrados por el Jefe del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México, en el Distrito y Territorios Federales y por los Gobernadores de los Estados en su jurisdicción.
IV. Los iniciadores de este plan asumirán los cargos respectivamente de Jefe del Poder Ejecutivo y encargado del Control Militar.
V. El Jefe del Poder Ejecutivo designará un cuerpo consultivo y nombrará al personal que integre las Secretarías de Estado, a los Gobernadores de los Estados y autorizará los despachos militares superiores al grado de Coronel.
VI. Queda a cargo del Gobierno Nacional Libertador la reorganización política, social y económica del País.
La hora de la batalla ha sonado; la hora de la victoria pertenece a Dios”.
Los documentos con la información en el archivo secreto del Vaticano son: “Messico Circa un’Associazione Catollica segreta”. ASV (Archivio Segreto Vaticano). “Affari Ecclesiastici Straodinari” (AES), “Circa una asociazione Cattolica Segreta”, México, junio de 1922, Sessione 125; Stampa ilustración/grabado 1094. AES, y “Rapporti Sessioni”, 1922.
María Eugenia Jiménez Cáliz

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LA LUCHA EN LA AMAZONIA PERUANA.

Derogación de DL 1090 y 1064, en manos del Congreso .

El Gobierno presenta el miércoles pedido de derogatoria de decretos leyes de la selva.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon anunció desde Mazamari en Junín que en las primeras horas del miércoles el Ejecutivo presentará al Congreso el proyecto de ley para la derogación los decretos legislativos 1090 y 1064 que fueron rechazados por las comunidades indígenas de la amazonía porque afectan sus derechos.

Desde la base militar de Mazamari en la provincia de Satipo el primer ministro aclaró que el Ejecutivo respeta al Congreso. No estamos contra el legislativo, estamos pensando en la paz y en la vida, señaló.

Simon dijo que prefiere dar un paso al costado antes que se repitan nuevamente hechos de sangre en el país como lo ocurrido en Bagua. Hay gente que quiere violencia para decir que la democracia no sirve.

Importante reunión en PCM

El Premier dijo que mañana a las 18:00 horas se reunirá en la Presidencia del Consejo de Ministros para definir el proyecto de ley sobre la derogatoria de los cuestionados decretos leyes con los representes de las comunidades indígenas y presidentes regionales.

Quiero que sepan que estaremos presentando el miércoles temprano el pedido de derogatoria de las cuestionadas leyes para que el Parlamento lo apruebe al día siguiente.

Yehude Simon pide perdón a nativos y renunciará a su cargo.
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, luego de conocer de cerca la realidad que afrontan los nativos de la amazonía peruana, sorpresivamente hoy anunció la derogatoria de los Decretos Legislativos 1090 y 1064; asimismo planteó la posibilidad de poner su cargo a disposición del presidente de la República.
Como para abrir luz en medio de la tiniebla del gobierno aprista, Simon Munaro, pidió perdón a las comunidades por los hechos de violencia en Bagua, donde el pasado 5 de junio, murieron 10 nativos y 24 policías, y más de 60 conciudadanos de la selva peruana aún continúan en situación de desparecidos.
Según voceros oficiales, Yehude Simon se reunió en horas de la mañana de hoy con 390 dirigentes de las comunidades nativas conocido como “apus”, con quienes sostuvo una sesión de 4 horas en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, región Junín.
“Si mi presencia es una traba para el diálogo entre el Gobierno y nativos, no tendré problemas en retirarme”, dijo en otro momento tras señalar que no existe ningún veto a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en la mesa de diálogo que auspicia el Ejecutivo.
RESPUESTA DE LOS NATIVOS
Luego del anuncio del Premier, la dirigente nativa Lidia Rengifo, lamentó que el gobierno aprista haya sido tan sordo con los nativos, al punto de esperar muertos y heridos para voltear la mirada hacia los indígenas.
“Tuvo que pasar todo esto para que recién nos llamen hermanos. Todo el tiempo nos han visto diferente, como si fuéramos la última rueda del coche”, señaló la representante, tras instar al gobierno la presencia de la AIDESEP en las próximas reuniones.

Mantienen indígenas bloqueos en tramos carreteros y un aeropuerto de Perú
Alan García advierte a Evo Morales que lo mejor es no meterse en otro país a opinar
Los nativos apoyan el reclamo de que el gobierno llame a consulta sobre recursos energéticos
DPA Y AFP
Lima, 14 de junio. Comunidades indígenas de tres departamentos de Perú mantienen bloqueados algunos tramos carreteros y un aeropuerto en el norte, el centro y el sur del país en solidaridad con las etnias que desde abril reclaman al gobierno del presidente Alan García realizar consultas sobre la explotación de recursos energéticos en la Amazonia peruana.
Campesinos del departamento de Apurímac, en la zona surcentral de Perú, bloquean desde hace tres días las carreteras que comunican con el vecino departamento Ayacucho y mantienen tomado el principal aeropuerto de la zona.
En el departamento de Junín, en la región central, miles de indígenas mantienen cortada desde hace cuatro días la carretera que comunica las regiones provinciales de Chanchamayo y Tarma, en la zona donde confluyen la selva amazónica y la cordillera de los Andes, lo que genera problemas de desabasto.
Dirigentes indígenas de Chanchamayo tratan de extender a esta zona del departamento de Junín la huelga india que se cumple desde hace 66 días en la región amazónica, en el noreste del país.
También hay bloqueos en la provincia Canchis, en la parte andina del departamento Cusco.
La situación más crítica se presenta todavía en la carretera entre las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas, dos de las más importantes de la Amazonia.
En este punto hay alrededor de 4 mil indígenas apostados sobre el camino y existe temor de que la policía nacional intente desalojar a los manifestantes, como ocurrió el 5 de junio en la vecina zona de Bagua Grande y Bagua Chica, con saldo de 33 muertos, 24 agentes y nueve civiles, según información oficial.
Suspensión parcial
El presidente del consejo de ministros, Yehude Simon, trata de allanar el camino al diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana, pero por lo pronto la alcaldesa de la provincia Alto Amazonas, donde está Yurimaguas, Juanita Tuesta, dijo que los pueblos originarios de la zona aceptaron suspender el bloqueo de caminos los lunes y los viernes.
Alan García informó hoy que Simon viajará este lunes a la Amazonia a convencer a los jefes de las etnias de 10 comunidades nativas de que participen en una mesa de diálogo.
Los nativos aseguran que los decretos, emitidos por el gobierno central bajo facultades extraordinarias para adecuar las leyes al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, vulneran sus derechos para favorecer a las trasnacionales.
En un comunicado fechado el jueves pasado, el gobierno afirmó que la nueva legislación, suspendida por acuerdo de las fuerzas políticas nacionales, tiene el objetivo de impedir la destrucción que vienen perpetrando contra el bosque amazónico los mineros informales que contaminan con mercurio los ríos, los sembradores ilegales de coca y quienes practican la tala ilegal y el contrabando de madera, que han acabado con más de 10 millones de hectáreas en los últimos años.
“El gobierno –agregó– impulsó una legislación moderna que respeta la intangibilidad de 12 millones de hectáreas propiedad de los 320 mil nativos de las etnias amazónicas y de los otros 15 millones de hectáreas de santuarios naturales. Pero movimientos políticos extremistas difundieron entre los nativos que se les arrebatarían las tierras, y ello motivó la toma de carreteras y plantas productivas.”
En respuesta a declaraciones hechas el sábado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, de que los hechos violentos del 5 de junio constituyen un genocidio del Tratado de Libre Comercio, García aseveró que cada uno gobierna dentro de su país y lo mejor es no meterse dentro de otro país a opinar sobre el tema o enviar cartas y a veces gente preparada o armada.
Las cartas a que aludió García se refieren a un mensaje que Morales remitió a un encuentro internacional indígena celebrado el mes pasado en la localidad peruana de Puno –en la costa del lago Titicaca–, en la que expresó su apoyo a las rebeliones indias.

El grito indígena retumba en Perú.

El Gobierno de Alan García se ve forzado a cambiar su estrategia de desarrollo.
La selva, la región más grande y menos poblada de Perú, ha generado el estallido social más serio de los últimos años en el país. Las protestas de las comunidades nativas de la Amazonia contra un paquete de 10 decretos legislativos dictados por el Gobierno de Alan García han dejado hasta ahora 23 policías y 10 civiles muertos, según las cifras del Ejecutivo y de la Defensoría del Pueblo.
Los nativos y varias organizaciones de derechos humanos aseguran que la cifra es mayor y protestan porque no se ha permitido el libre acceso a las zonas donde se produjeron los enfrentamientos. "El grado de desinformación que se maneja alimenta la sospecha de que hay un número mayor de víctimas", señaló Javier la Rosa, de la ONG Instituto de Defensa Legal.
Han pasado más de dos meses desde el 9 de abril, fecha en que se inició la protesta y hasta ahora varias carreteras y ríos siguen bloqueados, al igual que las operaciones en las instalaciones petrolíferas y gasíferas. Fue justamente durante el intento de la policía el 5 de junio de romper uno de los bloqueos en las inmediaciones de la ciudad de Bagua que la sangre llegó al río.
Horas después de este enfrentamiento con armas de fuego, los nativos tomaron revancha y mataron a nueve policías que estaban retenidos en una estación del oleoducto norperuano, en la localidad de Imacita. El Gobierno mostró imágenes de los cadáveres y aseguró que los policías habían sido degollados.
Tras esos episodios de violencia el levantamiento prosiguió y se extendió a otras ciudades, incluso la capital, que el jueves vivió una jornada de protesta que incluyó una marcha en la que participaron miles de personas y que fue disuelta por la policía antidisturbios con gases lacrimógenos.
El Gobierno ha calificado de "extremistas" a los líderes de la protesta, y el presidente Alan García ha declarado en varias ocasiones que quienes se oponen a los decretos no los han leído y desconocen sus alcances. "Un 80% de la población respalda la democracia, la legalidad y el desarrollo", declaró esta semana el presidente García, que repetidas veces se mostró decidido a no ceder.
Pese a eso, y a sugerir constantemente que hay intereses extranjeros detrás del levantamiento, el Gobierno finalmente parece dispuesto a negociar con los indígenas y ha anunciado la formación de una comisión en la que participarán los representantes de los pueblos nativos.
Aunque en un principio el primer ministro peruano, Yehude Simón, señaló que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la más beligerante, no participaría en la nueva comisión porque su presidente (Alberto Pizango) "ha pateado el tablero", el viernes rectificó. Simón aclaró que ésta también estaba invitada a participar.
Jorge Caillaux, presidente de la ONG Sociedad Peruana de Derecho, afirma que, como consecuencia de este conflicto, el Gobierno deberá "modificar su agenda" respecto a la Amazonia. "La causa esencial de la violencia y el temor es que (los nativos) todavía no han encontrado en el Estado los instrumentos, la legislación, las instituciones capaces de pasar de esta situación de fragilidad a una mayor seguridad jurídica sobre sus tierras. Ellos sienten que sus derechos son muy débiles, y efectivamente lo son", argumenta.
Más al fondo aún subyace un problema de incomprensión hacia los pueblos amazónicos, que en realidad son varios centenares de culturas distintas entre sí, que en total suman alrededor de 300.000 personas, un 1% de la población peruana. Para los pueblos nativos, que en muchos casos tienen cultura guerrera, la defensa de la tierra y su entorno son asuntos vitales.

Bolivia rechaza la vinculación en las protestas indígenas peruanas

TeleSUR

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, rechazó este martes que se pretenda vincular la carta que envió el presidente Evo Morales en mayo pasado a un cónclave internacional de indígenas reunido en Perú, con las protestas indígenas y la muerte de más de 40 personas por acción de la policía en la región amazónica peruana.

"Lo que no aceptamos es que se convierta un documento de vida, de dignidad, de convocatoria para los pueblos del mundo, a sus derechos, a la igualdad, a su reconocimiento, en un justificativo para la gestión de problemas internos de algún gobierno o de alguna sociedad", sostuvo.

Esta respuesta boliviana se da tras la crítica del legislador peruano Luis González Posada quien dijo que el documento de Morales contenía, supuestamente, "conceptos cargados de violencia".

El congresista progubernamental habló, sin exhibir pruebas, de "una conexión boliviana" y rechazó el contenido de la carta de Morales por, presuntamente, "incitar a la rebelión".

Ante ello, García Linera, invitó a debatir el escrito lejos de la injuria, la infamia y el prejuicio y cerca de la razón y el conocimiento.

En una conferencia de prensa pronunciada en el Palacio Presidencial Quemado, el vicepresidente boliviano destacó que la misiva denuncia "la historia de la opresión, de humillación de los pueblos y convoca a la lucha por la igualdad, y convoca al reconocimiento, convoca a la lucha por la igualdad de oportunidades entre todos los seres".

"Es una carta dirigida a los pueblos del mundo, a los trabajadores del mundo, a los indígenas del mundo y del continente, a los obreros, a los marginados, a los explotados, a los olvidados del mundo. Es una carta que fundamenta una convocatoria a la vida, a la dignidad, al reconocimiento que son, en varias partes del mundo, negados", continuó.

En Perú desde el pasado 9 de abril se lleva a cabo una protesta indígena que busca la derogación de unos decretos que consideran lesivos a sus derechos, el pasado viernes, cuando se cumplían 59 días de las manifestaciones, se originaron acciones violentas en la Amazonia peruana, que comenzaron con el ataque aéreo y terrestre por parte de policías hacia una concentración indígena y que culminaron con más de 40 muertos.

Por ello, la acusación peruana hacia el presidente Evo Morales, fue considerada por la representación gubernamental de Bolivia como "un gran error", al "creer esconder problemas internos dirigiendo la mirada a documentos o libros o programas. Ningún pueblo se rebela leyendo un documento. Los pueblos se rebelan porque sufren, porque se sienten humillados, discriminados, arrebatados de sus riquezas, de sus recursos, de sus derechos", concluyó.

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MASACRE DE INDIGENAS EN PERU

Matanza en la curva del diablo
LA LIBERTAD.

¿Qué pensar de un Gobierno y un gobernante enceguecidos por la soberbia? ¿Qué decir de las repudiables declaraciones del propio Presidente y de parlamentarios apristas tildando a los nativos de la Amazonía de terroristas y delincuentes? ¿O qué opinar sobre las palabras del otrora izquierdista Yehude Simon, hoy completamente enajenado al derechismo del omnímodo García Pérez?

Porque lo sucedido en la Curva del Diablo, entre los indígenas awajun (los antiguos guerreros jíbaros), la policía peruana y los efectivos de las Fuerzas Armadas, es responsabilidad principal y directa de la torpeza gubernamental que lo único que finalmente se le ocurrió, después de casi dos meses de iniciado el conflicto, fue ordenar la matanza, como declaró el dirigente amazónico Pizango.

¡Los resultados: más de 30 nativos asesinados (algunos reportes indican que serían aproximadamente 50), alrededor de 10 policías muertos y un centenar de pobladores heridos. Versiones no confirmadas señalan también que la policía está desapareciendo o quemando los cadáveres (los mismos métodos del grupo Colina). Es decir, una verdadera matanza, con indicios de genocidio, por lo cual el Presidente, el Primer Ministro y la Ministra del Interior, deberán dar cuenta al país entero y quedarán marcados para siempre con el estigma de genocidas.

Después de esta masacre, ¿qué queda del APRA que alguna vez encandiló a las masas peruanas, creyendo la llegada del mesías Haya de la Torre? ¿Qué del dirigente histórico de Patria Libre, ex Director del Semanario Cambio, ex diputado de izquierda, el cristianísimo humanista Yehude Simon Munaro? ¿Dónde quedará la fútil palabrería del autor del artículo "El Perro del Hortelano", en el cual defendía sin ningún rubor a las transnacionales y afirmaba la incapacidad de los nativos para conducir sus propias tierras, pues no "tienen ni un centavo para invertir"?

Razón tenía Marx al decir que "El capital es trabajo muerto que no sabe alimentarse, como los vampiros, más que chupando trabajo vivo, y que vive más cuanto más trabajo chupa" (El Capital, Tomo I). Y esa sangre ha sido bebida por el capital y sus gonfaloneros criollos, y de cuyo sabor y olor no podrán librarse. Estamos nuevamente en los "tiempos orgiásticos del capital".

Y ahora, señor Presidente, señor Primer Ministro, señora Ministra del Interior, señor Ministro de Defensa ¿qué hacer? Pues, lo primero de todo: renunciar, deben irse. ¿Cómo permanecer después de esta orgía de sangre? Después, o antes, anular todos los decretos que atentan contra la vida de las comunidades amazónicas, resarcir a los familiares de los pobladores asesinados, curar a los heridos, ponerse los pantalones y las faldas o las faldas y los pantalones, y decir ¡NO! a la voracidad vampírica de las transnacionales. Claro, todo esto si aún tienen algo de dignidad, pues de capacidad dirigencial han demostrado una total y patética ineptitud para conducir los destinos del país. Luego, a esperar su pronto juzgamiento por delitos de lesa humanidad. Aguardaremos con jobiana paciencia ese día.

SOBRE EL CASO DEL DIRIGENTE SANTIAGO MANUIN Y LA CRISIS EN LA AMAZONÍA.
Se me hace extraño comenzar este texto hablando de muerte cuando la Amazonía es el lugar más vivo que he conocido. Pero hoy es un día triste marcado por la muerte de nativos y policías en las revueltas indígenas que llevan casi 2 meses.
Hoy amanecí con las llamadas de amigos diciéndome que Santiago Manuin, el mayor dirigente indígena del Alto Marañón y amigo íntimo desde que llegué hace 15 años, había muerto por las balas de la policía, ahora sé que se debate entre la vida y la muerte.

Sabía que algún día eso podía ocurrir en alguien entregado a su pueblo en la defensa del territorio, en el combate contra los grupos terroristas y el narcotráfico, y en la oposición al ingreso de petroleras y mineras en su tierra; y no porque esté en contra del desarrollo, sino porque cree que éste va por el camino del respeto a la tierra y la naturaleza, y a la participación real de los milenarios habitantes de las selvas. Aunque lo sabía, uno nunca se acostumbra a la muerte.

El Alto Marañón es el territorio comprendido por los ríos Chiriaco, Cenepa, Marañón, Nieva y Santiago y en sus 30 mil km2 viven los pueblos Aguaruna y Huambisa, pertenecientes a la familia Jíbara. Pueblos guerreros, horizontales y organizados que han sabido mantener lo fundamental de su cultura.

Santiago fue el primer aguaruna que conocí y con el que más viví y aprendí en mis 7 años de vida en el Alto Marañón. Con él viajamos por todos los ríos, vivimos en sus comunidades, conocí sus mitos y hasta estuvimos en España buscando dinero para los proyectos que desarrollábamos en la selva. En España se reunió con la reina Sofía que salió “impresionada por la categoría humana de este hombre” y en España también hizo un diploma en derechos humanos en una universidad de los jesuitas.

La muerte duele pero más duele el engaño y la mentira. En la prensa leo que detrás de estas revueltas indígenas está Humala, el narcotráfico y el complot internacional. Y todo eso es falso. Da igual quién esté en el Gobierno porque los nativos se van a seguir levantando si ven sus tierras en riesgo. Y fueron Santiago y las organizaciones nativas de los ríos —soy testigo de ello—, quienes sacaron al MRTA del Alto Marañón y quienes limpiaron de cultivos de coca, porque creen en otro tipo de desarrollo y porque no querían que se repitiese la terrible experiencia de los Asháninkas con Sendero. Y el Gobierno no hizo nada. A pesar de ser una zona permanentemente olvidada por el Estado, pocas veces he visto tanto orgullo por ser peruanos.

Por eso también, el Gobierno no es valiente ni tiene visión de su país. El Gobierno no es capaz de darse cuenta que la gran riqueza del Perú es su diversidad: diversidad de climas, naturalezas, lenguas, pueblos e historias. Y en un país tan diverso como éste hacen falta estrategias diferentes para negociar, para entender los problemas de sierra, costa y selva y buscar soluciones entre todos a los mismos.

La Amazonía siempre ha sido el patio trasero de los gobiernos del Perú. Los peores índices en salud y educación se encuentran en la selva, pero me sorprendía siempre el estilo de los jíbaros que con un orgullo enormemente humano decían, “nosotros no pertenecemos a la extrema pobreza porque tenemos nuestra selva”. Los nativos saben que sólo se piensa en ellos cuando se trata de recursos de interés para otros: petróleo, maderas, gas o minerales. Y que todas las leyes y decretos emanados por un Congreso mediocre y de visión centralista jamás han considerado una participación real de los pobladores de la selva. Me quedo con la vida que llena la selva y su gente. Me quedo con Santiago que siempre me decía ‘Kumu, nosotros hemos resistido al inca y al español y vamos a resistir lo que sea, porque esta tierra es nuestra’. No por exclusividad al otro sino por compromiso real con el Perú.

AIDESEP niega que indígenas fueran armados y acusó al gobierno de fusilar a los pueblos indígenas.
Lima, 05/06/09 (CNR).- El Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), responsabilizó al gobierno por la muerte de las más de 25 personas que ha dejado el conflicto en Bagua Grande.

Pizango Chota señaló directamente a la Presidente de la República, Alan García y al titular del Congreso Javier Velásquez de instigar el conflicto, ya que ellos "pudieron atender las demandas indígenas desde un principio y no lo hicieron".

“El gobierno pudo rehacer los decretos y romperlos como este papel”, afirmó con frustación Alberto Pizango mientas agitaba unos documentos.

Rechazó que los indígenas hayan estado armados y que sean delincuentes "como afirman algunos congresistas apristas". Lamentó que el gobierno esté
arremetiendo contra los indígenas. “Los pueblos indígenas no están armados. Sólo tenían sus flechas y no para atacar”.

“A nuestros hermanos los han matado, los han fusilado, solo por defender el derecho de todos los peruanos a vivir dignamente y al territorio”.

Pizango Chota solicitó que la Defensoría del Pueblo y la comunidad y veedurías internacionales contribuyan a solucionar este problema pues enfatizó visiblemente afectado “que el gobierno ha matado, ha fusilado a los pueblos indígenas”.

Por ello, pidió a los peruanos a unirse con los pueblos indígenas en una marcha por la paz. Asimismo, instó a los medios de comunicación a informar con veracidad y evitar defender “la impunidad del gobierno”, el cual responsabiliza a los indignas amazónicos de evitar el dialogo y propiciar del conflicto.

Pidió también a la población nivel nacional, unirse en una marcha por la paz y la solidaridad con las demandas indígenas amazónicos, quienes lo único
que desean es que no se violen sus derechos a la tierra y ala vida. “Los recursos de la nación son de todos pero lo quieren es privatizar”.

Claves del conflicto en Perú
Redacción. BBC Mundo.
El norte de Perú - en particular las provincias de Bagua y Utcubamba, en el estado Amazonas- se ha convertido en escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas policiales y las comunidades indígenas, que luchan por proteger sus territorios ancestrales.
Los incidentes ocurridos en la región de la Amazonía son los más violentos desde que culminara la insurgencia del grupo militante Sendero Luminoso en la década de los '90 y el mayor desafío que enfrenta el presidente Alan García dentro de su país, desde que asumiera el poder en 2006.
¿Qué dio lugar a estos enfrentamientos? ¿Qué dice el gobierno? BBC Mundo responde éstas y otras preguntas con una guía sucinta sobre las claves del conflicto.
¿Cuándo y por qué se originaron las protestas?
Las protestas protagonizadas por los indígenas y que alcanzaron su punto más álgido a comienzos de junio se iniciaron el pasado 9 de abril, en rechazo a una serie de decretos legislativos promulgados por el presidente de Perú, Alan García, en 2008, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. Sin embargo antes del mes de abril, los indígenas ya habían organizado una serie de protestas exigiendo la anulación de los decretos, aunque en menor escala.
¿Por que los indígenas rechazan estos decretos?

Estos decretos regulan el manejo de los recursos forestales e hídricos y facilitan a las compañías extranjeras la perforación en busca de petróleo y gas, en tierras que las comunidades indígenas consideran ancestrales. La región de la Amazonía es además una de las áreas de mayor diversidad biológica del planeta.
En opinión de los indígenas, los decretos establecidos por García perjudican a sus comunidades al permitir la privatización de los bosques y los recursos hídricos.
¿Qué forma han tomado las protestas?
Según le explicó a BBC Mundo Jonathan Mazower, de la organización no gubernamental Survival International, los indígenas han bloqueado varios ríos. El más importante ha sido el Napo, un tributario del Amazonas utilizado por algunas compañías para transportar bienes y maquinaria.
Han bloqueados también caminos y pistas de aterrizaje en el norte y centro de Perú con el mismo fin y han ocupado estaciones de bombeo en los oleoductos que van del Amazonas hacia la costa.
¿Qué esperan obtener con las manifestaciones?
Los indígenas quieren que sean anulados los decretos que permiten a las compañías petroleras -como Perenco, Repsol, Petrolífera o Petrobrás, por nombrar sólo a algunas- operar sin consultar a las comunidades indígenas, como lo hacían antes de que estas leyes entren en vigor.
¿Cuál es la postura del gobierno?
• Más del 70% del Amazonas peruano está dividido en concesiones para la exploración y la explotación petrolera y gasífera.
• El gobierno peruano dice que planea ser autosuficiente en lo que respecta al suministro interno de hidrocarburos para 2011.
• En 2008, Perú produjo cerca de 50 millones de barriles de petróleo.
• Las estadísticas oficiales indican que hay alrededor de 100 compañías mineras a cargo de 600 proyectos en Perú.
Según el gobierno, la nueva legislación "ordena" el manejo de los recursos naturales y preserva áreas para los indígenas.
Además, el gobierno dice necesitar estos decretos para cumplir con los acuerdos establecidos en el TLC con EE.UU.
Por otra parte, el presidente Alan García insiste en la necesidad de atraer a la inversión privada para estimular la economía siempre y cuando se respete lo que establecen las leyes.
Cabe recordar que el año pasado Perú experimentó un boom de crecimiento del 9,84% anual, convirtiéndose en una de las economías de mejor desempeño en 2008.
¿Hay uniformidad dentro de la postura del gobierno?
No.
El decreto también ha sido criticado por algunos grupos parlamentarios que lo consideran "anticonstitucional" y opinan que -en efecto- favorece la "extranjerización" de la tierra.
Antes de que estallara la violencia, algunos congresistas -señala Mazower- se habían mostrado dispuestos a iniciar negociaciones con las organizaciones indígenas y suspender los decretos que estaban causando tanto conflicto.
¿Qué repercusiones ha tenido el conflicto fuera del país?
El domingo, García dijo que detrás de los disturbios están las potencias extranjeras que compiten por la explotación de petróleo, gas y minerales. Si bien no hizo mención a países específicos, para muchos fue una clara alusión a los gobiernos de Bolivia y Venezuela.
Bolivia se defendió, negando cualquier injerencia en los hechos que están ocurriendo en Perú.
El gobierno de Venezuela no ha hecho comentarios respecto a las acusaciones de García, pero la ministra venezolana para Asuntos Indígenas criticó duramente las acciones contra las comunidades nativas tomadas por el gobierno de García y calificó lo ocurrido en Perú de "genocidio".
¿Que repercusiones podría llegar a tener la agudización del conflicto para el gobierno de Alan García?
Algunos analistas creen que a raíz de lo ocurrido en el norte del país, el presidente podría verse forzado a despedir a ministros importantes dentro de su gabinete o, si quiere poner fin a los sangrientos choques con la comunidad indígena, a modificar o anular las leyes que provocaron la protesta.
Sin embargo, hasta el momento, el gobierno se ha mostrado intransigente y la actitud de García se ha endurecido en los últimos días.

Denuncian que la policía se deshizo de cadáveres de nativos en Bagua
EFE BOGOTÁ

La organización "Amazon Watch", comprometida con los derechos de los pueblos indígenas, denunció hoy que la policía está haciendo desaparecer cadáveres de nativos con el fin de minimizar el número de víctimas en los violentos disturbios del pasado viernes.
Según Gregor McLennan, enviado por Amazon Watch a Bagua, epicentro de las protestas, "numerosos testigos oculares" le han confirmado que fuerzas especiales de la policía se deshacen de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos quemando los cadáveres para impedir su identificación.
El gobierno ha negado tajantemente que la policía haya arrojado cadáveres a los ríos, y ninguna fuente consultada por Efe en Bagua ha podido corroborar esas denuncias, aunque los rumores son intensos en este sentido.
Elbert Bazán, jefe de la división médica en Utcubamba, encargada de proceder al levantamiento de cadáveres, dijo a Efe que le habian llegado esos rumores y confirmó que su personal también ha participado en la búsqueda de supuestos cadáveres en los ríos, pero no ha encontrado ninguno.
Hoy mismo, una misión encabezada por la Defensoría del Pueblo se acercó a las inmediaciones de El Reposo para inspeccionar un lugar donde ciertas fuentes aseguraron que había "entre doce y quince cadáveres", pero al llegar al lugar comprobaron que era una falsa alarma, según pudo comprobar Efe.
Los enfrentamientos del pasado viernes dejaron a 24 policías muertos y un número indeterminado de indígenas, y esta última cifra se ha convertido en la manzana de la discordia: el primer ministro Yehude Simon dijo que eran solamente 9, pero la principal organización indígena, Aidesep, los cifra "entre 30 y 40".
En su comunicado, Amazon Watch acusa además a la policía de haber disparado indiscriminadamente a los indígenas desde un helicóptero, versión también negada por el gobierno, que asegura que desde la aeronave solo se lanzaron gases lacrimógenos.

AI pide a Perú «un uso proporcional de la fuerza»

Por su parte, la organización Amnistía Internacional emitió también hoy un comunicado en el que muestra su "profunda preocupación" por la situación en la Amazonía peruana, y recordó que corresponde al estado hacer "un uso proporcional de la fuerza".
"El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni malos tratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias", afirmó Nuria García, investigadora para Perú de Amnistía Internacional, sin hacerse eco de ninguna denuncia concreta.
El comunicado de Amnistía instó también a las autoridades a que hagan pública la información sobre las personas detenidas en dependencia policiales y militares, y garanticen el derecho de todos los detenidos tanto a la vida e integridad física, como su derecho a la defensa.
Amnistía Internacional también hace un llamado a las organizaciones indígenas "para que envíen una clara señal a los manifestantes de que la toma de rehenes y el homicidio de agentes de las fuerzas del orden son acciones inaceptables", en alusión al secuestro y asesinato a sangre fría de nueve agentes en una estación petrolera.

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