San Juan Copala: ataque abierto a la solidaridad y las autonomías indígenas
Oscar Arnulfo de la Torre de Lara
Rebelión
En México el estado de las cosas ha llegado a un nivel intolerable. Los recientes hechos ocurridos en Oaxaca, no dejan lugar a dudas de que vivimos, como diría Gustavo Esteva, un estado de excepción no declarado, donde la movilización y los actos de solidaridad con los movimientos sociales son criminalizados y las garantías ciudadanas son vulneradas sin escrúpulos.
Dentro del contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” ––pretexto perfecto para llevar acabo una guerra no declarada contra los pueblos y sus formas autónomas de subsistencia, gracias a la normalización jurídica de la paradoja de la excepción–– la violencia paramilitar actúa organizada y efectiva, para realizar, mediante la violencia ciega y sin rostro, lo que el poder necesita, pero que por la vía legal no puede. Amparados en la impunidad, se trata de paralizar con el terror toda acción y denuncia, pues las víctimas de antemano están catalogadas como delincuentes y criminales[1]. Por un lado se ataca abiertamente a los procesos sociales de creación de autonomía, con todo lo que esto implica, y por otro se descalifica y criminaliza la solidaridad, y la movilización social.
El 27 de abril pasado la caravana humanitaria que se dirigía al municipio autónomo San Juan Copala, compuesta por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales, fue emboscada y agredida con armas de fuego por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), organización paramilitar vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al gobierno del Estado de Oaxaca (Ulises Ruiz). Dicha organización paramilitar fue constituida en 1994 ––evidentemente el año no es mera casualidad–– para destruir un proceso que busca la unidad de la nación Triqui desde la organización autónoma de un pueblo indígena que por décadas ha vivido la división y la violencia entre hermanos, provocada por intereses de control político del partido de estado, el PRI. Asimismo este ataque se inscribe en una estrategia dirigida a todos los procesos de construcción de autonomía, que comunidades y organizaciones en México luchan por construir formas de vida alejada del poder estatal y de todos los partidos políticos. El mensaje del ataque es muy claro, dice Marcos Rascón en su columna de La jornada: “no hay que asomarse a la realidad”, y mucho menos intentar transformarla.
Estos actos de agresión constituyen un acontecimiento preocupante, en particular para los pueblos indios, pero a su vez también dan señales de la estrategia gubernamental hacia los activistas y defensores de Derechos Humanos que se solidarizan con los movimientos sociales. “La tendencia es reprimir por todos los medios, que nadie se acerque a la realidad y se acepten las versiones oficiales como únicas. Eso significa que el poder paramilitar está creciendo y que la represión se ajustó a las nuevas formas “de la democracia”[2]. La violencia paramilitar fomentada desde el poder gubernamental actúa dentro de un espacio donde el carácter normativo de la ley y las garantías fundamentales ha sido desactivado, y se produce un estado de excepción permanente, a pesar de que se afirma que se esta aplicando la ley.
Lo cual no es mera retórica, pues la emboscada tuvo como saldo varios heridos y la muerte de la mexicana Beatriz Cariño Trujillo ––activista social con una larga trayectoria de lucha por los derechos humanos y en favor de la libre determinación de los pueblos indios–– y el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola, integrante de la Unión Uusi Tunli ry (Nuevo viento), al intentar romper el cerco tendido por la Ubisort sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, para poder entregar alimentos, ropa y un mensaje de solidaridad a sus habitantes, que desde hace meses se encuentran incomunicados y sin luz eléctrica por su determinación política de construir la autonomía en los hechos [3]. Es decir que fueron atacados mientras ejercían su derecho a solidarizarse.
Los actos perpetrados por el grupo paramilitar Ubisort, muestran un estado de cosas en el que se da una represión abierta contra procesos y formas autónomas de crear alternativas y formas de acceder a los bienes materiales de subsistencia y garantizar derechos económicos, políticos y culturales. Esta forma especifica de represión, vía el paramilitarismo priísta, muestra claramente las complejas redes de poder que se tejen con razones instrumentales, compartidas por quienes aceptan ser instrumentos de la dominación para mantener el orden de explotación y despojo imperante en México contra los pueblos indios. Asimismo devela la actual y cruenta disputa política y territorial, que se vive concretamente en el territorio Triqui, disputa que tiene sus raíces en una larga historia de colonialismo, explotación y despojo.
Para los triquis de San Juan Copala, estos actos no son nada nuevo, pues han sido y son protagonistas de una larga historia de resistencia en contra del despojo y desarticulación territorial, así como por la defensa de su cultura, formas de gobierno y subsistencia. La lucha del municipio autónomo de San Juan Copala, se enmarca dentro de un proceso más amplio, en el que los pueblos indios y campesinos mexicanos han protagonizado fuertes luchas de resistencia por recuperar y mantener el control de sus territorios y librarse de la sumisión al Estado mexicano, practicando iniciativas de independencia política, autogestión socioeconómica y autogobiernos locales y regionales.
Estas luchas son, como dice Armando Bartra, por Tierra y Libertad en el sentido más radical de los términos, pues es recuperar la tierra de las ciegas veleidades del mercado, otorgándole una función social; un sentido justiciero que no se agote en la tenencia, sino que se extienda a la producción y la distribución; una utilidad pública, no sólo como medio de trabajo, también como hábitat y territorio histórico, como medio ambiente, como paisaje. Se quiere la tierra pero no a cambio de sumisión al Estado y su lógicas autoritarias; “la libertad del apotegma zapatista significa autonomía en la gestión económica y autogobierno; la democracia como complemento insoslayable de la justicia”[4] El reclamo indígena de tierra y libertad [autonomía] trae consecuencias estructurales en la composición y distribución territorial del Estado, ya que la compleja cuestión de la integración de la territorialidad indígena al Estado y la adaptación de éste a la lógica de la territorialidad indígena tendrá que realizarse desde una perspectiva intercultural, y no colonial-estatal, como hasta ahora.
Los pueblos indios reivindican la autonomía como un derecho político público, que “incluye: control político y jurisdiccional de la territorialidad; autonomía de uso y explotación; control social y espiritual del territorio y sus recursos; libertad interna para una distribución de derechos intra-territorial; control económico del territorio; y seguridad jurídica en el territorio”[5].
El territorio indígena constituye un bien colectivo transgeneracional y garantía de existencia futura, es decir una unidad ecológica fundamental donde se desarrolla la vida de los pueblos en sus múltiples expresiones y formas, ya que es fuente de convivencia, saberes, de cultura, identidad, tradiciones y derechos. Es por esto que “el territorio es el locus de los deseos, demandas y reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida y reconfigurar sus identidades a través de sus formas culturales de valorización de los recursos ambientales y de nuevas estrategias de reapropiación de la naturaleza (…) el territorio es lugar porque allí arraiga una identidad en la que se enlazan lo real, lo imaginario y lo simbólico.[6] La lucha por la tierra, en el sentido de territorio, a final de cuentas es la lucha por un lugar, no únicamente como espacio físico dotador de medios materiales de subsistencia, sino de un lugar para la palabra; un lugar en la historia; de solidaridad, fruto de actos recíprocos de devoción mutua; como atmósfera creada por gente que comparte su morada, un suelo común, sustento de cultura y cosmovisión. Tierra y comunidad que están entrelazadas, con un pasado, un presente y un futuro.
Por lo anterior la lucha por la tierra ––por el territorio–– constituye una reivindicación que llevada a sus últimas consecuencias cuestiona la viabilidad del orden social existente. La finalidad de la lucha no se limita al simple usufructo de la misma, sino que incluye el derecho a su gestión autónoma, incluyendo la defensa sus recursos naturales (flora, fauna, semillas, agua, etc.) elementos inherentes de sus culturas, sustento permanente, garantía de autonomía y autoabasto y una manera de organizar la producción y la vida. Es una lucha por la subsistencia, y por poner límites a la voracidad del mercado ––encarnado en las empresas trasnacionales, gobiernos y caciquismos locales, y los paramilitares a su servicio–– y el reconocimiento de la pertinencia de racionalidades y tecnologías diversas para crear las condiciones materiales y espirituales donde sea posible de una vida digna de ser vida.
Como se ve este conflicto tiene sus bases en una contienda histórica, producto del orden colonial que aún subsiste. La esperanza radica en que a pesar del despojo y la desigualdad [histórica] imperante, el descontento popular es capaz de crear prácticas colectivas, para la reapropiación de su contexto, abriendo espacios para las prácticas y acciones grupales, como canales de empoderamiento. Distintos procesos y organizaciones campesino/indígenas defienden su derecho a la tierra, creando procesos de organización social, para la reapropiación de sus recursos y sus saberes de subsistencia y de construcción de espacios de interacción y decisión política. De este modo, la determinación de construir el municipio autónomo de san Juan Copala, atiende a la necesidad de crear una realidad más digna, ante el agotamiento de las instituciones locales, que se han vuelto incapaces de atender los reclamos sociales, la situación concreta en que viven los triquis de San Juan Copala, los procesos políticos, históricos y recientes de la región, y las políticas antidemocráticas, corruptas, de discriminación y exclusión que se practican desde el gobierno del estado y federal, además junto con ello la persistente y brutal explotación de la mano de obra triqui y un irracional saqueo de los recursos naturales de su territorio.
Como en otras partes de la República, la creación del municipio autónomo de San Juan Copala representa una respuesta pacífica de los pueblos indígenas por encontrar espacios de participación y representación política, atendiendo a sus condiciones económicas, políticas y culturales concretas. Se recuperan viejas instituciones y prácticas comunitarias, adaptándolas a sus propias necesidades. Por eso cada que lo hacen apelan a su derecho a la libre determinación en su versión de autonomía. Por esa razón, el ejercicio de su derecho a la autonomía representa la posibilidad de superar el sometimiento político y económico en que se encuentran, de tal manera que puedan participar de la vida política, económica y social del estado y la nación, en igualdad con otros municipios y sin perder su especificidad sociocultural[7].
Por lo anterior, el municipio autónomo de San Juan Copala, al reapropiarse de su lugar y al construir su autonomía en los hechos pone en práctica en su cotidiano otra forma de hacer política y una juridicidad que cuestiona bases del orden social imperante, utilizando normas, principios e instituciones diferentes a la lógica jurídico-política de la modernidad capitalista.
Este conflicto jurídico-político, se libra entre un derecho que nace del Estado que no representa los intereses y necesidades reales de la gente, al ponerse al servicio de las clases dominantes y los intereses del mercado y el capital, permitiendo el despojo y la explotación; y otro derecho que nace del pueblo ––como pluralismo jurídico y epistemológico–– que surge a partir de sus necesidades y vivencias comunitarias[8] . Se trata de una disputa por el poder de la enunciación jurídica entre el poder estatal y otras situaciones y espacios sociales, que mediante la recuperación de la memoria antigua, el saber histórico de las luchas y la puesta en marcha de procesos sociales que crean conceptos y realidades para la construcción de condiciones de dignidad humana, arrebatan a los partidos políticos y el Estado el monopolio de lo jurídico y lo político, devolviendole al pueblo su capacidad de decisión.
Esto es lo que tanto molesta a los señores del dinero y el poder ––que son los mismos señores de horca y cuchillo––, y se ven en la necesidad de reprimir para conservar sus privilegios, pues la lucha de resistencia del municipio autónomo de San Juan Copala ––al igual que otras luchas campesino-indígenas en México–– constituye un contrapoder capaz de producir realidad, una realidad más digna, pues el acto de creación de Derecho, desde el seno de las comunidades, hace posible un proceso de autoafirmación, autoconciencia y reivindicación de la identidad campesina e indígena vivida en la autonomía y auto-organización. Este ejercicio de pluralismo jurídico, constituye una práctica jurídico-política liberadora porque produce solidaridad y genera un concepto distinto de la política, como servicio y apertura al otro[9].
Por esto los crímenes perpetrados por Ubisort, y quien esta detrás de ellos, no pueden quedar impunes, pues constituyen un ataque no sólo a la experiencia Triqui en San Juan Copala, sino contra todos los pueblos indios y campesinos que construyen su autonomía en los hechos y el legitimo derecho que tenemos a solidarizarnos con ellos.
El castigo a San Juan Copala
Autor: Zósimo Camacho
La reorganización de los grupos paramilitares en la región triqui inició luego del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La construcción del municipio autónomo fue vista por los caciques locales y por sectores del propio gobierno estatal como una declaración de guerra. La reprimenda se dirige contra los triquis que creyeron que podrían ser “autónomos”
Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / enviados
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Rufino Juárez Hernández, presidente de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), se pasea por las calles de esta cabecera municipal sin ser molestado. Por el contrario, él decide cuándo hablar con los comandantes venidos desde Huajuapan de León para encargarse del traslado de los cuerpos y de los automóviles baleados y saqueados, que dejó como saldo la emboscada del 27 de abril pasado en las inmediaciones de la comunidad La Sabana, una de las pocas que aún controla su organización, afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pareciera que para los comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Lázaro Hernández Rendón y Rodrigo Peralta Mejía, se tratara de un par o un superior suyo. Ningún policía investigador ni comandante o agente del Ministerio Público le cuestiona a Rufino Juárez su participación en la emboscada contra la caravana de paz, a pesar de que las víctimas lo señalan como el autor intelectual de los crímenes y públicamente se asume como el líder de la Ubisort, la organización que ha puesto en estado de sitio a la comunidad política y ceremonial más importante de la cultura triqui: San Juan Copala.
Tampoco lo increpan los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional ni los elementos de la sección segunda del Ejército Mexicano que se han desplegado en la zona. Algunos fingen no verlo; otros, lo miran pasar sin que se le cuestione nada. Todo, a pesar de que Rufino va armado y cuatro de sus guardaespaldas apenas si se molestan en disimular sus armas largas debajo de sus chamarras de cuero que les cuelgan hasta las rodillas.
Las secuelas de la “autonomía”
Nadie recuerda una balacera en esta cabecera municipal. Los complejos acuerdos de los bandos en pugna en la región triqui alcanzan para mantener la paz en esta pequeña ciudad de menos de 10 mil habitantes, a menos de 100 kilómetros del corazón de las disputas, el propio San Juan Copala, declarado por sus pobladores municipio autónomo en enero de 2007.
La construcción de la autonomía triqui desató dos procesos de manera simultánea: por un lado, una cohesión de la etnia como no se veía en décadas. En 2007, y por primera vez en más de 30 años, la fiesta triqui más importante, conocida como “tercer viernes” o carnaval, fue realizada en San Juan Copala por integrantes de todas las organizaciones que han estado enfrentadas: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), Ubisort y los incorporados a la Confederación Nacional Campesina (CNC).
El otro proceso que se desató fue el rearme de los líderes que se sintieron desplazados por las nuevas autoridades autónomas.
—El principal beneficiario de que los triquis estén enfrentados entre ellos es el Estado mexicano. Pero también, y particularmente, salen beneficiados los cacicazgos políticos y económicos de la región. Se trata de las familias poderosas de las ciudades de Putla, Juxtlahuaca y Tlaxiaco –explica el abogado e investigador del posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Francisco López Bárcenas.
Para el autor de San Juan Copala: dominación política y resistencia popular, la violencia que vive el pueblo triqui ha sido impuesta y atizada desde fuera.
—De los triquis se han codiciado sus tierras y sus cosechas: café, plátano manila, maíz; y han padecido un desprecio y un racismo muy fuerte. Además, en la región se padece una impunidad muy grande: cualquiera sabe que se puede matar sin que pase algo. Y ellos también han generado una resistencia y un orgullo fuertes.
El investigador de posgrado explica que los caciques de las ciudades aledañas dicen que los triquis son violentos y asesinos, “pero no dicen que ellos les venden las armas”; dicen que son flojos, “pero porque no trabajan para ellos”; y dicen que son ignorantes, pero no “que los caciques siempre se opusieron a la entrada de maestros a las comunidades triquis”.
La creación del municipio autónomo desgajó a las organizaciones MULT y Ubisort. Al tratarse de una etnia que se agrupa en clanes, decenas de familias, barrios y comunidades enteras abandonaron las organizaciones en que habían militado por décadas y se sumaron al municipio autónomo. La organización que impulsó decididamente la autonomía fue el MULTI. A decir de López Bárcenas, la inspiración y el discurso de los autónomos triquis ha sido el zapatismo; pero “el ejemplo y la experiencia práctica” fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Las organizaciones triquis
La Ubisort casi desapareció. Se quedó con dos comunidades pequeñas: La Sabana, lugar del ataque a la caravana de paz, a escasos 10 kilómetros de San Juan Copala, y Unión Los Ángeles. También mantiene algunos simpatizantes en Tilapa. Se estima que, en total, sus miembros no son más de 300. La Ubisort se apoya ahora casi exclusivamente en sus armas. Para nadie es un secreto que las tres organizaciones principales están armadas con fusiles de asalto AK-47. La diferencia sería que la Ubisort posee entrenamiento, mayor número de unidades y la supuesta complacencia de los caciques locales y del propio gobierno estatal de Ulises Ruiz. La organización fue creada en octubre de 1994 para contener la influencia de los alzados zapatistas en Chiapas.
Luego de una desbandada que logró frenar con asambleas, concesiones, amenazas y enfrentamientos, el MULT se conservó como la organización más grande del pueblo triqui. Integra alrededor de 22 comunidades y cuenta con aproximadamente 7 mil miembros.
La organización que impulsó la autonomía triqui, luego de haberse integrado a la APPO en 2006, fue el MULTI. Está integrado por 10 comunidades, entre ellas San Juan Copala. Cuenta aproximadamente con 3 mil 500 integrantes.
Finalmente, se encuentran aquellos incorporados al PRI, pero no por la vía de la Ubisort, sino de la CNC. Básicamente se trata de una comunidad, El Carrizal, y de integrantes minoritarios de otras comunidades. No rebasan las 500 personas.
El cerco paramilitar
En la zona, todo triqui pertenece a alguna organización. La filiación se realiza por clanes. Aunque está presente el discurso ideológico, todo se subordina a los lazos familiares. Si un abuelo decide ingresar a una organización, lo hace junto con las familias de sus hijos.
En México habitan 30 mil triquis. Sólo alrededor de 15 mil de ellos se encuentran en su región. Por la violencia y la pobreza, la otra mitad ha trasladado su residencia a la ciudad de México y a Hermosillo, Sonora, entre otros estados del país; algunos más han emigrado a Estados Unidos.
El cerco paramilitar sobre San Juan Copala fue instalado el 28 de noviembre de 2009. Desde entonces, no hay mercado ni las mercancías pueden conseguirse fácilmente. El grupo de la Ubisort también cortó la línea del teléfono y los cables de la luz eléctrica. Las escuelas se encuentran cerradas. La propia Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dependencia federal, cerró sus oficinas en el poblado. Las únicas que no abandonaron la comunidad fueron las monjas de la diócesis de Copala, que mantienen un internado educativo para los niños del lugar.
—Allá está muy difícil. La gente no puede salir del pueblo porque le disparan. Luego no hay ni para comer –explica Víctor Castillo, integrante del MULTI y simpatizante del municipio autónomo.
—Y cómo se mantiene la comunidad.
—Los compas ya han encontrado sus formas…
La caja de resonancia
Las noticias de las emboscadas, los enfrentamientos, las ejecuciones, las venganzas difícilmente llegan a las planas de los periódicos locales o nacionales. Menos aún encuentran espacio en los medios de comunicación electrónicos. Pero triquis, nu’saavi y mestizos de Juxtlahuaca siempre están enterados de lo que sucede montes arriba.
La plaza principal, el mercado, los sitios de taxi son grandes orejas y bocas donde incluso las organizaciones antagónicas pueden intercambiar mensajes. Y, a manera de los cárteles traficantes de drogas, cuentan con halcones que les informan de quienes llegan y salen de esta cabecera municipal. Rufino Juárez cuenta con una organización de puesteros del mercado, dos sitios de taxis y vigilantes apostados en la plaza del palacio municipal y en negocios de las afueras de la ciudad. Cuando una persona o un grupo de personas sale con rumbo a San Juan Copala, el líder de la Ubisort ya lo sabe.
Paramilitares: arma gubernamental contra la sociedad
Autor: Nydia Egremy
Arma en la guerra de baja intensidad, el paramilitarismo actúa en México con impunidad total. Ahora, los grupos civiles armados dejan de ser clandestinos, como ocurrió en los años del terror con sus cofrades salvadoreños y colombianos, advierten informes de organizaciones no gubernamentales y de Naciones Unidas. Este actor político independiente “libera” al Estado de la responsabilidad en actos criminales orquestados por el gobierno contra disidentes, como el genocidio y el terror político
Las brigadas asedian a caseríos y poblaciones rurales; sus elementos ocupan veredas y caminos para aterrorizar a los campesinos hasta obligarlos a vender sus tierras o huir de la zona. Desaparecen y aniquilan de modo selectivo a los pobladores de una región; sus escuadrones de la muerte siembran el terror en los barrios, al tiempo que asaltan albergues de migrantes y de adictos. Son los paramilitares que sirven al Estado.
Ese fenómeno es viejo en América Latina. En la década de 1960 se crearon pequeños grupos para realizar misiones específicas y después se organizaron tropas paramilitares para actuar en forma más prolongada, como el caso del Batallón Olimpia, que intervino en la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Eran militares vestidos de civiles que realizaron una tarea específica de manera encubierta y clandestina.
Para Alfredo Jalife, geopolitólogo mexicano, los paramilitares son una creación de los gobiernos totalitarios que están en guerra. Explica que, de esta manera, “el Estado disfraza sus peores intenciones”, que ejecuta a través de estos cuerpos paramilitares que son exmilicianos o excriminales, o personas que sirven precisamente a los intereses aviesos.
“Hacen cosas que no hacen los militares, como lo sucedido en Colombia, Argentina y Chile. Incluso Estados Unidos lo hace al privatizar el combate contra civiles en Irak y Afganistán a través de las fuerzas paramilitares de Blackwater”, agrega el investigador en temas internacionales.
La afirmación de Jalife Rahme se sostiene en el informe que presentó, el 1 de septiembre de 2007, el Comité de Reformas Gubernamentales y Supervisión Interior del Congreso de Estados Unidos. Ahí se indica que la empresa de seguridad Blackwater, que opera en Irak, se ha visto envuelta en varios escándalos. Es “una organización fuera de control que permanece indiferente ante la muerte de civiles iraquíes”.
De acuerdo con el antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas, el rastro de un segundo grupo paramilitar en la historia contemporánea de México actuó en el mismo marco del conflicto estudiantil: Los Halcones. Este grupo fue entrenado por los militares. En ese contexto se integró la paramilitar Brigada Blanca, que por muchos años actuó con estructura de mando, es decir, con jerarquías militares involucradas, señala el intelectual.
Este grupo fue conocido por la opinión pública mexicana luego de que Amnistía Internacional (AI) señalara, en su informe de abril de 1977, que eran numerosas las denuncias de aprehensiones y subsecuentes detenciones, practicadas por autoridades administrativas, policiacas o militares, “en violación a las garantías constitucionales”.
AI denunciaba: “Hay fuertes indicios de que agentes del poder público practican detenciones extralegales, que las víctimas y sus familiares asimilan, no injustificadamente a secuestros”.
Después del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, brotaron en Chiapas otros grupos de corte paramilitar. Advierte López y Rivas, expresidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que debe distinguirse a las guardias blancas de finqueros y terratenientes de los grupos paramilitares. En su opinión, la escuela chiapaneca de formación de paramilitares sigue la experiencia guatemalteca, en donde estos grupos se nutren de elementos de extracción indígena bajo la idea de que “la cuña debe ser del mismo palo”.
Recuerda que, siendo presidente de la Cocopa, presentó una denuncia (cuya asesora legal fue la ya fallecida defensora de derechos humanos Digna Ochoa) sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. Afirma que, en una reunión de esa Comisión con el entonces procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, le informó que la Procuraduría tenía el registro de al menos 12 grupos que podían ser considerados paramilitares, aunque empleaban un eufemismo para calificarlos: “grupos de civiles presuntamente armados”.
Actualmente, señala el intelectual, grupos como el Ejército de Dios –que opera en Chiapas– es ejemplo de la modernización del paramilitarismo mexicano. Llama la atención al hecho de que, en 2008, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) denunció que realizaba combates en dos frentes: por un lado, contra el ejército contrainsurgente, y por el otro, contra grupos de sicarios que el Ejército usa para ubicar a la guerrilla y ajusticiar a sus simpatizantes.
Para Gilberto López y Rivas, los paramilitares son empleados para incursiones militares en ciertos poblados. Su dicho se respalda con lo que el 24 de marzo de 2008 declararon Rodolfo y Ramón, milicianos del ERPI, al diario La Jornada, cuando afirmaron que “ya hay células de grupos paramilitares en Metlatónoc, Guerrero, y en otras zonas de La Montaña, o en Tierra Caliente, Costa Chica y Costa Grande”.
Origen oscuro e ilegal
La existencia de mercenarios que realizan sus acciones en nombre del Estado no es nueva, pues se dio en la Edad Media. Eran personas a sueldo que tenían la cobertura del príncipe en turno, como las compañías de lanceros (de unos 100 hombres) y que dio origen al término anglosajón freelance, señala Jalife Rahme.
En la actualidad, los mercenarios de la empresa multinacional Blackwater están desplegados en Irak y Afganistán, y según cálculos que cita Jalife, constituyen una tercera parte de las fuerzas que libran combates en ambos países. “No existe una cifra confiable –explica el experto–, pues la dejan a propósito abierta o incierta, laxa”. Hace notar que, para engrosar las filas de mercenarios y paramilitares, el gobierno estadunidense contrató a los francotiradores que participaron en la guerra de los Balcanes. “Ahora están contratando a cierto grupo y les pagan de 5 mil a 10 mil dólares al mes, lo que es una fortuna”.
Como muestra de la gran colusión entre el Estado y los paramilitares, existe la protección que gozan cuando se les acusa de sus crímenes. Exclama: “¡Nunca se les persigue, es muy raro cuando eso ocurre! A veces se hacen juicios de tipo chivo expiatorio cuando se les pasa la mano”.
En su opinión, la práctica paramilitar se escenifica en tres escenarios: uno, en caso de guerra irregular, porque los soldados no pueden hacer abiertamente las acciones que se asignan a estos cuerpos; el otro, es cuando existe una gran situación de caos, pues eso permite al Estado “tomarse revanchas contra sus enemigos o rivales”, y el tercero, un escenario de paramilitarismo latente, como fuerza disuasiva.
Para esos tres escenarios, Jalife Rahme considera que se trata de mercenarios adoptados por el Estado, aunque no de forma directa, “porque obviamente eso atenta contra presupuestos y la transparencia de la democracia”. El paramilitarismo es el lado oscuro de los Estados fascistas.
En este momento, asegura el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, tal es el caso de algunos gobernadores, “incluso del mismo gobierno federal”, que sostiene a cuerpos ligados a las fuerzas policiacas.
Por su parte, López y Rivas refiere que para conocer la naturaleza del paramilitarismo es necesario observar que son grupos irregulares, clandestinos que actúan bajo una conexión –igual, irregular, ilegal y clandestina– con el gobierno, con el Estado. Generalmente están adscritos a la Sección Segunda del Estado Mayor, que es la inteligencia militar. Describe que el paramilitarismo “es una extensión de las Fuerzas Armadas por otras vías”.
Asegura que el paramilitarismo tiene sus raíces en las escuelas de contrainsurgencia que puso en activo el gobierno estadunidense después de su derrota en Vietnam y que se continúan en las llamadas guerras de cuarta generación, que recogen toda la experiencia de las fuerzas armadas del Pentágono en el mundo.
Bajo esa lógica, los paramilitares en México reciben entrenamiento, apoyo en armas y municiones, cobertura de inteligencia, de comunicaciones y todo lo que tiene que ver con su acción. En muchas ocasiones, son pagados directamente por esta inteligencia militar o de la Sección Segunda del Ejército.
En Colombia así operaron los grupos paramilitares: comenzaron como las Autodefensas Unidas de Colombia y ahora continúan las Águilas Negras. El informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que se presentó en agosto de 1998, ya citaba que la policía y el ejército colombianos eran acusados de complicidad por abstenerse de intervenir para prevenir o proteger a los civiles de las masacres y asesinatos cometidos por los paramilitares. “Esto contribuye a crear un ambiente de terror entre la población de Barrancabermeja y Urabá”, explicaba el informe.
En todos los casos, ya sea a través de ramificaciones ultrasecretas o abiertas, el paramilitarismo es un fenómeno de la represión del Estado “por otras vías”; es el ejercicio de la acción autoritaria y de la violencia extrema del Estado, particularmente contra grupos de disidencia, de resistencia o de carácter revolucionario, señala López y Rivas.
En México se sigue el esquema uribista, porque Álvaro Uribe, presidente de Colombia, ha sido el paladín de este tipo de planes o proyectos, llámese Iniciativa Mérida o Plan Colombia o Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte, indica el también profesor de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos
Hace ver que los militares mexicanos recurren a la estrategia de enviar soldados de línea debidamente disfrazados a cometer asesinatos particularmente de jóvenes, que luego son acusados de delincuentes. “Sea esto real o no, responde a la idea de la limpieza social”, explica el autor del estudio Autonomías, democracia o contrainsurgencia (2004).
Sostiene que esa “limpieza social se dio en Colombia cuando se elegía como víctimas del paramilitarismo a jóvenes de la ciudad o del campo, que por algún motivo disgustan a los aparatos de poder y son usados como cadáveres útiles por los soldados regulares o mercenarios que así cobran las recompensas. Pero también hay una limpieza social en el sentido de que en aquel país también se registra en la lista de los llamados falsos positivos (es decir, a los presuntos criminales) a los discapacitados o jóvenes con ideas democráticas”.
Incluso están haciendo limpias de pequeños delincuentes; los que ya distribuyen drogas y se les persigue bajo un criterio de mercado para normarlo, pues se prefiere tener a un solo distribuidor en lugar de muchos.
Gilberto López y Rivas anticipa que, en México, ya empieza a haber esa limpieza social “dentro de estos 22 mil 700 muertos que Felipe Calderón desprecia”, porque, según las autoridades, se trata de muertes entre criminales. La mayoría, insiste, es joven de entre 17 y 25 años, y que constituye o no un sicariato, pero muchos se incorporan como objetivos a partir de las necesidades que tienen los militares y los policías de justificar tanto sus salarios como sus acciones en contra del narcotráfico y del terrorismo.
Para el especialista, el paramilitarismo colombiano es una especie de espejo en el que se reflejan el paramilitarismo guatemalteco y mexicano. Cuando se observan en México esas demostraciones de crueldad infinita, como las decapitaciones, se deben definir como el “terror de Estado por otras vías”, como el terrorismo, señala.
Se aterroriza a la población a partir de la lucha contra el narcotráfico y, en realidad, lo que se observa en este momento en México es una guerra social: “Es una guerra del poder contra las organizaciones de resistencia, contra una juventud que está siendo aniquilada en los campos de batalla de esta guerra contra todo lo que se mueve; ahí el paramilitarismo tiene una función qué cumplir”.
Para Jalife Rahme, el que los grupos paramilitares que operan en los estados más pobres de México, como Oaxaca, actúen de manera más visible y en una circunstancia previa a las elecciones “es muy interesante, macabramente hablando”.
Se refiere a la emboscada que sufrió la caravana internacional de paz que intentaba llevar ayuda humanitaria a la comunidad autónoma de San Juan Copala, en el municipio de Juxtlahuaca, y que cobró la vida del finlandés Jyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño.
“Estamos regresando a los gorilatos. La juventud de ahora no tiene esa memoria. Oaxaca es un estado gorila y no hay que perderlo de vista, la prensa europea es muy importante porque tiene que venir con el gobierno federal y aquí tiene que dar luz”.
Describe que en esa acción “les salió el tiro por la culata; cometieron un error”, pues son criminales no bien entrenados y muchos de ellos no midieron el impacto y la presión internacional por sus acciones. Este analista de la escena internacional refrenda que “toda la escoria de la criminalidad se concentra en los paramilitares y su objetivo único es cumplir en forma siniestra los objetivos que no pueden hacer en forma democrática los Estados. Por eso, creo que se debe ser muy severo en contra de ellos”.
La solicitud de Rabasa
En enero de 1972, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Emilio O Rabasa, envió un telegrama al Departamento de Estado en el que confirmaba el “repetido interés personal” del presidente Luis Echeverría Álvarez en el programa de entrenamiento para elementos de la policía mexicana en Estados Unidos.
Bajo el encabezado “Confidential México 232”, el telegrama, emitido desde la embajada en México y dirigido a la Secretaría de Estado en Washington, DC, explica en el punto número 1 que el secretario de Estado Mc Bride “esperaría recibir al Coronel Díaz Escobar en Washington”, y más tarde concertar los arreglos de un programa satisfactorio para estos jóvenes mexicanos.
El punto 2 del telegrama indica que reportaría las opiniones de Rabasa y seguirá su contacto con él sobre el tema. El documento fue desclasificado el 9 de junio de 2002 y está firmado por Mc Bride. El marco de fondo de este mensaje se refiere al acercamiento del canciller mexicano Rabasa con Robert McBride, a quien presentó la solicitud del presidente Echeverría para que Washington emprendiera un programa de entrenamiento policiaco para un grupo de las fuerzas de seguridad mexicanas.
La visita de Rabasa a Washington fue seguida de otras, como la del subsecretario de Relaciones Exteriores, José S Gallastegui, y del coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa. A este militar es al que alude el telegrama de la embajada estadunidense en México, el 6 de enero de 1972. Según ese documento, Díaz Escobar dijo que los hombres estarían “particularmente ansiosos” de capacitarse en “control de multitudes, negociación con manifestaciones de estudiantes y reyertas”. También, les interesaba capacitarse en tácticas de defensa física y combate mano a mano.
De acuerdo con la embajada estadunidense en México, Díaz Escobar era un coronel del Ejército Mexicano que, entre otras cosas, “también está a cargo de un grupo de individuos conocidos como Los Halcones. Aclara el mensaje dirigido al secretario McBride que este grupo fue responsable de acabar con la ostensible marcha estudiantil (del 4 de noviembre de 1970) para celebrar la victoria electoral del presidente chileno Allende”.
Agrega que Los Halcones usaron varas de bambú en este esfuerzo “y fueron identificados por los estudiantes y descritos como personas violentas”. Señala que los miembros de esta organización son aproximadamente 2 mil. (NE)
Desde 1998 se pidió a la ONU actuar contra paramilitares
El 3 de agosto de 1998, en Ginebra, Suiza, en la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió la delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), integrada por Jean Barth, Erika Hennequin, vicepresidenta de los verdes de Suiza; Anne Plattner, de Suiza, Teresa Niubo, e Ignacio García de Catalunya (Estado español), con la comisionada Mary Robinson.
La entrevista duró 50 minutos. Ahí se presentaron las conclusiones y recomendaciones del informe de la CCIODH. Erika Hennequin, recién llegada de Chiapas, informó a la comisionada Robinson sobre la gravedad de los últimos acontecimientos en la zona del bosque chiapaneco y aseguró que “la intervención del Ejército y seguridad pública” desmanteló el municipio autónomo de San Juan de la Libertad.
Una de las partes del informe, decía: “No pecamos de exageración si afirmamos que la situación actual es peor que la que observamos en febrero de 2008. Puede consultar infinidad de informes con datos sobre la actividad de los grupos paramilitares, sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en operativos sobre la población. La lentitud de justicia para clarificar los hechos de Acteal y la rapidez con que interviene, con todo lujo de irregularidades incluso denunciadas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre las comunidades en resistencia.”
El informe señalaba que el 10 de junio anterior, la intervención de las fuerzas armadas provocó la muerte de ocho campesinos y “la dramática situación de la población civil, en especial de las mujeres y los refugiados por causa de la guerra”. Por ese escenario, la CCIODH sugirió la necesidad de que la Organización de las Naciones Unidas realizara un informe sobre la situación de los derechos humanos en la zona de conflicto. (NE)
Hina Jilani, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, presentó, en abril de 2002, el Informe sobre la situación que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Colombia. Entre los principales temas que preocuparon a la delegación que ella encabezó, durante su visita a aquel país, entre el 23 y 30 de octubre de 2001, destaca que fue el centrarse en los asuntos por los cuales el Estado colombiano es “directamente responsable; vale decir, las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos o por particulares que actúan instigados por o con el consentimiento o la aquiescencia de las autoridades públicas”.
Agrega el informe que la representante especial no hace referencia a aquellos asuntos en los que los grupos armados al margen de la ley (grupos guerrilleros) se encuentran involucrados. También, la preocupación se extiende al “ambiente de impunidad” que rodea las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Por tal razón, el informe describe que “el Estado es jurídicamente responsable”, tanto por los ataques perpetrados directamente por las fuerzas armadas colombianas, como por los perpetrados “por organizaciones paramilitares.
Describe que la representante especial “pudo observar que los grupos paramilitares son los principales responsables” de las violaciones a los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos. Por lo tanto, entre las recomendaciones que emite el informe de Jilani, destaca: “Combatir el paramilitarismo en forma eficiente y desmantelarlo de forma definitiva, mediante la detención, el procesamiento y la sanción de todo aquel que promueva, dirija, participe, apoye o financie este fenómeno”. (NE)
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