ABC, CRIMEN DEL SISTEMA POLITICO

Un año de esperar justicia

Se cumple un año del incendio de una guardería en México que causó la muerte de 49 niños. Sus padres aún esperan castigo a los responsables
Hace un año, Abraham Fraijo perdió a su hija Emilia en el incendio de la guardería infantil ABC de Hermosillo, Sonora, en el norte de México, donde murieron otros 48 niños y 75 más quedaron lesionados.
Desde entonces, junto con varios padres de familia, ha tocado varias puertas para exigir castigo a los culpables de la tragedia.
Pero hasta ahora, 365 días después de uno de los casos más dramáticos de la historia reciente en México, ninguna persona está detenida.
En una investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se estableced que hay responsabilidad de altos funcionarios del gobierno mexicano en este caso.
El ministro Arturo Zaldívar, encargado de la investigación del incendio de la guardería ABC, concluyó que sí incurrieron en violaciones graves a las garantías actual el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam; su antecesor y actual secretario de Comunicaciones, Juan Molinar; el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, entre otros.
La Procuraduría General de la República afirmó que las investigaciones avanzan. El Instituto Mexicano del Seguro Social, del que dependía la estancia, ofreció atención médica vitalicia a los niños lesionados, mientras que el presidente Felipe Calderón declaró al cinco de junio, cuando ocurrió el incendio, como día de luto nacional.
No es suficiente, porque los probables responsables aún están libres, le dijo Abraham a BBC Mundo.
"Sé que no me van a devolver a mi hija. Pero quiero que ningún mexicano pase ni siquiera cinco segundos de lo que he vivido en un año".
"Negritos y sin fuerza"
La guardería ABC estaba instalada dentro de una antigua bodega habilitada como estancia infantil y no cumplía con todos los requisitos de seguridad, reconocieron autoridades locales.
A un lado de este local operaba un depósito de documentos y material de desecho del gobierno de Sonora. Según la investigación de la SCJN, en ese lugar empezó el incendio que se propagó rápidamente a la guardería, donde se encontraban 176 niños menores de cinco años.
Las responsables del albergue no pudieron sacar a todos. Sus testimonios dicen que las puertas de emergencia estaban cerradas o no pudieron abrirse.
Muchos de los menores que salvaron la vida fueron rescatados después que una persona rompió un muro de la estancia con su camioneta.
En su libro "Nosotros somos los culpables", el periodista Diego Osorno recupera ese momento.
"Sacamos como a 30 niños pero no vi uno vivo; todos iban negritos, sus brazos sin fuerza", contó un vecino que ayudó en el rescate.
"Nunca perdonaré"
Ese cinco de junio murieron 31 niños. El resto perdió la vida en las semanas siguientes.
Jonathan fue uno de ellos. Su madre, Patricia Duarte, dice que nunca perdonará el trato que recibió de las autoridades locales, quienes trataron de compensar la pérdida con dinero y posiciones en el gobierno.
"En ningún momento nos pagarán a nuestros hijos. Si quieren resarcir el daño que me hicieron, que me devuelvan a Jonathan. No lo van a hacer", dijo en conversación con BBC Mundo.
A Patricia le molesta especialmente la actitud del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, quien días después de la tragedia declaró que dormía "como un bebé".
Es un trato que se repitió a lo largo del año, afirmó Abraham Fraijo. De hecho, varios padres de familia realizaron huelgas de hambre, marchas y otras protestas para reclamar sanción a quienes permitieron que la guardería ABC funcionara de manera insegura.
Un año después, apenas empiezan a ver algunos resultados.
"Justicia, donde se encuentre"
La tragedia de la guardería ABC también generó movimientos políticos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el gobierno de Sonora, después de mantener el poder durante 80 años.
Varios funcionarios medios fueron inhabilitados para ejercer un cargo público, mientras que el presidente Felipe Calderón se comprometió a visitar, un año después, a los familiares de los niños en Hermosillo, la ciudad donde residen.
Además, la SCJN votará el dictamen final de la investigación realizada el año pasado, que concluye que sí incurrieron en violaciones graves a las garantías Daniel Karam, Juan Molinar y Eduardo Bours.
Sin embargo, de acuerdo con la legislación interna de la Corte, su decisión no tendrá carácter vinculante, es decir, el órgano judicial no puede castigar a quienes encuentre responsables.
Las sanciones deberán aplicarse por la fiscalía general y el gobierno de Sonora. El gobierno mexicano ha dicho que acatará las resoluciones de la SCJN.
Para los padres de la guardería ABC, el dictamen de la Corte es uno de los momentos más esperados.
"Eso nos va a permitir que llevemos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí esperamos la justicia que no encontramos en México", afirmó Patricia Duarte.
MOVIMIENTO 5 DE JUNIO.
COMUNICADO.
A LA OPINIÓN PÚBLICA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
El MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO, que agrupa a la mayoría de las familias con víctimas por el incendio en la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo Sonora, por este medio declara lo siguiente:
En forma extraoficial hemos tenido conocimiento de que, en esta misma fecha el C. Presidente de la República, Felipe Calderón, se encuentra recibiendo en la residencia oficial de Los Pinos a un grupo de padres y madres de niñ@s víctimas del incendio en la Guardería ABC de esta ciudad, ocurrido el 05 de junio de 2009.
También tuvimos conocimiento por medios distintos a la Presidencia de la República, como lo son el C. Gobernador del Estado Guillermo Padrés Elías y el funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social Luis Fiol, quienes nos hicieron saber de la existencia de una invitación al respecto.
Para nosotros es claro que necesitamos tener una reunión con el Jefe del Ejecutivo Federal, para exponerle de viva voz nuestras demandas de justicia, y para pedirle que en el ámbito de sus atribuciones corrija y mande corregir las irregularidades que agravaron las consecuencias funestas en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo.
Durante varios meses, por diferentes medios, e incluso en forma directa, hemos solicitado que el Jefe de Estado y del Gobierno mexicano se reúna con la totalidad de los familiares de las víctimas en el incendio mencionado, precisamente en esta ciudad de Hermosillo, por las siguientes razones:
• Porque nuestr@s niñ@s nacieron, vivieron y perdieron la vida en esta ciudad de Hermosillo, Sonora.
• Porque los familiares que sobreviven a l@s niñ@s somos residentes de Hermosillo.
• Porque la guardería donde ocurrió el siniestro, está ubicada en Hermosillo.
• Porque la mayoría de los responsables residen en Hermosillo.
• Porque el Presidente de la República, como presidente de todos los mexicanos, tiene funciones, atribuciones y responsabilidades en Hermosillo.
Por todo ello, creemos que la principal obligación del Presidente de México es venir al lugar de los hechos, entrevistarse con los afectados y escuchar y atender sus reclamos y demandas de justicia.
En tres días más se cumplirá un año de que nuestr@s hij@s resultaron gravemente lesionados o perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC, y es hasta ahora cuando en forma indirecta y por medio de terceras personas, se nos convoca, sin agenda alguna, a entrevistarnos con el señor Felipe Calderón en la residencia oficial de Los Pinos.
Como lo dijo uno de los miembros de este movimiento ciudadano, nosotros no queremos tomarnos la foto con el Presidente de la república: lo que queremos, reclamamos y exigimos es justicia.
La justicia a la que aspiramos, a grandes rasgos, es la siguiente:
A) El castigo por delitos graves a todos y cada uno de los responsables directos por la muerte y lesiones de nuestr@s hij@s, especialmente los dueños de la guardería, que lucraron con la prestación de ese servicio público, que sólo le corresponde al Estado.
B) La destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, entre ellos los ex directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social Santiago Levy y Juan Molinar Horcasitas, así como el actual director del organismo Daniel Karam Touméh, así como a los funcionarios del Ayuntamiento de Hermosillo, que por razón de sus funciones y debido a sus actos y omisiones, tuvieron responsabilidad en el otorgamiento de los contratos de subrogación de la guardería, así como en la expedición de los permisos o autorizaciones para el uso de suelo, a sabiendas de que por ser una zona industrial el lugar de ubicación de la guardería, no debió haberse permitido su funcionamiento en las calles Mecánicos y Ferrocarrileros de la Colonia Y de esta ciudad.
C) La destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de protección civil federal, estatal y municipal, que omitieron realizar las funciones de prevención y corrección de riesgos en el funcionamiento de la Guardería ABC.
D) La destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de distintos niveles de gobierno, que omitieron investigar y sancionar, o los que ordenaron obstaculizar tales investigaciones, a los responsables en el incendio de la Guardería ABC, entre ellos el ex Gobernador Eduardo Bours, el ex secretario de Hacienda y los principales directores de área y mandos medios de esa dependencia, el ex y actual Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, el ex Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora, así como el ex Procurador General de la República Eduardo Medina Mora.
E) La reparación del daño moral y material a las familias que perdimos a nuestr@s hij@s; y la atención médica y terapéutica vitalicia a l@s menores que resultaron lesionad@s por quemaduras de diversos grados, y a l@s expuest@s, hasta lograr su recuperación total, o en su caso, al otorgamiento de servicios médicos y prótesis especializadas para paliar las discapacidades que les resulten, debiéndose incluir los apoyos económicos necesarios a los padres y madres de dich@s niñ@s que deban atenderl@s personalmente.
F) La erección de un memorial en el mismo lugar donde operó la Guardería ABC, que a semejanza de los memoriales del holocausto en Europa y los de Hiroshima y Nagasaki en Japón, con los implementos tecnológicos de esta época, de una manera interactiva proporcione la información acerca de l@s niñ@s de la Guardería ABC, tal y como eran antes del fatídico 05 de junio de 2009 que permita a los visitantes locales y foráneos conocer de la vida, las aspiraciones, los juegos y la personalidad en su conjunto de cada uno de nuestros infantes, omitiendo cualquier referencia a la forma infame y trágica en que sus vidas fueron segadas o deterioradas.
G) La institución, mediante reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, del 05 de junio de cada año, como día luctuoso nacional.
H) La expedición de una Ley General de Estancias Infantiles, que regule y controle la operación, funcionamiento y medidas de seguridad, en las guarderías infantiles que operan en el país, no sólo las de prestación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino las del ISSSTE, Fuerzas Armadas, SEDESOL, la de los gobiernos estatales y ayuntamientos, proscribiendo la subrogación a favor de particulares distintos de padres y madres con hijos en estancias infantiles.
Los anteriores, son los puntos mínimos por los cuales pugnamos, y que constituyen nuestro reclamo de justicia.
ATENTAMENTE
MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO


Recordarán en 18 estados tragedia de guardería ABC
A un año de la tragedia, los padres que integran el Movimiento por la Justicia 5 de Junio convocan a soltar globos blancos a las 14:45 horas del próximo sábado, hora en que inició el fuego en la guardería que dejó 49 decesos.
Notimex
Publicado: 01/06/2010 15:56

Hermosillo, Son. Al menos 18 estados del país se han unido a la convocatoria para desarrollar diversas actividades para la conmemoración del primer aniversario del incendio en la guardería ABC, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dejó 49 menores muertos y más de 75 lesionados.
El Movimiento por la Justicia 5 de Junio convocó a la comunidad de otras entidades del país, así como de otros países, a unirse a la conmemoración de la tragedia en la estancia infantil.
De esa manera, hasta ahora en diversas ciudades de 19 estados del país, incluso Sonora, se realizarán vigilias, misas y otras actividades para recordar el siniestro, ocurrido el 5 de junio del año pasado.
En Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal, Morelos, Coahuila, Quintana Roo, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Yucatán, Nayarit, Baja California y Chiapas habrá actos conmemorativos.
Como parte de la solidaridad, los padres que integran el Movimiento por la Justicia 5 de Junio convocó a soltar globos blancos a las 14:45 horas del próximo sábado, hora en que inició el fuego en la guardería.
Asimismo, a la misma hora replicarán las campanas en las iglesias, en memoria de los 49 menores que fallecieron y por la recuperación de los sobrevivientes que presentan lesiones.
La convocatoria incluye también colocar altares con 49 veladoras por los niños fallecidos y una por los heridos frente a las oficinas del IMSS y de la Procuraduría General de la República (PGR) en cada localidad.
También se pide emitir comunicados de prensa para exigir justicia para las víctimas del incendio en la guardería ABC, además de enviar videos a los padres de los menores con mensajes de solidaridad.
Por otra parte, hoy iniciaron las actividades conmemorativas del primer año del siniestro en la estancia infantil y esta tarde se realizará la muestra de videos A un año de la tragedia, en tanto que mañana habrá un evento cultural.
El 3 de junio está prevista la realización del foro Los derechos de los niños y niñas, una asignatura pendiente y el viernes habrá presentación de libros, una tocada de grupos musicales y una vigilia por los 49 menores que fallecieron.
El 5 de junio, las actividades iniciarán con una misa, para seguir con un homenaje a los menores, a las 14:45 horas, en las instalaciones de la extinta estancia infantil, para finalizar con una marcha y una celebración ecuménica.
Guardería ABC, otro crimen sin castigo
PAULINO CÁRDENAS
Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría por pronunciarse sobre las responsabilidades de gravedad del caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, decisión con la que muchos creerían que pudieran iniciarse procesos judiciales contra los presuntos responsables de la tragedia, la realidad es que todo parece indicar que la muerte de los 49 bebés muertos y los 75 que resultaron con daños irreversibles, acabará quedando cubierto por el vergonzante manto de la impunidad.
Sería otro crimen sin castigo, porque lo que dictamine la Corte no es vinculatorio con lo que pudieran hacer o no en este caso las autoridades. Es decir es una suerte de dictamen que no obliga a ninguna autoridad a iniciar un proceso de cualquier tipo, incluso penal, contra los involucrados, y de acuerdo a la Constitución sólo constituye un informe en el que se mencionan las personas que estuvieron involucradas en los hechos. De esta manera, es muy probable que los presuntos culpables pudieran seguir en la impunidad.
A un año de los trágicos acontecimientos que se cumple mañana sábado, ningún alto funcionario ha sido castigado pese a que el ministro encargado de la investigación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó que sí se registraron violaciones graves a las garantías de los inocentes. Su dictamen pasará a votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Para que la resolución sea aprobada, se requieren los votos al menos seis de los once ministros. Hay 19 señalados como presuntos culpables.
En este mismo mes los ministros habrán de pronunciarse sobre el caso, y se sabrá así si La Corte aprueba el dictamen del ministro Zaldívar. Aún en caso afirmativo ello no es garantía para que pudieran iniciarse procedimientos jurídicos contra los presuntos responsables. Los señaldos son el ex gobernador, Eduardo Bours Castelo, así como quien fuera su secretario de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez, y su titular de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani. También está en la lista el ex alcalde Ernesto Gándara.
Por parte del gobierno Federal se halla el ex director general del IMSSS y actual titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas. El ministro Zaldívar añadió en la lista al actual director del IMSS, Daniel Karam, quien tomó posesión después de la tragedia cuando el otorgamiento de las concesiones de la gurardería ya estaban dadas. Es probable que además de Molinar Horcasitas, en las indagatorias pudiera incluirse al también ex director del Seguro Social, Santiago Levy.
Hay otros funcionarios señalados, como el ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, y la ex coordinadora de Guarderías, Carla Rochín, quienes fueron cesados de su cargo un mes y medios después del siniestro. A esta última se le vincula con la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
El pasado miércoles por la tarde el presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos a un grupo de padres de los niños que fallecieron en el incendio y de los que salvaron la vida pero quedaron marcados para siempre con quemaduras y afectados de sus pulmones por aspirar aire caliente. Hubo quienes decidieron no asistir a la casa presidencial porque dijeron que el Presidente no ha mostrado voluntad para resolver el caso y menos para castigar a los verdaderos culpables.
Al final de la reunión en Los Pinos se anunció que Calderón si asistirá a Hermosillo próximamente, reclamo que le venían haciendo los deudos de los bebés desde hace casi un año. Parte de quienes declinaron la invitación exigen la destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno presuntamente culpables de la tragedia.
Muchos apuestan a que, conociendo la forma de cómo se hace justicia en México, el caso de la guardería ABC acabará quedando bajo el abominable manto de la impunidad. Sería otro crimen más sin castigo.
Subrogación, causa del incendio en la guardería ABC: Gustavo Leal
El repliegue del Estado en el servicio provocará más percances, advierte
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 7
La subrogación de guarderías atenta contra la calidad del servicio que se ofrece a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y es la causa directa del incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, aseguró Gustavo Leal Fernán- dez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco.
Advirtió que con el esquema de contratación de terceros, “nos encontramos ante el repliegue estratégico del Estado de su obligación de garantizar la calidad de los servicios prestados, con lo que deja en manos de particulares toda la responsabilidad de lo que ocurra en los inmuebles.
“Por si fuera poco –señaló–, el instituto impone cada vez más requisitos que restringen las posibilidades de los empresarios para garantizar la calidad y seguridad de los niños.”
En entrevista, el especialista y colaborador de La Jornada resaltó que la comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar si en Hermosillo hubo grave violación de las garantías individuales tendrá que incorporar en su indagatoria el objeto planteado en su protocolo de trabajo, respecto a analizar y verificar el sistema de guarderías, así como hacer un diagnóstico de las normas jurídicas y la situación de las estancias.
Así, la comisión tendría que concluir que la subrogación es la causa directa de la muerte de 49 niños y las lesiones de decenas más que se encontraban en la guardería ABC el 5 de junio de 2009.
“Es más –advirtió–, ese modelo será la causa de eventuales percances en cualquiera de los inmuebles del país, aun cuando el IMSS se haya deslindado de cualquier obligación con las pólizas de responsabilidad civil que impuso como requisito a los prestadores que quisieron renovar sus contratos a partir del primero de enero de 2010.”
Mañana, informe de la SCJN
La comisión investigadora de la SCJN presentará este lunes su informe final. En la misma sesión se designará al ministro que elaborará el dictamen, el cual será sometido a la consideración del pleno del máximo tribunal del país.
Leal Fernández comentó que aunque durante el proceso de investigación los magistrados se han reunido en diversas ocasiones con los padres de los niños fallecidos en el incendio, los cinco informes preliminares prácticamente no han abordado el tema de la subrogación.
Aunque los magistrados cuentan con los mil 500 contratos y los están examinando, se han enfocado en el tema de la protección civil. El riesgo es que el informe final se limite
“Significaría –señaló– que los culpables serían el cuerpo de bomberos o el gobierno del estado y sus funcionarios, lo cual estaría acorde con los deseos del director del Seguro Social, Daniel Karam.
Y es que –apuntó–, lejos de replantear el modelo del servicio de guarderías del instituto y reimpulsar a las del régimen ordinario –cuyo crecimiento está detenido–, el funcionario mantuvo para este año la contratación de particulares, quienes debieron cumplir mayores requisitos y costos.”
Recientemente, el investigador publicó el libro Guarderías, en el que documenta la degradación en el sistema de estancias del IMSS, particularmente a partir del gobierno de Vicente Fox, a quien señala como el primer responsable del accidente de Hermosillo, por haber respaldado el proyecto elaborado por Santiago Levy, el ex director del IMSS, aun en contra de las voces que en aquel momento advirtieron que se estaba poniendo en riesgo la seguridad y el desarrollo sicomotor de los niños.
“De igual forma –destaca Leal–, son corresponsables el gobierno de Felipe Calderón y el ex director del IMSS Juan Molinar, así como Daniel Karam. Lo que hemos visto en 10 años de panismo es que sus modelos más baratos no sólo no amplían la cobertura ni mejoran la calidad de los servicios, sino que son un auténtico peligro para la seguridad de los menores. Creo que es suficiente con lo que hemos vivido. Lo que se necesita son propuestas para que con el mismo dinero se logre mayor eficacia, subrayó.
El libro Guarderías, que esta semana será presentado en Hermosillo, como parte de las actividades que organizaciones civiles y los padres de familia de la guardería ABC organizan después de ocho meses de la tragedia, incluye información sobre la calidad de las estancias changarro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y de las que dependen del ISSSTE.
Sobre las primeras, Leal Fernández advirtió que son 8 mil establecimientos donde se encuentran 230 mil niños, quienes están en una condición de peligro mayor que los del IMSS. La causa es que esas estancias de Sedeso son espacios habilitados con muy pobre capacitación de los responsables de atenderlos.
CARTA DE ABRAHAM FRAIJO A SU HIJITA EMILIA.
Changuita pedorra:
El tiempo pasa y tus palabras siguen sonando dentro de mí como si fuera aquella tarde en la que te fuiste…. “te pongaste triste tu? No estés triste tu, mañana en la tarde vengo por ti…” fue lo último que me dijiste, hoy a casi un año, sigo esperando que vengas por mí. Sigo dejándome la barba crecer, esperando por ti para hacerte cosquillas en tus apestositos, llega el fin de semana y me doy cuenta que no vendrás, y tengo que rasurarme, como nos reíamos, sigo esperando nuestro saludo de compitas, esele mi changa!! Esele mi sholate!! Sigo esperando que llegues y mientras estoy en la computadora distraído, llegues, me preguntes que estás haciendo y mientras te doy una muy distraída explicación de lo que estoy haciendo, escondes tus manitas detrás de ti presionando el botón de encendido hasta que la computadora se apaga, y cuando vez mi reacción te hechas a correr riendo a carcajadas, y ya no me queda más que reír también…
Extraño que cuando haces una travesura, y estoy a punto de darte una nalga, y tu con tus ojos, esos ojos que me vieron desde el momento en que llegaste, me robaron el corazón, me decías, “tu tienes muchas nalgadas guardadas verdad?” y ya no me quedaba otra mas que reír, te extraño tanto….
La yoko y el chipotle también te extrañan (los perritos de tu maga)… pues entre semana nunca los podía bajar de mi cama, y solo cuando tu llegabas se desaparecían, en especial el chipotle pues es tu favorito, y se que es tu favorito pues unos días después de tu cuarto cumpleaños se fue contigo, tenia que andar siempre detrás de ti pues tu amor es tan efusivo que me daba miedo que los asfixiaras por la forma en que los abrazabas, y por supuesto que a ellos también les dabas miedo, extraño verte por el retrovisor del carro, brincando, bailando y riendo, mientras escuchamos a los fabulosos cadillacs, o alguna otra banda…
Extraño decirte que eres hermosamente fea, mientras tus ojos me miran, tan grandes, tan brillantes, tan llenos de inocencia, como si estuviera diciendo la cosa mas interesante que jamás hayas escuchado, extraño los maratones de películas…. Monster Inc. Todo el día, y bailar con el intro a ritmo de jazz que tanto te gusta, extraño que llegue la noche, y decirte…. Emilia se va a bañar, y que te pongas histérica gritando que ya te bañaste, después del baño acostarnos, y que te metas en mi axila como si fuera el mejor refugio que pueda existir, aunque a media noche te acomodes mejor con todo tu cuerpecito sobre mi cabeza…
Extraño levantarnos tarde, y desayunar juntos, ahora a casi un año, nada sabe igual, pues ya no hay batallas campales para que te termines tu comida, o que discutamos porque la comida de tu mama sabe mejor que la que yo preparo, extraño que me cantes esa canción que inventaste para saludarme, “hola, hola!! Como estas tu!!? (aun me sorprende que inventaras esa canción solo para saludarme..) pero lo mejor fue que me cantaras eso con la interpretación del moustro del gorro rosa, como tu decías…
Ahora a casi un año que no puedo besarte, olerte, cambiarte, regañarte, explicarte las cosas, platicar, jugar, caminar, hacerte cosquillas hasta que con un beso hacías que dejara de hacerte cosquillas, aquí estoy changuita, con las manos temblorosas, con lagrimas en los ojos, sin sueño, triste, con mucho miedo, sigo esperando que llegues, como me lo dijiste.. sigo esperándote…
Tu sabes que lo que estamos haciendo es para que ningún otro chaparrito sea separado de sus padres como nos sucedió a nosotros mi pequeña gran gigante, no se si lo estoy haciendo bien o mal, solo se que lo tengo que hacer, pues espero que el día que vengas por mi, poder abrazarte y decirte que hice todo lo posible porque tu partida, que nos duele tanto mi amor, sirva para que nadie mas tenga que pasar por lo que nosotros estamos pasando mi pequeñuela… y que tu me mires de la misma manera que siempre me veías, con esos ojos tan llenos de orgullo, que me hacen sentir el hombre mas importante de la tierra…
Yo sabia, desde el momento en que tu mama me dijo que estábamos embarazados, que tu serias alguien muy importante en México mi amor, siempre te imagine en un escenario cantando como tu madre, o como una gran pintora o escultora, escritora, o algo por el estilo, tu sabes lo mucho que me duele no haberme equivocado sobre lo importante que eres para este país, hay mi changuita pedorra, siempre dando sorpresas….
A casi un año mi amor, sigo aquí, esperándote, solo espero ser digno de poder verte a los ojos y ver que me miras con el mismo orgullo de siempre, y que me abraces de la manera en que solo tu puedes hacerlo….
Tu sholate.

Leer completo...

Elecciones en Oaxaca, “una brasa”

Autor: Érika Ramírez
Pobreza extrema, inseguridad social y pérdida económica son parte del saldo que deja Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca. Más de 2 millones de electores registrados en el Padrón Electoral podrían acudir el próximo 4 de julio a la contienda que pugnan el aliancista Gabino Cué Monteagudo y el priista Eviel Pérez Magaña. Las carencias de los oaxaqueños se han convertido en banderas políticas. Analistas advierten: “Oaxaca es una brasa”
Oaxaca, Oaxaca. La radiografía política, social y económica del estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde hace más de 80 años es desalentadora: tercer lugar en pobreza extrema a nivel nacional, penúltimo en materia de competitividad económica, aunado a las constantes violaciones a las garantías individuales. Éstas son las marcas que deja Ulises Ruiz Ortiz al frente del Ejecutivo estatal, revelan informes oficiales y académicos.
En este contexto, más de 2 millones de oaxaqueños podrían decidir el próximo 4 de julio entre el candidato de la coalición –de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia– Gabino Cué Monteagudo, o el priista Eviel Pérez Magaña.
Ambos candidatos han erigido las banderas del progreso, democracia y avance, como parte de sus campañas político-electorales. Así, Gabino Cué y Eviel Pérez se debatirán el primer domingo de julio próximo el voto de 2 millones 583 mil 112 oaxaqueños enlistados en el padrón del Instituto Federal Electoral.
Lejos de las promesas de campaña, los estudios socioeconómicos que se han hecho del sureste mexicano demuestran que Oaxaca es el tercero más marginado de todo el país. Así lo señalan los Índices de marginación por entidad federativa, del Consejo Nacional de Población (Conapo). Le anteceden Guerrero y Chiapas, en primero y segundo lugar, respectivamente.
Conformados en el llamado “triángulo de la miseria”, estos estados tienen índices de desarrollo humano (IDH) similares a los del África Subsahariana. El Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México 2006 precisa que “las desigualdades en el desarrollo humano mostradas en el ámbito estatal y regional [oaxaqueño] se acentúan a partir de una desagregación por municipios”.
El mismo informe destaca que Coicoyán de las Flores, de la mixteca oaxaqueña, es el municipio con el IDH más bajo de las demarcaciones territoriales del país, 70.4 por ciento por debajo del promedio nacional. En tanto, el Conapo muestra que todavía hay un municipio con menores niveles de vida: San Simón Zahuatlán.
Bandera de miseria
Fernando Bustamante, secretario técnico del Comité Estatal del PRD, dice que la marginación en la que subsiste el pueblo oaxaqueño es uno de los motivos por los cuales se ha conformado la coalición entre partidos políticos de oposición. “Es hora de la alternancia en el poder”.
Sin embargo, acepta que la entidad aún gobernada por Ulises Ruiz Ortiz tiene un “compuesto social complejo”. Cada una de las regiones (conglomeradas en 570 municipios), agrega, obedece a intereses muy particulares, pero hay la intención de generar “un cambio que permita llevarnos a un nuevo ejercicio político en el estado”.
En el documento Plataforma electoral, elecciones 2010, de la coalición PRD, PAN, PT y Convergencia, se destaca: “Como consecuencia de un régimen profundamente autoritario, producto de un sistema político caduco y obsoleto, Oaxaca vive un grave rezago social, económico y político. La gran mayoría de la población padece las consecuencias de un desarrollo centralista socialmente injusto, que genera una creciente miseria y desigualdad, agravada por la falta de canales institucionales de discusión y participación democrática”.
El documento –firmado por las fuerzas políticas opositoras al PRI– asegura que “las instituciones estatales rectoras del crecimiento y el desarrollo no promueven una actividad integradora, han dejado a cada región a su suerte, asumiendo las características geográficas como fatalidades”.
Sin embargo, para el candidato que podría dar continuidad al régimen priista, Eviel Pérez Magaña, la pobreza del estado se puede remediar con la ejecución de un proyecto basado en la promoción de la cultura y el turismo, para la generación de empleo, modernidad y acercamiento con la gente.
Yésica Sánchez Maya, responsable del área jurídica de la organización no gubernamental Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, duda de las palabras de los políticos y asegura que la crisis político social que vive el estado “crea un clima de ingobernabilidad. No hay garantías para nada ni nadie, todo es un adorno”.
Mientras en el entorno económico hay gente que muere de hambre, en lo social, dice, “se hace más visible la violencia hacia las mujeres; hay ataques a defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados. Tampoco hay transparencia en el uso de los recursos, lo que muestra que hay una impunidad histórica”.
La defensora de derechos humanos advierte: “Vivimos en un estado autoritario con simulación de democracia. Oaxaca tiene que llamar la atención: hay una crisis justo en proceso de elecciones. Hay un riesgo latente. Oaxaca se puede incendiar en cualquier momento. Oaxaca es una brasa”.
Caída económica
Otro de los factores que ha golpeado a la sociedad oaxaqueña es la pérdida económica que había entre quienes tenían un ingreso, a través del empleo formal o la inversión en los negocios. Los indicadores en materia económica también se encuentran entre los más bajos respecto del resto del país.
El informe La competitividad de los estados mexicanos 2010, elaborado por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, indica que durante el primer trimestre del 2009, el 1.1 por ciento de la Población Económicamente Activa perdió o abandonó su negocio, lo cual se traduce en un total de 2 mil 500 negocios perdidos, 10.7 por ciento de los cuales se establecían como formales.
Otro de los datos que arroja el estudio universitario es que al tercer trimestre de 2009, la tasa de desempleo en Oaxaca fue de 1.74 por ciento, lo que la convierte en “la menor de todo el país durante este periodo”.
Las cifras del Tecnológico de Monterrey indican que la tasa de “condiciones críticas de ocupación” en el estado fue de 18.8 por ciento de la población ocupada (con todas las prestaciones sociales). Mientras, la población ocupada no protegida fue del 73 por ciento.
Finalmente, dice el informe coordinado por la investigadora Marcia Campos Serna, la pérdida de empleos en el primer trimestre de 2009 fue de casi 13 mil, de los cuales el 16.3 por ciento se debió a un recorte de personal o por cierre de la empresa.
Transición, acarreo y dudas
Mientras los factores que podrían influir en la votación del próximo 4 de julio son deprimentes entre la población, Carlos Alberto Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Oaxaca, es optimista: confía que, en el acercamiento al proceso electoral, “hay una posibilidad de transición democrática. No hemos tenido ninguna circunstancia que ponga en riesgo a la alianza”.
Son siete ejes fundamentales los que forjan la alianza entre partidos políticos de oposición a nivel federal: transición democrática, fortalecimiento municipal, rediseño de las instituciones, desarrollo humano sustentable, educación, empleo.
El dirigente estatal del blanquiazul arremete contra el gobernador Ulises Ruiz: “Hizo del orden, represión; de la transparencia, opacidad, y del erario, corrupción. No sólo queremos derrotar al PRI, sino que está en nuestras manos la responsabilidad de generar una transición democrática”.
Soledad Jarquin Edgar, periodista oaxaqueña y Premio Nacional de Periodismo, critica que su estado natal “está igual de pobre que siempre. La corrupción se ha hecho cada vez más profunda. Hay una indiferencia total hacia la aplicación de la justicia”.
En los albores de un proceso electoral, dice, “hay una indiferencia muy marcada entre la gente para acudir a las urnas. El aparato político sigue recurriendo a prácticas de acarreo, condicionamiento de despensas, materiales de construcción, de proyectos para las colonias; todo, bajo el marco: ‘yo te doy, pero tú votas por tal partido político’”.
Esta situación, critica la periodista, “agrava la pobreza y discriminación en Oaxaca”. Galardonada en 2007 por su labor periodística, Jarquin Edgar dice que la manipulación electoral “es una práctica de todos los partidos políticos que se han convertido en partidos de familias, que se heredan los puestos y cargos públicos”.

Muerte, desesperación y furia en México

John Ross
Counterpunch

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens


La visita de Estado a Washington de Felipe Calderón de la semana pasada (19 al 20 de mayo) y su aparición en una sesión conjunta del Congreso de EE.UU. coloca el Sello Oficial de Aprobación de Barack Obama a un jefe de Estado elegido incorrectamente y cuya legitimidad se sigue cuestionando en su propio país.
La cena oficial de la Casa Blanca servida por los Obama al “presidente” mexicano y a su primera dama Margarita Zavala incluyó carne de vacuno de Oregón y mole negro de Oaxaca, a Beyoncé, George López, la Banda del Cuerpo de Marines de EE.UU. y un espectacular dispositivo de seguridad para excluir a potenciales participantes no invitados, en noviembre pasado, una pareja iraní-estadounidense engañó al Servicio Secreto y se coló en la primera cena oficial de los Obama, una gala en honor del primer ministro indio, Mahmonan Singh.
Aunque el discurso de 35 minutos de Felipe Calderón en una sesión conjunta del Congreso el mediodía siguiente fue previsiblemente protocolar, animó la polémica al solicitar la abrogación de la ley racista "Breathing While Brown" de Arizona y la renovación de la prohibición de la venta de armas de asalto fácilmente obtenibles en 7.000 armerías a lo largo de la frontera, en las cuales los cárteles de la droga mexicanos obtienen sus arsenales. 23.000 ciudadanos mexicanos han perdido sus vidas desde que Calderón trató de congraciarse con Washington declarando una mal concebida guerra contra las bandas de narcotraficantes hace 40 meses.
Con el estímulo de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, los somnolientos demócratas que mantienen una mayoría en disminución en ambas cámaras del Congreso de EE.UU., brindaron a Calderón una tibia ovación mientras los republicanos, mortalmente disgustados por el ataque del político mexicano contra los derechos a las armas en EE.UU., se sentaron rígidamente sobre sus manos, una posición poco confortable.
Irónicamente, desde la “victoria” de Calderón en una elección viciada por el fraude en 2006, no ha podido dirigirse a su propio Congreso por la amenaza de protestas de la oposición tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado mexicanos.
La visita subsiguiente de Felipe Calderón al Cementerio Nacional de Arlington para depositar una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido provocó una condena generalizada en su país. Ningún presidente mexicano ha rendido su homenaje en Arlington, donde están enterrados soldados de EE.UU. que participaron en tres invasiones (1846, 1914, 1916) de la nación vecina. “Ahora nuestra soberanía nacional está enterrada en Arlington”, fue la crítica expresada por el antropólogo radical Gilberto López y Rivas entrevistado por el autor en un simposio sobre derechos y costumbres indígenas. López y Rivas fue deportado una vez de EE.UU.,acusado de espiar para la Unión Soviética.
Después de cuatro meses de gira con El Monstruo - Dread & Redemption In Mexico City, he vuelto a la escena del crimen. La descomposición social en mi vecindario y país adoptivo parece generalizada. A dos cuadras hacia el este, el suelo de la gran plaza del Zócalo está cubierto de campamentos improvisados de trabajadores disidentes e indios. 100 miembros del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), que perdieron sus puestos de trabajo en octubre pasado después de que Calderón declarara la bancarrota de la paraestatal compañía Luz y Fuerza y despidiera a 43.000 miembros del sindicato como parte de una conspiración para privatizar la generación de electricidad en México, han estado en huelga de hambre durante más de un mes para instar a la Corte Suprema de México a que anule la orden de disolución y los sacerdotes administran la extremaunción a los que se encuentran en inminente peligro de muerte.
También acampan en el Zócalo maestros militantes del Estado de Oaxaca cuya huelga en 2006 provocó en el Estado sureño una brutal represión gubernamental, e indios Triqui de la localidad de San Juan Copala en las montañas Mixteco de Oaxaca, sitiada por bandas paramilitares de las que se piensa que están ligadas al gobernador saliente Ulises Ruiz, un pez gordo en el otrora gobernante partido PRI, cuyos pistoleros asesinaron a 26 activistas durante la rebelión de los maestros de 2006.
El 27 de abril, matones fuertemente armados atacaron una caravana que trataba de llevar alimentos y suministros médicos a la sitiada municipalidad oaxaqueña, matando al observador internacional finlandés Tyri Antero Jaakkola y a Alberta "Bety" Cariño, infatigable defensora del maíz nativo de México y de los derechos de las mujeres indígenas.
“Ya no damos más. No podemos soportar ni un día más de esta represión”, declara amargamente Berta Robledo, enfermera jubilada, mientras agita una lata pidiendo contribuciones para los huelguistas de hambre en el Zócalo. La mezcla volátil de desesperación y furia en la gran plaza parece un microcosmos del México de Calderón.
Durante la gira de cinco días del presidente a Washington y a la Unión Europea para alardear de la supuesta recuperación de su país del desastre económico (casi un millón de mexicanos perdieron sus puestos de trabajo en los primeros tres meses de 2010), el tejido social se ha deshilachado aún más por la tenebrosa desaparición de Diego Fernández de Cevallos alias "El Jefe", el candidato presidencial derechista del partido PAN en 1994, de quien se piensa que aspira a suceder a Calderón en 2012. El Jefe Diego fue secuestrado al parecer entre la tarde y la noche del 14 de mayo delante de su hacienda La Cabaña en el Estado de Querétaro, a dos horas al norte de la capital.
Querétaro, un reducto conservador en el cual la Iglesia Católica ejerce considerable influencia en la política pública estuvo gobernado durante los últimos 12 años por el partido PAN de Calderón y Cevallos, pero devolvió el poder al PRI el año pasado. Algunos observadores ven un subtexto político para el secuestro.
La única pista revelada hasta ahora por las autoridades, que guardan un hermético silencio, parece que es un par de tijeras ensangrentadas que El Jefe utilizaba para recortar su barba. Las tijeras se encontraron en la camioneta Cadillac Esplanade de Fernández de Cevallos y se piensa que se utilizaron para extraer un microchip colocado en la espalda del panista a fin de frustrar la ubicación satelital de El Jefe.
Aunque la familia de Fernández de Cevallos ha rogado a la prensa y al gobierno que guarden silencio mientras trata de establecer contacto con los secuestradores, rumores descabellados, avistamientos falsos, conjeturas estupefactas, incluso profecías y oraciones han reverberado a través de toda la clase política conmocionada de México. Una fotografía posiblemente modificada de El Jefe Diego con los ojos vendados, colocada en un sitio en Internet y firmada por “los misteriosos desaparecedores” sólo ha aumentado la especulación pública.
Abundan los escenarios propuestos y como el paisaje político es tan caótico en el país, todos ellos son posibles. Fernández de Cevallos es o era un abogado lleno de vida, preferido de la oligarquía, que ganó acuerdos multimillonarios en dólares para sus clientes y que causó múltiples enemigos al hacerlo, cada uno de los cuales podría sentirse motivado para tomarse la venganza máxima contra El Jefe.
A pesar de diferencias con Calderón de las que se informó ampliamente, Fernández de Cevallos ha gozado de considerable poder en el actual régimen: su ex socio en su bufete de abogados, Fernando Gómez Mont, es secretario de Gobernación, la segunda posición por su importancia en la jerarquía política de México, y otro asociado de tantos años, Arturo Chávez Chávez, es procurador general de la república. Diego Cevallos ha cabildeado con éxito para la inclusión de amigos suyos en la Corte Suprema, como Margarita Luna Ramos para cuya familia ganó una vez 250 millones de dólares en una batalla por tierras con la Ciudad de México.
Otra teoría interpreta la desaparición de El Jefe como un ajuste de cuentas perpetrado bien por el cártel de drogas de Juárez o por sus ardientes rivales, los muchachos de Sinaloa. Los vínculos de Fernández de Cevallos con el cártel de Juárez son bien conocidos desde hace tiempo. El Jefe era representante legal del Hospital Santa Clara donde expiró el jefe del cártel Amado Carrillo, “el Señor de los Cielos”, supuestamente durante una operación de cirugía estética en 1997. Carrillo había alquilado todo el hospital, ubicado a apenas una milla de Los Pinos, la Casa Blanca mexicana. Los doctores que trataron al ‘Señor de los Cielos” fueron posteriormente hallados torturados, muertos y "entambados" en la Carretera México-Acapulco.
El Jefe también sirvió como asesor legal de la funeraria en la que supuestamente se incineró a Carrillo. En vida, el Señor de los Cielos tuvo el privilegio de contar con la protección del Zar de la rama mexicana de la Guerra contra la Droga de la Casa Blanca, el desprestigiado general Jesús Gutiérrez Rebollo.
Según el testimonio de uno de los hijos de Amado Carrillo, Fernández de Cevallos también desvió millones de dólares del cártel de Juárez a los cofres de otro cliente, el Banco Anáhuac, que quebró posteriormente.
El cártel de Juárez también ha estado involucrado en una sangrienta batalla con El Chapo Guzmán cuyo cártel de Sinaloa parece que finalmente ha arrebatado Ciudad Juárez, un crucial centro de cruce de drogas, a los Carrillo. Se cree que El Chapo es el señor de la droga preferido tanto de Felipe Calderón como de su predecesor Vicente Fox, al haber escapado de una prisión de máxima seguridad un mes después de la investidura de Fox en 2001.
Un corolario de este escenario presenta a El Jefe como rehén de El Chapo con la intención de intercambiarlo por el Número Tres del cártel de Sinaloa, Nacho Coronel, cuyo arresto nunca se ha hecho público –el modus operandi usual de las fuerzas de seguridad mexicanas cuando atrapan a un pez gordo es publicitar su captura con máxima grandilocuencia. Tanto el Ejército como la Armada niegan tener a Coronel quien según se informa fue capturado a finales de abril en el Estado Jalisco, pero agencias civiles, desde la Policía Federal Mexicana al Secretariado de Salud Pública, el FBI o la DEA estadounidenses, siguen siendo sospechosos probables en la captura de Coronel.
Otra hipótesis atribuye la captura de El Jefe Diego a un grupo no identificado de guerrilla armada. México ha sido el escenario escogido para sensacionales secuestros políticos como la captura como rehén en 1994 de Alfredo Harp Helú, multimillonario presidente de Banamex, el banco más antiguo de México (ahora parte de Citigroup) y primo del magnate más rico del mundo, Carlos Slim. Se cree que se pagó un restate récord –supuestamente 14 millones de dólares– al Ejército Popular Revolucionario (EPR), que posteriormente se equipó con armamento sofisticado y libró una breve y sangrienta guerra con el ejército mexicano.
También se piensa que el EPR secuestró al antiguo secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios en 1997 por el cual se cobraron 6,5 millones de pesos –el secuestro nunca se hizo público- El Ejército Popular Revolucionario negó rápidamente toda participación en la captura de El Jefe Diego.
Pero mientras México celebra el centenario del hito histórico que representa su revolución y se predicen nuevas insurrecciones, es indudable que existen otros grupos guerrilleros. Desde la rebelión zapatista de 1994 en Chiapas existen rumores de la presencia de guerrilleros en la montañosa Sierra Gorda, a poca distancia de la hacienda de Fernández de Cevallos en Querétaro.
Otros argumentan que el secuestro es sólo una aventura comercial sin conexiones políticas, pero como señala Miguel Ángel Granados Chapa, decano de los escritores políticos de México, los posibles secuestradores podrían haber exigido un rescate astronómico apoderándose de cualquier miembro de la familia de Fernández de Cevallos y dejando libre a El Jefe para negociar el monto en dólares.
La posibilidad de la participación de guerrillas en la captura de ese político acuciado por problemas ganó adeptos el 18 de mayo cuando el general Mario Arturo Acosta Chaparro fue baleado en una calle de Ciudad de México por desconocidos. Acosta Chaparro fue un personaje esencial en cientos de ejecuciones extrajudiciales de presuntos guerrilleros durante los años setenta en Guerrero, que fue otrora un bastión del EPR. Aunque nunca fue condenado por abusos contra los derechos humanos, el general pasó varios años en prisión por suministrar protección al cártel de Juárez de Carrillo –un tribunal militar revocó posteriormente la sentencia. Ahora la revista Proceso informa de que Acosta Chaparro había sido contratado por la familia de El Jefe Diego para investigar su desaparición.
Pero la hipótesis más curiosa que ha surgido de todo este embrollo con un reparto estelar es que El Jefe se habría secuestrado a sí mismo, un “autosecuestro” en el argot criminal mexicano, y que pronto reaparecerá como salvador del PAN y será presentado como candidato presencial del maltrecho partido derechista en 2012.
Diego Fernández de Cevallos, una voz machista, misógina y racista (que una vez argumentó que las costumbres y hábitos indígenas promueven el sacrificio humano) cuenta con el respaldo incondicional de los sectores más retrógrados del PAN y del PRI. El Jefe Diego ha sido uno de los que han movido los hilos en la política durante una generación, frecuentemente acusado de tráfico de influencias y con antiguos vínculos con la fortuna de la familia del desprestigiado ex presidente Carlos Salinas, por haber aprobado la quema de boletas de la elección presidencial de 1988 robada por Salinas al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que el PAN recibió su primera gobernación (Baja California) y Fernández de Cevallos una suntuosa mansión en la ostentosa zona de Punta Diamante en Acapulco.
A pesar de un comienzo inicialmente fuerte como candidato presidencial del PAN en 1994, El Jefe Diego abandonó inexplicablemente su campaña y desapareció de la vista pública. Cuando terminó por volver a la campaña, el sucesor de Salinas, Ernesto Zedillo, había tomado la delantera. Analistas políticos como Granados Chapa sugieren que hubo un arreglo.
Ahora, con el capital político de su partido a la baja, el resultado de la devastadora depresión económica, la pérdida de la guerra contra la droga, y la presidencia inepta de Calderón, el retorno de El Jefe Diego lo transformaría en una especie de candidato de la línea dura que ansían muchos mexicanos. “Necesitamos un hombre fuerte con una mano dura como El Jefe Diego para poner orden en este lío. Rezo por su retorno”, me dijo un joven simpatizante, Eder Lenero, mientras tomábamos café la semana pasada.
Como hechos a propósito, carteles mostrando la fotografía del rostro agresivo de Fernández de Cevallos y a un lado la inscripción “¡Diego, estamos contigo!” aparecieron repentinamente en Querétaro, pero se retiraron rápidamente por orden de su familia.

Leer completo...

DESAPARECIDOS

Los guerrilleros desaparecidos del EPR
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Desde 1970, la desaparecida Dirección Federal de Seguridad tenía registros de Gabriel Alberto Cruz Sánchez de su participación en el movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) hasta su paso a la clandestinidad en la Organización Revolucionaria Clandestina Unión del Pueblo, que después se convirtió en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), germen del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Era ubicado también como Raymundo Rivera Bravo con los alias “El Oso” y “El Gutemberg”, pero sobre todo como hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, identificado igualmente como Eleazar Campos Gómez y Francisco Cerezo Quiroz, que se convirtió con el paso del tiempo en el mando principal del EPR.
De Edmundo Reyes Amaya, no se tiene ningún registro. Solo se sabe que nació en San Pablo Huixtepec, que emigró muy joven al Valle de México, que atendía una tienda en Ciudad Nezahualcóyotl y de su gusto por el béisbol.
Los dos guerrilleros, fueron detenidos-desaparecidos forzadamente desde el 25 de mayo del 2007 en esta ciudad.
Gabriel Alberto Cruz Sánchez
Gabriel Alberto, nació el 24 de marzo de 1952 en esta ciudad. Vivió al lado de ocho hermanos en la casa familiar ubicada en la calle Santos Degollado, en el populoso barrio de La Merced, donde su padre Antonio Cruz Palma tenía una mueblería. El papá, quien había sido mesero en el restaurante del hotel Marqués del Valle, participaba en un círculo de estudios bíblicos.
Cuando Gabriel Alberto aprendió a manejar vehículos de motor, auxiliaba a su padre en el traslado de los muebles comprados por sus clientes.
Según relatos de compañeros de aquella época, Gabriel Alberto, en 1970, cuando tenía unos 18 años, estudiaba en la Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y participaba como otros tantos estudiantes en el movimiento estudiantil por la democratización de la Máxima Casa de Estudios y de la entidad. Ese año es asesinado uno de sus compañeros Erudiel Gastón Martínez Salazar, presuntamente por grupos porriles priístas, y en represalia retienen al dirigente del PRI y catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sadot Sánchez Carreño, quien es llevado a una casa. Pero la policía encuentra el lugar y detiene a los presuntos responsables Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Jorge Vera.
Los dos estudiantes preparatorianos son encarcelados en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel y después de ocho meses son liberados.
En 1971, el entonces presidente de la Federación Estudiantil de Oaxaca (FEO), Raúl Castellanos –el ex coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal , fue a recogerlos a la salida de la prisión, aparentemente en un Volkswagen, color amarillo, para dirigirse a la Escuela Preparatoria número 1, donde lo esperaban sus compañeros.
Al parecer, esa fue la última vez que fue visto en público. Su hermana Margarita, rememora que un día de ese año, Gabriel Alberto se despidió de ella en su casa y hasta ahora no lo ha vuelto a ver.
“No recuerdo bien las palabras, pero me dijo algo así: ‘voy a salir, cuida a mis papás’”, evoca.
De ahí, junto con su hermano Tiburcio Cruz Sánchez, a quien cariñosamente llamaban Bucho, se va a la clandestinidad para incorporarse a la Unión del Pueblo, que después se convirtió en el PROCUP, luego en el PROCUP-PDPL, por la fusión con el Partido de los Pobres del guerrillero guerrerense, Lucio Cabañas, y por último en el EPR.
A Margarita, después de 30 años, le costó mucho reconocer a Gabriel Alberto porque en la fotografía difundida por el EPR aparece corpulento, con frente amplia y de bigote.
“Me costó mucho trabajo reconocerlo; han pasado muchos años desde que se fue”, señala.
En 1974, estallan explosivos en diferentes lugares de la ciudad y la responsabilidad se atribuye a los hermanos Cruz Sánchez y a Elodia Canseco Ruiz, y así comienza la guerra sucia en Oaxaca.
De esos años, no quedó ninguna foto ni de Tiburcio ni de Gabriel Alberto en la casa familiar porque la policía entraba a catear para llevarse cualquier cosa que pudiera dar indicio para su aprehensión.
“Cuando entraban, se llevaban todo. Hasta las fotos”, apunta.
Su paso por organizaciones armadas revolucionarias, está registrado en numerosos reportes por la entonces Dirección Federal de Seguridad.
Según el libro Desapariciones Forzadas en México, donde se presentan los documentos del proceso de la Comisión de Mediación (Comed) entre el grupo armado y el gobierno federal, en la Galería 1 del Archivo General de la Nación, donde están concentrados los archivos remitidos por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), se encontró el expediente de Sánchez Cruz a partir del 12 de marzo de 1970 al 7 de enero de 1984.
Se identifica a Gabriel Alberto Cruz Sánchez también como Raymundo Rivera Bravo, Antonio Montaño Torres y con los alias “Gutemberg”, “El Oso” o Palma, desde su desempeño como secretario general de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria número 1 de la UABJO en 1970, hasta su incursión como activista en la Organización Revolucionaria Clandestina Unión del Pueblo.
Y junto con su hermano, Tiburcio, o Francisco Cerezo Contreras, o Eleazar Campos Gómez, alias “Milton”, “Melitón”, “Javier”, se les vincula desde aquella época en los atentados explosivos perpetrados, entre ellos el sucedido el 23 de julio de 1972 en el 18avo. Batallón de Infantería y el 8 de julio de 1975 en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En el expediente, también se encontraron las fotografías que en aquella época se recabaron de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Tiburcio Cruz Sánchez, así como los nombres de los familiares que integran su árbol genealógico.
Edmundo Reyes Amaya
Nació el 10 de noviembre de 1949 en San Pablo Huixtepec. Vivió en esta capital y en la Ciudad de México, donde fue obrero y albañil. En 1976, casó con Lucina Maldonado, también originaria de San Pablo Huixtepec, y se establecieron en Ciudad Nezahualcóyotl formalmente, donde establecieron un puesto de quesadillas en la cercanía de su domicilio, pero después lo cambiaron por una tienda de abarrotes. Edmundo era apasionado del beisbol e incluso llegó a jugarlo en Oaxaca y en el Distrito Federal. Uno de sus equipos se llamaba Astros.
Solamente se separaba de su familia cuando venía a Oaxaca a visitar a sus padres.
La pertenencia de Edmundo Reyes Amaya en el EPR era desconocida por su familia, hasta que el grupo armado denunció su desaparición en la prensa.
“Mi padre es comerciante; venía a Oaxaca a visitar a mi abuela, pero de ahí no sabíamos nada más. Me entero de la detención-desaparición de mi papá y veo que el EPR lo reconocía como su integrante. En ese momento todo fue turbio y confuso para mi familia y para mi, pues nos angustiamos demasiado cuando vimos que este grupo lo reivindicaba, lo cual nos llenó de miedo, quedándonos como en estado de shock, sin saber que hacer”, dice Nadín Reyes Maldonado, su hija.
A pesar de la reivindicación que ha hecho el EPR de su padre, no acepta del todo que sea militante de ese grupo armado.
“Cuando venía a Oaxaca decía 'voy a ver a la familia', le creíamos; nunca vimos nada raro ni lo cuestionábamos. Voy a creer hasta que lo tenga enfrente y me diga si es cierto o no”, refiere.
Pero subraya que no tiene nada por reprochar a su padre en caso de ser militante del EPR.
“No hay secretos en la familia, pero si es así (que sea eperrista) no tenemos nada que reclamarle; si no nos dijo nunca nada es por algo”, asienta.

Desaparición de político mexicano crea preguntas sobre estrategias de seguridad en México

Kristin Bricker
Rebelión


El presunto secuestro del político mexicano Diego “El Jefe” Fernández de Cevallos, uno de los políticos mexicanos más poderosos, la crisis de seguridad en México lo ha puesto otra vez en la atención internacional.
El gobierno mexicano no ha calificado oficialmente la desaparición de De Cevallos como un secuestro. Sin embargo, el hecho de que su automóvil fue encontrado abandonado en su rancho con rastros de sangre y signos de lucha, ha llevado a su familia a apelar a “los captores” para hacer contacto con el fin de negociar su liberación. Al momento de la redacción, no se sabe si de Cevallos está vivo o muerto.
El crimen en sí mismo no es sorprendente, los secuestros en México son muy comunes. De Cevallos tampoco es el primer político en ser víctima del crimen violento-varios políticos locales han sido acecinados o atacados en semanas recientes mientras el país se prepara para las elecciones internas. Lo que separa este crimen de otros es el hecho de que la víctima es uno de los hombres más poderosos en México.
De Ceballos, un miembro del Partido Acción Nacional (PAN), es uno de los principales líderes del Yunque, una organización secreta ultraconservadora católica que al parecer tomó el control del PAN en 1970 y continúa dirigiendo su agenda política. Fue candidato presidencial del PAN en 1994 y ha servido durante cuatro periodos en el Congreso: una como Senador y tres en la Cámara de Diputados. Sus colegas y alumnos ocupan puestos clave en el gabinete del presidente Felipe Calderón y en la Suprema Corte. La firma de abogado de Cevallos fue clave en el bloqueo del recuento tan reñido de las elecciones presidenciales del 2006, en el cual el Presidente Calderón fue fuertemente acusado de haberle robado el triunfo al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador. Entre 1994 y 1997, el gobierno mexicano investiga su firma de abogados por haber representado empresas vinculadas con el cartel de Juárez: un hospital privado que realizaba cirugías plásticas a capos de la droga, una funeraria que realizo servicios de inhumación al capo Armando Carrillo y a una empresa que se encargaba de lavar el dinero del cartel.
Si bien no se ha confirmado que una Organización de Trafico de Drogas (OTD) ha secuestrado a de Cevallos, su desaparición ha provocado dudas sobre el futuro de la guerra de México contra las drogas.
Ardelio Vargas Fosado, presidente de la Comisión Nacional del Congreso Mexicano de Defensa, dijo a la prensa “Este acto marca un punto de inflexión. Sin duda, la forma en que manejamos la seguridad pública y la seguridad nacional tendrá que cambiar… Habrá que realizar una detallada revisión de la estrategia que se ocupa de la cuestión de la seguridad pública y los riesgos, y amenazas para la seguridad interna del país”.
“Cambio” definido por el gobierno de Calderón parece significar más de la misma estrategia de seguridad. Calderos, en respuesta a la desaparición de su colega y amigo personal, comparo a México con Colombia durante 1980. “Hay etapas en que se presenta la delincuencia organizada durante los 80 y a principios de los 90 [en Colombia] los cuales se están presentando en México, y afortunadamente los estamos combatiendo. Y a pesar de que podría haber etapas en que su esencia podría ser similar [a los de Colombia], las estamos enfrentando y probablemente se producirán más rápido y podemos resolver más rápido. Lo que le tomo a Colombia cerca de 20 años, nos debería tomar tal vez cinco, seis, siete años o menos, dependiendo de la persistencia que le pongamos a nuestras acciones”.
La comparación de Calderón de México con Colombia está diciendo. Mientras que Colombia desmantelo las OTD mas importantes como el cartel de Cali y –Medellín al matar o detener a sus dirigentes, muchos más carteles surgieron para ocupar su lugar. La cocaína sigue fluyendo desde Colombia a Estado Unidos, la única diferencia está en que las OTD mexicanas dominan las rutas de tráfico. El cultivo de la coca aumento en un 15% y la producción de la cocaína aumento un 4% en el curso del Plan Colombia, llevando a la oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. a concluir que “los objetivos en reducción de drogas no se han alcanzado completamente” a pesar de la importante presencia militar de EE.UU y del apoyo financiero, y táctico al ejército Colombiano.
Aparentemente México se dirige por un camino similar de fracaso. Al igual que Colombia, México cuenta con esfuerzos estratégicos militares y legales para desmantelar OTD por medio de arrestos, asesinatos y ataques súbitos. El gobierno EE.UU. apoya estas medidas atreves de la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda que apoya al ejército y policía mexicana en la guerra contra las drogas. Uno de los acuerdos de la Iniciativa Mérida “a llevarse a cabo” para México, es el “numero de traficantes de drogas de alto perfil y capos criminales capturados”.
Como lo demuestra la experiencia de Colombia, la demanda impulsa al tráfico de drogas. Mientras exista un incentivo financiero significativo para el tráfico de drogas, la industria se ajustara y evolucionara de manera que el producto llegue al consumidor. Así como la desaparición y posible asesinato de uno de los políticos más poderosos de México, de ninguna manera debilitara al gobierno federal, causando la muerte o el arresto de los capos de la droga no debilitara la industria de tráfico de drogas. Al igual que l gobierno, las OTD se adaptaran a las nuevas circunstancias y nuevas personas darán un paso adelante para llenar los vacios dejado por las muertes, detenciones y desapariciones. Y la guerra continúa sin cesar.
Independientemente de cuantos capos mata o extradita el gobierno mexicano hacia Estados Unidos, la industria se ha acomodado. Después de que Calderón desplegó a los militares a finales de 2006 para librar la guerra contra las drogas, las incautaciones de drogas han disminuido y la producción de drogas ha aumentado en México. Mientras tanto la situación de seguridad se ha deteriorado rápidamente. Durante el mismo periodo, las violaciones a los derechos humanos hechas por militares han incrementado seis veces. El índice de asesinatos ha incrementado dramáticamente desde 2006, con un total de 22,700 muertes relacionadas con la guerra de drogas. Ciudad Juárez es considerada actualmente como la “capital mundial en asesinatos” y Tijuana es aun más peligrosa que Bagdad.
El problema con las estrategias en seguridad de México es que simplemente no tiene una. Ni Calderón ni el gobierno de los EE.UU. han definido claramente los objetivos que orientan a la guerra contra las drogas. ¿Es el objetivo disminuir las muertes relacionadas con el narcotráfico? Lo contrario esta ocurriendo. ¿Es la meta, eliminar por completo el flujo de drogas hacia los Estados Unido? Eso es imposible. ¿Es la meta, reducir el de flujo de drogas hacia los Estados Unido? Si es así, ¿Exactamente qué cantidad de “reducción” es necesaria para enviar a los militares de regreso a sus cuarteles?
A falta de un conjunto claro de objetivos y un escenario final del juego, la guerra contra las drogas parece ser una cruzada sin fin. Hasta ahora, los políticos de gran poder que han librado esta guerra has sido inmunes a sus efectos. Pero, como una revista mexicana público en respuesta a la desaparición de Cevallos, “El partido en el poder está empezando a cosechar lo que tan dedicadamente a sembrado, porque ‘quien siembra vientos cosecha tempestades’”.

Leer completo...

COPALA, DETRÁS DEL CERCO LA CORRUPCIÓN.

Texto tomado de la revista CONTRALÍNEA.
Copala: organizaciones disputan los ramos 28 y 33
Autor: Redacción
La ambición por controlar las partidas 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación es una razón más para que los paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui apunten sus fusiles de asalto contra la población de San Juan Copala, Oaxaca. El Municipio Autónomo sólo exige que entreguen los recursos que les corresponden y se transparente el gasto

En muchas regiones de Oaxaca, una realidad confronta a políticos y caciques: durante los últimos tres años, un gran número de obras prometidas por Felipe Calderón, el gobernador Ulises Ruiz y presidentes municipales de la región simplemente no existen, nunca se construyeron y otras tantas están en situación de ruinas o son inservibles.
El desvío de los recursos federales en Oaxaca hace crujir las corruptas estructuras políticas, electorales y económicas de la zona más pobre del país.
Ante ello, organizaciones indígenas y ciudadanas del estado han instaurado municipios autónomos con la fuerza de la población, misma que se revela al uso faccioso de los recursos públicos que sólo sirven para perpetuar cacicazgos, circunstancia promovida desde las más altas esferas del gobierno estatal.
En ese estado oaxaqueño, la sociedad siempre ha sido la gran perdedora. El saldo acumulado apunta a cientos de mexicanos muertos –asesinados por grupo de paramilitares al servicio de fuerzas políticas–, así como a miles de oaxaqueños arrancados de la tierra en la que el dinero, entregado en cada ejercicio por la Federación, debería destinarse a ofrecerles alimentación, educación, salud, infraestructura y fondos para el combate a la pobreza.
Pero la historia es diferente: las transferencias del gobierno federal, ampliamente disputadas por la poderosa Conferencia Nacional de Gobernadores, sirven sólo para financiar los proyectos políticos de presidentes municipales que controlan al cabildo, órgano supuestamente autónomo que gobierna a las agencias municipales y en el cual el partido político dominante decide libremente sobre cada peso que se les entrega. Ésa es la autocracia que se construye con la sangre de los oaxaqueños y el dinero de la Federación.
“Son esos presidentes municipales quienes se convierten en diputados locales y federales y, con el fuero en la bolsa, se sentirán a salvo de cualquier acción contra ellos por desvíos de recursos”, dice la legisladora perredista Juana Cruz Cruz, quien en marzo pasado promovió en la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para darle seguimiento al conflicto de violencia que se vive en San Juan Copala.
El año pasado, al menos 100 municipios de los 570 existentes en Oaxaca enfrentaban el reclamo de agencias municipales cuyos representantes aseguraban que no se les entregaban los recursos de los ramos 28 y 33 que envía la federación. También, desde 2009, las autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala pidieron el reconocimiento del Congreso del estado para recibir los recursos que legítimamente les pertenecen y que son controlados por el edil de Juxtlahuaca.
Así, la lucha por las participaciones federales, pero sobre todo el control de su administración para los municipios del estado de Oaxaca y agencias municipales, sobre todo aquellos que exhiben conflictos sociales alentados por las fuerzas políticas, está relacionada directamente con el acoso y persecución que sufren los habitantes de la región.
En San Juan Copala es el control de las participaciones que corresponden a esta entidad el que empuja, en mayor medida, la ráfaga de balas que tiene sometido a ese pueblo.
Copala, el tesoro
Enclavada en una de las regiones más altas de la mixteca oaxaqueña, San Juan Copala no sólo cuenta con grandes recursos forestales o maravillosas colinas para producir el mejor café de altura del mundo, también tiene el tesoro de las participaciones municipales.
A partir de que sus habitantes, indígenas de la cultura triqui, decidieron declarar la autonomía de la región para liberarse del yugo de políticos corruptos que les condicionan la aplicación de los recursos que les pertenecen a cambio de su voto, los recursos de las participaciones federales están prácticamente perdidos. Además, las autoridades autónomas han solicitado se aclare la situación de esos recursos y su legítima entrega.
En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, doctor en economía por la Universidad de Harvard y quien está a cargo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, envía a los estados los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos, así como en los fondos especiales como el de excedentes petroleros que durante la última década representaron recursos por más de 100 mil millones de dólares. No obstante, la rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión es nula, un argumento que ha esgrimido Hacienda para confrontar a los gobernadores en sus pretensiones de ampliar las transferencias contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal.
¿Quién rendirá cuentas?
El 29 de enero de 2010, el gobernador Ulises Ruiz, junto con Jorge Toledo, exdiputado federal por el distrito de Juchitán y en ese entonces secretario General de Gobierno, firmó el acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos del ramo 33, que no son otra cosa que las aportaciones federales para entidades federativas y municipios; los fondos para la infraestructura social, municipal, y fondos de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, correspondiente al año fiscal 2010.
Como Guerrero y Chiapas, Oaxaca vive de las participaciones federales. Así que se trata de un bocado muy apetitoso que a nivel estatal representa recursos por 4 mil 830 millones 255 mil 867 pesos, de los cuales, 3 mil 432 millones 434 mil 647 corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 1 mil 397 millones 821 mil 220 pesos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio (FAFM). Falta además el fondo para el combate a la pobreza.
Al municipio de Santiago Juxtlahuaca, al cual está integrado San Juan Copala, le corresponden de esa cantidad 43 millones 853 mil 734 pesos; 30 millones para el FISM y 13 millones 313 mil 661 pesos para el FAFM. Junto con Santiago Pinotepa Nacional, con 57 millones, Juxtlahuaca registra uno de los montos más altos que el gobierno de Ulises Ruiz debe transferir a un municipio de ese estado.
Para Juxtlahuaca y sus regiones, las asignaciones de las participaciones federales han sido incrementales durante los tres últimos ejercicios: 41.2 millones en 2008, 42.6 millones en 2009 y 43.8 en 2010.
A la cabecera municipal de Copala le corresponde por ley el monto proporcional al resultado de una fórmula establecida por el Congreso de la Unión, que se determina calculando las necesidades de la región a partir del ingreso por trabajo, el nivel de educación, las condiciones bajo las cuales se utiliza el drenaje, la electricidad.
Así, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios deben hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Además, debe proporcionar, por conducto del gobierno del estado a la Secretaría de Desarrollo Social, la información sobre la utilización del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
¿Qué ha pasado entonces con los recursos que les corresponden a los habitantes de Copala, ahora que se encuentran secuestrados, muertos o lejos de su tierra?
Ha sido la Presidencia Municipal de Juxtlahuaca la que ha recibido los recursos que deberían otorgársele a San Juan Copala, un flujo que se ha visto afectado convenientemente por el conflicto armado en la región.
“Porque las agencias municipales son un cuarto nivel de gobierno, no son reconocidas por la Constitución”, comenta David Colmenares, exfuncionario de la SHCP y especialista en federalismo, a quien se le considera el artífice del ramo 33.
Y explica: “El centralismo se reproduce a nivel de los más pequeños; un agente municipal depende del cabildo y del municipio que deciden el destino de los recursos”.
La situación se agrava, sin embargo, cuando se trata de un Municipio Autónomo. En ese caso, reconoce Colmenares, la entrega de recursos se circunscribe a una negociación de buena fe entre el municipio y la agencia.
Pero, en el caso de San Juan Copala, la rendición de cuentas tiene nombre: Carlos Martínez Villavicencio, exedil de Juxtlahuaca y quien busca alcanzar una diputación federal por el Partido Revolucionario Institucional, debe explicar qué sucedió con los recursos de la Federación para San Juan Copala.
“Siendo una agencia de Santiago Juxtlahuaca, como no hay un reconocimiento de parte del Congreso Estatal de Oaxaca, a San Juan Copala no le asignan los recursos de manera directa. Las autoridades de ese municipio autónomo han pedido su validación en el Congreso para que se les declare como tal, pero se ha argumentado que no cumple los requisitos”, dice la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En su opinión, el municipio de Juxtlahuaca debió asignarle a Copala los recursos correspondientes, independientemente de que no se les quiera reconocer. “El presidente municipal debe actuar de manera institucional para que la gente pueda disponer de esos recursos”.
Es un secreto a voces en la región que los recursos de Juxtlahuaca se han dirigido a otros objetivos, agrega Cruz sin precisar a cuáles.
La legisladora por el PRD asegura que el diputado Heliodoro Díaz, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y quien supuestamente encabezaría la comisión especial del caso de San Juan Copala, deberá contemplar que este caso también involucraría desvíos de recursos y que ameritan que la Auditoría Superior de la Federación revise la gestión de las autoridades municipales de Juxtlahuaca.
Podría ser un caso parecido, refirió, al del municipio de San Juan Mixtepec, que recibe del ramo 33 poco más de 8.8 millones de pesos y en donde se acusa a las autoridades del municipio de malversar los recursos que llegan de la federación. Se trata de obras que debió ejecutar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que simplemente no se hicieron.
“No se sabe en qué se están ocupando los recursos. Tenemos que exigir una revisión de ellos… no se pueden desviar, si lo ocupan para otra situación diferente, se está cometiendo un delito”, asegura la diputada. Agrega que “es casi un hecho que en Juxtlahuaca no se aplicaron los recursos y también se desviaron. Voy a pedir auditoría a los recursos en esta región de la mixteca con complicidad de su ayuntamiento, del presidente municipal y el tesorero”.
Vacíos legales, el problema
Investigadores sobre la autonomía indígena reconocen que tanto el traslado de recursos federales a los estados y municipios como las atribuciones legales e instrumentos de que puedan dotarse los órdenes de gobierno estatal y local para la generación de sus propios recursos están relacionados con las capacidades y experiencia para su administración.
Analistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que se han ocupado de la relación con los municipios y la federación señalan que a partir de la creación de los fondos municipales de solidaridad, de los fondos de desarrollo social municipal y de los fondos para la infraestructura municipal, los gobiernos indígenas se han visto obligados a seguir procedimientos con los cuales no están familiarizados.
Establecer planes de desarrollo es un verdadero problema para los municipios indígenas, entre otras cosas, porque hace falta capacitación y experiencia. Pero también porque los modelos y formatos que exigen los gobiernos estatales no están pensados para los municipios indígenas, sino para los urbanos. Así que el problema está sobre la mesa y no es con balas como debe solucionarse.
Además, se están violando los acuerdos firmados por los gobiernos panistas para respetar a los pueblos indígenas. Fue en diciembre de 2000 cuando una reforma constitucional sobre derecho indígena los reconoce y establece estos compromisos con ellos: “Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano para decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural; aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado; también pueden decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Se respetará, por lo tanto, el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo con las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa”.
Por lo tanto, alguien en Oaxaca está violando las leyes.

Leer completo...

PUEBLOS INDÍGENAS Y LIBERACION

Los pueblos indígenas y las luchas por la liberación, la emancipación y la independencia en el México del siglo XXI

Ictzel Maldonado Ledezma
Rebelión


I. México y la quimera moderna del Estado nación.
El siglo que termina ha visto la lenta descomposición del pensamiento moderno. Incluso ha dejado percibir signos precursores de lo que podría ser una nueva forma de pensar […]. Dos ideas forman parte de la modernidad; ambas derivan del concepto de una razón universal y única, igual en todos los hombres y en toda época. El Estado-nación es la primera. El Estado-nación es una construcción racional; el mundo entero es, para el pensamiento moderno, un escenario donde se enfrentan Estados soberanos. El progreso hacia una cultura racional es la segunda idea. Porque sólo hay una cultura conforme a la razón: la occidental, de raíces griegas y cristianas; las demás tienen valor como estadios en evolución hacia esa cultura superior […].
Luis Villoro
En México, como en el resto de América Latina, el llamado “Estado nación” surgió a partir de la importación del modelo político europeo del mismo, el cual supone la existencia, sin más, de ciudadanos presuntamente iguales y sin distinciones étnico-culturales, que “conviven” en el marco de dichos Estados en un ambiente carente de conflicto. La realidad, sin embargo, ha sido otra: no sólo aquí en los países de la región latinoamericana, sino en los mismos países europeos, actualmente se hace patente la crisis por la que atraviesa ese binomio quimérico del Estado nación, el cual lleva implícita en la misma expresión todas sus contradicciones inherentes. Primero, porque un Estado no es lo mismo que una nación; segundo, porque el Estado es, por definición, una entidad de carácter político, y la nación, si bien ha adquirido con el tiempo una connotación política -sentido en el cual se le ha equiparado erróneamente con el Estado-, no se agota, ni mucho menos, simplemente en eso, sino que es menester entenderla como una entidad substancialmente cultural.
Así, históricamente se ha concebido al Estado nación como si ambos –Estado y nación- constituyeran una unidad natural, y se ha ocultado el hecho de que responden a procesos distintos de configuración, si bien en un momento histórico determinado convergieron. Como señala Luis Villoro: “Nación” no siempre estuvo ligada a “Estado”, su noción tradicional, anterior a la época moderna, no implicaba necesariamente soberanía política. Muchas “naciones” podían coexistir bajo el mismo imperio o reino sin más vínculo político entre ellas que el vasallaje a un soberano común”. [1]
Conviene señalar las dos tradiciones de pensamiento de las cuales se nutre el concepto de nación: por una parte, de la tradición francesa heredera de la Revolución, que ve en la nación a una entidad política conformada eminentemente por ciudadanos iguales ante la ley; por otra, de la tradición romántica alemana que señala ante todo la existencia de una comunidad de cultura, una misma lengua y un origen étnico común. [2] Según la primera tradición, la nación es principalmente una comunidad política constituida con posterioridad al Estado, como lo muestra la misma experiencia histórica de la Francia revolucionaria y la construcción de la nación francesa en la época napoleónica. Por el contrario, la tradición alemana señala la existencia a priori de la nación como fundamento necesario de un Estado, el cual será poco más o menos que el instrumento de organización política que sirva a los fines de una nación previamente constituida. [3] Como señala Oswaldo Chacón Rojas, históricamente ha dominado la noción política de nación sobre la que apela a su contenido cultural, lo cual explica la equiparación sin más de la nación con el Estado, sin diferenciación alguna de por medio, pretendiendo que son la misma cosa cuando se trata de entidades distintas. Según el pensamiento moderno, nos recuerda este autor, un Estado es una nación y una nación es un Estado, pretendiendo una supuesta homogeneidad étnica, lingüística y cultural que es más bien excepción que regla. [4] En la raíz de todo ello se encuentra la génesis misma de las naciones y la diferenciación entre naciones tradicionales o históricas y naciones proyectadas o modernas, siguiendo la distinción de Luis Villoro al respecto, [5] que coincide con la de Oswaldo Chacón Rojas de nación en sentido político y nación en sentido cultural; ahora bien, hay que señalar además, respecto a los pueblos indígenas, que algunos de éstos en sus reivindicaciones políticas tienden a asumirse a sí mismos como naciones –más que como grupos étnicos-, lo cual no supone de ninguna manera que propugnen su secesión del Estado mexicano para constituir, por ejemplo, un “Estado nación maya” –ésta sería una lógica moderna-; son naciones en un sentido cultural –siguiendo la tradición alemana-, aunque esta autoafirmación nacional se relaciona con los usos políticos de dicho término en la lucha de estos pueblos por obtener reconocimiento y respeto a su existencia dentro del Estado mexicano [6] y se refiere a la connotación cultural del término, según la acepción tradicional que proporciona Luis Villoro al respecto, y no a la acepción moderna del mismo.
Por otra parte, es importante enfatizar, en relación a la problemática de los Estados que forzosamente pretenden coincidir con una nación, que la idea del Estado nación es propia del pensamiento moderno:
[…] el Estado-nación, como tal, fue producto o consecuencia de ese nuevo acontecimiento político de fines de siglo XVIII llamado modernidad. En efecto, el desafío de las ideas de progreso y modernidad ilustradas al antiguo régimen medieval occidental, fue lo que propició la secularización de las ideas políticas y generó las condiciones para que la idea de Estado nacional tomara cuerpo […]. [7]
No obstante, este modelo político se encuentra en crisis debido a la emergencia cada vez más evidente de las identidades étnico-culturales que perviven al interior de los Estados pese a la pretensión moderna de fundar Estados nacionales basados en la homogeneidad étnica y cultural, es decir, Estados monoculturales y, por añadidura, etnocráticos, donde un grupo nacional domine al resto.
En el caso de México y los demás países latinoamericanos –es ineluctable e incluso imprescindible pensar a México en relación al lugar que ocupa en el contexto latinoamericano, y más ampliamente, en el contexto internacional-, esta problemática histórica trajo como consecuencias que los pueblos originarios fueran dominados secularmente por un sector minoritario de sus sociedades, que ha detentado el poder desde la llegada a Nuestra América de los conquistadores europeos, [8] pasando por la independencia conseguida en el siglo XIX –formal, hay que decirlo-, hasta llegar a los gobernantes del siglo XX, quienes dieron continuidad a la dominación impuesta hace ya más de 500 años a los pueblos indígenas. En el siglo XXI, el lastre de la dominación y la subyugación de la cual son objeto los pueblos indígenas latinoamericanos –y concretamente, en México- no ha sido eliminado; existen avances en materia jurídica, sobre todo a nivel internacional, [9] pero ello no ha tenido su correlato en el plano nacional –recuérdese la fallida e ignominiosa reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas de 2001, que hizo caso omiso de las demandas indígenas, así como de los acuerdos establecidos previamente entre los gobernantes y el movimiento indígena mexicano, y que desconoció lo suscrito por México en instrumentos jurídicos internacionales de envergadura tal como el Convenio 169 referente a los pueblos indígenas y tribales de los países independientes de la Organización internacional del Trabajo -.

II. De la multiculturalidad como realidad sin más a la interculturalidad como horizonte eutópico.
El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-EZLN
[…] Pienso o quiero, un futuro plural; porque veo en él la continuidad de una maravillosa diversidad de la experiencia histórica de la humanidad; porque presiento lo que esa riqueza de la pluralidad significará para las generaciones del futuro; porque creo en el valor de los muchos rostros […] porque la vida es cambio, es diversidad […].

Guillermo Bonfil Batalla
Inextricablemente ligado a la problemática del Estado nación, se encuentra lo relativo a la condición multicultural de los Estados, no sólo diríamos de la actualidad, pues como señalamos líneas arriba, la compulsión por homogeneizar culturalmente las sociedades tuvo lugar desde la constitución misma de los (mal)llamados “Estados nación”. Así, la multiculturalidad -entendida como una realidad factual-, se refiere a la presencia de minorías étnicas –conformadas por efecto de las migraciones internacionales, tales como los árabes, africanos y latinos que habitan en algunos países europeos como Francia, Alemania, España; así como los chinos, cubanos, mexicanos, puertorriqueños y demás que habitan en Estados Unidos-; minorías nacionales –los catalanes, vascos, andaluces, gallegos en el caso español, o las First Nations en el caso de Canadá-; o bien, pueblos indígenas, que coexisten con sectores dominantes de las sociedades de las que forman parte en condiciones de subalternidad y subordinación.
También se utiliza a menudo el término de pluriculturalidad, como sinónimo de aquel, y ambos refieren, según señala León Olivé: “Las situaciones de hecho en las que coexisten pueblos y culturas diversos. Bajo esta acepción, se trata de términos factuales. También podemos decir que son términos descriptivos, porque describen un aspecto de la realidad social de nuestro país, de otros países y del mundo”. [10] Es necesario señalar que la multiculturalidad es una realidad ineluctable de las sociedades humanas, y al decir esto, queremos dejar en claro que no nos referimos de ningún modo a la ideología multiculturalista de corte neoliberal que es utilizada para justificar sus estrategias de dominación; la multiculturalidad, como realidad factual del mundo y las sociedades humanas, es algo ineludible, y se ha hecho más fehaciente a últimas fechas a causa de las migraciones internacionales. Como señala Rodolfo Stavenhagen:
La multiculturalidad, con sus múltiples facetas y vertientes, es una realidad de nuestro tiempo, que la globalización no ha hecho más que resaltar, que algunos denominan la esfera de lo glocal. Lo que más vemos en la actualidad es su aspecto dramático: sus genocidios, sus depuraciones étnicas, sus desplazados y refugiados, sus motines y matanzas, su intolerancia recíproca. [11]
Sin embargo, es importante dejar en claro que las meras realidades multiculturales no garantizan una convivencia entre pueblos y culturas diferentes que co-habiten el mismo espacio social –por ello, hay que diferenciar sustantivamente la simple coexistencia de la convivencia-. A este respecto, Sylvia Schmelkes señala que: “[…] en las realidades multiculturales existen profundas asimetrías, es decir, relaciones de poder que discriminan a unas culturas con relación a otras. Se pueden generar, entonces, relaciones de segregación y de discriminación cuando existe simplemente una realidad multicultural”. [12] Por esto, es necesario trascender las realidades multiculturales y arribar a un plano de interculturalidad donde las diversas culturas y pueblos convivan, más que coexistan entre sí, en un marco de respeto, tolerancia y equidad; sin ello, las afirmaciones constitucionales de que somos una “nación pluricultural” quedan vacías de contenido. [13] Sobre este particular, es fundamental mencionar que la cuestión multicultural en los “Estados nación” de América Latina, y concretamente, en México, está indisolublemente ligada a la situación económico-social de los pueblos indígenas, ya que no sólo se ha aniquilado y/o minusvaluado sus culturas, sino que, además, se les ha escamoteado la posibilidad de desarrollarse social y económicamente, con lo cual enfrentan un doble condicionamiento: por una parte, su condición étnica –son indígenas, “indios”, en el sentido peyorativo del término, excluidos de la cultura nacional “oficial”-, por otra, su condición social –son pobres, explotados, subalternos, marginados-. Por lo tanto, las demandas de reconocimiento de los pueblos indígenas no se restringen a sus derechos culturales, sino que también abarcan sus derechos económicos, sociales y políticos. Siguiendo a Sylvia Schmelkes, ésta señala, respecto al concepto de interculturalidad, que:
[…] No se trata de un concepto descriptivo, sino de una aspiración. Se refiere precisamente a la relación entre las culturas y califica esta relación. La interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos existen relaciones basadas en el respeto y desde planos de igualdad. La interculturalidad no admite asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder, que benefician a un grupo cultural por encima de otro u otros. Como aspiración, la interculturalidad forma parte de un proyecto de nación. [14]
Así pues, podemos entender a la interculturalidad como un horizonte de futuro, como un escenario eutópico al cual esperamos arribar en tanto sociedad democrática; en este escenario, no cabrían las relaciones de dominación que existen actualmente y desde hace centurias entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad mexicana, pero dicho escenario intercultural eutópico sólo puede ser logrado mediante acciones concretas que subviertan las deplorables condiciones socioeconómicas en que se encuentran los pueblos indígenas de México, pues más que cualquier exaltación museográfica de sus culturas, es necesaria una transformación de las estructuras de dominación que propician su marginación social –y como un efecto adyacente, la preservación de sus culturas e identidades, pero sin limitarnos a ello ni reduciendo sus problemáticas a una cuestión meramente culturalista-.
III. Liberación, Emancipación e Independencia: Los Pueblos Indígenas en el México del siglo XXI.
Como indígenas creemos y sentimos que tenemos la capacidad para dirigir nuestro destino. No hay necesidad de que nos anden llevando de la mano, pues. Como gente madura, como gente consciente, podemos dirigir nuestro propio destino, podemos gobernar nuestro propio pueblo […]. Como indígenas necesitamos autonomía propia, necesitamos esa identidad, esa dignidad, pues. Dignidad de vivir y respetar.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-EZLN [15]
Es en este contexto donde cobran sentido las luchas por la liberación, la emancipación y la independencia, para arribar a un país donde la democracia no sólo sea aquella meramente formal y electoral –o deberíamos decir, quizás, “electorera”-, de tipo instrumental y despojada ya de sentido por el discurso vacuo de las instituciones que la han manoseado hasta la saciedad. Un México democrático, que se asuma y defina como tal, sólo podrá existir ahí donde se eliminen las relaciones de dominación entre indígenas y no indígenas y se exprese en los hechos la gastada frase de que somos una “nación multi –o pluri- cultural-“. A decir de Margarito Xib Ruiz y Araceli Burguete: “Un verdadero cambio estructural, profundo, no puede, no debe, repetir los errores del modelo del Estado nación etnocrático, ahora decadente. No es posible defender y plantear como proyecto de futuro la continuidad de un mismo modelo de Estado que se sustente en la continuidad de la ladinocracia, de la mestizocracia”. [16]
Ahora bien, cuando hablamos de liberación, emancipación e independencia, hemos de referirnos forzosamente a su correlato antinómico: la dominación. Liberarse, emanciparse e independizarse ¿con respecto a qué –y a quiénes-? Para empezar, habría que decirse que un proyecto de emancipación en México –y en el resto de los países latinoamericanos- significa hoy en día, un proyecto de emancipación, si bien política, antes que otra cosa mental, de forma tal que nos liberemos de las ataduras que en el plano de los conceptos y las categorías nos siguen dificultando la independencia – eludiendo así el llamado imperialismo de las categorías-, [17] la cual, igualmente, tiene que ir más allá de la independencia política –formal- de la cual las clases gobernantes se precian haber conseguido en el siglo XIX. Sin embargo, como nos recuerdan Margarito Xib Ruiz y Araceli Burguete para el caso de los pueblos indígenas:
[…] las guerras de independencia fueron quizá la posibilidad más cercana que tuvieron para recuperar los derechos perdidos con la invasión europea. Sin embargo, no fueron ellos los que ganaron esas guerras, aunque masivamente participaron. Con el resultado, otra vez quedaron sometidos. No tuvieron capacidad de recuperar su derecho de autodeterminación, tan caro para todo pueblo. No lograron recuperar sus territorios, viales para reproducir si identidad diferenciada. No pudieron recuperar su libertad perdida. La llamada Independencia de México no lo fue para los indios, quienes sólo cambiaron de amos. [18]
Así, en un contexto de reiterado colonialismo interno del que son objetos los pueblos indígenas, la manera por la cual éstos han de concretar su independencia no es, como temen absurda e ignorantemente las clases dominantes, constituyendo uno o más Estados separados del Estado mexicano, sino ejerciendo sin cortapisas su derecho autonómico y erigiéndose en sujetos que lleven a cabo por sí mismos –aunque no de manera autárquica- su propio desarrollo económico, social, político y cultural; es la autonomía, pues, el medio por el cual los pueblos indígenas pueden hacer valer su independencia y liberarse así del yugo colonial interno. Igualmente, hay que tener en cuenta que, como señala Sergio Rodríguez Lazcano: “La lucha por la autonomía no es solamente un punto nodal de la práctica zapatista, sino que se trata de un punto nodal del proyecto emancipador en su conjunto. Si acaso es verdad que nuestra lucha es por lograr que la gente tome en sus manos el control de sus destinos”. [19]
Una propuesta concreta que busca ayudar a arribar a ese plano anhelado y deseable de verdadera praxis intercultural, se relaciona con la rectificación de la ignominiosa reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas de 2001; a este respecto, habría que señalar como algo primordial el necesario reconocimiento pleno a la autonomía de los pueblos indígenas –derecho que se deriva, como señalamos líneas arriba, de su reconocimiento como pueblos y no meramente como “poblaciones” por parte del Convenio 169 de la OIT y de las implicaciones que sobre su libre determinación ello conlleva-; así, pues, habría que sustituir la expresión constitucional de “entidades de interés público” que los tipifica paternalistamente como tales, para reconocerlos de manera cabal como “entidades de derecho público”, para consagrar de este modo su derecho y capacidad para erigirse en sujetos autonómicos que velen por su propio desarrollo, en vez de subordinarlos a las acciones que por su cuenta decidan realizar los gobiernos con respecto a ellos.
Por lo tanto, concluimos con base en el análisis realizado en el presente trabajo, que el reconocimiento pleno a la autonomía de los pueblos indígenas de México es el punto toral para avanzar hacia la construcción de un México efectivamente respetuoso de su diversidad cultural, donde no sólo se reconozca a nivel constitucional la pluriculturalidad de éste, sino que se transite hacia una práctica intercultural; es decir, que los diversos pueblos y culturas de México puedan convivir –no sólo coexistir- entre sí sin que existan relaciones asimétricas y de dominación entre ellos. Ello implica dejar de observar a los pueblos indígenas desde un enfoque meramente folklórico, y considerar que de nada sirve reconocer la riqueza de sus culturas, si ello no conlleva acciones concretas tendientes a subvertir su rezago socioeconómico, como lo es, precisamente, el reconocimiento sin cortapisas a su derecho autonómico para que ellos mismos puedan procurar su desarrollo económico, social, político y cultural. Con esto, el Estado mexicano cumpliría de manera fehaciente con sus compromisos jurídicos a nivel internacional, expresados en la firma y ratificación de instrumentos jurídicos tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la OIT; asimismo, estaría en consonancia con lo asentado en la recientemente aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.

Leer completo...