TRIBUNAL CONDENA A LA PRESIDENCIA.

El Tribunal Internacional de la Libertad Sindical condena a la presidencia mexicana.

James Cockcroft
Znet.org

Traducido para Rebelión por Carlos Sanchis y revisado por Caty R.
En la Ciudad de México, el 28 de octubre, el Tribunal Internacional de la Libertad Sindical (que deliberará sobre la libertad sindical en México del 26 de octubre de 2009 al 1 de mayo de 2010) concluyó la primera de sus dos sesiones públicas con un informe preliminar que condenó duramente al presidente Felipe Calderón por sus violentas medidas contra los sindicatos desde que asumió el gobierno tras su discutible elección en 2006. El Tribunal fue organizado en los meses anteriores por más de 30 organizaciones sociales y civiles de México y otros países. Oyó testimonios públicos de representantes de 16 sindicatos sometidos al ataque de la carrera de fondo de la privatización en México.


El Tribunal está compuesto por veinte prominentes juristas laborales y expertos en derechos humanos, que incluyen periodistas galardonados, escritores, y defensores de la paz, más de mitad procedentes de otras partes de las Américas y Europa, incluido este reportero. Dos de los miembros que no pudieron asistir fueron el argentino ganador del premio Nobel de Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y el destacado periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, que esperan participar en la segunda sesión pública programada para finales de abril de 2010.
Como señaló la prensa mexicana, James Cockcroft, este reportero, dirigió la inauguración del Tribunal junto con la senadora Rosario Ibarra de Piedra, principal defensora de los derechos humanos en México y cuatro veces nominada para el premio Nobel de la Paz, y Miguel Ángel Granados Chapa, ganador en dos ocasiones del premio nacional de periodismo de México. Ellos explicaron que el Tribunal representa el ejercicio de la "justicia de los ciudadanos", históricamente el primer tribunal del mundo sobre cuestiones laborales. Sigue los pasos del tribunal Bertrand Russell contra la guerra de EE.UU. en Vietnam y de los tribunales que posteriormente han actuado como "la conciencia de la humanidad" en casos como las intervenciones militares-terroristas de Estados Unidos en Nicaragua durante la década de los 80 o contra la Revolución Cubana en los últimos cincuenta años. Sus informes y decisiones irán a todas las instituciones pertinentes nacionales e internacionales que se ocupan de los derechos de los trabajadores y los derechos humanos, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Penal Internacional de La Haya. La presencia del Tribunal rompe así la falta de escrutinio público internacional del que los últimos gobiernos mexicanos represivos han disfrutado.
La Ciudad de México está siendo sacudida por una airada respuesta popular al envío por del presidente Calderón de tropas armadas y policías federales, el 10 de octubre, para tomar la empresa paraestatal "Luz y Fuerza del Centro" (LFC), responsable de la compleja red eléctrica del centro de México. La rápida acción a medianoche, destinada a destruir el sindicato independiente de trabajadores de la electricidad (SME), que durante 95 años organizó la fuerza laboral independiente más sólida por la democracia y los derechos de los trabajadores, instantáneamente despidió a más de 44.000 trabajadores de un solo golpe. Por medio de ello avanzó la privatización del lucrativo sector de la energía en México, así como de su extensa red de fibra óptica para venderla a los monopolios de telecomunicaciones nacionales y extranjeros.
Calderón y las grandes empresas de medios de comunicación han intentado justificar la acción militar, seguida de un decreto presidencial al día siguiente, afirmando que "la ineficacia económica" de la LFC procedía de los beneficios y altos salarios de los trabajadores del SME ganados en el transcurso de decenios de lucha. Sin embargo, la falta de rentabilidad de la LFC derivaba de la provisión del propio Estado de energía gratuita a las mayores industrias de México, junto con la compra de energía, a precios exorbitantes, de la LFC a la Comisión Federal de Electricidad. La incautación de las plantas de energía de la LFC fue inconstitucional e ilegal en muchos aspectos, incluida la falta de aprobación previa del Congreso Nacional, responsable de cualquier cambio en el sector de la energía (Artículo 26 de la Constitución).
El 15 de octubre, entre 350.000 y un millón, o más, de personas marcharon en apoyo del SME hacia El Zócalo, la plaza histórica de la Ciudad de México. La manifestación, que duró un día, incluyó a muchas familias de la clase media oprimidas por la educación, los despidos y las reducciones de salarios, y las "brigadas ciudadanas" que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, la persona que la mayoría de la gente cree que ganó las elecciones de 2006.
Después, el 24 de octubre, tuvo lugar una Asamblea Nacional de la Resistencia Popular en el vestíbulo gremial del SME. Se invitó al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) para que enviara un representante, pero no acudió ninguno. Una inmensa multitud de miles de personas se esparcía fuera en las calles cuando una veintena de oradores, incluido este reportero, trabajadores, campesinos, profesores, estudiantes y otras organizaciones se ocupaban de discutir futuras acciones. El sentimiento popular era de una huelga general inmediata y los gritos colectivos de "¡Huelga!" y "No pasarán" llenaban el aire. El líder del SME, Martín Esparza tuvo que intervenir para calmar los ánimos de los trabajadores enojados y conseguir una resolución para formar un "frente nacional de lucha" para ayudar a planificar una eventual huelga legal, que requiere un aviso al gobierno de varias semanas de antelación, o -más rápido y más fácil- una serie de "paros" (interrupciones, abandonos del puesto de trabajo). Se programó el paro de un “día nacional de resistencia cívica” para el 30 de octubre, con una veintena de organizaciones obreras, de estudiantes, de profesores y de campesinos, que representan a más de seis millones de personas integradas en la acción. Se fijó una asamblea general de resistencia popular masiva para el 4 de noviembre, para discutir los planes de futuro.
Sin embargo, existen muchas divisiones entre las fuerzas progresistas. El propio SME se dividió cuando el gobierno, muchas semanas antes, rehusó "tomar nota" (reconocer oficialmente) del liderazgo de Esparza después de que el candidato apoyado por la empresa perdió unas elecciones democráticas. Ahora el candidato rival apoya el decreto del presidente Calderón contra los sindicatos.
En esta atmósfera turbulenta, marcada por apagones frecuentes debidos a la incapacidad de los esquiroles para hacer que funcione la red de la CFE, el Tribunal Internacional celebró sus audiencias. Su corto pero severo informe preliminar dijo que el Tribunal estaba "sorprendido e incluso escandalizado por la gravedad de las violaciones (de las leyes laborales) y la violencia ejercida contra los trabajadores mexicanos”. Señalando violaciones de los convenios 87 y 98 de la OIT, del Artículo 123 de la Constitución de Mexicana y de las garantías de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, de los derechos de los trabajadores al trabajo, a organizar sindicatos y a negociar convenios colectivos, el informe constataba: "Además estamos profundamente preocupados por la violación de derechos humanos y civiles que acompañan a la violación de la libertad sindical". Llegaba a la conclusión de que en México existe “una ruptura del Estado de Derecho” y una "institucionalización de la violencia contra los movimientos autónomos de los trabajadores... incluida la criminalización de las protestas sociales y de sus líderes". El Tribunal también condenó "las restricciones a la libertad de expresión" y "abusos por parte de algunos medios de comunicación al tergiversar los hechos, la verdad, en la brutal campaña mediática contra el SME y su convenio”. Concluyó con un requerimiento a:
- La derogación del decreto presidencial y la reapertura del LFC.
- Retirada inmediata de las tropas armadas y la policía federal de las centrales eléctricas.
- Reincorporación inmediata de los trabajadores del SME bajo el convenio colectivo existente.
- Creación de un comité social de diálogo para considerar alternativas de acuerdo con la Constitución y las normas internacionales.
El año 2010 marca el centenario del lanzamiento oficial de la Revolución Mexicana y el bicentenario del grito por la independencia nacional de España. En ambos casos, entonces como hoy, una crisis económica precedió a los acontecimientos revolucionarios, y el miedo de la gente a las autoridades se disipaba tan deprisa como crecía su rabia. Del 28 al 30 de abril, el Tribunal Internacional de la Libertad Sindical celebrará su segunda sesión pública, y el 1 de mayo emitirá sus conclusiones en la concentración anual de mayo en El Zócalo.

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LAS VOCALES.

Ausencia Gómez.

A.

En artículo periodístico se alude a documentos clasificados del archivo de George Bush, ex presidente de Estados Unidos, los mismos revelaron que el gobernador de Oaxaca, utilizó mercenarios para perseguir y someter a líderes y a la sociedad durante el conflicto de 2006, y califican al gobernante de incapaz de dar una salida pacífica y negociada al conflicto que cobró al menos 26 muertes. Son documentos de los órganos de espionaje norteamericanos (De inteligencia les dicen) y no testimonios de militantes de la APPO.

En otra dimensión de la realidad, en otro país, en otra sociedad, con otra moral política, lo revelado sería motivo de juicio político cuando menos. En nuestro contexto, se le ignora, se cierran ojos y oídos, no mueve a la indignación, esa es nuestra realidad. Por cierto, los documentos sólo confirman los que oaxaqueñ@s sabíamos desde ese entonces y los mercenarios siguen actuando en la impunidad.

E.

Actuación impune fuera de la Ley, doble moral y cinismo propagandístico son prendas históricas del prinosaurio. Ahora dicen que por ellos no se gravaron alimentos y medicinas, lo que no dicen que eso fue a cambio de que se incrementara en uno por ciento el IVA, incremento que les beneficia y por el cual presionaron para su aprobación, Peña Nieto, Fidel Herrera y Ulises Ruiz, entre otros.

Tampoco dicen que fueron fieles garantes para que se mantuviera el sistema de privilegios fiscales, mediante el cual, la minoría más rica del país, paga menos impuestos que la gente común y corriente. Tampoco dicen que junto con legisladores del PAN acordaron que se exima de impuestos a las empresas de telecomunicaciones que incursionarán en los servicios de tercera generación en telefonía móvil, el llamado triple play. A eso llaman “justicia social”.

I.

Con tufo a precampaña electoral, la tesorería del municipio de Oaxaca de Juárez pomposamente declara que en el 2010 no habrá incremento a los impuestos que cobra el municipio. Pues sí, si ya adelantó esos incrementos en el 2009. A propósito y para ilustrarnos, nos comenta un contribuyente que el impuesto predial que pagó este año sufrió un notable incremento con respecto al año anterior y al preguntar en la ventanilla el por qué, le informaron de un revalúo de su propiedad.

El asunto es que le atribuyen una propiedad mayor de 500 metros cuadrados de extensión, con una superficie construida de 345 m2, cuando su predio no excede en su totalidad de 200 m2. Así se las gastan los políticos burócratas, cobran impuestos sobre superficies inexistentes; lo mismo hacen campaña política haciéndose pasar por benefactores de la población oaxaqueña. Esas son las prácticas del dinosaurio.

O.

El informe relativo al desempeño de los programas federales en el ciclo 2008 – 2009 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pasó casi desapercibido, cuando debería llamar la atención a todos, ya que mucha de la basura propagandística encuentra en él su absoluto desmentido. Son varios programas de la Secretaría de Educación Pública sometidos a evaluación y en conjunto, su desempeño deja más que desear que el de los maestros.

Uno de ellos, el PRONABES, mismo que pretende el acceso, permanencia y conclusión de estudios en educación superior de jóvenes de escasos recursos económicos mediante el otorgamiento de una beca integrada con recursos federales y estatales. De entrada, la contribución de los gobiernos estatales es dispareja, por ejemplo, el de Oaxaca, que permanentemente ha eludido tal responsabilidad de acuerdo con la información del mismo PRONABES.

U.

La evaluación señala las debilidades del programa: Falta certeza presupuestal en las aportaciones estatales para realizar las acciones; Falta un sistema integral de información; carece de un sistema de seguimiento de la operación del programa; falta infraestructura física y humana para llevar a cabo el seguimiento y/o ejecución en los estados. Y la conclusión evaluatoria destaca la imposibilidad de saber con certeza en que medida el programa contribuye a que estudiantes de bajos recursos económicos cursen exitosamente una licenciatura.

Lo visto al menos en Oaxaca, es que el programa carece de certeza presupuestal, no cuenta con infraestructura física y humana propia y menos se enfoca estrictamente a estudiantes de escasos recursos. Privilegia a estudiantes de escuelas y licenciaturas “conflictivas” ¿Será porque las carreras “liberales” tienen mayor número de estudiantes “necesitados”? Lo que se rumora, es que el programa en manos de ex directivos de la UABJO, les sirve a estos para mantener su influencia en la Universidad, financiando adeptos. Y como siempre, los más jodidos son los últimos.

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INFORMACION OCULTA

Gobierno esfuma archivos de Luz y Fuerza del Centro
Autor: Nydia Egremy

Miles de expedientes reservados resguardan testimonios, cifras y prácticas que documentan la forma como se administró esa empresa estratégica y que se perderán en cuanto se consuma el proceso de liquidación de la misma. En cada edificio, oficina, sucursal o subestación, permanecen velados al conocimiento público centenas de registros que describen cómo y quién ejecuta el robo de fluido eléctrico en perjuicio de esa empresa; el resultado de arqueos a pagadores de subestaciones eléctricas; qué firmas se beneficiaron de las autorizaciones para eliminar sustancias peligrosas, y quiénes entablaron los numerosos juicios laborales y por qué contra LFC. Esa información, alejada de los ciudadanos desde 2003, quedará oculta para siempre.

El registro de expedientes reservados por el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (en proceso de extinción tras el decreto presidencial del 11 de octubre pasado) muestra un amplio universo integrado por miles de archivos y documentos que revelan las funciones, actividades, resoluciones y medidas administrativas que emprendió esa empresa, cuyas autoridades consideraron que debían ocultarse al conocimiento público luego de que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

La Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo clasificó 6 mil 597 asuntos; le sigue la Dirección de Recursos Humanos en el rubro de “Relaciones laborales”, con 5 mil 635 archivos, a los que se suman 146 expedientes de la Coordinación de Proyectos Institucionales que comprenden juicios laborales. Otros 100 expedientes reservados pertenecen a la Subdirección de Abastecimiento, rubro “Dispositivos de inteligencia y seguridad”; 22 más de esa subdirección corresponden al área “Recursos materiales y obra pública”, y 85, al aseguramiento de bienes e intereses asegurables de la empresa. No son todos los archivos reservados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque algunos de los que aquí se describen ilustran la condición de secretismo en que operaron desde hace años rubros estratégicos de ese organismo.

En el caso de asuntos jurídicos, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reservó, por cinco años, como clasificados los expedientes correspondientes a “Averiguaciones previas”. Asuntos relativos a “Juicios especiales hipotecarios”, “Tercerías excluyentes de dominio”, “Juicios de amparo”, “Juicios ejecutivos mercantiles”, “Reclamaciones de fianzas”, “Juicios agrarios”, “Concursos mercantiles”, “Juicios ordinarios mercantiles”, así como “Asuntos fiscales y administrativos”, todos se clasificaron por 10 años, hasta enero de 2014.

Es notable que desde el 30 de enero de 2004, LFC clasificó más de 100 expedientes relativos a averiguaciones previas por “robo de fluido eléctrico”, así se observa en el expediente AP/RFE1, cuya información sería accesible hasta 10 años después. En el decreto que extingue a ese organismo se señala que “el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad”. Agrega el decreto que a junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía; los documentos que informan las razones y a los responsables de esa pérdida se mantuvieron en secreto por años.

De la política de reserva que mantuvo Luz y Fuerza del Centro con respecto del robo de fluido eléctrico, María Xelhuantzi López, doctora en ciencia política y analista en organizaciones laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que una investigación de esos expedientes arrojaría luz respecto “de quién robaba y cómo se clasificaba” esa información por parte de la empresa.

“Desde luego, el robo en pequeña escala, de los ambulantes o de la vía pública se resolvía con una mordida; en cambio, el robo de mayor proporción, que indudablemente implica a grandes consumidores, grandes empresas y grandes intereses, a riesgo de equivocarse, se concluiría que mientras más grande e importante fuera la empresa que robaba el fluido, más secreto es el expediente”, estima la entrevistada.

En “Asuntos penales”, que involucran a LFC según los archivos que reservó, es notorio que a partir de enero de 2006 esa empresa optó por el máximo periodo que autoriza la ley para clasificar su información (12 años). Así se evidencia en el expediente PGR/CHAL/106/II/03 que fue clasificado el 13 de julio de 2009 y que sería visible hasta 2021, aunque ahora, en el actual proceso de extinción del organismo, podría quedar olvidado.

Otro aspecto que permanecerá oculto al interés público es el relativo a los “Dispositivos de inteligencia y seguridad de LFC”. La Subdirección de Abastecimiento y Transportes en el rubro clasificó 100 expedientes, todos por 12 años. “Corporaciones policiales para vigilancia y seguridad en el Distrito Federal y en los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos” se remonta al 1 de septiembre de 2003 y sería accesible hasta 2015.

De igual manera, las autoridades del organismo descentralizado alejaron del conocimiento público por 12 años el archivo relativo a “Dispositivos de seguridad en instalaciones (directorio de instalaciones, planes de seguridad física, programas de supervisión, ficha técnica, diagnóstico de riesgos)”. Hicieron lo mismo con la información relativa a las “reuniones ordinarias y extraordinarias del grupo de coordinación para la atención de instalaciones estratégicas”, que se clasificó por 12 años, desde 2003.

Igual ocurrió el 11 de enero de 2006 cuando los funcionarios de LFC decidieron clasificar por 12 años la información del expediente “Presupuesto asignado para los servicios de vigilancia policial 2006 (presupuesto de explotación)”.

Finanzas oscuras

Por su parte, la Subdirección de Finanzas reservó, desde 2004, por 12 años, la información que contiene 1 mil 271 expedientes sobre el rubro “Recursos financieros”. Se trata de los estados de cuenta, relaciones de nómina, control y registro de pólizas de ingresos, conciliaciones, egresos por partida presupuestal, registro contable, valores financieros.

Como ejemplo, están los expedientes “Programas y recorridos de pago de nómina 2”, “Ingresos enlace bancos 30”, “Pólizas tipo 18”, “Liquidaciones semanales subt”. “Belem de las Flores 4”. Otros, como “Resguardos de los fondos fijos subt. Iztap”, estarían disponibles hasta 2011.

Entretanto, datos sobre nóminas, arqueos (comprobación de efectivo), pagos temporales se resguardaron desde 2006 hasta enero de 2018; así se observa en los expedientes “Requerimientos de nóminas subt. Cuautitlán”, “Arqueos subt. Cuautitlán”, “SC04C-SE05-Arqueos a pagadores-subtesorería Ecatepec-LFTAIPG-13-1v-1-5 años”, “Guías de autoevaluación subt. Cuautitlán”, “Penalización Tameme subt. Cuautitlán”, “Liquidaciones semanales subt. Cuautitlán” y el expediente “Egresos (programa pagos subg. plan y cont. F.) Febrero 06 S.T.-1 carpeta”.

Asimismo, la “Liquidación de pagadores subt. centro 10” se clasificó desde 2006 hasta enero de 2011. Los expedientes titulados “Subgerencia de Planeación y Control Financiero./S.T.Z.C.-1 carpeta” y “Remesas especiales extraordinarias g.finanzas-1 expediente” se reservaron el 13 de julio de 2006 para permanecer clasificados por 12 años.

Por otra parte, Luz y Fuerza del Centro decidió no informar qué sucede con respecto del rubro “Tecnologías y servicios de la información”, pues clasificó 108 expedientes desde 2004; todos por el máximo de tiempo que permite la ley. Se trata de archivos que contienen información sobre el software para cada equipo que opera en esa subdirección, sobre el código fuente, de documentación técnica y temas relacionados, de plataforma distribuida, así como de esquemas de seguridad.

También clasificó 104 archivos relacionados con el rubro “Programación, organización y presupuestación”, que contienen datos sobre compromisos para años subsecuentes e inversiones del organismo descentralizado, como el archivo denominado “Compromisos solicitados 1”, clasificado el 29 de enero de 2004, disponible hasta 2016.

Askareles en secreto

El jueves 11 de octubre de 2007 la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República aprobó en votación económica un punto de acuerdo, que también aprobaron los congresos de Querétaro y San Luis Potosí, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informara sobre el manejo de askareles en el país.

En el dictamen correspondiente de esa comisión se señaló que “los askareles o bifenilos policlorados (BPCs) son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados individuales”, que son líquidos aceitosos o sólidos, incoloros a amarillo claro capaces de existir como vapor, inoloros e insípidos, que se usaban ampliamente como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores y otros equipos eléctricos.

El Senado agregaba que “los askareles se constituyen como residuos peligrosos ya que poseen alguna de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, y ponen sustancial o potencialmente en peligro la salud humana o el ambiente”, pues los resultados del contacto de BPCs en seres humanos han sido: “abortos, defectos en los recién nacidos, desórdenes funcionales en el sistema nervioso, causando vértigo, depresión, fatiga y nerviosismo” y, en el peor de los casos, cáncer.

Además, ese documento apuntaba que los BPCs están prohibidos en la mayoría de los países “y en el nuestro no es excepción”, ya que es uno de los tres principales objetivos del Plan de Acción Regional de América del Norte que se lleva dentro del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, “del cual, México es parte”, y donde se comprometía a la eliminación, manejo ambientalmente adecuado de los inventarios en todo su ciclo de vida y retiro gradual y destrucción de los BPCs.

Por esas consideraciones, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales pedía a la Semarnat información sobre la localización y volumen de bifenilos policlorados almacenados, abandonados o en uso, así como un listado de generadores; fechas y métodos de eliminación de los bifenilos policlorados existentes, así como los responsables de ese proceso.

También, le requería copia del programa de eliminación de bifenilos policlorados para 2008, como lo indica la “Tabla I” de la Norma Oficial Mexicana: NOM-133-SEMARNAT-2000, incluyendo método, cantidades y responsables de tal eliminación y métodos y cantidad de BPCs, eliminados desde la entrada en vigor de la NOM mencionada hasta esa fecha (11 de octubre de 2007).

Esa preocupación del Senado sobre el manejo y desecho de esos residuos peligrosos no impidió, sin embargo, que desde 2004 la Subdirección de Planeación Estratégica de Luz y Fuerza clasificara 118 expedientes relacionados con el rubro temático: “Protección ambiental, manejo de residuos peligrosos”, particularmente la información relativa a los programas de eliminación.

Otros se clasificaron por seis años en cuanto comenzó la actual administración federal: “Askarel licitación pública internacional LPI/SS-153/94”, que permanecería clasificado hasta el 12 de enero de 2011. En igual circunstancia están los archivos “Bifenilos policlorados (BPC-S) 1994”, “Publicaciones diversas askarel 1994”, “BPCs bitácora de obra 1996”, “Certificado de incineración BPC-S (manifiesto de entrega y transporte) 1996”, “PBCs contrato No. SS-111/96 (RIMSA) (manifiesto de entrega y transporte)”. “Estado de cuenta del contrato de servicios (RIMSA No. SS-111-96) (ECOLAB No. SS-139/97)”, así como el denominado “Bifenilos policlorados (BPCs) (manifiestos) 1997”, y otras decenas de documentos más.

Además de los certificados para la incineración de BPCs y estados de cuenta de contratos de servicios o bitácoras de obra, la Subdirección de Planeación Estratégica de LFC clasificó otras actividades relacionadas con el manejo o destrucción de estos residuos peligrosos. Dos de ellos se vinculan con el Almacén Victoria del organismo. El primero, relativo a “Compras” y el segundo, a “Bajas de almacén”, que fueron blindados por cinco años a partir del 12 de enero de 2006.

Igualmente ocurrió con los archivos denominados “Bajas de almacén 1999”, “Programa de sustitución de equipos en operación con BPCs”, “Empresas autorizadas en el tratamiento con BPCs”, “Profepa-Almacén Victoria BPCs”, “Reporte de análisis de laboratorio 2003-2005” y “Avances de indicadores BPCs 2003-2004”.

Respecto de la falta de transparencia en proceso de eliminación de askareles que se tradujo en la clasificación de los expedientes que contienen la información respectiva, la estudiosa en relaciones laborales María Xelhuantzi López apunta que es delicado que no se hiciera pública en su oportunidad, pues conlleva riesgos a la salud de los propios trabajadores de LFC: “Es un asunto de salud y de vida para los trabajadores; hasta donde sabemos, el sindicato no tomó medidas oportunas”.

Oscuras relaciones laborales

La relación entre LFC y sus trabajadores no es transparente, como lo demuestra la clasificación de 5 mil 635 expedientes relacionados con juicios laborales que hizo la Dirección de Recursos Humanos. El título de los expedientes no logra ilustrar el contenido de esos archivos blindados, como se observa en el expediente 005A30385/2006, cuyo contenido se reservó hasta el 11 de enero de 2019.

Entre el amplio universo de información oculta en torno a las demandas que empleados de LFC emprendieron contra el organismo descentralizado, también figuran los archivos GRL-AI-G-026-054197, por procedimientos administrativos laborales en 2007, y el 005 A/0666/2007, que apenas se clasificó el 14 de enero de 2009 y que se abriría hasta 2021.

Más de 5 mil expedientes que documentan causas y procedimientos de otros tantos juicios laborales entre una empresa pública y sus trabajadores corren el riesgo de perderse con su valioso contenido informativo para la sociedad frente al proceso de extinción del organismo.

Complicidad y corrupción

La práctica de clasificar miles de expedientes de la empresa Luz y Fuerza “refleja un altísimo grado de corrupción y complicidad del propio gobierno, pues se trata de un organismo público descentralizado de donde el gobierno no sólo era el administrador sino el propietario”, aprecia María Xelhuantzi, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En su opinión, esto denota que el gobierno “es parte medular de la corrupción que había ahí” y no descarta que la Secretaría de Energía, que es la cabeza del sector, conociera esa información. Explica la especialista en organizaciones sindicales que “esto revela la responsabilidad tan grande que tiene el gobierno en la situación de inviabilidad y de crisis que, al final de cuentas, lo llevaron a tomar la decisión de liquidar la empresa”.

Al mismo tiempo, reitera, “también refleja que había toda una intención desde tiempo atrás de tomar la medida de extinguir a la empresa; refleja que el gobierno no tenía ni voluntad ni vocación” de que LFC operara de manera eficiente, de reestructurarla, pues si esto hubiera sido, habría tomado medidas oportunamente.

A su vez, la especialista sostiene que también hay gran corresponsabilidad del sindicato en la situación interna de la empresa, porque “indudablemente sabía, quizás no de todo y a fondo, pero sí de los malos manejos de la empresa”. Xelhuantzi López considera que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) “no sólo no tomó la iniciativa para que esto cambiara, sino que se volvió también parte de ese statu quo”, y que la responsabilidad de la organización gremial radicaría en “haber omitido, tolerado y solapado” tal situación.

“El sindicato no actuó oportunamente ni con fuerza, la misma que mostró en las calles durante su marcha del jueves 15 de octubre, y que debió invertir para presionar suficientemente a la empresa con objeto de lograr que las cosas cambiaran, pero no lo hizo. En todo caso, la mayor responsabilidad de la crisis interna de Luz y Fuerza del Centro recae en el gobierno”, expresa la autora de las investigaciones: El sindicalismo mexicano: entre la coyuntura y la historia (UAM, 2004) y El sindicalismo en la reforma del Estado.

Más allá de la parte de responsabilidad que corresponda al SME respecto de la situación de Luz y Fuerza del Centro, la investigadora concluye que, “desafortunadamente”, con la liquidación del organismo todos los expedientes reservados y su valiosa información se perderán. Ese hecho y lo que actualmente pasa reflejan “la falta de transparencia brutal” que existe en este país sobre cosas fundamentales.

Si le buscamos a Petróleos Mexicanos o a la Comisión Federal de Electricidad, advierte, “encontraríamos irregularidades de igual o mayor proporción, lo que muestra que a pesar de la alternancia política en el país existen las mismas complicidades que nos llevan a tener un país sistemáticamente corrupto y donde los ciudadanos estamos indefensos y obligados a creer la información oficial, manipulada a través de los grandes monopolios de la información”.

La medida de extinción contra Luz y Fuerza del Centro “refleja que el presidencialismo autoritario en este país sigue intacto, lo que es muy grave”, declara María Xelhuantzi. Agrega que si para el gobierno federal el problema de fondo era la viabilidad de la empresa, esto se hubiera discutido en otro nivel y en otra forma, no recurriendo a un “acto de brutalidad autoritaria” como el que se dio el 11 de octubre.

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