OAXACA, LA IMPUNIDAD CACIQUIL PRIISTA

La estrategia paramilitar en Oaxaca
¿Qué enseñanzas sacar de esta nueva infamia?

Héctor Gómora
Rebelión


Después de varios días en espera de más sucesos, es tiempo de hablar de esta nueva infamia ocurrida en suelo mexicano, para tratar de sacar el claro algún aprendizaje muy necesario.
Y se trata además de un tema muy, muy importante, porque pone de relieve la increíble situación que prevalece en este país, donde un grupo de rufianes de la peor ralea puede cometer sus fechorías en forma pública sin que NINGUNO de los poderes ejecutivos que juraron cumplir y hacer cumplir la ley haga algo al respecto. Se trata de sucesos que siempre me hacen decir: “si esto hubiera sucedido en Cuba o Venezuela, ya me imagino el escándalo”. Pero no: sucede en nuestras “democracias”, así que los medios son bastante discretos al respecto.
Me refiero a lo que está sucediendo en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región de la etnia triqui de Oaxaca. Esta comunidad trata de ser libre y organizarse en forma autónoma, y como resultado es objeto de un criminal hostigamiento por un grupo armado, vinculado con las fuerzas oligárquicas aliadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna el estado. Es necesario efectuar un análisis, aunque sea somero, de este asunto y cómo nos muestra algunas de las tácticas de los sistemas dictatoriales…tengan o no una fachada democrática.
Como siempre, existen un proceso y un contexto históricos.
Desde hace mucho tiempo las zonas rurales y de importante población indígena han sido sojuzgadas por el PRI, fruto de las siete décadas en las que esta burocracia política usurpó el poder en México. Los intentos de rebelión han sido siempre duramente reprimidos, como se constató en las insurrecciones de Genaro Vázquez o Lucio Cabañas.
En la región triqui, concretamente, los deseos de cambio han permeado en una parte importante de la población, y cuando eso sucede el sistema de poder empieza a actuar. Como las condiciones no siempre permiten una represión directa, se recurre a estrategias alternas bien conocidas, basadas en una premisa: dividir.
Siempre existe algún porcentaje de gente corrompida, dispuesta a alquilarse hasta para las acciones más viles. Ya sea en sindicatos, grupos en huelga, movimientos diversos y comunidades, siempre se localiza y estimula a los grupos más proclives a corromperse, porque de esa forma se logran dos cosas: introducir una cuña que ayude a debilitar y fragmentar al movimiento, y apoyar a la propaganda a trabajar su tesis clásica: el movimiento está dividido, los radicales son unos cuantos y la mayoría quiere una solución pacífica y razonada. Desde luego, dicha solución “pacífica y razonada” siempre coincide con lo que plantea el gobierno; y la postura “radical”, con las demandas originales del movimiento.
Esta cuña formada con elementos corruptos tiende a funcionar así en huelgas o similares, de tipo sectorial; pero cuando se trata de movimientos regionales, la estrategia se concentra más en la represión, pero si no se dispone de pretextos claros para ejercerla a través de la violencia legal (ejército y cuerpos policiacos), se crean fuerzas especiales, oficialmente ajenas al gobierno, que se encargan del trabajo sucio. Ejemplos de esto en México son la Brigada Blanca y los Halcones, que en los setentas realizaron asesinatos y represiones, así como los grupos paramilitares, que en los últimos quince años han sido la principal estrategia del sistema de poder en este país.
Fue desde la Masacre de Acteal (1997) cuando la existencia de bandas paramilitares en Chiapas se divulgó ampliamente…en algunos pocos medios. Se supo de Paz y Justicia, grupo que realizó la matanza, junto con otros como Mira, Los Chinchulines, Máscara Roja, Los Degolladores, etc. Se ha llegado a señalar hasta diez u once grupos paramilitares operando en diferentes regiones de Chiapas. Todos ellos con la tarea de asesinar, agredir y en general atemorizar a la población.
Desde luego, el gobierno siempre ha negado su vinculación con estos grupos, pero nunca faltan investigaciones que paulatinamente arman el rompecabezas. Un capítulo relevante ocurrió el 3 de enero de 1998, cuando la revista Proceso dio a conocer un documento hasta ese momento secreto: el Plan de Campaña Chiapas 94, elaborado por el ejército, donde se dice, claramente, que el objetivo era aislar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), destruyendo sus bases de apoyo (la población civil que estaba de su lado) y que para ello se requerían fuerzas locales de autodefensa. De no existir tales fuerzas –decía el Plan-, “es necesario crearlas”. Para ello, los servicios de Inteligencia Militar debían organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos “caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones”. Hubo plena coincidencia entre estos planteamientos y las acciones de las bandas paramilitares, así como de sectores del ejército como la Fuerza de Tarea Arco Iris (1995-1998), que estaba bajo el mando del general Mario Renán Castillo (1995-1997), razón por la cual es señalado como asesino, como uno de los principales responsables logísticos de los crímenes realizados contra la población civil.
En tales acciones está la raíz de tantos desplazados, gente que tuvo que abandonar sus casas huyendo de estos asesinos (la Masacre de Acteal fue el ataque a un campamento de desplazados), provocando una crisis humanitaria que aún persiste, pues hasta la fecha muchos no han regresado porque los paramilitares siguen ahí, en total impunidad.
Además de Chiapas, la estrategia de las fuerzas locales “de autodefensa” se aplica en otras partes. Ahora está trascendiendo (de nuevo, en algunos medios) la actuación de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui, o Ubisort, grupo creado en 1994 –en plena estrategia paramilitar chiapaneca- y estrechamente ligado al PRI. Su acción mantiene bajo un régimen de ocupación al municipio autónomo de San Juan Copala. Algunas de sus acciones han sido:
1. El 28 noviembre de 2009 impidió la llegada de la delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Los diarios de la capital del estado afirmaron que el municipio autónomo había llegado a su fin; y en plena concordancia, la Ubisort nombró agente municipal a Anastacio Juárez, hermano del líder, Rufino Juárez. Las autoridades municipales desmintieron reiteradamente esa versión, pero la campaña continuó.
2. El 29 noviembre dispararon contra el edificio municipal y el albergue infantil, donde un niño perdió la vida y otros tres fueron heridos.
3. Ese mismo día instaló un retén para cercar a la comunidad.
4. El 10 de diciembre de 2009 sus hombres armados desalojaron a las autoridades del municipio autónomo. El 10 de marzo mujeres y niños aprovecharon un descuido y retomaron las instalaciones.
5. Como respuesta a la retoma del municipio, la Ubisort realizó un ataque con armas de fuego contra la comunidad, hiriendo a una mujer y provocando la huida de varias familias, así como el cierre de escuelas, del centro de salud y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
6. Estableció un cerco para impedir la llegada de agua, alimentos y demás elementos de subsistencia.
“¿Y qué hacían los gobiernos estatal y federal? Simplemente, nada.
Como respuesta a esa crítica situación, organizaciones defensoras de los derechos humanos organizaron la llamada Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, que incluía observadores extranjeros. Entonces, de nuevo lo insólito que en México es cotidiano. El dirigente de la Ubisort, Rufino Juárez, advirtió en conferencia de prensa y por radio que no iban a permitir llegar a la caravana, y que sus miembros se atuvieran a las consecuencias.
Si el solo anuncio indigna a quien –como dice Tomás Mojarro- no ha perdido la capacidad de asombro e indignación, ni qué hablar de que tal amenaza sea cumplida. El 27 de abril, ya cerca de su destino, la caravana fue objeto de un ataque con armas de fuego por parte de sujetos embozados vistiendo uniformes verde olivo.
Como resultado murieron dos personas: Beatriz Alberta Cariño, miembro destacado del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y el finlandés Tyri Antero Jaakkola, colaborador del colectivo Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad. Otros fueron sojuzgados e interrogados por los agresores, que los hicieron caminar a través de la montaña. Otras personas –incluso algunas heridas- sobrevivieron huyendo a través del monte y escondiéndose más de un día, tiempo durante el cual se reportaron como desaparecidos. Entre ellos estaban la reportera Érika Ramírez y el fotógrafo David Cilia, de la revista Contralínea, quienes cubrían el recorrido. Estaban además otros observadores extranjeros: Viris Jacola y Meni Morne, de Finlandia; David Casinori, de Italia; Martín Santana, de Bélgica. También figuraban los oaxaqueños David Venegas, David Arellano y Rubén Valencia.
Finalmente fueron sólo dos las víctimas mortales…suficiente para catalogar este hecho como una infamia que amenaza con quedar impune como tantas otras.
Luego del cobarde ataque a la caravana el 27 de abril, como cabía esperar, la Ubisort se deslindó del mismo y hasta acusó a las víctimas de preparar un autoatentado. Desde luego, considerando la magnitud que alcanzaron las cosas, semejante acusación sólo se la creerá quien sea un enemigo declarado e irreconciliable del sano ejercicio de pensar.
¿Y las fuerzas del orden? En las primeras horas la policía reportó no haber localizado aún a las personas desaparecidas…porque los paramilitares sólo le permitieron el acceso por algunas horas. Preciosa forma de solapar un poder local ilegítimo. Y más indignante aún fueron las declaraciones de Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de Seguridad Pública del estado, en el sentido de que no había condiciones favorables para intervenir. “No puedo entrar y enfrentarlos porque habría muchos muertos”.
Aun concediendo que se debe tratar de preservar la vida lo más posible, semejante excusa es inaceptable. Por crudo que suene, ése su trabajo y si la gente a la que se supone debe proteger está siendo asesinada, no puede hacerse a un lado tan cándidamente. Verdaderamente deleznable como pretexto, pero desde luego es parte de la maniobra: dejar que los paramilitares trabajen en paz. Así es siempre. Así se hizo en Acteal. Son de sobra conocidos los testimonios de que durante las varias horas que resonaron los disparos, los soldados de un cercano puesto del ejército no hicieron absolutamente nada.
Volviendo a Oaxaca, también el gobernador Ulises Ruiz, quien con los maestros ya cubrió la cuota de sangre que corresponde a todo gobernador priísta de Oaxaca o Guerrero, actuó dentro de lo que procede en estos casos. Calificó la agresión como un “enfrentamiento” (o sea, dos grupos que se matan entre sí) y manifestó extrañeza por la presencia de extranjeros en una zona de conflicto como ésa.
Tales palabras nos remiten a otra vertiente de la estrategia represiva, que sonó mucho cuando Zedillo expulsó a todos los observadores internacionales para evitar que constataran las atrocidades de ejército y paramilitares en Chiapas. Destacó en esto un programa de la periodista de ultraderecha “Lolita” de la Vega, que llegó en helicóptero a una zona de Chiapas y grabó imágenes de varias personas de tipo extranjero que ahí se encontraban. La falta de rigor periodístico de esta persona llegó al grado de decir en su programa: “¿serán éstos los rostros que se ocultan tras el pasamontañas?” La campaña que se desarrolló desde entonces apuntó a hacernos creer que en Chiapas había intereses extranjeros manipulando a la población…lo mismo que se dijo en 1968.
Por cierto, la revista Proceso publicó en esos días que a esta periodista se le “olvidó” decir que el lugar al cual llegó su helicóptero a hacer sus tomas era una zona donde se concentraban los periodistas de diferentes partes del mundo que cubrían el conflicto chiapaneco.
Lamentablemente mucha gente cayó en este engaño en dos sentidos: primero, que había intereses extranjeros (cuando que los únicos comprobados son los de infames trasnacionales como Repsol, Nestlé, Coca Cola, etc., etc.); y segundo, que el gobierno tenía razón al sacar a los observadores internacionales porque “los mexicanos solitos podemos resolver nuestros problemas”. Es una falsedad porque existen compromisos internacionales, firmados por México, para permitir la entrada de observadores extranjeros; y porque existe un derecho natural para denunciar a quien comete atrocidades contra seres humanos. Pero hay gente deshonesta que usa a veces una cara de la moneda u otra según le convenga. Esa postura de “cero intervención exterior, respeto total a la soberanía de los pueblos”, fue apoyada por quienes años después avalaron las campañas gubernamentales contra el gobierno de Cuba, alegando que la protección de los derechos humanos no admite fronteras.
Por ello, las declaraciones del gobernador de Oaxaca sólo desentierran esa falsedad que a través de los medios fue inoculada como verdad en la mente de muchos mexicanos.
Después del ataque del 27 de abril el terrorismo contra la población triqui no ha cesado.
El 15 de mayo hombres armados de la Ubisort retuvieron por la fuerza a seis mujeres indígenas y seis niños (dos de ellos bebés) de San Juan Copala. Las soltaron luego de 10 horas de tortura psicológica (cortar cartuchos y disparar cerca de ellos) y amenazas de muerte contra toda la comunidad.
El 20 de mayo fue asesinado Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, Cleriberta Castro. Él era uno de los impulsores del municipio autónomo de San Juan Copala y líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), organización que se desprendió del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), del cual el mismo Alejandro Ramírez fue fundador. Muy probablemente es otro caso de pugnas internas generadas por el poder usando a gente corrupta para dividir a las organizaciones independientes. Al respecto, habitantes de la región identificaron a los asesinos como integrantes del MULT.
Alejandro Ramírez ya había sufrido dos atentados a principios de 2006. En el primero murió su hijo Misael Alejandro; en el segundo, el suplente de la agencia de Yosoyuxi. El 7 de julio de ese mismo año, el MULT lo acusó de violar a una niña de 14 años y el 5 de julio de 2007 se le culpó de la desaparición de dos mujeres, aunque ello jamás se comprobó.
Aproximadamente a la misma hora en que fue asesinado Alejandro Ramírez se hicieron disparos en los alrededores de San Juan Copala.
Todas estas acciones tienen un nombre: terrorismo de Estado.
Respecto al Gobierno Federal, baste decir que la primera vez que el ilegítimo que cobra como presidente de México se pronunció sobre los hechos fue el 18 de mayo…veintiún días después del ataque a la caravana. Sus declaraciones, hechas por cierto en una reunión en Madrid con la presidente de Finlandia, se limitaron en esencia a prometer castigo para los responsables y refrendar su compromiso al “esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables con estricto apego a la ley”.
En puerta está una segunda caravana civil humanitaria, llamada “Bety Cariño y Jyri Jaakkola”. Será el próximo 8 de junio y con la misma finalidad de entregar alimentos y víveres. “Las condiciones humanitarias son extremas, por lo que la gente no aguanta más sin agua, luz ni alimentos”, declaró Jorge Albino Ortiz, integrante del MULTI.
Sin embargo, de nuevo el dirigente de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, lanzó su amenaza. Dijo en rueda de prensa que no existen “ni las más mínimas condiciones” de seguridad, y que pueden ocurrir “hechos lamentables” Agregó: “No nos hacemos responsables de lo que les pase. No hay la seguridad para que transite la gente”.
Deberíamos pensar en el hecho de que, aun suponiendo que este maleante no fuera responsable de los ataques, está declarando abiertamente que se trata de una zona sin ley, y que la pasividad de los gobiernos estatal y federal contrasta con la prontitud con la que se interesaron por “restaurar el estado de derecho” en casos como los de Atenco y los maestros de Oaxaca. Nuevamente se confirma que para el poder, estado de derecho es un concepto elástico, maleable y adaptable.
Además, en su conferencia de prensa el líder paramilitar secundó la línea de su patrón Ulises Ruiz, al referirse a los observadores internacionales como gente de “ojos azules y cabellos largos” y agregar que su presencia no a solucionará el conflicto.
Obviamente no…nadie ha dicho eso. El papel de estas personas es presenciar, documentar y divulgar lo que sucede…por ello son tan dañinos para el gobierno y sus sicarios.
Después de las amenazas de este grupo asesino podrían ocurrir nuevos sucesos lamentables el próximo 8 de junio. Habrá que estar atentos.
Es claro que, aunque pasan los años y nos dicen que México está cambiando, la realidad apunta en sentido contrario. Una comunidad como San Juan Copala trata simplemente de lograr independencia, sin plantear revolución alguna ni hablar de cambiar nuestro sistema económico, y de todos modos es objeto de represión y terrorismo por parte del sistema de poder. La razón ya la sabemos: evitar el mal ejemplo. Un sistema de poder autoritario no puede permitir que nadie se le salga del huacal, porque puede provocar un efecto desencadenante. Lo sucedido en Chiapas desde 1994 evidentemente ha dado ejemplo a otras regiones del país y, por principio elemental de conservación del poder, todo aquel que ose levantar la cabeza debe ser aplastado.
Y como siempre, los intelectuales servidores del poder han hecho su parte históricamente. Aún se recuerdan las declaraciones del escritor Carlos Fuentes, quien respecto a la masacre de Acteal acusó al gobierno de “omisión”. Suena contundente y pareciera que el señor está del lado de la justicia, pero no es así. Fuentes es uno de esos intelectuales con careta imparcial –como su tocayo Monsiváis- que sólo critican al gobierno en lugar de denunciar sus acciones. A un criminal se le denuncia, no se le critica. Además, esta crítica llevaba una trampa, porque dijo que la falla del gobierno de Zedillo había sido no actuar, cuando que sí lo había hecho: creó, entrenó y financió a los asesinos.
No es lo mismo decirle al policía que cuida el banco “lo asaltaron porque te descuidaste”, que decirle “lo asaltaron porque estabas coludido con los asesinos”. En el primer caso, el de Fuentes o Monsi, la conclusión es inofensiva: “qué gobierno más inepto”. En el segundo, el de gente como Tomás Mojarro, es la conclusión que el sistema no quiere que se sepa: “el gobierno ejerce terrorismo de Estado”.
Así funcionan estas cosas, pero que esa “rutina” no acabe por convertirse en algo que ya no nos asombre ni indigne. Hagamos lo que podamos: leyendo, divulgando, comentando, contribuyendo a la denuncia... pero ante nosotros la gente, no ante los organismos judiciales que forman parte del sistema y son garantía de impunidad para los asesinos.
En tal sentido, con todo respeto para los involucrados, que seguramente actuaron de buena fe, las cartas a diarios y demás pronunciamientos escritos de personalidades y organizaciones para “exigir” el castigo a los culpables de los crímenes del 27 de abril evidencian que no se ha entendido la realidad, que tenemos enfrente a todo un sistema de poder enemigo apoyado en la fuerza; que una exigencia sólo vale cuando tenemos un poder organizado que la respalde, que el enemigo histórico no se va a cortar las venas por las exigencias de quienes no tienen fuerza para obligarlo a nada que no quiera…y castigar a sus sicarios no está en sus planes.
Con respeto profundo, insisto, comulgo con Tomás Mojarro cuando dice que una rápida mirada a la historia muestra que “exigir” es el verbo que sintetiza la cultura amo-esclavo. ¿Exigirle al enemigo que vaya contra su naturaleza y haga justicia? ¿Acaso no se ha exigido una y otra vez castigo a asesinos, ladrones, especuladores, represores, gobernantes corruptos y varios etcéteras? ¿Y alguna vez el sistema ha hecho caso?
El poder organizado que sustente las exigencias aún tiene que construirse, y mientras hay que trabajar en la forma que podamos, pero con tenacidad y paciencia de hormigas. Vaya mientras un reconocimiento sincero para quienes se han arriesgado hasta lo último por una buena causa. Ellos dejaron de exigir porque entendieron que eso sólo se hace con un gobierno aliado, así que empezaron a trabajar. No los homenajeemos regresando a esquemas que ellos superaron.
Cada uno en lo que pueda, empecemos a trabajar donde ellos se quedaron. Falta mucho por hacer, así que dónde y cómo actuar, sobra. Es cosa de buscar, aprender y crecer…pero sobre todo, cosa de voluntad.
El estado de impunidad

Laura Carlsen
CEPRID


Traducción para (www.ircamericas.org) Marta Sánchez
Al dar vuelta en una curva en una remota carretera del sureño estado de Oaxaca los observadores internacionales de derechos humanos, encontraron el camino bloqueado por rocas. Decidieron que seguir adelante sería peligroso, pero no sabían que dar vuelta, sería mortal. Cuando las camionetas empezaron a dar vuelta, unos hombres armados y enmascarados bajaron de los cerros y abrieron fuego contra los vehículos. Algunas de las personas se dispersaron entre la maleza. Otros tuvieron suerte y esquivaron las balas. Dos fueron asesinados de un disparo en la cabeza –Bety Cariño, del grupo mexicano de derechos humanos CACTUS derechos y líder de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación y el observador de derechos humanos de Finlandia Jyri Jaakola.
Este grupo de activistas pro-derechos se dirigía a la aldea de San Juan Copala en la región indígena Triqui de Oaxaca. Esta aldea está sitiada y aislada por paramilitares locales pertenecientes a un grupo llamado UBISORT, al parecer fundado por el partido del gobierno estatal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La caravana incluía periodistas, activistas de Oaxaca y observadores internacionales de derechos humanos que conocían los riesgos, pero decidieron llevar a cabo la misión porque en eso consiste la tarea de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. La vida de los aldeanos estaba en juego y el permitir que un pueblo sea tomado como rehén por un grupo armado ilegal, sin que nadie levante la voz, sienta un precedente peligroso para la sociedad.
Los asesinatos de quienes defienden los derechos indígenas y sus recursos, son comunes en la región Triqui -decenas de personas han sido asesinadas, incluyendo, en 2008, dos mujeres de la estación de radio comunitaria de San Juan Copala. Después de un jefe paramilitar amenazó al grupo para que se abstuvieran de entrar a territorio controlado, los líderes del grupo de defensores dieron aviso al gobierno del estado de las amenazas recibidas. El ataque tuvo lugar en las mismas narices del gobierno del estado y con conocimiento previo de los riesgos anunciados.
Reciclaje de la Violencia
¿Cómo se convirtió en un torbellino de violencia un pueblo perdido en la Sierra Madre?
La región Triqui ha padecido una cuota mayor de conflictos violentos. La mayoría de los investigadores se refieren a las últimas décadas de conflictos entre grupos de triquis que se dividen en facciones enfrentadas con frecuencia alarmante. Pero esta situación tiene mas alcances. Desde la época prehispánica, las comunidades Triquis se han visto atrapadas en un ciclo de violencia alimentada por el despojo de recursos, la rebelión y la represión. El mismo patrón se repite a través de cada etapa de su sangrienta historia, como lo documenta ampliamente un reciente estudio realizado por el abogado e investigador mixteco Francisco López Bárcenas.
El ciclo pudiera haber sido detenido o al menos atemperado si en algún momento el gobierno hubiera cumplido con el mandato de administrar justicia a los pueblos indígenas de la región. En cambio, el gobierno sofocó las rebeliones al tiempo que los intereses externos desangraban la región. En 2007, el pueblo de San Juan Copala, se separó de un gobierno que eludió proteger a su pueblo y se declaró municipio autónomo. La represión al pueblo aumentó.
Estado de Impunidad
Para entender cómo, un grupo armado pueda atacar con intención de matar a un grupo de activistas internacionales de derechos humanos y esperar salir impunes, es imprescindible conocer esta historia. Mantos de impunidad y de injusticia han cubierto los crímenes en Oaxaca desde hace años.
Oaxaca no es un Estado común. En 2006, los oaxaqueños tomaron la capital del estado exigiendo la destitución del gobernador Priista Ulises Ruiz. Durante casi seis meses, un movimiento sin precedentes de maestros sindicalizados, amas de casa, estudiantes, indígenas, campesinos y una variedad de otros sectores de la sociedad tomaron la ciudad. La policía federal fue enviada para retomar el control al tiempo que gobernador del estado se mantenía escondido, negándose a dimitir. Durante esos sangrientos meses, 26 miembros del movimiento de protesta fueron asesinados y cientos más capturados, golpeados y sometidos a tortura psicológica.
En 2008 fui a Oaxaca como miembro de una delegación internacional de derechos humanos que obtuvo testimonios de las violaciones de derechos humanos en el estado de Oaxaca. Nuestro equipo se instaló en un salón de una iglesia y en cuanto abrimos las puertas nos llovieron las quejas. En cuatro días llevamos a cabo más de 150 entrevistas que dibujaron un panorama de crisis en los derechos humanos, acompañados por una impunidad total con respecto a acciones cometidas por el Estado.
Escuchamos testimonios conmovedores y a menudo entre lágrimas. No se trataba de delitos menores. Algunos relatos se remontan a la represión de finales de 2006, con informes de manifestantes conducidos con los ojos vendados a un helicóptero donde les decían que serían arrojados al Océano Pacífico –práctica común durante la guerra sucia de México de los años setenta, y copiosos recuentos de sucesos mas recientes acerca de líderes de base de asesinados o desaparecidos por todo el estado, incluyendo el caso de dos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario, quienes hasta hoy permanecen desaparecidos, pese a los esfuerzos de una comisión de mediación establecida por el Congreso. La Comisión ha apuntado absoluta falta de voluntad política por parte del gobierno federal para resolver el caso.
El público ha perdido la confianza en el gobierno para la protección de sus derechos. Cuando nos reunimos con la comisión estatal de derechos humanos, el comisario manifestó su voluntad de investigar todas las quejas, pero dijo que la comisión había recibido muy pocas. La razón no fue difícil de encontrar. Cuando preguntamos a los quejosos si habían denunciado sus casos, por unanimidad nos contestaron que no, argumentando que nunca pasarían la barrera de un gobierno estatal, cómplice mismo de los delitos.
El asesinato del periodista estadounidense Brad Will es, tal vez, el caso más conocido y un ejemplo clásico de la forma como la impunidad funciona en el estado. Bajo presión internacional, el estado inició una investigación que desembocó en la nada, a pesar de que la evidencia forense y testigos oculares implicaban a sicarios vinculados con el gobierno local. Después, increíblemente, arrestaron a uno de los miembros del movimiento de protesta por el asesinato de Will, a quien tuvieron que dejar libre cuando la presión internacional se incrementó denunciando que hacer de la justicia una farsa era aún peor que no hacer justicia, con esto, el caso regresó a su punto de partida – la impunidad.
La Suprema Corte de México determinó que Ruiz era responsable de violaciones graves de los derechos humanos en Oaxaca en el levantamiento de 2006. Pero no se le fincaron ni cargos criminales ni se iniciaron procedimientos de destitución.
Este último ataque repite tanto los ciclos históricos como los contemporáneos de la violencia. Gente de fuera, codician una vez más la región Triqui. Ahora son intereses mineros los implicados y las poblaciones indígenas autónomas se interponen en el camino de sus intereses. Poner a la caravana en la mira de su ataque buscaba expresamente deshacerse de los líderes del movimiento popular opositor al gobierno del estado y los movimientos para la protección de los recursos naturales. Bety Cariño era uno de los líderes más activos del estado del movimiento contra la minería y de la defensa de los derechos indígenas.
Derechos Humanos y la indiferencia de los Estados Unidos
La emboscada del 27 de abril logró sacudir a una nación acostumbrada a la violencia en las noticias. La cuota de treinta o más víctimas diarias de la Guerra Contra las Drogas ya es un recuento habitual en México. Pero el cálculo de agresiones contra una misión de derechos humanos transpuso alguna línea invisible. Miembros del Parlamento Europeo, la Embajada de Finlandia, y el Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas han exigido una investigación completa. El gobernador Ruiz, exhibiendo la característica de arrogancia de su gobierno, anunció que iba a llevar a cabo una investigación -de los documentos de inmigración de los extranjeros en la caravana.
Las violaciones a los derechos humanos en México han sufrido una escalada ascendente en los últimos años. A partir del lanzamiento de la guerra contra las drogas, las quejas contra las fuerzas armadas se han incrementado en seis tantos. Las muertes de civiles han aumentado en el contexto de la militarización, y la nación se enfrenta a una crisis de confianza en la capacidad –o voluntad- del gobierno para proporcionar la mas elemental seguridad humana.
El Departamento de Estado estadounidense ha ignorado esta crisis para justificar su apoyo a la fallida guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón. Las ayuda para la Seguridad a México, bajo la Iniciativa Mérida, establecían como requisito la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos al Congreso de los Estados Unidos, que mostrará avances para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas, terminar con la tortura, y avanzar en la investigación del asesinato de Brad Will. El Departamento de Estado postergó la presentación del informe hasta el año pasado cuando sometió un informe sin demostrar progreso alguno y simplemente interpretó el requisito como la simple elaboración de un reporte.
La ayuda de Seguridad a policías y a fuerzas armadas que violan sistemáticamente los derechos humanos sólo refuerza el sistema de violaciones. La capacitación en derechos humanos por corporaciones estadounidenses no harán ninguna diferencia en la ecuación—obviamente el problema no es la falta de capacitación, sino la falta de voluntad política. Mientras las mismas fuerzas políticas que cometen las violaciones reciban apoyo y ayuda, son incentivados a continuar con prácticas que dañan a la sociedad y destruyan vidas.
México está hoy frente a una disyuntiva crucial. Sus frágiles instituciones se han visto sacudidas por la respuesta inadecuada al fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y por la desigualdad y la injusticia de la vida cotidiana. El sistema de justicia sigue amarrado a los intereses de un débil gobierno federal que tiene temor a la protesta popular y a los gobiernos estatales y locales, en casos como Oaxaca, controlados por déspotas. La corrupción que emana de los carteles de la droga, robustece la impunidad.
México puede asumir el reto de fortalecer sus instituciones democráticas, o puede retroceder a gobernar por la ley de la fuerza y el autoritarismo. El rígido y estrecho enfoque del gobierno de los Estados Unidos que sólo contempla asuntos de seguridad, ignorando las sistemáticas violaciones de a los derechos humanos fomenta lo anterior. Este gobierno debería centrarse en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional al interior de sus propias fronteras y canalizar su ayuda a México para proyectos de desarrollo que fortalezcan los derechos humanos, el empoderamiento ciudadano, y la construcción de paz y bienestar.
Los grupos internacionales deben tomar medidas
Una reciente carta de las organizaciones mexicanas establece lo siguiente:
“Repudiamos esta agresión, sin precedentes en nuestro país, y fincamos esponsabilidades en el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y los líderes políticos de la UBISORT organización causante del clima de violencia en la región. Exigimos que los responsables de este atentado sean castigados. También exigimos garantías para la seguridad y las vidas de los sobrevivientes de la caravana; el cese inmediato de todos los actos de agresión contra el Municipio Autónomo de San Juan Copala, sus funcionarios locales, y sus habitantes; la inmediata retirada del bloqueo alrededor del municipio, y el respeto del derecho a la libre determinación de todos los pueblos. Rechazamos la utilización de la violencia como un pretexto para la militarización de la zona Triqui y demandamos que pongan fin a las acciones de grupos paramilitares”.
Las organizaciones internacionales y personas interesadas deberían seguir el ejemplo de los firmantes de esta carta y demandar una investigación completa. El papel del gobierno del estado de Oaxaca con Ulises Ruiz debe de aclararse fehacientemente. La impunidad no es solamente una ausencia de justicia y su debida sanción; es una incubadora de violencia y de delincuencia. Cuando la impunidad se convierte en política de Estado, el Estado de Derecho se desmorona. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y ciudadanos debemos exigir–en nombre de Bety, Jyri, y los otros miembros de la delegación– que los asesinos que llevaron a cabo este ataque vil así como sus cómplices, sean presentados ante la justicia. Cualquier acción menor a una explicación completa y la aplicación de la ley en el caso del ataque de San Juan Copala, permitirá que la violencia continúe y se sume una mancha más al ya catastrófico historial de derechos humanos de México.
"El partido de gobierno cambió en 2000, pero la oligarquía y la violencia institucional son las mismas"

Luis Martínez Andrade
El Columnista


La periodista Laura Castellanos presentó en París la versión en francés de su libro México Armado 1943-1981, publicado por la editorial Lux Editeur bajo el título Le Mexique en Armes, Guérrilla et contre-insurreccion 1943-1981. La obra fue presentada en la Feria del Libro Libertario en París realizada en días pasados. El libro narra el proceso de radicalización de una treintena de guerrillas que actuaron de 1965 a 1975 en México, y sirve para comprender nuestro presente. Tuve oportunidad de charlar con la autora de algunas cuestiones sobre violencia de Estado que se viven en México. A continuación, la entrevista:
- ¿Cuáles serian las diferencias entre la violencia de Estado practicada por el régimen priista y la aplicada por los gobiernos panistas?
Existe una continuidad puesto que finalmente es el mismo Estado. Es decir, cambió el partido en el 2000 en México, pero la oligarquía sigue siendo la misma. Retomo al respecto la definición que el historiador Carlos Montemayor utilizaba para referirse a “la violencia institucional”, pues la comprendía no sólo como la desaparición forzada, la represión y tortura, sino como un entramado de mecanismos diversos. Esto sucede, por ejemplo, en el terreno de la impartición y procuración de la justicia. Se aplica en los procesos jurídicos contra opositores, como ha sido el caso de los activistas de Atenco, condenados a penas mayores que a las que ha sido sentenciado cualquier narco o asesino en el país. Montemayor decía que también la “violencia institucional” significa la negación del acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación, entre otras necesidades básicas. Estos son otros tipos de violencia generados por el sistema neoliberal.
Por otra parte, cabe observar cómo esta “violencia institucional” genera otro tipo de violencia, en este caso popular. Montemayor cerraba su tesis afirmando que la violencia popular brotaba, precisamente, para acabar con la violencia institucional, y no a la inversa. En otras palabras, la “violencia institucional” crea las condiciones para que emerja una “violencia popular”.
- Existen un pensador de origen martiniqués llamado Frantz Fanon que estudió el proceso de subjetivación en los pueblos colonizados en la década de los cincuenta, concretamente Argelia y Túnez, y mostraba que existe una respuesta violenta a la violencia estructural o institucional –en muchos casos económica– que en algunas ocasiones pude tomar formas abyectas pero en otros momentos juega un papel muy importante en los procesos revolucionarios. ¿En qué lugar ubicarías a la violencia de los grupos eco-anarquistas en México?
Los grupos eco-anarquistas mexicanos –fenómeno relativamente nuevo–, aparecen en el país en 2007 y han tenido un crecimiento ascendente. Ellos ejercen la acción directa, es decir, sabotajes en contra de lo que representa al sistema capitalista que explota al hombre, animales y a la naturaleza. Cabe advertir que no todos los grupos anarquistas están de acuerdo con la “acción directa”, entendida ésta, por ejemplo, con la colocación de “bombas molotov” en cajeros bancarios, en restaurantes de fast-food, tiendas que venden animales o productos de piel. Ellos manifiestan que sus sabotajes no tienen como objetivo la vida de civiles, y hasta ahora así ha sucedido. El fenómeno, no sólo en México sino en América Latina, y en países europeos como Grecia, está aumentando.
En el caso de México, por ejemplo, se ha manifestado en distintos estados de la República. Estas células surgen en un contexto de crisis económica y política, en donde hubo el fraude electoral del 2006, movimientos beligerantes como el de Oaxaca y Atenco han sido reprimidos, y la izquierda no sólo está dividida, sino que el principal partido de esta ala, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), está estableciendo alianzas con el que le hizo el fraude en 2006, el derechista Partido Acción Nacional (PAN), para la siguientes elecciones. En estas circunstancias están influyendo en la radicalización de una generación que encuentra en estas acciones la única vía de protesta y combate al sistema.
- ¿De qué modo las medidas contra la inseguridad no forman parte de un proyecto de contra-insurgencia promovido por los gobiernos federales, estatales y municipales? y ¿Hasta qué punto el gobierno –en sus tres niveles– ha implementado, bajo pretexto de la violencia en el país, medidas que repercuten en los derechos fundamentales?
Sí, en la lucha contra el narcotráfico se criminaliza a activistas y a movimientos sociales. Por ejemplo, el pasado mes de noviembre fue ejecutado “el comandante Ramiro”, quien era miembro del Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI), en un operativo contra el narcotráfico en el estado de Guerrero y, en algún momento, la Secretaria de la Defensa mencionó que él estaba vinculado con el narcotráfico. Recientemente, a un líder indígena del sureste de Chipas se le intentó ligar con otro grupo del narcotráfico, se aplicó su detención y se le tomaron fotos con arsenal bélico y la información en los noticieros fue divulgada, sin embargo, posteriormente fue puesto en libertad pues no existían pruebas fehacientes. El país está pasando un momento muy delicado, porque la única estrategia que ha aplicado Felipe Calderón es sacar al ejército a las calles y a las zonas rurales. Evidentemente esta estrategia ha sido un rotundo fracaso, y ha habido denuncias por la muerte y tortura de civiles que han sido ignorados.
En este escenario, quedan más vulnerables comunidades indígenas que han asumido su autonomía, como sucedió con la de Santa María Ostula, en Michoacán, que no solamente se enfrenta a una situación socio-económica marginal, sino que enfrenta la violencia de grupos paramiliares que han sido vinculados con el narcotráfico. En los últimos meses han sido secuestrados y desparecidos tres integrantes de Bienes Comunales del pueblo, entre ellos el presidente, Francisco de Asís Verdía Manuel, sin que se tengan noticias de ellos.
- En tu libro México Armado (Ediciones Era) analizas cuatro décadas (1943-1981) de movimientos guerrilleros en México. Indudablemente, movimientos que tenían como marco socio-político el corporativismo, el charrismo sindical, el clientelismo político, entre otros, pilares de la ideología nacionalista-priista ¿Cuál es el marco de referencia ideológico –si es que existe– en el que se desarrollan los movimientos guerrilleros o subversivos en nuestro país en la actualidad?
Es el mismo marco, porque el sistema es el mismo, sólo que ahora, como mencioné, se suma el factor de la actividad del narcotráfico. La violencia del narcotráfico cada vez es más brutal y ya ha atravesado todo el territorio nacional. Antes el narcotráfico estaba muy focalizado, principalmente en el norte, pero desde hace dos años ha aumentado de manera impresionante y ya ha trastocado la vida política del país.
- Algunos politólogos han abordado la cuestión de la narco-política en América Latina ¿Crees que México es un narco-Estado?
Estudiosos del narcotráfico han trascendido que ha habido acuerdos del gobierno en turno con carteles determinados para tener controlado el fenómeno. Yo no estoy especializada en narcotráfico, pero lo que sí te puedo decir es que los medios de comunicación de manera constante muestran cuerpos ejecutados, sin cabeza, que aparecen en las cajuelas de los automóviles o colgados de puentes peatonales, escenas sanguinarias que antes no se veían. Como capitalina, lo que he percibido es que la violencia del narcotráfico, que antes veíamos lejana, ya llegó a la ciudad de México, y que la percepción generalizada es que el gobierno no sólo ha fracasado en esta guerra, si no que está rebasado, sin que haya asomo de autocrítica o cambio de estrategia, lo que es más preocupante.
- ¿Cuál seria, a tu juicio, el aporte de la Liga 23 de septiembre fundada en 1965 en la memoria de las luchas insurgentes de este nuevo siglo?
La Liga comunista 23 de septiembre fue la guerrilla más grande en los setenta y que duró una década en el país, ella reivindica en su nombre al grupo de maestros rurales que cayó en el ataque al cuartel militar de ciudad Madera, en Chihuahua, un 23 de septiembre de 1965. En 1973 un grupo urbano retomó la fecha y fundó la Liga Comunista 23 de Septiembre. La Liga desapareció a mediados de los ochenta, aunque hay quienes la reivindican arrancados los noventa. No tiene influencia en las guerrillas de este siglo, aunque las dos vertientes que existen tienen su semilla en tal generación que conformó una treintena de guerrillas entre 1965 y 1975. Me refiero al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), heredera, en parte, de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), y al Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuya simiente fueron los sobrevivientes de la guerrilla de Lucio Cañas y del grupo de Unión del Pueblo (UP). El EPR es el tronco del que se han ramificado una decena de guerrillas que actualmente, lo sabemos a través de sus comunicados, están activas y replegadas.
Lo interesante es que esta oleada guerrillera de los setenta surgió en un contexto donde, por una parte, los movimientos que los precedieron fueron sido reprimidos como el ferrocarrilero, de maestros, médicos, campesinos, entre otros, y por la otra, se perseguía al Partido Comunista Mexicano (PCM), al que se le negaba su registro electoral. Estos movimientos fueron influenciados por la Revolución Cubana, la Teología de la liberación, y por la ola de rebeldía en occidente. En México el saldo fue el de más de mil 500 casos de desaparición forzada. Estos grupos guerrilleros son el principal detonante de la Reforma Política de 1978 que, finalmente, le da el registro electoral al PCM, es decir, hasta 1978 se pudo votar por la izquierda. El PCM fue una de las vertientes que alimentaron al Partido Socialista Unificado de México (PSUM), que posteriormente confluirá en la creación del PRD. En otras palabras, la guerrilla de los setenta fue el principal detonante que posibilitó que la izquierda pudiera ser votada.
- En su novela Guerra en el Paraíso, Carlos Montemayor –quien escribió el prologo de tu libro– hay una parte donde uno de sus personajes menciona que su lucha era tan radical que incluso los ríos y los pájaros ganarían con la lucha, en otras palabras, la lucha contra el capitalismo también implica una preocupación ecológica. Indudablemente en el movimiento zapatista es más claro. ¿Cuáles son las preocupaciones ecológicas en los otros grupos guerrilleros del país?
En general, las guerrillas mexicanas se manifiestan en sus comunicados contra el sistema capitalista, y por ende, contra la explotación de los trabajadores, la violación de los derechos humanos, y las trasnacionales que explotan los recursos naturales de manera indiscriminada. Ahí las cuestiones ecológicas están implícitas. El movimiento zapatista, por su lado, acentúa su preocupación por la defensa de la madre Tierra, tiene un discurso más cercano a la naturaleza.

- Entrevista publicada en el diario “El Columnista”, Puebla, México, 1 de junio 2010.

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ABC, CRIMEN DEL SISTEMA POLITICO

Un año de esperar justicia

Se cumple un año del incendio de una guardería en México que causó la muerte de 49 niños. Sus padres aún esperan castigo a los responsables
Hace un año, Abraham Fraijo perdió a su hija Emilia en el incendio de la guardería infantil ABC de Hermosillo, Sonora, en el norte de México, donde murieron otros 48 niños y 75 más quedaron lesionados.
Desde entonces, junto con varios padres de familia, ha tocado varias puertas para exigir castigo a los culpables de la tragedia.
Pero hasta ahora, 365 días después de uno de los casos más dramáticos de la historia reciente en México, ninguna persona está detenida.
En una investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se estableced que hay responsabilidad de altos funcionarios del gobierno mexicano en este caso.
El ministro Arturo Zaldívar, encargado de la investigación del incendio de la guardería ABC, concluyó que sí incurrieron en violaciones graves a las garantías actual el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam; su antecesor y actual secretario de Comunicaciones, Juan Molinar; el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, entre otros.
La Procuraduría General de la República afirmó que las investigaciones avanzan. El Instituto Mexicano del Seguro Social, del que dependía la estancia, ofreció atención médica vitalicia a los niños lesionados, mientras que el presidente Felipe Calderón declaró al cinco de junio, cuando ocurrió el incendio, como día de luto nacional.
No es suficiente, porque los probables responsables aún están libres, le dijo Abraham a BBC Mundo.
"Sé que no me van a devolver a mi hija. Pero quiero que ningún mexicano pase ni siquiera cinco segundos de lo que he vivido en un año".
"Negritos y sin fuerza"
La guardería ABC estaba instalada dentro de una antigua bodega habilitada como estancia infantil y no cumplía con todos los requisitos de seguridad, reconocieron autoridades locales.
A un lado de este local operaba un depósito de documentos y material de desecho del gobierno de Sonora. Según la investigación de la SCJN, en ese lugar empezó el incendio que se propagó rápidamente a la guardería, donde se encontraban 176 niños menores de cinco años.
Las responsables del albergue no pudieron sacar a todos. Sus testimonios dicen que las puertas de emergencia estaban cerradas o no pudieron abrirse.
Muchos de los menores que salvaron la vida fueron rescatados después que una persona rompió un muro de la estancia con su camioneta.
En su libro "Nosotros somos los culpables", el periodista Diego Osorno recupera ese momento.
"Sacamos como a 30 niños pero no vi uno vivo; todos iban negritos, sus brazos sin fuerza", contó un vecino que ayudó en el rescate.
"Nunca perdonaré"
Ese cinco de junio murieron 31 niños. El resto perdió la vida en las semanas siguientes.
Jonathan fue uno de ellos. Su madre, Patricia Duarte, dice que nunca perdonará el trato que recibió de las autoridades locales, quienes trataron de compensar la pérdida con dinero y posiciones en el gobierno.
"En ningún momento nos pagarán a nuestros hijos. Si quieren resarcir el daño que me hicieron, que me devuelvan a Jonathan. No lo van a hacer", dijo en conversación con BBC Mundo.
A Patricia le molesta especialmente la actitud del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, quien días después de la tragedia declaró que dormía "como un bebé".
Es un trato que se repitió a lo largo del año, afirmó Abraham Fraijo. De hecho, varios padres de familia realizaron huelgas de hambre, marchas y otras protestas para reclamar sanción a quienes permitieron que la guardería ABC funcionara de manera insegura.
Un año después, apenas empiezan a ver algunos resultados.
"Justicia, donde se encuentre"
La tragedia de la guardería ABC también generó movimientos políticos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el gobierno de Sonora, después de mantener el poder durante 80 años.
Varios funcionarios medios fueron inhabilitados para ejercer un cargo público, mientras que el presidente Felipe Calderón se comprometió a visitar, un año después, a los familiares de los niños en Hermosillo, la ciudad donde residen.
Además, la SCJN votará el dictamen final de la investigación realizada el año pasado, que concluye que sí incurrieron en violaciones graves a las garantías Daniel Karam, Juan Molinar y Eduardo Bours.
Sin embargo, de acuerdo con la legislación interna de la Corte, su decisión no tendrá carácter vinculante, es decir, el órgano judicial no puede castigar a quienes encuentre responsables.
Las sanciones deberán aplicarse por la fiscalía general y el gobierno de Sonora. El gobierno mexicano ha dicho que acatará las resoluciones de la SCJN.
Para los padres de la guardería ABC, el dictamen de la Corte es uno de los momentos más esperados.
"Eso nos va a permitir que llevemos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí esperamos la justicia que no encontramos en México", afirmó Patricia Duarte.
MOVIMIENTO 5 DE JUNIO.
COMUNICADO.
A LA OPINIÓN PÚBLICA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
El MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO, que agrupa a la mayoría de las familias con víctimas por el incendio en la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo Sonora, por este medio declara lo siguiente:
En forma extraoficial hemos tenido conocimiento de que, en esta misma fecha el C. Presidente de la República, Felipe Calderón, se encuentra recibiendo en la residencia oficial de Los Pinos a un grupo de padres y madres de niñ@s víctimas del incendio en la Guardería ABC de esta ciudad, ocurrido el 05 de junio de 2009.
También tuvimos conocimiento por medios distintos a la Presidencia de la República, como lo son el C. Gobernador del Estado Guillermo Padrés Elías y el funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social Luis Fiol, quienes nos hicieron saber de la existencia de una invitación al respecto.
Para nosotros es claro que necesitamos tener una reunión con el Jefe del Ejecutivo Federal, para exponerle de viva voz nuestras demandas de justicia, y para pedirle que en el ámbito de sus atribuciones corrija y mande corregir las irregularidades que agravaron las consecuencias funestas en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo.
Durante varios meses, por diferentes medios, e incluso en forma directa, hemos solicitado que el Jefe de Estado y del Gobierno mexicano se reúna con la totalidad de los familiares de las víctimas en el incendio mencionado, precisamente en esta ciudad de Hermosillo, por las siguientes razones:
• Porque nuestr@s niñ@s nacieron, vivieron y perdieron la vida en esta ciudad de Hermosillo, Sonora.
• Porque los familiares que sobreviven a l@s niñ@s somos residentes de Hermosillo.
• Porque la guardería donde ocurrió el siniestro, está ubicada en Hermosillo.
• Porque la mayoría de los responsables residen en Hermosillo.
• Porque el Presidente de la República, como presidente de todos los mexicanos, tiene funciones, atribuciones y responsabilidades en Hermosillo.
Por todo ello, creemos que la principal obligación del Presidente de México es venir al lugar de los hechos, entrevistarse con los afectados y escuchar y atender sus reclamos y demandas de justicia.
En tres días más se cumplirá un año de que nuestr@s hij@s resultaron gravemente lesionados o perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC, y es hasta ahora cuando en forma indirecta y por medio de terceras personas, se nos convoca, sin agenda alguna, a entrevistarnos con el señor Felipe Calderón en la residencia oficial de Los Pinos.
Como lo dijo uno de los miembros de este movimiento ciudadano, nosotros no queremos tomarnos la foto con el Presidente de la república: lo que queremos, reclamamos y exigimos es justicia.
La justicia a la que aspiramos, a grandes rasgos, es la siguiente:
A) El castigo por delitos graves a todos y cada uno de los responsables directos por la muerte y lesiones de nuestr@s hij@s, especialmente los dueños de la guardería, que lucraron con la prestación de ese servicio público, que sólo le corresponde al Estado.
B) La destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, entre ellos los ex directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social Santiago Levy y Juan Molinar Horcasitas, así como el actual director del organismo Daniel Karam Touméh, así como a los funcionarios del Ayuntamiento de Hermosillo, que por razón de sus funciones y debido a sus actos y omisiones, tuvieron responsabilidad en el otorgamiento de los contratos de subrogación de la guardería, así como en la expedición de los permisos o autorizaciones para el uso de suelo, a sabiendas de que por ser una zona industrial el lugar de ubicación de la guardería, no debió haberse permitido su funcionamiento en las calles Mecánicos y Ferrocarrileros de la Colonia Y de esta ciudad.
C) La destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de protección civil federal, estatal y municipal, que omitieron realizar las funciones de prevención y corrección de riesgos en el funcionamiento de la Guardería ABC.
D) La destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de distintos niveles de gobierno, que omitieron investigar y sancionar, o los que ordenaron obstaculizar tales investigaciones, a los responsables en el incendio de la Guardería ABC, entre ellos el ex Gobernador Eduardo Bours, el ex secretario de Hacienda y los principales directores de área y mandos medios de esa dependencia, el ex y actual Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, el ex Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora, así como el ex Procurador General de la República Eduardo Medina Mora.
E) La reparación del daño moral y material a las familias que perdimos a nuestr@s hij@s; y la atención médica y terapéutica vitalicia a l@s menores que resultaron lesionad@s por quemaduras de diversos grados, y a l@s expuest@s, hasta lograr su recuperación total, o en su caso, al otorgamiento de servicios médicos y prótesis especializadas para paliar las discapacidades que les resulten, debiéndose incluir los apoyos económicos necesarios a los padres y madres de dich@s niñ@s que deban atenderl@s personalmente.
F) La erección de un memorial en el mismo lugar donde operó la Guardería ABC, que a semejanza de los memoriales del holocausto en Europa y los de Hiroshima y Nagasaki en Japón, con los implementos tecnológicos de esta época, de una manera interactiva proporcione la información acerca de l@s niñ@s de la Guardería ABC, tal y como eran antes del fatídico 05 de junio de 2009 que permita a los visitantes locales y foráneos conocer de la vida, las aspiraciones, los juegos y la personalidad en su conjunto de cada uno de nuestros infantes, omitiendo cualquier referencia a la forma infame y trágica en que sus vidas fueron segadas o deterioradas.
G) La institución, mediante reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, del 05 de junio de cada año, como día luctuoso nacional.
H) La expedición de una Ley General de Estancias Infantiles, que regule y controle la operación, funcionamiento y medidas de seguridad, en las guarderías infantiles que operan en el país, no sólo las de prestación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino las del ISSSTE, Fuerzas Armadas, SEDESOL, la de los gobiernos estatales y ayuntamientos, proscribiendo la subrogación a favor de particulares distintos de padres y madres con hijos en estancias infantiles.
Los anteriores, son los puntos mínimos por los cuales pugnamos, y que constituyen nuestro reclamo de justicia.
ATENTAMENTE
MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO


Recordarán en 18 estados tragedia de guardería ABC
A un año de la tragedia, los padres que integran el Movimiento por la Justicia 5 de Junio convocan a soltar globos blancos a las 14:45 horas del próximo sábado, hora en que inició el fuego en la guardería que dejó 49 decesos.
Notimex
Publicado: 01/06/2010 15:56

Hermosillo, Son. Al menos 18 estados del país se han unido a la convocatoria para desarrollar diversas actividades para la conmemoración del primer aniversario del incendio en la guardería ABC, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dejó 49 menores muertos y más de 75 lesionados.
El Movimiento por la Justicia 5 de Junio convocó a la comunidad de otras entidades del país, así como de otros países, a unirse a la conmemoración de la tragedia en la estancia infantil.
De esa manera, hasta ahora en diversas ciudades de 19 estados del país, incluso Sonora, se realizarán vigilias, misas y otras actividades para recordar el siniestro, ocurrido el 5 de junio del año pasado.
En Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal, Morelos, Coahuila, Quintana Roo, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Yucatán, Nayarit, Baja California y Chiapas habrá actos conmemorativos.
Como parte de la solidaridad, los padres que integran el Movimiento por la Justicia 5 de Junio convocó a soltar globos blancos a las 14:45 horas del próximo sábado, hora en que inició el fuego en la guardería.
Asimismo, a la misma hora replicarán las campanas en las iglesias, en memoria de los 49 menores que fallecieron y por la recuperación de los sobrevivientes que presentan lesiones.
La convocatoria incluye también colocar altares con 49 veladoras por los niños fallecidos y una por los heridos frente a las oficinas del IMSS y de la Procuraduría General de la República (PGR) en cada localidad.
También se pide emitir comunicados de prensa para exigir justicia para las víctimas del incendio en la guardería ABC, además de enviar videos a los padres de los menores con mensajes de solidaridad.
Por otra parte, hoy iniciaron las actividades conmemorativas del primer año del siniestro en la estancia infantil y esta tarde se realizará la muestra de videos A un año de la tragedia, en tanto que mañana habrá un evento cultural.
El 3 de junio está prevista la realización del foro Los derechos de los niños y niñas, una asignatura pendiente y el viernes habrá presentación de libros, una tocada de grupos musicales y una vigilia por los 49 menores que fallecieron.
El 5 de junio, las actividades iniciarán con una misa, para seguir con un homenaje a los menores, a las 14:45 horas, en las instalaciones de la extinta estancia infantil, para finalizar con una marcha y una celebración ecuménica.
Guardería ABC, otro crimen sin castigo
PAULINO CÁRDENAS
Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría por pronunciarse sobre las responsabilidades de gravedad del caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, decisión con la que muchos creerían que pudieran iniciarse procesos judiciales contra los presuntos responsables de la tragedia, la realidad es que todo parece indicar que la muerte de los 49 bebés muertos y los 75 que resultaron con daños irreversibles, acabará quedando cubierto por el vergonzante manto de la impunidad.
Sería otro crimen sin castigo, porque lo que dictamine la Corte no es vinculatorio con lo que pudieran hacer o no en este caso las autoridades. Es decir es una suerte de dictamen que no obliga a ninguna autoridad a iniciar un proceso de cualquier tipo, incluso penal, contra los involucrados, y de acuerdo a la Constitución sólo constituye un informe en el que se mencionan las personas que estuvieron involucradas en los hechos. De esta manera, es muy probable que los presuntos culpables pudieran seguir en la impunidad.
A un año de los trágicos acontecimientos que se cumple mañana sábado, ningún alto funcionario ha sido castigado pese a que el ministro encargado de la investigación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó que sí se registraron violaciones graves a las garantías de los inocentes. Su dictamen pasará a votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Para que la resolución sea aprobada, se requieren los votos al menos seis de los once ministros. Hay 19 señalados como presuntos culpables.
En este mismo mes los ministros habrán de pronunciarse sobre el caso, y se sabrá así si La Corte aprueba el dictamen del ministro Zaldívar. Aún en caso afirmativo ello no es garantía para que pudieran iniciarse procedimientos jurídicos contra los presuntos responsables. Los señaldos son el ex gobernador, Eduardo Bours Castelo, así como quien fuera su secretario de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez, y su titular de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani. También está en la lista el ex alcalde Ernesto Gándara.
Por parte del gobierno Federal se halla el ex director general del IMSSS y actual titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas. El ministro Zaldívar añadió en la lista al actual director del IMSS, Daniel Karam, quien tomó posesión después de la tragedia cuando el otorgamiento de las concesiones de la gurardería ya estaban dadas. Es probable que además de Molinar Horcasitas, en las indagatorias pudiera incluirse al también ex director del Seguro Social, Santiago Levy.
Hay otros funcionarios señalados, como el ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, y la ex coordinadora de Guarderías, Carla Rochín, quienes fueron cesados de su cargo un mes y medios después del siniestro. A esta última se le vincula con la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
El pasado miércoles por la tarde el presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos a un grupo de padres de los niños que fallecieron en el incendio y de los que salvaron la vida pero quedaron marcados para siempre con quemaduras y afectados de sus pulmones por aspirar aire caliente. Hubo quienes decidieron no asistir a la casa presidencial porque dijeron que el Presidente no ha mostrado voluntad para resolver el caso y menos para castigar a los verdaderos culpables.
Al final de la reunión en Los Pinos se anunció que Calderón si asistirá a Hermosillo próximamente, reclamo que le venían haciendo los deudos de los bebés desde hace casi un año. Parte de quienes declinaron la invitación exigen la destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno presuntamente culpables de la tragedia.
Muchos apuestan a que, conociendo la forma de cómo se hace justicia en México, el caso de la guardería ABC acabará quedando bajo el abominable manto de la impunidad. Sería otro crimen más sin castigo.
Subrogación, causa del incendio en la guardería ABC: Gustavo Leal
El repliegue del Estado en el servicio provocará más percances, advierte
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 7
La subrogación de guarderías atenta contra la calidad del servicio que se ofrece a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y es la causa directa del incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, aseguró Gustavo Leal Fernán- dez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco.
Advirtió que con el esquema de contratación de terceros, “nos encontramos ante el repliegue estratégico del Estado de su obligación de garantizar la calidad de los servicios prestados, con lo que deja en manos de particulares toda la responsabilidad de lo que ocurra en los inmuebles.
“Por si fuera poco –señaló–, el instituto impone cada vez más requisitos que restringen las posibilidades de los empresarios para garantizar la calidad y seguridad de los niños.”
En entrevista, el especialista y colaborador de La Jornada resaltó que la comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar si en Hermosillo hubo grave violación de las garantías individuales tendrá que incorporar en su indagatoria el objeto planteado en su protocolo de trabajo, respecto a analizar y verificar el sistema de guarderías, así como hacer un diagnóstico de las normas jurídicas y la situación de las estancias.
Así, la comisión tendría que concluir que la subrogación es la causa directa de la muerte de 49 niños y las lesiones de decenas más que se encontraban en la guardería ABC el 5 de junio de 2009.
“Es más –advirtió–, ese modelo será la causa de eventuales percances en cualquiera de los inmuebles del país, aun cuando el IMSS se haya deslindado de cualquier obligación con las pólizas de responsabilidad civil que impuso como requisito a los prestadores que quisieron renovar sus contratos a partir del primero de enero de 2010.”
Mañana, informe de la SCJN
La comisión investigadora de la SCJN presentará este lunes su informe final. En la misma sesión se designará al ministro que elaborará el dictamen, el cual será sometido a la consideración del pleno del máximo tribunal del país.
Leal Fernández comentó que aunque durante el proceso de investigación los magistrados se han reunido en diversas ocasiones con los padres de los niños fallecidos en el incendio, los cinco informes preliminares prácticamente no han abordado el tema de la subrogación.
Aunque los magistrados cuentan con los mil 500 contratos y los están examinando, se han enfocado en el tema de la protección civil. El riesgo es que el informe final se limite
“Significaría –señaló– que los culpables serían el cuerpo de bomberos o el gobierno del estado y sus funcionarios, lo cual estaría acorde con los deseos del director del Seguro Social, Daniel Karam.
Y es que –apuntó–, lejos de replantear el modelo del servicio de guarderías del instituto y reimpulsar a las del régimen ordinario –cuyo crecimiento está detenido–, el funcionario mantuvo para este año la contratación de particulares, quienes debieron cumplir mayores requisitos y costos.”
Recientemente, el investigador publicó el libro Guarderías, en el que documenta la degradación en el sistema de estancias del IMSS, particularmente a partir del gobierno de Vicente Fox, a quien señala como el primer responsable del accidente de Hermosillo, por haber respaldado el proyecto elaborado por Santiago Levy, el ex director del IMSS, aun en contra de las voces que en aquel momento advirtieron que se estaba poniendo en riesgo la seguridad y el desarrollo sicomotor de los niños.
“De igual forma –destaca Leal–, son corresponsables el gobierno de Felipe Calderón y el ex director del IMSS Juan Molinar, así como Daniel Karam. Lo que hemos visto en 10 años de panismo es que sus modelos más baratos no sólo no amplían la cobertura ni mejoran la calidad de los servicios, sino que son un auténtico peligro para la seguridad de los menores. Creo que es suficiente con lo que hemos vivido. Lo que se necesita son propuestas para que con el mismo dinero se logre mayor eficacia, subrayó.
El libro Guarderías, que esta semana será presentado en Hermosillo, como parte de las actividades que organizaciones civiles y los padres de familia de la guardería ABC organizan después de ocho meses de la tragedia, incluye información sobre la calidad de las estancias changarro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y de las que dependen del ISSSTE.
Sobre las primeras, Leal Fernández advirtió que son 8 mil establecimientos donde se encuentran 230 mil niños, quienes están en una condición de peligro mayor que los del IMSS. La causa es que esas estancias de Sedeso son espacios habilitados con muy pobre capacitación de los responsables de atenderlos.
CARTA DE ABRAHAM FRAIJO A SU HIJITA EMILIA.
Changuita pedorra:
El tiempo pasa y tus palabras siguen sonando dentro de mí como si fuera aquella tarde en la que te fuiste…. “te pongaste triste tu? No estés triste tu, mañana en la tarde vengo por ti…” fue lo último que me dijiste, hoy a casi un año, sigo esperando que vengas por mí. Sigo dejándome la barba crecer, esperando por ti para hacerte cosquillas en tus apestositos, llega el fin de semana y me doy cuenta que no vendrás, y tengo que rasurarme, como nos reíamos, sigo esperando nuestro saludo de compitas, esele mi changa!! Esele mi sholate!! Sigo esperando que llegues y mientras estoy en la computadora distraído, llegues, me preguntes que estás haciendo y mientras te doy una muy distraída explicación de lo que estoy haciendo, escondes tus manitas detrás de ti presionando el botón de encendido hasta que la computadora se apaga, y cuando vez mi reacción te hechas a correr riendo a carcajadas, y ya no me queda más que reír también…
Extraño que cuando haces una travesura, y estoy a punto de darte una nalga, y tu con tus ojos, esos ojos que me vieron desde el momento en que llegaste, me robaron el corazón, me decías, “tu tienes muchas nalgadas guardadas verdad?” y ya no me quedaba otra mas que reír, te extraño tanto….
La yoko y el chipotle también te extrañan (los perritos de tu maga)… pues entre semana nunca los podía bajar de mi cama, y solo cuando tu llegabas se desaparecían, en especial el chipotle pues es tu favorito, y se que es tu favorito pues unos días después de tu cuarto cumpleaños se fue contigo, tenia que andar siempre detrás de ti pues tu amor es tan efusivo que me daba miedo que los asfixiaras por la forma en que los abrazabas, y por supuesto que a ellos también les dabas miedo, extraño verte por el retrovisor del carro, brincando, bailando y riendo, mientras escuchamos a los fabulosos cadillacs, o alguna otra banda…
Extraño decirte que eres hermosamente fea, mientras tus ojos me miran, tan grandes, tan brillantes, tan llenos de inocencia, como si estuviera diciendo la cosa mas interesante que jamás hayas escuchado, extraño los maratones de películas…. Monster Inc. Todo el día, y bailar con el intro a ritmo de jazz que tanto te gusta, extraño que llegue la noche, y decirte…. Emilia se va a bañar, y que te pongas histérica gritando que ya te bañaste, después del baño acostarnos, y que te metas en mi axila como si fuera el mejor refugio que pueda existir, aunque a media noche te acomodes mejor con todo tu cuerpecito sobre mi cabeza…
Extraño levantarnos tarde, y desayunar juntos, ahora a casi un año, nada sabe igual, pues ya no hay batallas campales para que te termines tu comida, o que discutamos porque la comida de tu mama sabe mejor que la que yo preparo, extraño que me cantes esa canción que inventaste para saludarme, “hola, hola!! Como estas tu!!? (aun me sorprende que inventaras esa canción solo para saludarme..) pero lo mejor fue que me cantaras eso con la interpretación del moustro del gorro rosa, como tu decías…
Ahora a casi un año que no puedo besarte, olerte, cambiarte, regañarte, explicarte las cosas, platicar, jugar, caminar, hacerte cosquillas hasta que con un beso hacías que dejara de hacerte cosquillas, aquí estoy changuita, con las manos temblorosas, con lagrimas en los ojos, sin sueño, triste, con mucho miedo, sigo esperando que llegues, como me lo dijiste.. sigo esperándote…
Tu sabes que lo que estamos haciendo es para que ningún otro chaparrito sea separado de sus padres como nos sucedió a nosotros mi pequeña gran gigante, no se si lo estoy haciendo bien o mal, solo se que lo tengo que hacer, pues espero que el día que vengas por mi, poder abrazarte y decirte que hice todo lo posible porque tu partida, que nos duele tanto mi amor, sirva para que nadie mas tenga que pasar por lo que nosotros estamos pasando mi pequeñuela… y que tu me mires de la misma manera que siempre me veías, con esos ojos tan llenos de orgullo, que me hacen sentir el hombre mas importante de la tierra…
Yo sabia, desde el momento en que tu mama me dijo que estábamos embarazados, que tu serias alguien muy importante en México mi amor, siempre te imagine en un escenario cantando como tu madre, o como una gran pintora o escultora, escritora, o algo por el estilo, tu sabes lo mucho que me duele no haberme equivocado sobre lo importante que eres para este país, hay mi changuita pedorra, siempre dando sorpresas….
A casi un año mi amor, sigo aquí, esperándote, solo espero ser digno de poder verte a los ojos y ver que me miras con el mismo orgullo de siempre, y que me abraces de la manera en que solo tu puedes hacerlo….
Tu sholate.

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