OAXACA, LA IMPUNIDAD CACIQUIL PRIISTA

La estrategia paramilitar en Oaxaca
¿Qué enseñanzas sacar de esta nueva infamia?

Héctor Gómora
Rebelión


Después de varios días en espera de más sucesos, es tiempo de hablar de esta nueva infamia ocurrida en suelo mexicano, para tratar de sacar el claro algún aprendizaje muy necesario.
Y se trata además de un tema muy, muy importante, porque pone de relieve la increíble situación que prevalece en este país, donde un grupo de rufianes de la peor ralea puede cometer sus fechorías en forma pública sin que NINGUNO de los poderes ejecutivos que juraron cumplir y hacer cumplir la ley haga algo al respecto. Se trata de sucesos que siempre me hacen decir: “si esto hubiera sucedido en Cuba o Venezuela, ya me imagino el escándalo”. Pero no: sucede en nuestras “democracias”, así que los medios son bastante discretos al respecto.
Me refiero a lo que está sucediendo en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región de la etnia triqui de Oaxaca. Esta comunidad trata de ser libre y organizarse en forma autónoma, y como resultado es objeto de un criminal hostigamiento por un grupo armado, vinculado con las fuerzas oligárquicas aliadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna el estado. Es necesario efectuar un análisis, aunque sea somero, de este asunto y cómo nos muestra algunas de las tácticas de los sistemas dictatoriales…tengan o no una fachada democrática.
Como siempre, existen un proceso y un contexto históricos.
Desde hace mucho tiempo las zonas rurales y de importante población indígena han sido sojuzgadas por el PRI, fruto de las siete décadas en las que esta burocracia política usurpó el poder en México. Los intentos de rebelión han sido siempre duramente reprimidos, como se constató en las insurrecciones de Genaro Vázquez o Lucio Cabañas.
En la región triqui, concretamente, los deseos de cambio han permeado en una parte importante de la población, y cuando eso sucede el sistema de poder empieza a actuar. Como las condiciones no siempre permiten una represión directa, se recurre a estrategias alternas bien conocidas, basadas en una premisa: dividir.
Siempre existe algún porcentaje de gente corrompida, dispuesta a alquilarse hasta para las acciones más viles. Ya sea en sindicatos, grupos en huelga, movimientos diversos y comunidades, siempre se localiza y estimula a los grupos más proclives a corromperse, porque de esa forma se logran dos cosas: introducir una cuña que ayude a debilitar y fragmentar al movimiento, y apoyar a la propaganda a trabajar su tesis clásica: el movimiento está dividido, los radicales son unos cuantos y la mayoría quiere una solución pacífica y razonada. Desde luego, dicha solución “pacífica y razonada” siempre coincide con lo que plantea el gobierno; y la postura “radical”, con las demandas originales del movimiento.
Esta cuña formada con elementos corruptos tiende a funcionar así en huelgas o similares, de tipo sectorial; pero cuando se trata de movimientos regionales, la estrategia se concentra más en la represión, pero si no se dispone de pretextos claros para ejercerla a través de la violencia legal (ejército y cuerpos policiacos), se crean fuerzas especiales, oficialmente ajenas al gobierno, que se encargan del trabajo sucio. Ejemplos de esto en México son la Brigada Blanca y los Halcones, que en los setentas realizaron asesinatos y represiones, así como los grupos paramilitares, que en los últimos quince años han sido la principal estrategia del sistema de poder en este país.
Fue desde la Masacre de Acteal (1997) cuando la existencia de bandas paramilitares en Chiapas se divulgó ampliamente…en algunos pocos medios. Se supo de Paz y Justicia, grupo que realizó la matanza, junto con otros como Mira, Los Chinchulines, Máscara Roja, Los Degolladores, etc. Se ha llegado a señalar hasta diez u once grupos paramilitares operando en diferentes regiones de Chiapas. Todos ellos con la tarea de asesinar, agredir y en general atemorizar a la población.
Desde luego, el gobierno siempre ha negado su vinculación con estos grupos, pero nunca faltan investigaciones que paulatinamente arman el rompecabezas. Un capítulo relevante ocurrió el 3 de enero de 1998, cuando la revista Proceso dio a conocer un documento hasta ese momento secreto: el Plan de Campaña Chiapas 94, elaborado por el ejército, donde se dice, claramente, que el objetivo era aislar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), destruyendo sus bases de apoyo (la población civil que estaba de su lado) y que para ello se requerían fuerzas locales de autodefensa. De no existir tales fuerzas –decía el Plan-, “es necesario crearlas”. Para ello, los servicios de Inteligencia Militar debían organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos “caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones”. Hubo plena coincidencia entre estos planteamientos y las acciones de las bandas paramilitares, así como de sectores del ejército como la Fuerza de Tarea Arco Iris (1995-1998), que estaba bajo el mando del general Mario Renán Castillo (1995-1997), razón por la cual es señalado como asesino, como uno de los principales responsables logísticos de los crímenes realizados contra la población civil.
En tales acciones está la raíz de tantos desplazados, gente que tuvo que abandonar sus casas huyendo de estos asesinos (la Masacre de Acteal fue el ataque a un campamento de desplazados), provocando una crisis humanitaria que aún persiste, pues hasta la fecha muchos no han regresado porque los paramilitares siguen ahí, en total impunidad.
Además de Chiapas, la estrategia de las fuerzas locales “de autodefensa” se aplica en otras partes. Ahora está trascendiendo (de nuevo, en algunos medios) la actuación de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui, o Ubisort, grupo creado en 1994 –en plena estrategia paramilitar chiapaneca- y estrechamente ligado al PRI. Su acción mantiene bajo un régimen de ocupación al municipio autónomo de San Juan Copala. Algunas de sus acciones han sido:
1. El 28 noviembre de 2009 impidió la llegada de la delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Los diarios de la capital del estado afirmaron que el municipio autónomo había llegado a su fin; y en plena concordancia, la Ubisort nombró agente municipal a Anastacio Juárez, hermano del líder, Rufino Juárez. Las autoridades municipales desmintieron reiteradamente esa versión, pero la campaña continuó.
2. El 29 noviembre dispararon contra el edificio municipal y el albergue infantil, donde un niño perdió la vida y otros tres fueron heridos.
3. Ese mismo día instaló un retén para cercar a la comunidad.
4. El 10 de diciembre de 2009 sus hombres armados desalojaron a las autoridades del municipio autónomo. El 10 de marzo mujeres y niños aprovecharon un descuido y retomaron las instalaciones.
5. Como respuesta a la retoma del municipio, la Ubisort realizó un ataque con armas de fuego contra la comunidad, hiriendo a una mujer y provocando la huida de varias familias, así como el cierre de escuelas, del centro de salud y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
6. Estableció un cerco para impedir la llegada de agua, alimentos y demás elementos de subsistencia.
“¿Y qué hacían los gobiernos estatal y federal? Simplemente, nada.
Como respuesta a esa crítica situación, organizaciones defensoras de los derechos humanos organizaron la llamada Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, que incluía observadores extranjeros. Entonces, de nuevo lo insólito que en México es cotidiano. El dirigente de la Ubisort, Rufino Juárez, advirtió en conferencia de prensa y por radio que no iban a permitir llegar a la caravana, y que sus miembros se atuvieran a las consecuencias.
Si el solo anuncio indigna a quien –como dice Tomás Mojarro- no ha perdido la capacidad de asombro e indignación, ni qué hablar de que tal amenaza sea cumplida. El 27 de abril, ya cerca de su destino, la caravana fue objeto de un ataque con armas de fuego por parte de sujetos embozados vistiendo uniformes verde olivo.
Como resultado murieron dos personas: Beatriz Alberta Cariño, miembro destacado del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y el finlandés Tyri Antero Jaakkola, colaborador del colectivo Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad. Otros fueron sojuzgados e interrogados por los agresores, que los hicieron caminar a través de la montaña. Otras personas –incluso algunas heridas- sobrevivieron huyendo a través del monte y escondiéndose más de un día, tiempo durante el cual se reportaron como desaparecidos. Entre ellos estaban la reportera Érika Ramírez y el fotógrafo David Cilia, de la revista Contralínea, quienes cubrían el recorrido. Estaban además otros observadores extranjeros: Viris Jacola y Meni Morne, de Finlandia; David Casinori, de Italia; Martín Santana, de Bélgica. También figuraban los oaxaqueños David Venegas, David Arellano y Rubén Valencia.
Finalmente fueron sólo dos las víctimas mortales…suficiente para catalogar este hecho como una infamia que amenaza con quedar impune como tantas otras.
Luego del cobarde ataque a la caravana el 27 de abril, como cabía esperar, la Ubisort se deslindó del mismo y hasta acusó a las víctimas de preparar un autoatentado. Desde luego, considerando la magnitud que alcanzaron las cosas, semejante acusación sólo se la creerá quien sea un enemigo declarado e irreconciliable del sano ejercicio de pensar.
¿Y las fuerzas del orden? En las primeras horas la policía reportó no haber localizado aún a las personas desaparecidas…porque los paramilitares sólo le permitieron el acceso por algunas horas. Preciosa forma de solapar un poder local ilegítimo. Y más indignante aún fueron las declaraciones de Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de Seguridad Pública del estado, en el sentido de que no había condiciones favorables para intervenir. “No puedo entrar y enfrentarlos porque habría muchos muertos”.
Aun concediendo que se debe tratar de preservar la vida lo más posible, semejante excusa es inaceptable. Por crudo que suene, ése su trabajo y si la gente a la que se supone debe proteger está siendo asesinada, no puede hacerse a un lado tan cándidamente. Verdaderamente deleznable como pretexto, pero desde luego es parte de la maniobra: dejar que los paramilitares trabajen en paz. Así es siempre. Así se hizo en Acteal. Son de sobra conocidos los testimonios de que durante las varias horas que resonaron los disparos, los soldados de un cercano puesto del ejército no hicieron absolutamente nada.
Volviendo a Oaxaca, también el gobernador Ulises Ruiz, quien con los maestros ya cubrió la cuota de sangre que corresponde a todo gobernador priísta de Oaxaca o Guerrero, actuó dentro de lo que procede en estos casos. Calificó la agresión como un “enfrentamiento” (o sea, dos grupos que se matan entre sí) y manifestó extrañeza por la presencia de extranjeros en una zona de conflicto como ésa.
Tales palabras nos remiten a otra vertiente de la estrategia represiva, que sonó mucho cuando Zedillo expulsó a todos los observadores internacionales para evitar que constataran las atrocidades de ejército y paramilitares en Chiapas. Destacó en esto un programa de la periodista de ultraderecha “Lolita” de la Vega, que llegó en helicóptero a una zona de Chiapas y grabó imágenes de varias personas de tipo extranjero que ahí se encontraban. La falta de rigor periodístico de esta persona llegó al grado de decir en su programa: “¿serán éstos los rostros que se ocultan tras el pasamontañas?” La campaña que se desarrolló desde entonces apuntó a hacernos creer que en Chiapas había intereses extranjeros manipulando a la población…lo mismo que se dijo en 1968.
Por cierto, la revista Proceso publicó en esos días que a esta periodista se le “olvidó” decir que el lugar al cual llegó su helicóptero a hacer sus tomas era una zona donde se concentraban los periodistas de diferentes partes del mundo que cubrían el conflicto chiapaneco.
Lamentablemente mucha gente cayó en este engaño en dos sentidos: primero, que había intereses extranjeros (cuando que los únicos comprobados son los de infames trasnacionales como Repsol, Nestlé, Coca Cola, etc., etc.); y segundo, que el gobierno tenía razón al sacar a los observadores internacionales porque “los mexicanos solitos podemos resolver nuestros problemas”. Es una falsedad porque existen compromisos internacionales, firmados por México, para permitir la entrada de observadores extranjeros; y porque existe un derecho natural para denunciar a quien comete atrocidades contra seres humanos. Pero hay gente deshonesta que usa a veces una cara de la moneda u otra según le convenga. Esa postura de “cero intervención exterior, respeto total a la soberanía de los pueblos”, fue apoyada por quienes años después avalaron las campañas gubernamentales contra el gobierno de Cuba, alegando que la protección de los derechos humanos no admite fronteras.
Por ello, las declaraciones del gobernador de Oaxaca sólo desentierran esa falsedad que a través de los medios fue inoculada como verdad en la mente de muchos mexicanos.
Después del ataque del 27 de abril el terrorismo contra la población triqui no ha cesado.
El 15 de mayo hombres armados de la Ubisort retuvieron por la fuerza a seis mujeres indígenas y seis niños (dos de ellos bebés) de San Juan Copala. Las soltaron luego de 10 horas de tortura psicológica (cortar cartuchos y disparar cerca de ellos) y amenazas de muerte contra toda la comunidad.
El 20 de mayo fue asesinado Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, Cleriberta Castro. Él era uno de los impulsores del municipio autónomo de San Juan Copala y líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), organización que se desprendió del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), del cual el mismo Alejandro Ramírez fue fundador. Muy probablemente es otro caso de pugnas internas generadas por el poder usando a gente corrupta para dividir a las organizaciones independientes. Al respecto, habitantes de la región identificaron a los asesinos como integrantes del MULT.
Alejandro Ramírez ya había sufrido dos atentados a principios de 2006. En el primero murió su hijo Misael Alejandro; en el segundo, el suplente de la agencia de Yosoyuxi. El 7 de julio de ese mismo año, el MULT lo acusó de violar a una niña de 14 años y el 5 de julio de 2007 se le culpó de la desaparición de dos mujeres, aunque ello jamás se comprobó.
Aproximadamente a la misma hora en que fue asesinado Alejandro Ramírez se hicieron disparos en los alrededores de San Juan Copala.
Todas estas acciones tienen un nombre: terrorismo de Estado.
Respecto al Gobierno Federal, baste decir que la primera vez que el ilegítimo que cobra como presidente de México se pronunció sobre los hechos fue el 18 de mayo…veintiún días después del ataque a la caravana. Sus declaraciones, hechas por cierto en una reunión en Madrid con la presidente de Finlandia, se limitaron en esencia a prometer castigo para los responsables y refrendar su compromiso al “esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables con estricto apego a la ley”.
En puerta está una segunda caravana civil humanitaria, llamada “Bety Cariño y Jyri Jaakkola”. Será el próximo 8 de junio y con la misma finalidad de entregar alimentos y víveres. “Las condiciones humanitarias son extremas, por lo que la gente no aguanta más sin agua, luz ni alimentos”, declaró Jorge Albino Ortiz, integrante del MULTI.
Sin embargo, de nuevo el dirigente de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, lanzó su amenaza. Dijo en rueda de prensa que no existen “ni las más mínimas condiciones” de seguridad, y que pueden ocurrir “hechos lamentables” Agregó: “No nos hacemos responsables de lo que les pase. No hay la seguridad para que transite la gente”.
Deberíamos pensar en el hecho de que, aun suponiendo que este maleante no fuera responsable de los ataques, está declarando abiertamente que se trata de una zona sin ley, y que la pasividad de los gobiernos estatal y federal contrasta con la prontitud con la que se interesaron por “restaurar el estado de derecho” en casos como los de Atenco y los maestros de Oaxaca. Nuevamente se confirma que para el poder, estado de derecho es un concepto elástico, maleable y adaptable.
Además, en su conferencia de prensa el líder paramilitar secundó la línea de su patrón Ulises Ruiz, al referirse a los observadores internacionales como gente de “ojos azules y cabellos largos” y agregar que su presencia no a solucionará el conflicto.
Obviamente no…nadie ha dicho eso. El papel de estas personas es presenciar, documentar y divulgar lo que sucede…por ello son tan dañinos para el gobierno y sus sicarios.
Después de las amenazas de este grupo asesino podrían ocurrir nuevos sucesos lamentables el próximo 8 de junio. Habrá que estar atentos.
Es claro que, aunque pasan los años y nos dicen que México está cambiando, la realidad apunta en sentido contrario. Una comunidad como San Juan Copala trata simplemente de lograr independencia, sin plantear revolución alguna ni hablar de cambiar nuestro sistema económico, y de todos modos es objeto de represión y terrorismo por parte del sistema de poder. La razón ya la sabemos: evitar el mal ejemplo. Un sistema de poder autoritario no puede permitir que nadie se le salga del huacal, porque puede provocar un efecto desencadenante. Lo sucedido en Chiapas desde 1994 evidentemente ha dado ejemplo a otras regiones del país y, por principio elemental de conservación del poder, todo aquel que ose levantar la cabeza debe ser aplastado.
Y como siempre, los intelectuales servidores del poder han hecho su parte históricamente. Aún se recuerdan las declaraciones del escritor Carlos Fuentes, quien respecto a la masacre de Acteal acusó al gobierno de “omisión”. Suena contundente y pareciera que el señor está del lado de la justicia, pero no es así. Fuentes es uno de esos intelectuales con careta imparcial –como su tocayo Monsiváis- que sólo critican al gobierno en lugar de denunciar sus acciones. A un criminal se le denuncia, no se le critica. Además, esta crítica llevaba una trampa, porque dijo que la falla del gobierno de Zedillo había sido no actuar, cuando que sí lo había hecho: creó, entrenó y financió a los asesinos.
No es lo mismo decirle al policía que cuida el banco “lo asaltaron porque te descuidaste”, que decirle “lo asaltaron porque estabas coludido con los asesinos”. En el primer caso, el de Fuentes o Monsi, la conclusión es inofensiva: “qué gobierno más inepto”. En el segundo, el de gente como Tomás Mojarro, es la conclusión que el sistema no quiere que se sepa: “el gobierno ejerce terrorismo de Estado”.
Así funcionan estas cosas, pero que esa “rutina” no acabe por convertirse en algo que ya no nos asombre ni indigne. Hagamos lo que podamos: leyendo, divulgando, comentando, contribuyendo a la denuncia... pero ante nosotros la gente, no ante los organismos judiciales que forman parte del sistema y son garantía de impunidad para los asesinos.
En tal sentido, con todo respeto para los involucrados, que seguramente actuaron de buena fe, las cartas a diarios y demás pronunciamientos escritos de personalidades y organizaciones para “exigir” el castigo a los culpables de los crímenes del 27 de abril evidencian que no se ha entendido la realidad, que tenemos enfrente a todo un sistema de poder enemigo apoyado en la fuerza; que una exigencia sólo vale cuando tenemos un poder organizado que la respalde, que el enemigo histórico no se va a cortar las venas por las exigencias de quienes no tienen fuerza para obligarlo a nada que no quiera…y castigar a sus sicarios no está en sus planes.
Con respeto profundo, insisto, comulgo con Tomás Mojarro cuando dice que una rápida mirada a la historia muestra que “exigir” es el verbo que sintetiza la cultura amo-esclavo. ¿Exigirle al enemigo que vaya contra su naturaleza y haga justicia? ¿Acaso no se ha exigido una y otra vez castigo a asesinos, ladrones, especuladores, represores, gobernantes corruptos y varios etcéteras? ¿Y alguna vez el sistema ha hecho caso?
El poder organizado que sustente las exigencias aún tiene que construirse, y mientras hay que trabajar en la forma que podamos, pero con tenacidad y paciencia de hormigas. Vaya mientras un reconocimiento sincero para quienes se han arriesgado hasta lo último por una buena causa. Ellos dejaron de exigir porque entendieron que eso sólo se hace con un gobierno aliado, así que empezaron a trabajar. No los homenajeemos regresando a esquemas que ellos superaron.
Cada uno en lo que pueda, empecemos a trabajar donde ellos se quedaron. Falta mucho por hacer, así que dónde y cómo actuar, sobra. Es cosa de buscar, aprender y crecer…pero sobre todo, cosa de voluntad.
El estado de impunidad

Laura Carlsen
CEPRID


Traducción para (www.ircamericas.org) Marta Sánchez
Al dar vuelta en una curva en una remota carretera del sureño estado de Oaxaca los observadores internacionales de derechos humanos, encontraron el camino bloqueado por rocas. Decidieron que seguir adelante sería peligroso, pero no sabían que dar vuelta, sería mortal. Cuando las camionetas empezaron a dar vuelta, unos hombres armados y enmascarados bajaron de los cerros y abrieron fuego contra los vehículos. Algunas de las personas se dispersaron entre la maleza. Otros tuvieron suerte y esquivaron las balas. Dos fueron asesinados de un disparo en la cabeza –Bety Cariño, del grupo mexicano de derechos humanos CACTUS derechos y líder de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación y el observador de derechos humanos de Finlandia Jyri Jaakola.
Este grupo de activistas pro-derechos se dirigía a la aldea de San Juan Copala en la región indígena Triqui de Oaxaca. Esta aldea está sitiada y aislada por paramilitares locales pertenecientes a un grupo llamado UBISORT, al parecer fundado por el partido del gobierno estatal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La caravana incluía periodistas, activistas de Oaxaca y observadores internacionales de derechos humanos que conocían los riesgos, pero decidieron llevar a cabo la misión porque en eso consiste la tarea de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. La vida de los aldeanos estaba en juego y el permitir que un pueblo sea tomado como rehén por un grupo armado ilegal, sin que nadie levante la voz, sienta un precedente peligroso para la sociedad.
Los asesinatos de quienes defienden los derechos indígenas y sus recursos, son comunes en la región Triqui -decenas de personas han sido asesinadas, incluyendo, en 2008, dos mujeres de la estación de radio comunitaria de San Juan Copala. Después de un jefe paramilitar amenazó al grupo para que se abstuvieran de entrar a territorio controlado, los líderes del grupo de defensores dieron aviso al gobierno del estado de las amenazas recibidas. El ataque tuvo lugar en las mismas narices del gobierno del estado y con conocimiento previo de los riesgos anunciados.
Reciclaje de la Violencia
¿Cómo se convirtió en un torbellino de violencia un pueblo perdido en la Sierra Madre?
La región Triqui ha padecido una cuota mayor de conflictos violentos. La mayoría de los investigadores se refieren a las últimas décadas de conflictos entre grupos de triquis que se dividen en facciones enfrentadas con frecuencia alarmante. Pero esta situación tiene mas alcances. Desde la época prehispánica, las comunidades Triquis se han visto atrapadas en un ciclo de violencia alimentada por el despojo de recursos, la rebelión y la represión. El mismo patrón se repite a través de cada etapa de su sangrienta historia, como lo documenta ampliamente un reciente estudio realizado por el abogado e investigador mixteco Francisco López Bárcenas.
El ciclo pudiera haber sido detenido o al menos atemperado si en algún momento el gobierno hubiera cumplido con el mandato de administrar justicia a los pueblos indígenas de la región. En cambio, el gobierno sofocó las rebeliones al tiempo que los intereses externos desangraban la región. En 2007, el pueblo de San Juan Copala, se separó de un gobierno que eludió proteger a su pueblo y se declaró municipio autónomo. La represión al pueblo aumentó.
Estado de Impunidad
Para entender cómo, un grupo armado pueda atacar con intención de matar a un grupo de activistas internacionales de derechos humanos y esperar salir impunes, es imprescindible conocer esta historia. Mantos de impunidad y de injusticia han cubierto los crímenes en Oaxaca desde hace años.
Oaxaca no es un Estado común. En 2006, los oaxaqueños tomaron la capital del estado exigiendo la destitución del gobernador Priista Ulises Ruiz. Durante casi seis meses, un movimiento sin precedentes de maestros sindicalizados, amas de casa, estudiantes, indígenas, campesinos y una variedad de otros sectores de la sociedad tomaron la ciudad. La policía federal fue enviada para retomar el control al tiempo que gobernador del estado se mantenía escondido, negándose a dimitir. Durante esos sangrientos meses, 26 miembros del movimiento de protesta fueron asesinados y cientos más capturados, golpeados y sometidos a tortura psicológica.
En 2008 fui a Oaxaca como miembro de una delegación internacional de derechos humanos que obtuvo testimonios de las violaciones de derechos humanos en el estado de Oaxaca. Nuestro equipo se instaló en un salón de una iglesia y en cuanto abrimos las puertas nos llovieron las quejas. En cuatro días llevamos a cabo más de 150 entrevistas que dibujaron un panorama de crisis en los derechos humanos, acompañados por una impunidad total con respecto a acciones cometidas por el Estado.
Escuchamos testimonios conmovedores y a menudo entre lágrimas. No se trataba de delitos menores. Algunos relatos se remontan a la represión de finales de 2006, con informes de manifestantes conducidos con los ojos vendados a un helicóptero donde les decían que serían arrojados al Océano Pacífico –práctica común durante la guerra sucia de México de los años setenta, y copiosos recuentos de sucesos mas recientes acerca de líderes de base de asesinados o desaparecidos por todo el estado, incluyendo el caso de dos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario, quienes hasta hoy permanecen desaparecidos, pese a los esfuerzos de una comisión de mediación establecida por el Congreso. La Comisión ha apuntado absoluta falta de voluntad política por parte del gobierno federal para resolver el caso.
El público ha perdido la confianza en el gobierno para la protección de sus derechos. Cuando nos reunimos con la comisión estatal de derechos humanos, el comisario manifestó su voluntad de investigar todas las quejas, pero dijo que la comisión había recibido muy pocas. La razón no fue difícil de encontrar. Cuando preguntamos a los quejosos si habían denunciado sus casos, por unanimidad nos contestaron que no, argumentando que nunca pasarían la barrera de un gobierno estatal, cómplice mismo de los delitos.
El asesinato del periodista estadounidense Brad Will es, tal vez, el caso más conocido y un ejemplo clásico de la forma como la impunidad funciona en el estado. Bajo presión internacional, el estado inició una investigación que desembocó en la nada, a pesar de que la evidencia forense y testigos oculares implicaban a sicarios vinculados con el gobierno local. Después, increíblemente, arrestaron a uno de los miembros del movimiento de protesta por el asesinato de Will, a quien tuvieron que dejar libre cuando la presión internacional se incrementó denunciando que hacer de la justicia una farsa era aún peor que no hacer justicia, con esto, el caso regresó a su punto de partida – la impunidad.
La Suprema Corte de México determinó que Ruiz era responsable de violaciones graves de los derechos humanos en Oaxaca en el levantamiento de 2006. Pero no se le fincaron ni cargos criminales ni se iniciaron procedimientos de destitución.
Este último ataque repite tanto los ciclos históricos como los contemporáneos de la violencia. Gente de fuera, codician una vez más la región Triqui. Ahora son intereses mineros los implicados y las poblaciones indígenas autónomas se interponen en el camino de sus intereses. Poner a la caravana en la mira de su ataque buscaba expresamente deshacerse de los líderes del movimiento popular opositor al gobierno del estado y los movimientos para la protección de los recursos naturales. Bety Cariño era uno de los líderes más activos del estado del movimiento contra la minería y de la defensa de los derechos indígenas.
Derechos Humanos y la indiferencia de los Estados Unidos
La emboscada del 27 de abril logró sacudir a una nación acostumbrada a la violencia en las noticias. La cuota de treinta o más víctimas diarias de la Guerra Contra las Drogas ya es un recuento habitual en México. Pero el cálculo de agresiones contra una misión de derechos humanos transpuso alguna línea invisible. Miembros del Parlamento Europeo, la Embajada de Finlandia, y el Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas han exigido una investigación completa. El gobernador Ruiz, exhibiendo la característica de arrogancia de su gobierno, anunció que iba a llevar a cabo una investigación -de los documentos de inmigración de los extranjeros en la caravana.
Las violaciones a los derechos humanos en México han sufrido una escalada ascendente en los últimos años. A partir del lanzamiento de la guerra contra las drogas, las quejas contra las fuerzas armadas se han incrementado en seis tantos. Las muertes de civiles han aumentado en el contexto de la militarización, y la nación se enfrenta a una crisis de confianza en la capacidad –o voluntad- del gobierno para proporcionar la mas elemental seguridad humana.
El Departamento de Estado estadounidense ha ignorado esta crisis para justificar su apoyo a la fallida guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón. Las ayuda para la Seguridad a México, bajo la Iniciativa Mérida, establecían como requisito la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos al Congreso de los Estados Unidos, que mostrará avances para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas, terminar con la tortura, y avanzar en la investigación del asesinato de Brad Will. El Departamento de Estado postergó la presentación del informe hasta el año pasado cuando sometió un informe sin demostrar progreso alguno y simplemente interpretó el requisito como la simple elaboración de un reporte.
La ayuda de Seguridad a policías y a fuerzas armadas que violan sistemáticamente los derechos humanos sólo refuerza el sistema de violaciones. La capacitación en derechos humanos por corporaciones estadounidenses no harán ninguna diferencia en la ecuación—obviamente el problema no es la falta de capacitación, sino la falta de voluntad política. Mientras las mismas fuerzas políticas que cometen las violaciones reciban apoyo y ayuda, son incentivados a continuar con prácticas que dañan a la sociedad y destruyan vidas.
México está hoy frente a una disyuntiva crucial. Sus frágiles instituciones se han visto sacudidas por la respuesta inadecuada al fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y por la desigualdad y la injusticia de la vida cotidiana. El sistema de justicia sigue amarrado a los intereses de un débil gobierno federal que tiene temor a la protesta popular y a los gobiernos estatales y locales, en casos como Oaxaca, controlados por déspotas. La corrupción que emana de los carteles de la droga, robustece la impunidad.
México puede asumir el reto de fortalecer sus instituciones democráticas, o puede retroceder a gobernar por la ley de la fuerza y el autoritarismo. El rígido y estrecho enfoque del gobierno de los Estados Unidos que sólo contempla asuntos de seguridad, ignorando las sistemáticas violaciones de a los derechos humanos fomenta lo anterior. Este gobierno debería centrarse en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional al interior de sus propias fronteras y canalizar su ayuda a México para proyectos de desarrollo que fortalezcan los derechos humanos, el empoderamiento ciudadano, y la construcción de paz y bienestar.
Los grupos internacionales deben tomar medidas
Una reciente carta de las organizaciones mexicanas establece lo siguiente:
“Repudiamos esta agresión, sin precedentes en nuestro país, y fincamos esponsabilidades en el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y los líderes políticos de la UBISORT organización causante del clima de violencia en la región. Exigimos que los responsables de este atentado sean castigados. También exigimos garantías para la seguridad y las vidas de los sobrevivientes de la caravana; el cese inmediato de todos los actos de agresión contra el Municipio Autónomo de San Juan Copala, sus funcionarios locales, y sus habitantes; la inmediata retirada del bloqueo alrededor del municipio, y el respeto del derecho a la libre determinación de todos los pueblos. Rechazamos la utilización de la violencia como un pretexto para la militarización de la zona Triqui y demandamos que pongan fin a las acciones de grupos paramilitares”.
Las organizaciones internacionales y personas interesadas deberían seguir el ejemplo de los firmantes de esta carta y demandar una investigación completa. El papel del gobierno del estado de Oaxaca con Ulises Ruiz debe de aclararse fehacientemente. La impunidad no es solamente una ausencia de justicia y su debida sanción; es una incubadora de violencia y de delincuencia. Cuando la impunidad se convierte en política de Estado, el Estado de Derecho se desmorona. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y ciudadanos debemos exigir–en nombre de Bety, Jyri, y los otros miembros de la delegación– que los asesinos que llevaron a cabo este ataque vil así como sus cómplices, sean presentados ante la justicia. Cualquier acción menor a una explicación completa y la aplicación de la ley en el caso del ataque de San Juan Copala, permitirá que la violencia continúe y se sume una mancha más al ya catastrófico historial de derechos humanos de México.
"El partido de gobierno cambió en 2000, pero la oligarquía y la violencia institucional son las mismas"

Luis Martínez Andrade
El Columnista


La periodista Laura Castellanos presentó en París la versión en francés de su libro México Armado 1943-1981, publicado por la editorial Lux Editeur bajo el título Le Mexique en Armes, Guérrilla et contre-insurreccion 1943-1981. La obra fue presentada en la Feria del Libro Libertario en París realizada en días pasados. El libro narra el proceso de radicalización de una treintena de guerrillas que actuaron de 1965 a 1975 en México, y sirve para comprender nuestro presente. Tuve oportunidad de charlar con la autora de algunas cuestiones sobre violencia de Estado que se viven en México. A continuación, la entrevista:
- ¿Cuáles serian las diferencias entre la violencia de Estado practicada por el régimen priista y la aplicada por los gobiernos panistas?
Existe una continuidad puesto que finalmente es el mismo Estado. Es decir, cambió el partido en el 2000 en México, pero la oligarquía sigue siendo la misma. Retomo al respecto la definición que el historiador Carlos Montemayor utilizaba para referirse a “la violencia institucional”, pues la comprendía no sólo como la desaparición forzada, la represión y tortura, sino como un entramado de mecanismos diversos. Esto sucede, por ejemplo, en el terreno de la impartición y procuración de la justicia. Se aplica en los procesos jurídicos contra opositores, como ha sido el caso de los activistas de Atenco, condenados a penas mayores que a las que ha sido sentenciado cualquier narco o asesino en el país. Montemayor decía que también la “violencia institucional” significa la negación del acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación, entre otras necesidades básicas. Estos son otros tipos de violencia generados por el sistema neoliberal.
Por otra parte, cabe observar cómo esta “violencia institucional” genera otro tipo de violencia, en este caso popular. Montemayor cerraba su tesis afirmando que la violencia popular brotaba, precisamente, para acabar con la violencia institucional, y no a la inversa. En otras palabras, la “violencia institucional” crea las condiciones para que emerja una “violencia popular”.
- Existen un pensador de origen martiniqués llamado Frantz Fanon que estudió el proceso de subjetivación en los pueblos colonizados en la década de los cincuenta, concretamente Argelia y Túnez, y mostraba que existe una respuesta violenta a la violencia estructural o institucional –en muchos casos económica– que en algunas ocasiones pude tomar formas abyectas pero en otros momentos juega un papel muy importante en los procesos revolucionarios. ¿En qué lugar ubicarías a la violencia de los grupos eco-anarquistas en México?
Los grupos eco-anarquistas mexicanos –fenómeno relativamente nuevo–, aparecen en el país en 2007 y han tenido un crecimiento ascendente. Ellos ejercen la acción directa, es decir, sabotajes en contra de lo que representa al sistema capitalista que explota al hombre, animales y a la naturaleza. Cabe advertir que no todos los grupos anarquistas están de acuerdo con la “acción directa”, entendida ésta, por ejemplo, con la colocación de “bombas molotov” en cajeros bancarios, en restaurantes de fast-food, tiendas que venden animales o productos de piel. Ellos manifiestan que sus sabotajes no tienen como objetivo la vida de civiles, y hasta ahora así ha sucedido. El fenómeno, no sólo en México sino en América Latina, y en países europeos como Grecia, está aumentando.
En el caso de México, por ejemplo, se ha manifestado en distintos estados de la República. Estas células surgen en un contexto de crisis económica y política, en donde hubo el fraude electoral del 2006, movimientos beligerantes como el de Oaxaca y Atenco han sido reprimidos, y la izquierda no sólo está dividida, sino que el principal partido de esta ala, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), está estableciendo alianzas con el que le hizo el fraude en 2006, el derechista Partido Acción Nacional (PAN), para la siguientes elecciones. En estas circunstancias están influyendo en la radicalización de una generación que encuentra en estas acciones la única vía de protesta y combate al sistema.
- ¿De qué modo las medidas contra la inseguridad no forman parte de un proyecto de contra-insurgencia promovido por los gobiernos federales, estatales y municipales? y ¿Hasta qué punto el gobierno –en sus tres niveles– ha implementado, bajo pretexto de la violencia en el país, medidas que repercuten en los derechos fundamentales?
Sí, en la lucha contra el narcotráfico se criminaliza a activistas y a movimientos sociales. Por ejemplo, el pasado mes de noviembre fue ejecutado “el comandante Ramiro”, quien era miembro del Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI), en un operativo contra el narcotráfico en el estado de Guerrero y, en algún momento, la Secretaria de la Defensa mencionó que él estaba vinculado con el narcotráfico. Recientemente, a un líder indígena del sureste de Chipas se le intentó ligar con otro grupo del narcotráfico, se aplicó su detención y se le tomaron fotos con arsenal bélico y la información en los noticieros fue divulgada, sin embargo, posteriormente fue puesto en libertad pues no existían pruebas fehacientes. El país está pasando un momento muy delicado, porque la única estrategia que ha aplicado Felipe Calderón es sacar al ejército a las calles y a las zonas rurales. Evidentemente esta estrategia ha sido un rotundo fracaso, y ha habido denuncias por la muerte y tortura de civiles que han sido ignorados.
En este escenario, quedan más vulnerables comunidades indígenas que han asumido su autonomía, como sucedió con la de Santa María Ostula, en Michoacán, que no solamente se enfrenta a una situación socio-económica marginal, sino que enfrenta la violencia de grupos paramiliares que han sido vinculados con el narcotráfico. En los últimos meses han sido secuestrados y desparecidos tres integrantes de Bienes Comunales del pueblo, entre ellos el presidente, Francisco de Asís Verdía Manuel, sin que se tengan noticias de ellos.
- En tu libro México Armado (Ediciones Era) analizas cuatro décadas (1943-1981) de movimientos guerrilleros en México. Indudablemente, movimientos que tenían como marco socio-político el corporativismo, el charrismo sindical, el clientelismo político, entre otros, pilares de la ideología nacionalista-priista ¿Cuál es el marco de referencia ideológico –si es que existe– en el que se desarrollan los movimientos guerrilleros o subversivos en nuestro país en la actualidad?
Es el mismo marco, porque el sistema es el mismo, sólo que ahora, como mencioné, se suma el factor de la actividad del narcotráfico. La violencia del narcotráfico cada vez es más brutal y ya ha atravesado todo el territorio nacional. Antes el narcotráfico estaba muy focalizado, principalmente en el norte, pero desde hace dos años ha aumentado de manera impresionante y ya ha trastocado la vida política del país.
- Algunos politólogos han abordado la cuestión de la narco-política en América Latina ¿Crees que México es un narco-Estado?
Estudiosos del narcotráfico han trascendido que ha habido acuerdos del gobierno en turno con carteles determinados para tener controlado el fenómeno. Yo no estoy especializada en narcotráfico, pero lo que sí te puedo decir es que los medios de comunicación de manera constante muestran cuerpos ejecutados, sin cabeza, que aparecen en las cajuelas de los automóviles o colgados de puentes peatonales, escenas sanguinarias que antes no se veían. Como capitalina, lo que he percibido es que la violencia del narcotráfico, que antes veíamos lejana, ya llegó a la ciudad de México, y que la percepción generalizada es que el gobierno no sólo ha fracasado en esta guerra, si no que está rebasado, sin que haya asomo de autocrítica o cambio de estrategia, lo que es más preocupante.
- ¿Cuál seria, a tu juicio, el aporte de la Liga 23 de septiembre fundada en 1965 en la memoria de las luchas insurgentes de este nuevo siglo?
La Liga comunista 23 de septiembre fue la guerrilla más grande en los setenta y que duró una década en el país, ella reivindica en su nombre al grupo de maestros rurales que cayó en el ataque al cuartel militar de ciudad Madera, en Chihuahua, un 23 de septiembre de 1965. En 1973 un grupo urbano retomó la fecha y fundó la Liga Comunista 23 de Septiembre. La Liga desapareció a mediados de los ochenta, aunque hay quienes la reivindican arrancados los noventa. No tiene influencia en las guerrillas de este siglo, aunque las dos vertientes que existen tienen su semilla en tal generación que conformó una treintena de guerrillas entre 1965 y 1975. Me refiero al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), heredera, en parte, de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), y al Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuya simiente fueron los sobrevivientes de la guerrilla de Lucio Cañas y del grupo de Unión del Pueblo (UP). El EPR es el tronco del que se han ramificado una decena de guerrillas que actualmente, lo sabemos a través de sus comunicados, están activas y replegadas.
Lo interesante es que esta oleada guerrillera de los setenta surgió en un contexto donde, por una parte, los movimientos que los precedieron fueron sido reprimidos como el ferrocarrilero, de maestros, médicos, campesinos, entre otros, y por la otra, se perseguía al Partido Comunista Mexicano (PCM), al que se le negaba su registro electoral. Estos movimientos fueron influenciados por la Revolución Cubana, la Teología de la liberación, y por la ola de rebeldía en occidente. En México el saldo fue el de más de mil 500 casos de desaparición forzada. Estos grupos guerrilleros son el principal detonante de la Reforma Política de 1978 que, finalmente, le da el registro electoral al PCM, es decir, hasta 1978 se pudo votar por la izquierda. El PCM fue una de las vertientes que alimentaron al Partido Socialista Unificado de México (PSUM), que posteriormente confluirá en la creación del PRD. En otras palabras, la guerrilla de los setenta fue el principal detonante que posibilitó que la izquierda pudiera ser votada.
- En su novela Guerra en el Paraíso, Carlos Montemayor –quien escribió el prologo de tu libro– hay una parte donde uno de sus personajes menciona que su lucha era tan radical que incluso los ríos y los pájaros ganarían con la lucha, en otras palabras, la lucha contra el capitalismo también implica una preocupación ecológica. Indudablemente en el movimiento zapatista es más claro. ¿Cuáles son las preocupaciones ecológicas en los otros grupos guerrilleros del país?
En general, las guerrillas mexicanas se manifiestan en sus comunicados contra el sistema capitalista, y por ende, contra la explotación de los trabajadores, la violación de los derechos humanos, y las trasnacionales que explotan los recursos naturales de manera indiscriminada. Ahí las cuestiones ecológicas están implícitas. El movimiento zapatista, por su lado, acentúa su preocupación por la defensa de la madre Tierra, tiene un discurso más cercano a la naturaleza.

- Entrevista publicada en el diario “El Columnista”, Puebla, México, 1 de junio 2010.