LA PANDEMIA DE LA POBREZA.

Autor: Érika Ramírez. Revista “Contralínea”.
Más de 50 millones de mexicanos desnutridos —de los cuales 20 millones padecen pobreza extrema— son los más vulnerables ante la epidemia de influenza A. Indicadores internacionales muestran que la cuarta parte de la población del país padece alimentación precaria y carece de agua potable. Se trata de personas que, en los hechos, tampoco tienen derecho a la salud.
La propagación de la influenza A, también llamada porcina, podría afectar con mayor intensidad a las regiones más pobres del país. Se trata de las zonas rurales y urbanas en las que sus habitantes se caracterizan por tener bajos índices de desarrollo humano, es decir, falta de acceso a los servicios de salud, alimentación precaria y carencia de agua potable. El riesgo podría acentuarse en los más de 20 millones de mexicanos que no tienen siquiera para comer y en otros 30 millones que padecen desnutrición, alertan investigadores en salud y pobreza.
Tal es el caso de los indígenas nu’saavi y me’phaa, habitantes de Metlatónoc, Guerrero, que sólo cuentan con dos remolques rotulados con los logotipos de las secretarías de Salud estatal y federal estacionados en la cabecera municipal.
Los vehículos entregados a finales de la administración de Vicente Fox carecen de medicamentos indispensables para su funcionamiento.
En 2007, Contralínea visitó las zonas más pobres del país y documentó que en este municipio las personas perecen por parto y enfermedades curables, ya que ni siquiera tienen acceso a la auscultación del médico de la cabecera municipal. “Los indígenas se quedan a morir en las cañadas y laderas escarpadas de la zona de la Montaña.
¡Un hospital!, sigue siendo el clamor en todas las comunidades serranas” (Contralínea 76).
De acuerdo con el Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México 2006, en el país hay casi 500 municipios y comunidades en los que el 90 por ciento de su población vive en condiciones similares a los del África subsahariana.
Entre los estados más pobres destacan Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Chiapas, los mismos que podrían tener casos de influenza A/H1N1, sin que nadie tenga registro de ello, dice Araceli Damián, profesora-investigadora sobre temas de la pobreza de El Colegio de México (Colmex).
La especialista en pobreza asegura que esta población es vulnerable simplemente porque no cuenta con infraestructura hospitalaria y, cuando la tiene, no hay médicos ni material necesario para atenderlos. “Todavía no sabemos cuánto se pueda diseminar el virus porcino, pero parte de la población en riesgo es la que vive en estas zonas, así como las que emigran de un estado a otro para trabajar en los campos de cultivo”.
El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) observa que en estas regiones del país prevalece un “modelo de exclusión marginal: la mayoría de la población tiene acceso a las redes de servicios, aunque quedan excluidos algunos grupos importantes. En otras, generalmente en las regiones más pobres, predomina una privación masiva: sólo una pequeña minoría, que suele estar conformada por la población urbana, disfruta de opciones de salud razonables, mientras que la mayoría de la población queda excluida”.
Documenta que las poblaciones tienen sistemas sanitarios “débiles, frágiles y de escasa densidad, así como condiciones de vida desfavorables para la salud, como falta de agua potable, carencia de sistemas sanitarios en la vivienda, deficiencias sanitarias en el lugar usado para preparar los alimentos y condiciones económicas insuficientes para garantizar una alimentación adecuada”.
Entre las principales medidas de prevención que ha recomendado la Secretaría de Salud –encabezada por José Ángel Córdova Villalobos–, así como los sistemas estatales de salud, a la población en general son: lavarse las manos continuamente, consumir diariamente verduras, frutas y abundante agua, y practicar ejercicio; además, limpiar constantemente las cubiertas de cocina y baño, manijas, barandales, juguetes, teléfonos y otros objetos de uso común, entre otras.

Los más pobres
Según el programa que desarrolla la Organización de las Naciones Unidas, hay 1 mil 884 municipios con elevada población rural, con considerables rezagos en educación, salud, y un bajo ingreso económico. “Las desigualdades en salud están correlacionadas con otras inequidades socioeconómicas contextuales como los recursos de infraestructura médica y sanitaria, la presencia de programas de apoyo económico y social, o las conductas sociales que parten de influencias culturales o religiosas”.
El PNUD enumera 488 municipios con mayor marginación, de los que destacan con mayor rezago Morelos y Batopilas en la región Tarahumara de Chihuahua; Metlatónoc y Atlixtac, en la Montaña de Guerrero; Tehuipango y Mixtla de Altamirano, de Veracruz; Eloxochitlán, de Puebla; Coicoyán de las Flores y Santiago Ixtayutla, en la región Mixteca de Oaxaca; Chalchihuitán, en los Altos de Chiapas; Hueytlalpan, en la región Sierra Norte de Puebla; así como Santa Catarina, en la Huasteca, y Sitalá en la Selva Lacandona.
Coicoyán de las Flores, Oaxaca, fue otro de los municipios visitados por Contralínea en 2007. Ahí, los pobladores también mueren de enfermedades curables y de tumores cancerígenos que nunca son atendidos.
Emiliano Pineda López, exagente municipal de El Jicaral (una de las rancherías del lugar), aseguraba que “la gente de aquí vive en total abandono”.
La principal exigencia: “Queremos un médico que permanezca en la comunidad. Siempre mandamos nuestra solicitud a Oaxaca, pero el gobierno no nos hace caso. Dicen que no hay dinero para pagarle al personal, por eso es que tenemos una casa de salud sin doctor”, expresaba indignado mientras mostraba un cuarto pintado de blanco con la palabra “Salud” resaltada en verde y azul. (Contralínea 85).
Datos del Banco Mundial indican que en el país el 20.3 por ciento de la población vive en pobreza extrema, en tanto que el 51.7 por ciento, en pobreza moderada. El organismo financiero coincide con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), toda vez que en su informe La pobreza en México, una evaluación de las condiciones, las tendencias y la estrategia del Gobierno destaca que existen rezagos importantes en algunas zonas del país en materia de salud, alimentación y educación.
“Una vez que pasan estas emergencias, se ponen de manifiesto de manera dramática las diferencias de los mexicanos en nuestro derecho de acceso a la salud”, asegura Julio Boltvinik Kalinka, profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex.
Boltvinik Kalinka dice que en México el derecho a la salud, promulgado en el artículo cuarto constitucional, “es pura retórica, porque en los hechos no hay institución que otorgue garantía plena de atención. El más rico no tiene problemas. Los pobres están abandonados a la mano de dios; es gente que no tiene acceso a una clínica para ser atendidos por una diarrea o dolor de estómago, mucho menos para enfermedades de esta complejidad: quedan totalmente desprotegidos”. Otro de los indicadores que señala la falta de acceso a los servicios de salud es el porcentaje de personas no afiliadas al sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), instituciones encargadas de garantizar el servicio a la planta laboral de las empresas afiliadas, así como a los funcionarios del sector público.
Aunque las instrucciones del gobierno federal han sido la atención universal en cualquiera de las clínicas del IMSS, ISSSTE o de la propia Secretaría de Salud, la ONU resalta que en México casi el 59 por ciento de la población carece de seguridad social que garantice “jubilación, cobertura de salud y un sistema de pensiones para los trabajadores”. El organismo internacional resalta que en las comunidades indígenas la carencia de seguridad social se eleva al 86.8 por ciento de su población.
Las comunidades con mayor rezago en esta materia se encuentran en la zona de los Chimalapas, Oaxaca, en donde el porcentaje de población sin derechohabiencia es del 98.1 por ciento. Le sigue La Montaña de Guerrero con 94.2 por ciento; Sierra de Juárez, 92.6 por ciento; Norte de Chiapas, 90.9 por ciento, Costa y Sierra Sur, 88.0 por ciento; y Altos de Chiapas, 87.7 por ciento, entre otros.
Gustavo Leal Fernández, investigador del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que con la epidemia de influenza A/H1N1 podemos ver “el derrumbe del modelo de descentralización que se adoptó como política federal y que ha afectado al sistema sanitario del país.
Ahora, las estrategias en salud muestran su precaria respuesta en un momento de emergencia”.
Expone que la población más pobre es la principal afectada, porque el diseño de descentralización no mejora la prestación del servicio, sino que se ha convertido en una serie de cacicazgos entre los gobernadores y los secretarios de Salud estatales.

Pobreza en la urbe
Pobreza urbana en México, estudio elaborado por el del Banco Mundial, indica que los habitantes de las zonas urbanas en condiciones de pobreza comparten muchas características con aquéllos en las mismas condiciones de vida que habitan en las zonas rurales –tienen familias más numerosas, menos educación y acceso a servicios que los ricos.
En materia sanitaria, dice el informe, “a pesar de un acceso mucho mayor a servicios de salud e infraestructura en las áreas urbanas, enfermedades infecciosas tales como la diarrea y las infecciones respiratorias agudas son igualmente comunes en los niños pobres rurales y urbanos.
“Lo anterior, sugiere que los sistemas de agua y drenaje son de una calidad notablemente baja. Si bien se presta mucha atención a la expansión de la cobertura, no ocurre lo mismo con la calidad, con lo que la mejora en el acceso se torna apenas nominal. Esto también implica que usar el acceso a los servicios como instrumento de focalización puede llevar a conclusiones erróneas sobre el bienestar en las áreas urbanas”.
Boltvinik Kalinka y Leal Fernández coinciden: “Con esta epidemia, vemos el triste estado en que ha quedado el sistema sanitario mexicano después de 27 años de la aplicación del modelo neoliberal”.

Negligencia en protocolos sanitarios
Autor: Ana Lilia Pérez
Con un sistema de salud prácticamente desmantelado, negligente ante los criterios internacionales en protocolos de salud, sin desarrollo tecnológico para la producción de vacunas y fármacos y carente de prevención de enfermedades, México difícilmente podría enfrentar una pandemia
Como miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México está obligado a cumplir los protocolos de ambos organismos, algunos –dictados entre 1999 y 2006– orientados a prevenir los brotes de influenza con el principio básico de la higiene. Con 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, que habitan municipios carentes de servicios básicos, el país incumplió.
Entre 2001 y 2006, en diversas reuniones tanto de la OMS como de la OPS, en Washington se habló de la posibilidad de una pandemia de influenza, por lo que se requirió a los países miembros tomar precauciones: el desarrollo y abasto de vacunas y fármacos. La mayoría de países europeos desarrolló modelos de prevención, intensificados a partir del llamado Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés) que entre 2002 y 2003 azotó diversos países.
Los asiáticos establecieron vigilancia permanente en aeropuertos con el aislamiento de pacientes afectados. En América, Canadá diseñó una guía para casos de pandemia. En Sudamérica, Colombia y Brasil llevaron a cabo sistemas de monitoreo para detectar casos de personas y animales afectados.
En el seno de los organismos internacionales de salud, la alerta de una pandemia fue constante. En septiembre de 2002, durante la reunión de la OPS, en Washington –a la cual acudió Julio Frenk Mora, entonces secretario de Salud–, se planteó que “la organización necesita estar preparada para la siguiente epidemia de influenza”. El razonamiento no sólo iba en el sentido de que, según la OMS, de forma cíclica en periodos de tres a cinco décadas ocurre una epidemia de gripe en el mundo, sino en las condiciones de deterioro del medio ambiente.
El informe Preventing disease through healthy environments: towards and estimate of the environmental burden of disease, publicado por la OMS en junio de 2006, alertó que la exposición a riesgos ambientales provoca casi una cuarta parte de la morbilidad mundial, pero que ésta era fácilmente prevenible si los gobiernos tomaban “medidas bien orientadas”, sobre todo los países en desarrollo, como México. En el informe, Anders Nordström, director general interino de la OMS, explica que el tener certeza de cuánto influye el medio ambiente en la salud “nos ayuda a demostrar que las inversiones racionales destinadas a crear un entorno favorable pueden ser una estrategia eficaz para mejorar la salud y lograr un desarrollo sostenible”.
Dentro de las medidas de prevención se hablaba de promover un almacenamiento seguro del agua doméstica y la adopción de prácticas de higiene más adecuadas; el uso de combustibles menos contaminantes y más seguros; el aumento de la seguridad de las construcciones; la utilización y gestión prudente de sustancias tóxicas tanto en el hogar como en el trabajo, y una mejor ordenación de los recursos hídricos. Con esas medidas derivadas “de inversiones sencillas”, a decir de María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, se reduciría considerablemente la carga de morbilidad.
Tales disposiciones no se cumplen en México: más de 20 millones de mexicanos no tienen servicios médicos.
De acuerdo con el diagnóstico de legisladores de las comisiones de Salud en ambas cámaras, la pandemia de influenza humana llegó a México sin que el país tuviera un plan de contingencia, y con un sistema de salud pública deteriorado. La senadora Claudia Corichi, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, asegura que “la falta de estudios epidemiológicos en México impidieron que se diagnosticaran a tiempo los primeros casos de influenza”.
El pasado 27 de abril, ante el pleno de la Cámara de Diputados, el legislador Camerino Eleazar Márquez denunció que la administración de Felipe Calderón no acató el Plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza y que “violó el derecho a la información al no comunicar a tiempo la existencia del virus porcino”. Detalló que, en cumplimiento a las disposiciones, tanto de la OMS como el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Alimentación, las autoridades sanitarias debían reportar la situación desde el día en que se detectó el primer caso, sin embargo, “las autoridades sanitarias federales respondieron 13 días después”.
La oficina sede de la OPS señala que el 16 de abril México les reportó “un inusual incremento de casos de infecciones respiratorias agudas en dos estados, Oaxaca y Veracruz”. El 18 de abril en Estados Unidos se confirmaron los primeros casos de gripe porcina A/H1N1, en California. Según la OPS, el 21 de abril, México notificó a la OPS y la OMS “brotes de enfermedad respiratoria severa en estados adicionales” y dos días después les notificó los primeros casos de lo que ahora se conoce como influenza humana confirmados por laboratorio.
El 25 de abril, Margaret Chan, directora general de la OMS declaró una emergencia de salud pública de preocupación internacional y convocó a una reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Internacional de Salud. Ese mismo día, expertos de la OPS llegaron a México para analizar el caso. Al día siguiente, Estados Unidos confirmó casos en Nueva York y Ohio. El 27 de abril, la OMS elevó de fase 3 a fase 4 el nivel de alerta pandémica.
Canadá notificó ese mismo día sus primeros casos confirmados de influenza A. En los siguientes días el brote se extendió.
Por ello, “se perdió la oportunidad de contención”, explica a Contralínea Daniel Epstein, vocero de la OPS.
Como protocolo de emergencia, la noche del 23 de abril se decretó la suspensión de clases en todos los niveles en el Distrito Federal, Estado de México y en San Luis Potosí, entidades afectadas.
Luego la medida se haría extensiva al resto del país. Se cancelaron eventos públicos, deportivos, culturales y políticos; se cerraron restaurantes y clubes. Se recomendó acudir al médico cuando se presenten los síntomas de tos, exudado nasal, fiebre superior a los 39 grados centígrados y dolor muscular.
No obstante el protocolo de emergencia, gran parte de la dificultad de México para enfrentar la pandemia “está en la difícil situación del sector salud”, explica Daniel Dehesa Mora, médico e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
A partir del sexenio de Vicente Fox se aceleró el desmantelamiento del sistema de salud pública con la falta de inversión y el desabasto de medicamentos, además de la subrogación de servicios.
Los esfuerzos en la materia de la administración de Fox estuvieron destinados a un solo programa: el Seguro Popular –del cual Contralínea documentó numerosos actos de corrupción, tales como el nepotismo, desvío de recursos, irregulares beneficios a empresas privadas, y el supuesto enriquecimiento ilícito de su titular, Juan Antonio Fernández Ortiz.
En ese periodo, según datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la influenza y neumonía representaban casi el 6 por ciento de las defunciones, sin embargo no se adoptaron los protocolos internacionales para prevenir su proliferación.
Entre 1999 y 2003, las muertes por esas enfermedades aumentaron en conjunto 5.4 por ciento en promedio anual al pasar de 2 mil 76 a 2 mil 564 decesos. El grupo de edad con mayor número de defunciones fue el de los adultos mayores de 65 años. De acuerdo con el IMSS, “el aumento observado en el fallecimiento de personas se explica por la falta de control del agente patógeno durante la época invernal y a los bajos niveles inmunológicos de este grupo de edad”.
En la revisión al Programa Institucional en materia de Salud 2001-2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la influenza se ubicaba entre las principales causas de muerte en el país. No obstante, no se invirtió en la producción de fármacos ni en el desarrollo de una vacuna; se optó por seguir comprando a las trasnacionales el inoculador para la influenza estacional a un precio promedio de 30 pesos cada dosis, según datos de la Secretaría de Salud.
Apenas en marzo, el gobierno federal firmó un convenio con la trasnacional Sanofi Aventis para producir una vacuna para ese tipo de influenza, infructuosa para el virus de influenza humana.

El factor privatización
La senadora Claudia Corichi, de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, explica que la imposibilidad de las autoridades de salud para evitar el contagio se deriva en parte de que “no se tiene la infraestructura de laboratorios especializados, el equipamiento necesario ni el personal médico e investigadores calificados en suficiencia; además, no se tiene la capacidad para la investigación y fabricación de vacunas, y esto es porque en el país no se apoya la investigación”.
Durante décadas, México fue uno de los siete países del mundo a la vanguardia en producción de vacunas. El Instituto Nacional de Higiene y el de Virología no sólo cubrían el mercado interno, sino que exportaban vacunas, como las de la poliomielitis y del sarampión. Por deficiencia presupuestal, en la década de 1980 ambos quedaron rezagados, luego, en 1999, absorbidos por los denominados Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa paraestatal creada por Ernesto Zedillo al final de su sexenio para “desarrollar, producir importar y comercializar vacunas, sueros heterólogos y productos de diagnóstico clínico”.
Birmex dejó de lado la investigación y producción para dedicarse a comprar los inoculantes. De acuerdo con datos de la Comisión de Salud del Senado de la República, más del 70 por ciento de la demanda de vacunas en el país se compra a laboratorios trasnacionales.
En 2006, último año de gobierno de Vicente Fox, la ASF detectó que esa paraestatal reportó un sobreejercicio no regularizado por 326 millones 723 mil pesos, debido a compras adicionales de vacunas, “sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizara las adecuaciones presupuestales por considerar que afectarían negativamente el cumplimiento de metas esperado”.
Aunque dichas vacunas se entregaron con un significativo atraso, según la ASF, los funcionarios no aplicaron las penas convencionales correspondientes, según las cláusulas contractuales, por 4 millones 783 mil dólares (52 millones de pesos). En contraste, tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como el IMSS sí le aplicaron a Birmex multas por 6 millones 371 mil pesos, por no entregarles las vacunas en las fechas pactadas en el contrato.
La ASF detectó también que Birmex pagó indebidamente al proveedor Grit Overseas Private Limited 360 mil dólares, equivalentes a 3 millones 917 mil pesos, ya que el ISSSTE ya había realizado el pago directamente al proveedor.
Durante el sexenio, Birmex operó sin que su estructura orgánica y ocupacional estuviese autorizada por su Consejo de Administración; hacia 2006 tampoco se había registrado ante la Secretaría de la Función Pública ni estaban debidamente formalizadas las funciones de las áreas que intervienen en la operación de adquisición, registro y control de los bienes adquiridos, aunado a que, según la ASF, “el sistema utilizado para el control y seguimiento de los contratos presentaba deficiencias que impedían transparentar el manejo de sus operaciones”.
Durante el sexenio de Vicente Fox, la ASF documentó compras no justificadas, por lo que recomendó “a las autoridades superiores de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México” que instruyeran al director de Logística a que las adquisiciones de vacunas fueran conforme a los requerimientos y que su adquisición se hiciera conforme a la ley, es decir, convocar a licitaciones públicas para encontrar el mejor producto y al mejor precio”.
Se encontraron pedidos y contratos sin la documentación justificativa para su adquisición. En éstos tampoco se fijó fecha de entrega, en contravención de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Se detectó también el almacenamiento en los cuatro almacenes de Birmex de residuos peligrosos, biológico infecciosos y fármacos caducos. La ASF cuantificó por lo menos una pérdida de más de 1 mil 100 millones de pesos por fármacos caducos.
Con el brote de influenza humana, los especialistas en virología hicieron patente al secretario de Salud, José Ángel Córdova, la necesidad de desarrollar antivirales y una vacuna. Sin investigación ni tecnología, a Birmex no le quedará más que esperar a que las trasnacionales desarrollen la vacuna, porque los institutos que podrían colaborarle, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, padecen también los embates de la corrupción. Tan sólo en su revisión al primer año de gobierno de Felipe Calderón, la ASF detectó anomalía en dicho instituto por 656 millones de pesos, que en 2007 precisamente fueron operados en el Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia (Contralínea 129).
El pasado 27 de abril, el vocero de la OMS, Gregory Hartl, dio a conocer que envió muestras a varios laboratorios para la búsqueda de la vacuna, entre ellos, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y las trasnacionales Novartis, AG, Laboratorio Pfizer y Roche.
De acuerdo con la OMS, la producción de la vacuna para la influenza A implica, primero, extraer y aislar la cepa exacta que está causando la infección. Posteriormente, se debe desactivar el virus para poder producir la inoculación. Todo el proceso, desde el aislamiento del patógeno hasta tener la vacuna lista para inyectarse, implicará unas 24 semanas. Los laboratorios trabajan apenas en la primera fase de la producción. Además, “el asunto de una vacuna contra este virus de influenza, como de cualquier vacuna, va a tomar tiempo y puede ser hasta nueve meses o más, hasta que se desarrolle y esté disponible; por ahora sólo están los antivirales”, explica Daniel Epstein.

Monopolios en fármacos, el otro mal
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), del gobierno de Estados Unidos, con sede en Atlanta, determinó que los virus de la influenza estacional A y B continúan circulando en Estados Unidos y México a bajos niveles. Los virus de la influenza humana A/H3N2 son resistentes a la amantadina y rimantadina, pero sensibles al oseltamivir y zanamivir. Por lo tanto, recomendó “tratamiento antiviral empírico para cualquier persona enferma que se presuma está infectada por el virus de la influenza porcina tipo A/H1N1”.
La OMS coincidió en el uso del tratamiento antiviral. El nombre comercial de zanamivir es Relenza, se trata de un tratamiento que viene en presentación de inhalador, la administración es dos veces cada 12 horas por cinco días. La recomendación del CDC es tomarlo antes de 48 horas de haber presentado los síntomas de influenza. El nombre comercial del oseltamivir es Tamiflú. La indicación es tomarlo en los primeros dos días de tener los síntomas.
Se trata del mismo compuesto aplicado para el llamado SARS, por ello, dentro de sus planes de prevención, desde que la llamada fiebre asiática azotara diversas partes del mundo, muchos gobiernos abastecieron sus reservas de Tamiflú; no así México.
Antes de que el secretario de Salud hiciera público el brote de influenza, en México los medicamentos Relenza PPVO (de Glaxo) y Tamiflú (de Roche) se ofrecían en 316 pesos con 80 centavos y 420 pesos con 34 centavos, respectivamente.
Para el día 29 de abril, cuando la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, anunció el paso a fase 5 (de un total de 6) de alerta pandémica, en las farmacias del Distrito Federal el Relenza se vendía en 430 y en Tamiflú en 533 pesos. En un área con salario mínimo de 54.80 pesos, cada tratamiento equivale a 10 días de salario de un obrero.
La patente del Tamiflú es de Gilead Sciencies Inc, consorcio que tiene como accionista al exsecretario de defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. A finales de abril, la BBC de Londres difundió que “se cree que varios gobiernos en el mundo han almacenado unos 220 millones de dosis de Tamiflú, un medicamento antiviral que hasta ahora ha demostrado ser efectivo en la reducción de los síntomas de la enfermedad”.
En México, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, ha señalado que el gobierno federal tiene suficiencia en el suministro de antivirales; sin embargo, el vocero de la OPS, Daniel Epstein, explica en entrevista que nadie tiene certidumbre sobre el abasto, pues “no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia”.
En México se suma el factor del monopolio que hay en la distribución de fármacos, lo que, de acuerdo con los diputados de la Comisión de Salud, ha hecho más costosa la adquisición.
En una entrevista con la BBC de Londres, Stephen Field, presidente del Real Colegio de Medicina General en el Reino Unido, explicó que “en el caso de una pandemia quizás no habrá suficientes dosis de estos fármacos para tratar a toda la población mundial. Y quienes tendrán más dificultades para tener acceso a los fármacos serán los países de medianos y bajos ingresos”.
México ya ha resentido los efectos. El diputado José Antonio Muñoz Serrano, secretario de la Comisión de Salud, señala que el monopolio de los medicamentos en el país tiene como consecuencia el que sea “muy costoso” enfrentar la pandemia de influenza A.
Explica que, el hecho que sean sólo dos laboratorios los que producen los medicamentos recomendados por la OMS, “sin duda tendrá un impacto económico muy importante, porque tan sólo el tener un tratamiento nos está costando entre 600 pesos por persona, y esto implica que estamos pagando el medicamento caro.
Debemos hacer conciencia de que el impacto negativo del monopolio de los medicamentos es lo que estamos viendo hoy”.
El legislador del Partido Acción Nacional añade que los monopolios en la industria farmacéutica impiden garantizar el abasto de medicamentos durante este periodo de crisis. Explica que “la manera de acabar con ellos es buscar que, cuando venzan las patentes, no les permitamos a los laboratorios ampararse o recibir prórrogas, pues esto trae como consecuencia el desfalco del ahorro familiar”.
Dentro de sus compromisos para los 100 primeros días de su gobierno, Calderón se comprometió a “combatir las prácticas monopólicas” en el mercado de fármacos para “evitar actos de corrupción y mal manejo de fondos”. Habló de eficientar la cadena de abasto y la disminución en los precios de los medicamentos.
Muñoz Serrano asegura que el monopolio no se ha roto por la intervención de algunos diputados a favor de que los laboratorios concentren las patentes.
“Los costos que hoy pagamos en los antivirales son consecuencia de que ciertos laboratorios siguen teniendo la exclusividad de las patentes y no se pueden producir los medicamentos genéricos intercambiables. Eso es consecuencia de que se ha pretendido otorgar una prórroga para su registro. Algunos legisladores todavía pretenden dar un plazo de hasta cinco años para el registro de medicamentos”.
Aún con el abasto de antivirales, el panorama no parece muy prometedor. “El antiviral no es una pastilla mágica, no es que el antiviral lo tomes y ya, todo perfecto, es una de las herramientas que tiene el sistema médico para tratar a los enfermos. Pero mejor que eso es la prevención; antes de tomar antivirales hay que prevenir la infección”, explica Daniel Epstein.
—¿Podrá México enfrentar el problema? —Nadie sabe si México pueda enfrentar esto, y nadie sabe si podrá Estados Unidos. Nadie sabe si se tienen los suficientes recursos, depende de lo que ocurra. Hay que considerar que éste es un virus nuevo, no se conoce y tampoco se entiende mucho de ellos. Los virus de influenza son mortuorios porque mutan rápido y su comportamiento no es predecible. No sabemos qué va a ocurrir –concluye el vocero de la organización de salud pública más antigua del mundo.
Mal de pobres.
Recién iniciada su administración, Calderón habló de establecer una política nacional para garantizar la suficiente disponibilidad y precio justo para que cualquier ciudadano tuviera acceso a los fármacos y evitar “la intranquilidad y zozobra de muchas familias”.
En pleno brote de influenza humana se padece el fallido trabajo del gobierno. La pandemia no es igual para pobres y ricos.
En la reunión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2002, cuando Julio Frenk escuchó la alerta de una posible pandemia de influenza, el ministro de Salud de El Salvador, José Francisco López Beltrán, planteaba que en la globalización, “caracterizada por brechas cada vez mayores entre los ricos y los pobres y el aumento de la desigualdad, la vulnerabilidad y la exclusión”, si no se creaban programas de integración y apoyo a escala regional, “podrían aumentar también las desigualdades en la salud pública, sobre todo en los países con subdesarrollo o con crecimiento insuficiente”.
Desde abril pasado, los países centroamericanos, ubicados por el Banco Mundial como los más pobres de la región, declararon no tener recursos para enfrentar una pandemia. Reunido en Managua, el 28 de abril, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica señaló que, como la región no tenía recursos “para contener una eventual pandemia de gripe porcina”, aplicarían protocolos de vigilancia en fronteras y aeropuertos. Un asunto de por sí complicado, pues es una de las áreas con mayor flujo de migrantes de todo el mundo hacia Estados Unidos. Pero el virus ya estaba allí. Tres días atrás se había detectado el primer caso en una joven costarricense que había regresado a San José, proveniente de México.
En tanto, en el país ni las dos entidades donde estaba concentrada toda la atención científica del mundo tenía protocolos exactos de prevención y detención del virus. El resto de las entidades enfrentaba sus propias carencias en materia de salud. El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, José Antonio Muñoz Serrano, asegura que, aún en días en que la alerta se ubicaba en fase 5, la mayoría de entidades no reportó adecuadamente la presencia de personas infectadas, “lo que debe generar un tipo de sanción”.
Contralínea recorrió diversas clínicas y hospitales en las zonas conurbadas del Estado de México. En municipios como Ecatepec, que reportó los primeros casos, el primer filtro para “diagnóstico” de pacientes eran policías de la Agencia Estatal de Investigación, comisionados a preguntar los síntomas de los pacientes. A los familiares de quienes acudían al diagnóstico se les negaban los cubrebocas, y con sus “enfermos” debían esperar durante horas a que se les hiciera la revisión. Ante ello, muchos optaban por automedicarse vitaminas o antibióticos.
El diputado Enrique Mayans, de la Comisión de Salud en San Lázaro, reclama que, durante los primeros días de brote, el secretario de Salud no informó las características de las personas fallecidas ni que las afectaciones eran mayores “en individuos con altos grados de desnutrición y en general con sistemas inmunológicos débiles, que es un alto porcentaje de la población en el país”.
Médico de profesión, el diputado Mayans dice que la pandemia de la influenza humana calará más a quienes ya padecen una pandemia perenne: la de la pobreza

Salud: méxico sin capacidad para enfrentar una pandemia
Autor: Nancy Flores
Documentos de la Secretaría de Salud revelan que, en caso de que se declarara una pandemia de influenza, la capacidad hospitalaria de México sería rápidamente rebasada al tiempo que las pérdidas económicas ascenderán al 8 por ciento del PIB
El Plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza, en su apartado “Estrategia operativa multisectorial”, establece el impacto en México de una posible pandemia y vislumbra la situación crítica que podría enfrentar la nación.
Al describir el “escenario potencialmente catastrófico” generado por la influenza pandémica, la Secretaría de Salud se refiere a dos tipos de emergencias que coexistirán en el país: de seguridad en salud y de seguridad nacional.
En el primer caso, el documento elaborado en 2007 detalla que la capacidad hospitalaria será rápidamente rebasada al llegar a las siguientes cifras: 117 mil 500 defunciones, 350 mil hospitalizaciones –de una población que supera los 100 millones de habitantes–, 20 millones 700 mil consultas.
En el ámbito de la seguridad nacional, señala el riesgo de alteraciones del orden público, además de prever la pérdida del 8 por ciento del PIB y de 38 mil millones de pesos por días de trabajo perdidos.
Colapso del sistema de salud
El Informe ejecutivo del ejercicio Escudo Centinela, publicado por el secretario José Ángel Córdova Villalobos en febrero de 2007, descubre que “el aumento exponencial de personas que, enfermas o no, acuden a las unidades de salud, aumenta la problemática en un sistema sanitario que además enfrenta la reducción de su plantilla de personal por ausentismo, ya sea por la enfermedad misma o por la aversión a la posibilidad de contagio. Tales situaciones harían inminente el colapso del sistema de salud”.
El informe del ejercicio Escudo Centinela –simulacro nacional para la evaluación de la respuesta ante una pandemia de influenza, realizado en octubre de 2006– revela que alrededor del 35 por ciento del personal de salud se ausentará en situaciones de riesgo como la pandemia por influenza.
Además, identifica que el colapso del sistema sanitario generará disturbios.
En un escenario de pandemia es necesario “mantener una estrecha coordinación entre las autoridades de salud y las fuerzas del orden público, para mantener la paz social y asegurar la continuidad en el funcionamiento de las áreas prestadoras de servicios”, indica.
Para las autoridades sanitarias de México, “es de esperarse” que, ante la falta de capacidad médica, los hospitales sean blanco de conflicto y disturbios, por lo que debe establecerse un perímetro de seguridad, detalla el capítulo V del Plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza, “Atención médica y hospitalaria”.
En materia de seguridad, la “Estrategia operativa multisectorial” de la Secretaría de Salud no sólo insta al gobierno federal a establecer una coordinación general de respuesta y garantizar el mantenimiento del orden social, sino a proteger las instalaciones estratégicas del país.
Respecto del funcionamiento económico, indica que se debe asegurar la continuidad de las operaciones del sistema financiero nacional, participar en las estrategias internacionales de control económico y desarrollar estrategias para el apoyo de los distintos sectores económicos.
Probabilidades estadísticas
La “Estrategia operativa multisectorial” incluye las probabilidades numéricas de la emergencia sanitaria. En lo que llama escenario de planeación, reconoce que la transmisión del virus humano a humano en forma eficiente y sostenida es una señal inminente de pandemia.
En ese contexto, refiere que “la tasa de ataque será de 30 por ciento o más, con tasas mayores entre los escolares (hasta 40 por ciento). De los adultos en edad productiva, cerca del 20 por ciento enfermarán, advierte.
Respecto de las personas que no desarrollen sintomatología importante, describe que podrán transmitir la enfermedad.
La Secretaría de Salud estima que alrededor del 50 por ciento de los enfermos solicitarán consulta médica, y que la frecuencia de enfermedad grave, hospitalización y muerte dependerán de la virulencia del virus pandémico.
De acuerdo con los documentos consultados, en este “escenario potencialmente catastrófico” México nunca se visualizó como el lugar donde se iniciaría el brote de influenza pandémica ni como uno de los primeros países en enfrentar la emergencia sanitaria, sino como uno de los que serían blanco tras meses de preparación.
De acuerdo con las informaciones dadas a conocer por el secretario de Salud a fines de abril pasado, la reserva de medicamentos ascendía a poco más de 1 millón, cifra que según el Plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza se tenía desde diciembre de 2006. México tiene más de 100 millones de habitantes.
Lo que la influenza reveló

10 Mayo 2009
El 3 de mayo pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó lo que médicos, pacientes y ciudadanos mexicanos ya sospechaban: el gobierno de México fue negligente ante el brote del virus A/H1N1. Desde Bruselas, Bélgica, y en voz de Michael Ryan, director de la división de la OMS para la Alerta y Respuesta Global, el organismo internacional fue contundente: se desestimaron dos alertas; la primera de ellas fue emitida el 11 de abril

“No criticaré al gobierno de México; ya está enfrentando una compleja situación y una difícil pandemia”, dijo Ryan como corolario a su exposición, una crónica puntual del fenómeno virológico desde que se presentaron los primeros casos.
El gobierno de Calderón no pudo reaccionar ante las alertas de la OMS no sólo por ineptitud. La seguridad de la población no se encuentra dentro de las prioridades del Estado mexicano. La sanidad no es siquiera un asunto de seguridad nacional.
Los panistas, como sus antecesores priistas, siguen considerando que la seguridad de la nación es un asunto de espionaje y represión a la disidencia.
La propia Ley de Seguridad Nacional ignora como amenazas al país las epidemias, el hambre, la desnutrición, la pobreza.
En cambio, mantiene la rebelión como una de las primeras acciones contrarias al interés nacional.
Por si fuera poco, el sistema de salud se encuentra prácticamente desmantelado, sin desarrollo tecnológico para la producción de vacunas y fármacos, y carente de prevención de enfermedades.
Por ello, el país, una vez que reconoció el problema, no fue capaz de instrumentar los protocolos comprometidos con la propia OMS y la Organización Panamericana de la Salud, cuyo principio básico son las condiciones de higiene y el acceso a los servicios de sanidad para toda la población.
La propia insolvencia del sistema sanitario es reconocida por la Secretaría de Salud en un documento del que se da cuenta en estas páginas. El Plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza establece que la capacidad hospitalaria será rápidamente rebasada en caso de que México enfrente una pandemia como la de la gripe aviar o el Síndrome Agudo Respiratorio Severo, enfermedades más letales que la influenza porcina o A/H1N1.
Al final, el problema termina siendo un asunto de injusticia social, desigualdad económica y marginación. Mientras que las familias de funcionarios y de grandes empresarios tienen a su disposición mascarillas N95 y N100 y toman de manera preventiva oseltamivir y zanavimir –los medicamentos que contrarrestan la enfermedad–, legiones de indigentes, obreros, indígenas, campesinos deben de sortear la pandemia con un cubrebocas; una pandemia que se suma a la que de por sí vienen padeciendo de generación en generación: la de la pobreza.
Alrededor de 50 millones de mexicanos crecieron y crecen con alimentación precaria, sin agua potable y sin educación básica. Se trata de personas con sistema inmunológico deprimido que, en los hechos, tampoco tienen derecho a la salud. Tan sólo en 2005, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 43 mil personas murieron por infecciones respiratorias en todo el territorio nacional.
Cuando llegaron las primeras alertas –no atendidas– de la OMS, el gobierno de Felipe Calderón mantenía su agenda monotemática, aquella que inició junto con su mandato: la “guerra” contra el narcotráfico. Se trata prácticamente de la cuenta de personas asesinadas, secuestradas y levantadas, supuestamente vinculadas al tráfico de drogas (aunque en estos asesinatos y desapariciones forzadas se encuentran también decenas de luchadores sociales, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes campesinos y periodistas).
En el sexenio de Felipe Calderón, la sociedad mexicana ha pasado del miedo al secuestro y al narcotráfico, al miedo al desempleo y a la crisis económica. Ahora ha sido arrojada al terror de una pandemia.
El propio gobierno federal ha contribuido a generar incertidumbre. Las cifras de contagiados y muertos por el virus no son consistentes. El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, sufre visiblemente cada vez que debe proporcionar las cifras a los reporteros. Hasta en eso ha sido incapaz el Estado mexicano: contener la paranoia colectiva.
Naomi Klein, periodista y escritora, escribió en su libro más reciente que el miedo y el desorden pueden ser aprovechados por los gobiernos para imponer leyes o hacer pasar casi inadvertidas medidas antipopulares o informar de gestiones desastrosas. En La doctrina del shock.
El auge del capitalismo del desastre, la también especialista en movimientos sociales altermundistas explica cómo funciona esa doctrina: “El desastre original –llámese golpe, ataque terrorista, colapso de mercado, guerra, tsunami o huracán– lleva a la población de un país a un estado de shock colectivo. Las bombas, los estallidos de terror, los vientos ululantes preparan el terreno para quebrar la voluntad de las sociedades (…). Las sociedades en estado de shock a menudo renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza”.
Durante la primera semana de contingencia sanitaria, que coincidió con la conclusión del último periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura, el Congreso de la Unión aprobó la intervención de comunicaciones por parte de la Policía Federal Preventiva. Los legisladores, a puerta cerrada y sin discusión, aprobaron también la ley contra el narcomenudeo y legalizaron que los ciudadanos mexicanos puedan trabajar para gobiernos extranjeros sin permiso del poder legislativo mexicano. Asimismo, en esa semana se dio a conocer que la economía del país cayó 10.8 por ciento durante el mes de febrero de 2009. Se trata de la caída mensual más alta que se haya registrado en la historia reciente de México.
Ni siquiera en la crisis de 1995 el crecimiento negativo fue tan profundo. México recibió un nuevo préstamo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, ahora por 3 mil millones de dólares.
Además, se estableció que en las campañas electorales no se realizaran mítines concurridos.
Durante esos días la sociedad permaneció en sus casas, invitada a ello por un gobierno que siempre desconfió de las multitudes.
En los últimos días de la contingencia, la sociedad comenzó a perder el miedo. Acaso irresponsablemente miles de personas en la ciudad de México dejaron de cubrirse la boca y volvieron a saludarse de mano y de beso. Los niños usaron algunos de sus cubrebocas para hacer paracaídas para sus muñecos, y las calles se encontraron repletas de nuevo.
El miedo, no sólo a la influenza, parece disiparse