DESPOJO A LA NACION

Proyecto México 2030: la venta de un país.
Autor: Nancy Flores. Revista Contralínea.

Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación.
Energía, agua, zonas de reserva de la biósfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo…


/ Primera parte

Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.
Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.
Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.
El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.
Bienes de la nación en riesgo
De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biósfera y las playas encabezan la lista de áreas que, “prioritariamente”, obtendrán “inversión privada”.
Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.
Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.
El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: “entreguista totalmente”.
Para Aguirre Rojas, “la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo”.
Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, “el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón”.
Energía y agua, objetivos reiterados
Los 14 documentos consultados por Contralínea indican que las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno calderonista desde fines de 2006 facilitarán las “inversiones público privadas” en todos los sectores, pero, con mayor énfasis, en el energético (hidrocarburos, electricidad) y en el hidráulico.
Descubren que, para ello, entre otras acciones será necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad –fusión impuesta el 11 de octubre de 2009 por medio del decreto presidencial que extinguió a la primera compañía–, permitir que Petróleos Mexicanos cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.
Aguirre Rojas explica que los proyectos de privatización han sido parcialmente exitosos, porque entregan los bienes de la nación “de una manera secreta, encubierta”. Pone como ejemplo la venta de la fibra óptica, “para lo cual fue necesario dar este golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas”.
En el ámbito del agua, los documentos del plan de “Gran Visión” indican que se debe “invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas”. En este último rubro, la “meta” es que “el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos” asociados.
En el eje de economía, el proyecto reitera que el sector privado debe participar en la infraestructura hidráulica para “reducir” las brechas de acceso al servicio de agua potable.
Los informes también detallan una mayor incidencia de la iniciativa privada incluso en las áreas de reserva de la biósfera, por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.
El economista e historiador Aguirre Rojas advierte que, bajo el falso manto del ecoturismo y de la recuperación de los recursos naturales, el gobierno está despojando a las comunidades indígenas de los recursos que les pertenecen y que han cuidado durante siglos.
Por ello, recuerda, fueron violados los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, “porque la concepción de los compañeros indígenas neozapatistas era: ‘Si somos autónomos, tenemos capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos’; pero ahí el Estado iba a perder justamente la capacidad de privatizar todos los bosques del sureste de Chiapas, todos los recursos de uranio, minerales, la inmensa cantidad de agua que hay ahí y que genera la tercera parte de la energía eléctrica de este país”.
Los propios documentos de la Presidencia de la República revelan un interés especial en el “desarrollo del sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”. Los planes de intervención no sólo se limitan a Chiapas, donde se ubica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; también abarcan Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario) y Guerrero (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
Y aunque el Proyecto México 2030 asegura que se respetarán a los legítimos propietarios de las tierras y los recursos naturales, también revela que se creará una normatividad que permita el despojo: “Una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.
Previsible, más pobreza
De 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias, indican datos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Al referirse a la experiencia de las privatizaciones en México, Ana Luisa Nerio Monroy, maestra en relaciones internacionales por la UNAM y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el sistema capitalista viola todos los derechos sociales.
“La política neoliberal –señala– tiene muchos años de haber probado que no beneficia a la población general; hay escasos beneficiarios: pequeñas elites que se enriquecen. Por eso genera descontento social.”
Para la activista, en México no hay una visión de Estado. “Calderón no es un estadista político; si lo fuera, estaría viendo por las generaciones futuras, por lo que va a ocurrir en años subsiguientes a su gobierno. Las estrategias que aplica son inadecuadas: está priorizando la seguridad represiva y las privatizaciones, no el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales ni de la vida digna de los mexicanos. Y es claro que con esas estrategias sólo está generando descontento social”.
El doctor Aguirre Rojas coincide: “Los que pagan la factura, como siempre, son los obreros, los campesinos, los indígenas, la gente que es expropiada de su tierra, a la que le roban el agua, a la que no le respetan sus recursos, a la que le destruyen el bosque, a la que le inundan un pueblo entero para crear una presa que ingenieros decidieron hacer sin tomar en cuenta a las propias comunidades ni las condiciones del terreno. Eso que hemos estado viviendo en México en el último tiempo”.
Añade que la crisis económica que está padeciendo el país es producto de las políticas privatizadoras, “de la idea de decir: hay que privatizar hasta el agua, hay que expropiarles las tierras a los campesinos y a los indígenas y volverlas propiedad privada, hay que expropiar todos los recursos y venderlos; lo cual explica, entre muchas otras cosas, la ofensiva terrible que ha estado desarrollando el gobierno contra las comunidades neozapatistas en Chiapas. Éste es un proceso que se está dando en todo el país”.
Puntualiza que México está aplicando “las peores políticas y está tomando las salidas más absurdas y más anacrónicas” respecto de la crisis cíclica que inició a mediados de 2008: “Una crisis de ciclos económicos Kondratieff”. Agrega que, “cuando se comparan las cifras de cómo se reaccionó o cómo impactó esta crisis económica mundial de fines de 2008 hasta hoy en toda América Latina, el país que más sufrió y que menos pudo enfrentarla fue México”.
El doctor en economía subraya que el mundo en su conjunto ya está volviendo a lo que sería la fase A de Kondratieff, con la aplicación de políticas neokeynesianas. Por ello, tras criticar el atraso de México, que sigue aplicando políticas neoliberales, recomienda tomar el ejemplo de Francia y de Estados Unidos, países donde el Estado vuelve a intervenir y a regular el mercado.
La maestra Nerio Monroy recuerda que “el mal manejo de la economía” ha derivado en el aumento en el precio de la canasta básica. Además, “en el caso de los derechos civiles, estamos observando que no se están generando empleos suficientes para tener una vida digna”. Con ello, se restringe el acceso a otros derechos sociales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el bienestar social.
La activista de los derechos humanos considera que la política neoliberal de Calderón y de los gobiernos que lo precedieron han incubado una serie de problemas sociales que van a estallar en algún momento. “Ahora lo estamos viendo con el problema del crimen organizado, que ya está afectando a personas inocentes”.
Agrega que “mientras no haya una construcción distinta de la política neoliberal en México, una verdadera transparencia en el uso de los recursos, mientras las elites políticas no dejen de imponer sus intereses y no pongan como prioridad a las personas que representan, se seguirán afectando los derechos sociales de la mayoría”.
Imposiciones autoritarias
La segunda ola de privatizaciones se gestó mientras un amplio sector de la sociedad exigía el recuento de los votos y llamaba “espurio” al presidente electo Calderón Hinojosa, por el presunto fraude en el que habría incurrido en los entonces recién concluidos comicios.
Para el historiador y economista Aguirre Rojas, ante la falta de legitimidad del actual gobierno federal, las privatizaciones sólo son y serán posibles por la vía de la imposición y la represión.
“Como lo dijo Gramsci y muchos teóricos políticos: para gobernar, los Estados se apoyan en dos cosas, por un lado en los elementos de la fuerza, la policías y el Ejército; por otro, en los elementos del consenso, es decir, en la credibilidad que pueden crear en la población de que lo que están haciendo es necesario, legítimo, válido, y por tanto les da un cierto apoyo social. El gobierno de Felipe Calderón, que llegó con ese monumental fraude, tenía cero consenso. Las bases de apoyo social de Felipe Calderón (actualmente) son superfrágiles”.
Agrega que el presidente de México ha venido gobernando exclusivamente a través de la fuerza. “Por eso el país está militarizado, por eso hoy tenemos ese triste liderazgo de Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta no de México ni de América Latina, sino del mundo entero: es más violenta que Bagdad, que la capital de Líbano, que las ciudades palestinas de la Franja de Gaza, que están en guerra permanente”.
El autor de América Latina en la encrucijada: los movimientos sociales y la muerte de la política moderna se pregunta “cómo puede ser que hayamos llegado a grados de violencia peores que los de Medellín en el peor momento de las décadas de 1970 y 1980, de su historia violenta. Eso –explica– se debe a que Felipe Calderón está gobernando sobre todo con el elemento de la fuerza y por eso ha sacado al Ejército en todas las ciudades del país y utiliza a la Policía Federal y a las policías estatales y municipales; por eso está criminalizando toda la protesta social, lo cual también anuncia un colapso del propio Estado en términos de su función política”.
Indica que no es una casualidad que se haya puesto de moda el discurso de que México es un Estado fallido, en crisis, inexistente, que no gobierna. Es un Estado que efectivamente está en una situación de colapso, que está apoyado sólo en elemento de la fuerza, con un consenso hiperfrágil y muy pequeño.
El historiador identifica que es esa fuerza la que se está usando para imponer las medidas neoliberales. “Por eso se le da ese ataque artero al Sindicato Mexicano de Electricistas y después la privatización (de la fibra óptica). Por eso, de repente, se inunda Juárez de soldados. Él está interviniendo del lado de unos; no es que esté realmente combatiendo al narcotráfico: está combatiendo a ciertos grupos del narcotráfico para beneficiar a otros.
“Él está usando al Ejército y a la policía en Ciudad Juárez para beneficiar a un grupo y atacar a otros; para golpear al SME y privatizar; para asustar a la gente y hacer pasar sus reformas petrolera, laboral, fiscal”.
—¿Sería previsible más represión?
—Desafortunadamente sí. En la medida en que él no tiene consenso social, no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. Entonces sólo le quedan estas medidas por la fuerza.
El historiador y economista observa, sin embargo, que “esto va a hacer que la protesta crezca, que la gente empiece a movilizarse, que los movimientos se organicen más de manera vertical y horizontal y que, espero, a partir de esto seamos capaces de ponerle un alto a Felipe Calderón”.
Los convidados del poder.
Detrás de las principales estrategias privatizadoras del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, hay apenas 420 personas, no sólo de nacionalidad mexicana, también extranjeras. En esencia, se trata de políticos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones financieras y académicos afines.
Entre los empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales e instituciones financieras destacan: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo (beneficiado con contratos tipo PPS en el ámbito de la salud, Contralínea 122).
Además, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA.
Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Proyectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingenierái; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre otros. (NF)



¡Pronto México se liberará!, anima Evo Morales a los revolucionarios del país

La Jornada


El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, emitió ayer un mensaje a los movimientos indígenas, sociales, obreros e intelectuales, así como a los revolucionarios del país: Mucha fuerza. ¡Pronto México se liberará! En un discurso largamente ovacionado por miles de personas que desbordaron el jardín Hidalgo de Coyoacán, el mandatario sostuvo que es posible liberar a América Latina del control de Estados Unidos si hay unidad y organización:
Hay que tener paciencia, aguantar a la derecha. Seguramente el sentimiento de los pueblos de Latinoamérica es una liberación. La unidad dentro de los movimienteos sociales y los partidos de izquierda es necesaria para esa liberación. Ésa es la experiencia que puedo aportar, dijo.
Emocionado por el recibimiento que se le prodigó, y que el mandatario definió como un acto de rencuentro con los movimientos que luchan y sueñan por un mundo de igualdad y dignidad, Evo Morales se refirió a la cumbre de países de América en Cancún, y sostuvo que de ese encuentro México podría pasar a la historia si se decide que Latinoamérica necesita una nueva OEA, sin Estados Unidos. ¡Qué mejor que en esta tierra de Benito Juárez y de Emiliano Zapata!
Más tarde, en conferencia de prensa que se prolongó durante una hora, a una pregunta sobre sus relaciones con otros jefes de Estado, aseguró que mantiene un trato de amistad con Calderón. Pero tampoco me pueden pedir que yo me pelee con ningún presidente, atajó.
También, a otra pregunta Morales Ayma admitió que no ve un cambio inmediato en ese mecanismo internacional, pero debemos ver hasta dónde podemos avanzar sin el imperio. Mi experiencia es que mejor sin el imperio: sin controles, chantajes, tutela e intentos de golpes de Estado. Al embajador de ese país lo expulsamos. Paz y tranquilidad.
Alertó que Washington ha modificado sus estrategias de intervencionismo en el continente. La conspiración es de otra forma: dividir a los movimientos sociales, enfrentar a los regímenes, el retorno de las bases militares en Perú, Colombia, Panamá... Pero nosotros no podemos defendernos con guerra, sino con la conciencia de nuestros pueblos.
Abierta provocación desde Honduras
El caso de Honduras, dijo, habla de la abierta conspiración del gobierno estadunidense para derrocar al presidente Manuel Zelaya. Si Washington quería acabar con el golpe de Estado, eso estaba en sus manos. Porque ahí estaba una de sus bases militares. Ésa es una abierta conspiración; una abierta provocación contra los presidentes de los países revolucionarios.
Satisfecho por el avance de gobiernos surgidos de la izquierda y de los movimientos sociales, ironizó: El eje del mal sigue creciendo. Antes era sólo Cuba, luego Venezuela, Brasil, Bolivia y Honduras.
En su discurso vespertino, planteó que no se puede olvidar al pueblo cubano ni a Fidel Castro. La lucha no ha sido en vano, y ahí viene otro compañero, Hugo Chávez. Qué bonita es la cooperación entre algunos presidentes de Latinoamérica, pero acuérdense de lo que les digo: el capitalismo no es ninguna solución para la humanidad. Pronto veremos en Latinoamérica al socialismo comunitario, estoy convencido de eso.
Evo Morales se refirió ampliamente a la experiencia de Bolivia y a su esfuerzo por recuperar los bienes nacionales, que le permitió ingresos extraordinarios con los cuales su país dejó de ser un país indigno y mendigo y hemos empezado a dignificar a todos los bolivianos. Expuso que al inicio de su gobierno persistía la incertidumbre de lograr un superávit no obtenido durante 65 años.
No obstante, dijo, la sola recuperación de los hidrocarburos libró a Bolivia del déficit fiscal. Pasó el tiempo y en septiembre (de 2006) revisamos nuestra macroeconomía. ¡Había plata! El gobierno no tiene que mandar al gabinete económico a Estados Unidos para hacerse de plata para pagar aguinaldos. Se acabó eso. Sobró plata. El primer año de nuestro gobierno con superávit fiscal, expresó.
Antes, refirió, 70 por ciento de la inversión privada se concretaba con créditos contratados en el exterior o con cooperación internacional, y el otro 30 por ciento con impuestos y regalías de las trasnacionales adueñadas del petróleo. Pero el año pasado 70 por ciento de la inversión fue con nuestra plata, pero en poco tiempo toda la inversión será con plata boliviana.
Recargada agenda para defenderme
Morales Ayma inició su discurso con una disculpa por no haber aceptado antes las invitaciones que el movimiento indígena de México le hizo para visitar el país. Pero tenía una recargada agenda para defenderme como presidente.
El recibimiento estuvo a cargo del delegado de Coyoacán, Raúl Flores, quien fue abucheado por una multitud descontenta con la desorganización del encuentro. La silbatina duró el tiempo en que el funcionario acabó su discurso. ¡Fuera, fuera!, le gritaron. ¡Que se baje!, le exigieron.
Presidente de los indígenas
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó en su bienvenida: Vivimos en una América a la que el poeta (Rubén Darío) llamó la América fragante de Cristóbal Colón. Era bella, hermosa, pero hoy huele a sangre, a crímenes, a corrupción, y sobre todo hay muertos, fraudes y engaños.
Afirmó que así como Espartaco al ser crucificado dijo que volvería y serían millones, así somos millones los bolivianos, los argentinos, los mexicanos que podemos hacer un solo país del continente... Somos muchos y los poderosos, los usurpadores, son unos cuantos. Así, con el dedo, sin hacerles daño, los podemos hacer a un lado.
La mazahua Elisa Segundo aseguró que la lucha de Morales en Bolivia es también nuestra lucha, porque él también sufrió como nosotros. Él sí es presidente de los indígenas. Es el único hombre reconocible de América, porque nos escucha. ¡Sigamos adelante con él y venceremos!


Piden "descongelar" las iniciativas para limitar el fuero militar

Paulina Rivas Ayala
Argenpress


La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por el caso Rosendo Radilla Pacheco es muy clara en su mandato de ponerle límite al fuero militar, y ante ello, las y los legisladores deben “desempolvar o descongelar” las iniciativas que se han propuesto al respecto, no se necesita una orden del Ejecutivo para cumplir la condena.

Así lo señaló el director jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) Humberto Guerrero Rosales, después de una plática entre académicos sobre la sentencia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El fallo de la CoIDH mandata la armonización del Artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) con la Convención Americana de Derechos Humanos y para lograrlo “no hace falta mas que un procedimiento legislativo normal”, es decir que el ejecutivo o el legislativo presenten la iniciativa de modificación y para ello “lo único que se necesita es voluntad política”, indicó. La responsabilidad para el cumplimiento de la sentencia, consideró, es de todos los partidos políticos y en especial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues las desapariciones forzadas y la violencia militar en la montaña de Guerrero ocurrieron en un régimen priísta y este grupo tiene el deber moral de impulsar el cambio.
También el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que en algún tiempo estuvo impulsando las reformas al CJM puede sacarlas a flote de nuevo porque la sentencia no sólo es para el ejecutivo, sino que involucra a los tres poderes y niveles de gobierno. Cabe recordar que en octubre de 2006, la diputada federal Marina Arvizu Rivas del partido Alternativa Socialdemócrata presentó una iniciativa para modificar el artículo 13 constitucional, y así limitar la competencia de la jurisdicción militar para conocer los delitos cometidos por elementos castrenses, la cual fue turnada a la comisión de la Defensa Nacional donde fue rechazada. El PRD también presentó una iniciativa el 13 de marzo de 2007, en voz del senador René Arce, para reformar el artículo 13 constitucional y 57 del CJM. Dicha iniciativa surgió después de la violación sexual que militares cometieron contra Ernestina Ascencio en Veracruz y contra 14 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños Coahuila.
El documento fue turnado a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Defensa Nacional y Estudios legislativos. La más reciente Iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal del Partido del Trabajo (PT) el 29 de julio de 2009, en la que propone la modificación al Artículo 57 del CJM para que los soldados que cometan violaciones contra civiles sean juzgados por la autoridad civil que corresponda, esta iniciativa aún se encuentra en trámite. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo la oportunidad, de acuerdo con las organizaciones civiles de derechos humanos, de acotar el fuero militar al discutir y conocer de un amparo interpuesto por la viuda de un civil asesinado por militares.
Sin embargo, la SCJN determinó no entrar al fondo de la discusión y desechó la petición de la interesada por considerar que no tenía interés jurídico para solicitar la impugnación del artículo 57 del CJM. Justicia de transición Humberto Guerrero, explicó que para que haya una verdadera justicia de transición, un país debe hacerle frente a su pasado autoritario para así poder vivir, caminar hacia la democracia y “eso es exactamente lo que no ha hecho México, ni el Partido Acción Nacional (PAN) a pesar de que dijo que lo haría”. En el caso de Rosendo Radilla, dijo, su desaparición sucedió porque el Ejército mexicano actuaba al amparo de la ley y protegido por un sistema de justicia ineficaz lo que se tradujo en un contexto de violaciones sistemáticas y eso es lo mismo que ocurre ahora. Por ello, en México, no se puede hablar de la transición a la democracia. El Estado “ya no puede argumentar que (la decisión de la Corte) no es vinculante porque es una condena” y si el fallo no se cumple “lo único que demuestra es que no tiene ninguna voluntad política de resolver el problema”. Además, todos los argumentos que interpuso para justificar el fuero de guerra ante el máximo tribunal de justicia del continente fueron refutados unos a uno por la Corte y “no hay de otra tiene que cumplir”.

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INFANCIA ASESINADA, UN COSTO SILENCIADO

Guerra de Calderón: 110 niños muertos, 3.7 mil huérfanos
Autor: Paulina Monroy
La guerra contra el narcotráfico, promovida por Felipe Calderón, tiene un saldo –hasta el momento– de más de 4 mil niños y adolescentes muertos, en la orfandad o que han sido reclutados por sicarios. “La violencia usada como método para combatir el crimen organizado se pone por encima de la vida y los derechos de la población más vulnerable”: Red por los Derechos de la Infancia en México


Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.
“La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos”, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos.
Tan sólo el 31 de enero fueron ultimados en Ciudad Juárez, Chihuahua, 12 adolescentes, de entre 15 y 17 años, a mano de un grupo de pistoleros cuando participaban en un festejo estudiantil. Una hora después, en la zona centro de Torreón, Coahuila, sujetos armados dispararon contra 25 personas. Adolescentes de entre 14 y 16 años resultaron heridos.
Según datos de la RDIM, de diciembre de 2006 a marzo de 2009, 110 niños murieron en fuego cruzado entre fuerzas militares y de seguridad e integrantes de la delincuencia organizada. En ese periodo, los menores asesinados se cuentan en 63, mientras que 427 fueron reclutados por sicarios. Además, se calcula que al menos 3 mil 700 niños quedaron en orfandad como resultado de la estrategia contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón.
Respecto del caso de la niña Elizabeth Martínez, la asociación civil demandó, en una carta dirigida a Felipe Calderón el 29 de diciembre, la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación del daño.
Exigió poner fin a las políticas de seguridad que arriesgan la integridad de los civiles; en particular, demandó que el Ejército Mexicano ya no realice esas tareas. También propuso la creación de una defensoría independiente para los derechos de la infancia.
La Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN) define la violencia como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente y explotación. Consagra que el deber del Estado es preservar la vida del niño, garantizar su supervivencia, desarrollo y protección contra toda forma de de violencia.
La violencia crece, advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los países que adoptan medidas de represión contra la delincuencia organizada sin una estrategia de prevención, un sistema fidedigno de datos y un pleno respeto a los derechos humanos. Según su Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, la arbitrariedad, la ineficacia y la imposición violenta de la ley contribuyen a ese incremento.
Defensores de los derechos de la niñez sostienen que el Estado mexicano no garantiza la protección y seguridad de la población más vulnerable. “Por el contrario, la violencia se justifica como solución de conflictos y se pone la guerra contra el crimen organizado por encima de la vida de niños y adolescentes”.
Operativos, por encima de las vidas de los niños
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la RDIM, dice que “hablar de 110 niños muertos es hablar de serias fallas en el Estado mexicano para garantizar la protección de los menores”. Arguye que en el entendido de que se ponen vidas en riesgo en los operativos militares, el Ejército tiene la obligación de frenar su acción y usar otras estrategias. “De otra manera –advierte–, se pondera la acción militar sobre la vida de las personas”.
La ONU establece criterios para que las fuerzas militares y de seguridad garanticen la seguridad de la población en los enfrentamientos por fuego cruzado; no obstante, “prevalece la acción policiaca o militar sobre la seguridad de los civiles. Eso violenta los derechos humanos”.
Aclara que no se trata de negar la obligación del Estado frente al delito, mas en el mismo nivel de prioridad debe estar la integridad de las personas y el cuidado de las garantías individuales.
Con motivo del Examen periódico universal, en febrero de 2009, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sugirió que el Estado mexicano realizara las investigaciones de las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas militares y de seguridad, procesara a los responsables e indemnizara a las víctimas. Además recomendó la revisión del Código de Justicia Militar para alinearlo con las obligaciones internacionales en derechos humanos.
Ya desde 1994 el Comité de los Derechos del Niño, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la CDN, expresaba su preocupación por la cantidad de denuncias contra las fuerzas militares y de seguridad responsables de maltrato a menores en México. Se dijo inquieto por la falta de castigo y propuso que ese tipo de delitos se juzgaran en tribunales civiles.
Para Pérez García, lo que se ha logrado obtener es impunidad, pues en la mayoría de los casos no hay cárcel, y cuando sucede se aplican sentencias pequeñas como el cambio de adscripción, arrestos y los descensos de rango.
“El hecho de que se garantice la impunidad al Ejército en la guerra contra el narcotráfico implica que las vidas civiles no tienen mayor trascendencia. Se consideran sólo como costos colaterales; la vida de un niño no puede estimarse así”, expresa.
Bajo esa premisa, opina, resultan más graves los casos de fuego cruzado, pues tampoco hay un debido proceso y no se encuentra a los responsables. “Las actuaciones tienen poca institucionalidad porque se prioriza el estigma sobre los involucrados en los delitos. Ese hecho no tendría por qué omitir la garantía de sus derechos humanos”.
Enumera que se descuida la escena del crimen; no hay evidencia de cómo el gobierno garantiza la protección de menores, y no hay claridad del porqué los menores se ven inmiscuidos en estos hechos de sangre.
La RDIM subraya que las fuerzas militares y de seguridad pública deben ajustarse a los protocolos de actuación. También se debe crear un registro sistemático de los casos, pues “la falta de información y la complejidad para conocer los casos es todavía mayor cuando un niño muere en un operativo”.
Menores reclutados en el narcotráfico
Según las estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, más de 400 niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado.
Araceli Borja Pérez, representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children México, precisa que es un fenómeno resultado del desempleo, de la falta de oportunidades y de una política educativa que no es la respuesta: “La comunidad no les da las herramientas para involucrarlos en otras actividades; ven en la delincuencia organizada un modo de subsistencia”.
La activista refiere que menores entrevistados confiesan su aspiración a ser narcotraficantes o pertenecer a algún grupo del crimen organizado: “Saben que se van a morir, pero dicen que prefieren vivir bien un corto tiempo que vivir una vida larga de pobreza”.
Expresa que el empoderamiento del narcotráfico está muy cerca de adolescentes que ya no pueden continuar sus estudios por falta de recursos: “Es difícil permanecer en la educación y sólo tienen dos opciones: emigrar a Estados Unidos o quedarse e integrarse a esos grupos”.
A su vez, coincide Pérez García, el que un número importante de detenidos y ejecutados sean adolescentes habla de una omisión grave en la previsión social: “No tienen oportunidad de construirse un proyecto de vida. El Estado mexicano debe corregir sus políticas para garantizarles seguridad, oportunidades educativas, de salud y laborales”.
En su opinión, hay más golpes espectaculares que acciones puntuales. Mientras se responsabiliza a los menores, con el Programa Mochila Segura y pruebas antidopaje en las escuelas, “el problema es la violencia normalizada como una forma de solucionar conflictos”.
Indica que no se invierte en prevención y más del 90 por ciento del presupuesto se va a gasto militar y policiaco. “Se trata de que el Estado actúe frente al delito de una manera inteligente y que ponga en el centro la integridad de los niños”.
De acuerdo con las leyes nacionales y la CDN, los menores involucrados en un acontecimiento de este tipo no pueden ser considerados como delincuentes. Según el activista, son inimputables y están en conflicto con la ley: “Los menores vinculados al narcotráfico son víctimas y requieren de una atención diferenciada”. Valora que el gobierno mexicano es poco cuidadoso al abordar el tema.
Asesinatos y proliferación de armas de fuego
Desde hace ya casi 25 años, indica Save the Children México, cada día mueren por asesinato dos niños menores de 14 años en el país. El 10 por ciento de esas muertes ocurren por arma de fuego.
Según el reporte La infancia cuenta en México 2009, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la tasa de homicidios de niños de entre cero y cuatro años fue de 1.3 por cada 100 mil habitantes en 2007, es decir, 126 niños perdieron la vida.
La población de cinco a nueve años alcanzó un promedio de 0.5 muertes por cada 100 mil habitantes, y en menores de 10 a 14 años, la relación fue de uno. En 2007, la tasa de asesinatos en adolescentes de 15 a 17 años alcanzó las 5.3 muertes por cada 100 mil habitantes. En total se contaron 339 fallecidos durante ese año.
Juan Martín Pérez García asegura que hay una relación entre el incremento de la noción de inseguridad, que el gobierno mexicano ha impulsando, con la necesidad de armarse.
El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México apunta que el mercado de armas de fuego, aunado a la corrupción y el crimen organizado, se traduce en que los niños estén más expuestos. Estima que hay más de 30 mil armas al alcance de los menores. Define como necesario que el Estado mexicano realice acciones para combatir el mercado negro, que por ahora no están bien definidas.
La Ley Federal de Armas prohíbe la producción y la libre comercialización de armas en México; no obstante, el 90 por ciento proviene del tráfico ilegal desde Estados Unidos, lo que ocasiona así una falta de control sobre la adquisición, tráfico, posesión y portación.
En México, poseer un arma de fuego no requiere de la expedición de ningún tipo de permiso o registro, y tampoco se limita la cantidad de armas que puede haber en un domicilio.
Hay más de 15 millones de armas ilegales circulando en las 32 entidades federativas del país. De acuerdo con la Sedena, 2 mil 500 personas al mes las adquieren legalmente. El Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos estima que cada año cruzan ilegalmente la frontera 300 mil nuevas armas, granadas, metralletas, lanzacohetes y cohetes antitanque. Sólo en 2008 se decomisaron 20 mil 915.
El director ejecutivo de la RDIM advierte que si no se reduce el número de armas ligeras en el país, la guerra contra el narcotráfico termina por ser una ilusión: “Una sociedad armada es fácil que detone frente a la violencia”.
Violencia, estado natural
La última edición del Estado mundial de la infancia, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señala que de 500 a 1 mil 500 millones de niños son víctimas de violencia. Únicamente el 2.4 por ciento de la población infantil en el mundo, estima Save the Children, tiene la misma protección legal contra la violencia que los adultos.
A nivel mundial, en 2002, el 65 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar informaron haber sido intimidados verbal o físicamente en la escuela. Mientras que 150 millones de niñas y 73 millones de niños informaron haber experimentado relaciones sexuales forzadas.
Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, observa que mientras los niños padecen directamente la violencia, crecen en un entorno donde ésta se naturaliza y justifica como forma de solución de conflictos.
La representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children, Araceli Borja Pérez, describe que los niños son testigos diarios de la violencia. En el hogar, la escuela y la comunidad, las ejecuciones, los disparos y enfrentamientos son comunes. Además, señala, son espectadores de la impunidad y aprenden que el delito no se castiga.
Tanto es así, ejemplifica, que en Monterrey las escuelas utilizan alarmas para prevenir a los alumnos sobre la presencia de pandillas: “Hay una afectación en la vida de los niños por la violencia. No se puede decir que hay una zona segura”. La repercusión, expone, es que el niño que crece en un ambiente violento perpetúe esa violencia o viva con miedo y sin creer en el país.
Observa que si la violencia es un problema estructural, atañe a todos: “Como adultos estamos obligados a crear un estado de derecho que evite la violencia y que fomente una ciudadanía desde la infancia”.
La activista enuncia que la violencia se ataca al enseñar a los menores a desarrollar habilidades de paz. En los padres, dice, es necesario promover estrategias de disciplina positiva y una crianza con ternura, mientras que las autoridades deben crear sistemas de protección que defiendan los derechos de la niñez y armonizar su política.
También subraya la necesidad de que la Ley de Protección a los Derechos de la Niñez sea renovada, se fortalezca, se incremente en sus artículos y se armonice en cada entidad federativa.
“Si la sociedad –concluye Borja Pérez– no hace algo con medidas preventivas, armonizando sus relaciones y promoviendo el buen trato, no hay esperanza en el futuro. Hay que ser más asertivos en el actuar porque la violencia nos está rebasando”.


Mueren 110 niños en fuego cruzado.
Miguel Badillo.
Fracasa Calderón con el narcotráfico
Florece el lavado de dinero en México
En el número de la revista Contralínea que empieza a circular esta semana, una investigación de la reportera Paulina Monroy informa cómo la guerra contra el narcotráfico promovida por Calderón en todo el país ha dejado cifras escalofriantes: 110 niños han sido asesinados, 3 mil 600 quedaron en la orfandad y 4 mil más son utilizados como sicarios.
Este es el relato de la reportera: Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.
“La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos”, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos.
Tan sólo el 31 de enero fueron ultimados en Ciudad Juárez, Chihuahua, 15 adolescentes entre 13 y 17 años, a mano de un grupo de pistoleros cuando participaban en un festejo estudiantil. Una hora después, en la zona centro de Torreón, Coahuila, sujetos armados dispararon contra 25 personas. Adolescentes de entre 14 y 16 años resultaron heridos.
Según datos de la RDIM, de diciembre de 2006 a marzo de 2009, 110 niños murieron en fuego cruzado entre fuerzas militares y de seguridad e integrantes de la delincuencia organizada. En ese periodo, los menores asesinados se cuentan en 63, mientras que 427 fueron reclutados por sicarios. Además se calcula que al menos 3 mil 700 niños quedaron en orfandad como resultado de la estrategia contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón.
Respecto del caso de la niña Elizabeth Martínez, la asociación civil demandó, en una carta dirigida a Felipe Calderón el 29 de diciembre, la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación del daño.
Exigió poner fin a las políticas de seguridad que arriesgan la integridad de los civiles; en particular, demandó que el Ejército Mexicano ya no realice esas tareas. También propuso la creación de una defensoría independiente para los derechos de la infancia.
La Convención sobre los Derechos de los Niños define la violencia como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente y explotación. Consagra que el deber del Estado es preservar la vida del niño, garantizar su supervivencia, desarrollo y protección contra toda forma de violencia.
La violencia crece, advierte la Organización de las Naciones Unidas, en los países que adoptan medidas de represión contra la delincuencia organizada sin una estrategia de prevención, un sistema fidedigno de datos y un pleno respeto a los derechos humanos. Según su Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, la arbitrariedad, la ineficacia y la imposición violenta de la ley contribuyen a ese incremento.
Defensores de los derechos de la niñez sostienen que el Estado mexicano no garantiza la protección y seguridad de la población más vulnerable. “Por el contrario, la violencia se justifica como solución de conflictos y se pone la guerra contra el crimen organizado por encima de la vida de niños y adolescentes”.
Según las estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, más de 400 niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado.
Araceli Borja Pérez, representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children México, precisa que es un fenómeno resultado del desempleo, de la falta de oportunidades y de una política educativa que no es la respuesta: “La comunidad no les da las herramientas para involucrarlos en otras actividades; ven en la delincuencia organizada un modo de subsistencia”.
La activista refiere que menores entrevistados confiesan su aspiración a ser narcotraficantes o pertenecer a algún grupo del crimen organizado: “Saben que se van a morir, pero dicen que prefieren vivir bien un corto tiempo que vivir una vida larga de pobreza”.
Expresa que el empoderamiento del narcotráfico está muy cerca de adolescentes que ya no pueden continuar sus estudios por falta de recursos: “Es difícil permanecer en la educación y sólo tienen dos opciones: emigrar a Estados Unidos o quedarse e integrarse a esos grupos”.
A su vez, coincide Pérez García, el que un número importante de detenidos y ejecutados sean adolescentes habla de una omisión grave en la previsión social: “No tienen oportunidad de construirse un proyecto de vida. El Estado mexicano debe corregir sus políticas para garantizarles seguridad, oportunidades educativas, de salud y laborales”.
La violencia no cesa y el gobierno federal, por conducto de Felipe Calderón, reconoce su fracaso y anuncia, al fin, estudiar una nueva estrategia que no signifique sólo mantener a las fuerzas armadas en las calles para batirse con delincuentes y narcotraficantes. Tuvieron que pasar tres años y morir miles de niños, jóvenes, mujeres, ancianos y hombres antes de que el gobierno calderonista se diera cuenta de que su actuar, en lo que él mismo califica de “guerra” contra el narcotráfico, ha sido fallido, y en el declive de su gestión busca rectificar el rumbo, aunque habrá que esperar si no se trata sólo de una acción política electoral mediática.
La masacre de 15 niños y jóvenes hace unos días en Ciudad Juárez, Chihuahua, el estado más violento del país y de donde es oriundo el actual procurador general de la República, ha sido el hecho violento que ha reunido la protesta de mexicanos en todo el país que exigen justicia y mejores acciones del gobierno para acabar con los asesinatos que diariamente se presentan en diversos estados.
En ese contexto de muerte, odio y descomposicion social, agravada en los últimos tres años, Calderón apenas se da cuenta de que el país está sin rumbo y vacío de poder, y que el crimen organizado se ha apoderado de regiones y territorios, en donde sólo él manda con la complicidad de policías, autoridades y militares.
Desconcertado y sin saber qué hacer, Calderón reconoce que ante su fracaso necesita de nuevas estrategias en su lucha contra el narcotráfico, en donde los cárteles de la droga lejos de sentirse temerosos o disminuidos, se han fortalecido en los últimos años y han mejorado sus estructuras de organización y protección, lo que les arroja fuertes ingresos de dinero sucio producto del tráfico de drogas.
Desesperados, en la Presidencia de la República han convocado a nuevos actores a las juntas del gabinete de seguridad para atender lo que desde un principio debió haberse hecho, como es involucrar a las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social y Agricultura, pues el problema del narcotráfico en el mundo no es un asunto de guerras internas en países pobres, como sólo lo entendía el gobierno mexicano, porque la droga se consume principalmente en los países desarrollados y el rentable negocio económico que significa el narcotráfico no tiene límites ni fronteras territoriales, se mueve libremente por cualquier país y el dinero sucio se lava en las principales economías mundiales y en las más prestigiadas instituciones financieras de todo el mundo.
Así, deberá entenderse que la miseria extrema que envuelve a las dos terceras partes de los mexicanos es un caldo de cultivo para las estructuras de las bandas delincuenciales, mientras que el campo agrícola se convierte en la materia prima para el mejor postor que busque sembrar marihuana y establecer laboratorios en donde se procesen las drogas, mientras que la falta de vigilancia estricta en los circuitos financieros del país es la llave de acceso al blanqueo de capitales que sirve para aceitar la maquinaria de la corrupción y extorsión de autoridades, políticos y gobernantes.
Ante ello, la sociedad exige y demanda nuevas y mejores acciones urgentes en contra de los lavadores del dinero, y aquí es donde banqueros, directivos de casas de bolsa y de cambio, hoteleros, especuladores, empresarios inmobiliarios, industriales, políticos y burócratas que estén sirviendo al narcotráfico deberán ser llamados a cuenta para que respondan por sus delitos. Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y la Procuraduría Fiscal reunen expedientes de los involucrados.
Al momento en que se corte el flujo financiero al crimen organizado, éste dejará de alimentar la maquinaria de la corrupción gubernamental que se vuelve complaciente y cómplice con las bandas delincuenciales en todo el país.
Negociar con jefes del narcotráfico
El caso colombiano es un ejemplo de lo que a una sociedad pobre, igual que la mexicana, le puede ocurrir cuando los cárteles de la droga se apoderan del Estado.
Hace 20 años, Colombia se debatía entre la vida y la muerte por la presencia en su territorio de los principales traficantes de cocaína en el mundo. La industria que esta droga había generado en ese país sudamericano, permitía el control de las estructuras de gobierno y un clima de violencia parecido al que hoy vive México. Fue entonces cuando el gobierno colombiano decidió sentarse a negociar con los jefes de la mafia para que se entregaran a las autoridades a cambio de que no fuera extraditados a Estados Unidos, respetaran a sus familias y dejaran de presionarlas judicialmente, y podrían mantener parte de sus fortunas acumuladas en su actividad delincuencial.
Parecía una situación difícil de lograr pero se hizo y eso disminuyó la violencia y obligó a que otros grupos mafiosos, en este caso los mexicanos, retomaran fuera de Colombia el control del tráfico de drogas hacia el mundo entero.
Fue entonces que el cártel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orihuela, y el de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria –quien por cierto lavaba su dinero en bonos del Tesoro de Estados Unidos-, prácticamente desaparecieron y fueron otros, ya disminuidos, los que continuaron el negocio a una menor escala, pero lo más importante fue el mensaje del gobierno colombiano de tratar de enfrentar, con estrategias distintas a la armada, a las mafias de la droga, lo que dio como resultado una considerable reduccion de muertos, secuestros y desparecidos, y la calma y tranquilidad volvió a las calles de Colombia.
En México prácticamente nadie puede hablar de una negociación sin recibir de inmediato la crítica y descalificación de las autoridades, las cuales actúan más por presiones de Washington que por intereses propios. Pero la pregunta es si acaso el gobierno no negocia con narcotraficantes en su programa de testigos protegidos, en donde les da impunidad, dinero y protección, con cambio de nombre y domicilio, para que delaten a sus cómplices. Sin duda que sí es una negociación, sólo que el programa de testigos protegidos es en menor escala y a Estados Unidos no le conviene que el gobierno mexicano llegue a acuerdos con las bandas del narcotráfico, pues deja vulnerable su territorio por ser el mayor consumidor de drogas.
Niños, a merced de delincuentes en la web
Autor: Paulina Monroy
En México, uno de cada cinco niños puede ser contactado por un delincuente en internet; sin embargo, la seguridad en línea y la protección de datos personales de los menores de edad no están en la agenda nacional. El tema está en la zaga, mientras las denuncias de delitos cibernéticos contra menores siguen en aumento
Uno de cada cinco niños mexicanos puede ser contactado por un delincuente en internet. Durante 2009 crecieron en ciento por ciento las denuncias por delitos contra menores en la red. Mientras un año atrás, la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Secretaría de Seguridad Pública recibió 173 acusaciones, el saldo en 2009 alcanzó las 320.
La dependencia identificó 17 infracciones diferentes contra niños y adolescentes en la red. La pornografía infantil encabeza la lista. Y es que en los últimos tres años, el número de sitios mexicanos dedicados a esa ilícito aumentó en 40 por ciento, superando así las 100 mil páginas electrónicas.
Le sigue el gromming, definido como el conjunto de estrategias que un adulto utiliza para ganarse la confianza del niño y obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o un encuentro con la víctima. Esta actividad, advierte la dependencia, va en aumento.
A ellos se suman amenazas, difamación, hostigamiento, secuestros, pederastia, fraude, robo de identidad, el tráfico y la trata de menores. Mientras los delincuentes tienen a su alcance herramientas más avanzadas para no ser capturados, México está a la zaga en la protección de datos personales de menores en la red.
La Convención Nacional sobre los Derechos del Niño postula que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
Las actividades en línea –advierte la Alianza por la Seguridad en Internet (ASI)– conllevan riesgos como la conducta, el contacto y el contenido inapropiados, pues el mundo virtual puede dar la falsa sensación de anonimato.
Niños y adolescentes olvidan que son responsables de sus acciones en la red o que pueden ser víctimas de acosadores, intimidadores o estafadores, y de información nociva, como la pornografía o la violencia. Según la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, tres de cada cuatro menores están dispuestos a intercambiar información personal en la red.
No obstante, todavía está en espera de dictamen la iniciativa de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en la Cámara de Diputados, que contemplaría la salvaguarda de la vida privada de niños y adolescentes en internet. Para la ASI, el tema de la seguridad en internet no es prioridad para el actual gobierno.
Seguridad en línea, ausente de la agenda nacional
Seis de cada 10 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 años son usuarios de la red, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet. La Encuesta nacional de la juventud 2005, realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), arrojó que el 68 por ciento de los jóvenes entrevistados navega sin ningún tipo de vigilancia. El 93 por ciento participó en redes sociales, mientras que el 49 por ciento accedió a ellas lejos de cualquier supervisión.
Armando Novoa Foglio, director de la Alianza por la Seguridad en Internet, observa que es prioritario elevar el concepto de seguridad en línea en la agenda nacional: “No es prioridad y por ello no hay más agilidad para que se aprueben programas educativos y de salud que prevengan los delitos”. Agrega que ni siquiera existen métricas ni estudios sobre el número de menores que tienen encuentros con personas que conocieron en internet.
La agenda de la ASI incluye que el gobierno considere ineludible el tema de la seguridad de los menores en la red, como el desarrollo de políticas públicas y de leyes de prevención.
Aunque considera que no debe limitarse el uso de las tecnologías de la información, pues son un vehículo de desarrollo, señala que el Estado tiene que encauzarlas para que no se utilicen de manera destructiva, pues está obligado a velar por la seguridad de los ciudadanos.
Recuerda que los menores no tienen criterio para reconocer en una conversación en línea si su interlocutor es una persona confiable: “El niño está conectado a una comunidad, desarrollando relaciones y teniendo conductas y actividades, y no distingue entre el mundo real y el mundo en línea. Lo ve como un medio por el que se expresa”.
Los riesgos para menores en internet, enumera, están catalogados en ciberacosadores, contenido inapropiado y hostigamiento en línea. “La solución –apunta el especialista– es la educación en las escuelas, donde se reafirme la importancia de que los menores cuiden sus datos personales y desarrollen habilidades para identificar los peligros”.
El director de la ASI expone que un niño juega sin pensar en las consecuencias, pero en internet sí debe entender que sus actos las tienen. Menciona que se deben introducir los conceptos de ciberciudadanía y la alfabetización digital en los centros educativos. El primero se define como la ciudadanía en el espacio virtual, es decir, el conjunto de deberes y derechos de todo usuario en internet. La alfabetización digital es el desarrollo de habilidades de juicio crítico en los menores para que aprendan a discernir y discriminar los contenidos en línea.
Explica que el problema de exposición de datos personales en las redes sociales crece cuando los niños cursan el quinto año de primaria, pero se detona en secundaria: “Es la etapa más conflictiva. Por eso hay que prepararlos desde primero de primaria para que, al llegar a ese nivel, ya entiendan la importancia de la privacidad”.
Para el activista es necesario que el Estado adopte acciones en sus distintos niveles para entender el problema. Es así que la Secretaría de Educación Pública debería tener un rol mucho más participativo para impulsar planes de estudios que contemplen la seguridad en línea. En tanto que la Secretaría de Salud podría estudiar el fenómeno y ofrecer alternativas, toda vez que el desarrollo físico y emocional del niño víctima del delito es afectado.
Por otro lado, menciona que gobierno, industria y sociedad civil son responsables de divulgar el mensaje de prevención de delitos: “El mejor filtro es el poder de discernimiento de los niños y hay que trabajarlo desde los hogares y las escuelas”.
Al respecto, comenta que los padres deben involucrase activamente. Ejemplifica que en los últimos tres años, la Alianza por la Seguridad en Internet ha impartido conferencias en 60 instituciones educativas privadas, con la presencia de hasta 10 mil padres de familia.
Sin embargo, sólo el 5 por ciento de ellos tomó medidas de seguridad para mejorar las prácticas de sus hijos en internet. A falta de educación en el hogar sobre los riesgos en internet, el activista expresa que entonces la escuela debe realizar esa tarea, entendiendo el problema y capacitando a sus profesores.
Durante el seminario Protección para menores en Redes Sociales, organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información, el 3 de diciembre de 2009, Juan Carlos Guel López, titular de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Secretaría de Seguridad Pública, admitió que las actividades realizadas en materia de prevención son insuficientes, así como el número de denuncias realizadas. Resaltó que es prioritario advertir a los menores sobre los potenciales riesgos en internet e impulsar una cultura de denuncia: “Sólo el enlace con la ciudadanía permitirá atacar el problema”.
En opinión de Novoa Foglio, debe haber una policía cibernética en cada estado, que estén coordinadas, con mejor equipo y más personal: “La capacidad y los recursos ahí están, pero es necesario que el tema sea prioritario”.
Urgente legislación
Únicamente el artículo 16 de la Constitución contempla la protección de datos personales, pues garantiza el derecho de los ciudadanos a no ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Mientras que la Ley Federal de Protección al Consumidor contempla en su artículo 18 llevar un registro público de consumidores que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.
Aunque el Instituto Federal de Acceso a la Información es responsable de salvaguardar los datos en poder del gobierno, no existe un ordenamiento sobre el uso de datos privados por parte de particulares.
Armando Novoa Foglio, director de la Alianza por la Seguridad en Internet,
comenta que si una ley protege a un menor o a un mayor de edad en el mundo real, lo tiene que proteger en internet.
Durante el seminario Protección para menores en Redes Sociales, el senador Jesús Murillo Karam declaró que México es un paraíso de datos en libertad total: “Debemos crear un universo jurídico que permita su protección y que incluya quién y cómo debe manejarlos y cuáles son los derechos del poseedor de esos datos”.
Hasta diciembre de 2009, estaba pendiente la discusión, en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, del dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Durante el seminario, el diputado Javier Corral Jurado expresó que era perentorio que la iniciativa viera la luz.
El 30 de abril de 2009, la senadora perredista Claudia Corichi García presentó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y de la Procuraduría General de la República a realizar un convenio con los operadores de internet para bloquear sitios de pornografía infantil.
Internet tiene 18 mil millones de páginas distribuidas en 150 millones de sitios web. Se estima que entre 3 mil y 5 mil millones de páginas tienen contenido inapropiado para menores de edad.
Necesario “limitar” poder de Estado y de privados
El Memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en internet en particular de niños, niñas y adolescentes subraya que el derecho a la vida privada es un valor que toda sociedad democrática debe respetar: “Para asegurar la autonomía de los individuos y decidir los alcances de su vida privada, debe limitarse el poder tanto del Estado y de organizaciones privadas de cometer intromisiones ilegales o arbitrarias”.
Conocido también como el Memorándum de Montevideo –resultado del seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet, celebrado el 27 y 28 de junio de 2009 en Montevideo, Uruguay–, el documento considera fundamental que se reconozca el papel de la familia en la enseñanza sobre el uso seguro de las herramientas digitales; así como la necesidad de que todas las medidas prioricen el interés superior de niños y adolescentes, y la responsabilidad de los proveedores de servicio.
Prioritaria, considera, es la prevención a través de la educación para enfrentar los riesgos en internet. Como recomendaciones para la prevención, el Memorándum de Montevideo expone que el Estado y las autoridades educativas provean información a padres y menores sobre los eventuales riesgos de los ambientes digitales.
También educarlos en el uso de seudónimos y la participación anónima en la red; en saber discriminar la información; en que la divulgación de datos pueda vulnerar sus derechos, y en la ilegalidad de los contenidos prohibidos. Además en las políticas de privacidad, seguridad y alertas en sitios web y las sanciones civiles, penales o administrativas contra quienes cometen un ilícito. El documento plantea que el tema sea incluido en planes de estudios, se produzca material didáctico y se capacite a docentes.
En políticas públicas, sugiere establecer mecanismos de respuesta para atención a las víctimas de abusos en internet, y la elaboración de protocolos para canalizar contenidos ilegales reportados. Por lo demás, promover la sensibilización y divulgación de información e impulsar la generación de conocimiento especializado.
Respecto del marco legal, propone que cualquier acto considerado ilegal en el mundo real tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual. Apunta que los Estados deben legislar el derecho que tienen niños y adolescentes a rectificar o cancelar información privada y a oponerse a su uso para cualquier fin.
Para aplicar las leyes, explica, es necesario crear organismos jurisdiccionales especializados en materia de protección de datos y permitir que niños y adolescentes presenten denuncias por la vulneración de sus derechos. También que los procesos judiciales y administrativos sean sencillos, ágiles y de fácil acceso, y el desarrollo de una base de datos sobre casos y decisiones.

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