DESPOJO A LA NACION

Proyecto México 2030: la venta de un país.
Autor: Nancy Flores. Revista Contralínea.

Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación.
Energía, agua, zonas de reserva de la biósfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo…


/ Primera parte

Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.
Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.
Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.
El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.
Bienes de la nación en riesgo
De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biósfera y las playas encabezan la lista de áreas que, “prioritariamente”, obtendrán “inversión privada”.
Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.
Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.
El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: “entreguista totalmente”.
Para Aguirre Rojas, “la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo”.
Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, “el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón”.
Energía y agua, objetivos reiterados
Los 14 documentos consultados por Contralínea indican que las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno calderonista desde fines de 2006 facilitarán las “inversiones público privadas” en todos los sectores, pero, con mayor énfasis, en el energético (hidrocarburos, electricidad) y en el hidráulico.
Descubren que, para ello, entre otras acciones será necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad –fusión impuesta el 11 de octubre de 2009 por medio del decreto presidencial que extinguió a la primera compañía–, permitir que Petróleos Mexicanos cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.
Aguirre Rojas explica que los proyectos de privatización han sido parcialmente exitosos, porque entregan los bienes de la nación “de una manera secreta, encubierta”. Pone como ejemplo la venta de la fibra óptica, “para lo cual fue necesario dar este golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas”.
En el ámbito del agua, los documentos del plan de “Gran Visión” indican que se debe “invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas”. En este último rubro, la “meta” es que “el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos” asociados.
En el eje de economía, el proyecto reitera que el sector privado debe participar en la infraestructura hidráulica para “reducir” las brechas de acceso al servicio de agua potable.
Los informes también detallan una mayor incidencia de la iniciativa privada incluso en las áreas de reserva de la biósfera, por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.
El economista e historiador Aguirre Rojas advierte que, bajo el falso manto del ecoturismo y de la recuperación de los recursos naturales, el gobierno está despojando a las comunidades indígenas de los recursos que les pertenecen y que han cuidado durante siglos.
Por ello, recuerda, fueron violados los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, “porque la concepción de los compañeros indígenas neozapatistas era: ‘Si somos autónomos, tenemos capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos’; pero ahí el Estado iba a perder justamente la capacidad de privatizar todos los bosques del sureste de Chiapas, todos los recursos de uranio, minerales, la inmensa cantidad de agua que hay ahí y que genera la tercera parte de la energía eléctrica de este país”.
Los propios documentos de la Presidencia de la República revelan un interés especial en el “desarrollo del sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”. Los planes de intervención no sólo se limitan a Chiapas, donde se ubica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; también abarcan Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario) y Guerrero (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
Y aunque el Proyecto México 2030 asegura que se respetarán a los legítimos propietarios de las tierras y los recursos naturales, también revela que se creará una normatividad que permita el despojo: “Una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.
Previsible, más pobreza
De 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias, indican datos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Al referirse a la experiencia de las privatizaciones en México, Ana Luisa Nerio Monroy, maestra en relaciones internacionales por la UNAM y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el sistema capitalista viola todos los derechos sociales.
“La política neoliberal –señala– tiene muchos años de haber probado que no beneficia a la población general; hay escasos beneficiarios: pequeñas elites que se enriquecen. Por eso genera descontento social.”
Para la activista, en México no hay una visión de Estado. “Calderón no es un estadista político; si lo fuera, estaría viendo por las generaciones futuras, por lo que va a ocurrir en años subsiguientes a su gobierno. Las estrategias que aplica son inadecuadas: está priorizando la seguridad represiva y las privatizaciones, no el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales ni de la vida digna de los mexicanos. Y es claro que con esas estrategias sólo está generando descontento social”.
El doctor Aguirre Rojas coincide: “Los que pagan la factura, como siempre, son los obreros, los campesinos, los indígenas, la gente que es expropiada de su tierra, a la que le roban el agua, a la que no le respetan sus recursos, a la que le destruyen el bosque, a la que le inundan un pueblo entero para crear una presa que ingenieros decidieron hacer sin tomar en cuenta a las propias comunidades ni las condiciones del terreno. Eso que hemos estado viviendo en México en el último tiempo”.
Añade que la crisis económica que está padeciendo el país es producto de las políticas privatizadoras, “de la idea de decir: hay que privatizar hasta el agua, hay que expropiarles las tierras a los campesinos y a los indígenas y volverlas propiedad privada, hay que expropiar todos los recursos y venderlos; lo cual explica, entre muchas otras cosas, la ofensiva terrible que ha estado desarrollando el gobierno contra las comunidades neozapatistas en Chiapas. Éste es un proceso que se está dando en todo el país”.
Puntualiza que México está aplicando “las peores políticas y está tomando las salidas más absurdas y más anacrónicas” respecto de la crisis cíclica que inició a mediados de 2008: “Una crisis de ciclos económicos Kondratieff”. Agrega que, “cuando se comparan las cifras de cómo se reaccionó o cómo impactó esta crisis económica mundial de fines de 2008 hasta hoy en toda América Latina, el país que más sufrió y que menos pudo enfrentarla fue México”.
El doctor en economía subraya que el mundo en su conjunto ya está volviendo a lo que sería la fase A de Kondratieff, con la aplicación de políticas neokeynesianas. Por ello, tras criticar el atraso de México, que sigue aplicando políticas neoliberales, recomienda tomar el ejemplo de Francia y de Estados Unidos, países donde el Estado vuelve a intervenir y a regular el mercado.
La maestra Nerio Monroy recuerda que “el mal manejo de la economía” ha derivado en el aumento en el precio de la canasta básica. Además, “en el caso de los derechos civiles, estamos observando que no se están generando empleos suficientes para tener una vida digna”. Con ello, se restringe el acceso a otros derechos sociales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el bienestar social.
La activista de los derechos humanos considera que la política neoliberal de Calderón y de los gobiernos que lo precedieron han incubado una serie de problemas sociales que van a estallar en algún momento. “Ahora lo estamos viendo con el problema del crimen organizado, que ya está afectando a personas inocentes”.
Agrega que “mientras no haya una construcción distinta de la política neoliberal en México, una verdadera transparencia en el uso de los recursos, mientras las elites políticas no dejen de imponer sus intereses y no pongan como prioridad a las personas que representan, se seguirán afectando los derechos sociales de la mayoría”.
Imposiciones autoritarias
La segunda ola de privatizaciones se gestó mientras un amplio sector de la sociedad exigía el recuento de los votos y llamaba “espurio” al presidente electo Calderón Hinojosa, por el presunto fraude en el que habría incurrido en los entonces recién concluidos comicios.
Para el historiador y economista Aguirre Rojas, ante la falta de legitimidad del actual gobierno federal, las privatizaciones sólo son y serán posibles por la vía de la imposición y la represión.
“Como lo dijo Gramsci y muchos teóricos políticos: para gobernar, los Estados se apoyan en dos cosas, por un lado en los elementos de la fuerza, la policías y el Ejército; por otro, en los elementos del consenso, es decir, en la credibilidad que pueden crear en la población de que lo que están haciendo es necesario, legítimo, válido, y por tanto les da un cierto apoyo social. El gobierno de Felipe Calderón, que llegó con ese monumental fraude, tenía cero consenso. Las bases de apoyo social de Felipe Calderón (actualmente) son superfrágiles”.
Agrega que el presidente de México ha venido gobernando exclusivamente a través de la fuerza. “Por eso el país está militarizado, por eso hoy tenemos ese triste liderazgo de Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta no de México ni de América Latina, sino del mundo entero: es más violenta que Bagdad, que la capital de Líbano, que las ciudades palestinas de la Franja de Gaza, que están en guerra permanente”.
El autor de América Latina en la encrucijada: los movimientos sociales y la muerte de la política moderna se pregunta “cómo puede ser que hayamos llegado a grados de violencia peores que los de Medellín en el peor momento de las décadas de 1970 y 1980, de su historia violenta. Eso –explica– se debe a que Felipe Calderón está gobernando sobre todo con el elemento de la fuerza y por eso ha sacado al Ejército en todas las ciudades del país y utiliza a la Policía Federal y a las policías estatales y municipales; por eso está criminalizando toda la protesta social, lo cual también anuncia un colapso del propio Estado en términos de su función política”.
Indica que no es una casualidad que se haya puesto de moda el discurso de que México es un Estado fallido, en crisis, inexistente, que no gobierna. Es un Estado que efectivamente está en una situación de colapso, que está apoyado sólo en elemento de la fuerza, con un consenso hiperfrágil y muy pequeño.
El historiador identifica que es esa fuerza la que se está usando para imponer las medidas neoliberales. “Por eso se le da ese ataque artero al Sindicato Mexicano de Electricistas y después la privatización (de la fibra óptica). Por eso, de repente, se inunda Juárez de soldados. Él está interviniendo del lado de unos; no es que esté realmente combatiendo al narcotráfico: está combatiendo a ciertos grupos del narcotráfico para beneficiar a otros.
“Él está usando al Ejército y a la policía en Ciudad Juárez para beneficiar a un grupo y atacar a otros; para golpear al SME y privatizar; para asustar a la gente y hacer pasar sus reformas petrolera, laboral, fiscal”.
—¿Sería previsible más represión?
—Desafortunadamente sí. En la medida en que él no tiene consenso social, no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. Entonces sólo le quedan estas medidas por la fuerza.
El historiador y economista observa, sin embargo, que “esto va a hacer que la protesta crezca, que la gente empiece a movilizarse, que los movimientos se organicen más de manera vertical y horizontal y que, espero, a partir de esto seamos capaces de ponerle un alto a Felipe Calderón”.
Los convidados del poder.
Detrás de las principales estrategias privatizadoras del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, hay apenas 420 personas, no sólo de nacionalidad mexicana, también extranjeras. En esencia, se trata de políticos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones financieras y académicos afines.
Entre los empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales e instituciones financieras destacan: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo (beneficiado con contratos tipo PPS en el ámbito de la salud, Contralínea 122).
Además, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA.
Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Proyectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingenierái; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre otros. (NF)



¡Pronto México se liberará!, anima Evo Morales a los revolucionarios del país

La Jornada


El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, emitió ayer un mensaje a los movimientos indígenas, sociales, obreros e intelectuales, así como a los revolucionarios del país: Mucha fuerza. ¡Pronto México se liberará! En un discurso largamente ovacionado por miles de personas que desbordaron el jardín Hidalgo de Coyoacán, el mandatario sostuvo que es posible liberar a América Latina del control de Estados Unidos si hay unidad y organización:
Hay que tener paciencia, aguantar a la derecha. Seguramente el sentimiento de los pueblos de Latinoamérica es una liberación. La unidad dentro de los movimienteos sociales y los partidos de izquierda es necesaria para esa liberación. Ésa es la experiencia que puedo aportar, dijo.
Emocionado por el recibimiento que se le prodigó, y que el mandatario definió como un acto de rencuentro con los movimientos que luchan y sueñan por un mundo de igualdad y dignidad, Evo Morales se refirió a la cumbre de países de América en Cancún, y sostuvo que de ese encuentro México podría pasar a la historia si se decide que Latinoamérica necesita una nueva OEA, sin Estados Unidos. ¡Qué mejor que en esta tierra de Benito Juárez y de Emiliano Zapata!
Más tarde, en conferencia de prensa que se prolongó durante una hora, a una pregunta sobre sus relaciones con otros jefes de Estado, aseguró que mantiene un trato de amistad con Calderón. Pero tampoco me pueden pedir que yo me pelee con ningún presidente, atajó.
También, a otra pregunta Morales Ayma admitió que no ve un cambio inmediato en ese mecanismo internacional, pero debemos ver hasta dónde podemos avanzar sin el imperio. Mi experiencia es que mejor sin el imperio: sin controles, chantajes, tutela e intentos de golpes de Estado. Al embajador de ese país lo expulsamos. Paz y tranquilidad.
Alertó que Washington ha modificado sus estrategias de intervencionismo en el continente. La conspiración es de otra forma: dividir a los movimientos sociales, enfrentar a los regímenes, el retorno de las bases militares en Perú, Colombia, Panamá... Pero nosotros no podemos defendernos con guerra, sino con la conciencia de nuestros pueblos.
Abierta provocación desde Honduras
El caso de Honduras, dijo, habla de la abierta conspiración del gobierno estadunidense para derrocar al presidente Manuel Zelaya. Si Washington quería acabar con el golpe de Estado, eso estaba en sus manos. Porque ahí estaba una de sus bases militares. Ésa es una abierta conspiración; una abierta provocación contra los presidentes de los países revolucionarios.
Satisfecho por el avance de gobiernos surgidos de la izquierda y de los movimientos sociales, ironizó: El eje del mal sigue creciendo. Antes era sólo Cuba, luego Venezuela, Brasil, Bolivia y Honduras.
En su discurso vespertino, planteó que no se puede olvidar al pueblo cubano ni a Fidel Castro. La lucha no ha sido en vano, y ahí viene otro compañero, Hugo Chávez. Qué bonita es la cooperación entre algunos presidentes de Latinoamérica, pero acuérdense de lo que les digo: el capitalismo no es ninguna solución para la humanidad. Pronto veremos en Latinoamérica al socialismo comunitario, estoy convencido de eso.
Evo Morales se refirió ampliamente a la experiencia de Bolivia y a su esfuerzo por recuperar los bienes nacionales, que le permitió ingresos extraordinarios con los cuales su país dejó de ser un país indigno y mendigo y hemos empezado a dignificar a todos los bolivianos. Expuso que al inicio de su gobierno persistía la incertidumbre de lograr un superávit no obtenido durante 65 años.
No obstante, dijo, la sola recuperación de los hidrocarburos libró a Bolivia del déficit fiscal. Pasó el tiempo y en septiembre (de 2006) revisamos nuestra macroeconomía. ¡Había plata! El gobierno no tiene que mandar al gabinete económico a Estados Unidos para hacerse de plata para pagar aguinaldos. Se acabó eso. Sobró plata. El primer año de nuestro gobierno con superávit fiscal, expresó.
Antes, refirió, 70 por ciento de la inversión privada se concretaba con créditos contratados en el exterior o con cooperación internacional, y el otro 30 por ciento con impuestos y regalías de las trasnacionales adueñadas del petróleo. Pero el año pasado 70 por ciento de la inversión fue con nuestra plata, pero en poco tiempo toda la inversión será con plata boliviana.
Recargada agenda para defenderme
Morales Ayma inició su discurso con una disculpa por no haber aceptado antes las invitaciones que el movimiento indígena de México le hizo para visitar el país. Pero tenía una recargada agenda para defenderme como presidente.
El recibimiento estuvo a cargo del delegado de Coyoacán, Raúl Flores, quien fue abucheado por una multitud descontenta con la desorganización del encuentro. La silbatina duró el tiempo en que el funcionario acabó su discurso. ¡Fuera, fuera!, le gritaron. ¡Que se baje!, le exigieron.
Presidente de los indígenas
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó en su bienvenida: Vivimos en una América a la que el poeta (Rubén Darío) llamó la América fragante de Cristóbal Colón. Era bella, hermosa, pero hoy huele a sangre, a crímenes, a corrupción, y sobre todo hay muertos, fraudes y engaños.
Afirmó que así como Espartaco al ser crucificado dijo que volvería y serían millones, así somos millones los bolivianos, los argentinos, los mexicanos que podemos hacer un solo país del continente... Somos muchos y los poderosos, los usurpadores, son unos cuantos. Así, con el dedo, sin hacerles daño, los podemos hacer a un lado.
La mazahua Elisa Segundo aseguró que la lucha de Morales en Bolivia es también nuestra lucha, porque él también sufrió como nosotros. Él sí es presidente de los indígenas. Es el único hombre reconocible de América, porque nos escucha. ¡Sigamos adelante con él y venceremos!


Piden "descongelar" las iniciativas para limitar el fuero militar

Paulina Rivas Ayala
Argenpress


La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por el caso Rosendo Radilla Pacheco es muy clara en su mandato de ponerle límite al fuero militar, y ante ello, las y los legisladores deben “desempolvar o descongelar” las iniciativas que se han propuesto al respecto, no se necesita una orden del Ejecutivo para cumplir la condena.

Así lo señaló el director jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) Humberto Guerrero Rosales, después de una plática entre académicos sobre la sentencia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El fallo de la CoIDH mandata la armonización del Artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) con la Convención Americana de Derechos Humanos y para lograrlo “no hace falta mas que un procedimiento legislativo normal”, es decir que el ejecutivo o el legislativo presenten la iniciativa de modificación y para ello “lo único que se necesita es voluntad política”, indicó. La responsabilidad para el cumplimiento de la sentencia, consideró, es de todos los partidos políticos y en especial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues las desapariciones forzadas y la violencia militar en la montaña de Guerrero ocurrieron en un régimen priísta y este grupo tiene el deber moral de impulsar el cambio.
También el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que en algún tiempo estuvo impulsando las reformas al CJM puede sacarlas a flote de nuevo porque la sentencia no sólo es para el ejecutivo, sino que involucra a los tres poderes y niveles de gobierno. Cabe recordar que en octubre de 2006, la diputada federal Marina Arvizu Rivas del partido Alternativa Socialdemócrata presentó una iniciativa para modificar el artículo 13 constitucional, y así limitar la competencia de la jurisdicción militar para conocer los delitos cometidos por elementos castrenses, la cual fue turnada a la comisión de la Defensa Nacional donde fue rechazada. El PRD también presentó una iniciativa el 13 de marzo de 2007, en voz del senador René Arce, para reformar el artículo 13 constitucional y 57 del CJM. Dicha iniciativa surgió después de la violación sexual que militares cometieron contra Ernestina Ascencio en Veracruz y contra 14 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños Coahuila.
El documento fue turnado a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Defensa Nacional y Estudios legislativos. La más reciente Iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal del Partido del Trabajo (PT) el 29 de julio de 2009, en la que propone la modificación al Artículo 57 del CJM para que los soldados que cometan violaciones contra civiles sean juzgados por la autoridad civil que corresponda, esta iniciativa aún se encuentra en trámite. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo la oportunidad, de acuerdo con las organizaciones civiles de derechos humanos, de acotar el fuero militar al discutir y conocer de un amparo interpuesto por la viuda de un civil asesinado por militares.
Sin embargo, la SCJN determinó no entrar al fondo de la discusión y desechó la petición de la interesada por considerar que no tenía interés jurídico para solicitar la impugnación del artículo 57 del CJM. Justicia de transición Humberto Guerrero, explicó que para que haya una verdadera justicia de transición, un país debe hacerle frente a su pasado autoritario para así poder vivir, caminar hacia la democracia y “eso es exactamente lo que no ha hecho México, ni el Partido Acción Nacional (PAN) a pesar de que dijo que lo haría”. En el caso de Rosendo Radilla, dijo, su desaparición sucedió porque el Ejército mexicano actuaba al amparo de la ley y protegido por un sistema de justicia ineficaz lo que se tradujo en un contexto de violaciones sistemáticas y eso es lo mismo que ocurre ahora. Por ello, en México, no se puede hablar de la transición a la democracia. El Estado “ya no puede argumentar que (la decisión de la Corte) no es vinculante porque es una condena” y si el fallo no se cumple “lo único que demuestra es que no tiene ninguna voluntad política de resolver el problema”. Además, todos los argumentos que interpuso para justificar el fuero de guerra ante el máximo tribunal de justicia del continente fueron refutados unos a uno por la Corte y “no hay de otra tiene que cumplir”.