INFANCIA ASESINADA, UN COSTO SILENCIADO
miércoles, 10 de febrero de 2010
Guerra de Calderón: 110 niños muertos, 3.7 mil huérfanos
Autor: Paulina Monroy
La guerra contra el narcotráfico, promovida por Felipe Calderón, tiene un saldo –hasta el momento– de más de 4 mil niños y adolescentes muertos, en la orfandad o que han sido reclutados por sicarios. “La violencia usada como método para combatir el crimen organizado se pone por encima de la vida y los derechos de la población más vulnerable”: Red por los Derechos de la Infancia en México
Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.
“La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos”, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos.
Tan sólo el 31 de enero fueron ultimados en Ciudad Juárez, Chihuahua, 12 adolescentes, de entre 15 y 17 años, a mano de un grupo de pistoleros cuando participaban en un festejo estudiantil. Una hora después, en la zona centro de Torreón, Coahuila, sujetos armados dispararon contra 25 personas. Adolescentes de entre 14 y 16 años resultaron heridos.
Según datos de la RDIM, de diciembre de 2006 a marzo de 2009, 110 niños murieron en fuego cruzado entre fuerzas militares y de seguridad e integrantes de la delincuencia organizada. En ese periodo, los menores asesinados se cuentan en 63, mientras que 427 fueron reclutados por sicarios. Además, se calcula que al menos 3 mil 700 niños quedaron en orfandad como resultado de la estrategia contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón.
Respecto del caso de la niña Elizabeth Martínez, la asociación civil demandó, en una carta dirigida a Felipe Calderón el 29 de diciembre, la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación del daño.
Exigió poner fin a las políticas de seguridad que arriesgan la integridad de los civiles; en particular, demandó que el Ejército Mexicano ya no realice esas tareas. También propuso la creación de una defensoría independiente para los derechos de la infancia.
La Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN) define la violencia como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente y explotación. Consagra que el deber del Estado es preservar la vida del niño, garantizar su supervivencia, desarrollo y protección contra toda forma de de violencia.
La violencia crece, advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los países que adoptan medidas de represión contra la delincuencia organizada sin una estrategia de prevención, un sistema fidedigno de datos y un pleno respeto a los derechos humanos. Según su Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, la arbitrariedad, la ineficacia y la imposición violenta de la ley contribuyen a ese incremento.
Defensores de los derechos de la niñez sostienen que el Estado mexicano no garantiza la protección y seguridad de la población más vulnerable. “Por el contrario, la violencia se justifica como solución de conflictos y se pone la guerra contra el crimen organizado por encima de la vida de niños y adolescentes”.
Operativos, por encima de las vidas de los niños
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la RDIM, dice que “hablar de 110 niños muertos es hablar de serias fallas en el Estado mexicano para garantizar la protección de los menores”. Arguye que en el entendido de que se ponen vidas en riesgo en los operativos militares, el Ejército tiene la obligación de frenar su acción y usar otras estrategias. “De otra manera –advierte–, se pondera la acción militar sobre la vida de las personas”.
La ONU establece criterios para que las fuerzas militares y de seguridad garanticen la seguridad de la población en los enfrentamientos por fuego cruzado; no obstante, “prevalece la acción policiaca o militar sobre la seguridad de los civiles. Eso violenta los derechos humanos”.
Aclara que no se trata de negar la obligación del Estado frente al delito, mas en el mismo nivel de prioridad debe estar la integridad de las personas y el cuidado de las garantías individuales.
Con motivo del Examen periódico universal, en febrero de 2009, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sugirió que el Estado mexicano realizara las investigaciones de las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas militares y de seguridad, procesara a los responsables e indemnizara a las víctimas. Además recomendó la revisión del Código de Justicia Militar para alinearlo con las obligaciones internacionales en derechos humanos.
Ya desde 1994 el Comité de los Derechos del Niño, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la CDN, expresaba su preocupación por la cantidad de denuncias contra las fuerzas militares y de seguridad responsables de maltrato a menores en México. Se dijo inquieto por la falta de castigo y propuso que ese tipo de delitos se juzgaran en tribunales civiles.
Para Pérez García, lo que se ha logrado obtener es impunidad, pues en la mayoría de los casos no hay cárcel, y cuando sucede se aplican sentencias pequeñas como el cambio de adscripción, arrestos y los descensos de rango.
“El hecho de que se garantice la impunidad al Ejército en la guerra contra el narcotráfico implica que las vidas civiles no tienen mayor trascendencia. Se consideran sólo como costos colaterales; la vida de un niño no puede estimarse así”, expresa.
Bajo esa premisa, opina, resultan más graves los casos de fuego cruzado, pues tampoco hay un debido proceso y no se encuentra a los responsables. “Las actuaciones tienen poca institucionalidad porque se prioriza el estigma sobre los involucrados en los delitos. Ese hecho no tendría por qué omitir la garantía de sus derechos humanos”.
Enumera que se descuida la escena del crimen; no hay evidencia de cómo el gobierno garantiza la protección de menores, y no hay claridad del porqué los menores se ven inmiscuidos en estos hechos de sangre.
La RDIM subraya que las fuerzas militares y de seguridad pública deben ajustarse a los protocolos de actuación. También se debe crear un registro sistemático de los casos, pues “la falta de información y la complejidad para conocer los casos es todavía mayor cuando un niño muere en un operativo”.
Menores reclutados en el narcotráfico
Según las estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, más de 400 niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado.
Araceli Borja Pérez, representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children México, precisa que es un fenómeno resultado del desempleo, de la falta de oportunidades y de una política educativa que no es la respuesta: “La comunidad no les da las herramientas para involucrarlos en otras actividades; ven en la delincuencia organizada un modo de subsistencia”.
La activista refiere que menores entrevistados confiesan su aspiración a ser narcotraficantes o pertenecer a algún grupo del crimen organizado: “Saben que se van a morir, pero dicen que prefieren vivir bien un corto tiempo que vivir una vida larga de pobreza”.
Expresa que el empoderamiento del narcotráfico está muy cerca de adolescentes que ya no pueden continuar sus estudios por falta de recursos: “Es difícil permanecer en la educación y sólo tienen dos opciones: emigrar a Estados Unidos o quedarse e integrarse a esos grupos”.
A su vez, coincide Pérez García, el que un número importante de detenidos y ejecutados sean adolescentes habla de una omisión grave en la previsión social: “No tienen oportunidad de construirse un proyecto de vida. El Estado mexicano debe corregir sus políticas para garantizarles seguridad, oportunidades educativas, de salud y laborales”.
En su opinión, hay más golpes espectaculares que acciones puntuales. Mientras se responsabiliza a los menores, con el Programa Mochila Segura y pruebas antidopaje en las escuelas, “el problema es la violencia normalizada como una forma de solucionar conflictos”.
Indica que no se invierte en prevención y más del 90 por ciento del presupuesto se va a gasto militar y policiaco. “Se trata de que el Estado actúe frente al delito de una manera inteligente y que ponga en el centro la integridad de los niños”.
De acuerdo con las leyes nacionales y la CDN, los menores involucrados en un acontecimiento de este tipo no pueden ser considerados como delincuentes. Según el activista, son inimputables y están en conflicto con la ley: “Los menores vinculados al narcotráfico son víctimas y requieren de una atención diferenciada”. Valora que el gobierno mexicano es poco cuidadoso al abordar el tema.
Asesinatos y proliferación de armas de fuego
Desde hace ya casi 25 años, indica Save the Children México, cada día mueren por asesinato dos niños menores de 14 años en el país. El 10 por ciento de esas muertes ocurren por arma de fuego.
Según el reporte La infancia cuenta en México 2009, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la tasa de homicidios de niños de entre cero y cuatro años fue de 1.3 por cada 100 mil habitantes en 2007, es decir, 126 niños perdieron la vida.
La población de cinco a nueve años alcanzó un promedio de 0.5 muertes por cada 100 mil habitantes, y en menores de 10 a 14 años, la relación fue de uno. En 2007, la tasa de asesinatos en adolescentes de 15 a 17 años alcanzó las 5.3 muertes por cada 100 mil habitantes. En total se contaron 339 fallecidos durante ese año.
Juan Martín Pérez García asegura que hay una relación entre el incremento de la noción de inseguridad, que el gobierno mexicano ha impulsando, con la necesidad de armarse.
El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México apunta que el mercado de armas de fuego, aunado a la corrupción y el crimen organizado, se traduce en que los niños estén más expuestos. Estima que hay más de 30 mil armas al alcance de los menores. Define como necesario que el Estado mexicano realice acciones para combatir el mercado negro, que por ahora no están bien definidas.
La Ley Federal de Armas prohíbe la producción y la libre comercialización de armas en México; no obstante, el 90 por ciento proviene del tráfico ilegal desde Estados Unidos, lo que ocasiona así una falta de control sobre la adquisición, tráfico, posesión y portación.
En México, poseer un arma de fuego no requiere de la expedición de ningún tipo de permiso o registro, y tampoco se limita la cantidad de armas que puede haber en un domicilio.
Hay más de 15 millones de armas ilegales circulando en las 32 entidades federativas del país. De acuerdo con la Sedena, 2 mil 500 personas al mes las adquieren legalmente. El Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos estima que cada año cruzan ilegalmente la frontera 300 mil nuevas armas, granadas, metralletas, lanzacohetes y cohetes antitanque. Sólo en 2008 se decomisaron 20 mil 915.
El director ejecutivo de la RDIM advierte que si no se reduce el número de armas ligeras en el país, la guerra contra el narcotráfico termina por ser una ilusión: “Una sociedad armada es fácil que detone frente a la violencia”.
Violencia, estado natural
La última edición del Estado mundial de la infancia, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señala que de 500 a 1 mil 500 millones de niños son víctimas de violencia. Únicamente el 2.4 por ciento de la población infantil en el mundo, estima Save the Children, tiene la misma protección legal contra la violencia que los adultos.
A nivel mundial, en 2002, el 65 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar informaron haber sido intimidados verbal o físicamente en la escuela. Mientras que 150 millones de niñas y 73 millones de niños informaron haber experimentado relaciones sexuales forzadas.
Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, observa que mientras los niños padecen directamente la violencia, crecen en un entorno donde ésta se naturaliza y justifica como forma de solución de conflictos.
La representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children, Araceli Borja Pérez, describe que los niños son testigos diarios de la violencia. En el hogar, la escuela y la comunidad, las ejecuciones, los disparos y enfrentamientos son comunes. Además, señala, son espectadores de la impunidad y aprenden que el delito no se castiga.
Tanto es así, ejemplifica, que en Monterrey las escuelas utilizan alarmas para prevenir a los alumnos sobre la presencia de pandillas: “Hay una afectación en la vida de los niños por la violencia. No se puede decir que hay una zona segura”. La repercusión, expone, es que el niño que crece en un ambiente violento perpetúe esa violencia o viva con miedo y sin creer en el país.
Observa que si la violencia es un problema estructural, atañe a todos: “Como adultos estamos obligados a crear un estado de derecho que evite la violencia y que fomente una ciudadanía desde la infancia”.
La activista enuncia que la violencia se ataca al enseñar a los menores a desarrollar habilidades de paz. En los padres, dice, es necesario promover estrategias de disciplina positiva y una crianza con ternura, mientras que las autoridades deben crear sistemas de protección que defiendan los derechos de la niñez y armonizar su política.
También subraya la necesidad de que la Ley de Protección a los Derechos de la Niñez sea renovada, se fortalezca, se incremente en sus artículos y se armonice en cada entidad federativa.
“Si la sociedad –concluye Borja Pérez– no hace algo con medidas preventivas, armonizando sus relaciones y promoviendo el buen trato, no hay esperanza en el futuro. Hay que ser más asertivos en el actuar porque la violencia nos está rebasando”.
Mueren 110 niños en fuego cruzado.
Miguel Badillo.
Fracasa Calderón con el narcotráfico
Florece el lavado de dinero en México
En el número de la revista Contralínea que empieza a circular esta semana, una investigación de la reportera Paulina Monroy informa cómo la guerra contra el narcotráfico promovida por Calderón en todo el país ha dejado cifras escalofriantes: 110 niños han sido asesinados, 3 mil 600 quedaron en la orfandad y 4 mil más son utilizados como sicarios.
Este es el relato de la reportera: Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.
“La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos”, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos.
Tan sólo el 31 de enero fueron ultimados en Ciudad Juárez, Chihuahua, 15 adolescentes entre 13 y 17 años, a mano de un grupo de pistoleros cuando participaban en un festejo estudiantil. Una hora después, en la zona centro de Torreón, Coahuila, sujetos armados dispararon contra 25 personas. Adolescentes de entre 14 y 16 años resultaron heridos.
Según datos de la RDIM, de diciembre de 2006 a marzo de 2009, 110 niños murieron en fuego cruzado entre fuerzas militares y de seguridad e integrantes de la delincuencia organizada. En ese periodo, los menores asesinados se cuentan en 63, mientras que 427 fueron reclutados por sicarios. Además se calcula que al menos 3 mil 700 niños quedaron en orfandad como resultado de la estrategia contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón.
Respecto del caso de la niña Elizabeth Martínez, la asociación civil demandó, en una carta dirigida a Felipe Calderón el 29 de diciembre, la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación del daño.
Exigió poner fin a las políticas de seguridad que arriesgan la integridad de los civiles; en particular, demandó que el Ejército Mexicano ya no realice esas tareas. También propuso la creación de una defensoría independiente para los derechos de la infancia.
La Convención sobre los Derechos de los Niños define la violencia como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente y explotación. Consagra que el deber del Estado es preservar la vida del niño, garantizar su supervivencia, desarrollo y protección contra toda forma de violencia.
La violencia crece, advierte la Organización de las Naciones Unidas, en los países que adoptan medidas de represión contra la delincuencia organizada sin una estrategia de prevención, un sistema fidedigno de datos y un pleno respeto a los derechos humanos. Según su Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, la arbitrariedad, la ineficacia y la imposición violenta de la ley contribuyen a ese incremento.
Defensores de los derechos de la niñez sostienen que el Estado mexicano no garantiza la protección y seguridad de la población más vulnerable. “Por el contrario, la violencia se justifica como solución de conflictos y se pone la guerra contra el crimen organizado por encima de la vida de niños y adolescentes”.
Según las estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, más de 400 niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado.
Araceli Borja Pérez, representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children México, precisa que es un fenómeno resultado del desempleo, de la falta de oportunidades y de una política educativa que no es la respuesta: “La comunidad no les da las herramientas para involucrarlos en otras actividades; ven en la delincuencia organizada un modo de subsistencia”.
La activista refiere que menores entrevistados confiesan su aspiración a ser narcotraficantes o pertenecer a algún grupo del crimen organizado: “Saben que se van a morir, pero dicen que prefieren vivir bien un corto tiempo que vivir una vida larga de pobreza”.
Expresa que el empoderamiento del narcotráfico está muy cerca de adolescentes que ya no pueden continuar sus estudios por falta de recursos: “Es difícil permanecer en la educación y sólo tienen dos opciones: emigrar a Estados Unidos o quedarse e integrarse a esos grupos”.
A su vez, coincide Pérez García, el que un número importante de detenidos y ejecutados sean adolescentes habla de una omisión grave en la previsión social: “No tienen oportunidad de construirse un proyecto de vida. El Estado mexicano debe corregir sus políticas para garantizarles seguridad, oportunidades educativas, de salud y laborales”.
La violencia no cesa y el gobierno federal, por conducto de Felipe Calderón, reconoce su fracaso y anuncia, al fin, estudiar una nueva estrategia que no signifique sólo mantener a las fuerzas armadas en las calles para batirse con delincuentes y narcotraficantes. Tuvieron que pasar tres años y morir miles de niños, jóvenes, mujeres, ancianos y hombres antes de que el gobierno calderonista se diera cuenta de que su actuar, en lo que él mismo califica de “guerra” contra el narcotráfico, ha sido fallido, y en el declive de su gestión busca rectificar el rumbo, aunque habrá que esperar si no se trata sólo de una acción política electoral mediática.
La masacre de 15 niños y jóvenes hace unos días en Ciudad Juárez, Chihuahua, el estado más violento del país y de donde es oriundo el actual procurador general de la República, ha sido el hecho violento que ha reunido la protesta de mexicanos en todo el país que exigen justicia y mejores acciones del gobierno para acabar con los asesinatos que diariamente se presentan en diversos estados.
En ese contexto de muerte, odio y descomposicion social, agravada en los últimos tres años, Calderón apenas se da cuenta de que el país está sin rumbo y vacío de poder, y que el crimen organizado se ha apoderado de regiones y territorios, en donde sólo él manda con la complicidad de policías, autoridades y militares.
Desconcertado y sin saber qué hacer, Calderón reconoce que ante su fracaso necesita de nuevas estrategias en su lucha contra el narcotráfico, en donde los cárteles de la droga lejos de sentirse temerosos o disminuidos, se han fortalecido en los últimos años y han mejorado sus estructuras de organización y protección, lo que les arroja fuertes ingresos de dinero sucio producto del tráfico de drogas.
Desesperados, en la Presidencia de la República han convocado a nuevos actores a las juntas del gabinete de seguridad para atender lo que desde un principio debió haberse hecho, como es involucrar a las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social y Agricultura, pues el problema del narcotráfico en el mundo no es un asunto de guerras internas en países pobres, como sólo lo entendía el gobierno mexicano, porque la droga se consume principalmente en los países desarrollados y el rentable negocio económico que significa el narcotráfico no tiene límites ni fronteras territoriales, se mueve libremente por cualquier país y el dinero sucio se lava en las principales economías mundiales y en las más prestigiadas instituciones financieras de todo el mundo.
Así, deberá entenderse que la miseria extrema que envuelve a las dos terceras partes de los mexicanos es un caldo de cultivo para las estructuras de las bandas delincuenciales, mientras que el campo agrícola se convierte en la materia prima para el mejor postor que busque sembrar marihuana y establecer laboratorios en donde se procesen las drogas, mientras que la falta de vigilancia estricta en los circuitos financieros del país es la llave de acceso al blanqueo de capitales que sirve para aceitar la maquinaria de la corrupción y extorsión de autoridades, políticos y gobernantes.
Ante ello, la sociedad exige y demanda nuevas y mejores acciones urgentes en contra de los lavadores del dinero, y aquí es donde banqueros, directivos de casas de bolsa y de cambio, hoteleros, especuladores, empresarios inmobiliarios, industriales, políticos y burócratas que estén sirviendo al narcotráfico deberán ser llamados a cuenta para que respondan por sus delitos. Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y la Procuraduría Fiscal reunen expedientes de los involucrados.
Al momento en que se corte el flujo financiero al crimen organizado, éste dejará de alimentar la maquinaria de la corrupción gubernamental que se vuelve complaciente y cómplice con las bandas delincuenciales en todo el país.
Negociar con jefes del narcotráfico
El caso colombiano es un ejemplo de lo que a una sociedad pobre, igual que la mexicana, le puede ocurrir cuando los cárteles de la droga se apoderan del Estado.
Hace 20 años, Colombia se debatía entre la vida y la muerte por la presencia en su territorio de los principales traficantes de cocaína en el mundo. La industria que esta droga había generado en ese país sudamericano, permitía el control de las estructuras de gobierno y un clima de violencia parecido al que hoy vive México. Fue entonces cuando el gobierno colombiano decidió sentarse a negociar con los jefes de la mafia para que se entregaran a las autoridades a cambio de que no fuera extraditados a Estados Unidos, respetaran a sus familias y dejaran de presionarlas judicialmente, y podrían mantener parte de sus fortunas acumuladas en su actividad delincuencial.
Parecía una situación difícil de lograr pero se hizo y eso disminuyó la violencia y obligó a que otros grupos mafiosos, en este caso los mexicanos, retomaran fuera de Colombia el control del tráfico de drogas hacia el mundo entero.
Fue entonces que el cártel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orihuela, y el de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria –quien por cierto lavaba su dinero en bonos del Tesoro de Estados Unidos-, prácticamente desaparecieron y fueron otros, ya disminuidos, los que continuaron el negocio a una menor escala, pero lo más importante fue el mensaje del gobierno colombiano de tratar de enfrentar, con estrategias distintas a la armada, a las mafias de la droga, lo que dio como resultado una considerable reduccion de muertos, secuestros y desparecidos, y la calma y tranquilidad volvió a las calles de Colombia.
En México prácticamente nadie puede hablar de una negociación sin recibir de inmediato la crítica y descalificación de las autoridades, las cuales actúan más por presiones de Washington que por intereses propios. Pero la pregunta es si acaso el gobierno no negocia con narcotraficantes en su programa de testigos protegidos, en donde les da impunidad, dinero y protección, con cambio de nombre y domicilio, para que delaten a sus cómplices. Sin duda que sí es una negociación, sólo que el programa de testigos protegidos es en menor escala y a Estados Unidos no le conviene que el gobierno mexicano llegue a acuerdos con las bandas del narcotráfico, pues deja vulnerable su territorio por ser el mayor consumidor de drogas.
Niños, a merced de delincuentes en la web
Autor: Paulina Monroy
En México, uno de cada cinco niños puede ser contactado por un delincuente en internet; sin embargo, la seguridad en línea y la protección de datos personales de los menores de edad no están en la agenda nacional. El tema está en la zaga, mientras las denuncias de delitos cibernéticos contra menores siguen en aumento
Uno de cada cinco niños mexicanos puede ser contactado por un delincuente en internet. Durante 2009 crecieron en ciento por ciento las denuncias por delitos contra menores en la red. Mientras un año atrás, la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Secretaría de Seguridad Pública recibió 173 acusaciones, el saldo en 2009 alcanzó las 320.
La dependencia identificó 17 infracciones diferentes contra niños y adolescentes en la red. La pornografía infantil encabeza la lista. Y es que en los últimos tres años, el número de sitios mexicanos dedicados a esa ilícito aumentó en 40 por ciento, superando así las 100 mil páginas electrónicas.
Le sigue el gromming, definido como el conjunto de estrategias que un adulto utiliza para ganarse la confianza del niño y obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o un encuentro con la víctima. Esta actividad, advierte la dependencia, va en aumento.
A ellos se suman amenazas, difamación, hostigamiento, secuestros, pederastia, fraude, robo de identidad, el tráfico y la trata de menores. Mientras los delincuentes tienen a su alcance herramientas más avanzadas para no ser capturados, México está a la zaga en la protección de datos personales de menores en la red.
La Convención Nacional sobre los Derechos del Niño postula que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
Las actividades en línea –advierte la Alianza por la Seguridad en Internet (ASI)– conllevan riesgos como la conducta, el contacto y el contenido inapropiados, pues el mundo virtual puede dar la falsa sensación de anonimato.
Niños y adolescentes olvidan que son responsables de sus acciones en la red o que pueden ser víctimas de acosadores, intimidadores o estafadores, y de información nociva, como la pornografía o la violencia. Según la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, tres de cada cuatro menores están dispuestos a intercambiar información personal en la red.
No obstante, todavía está en espera de dictamen la iniciativa de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en la Cámara de Diputados, que contemplaría la salvaguarda de la vida privada de niños y adolescentes en internet. Para la ASI, el tema de la seguridad en internet no es prioridad para el actual gobierno.
Seguridad en línea, ausente de la agenda nacional
Seis de cada 10 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 años son usuarios de la red, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet. La Encuesta nacional de la juventud 2005, realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), arrojó que el 68 por ciento de los jóvenes entrevistados navega sin ningún tipo de vigilancia. El 93 por ciento participó en redes sociales, mientras que el 49 por ciento accedió a ellas lejos de cualquier supervisión.
Armando Novoa Foglio, director de la Alianza por la Seguridad en Internet, observa que es prioritario elevar el concepto de seguridad en línea en la agenda nacional: “No es prioridad y por ello no hay más agilidad para que se aprueben programas educativos y de salud que prevengan los delitos”. Agrega que ni siquiera existen métricas ni estudios sobre el número de menores que tienen encuentros con personas que conocieron en internet.
La agenda de la ASI incluye que el gobierno considere ineludible el tema de la seguridad de los menores en la red, como el desarrollo de políticas públicas y de leyes de prevención.
Aunque considera que no debe limitarse el uso de las tecnologías de la información, pues son un vehículo de desarrollo, señala que el Estado tiene que encauzarlas para que no se utilicen de manera destructiva, pues está obligado a velar por la seguridad de los ciudadanos.
Recuerda que los menores no tienen criterio para reconocer en una conversación en línea si su interlocutor es una persona confiable: “El niño está conectado a una comunidad, desarrollando relaciones y teniendo conductas y actividades, y no distingue entre el mundo real y el mundo en línea. Lo ve como un medio por el que se expresa”.
Los riesgos para menores en internet, enumera, están catalogados en ciberacosadores, contenido inapropiado y hostigamiento en línea. “La solución –apunta el especialista– es la educación en las escuelas, donde se reafirme la importancia de que los menores cuiden sus datos personales y desarrollen habilidades para identificar los peligros”.
El director de la ASI expone que un niño juega sin pensar en las consecuencias, pero en internet sí debe entender que sus actos las tienen. Menciona que se deben introducir los conceptos de ciberciudadanía y la alfabetización digital en los centros educativos. El primero se define como la ciudadanía en el espacio virtual, es decir, el conjunto de deberes y derechos de todo usuario en internet. La alfabetización digital es el desarrollo de habilidades de juicio crítico en los menores para que aprendan a discernir y discriminar los contenidos en línea.
Explica que el problema de exposición de datos personales en las redes sociales crece cuando los niños cursan el quinto año de primaria, pero se detona en secundaria: “Es la etapa más conflictiva. Por eso hay que prepararlos desde primero de primaria para que, al llegar a ese nivel, ya entiendan la importancia de la privacidad”.
Para el activista es necesario que el Estado adopte acciones en sus distintos niveles para entender el problema. Es así que la Secretaría de Educación Pública debería tener un rol mucho más participativo para impulsar planes de estudios que contemplen la seguridad en línea. En tanto que la Secretaría de Salud podría estudiar el fenómeno y ofrecer alternativas, toda vez que el desarrollo físico y emocional del niño víctima del delito es afectado.
Por otro lado, menciona que gobierno, industria y sociedad civil son responsables de divulgar el mensaje de prevención de delitos: “El mejor filtro es el poder de discernimiento de los niños y hay que trabajarlo desde los hogares y las escuelas”.
Al respecto, comenta que los padres deben involucrase activamente. Ejemplifica que en los últimos tres años, la Alianza por la Seguridad en Internet ha impartido conferencias en 60 instituciones educativas privadas, con la presencia de hasta 10 mil padres de familia.
Sin embargo, sólo el 5 por ciento de ellos tomó medidas de seguridad para mejorar las prácticas de sus hijos en internet. A falta de educación en el hogar sobre los riesgos en internet, el activista expresa que entonces la escuela debe realizar esa tarea, entendiendo el problema y capacitando a sus profesores.
Durante el seminario Protección para menores en Redes Sociales, organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información, el 3 de diciembre de 2009, Juan Carlos Guel López, titular de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Secretaría de Seguridad Pública, admitió que las actividades realizadas en materia de prevención son insuficientes, así como el número de denuncias realizadas. Resaltó que es prioritario advertir a los menores sobre los potenciales riesgos en internet e impulsar una cultura de denuncia: “Sólo el enlace con la ciudadanía permitirá atacar el problema”.
En opinión de Novoa Foglio, debe haber una policía cibernética en cada estado, que estén coordinadas, con mejor equipo y más personal: “La capacidad y los recursos ahí están, pero es necesario que el tema sea prioritario”.
Urgente legislación
Únicamente el artículo 16 de la Constitución contempla la protección de datos personales, pues garantiza el derecho de los ciudadanos a no ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Mientras que la Ley Federal de Protección al Consumidor contempla en su artículo 18 llevar un registro público de consumidores que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.
Aunque el Instituto Federal de Acceso a la Información es responsable de salvaguardar los datos en poder del gobierno, no existe un ordenamiento sobre el uso de datos privados por parte de particulares.
Armando Novoa Foglio, director de la Alianza por la Seguridad en Internet,
comenta que si una ley protege a un menor o a un mayor de edad en el mundo real, lo tiene que proteger en internet.
Durante el seminario Protección para menores en Redes Sociales, el senador Jesús Murillo Karam declaró que México es un paraíso de datos en libertad total: “Debemos crear un universo jurídico que permita su protección y que incluya quién y cómo debe manejarlos y cuáles son los derechos del poseedor de esos datos”.
Hasta diciembre de 2009, estaba pendiente la discusión, en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, del dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Durante el seminario, el diputado Javier Corral Jurado expresó que era perentorio que la iniciativa viera la luz.
El 30 de abril de 2009, la senadora perredista Claudia Corichi García presentó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y de la Procuraduría General de la República a realizar un convenio con los operadores de internet para bloquear sitios de pornografía infantil.
Internet tiene 18 mil millones de páginas distribuidas en 150 millones de sitios web. Se estima que entre 3 mil y 5 mil millones de páginas tienen contenido inapropiado para menores de edad.
Necesario “limitar” poder de Estado y de privados
El Memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en internet en particular de niños, niñas y adolescentes subraya que el derecho a la vida privada es un valor que toda sociedad democrática debe respetar: “Para asegurar la autonomía de los individuos y decidir los alcances de su vida privada, debe limitarse el poder tanto del Estado y de organizaciones privadas de cometer intromisiones ilegales o arbitrarias”.
Conocido también como el Memorándum de Montevideo –resultado del seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet, celebrado el 27 y 28 de junio de 2009 en Montevideo, Uruguay–, el documento considera fundamental que se reconozca el papel de la familia en la enseñanza sobre el uso seguro de las herramientas digitales; así como la necesidad de que todas las medidas prioricen el interés superior de niños y adolescentes, y la responsabilidad de los proveedores de servicio.
Prioritaria, considera, es la prevención a través de la educación para enfrentar los riesgos en internet. Como recomendaciones para la prevención, el Memorándum de Montevideo expone que el Estado y las autoridades educativas provean información a padres y menores sobre los eventuales riesgos de los ambientes digitales.
También educarlos en el uso de seudónimos y la participación anónima en la red; en saber discriminar la información; en que la divulgación de datos pueda vulnerar sus derechos, y en la ilegalidad de los contenidos prohibidos. Además en las políticas de privacidad, seguridad y alertas en sitios web y las sanciones civiles, penales o administrativas contra quienes cometen un ilícito. El documento plantea que el tema sea incluido en planes de estudios, se produzca material didáctico y se capacite a docentes.
En políticas públicas, sugiere establecer mecanismos de respuesta para atención a las víctimas de abusos en internet, y la elaboración de protocolos para canalizar contenidos ilegales reportados. Por lo demás, promover la sensibilización y divulgación de información e impulsar la generación de conocimiento especializado.
Respecto del marco legal, propone que cualquier acto considerado ilegal en el mundo real tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual. Apunta que los Estados deben legislar el derecho que tienen niños y adolescentes a rectificar o cancelar información privada y a oponerse a su uso para cualquier fin.
Para aplicar las leyes, explica, es necesario crear organismos jurisdiccionales especializados en materia de protección de datos y permitir que niños y adolescentes presenten denuncias por la vulneración de sus derechos. También que los procesos judiciales y administrativos sean sencillos, ágiles y de fácil acceso, y el desarrollo de una base de datos sobre casos y decisiones.
Autor: Paulina Monroy
La guerra contra el narcotráfico, promovida por Felipe Calderón, tiene un saldo –hasta el momento– de más de 4 mil niños y adolescentes muertos, en la orfandad o que han sido reclutados por sicarios. “La violencia usada como método para combatir el crimen organizado se pone por encima de la vida y los derechos de la población más vulnerable”: Red por los Derechos de la Infancia en México
Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.
“La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos”, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos.
Tan sólo el 31 de enero fueron ultimados en Ciudad Juárez, Chihuahua, 12 adolescentes, de entre 15 y 17 años, a mano de un grupo de pistoleros cuando participaban en un festejo estudiantil. Una hora después, en la zona centro de Torreón, Coahuila, sujetos armados dispararon contra 25 personas. Adolescentes de entre 14 y 16 años resultaron heridos.
Según datos de la RDIM, de diciembre de 2006 a marzo de 2009, 110 niños murieron en fuego cruzado entre fuerzas militares y de seguridad e integrantes de la delincuencia organizada. En ese periodo, los menores asesinados se cuentan en 63, mientras que 427 fueron reclutados por sicarios. Además, se calcula que al menos 3 mil 700 niños quedaron en orfandad como resultado de la estrategia contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón.
Respecto del caso de la niña Elizabeth Martínez, la asociación civil demandó, en una carta dirigida a Felipe Calderón el 29 de diciembre, la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación del daño.
Exigió poner fin a las políticas de seguridad que arriesgan la integridad de los civiles; en particular, demandó que el Ejército Mexicano ya no realice esas tareas. También propuso la creación de una defensoría independiente para los derechos de la infancia.
La Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN) define la violencia como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente y explotación. Consagra que el deber del Estado es preservar la vida del niño, garantizar su supervivencia, desarrollo y protección contra toda forma de de violencia.
La violencia crece, advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los países que adoptan medidas de represión contra la delincuencia organizada sin una estrategia de prevención, un sistema fidedigno de datos y un pleno respeto a los derechos humanos. Según su Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, la arbitrariedad, la ineficacia y la imposición violenta de la ley contribuyen a ese incremento.
Defensores de los derechos de la niñez sostienen que el Estado mexicano no garantiza la protección y seguridad de la población más vulnerable. “Por el contrario, la violencia se justifica como solución de conflictos y se pone la guerra contra el crimen organizado por encima de la vida de niños y adolescentes”.
Operativos, por encima de las vidas de los niños
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la RDIM, dice que “hablar de 110 niños muertos es hablar de serias fallas en el Estado mexicano para garantizar la protección de los menores”. Arguye que en el entendido de que se ponen vidas en riesgo en los operativos militares, el Ejército tiene la obligación de frenar su acción y usar otras estrategias. “De otra manera –advierte–, se pondera la acción militar sobre la vida de las personas”.
La ONU establece criterios para que las fuerzas militares y de seguridad garanticen la seguridad de la población en los enfrentamientos por fuego cruzado; no obstante, “prevalece la acción policiaca o militar sobre la seguridad de los civiles. Eso violenta los derechos humanos”.
Aclara que no se trata de negar la obligación del Estado frente al delito, mas en el mismo nivel de prioridad debe estar la integridad de las personas y el cuidado de las garantías individuales.
Con motivo del Examen periódico universal, en febrero de 2009, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sugirió que el Estado mexicano realizara las investigaciones de las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas militares y de seguridad, procesara a los responsables e indemnizara a las víctimas. Además recomendó la revisión del Código de Justicia Militar para alinearlo con las obligaciones internacionales en derechos humanos.
Ya desde 1994 el Comité de los Derechos del Niño, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la CDN, expresaba su preocupación por la cantidad de denuncias contra las fuerzas militares y de seguridad responsables de maltrato a menores en México. Se dijo inquieto por la falta de castigo y propuso que ese tipo de delitos se juzgaran en tribunales civiles.
Para Pérez García, lo que se ha logrado obtener es impunidad, pues en la mayoría de los casos no hay cárcel, y cuando sucede se aplican sentencias pequeñas como el cambio de adscripción, arrestos y los descensos de rango.
“El hecho de que se garantice la impunidad al Ejército en la guerra contra el narcotráfico implica que las vidas civiles no tienen mayor trascendencia. Se consideran sólo como costos colaterales; la vida de un niño no puede estimarse así”, expresa.
Bajo esa premisa, opina, resultan más graves los casos de fuego cruzado, pues tampoco hay un debido proceso y no se encuentra a los responsables. “Las actuaciones tienen poca institucionalidad porque se prioriza el estigma sobre los involucrados en los delitos. Ese hecho no tendría por qué omitir la garantía de sus derechos humanos”.
Enumera que se descuida la escena del crimen; no hay evidencia de cómo el gobierno garantiza la protección de menores, y no hay claridad del porqué los menores se ven inmiscuidos en estos hechos de sangre.
La RDIM subraya que las fuerzas militares y de seguridad pública deben ajustarse a los protocolos de actuación. También se debe crear un registro sistemático de los casos, pues “la falta de información y la complejidad para conocer los casos es todavía mayor cuando un niño muere en un operativo”.
Menores reclutados en el narcotráfico
Según las estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, más de 400 niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado.
Araceli Borja Pérez, representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children México, precisa que es un fenómeno resultado del desempleo, de la falta de oportunidades y de una política educativa que no es la respuesta: “La comunidad no les da las herramientas para involucrarlos en otras actividades; ven en la delincuencia organizada un modo de subsistencia”.
La activista refiere que menores entrevistados confiesan su aspiración a ser narcotraficantes o pertenecer a algún grupo del crimen organizado: “Saben que se van a morir, pero dicen que prefieren vivir bien un corto tiempo que vivir una vida larga de pobreza”.
Expresa que el empoderamiento del narcotráfico está muy cerca de adolescentes que ya no pueden continuar sus estudios por falta de recursos: “Es difícil permanecer en la educación y sólo tienen dos opciones: emigrar a Estados Unidos o quedarse e integrarse a esos grupos”.
A su vez, coincide Pérez García, el que un número importante de detenidos y ejecutados sean adolescentes habla de una omisión grave en la previsión social: “No tienen oportunidad de construirse un proyecto de vida. El Estado mexicano debe corregir sus políticas para garantizarles seguridad, oportunidades educativas, de salud y laborales”.
En su opinión, hay más golpes espectaculares que acciones puntuales. Mientras se responsabiliza a los menores, con el Programa Mochila Segura y pruebas antidopaje en las escuelas, “el problema es la violencia normalizada como una forma de solucionar conflictos”.
Indica que no se invierte en prevención y más del 90 por ciento del presupuesto se va a gasto militar y policiaco. “Se trata de que el Estado actúe frente al delito de una manera inteligente y que ponga en el centro la integridad de los niños”.
De acuerdo con las leyes nacionales y la CDN, los menores involucrados en un acontecimiento de este tipo no pueden ser considerados como delincuentes. Según el activista, son inimputables y están en conflicto con la ley: “Los menores vinculados al narcotráfico son víctimas y requieren de una atención diferenciada”. Valora que el gobierno mexicano es poco cuidadoso al abordar el tema.
Asesinatos y proliferación de armas de fuego
Desde hace ya casi 25 años, indica Save the Children México, cada día mueren por asesinato dos niños menores de 14 años en el país. El 10 por ciento de esas muertes ocurren por arma de fuego.
Según el reporte La infancia cuenta en México 2009, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la tasa de homicidios de niños de entre cero y cuatro años fue de 1.3 por cada 100 mil habitantes en 2007, es decir, 126 niños perdieron la vida.
La población de cinco a nueve años alcanzó un promedio de 0.5 muertes por cada 100 mil habitantes, y en menores de 10 a 14 años, la relación fue de uno. En 2007, la tasa de asesinatos en adolescentes de 15 a 17 años alcanzó las 5.3 muertes por cada 100 mil habitantes. En total se contaron 339 fallecidos durante ese año.
Juan Martín Pérez García asegura que hay una relación entre el incremento de la noción de inseguridad, que el gobierno mexicano ha impulsando, con la necesidad de armarse.
El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México apunta que el mercado de armas de fuego, aunado a la corrupción y el crimen organizado, se traduce en que los niños estén más expuestos. Estima que hay más de 30 mil armas al alcance de los menores. Define como necesario que el Estado mexicano realice acciones para combatir el mercado negro, que por ahora no están bien definidas.
La Ley Federal de Armas prohíbe la producción y la libre comercialización de armas en México; no obstante, el 90 por ciento proviene del tráfico ilegal desde Estados Unidos, lo que ocasiona así una falta de control sobre la adquisición, tráfico, posesión y portación.
En México, poseer un arma de fuego no requiere de la expedición de ningún tipo de permiso o registro, y tampoco se limita la cantidad de armas que puede haber en un domicilio.
Hay más de 15 millones de armas ilegales circulando en las 32 entidades federativas del país. De acuerdo con la Sedena, 2 mil 500 personas al mes las adquieren legalmente. El Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos estima que cada año cruzan ilegalmente la frontera 300 mil nuevas armas, granadas, metralletas, lanzacohetes y cohetes antitanque. Sólo en 2008 se decomisaron 20 mil 915.
El director ejecutivo de la RDIM advierte que si no se reduce el número de armas ligeras en el país, la guerra contra el narcotráfico termina por ser una ilusión: “Una sociedad armada es fácil que detone frente a la violencia”.
Violencia, estado natural
La última edición del Estado mundial de la infancia, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señala que de 500 a 1 mil 500 millones de niños son víctimas de violencia. Únicamente el 2.4 por ciento de la población infantil en el mundo, estima Save the Children, tiene la misma protección legal contra la violencia que los adultos.
A nivel mundial, en 2002, el 65 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar informaron haber sido intimidados verbal o físicamente en la escuela. Mientras que 150 millones de niñas y 73 millones de niños informaron haber experimentado relaciones sexuales forzadas.
Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, observa que mientras los niños padecen directamente la violencia, crecen en un entorno donde ésta se naturaliza y justifica como forma de solución de conflictos.
La representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children, Araceli Borja Pérez, describe que los niños son testigos diarios de la violencia. En el hogar, la escuela y la comunidad, las ejecuciones, los disparos y enfrentamientos son comunes. Además, señala, son espectadores de la impunidad y aprenden que el delito no se castiga.
Tanto es así, ejemplifica, que en Monterrey las escuelas utilizan alarmas para prevenir a los alumnos sobre la presencia de pandillas: “Hay una afectación en la vida de los niños por la violencia. No se puede decir que hay una zona segura”. La repercusión, expone, es que el niño que crece en un ambiente violento perpetúe esa violencia o viva con miedo y sin creer en el país.
Observa que si la violencia es un problema estructural, atañe a todos: “Como adultos estamos obligados a crear un estado de derecho que evite la violencia y que fomente una ciudadanía desde la infancia”.
La activista enuncia que la violencia se ataca al enseñar a los menores a desarrollar habilidades de paz. En los padres, dice, es necesario promover estrategias de disciplina positiva y una crianza con ternura, mientras que las autoridades deben crear sistemas de protección que defiendan los derechos de la niñez y armonizar su política.
También subraya la necesidad de que la Ley de Protección a los Derechos de la Niñez sea renovada, se fortalezca, se incremente en sus artículos y se armonice en cada entidad federativa.
“Si la sociedad –concluye Borja Pérez– no hace algo con medidas preventivas, armonizando sus relaciones y promoviendo el buen trato, no hay esperanza en el futuro. Hay que ser más asertivos en el actuar porque la violencia nos está rebasando”.
Mueren 110 niños en fuego cruzado.
Miguel Badillo.
Fracasa Calderón con el narcotráfico
Florece el lavado de dinero en México
En el número de la revista Contralínea que empieza a circular esta semana, una investigación de la reportera Paulina Monroy informa cómo la guerra contra el narcotráfico promovida por Calderón en todo el país ha dejado cifras escalofriantes: 110 niños han sido asesinados, 3 mil 600 quedaron en la orfandad y 4 mil más son utilizados como sicarios.
Este es el relato de la reportera: Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.
“La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos”, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos.
Tan sólo el 31 de enero fueron ultimados en Ciudad Juárez, Chihuahua, 15 adolescentes entre 13 y 17 años, a mano de un grupo de pistoleros cuando participaban en un festejo estudiantil. Una hora después, en la zona centro de Torreón, Coahuila, sujetos armados dispararon contra 25 personas. Adolescentes de entre 14 y 16 años resultaron heridos.
Según datos de la RDIM, de diciembre de 2006 a marzo de 2009, 110 niños murieron en fuego cruzado entre fuerzas militares y de seguridad e integrantes de la delincuencia organizada. En ese periodo, los menores asesinados se cuentan en 63, mientras que 427 fueron reclutados por sicarios. Además se calcula que al menos 3 mil 700 niños quedaron en orfandad como resultado de la estrategia contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón.
Respecto del caso de la niña Elizabeth Martínez, la asociación civil demandó, en una carta dirigida a Felipe Calderón el 29 de diciembre, la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación del daño.
Exigió poner fin a las políticas de seguridad que arriesgan la integridad de los civiles; en particular, demandó que el Ejército Mexicano ya no realice esas tareas. También propuso la creación de una defensoría independiente para los derechos de la infancia.
La Convención sobre los Derechos de los Niños define la violencia como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente y explotación. Consagra que el deber del Estado es preservar la vida del niño, garantizar su supervivencia, desarrollo y protección contra toda forma de violencia.
La violencia crece, advierte la Organización de las Naciones Unidas, en los países que adoptan medidas de represión contra la delincuencia organizada sin una estrategia de prevención, un sistema fidedigno de datos y un pleno respeto a los derechos humanos. Según su Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, la arbitrariedad, la ineficacia y la imposición violenta de la ley contribuyen a ese incremento.
Defensores de los derechos de la niñez sostienen que el Estado mexicano no garantiza la protección y seguridad de la población más vulnerable. “Por el contrario, la violencia se justifica como solución de conflictos y se pone la guerra contra el crimen organizado por encima de la vida de niños y adolescentes”.
Según las estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, más de 400 niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado.
Araceli Borja Pérez, representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children México, precisa que es un fenómeno resultado del desempleo, de la falta de oportunidades y de una política educativa que no es la respuesta: “La comunidad no les da las herramientas para involucrarlos en otras actividades; ven en la delincuencia organizada un modo de subsistencia”.
La activista refiere que menores entrevistados confiesan su aspiración a ser narcotraficantes o pertenecer a algún grupo del crimen organizado: “Saben que se van a morir, pero dicen que prefieren vivir bien un corto tiempo que vivir una vida larga de pobreza”.
Expresa que el empoderamiento del narcotráfico está muy cerca de adolescentes que ya no pueden continuar sus estudios por falta de recursos: “Es difícil permanecer en la educación y sólo tienen dos opciones: emigrar a Estados Unidos o quedarse e integrarse a esos grupos”.
A su vez, coincide Pérez García, el que un número importante de detenidos y ejecutados sean adolescentes habla de una omisión grave en la previsión social: “No tienen oportunidad de construirse un proyecto de vida. El Estado mexicano debe corregir sus políticas para garantizarles seguridad, oportunidades educativas, de salud y laborales”.
La violencia no cesa y el gobierno federal, por conducto de Felipe Calderón, reconoce su fracaso y anuncia, al fin, estudiar una nueva estrategia que no signifique sólo mantener a las fuerzas armadas en las calles para batirse con delincuentes y narcotraficantes. Tuvieron que pasar tres años y morir miles de niños, jóvenes, mujeres, ancianos y hombres antes de que el gobierno calderonista se diera cuenta de que su actuar, en lo que él mismo califica de “guerra” contra el narcotráfico, ha sido fallido, y en el declive de su gestión busca rectificar el rumbo, aunque habrá que esperar si no se trata sólo de una acción política electoral mediática.
La masacre de 15 niños y jóvenes hace unos días en Ciudad Juárez, Chihuahua, el estado más violento del país y de donde es oriundo el actual procurador general de la República, ha sido el hecho violento que ha reunido la protesta de mexicanos en todo el país que exigen justicia y mejores acciones del gobierno para acabar con los asesinatos que diariamente se presentan en diversos estados.
En ese contexto de muerte, odio y descomposicion social, agravada en los últimos tres años, Calderón apenas se da cuenta de que el país está sin rumbo y vacío de poder, y que el crimen organizado se ha apoderado de regiones y territorios, en donde sólo él manda con la complicidad de policías, autoridades y militares.
Desconcertado y sin saber qué hacer, Calderón reconoce que ante su fracaso necesita de nuevas estrategias en su lucha contra el narcotráfico, en donde los cárteles de la droga lejos de sentirse temerosos o disminuidos, se han fortalecido en los últimos años y han mejorado sus estructuras de organización y protección, lo que les arroja fuertes ingresos de dinero sucio producto del tráfico de drogas.
Desesperados, en la Presidencia de la República han convocado a nuevos actores a las juntas del gabinete de seguridad para atender lo que desde un principio debió haberse hecho, como es involucrar a las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social y Agricultura, pues el problema del narcotráfico en el mundo no es un asunto de guerras internas en países pobres, como sólo lo entendía el gobierno mexicano, porque la droga se consume principalmente en los países desarrollados y el rentable negocio económico que significa el narcotráfico no tiene límites ni fronteras territoriales, se mueve libremente por cualquier país y el dinero sucio se lava en las principales economías mundiales y en las más prestigiadas instituciones financieras de todo el mundo.
Así, deberá entenderse que la miseria extrema que envuelve a las dos terceras partes de los mexicanos es un caldo de cultivo para las estructuras de las bandas delincuenciales, mientras que el campo agrícola se convierte en la materia prima para el mejor postor que busque sembrar marihuana y establecer laboratorios en donde se procesen las drogas, mientras que la falta de vigilancia estricta en los circuitos financieros del país es la llave de acceso al blanqueo de capitales que sirve para aceitar la maquinaria de la corrupción y extorsión de autoridades, políticos y gobernantes.
Ante ello, la sociedad exige y demanda nuevas y mejores acciones urgentes en contra de los lavadores del dinero, y aquí es donde banqueros, directivos de casas de bolsa y de cambio, hoteleros, especuladores, empresarios inmobiliarios, industriales, políticos y burócratas que estén sirviendo al narcotráfico deberán ser llamados a cuenta para que respondan por sus delitos. Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y la Procuraduría Fiscal reunen expedientes de los involucrados.
Al momento en que se corte el flujo financiero al crimen organizado, éste dejará de alimentar la maquinaria de la corrupción gubernamental que se vuelve complaciente y cómplice con las bandas delincuenciales en todo el país.
Negociar con jefes del narcotráfico
El caso colombiano es un ejemplo de lo que a una sociedad pobre, igual que la mexicana, le puede ocurrir cuando los cárteles de la droga se apoderan del Estado.
Hace 20 años, Colombia se debatía entre la vida y la muerte por la presencia en su territorio de los principales traficantes de cocaína en el mundo. La industria que esta droga había generado en ese país sudamericano, permitía el control de las estructuras de gobierno y un clima de violencia parecido al que hoy vive México. Fue entonces cuando el gobierno colombiano decidió sentarse a negociar con los jefes de la mafia para que se entregaran a las autoridades a cambio de que no fuera extraditados a Estados Unidos, respetaran a sus familias y dejaran de presionarlas judicialmente, y podrían mantener parte de sus fortunas acumuladas en su actividad delincuencial.
Parecía una situación difícil de lograr pero se hizo y eso disminuyó la violencia y obligó a que otros grupos mafiosos, en este caso los mexicanos, retomaran fuera de Colombia el control del tráfico de drogas hacia el mundo entero.
Fue entonces que el cártel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orihuela, y el de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria –quien por cierto lavaba su dinero en bonos del Tesoro de Estados Unidos-, prácticamente desaparecieron y fueron otros, ya disminuidos, los que continuaron el negocio a una menor escala, pero lo más importante fue el mensaje del gobierno colombiano de tratar de enfrentar, con estrategias distintas a la armada, a las mafias de la droga, lo que dio como resultado una considerable reduccion de muertos, secuestros y desparecidos, y la calma y tranquilidad volvió a las calles de Colombia.
En México prácticamente nadie puede hablar de una negociación sin recibir de inmediato la crítica y descalificación de las autoridades, las cuales actúan más por presiones de Washington que por intereses propios. Pero la pregunta es si acaso el gobierno no negocia con narcotraficantes en su programa de testigos protegidos, en donde les da impunidad, dinero y protección, con cambio de nombre y domicilio, para que delaten a sus cómplices. Sin duda que sí es una negociación, sólo que el programa de testigos protegidos es en menor escala y a Estados Unidos no le conviene que el gobierno mexicano llegue a acuerdos con las bandas del narcotráfico, pues deja vulnerable su territorio por ser el mayor consumidor de drogas.
Niños, a merced de delincuentes en la web
Autor: Paulina Monroy
En México, uno de cada cinco niños puede ser contactado por un delincuente en internet; sin embargo, la seguridad en línea y la protección de datos personales de los menores de edad no están en la agenda nacional. El tema está en la zaga, mientras las denuncias de delitos cibernéticos contra menores siguen en aumento
Uno de cada cinco niños mexicanos puede ser contactado por un delincuente en internet. Durante 2009 crecieron en ciento por ciento las denuncias por delitos contra menores en la red. Mientras un año atrás, la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Secretaría de Seguridad Pública recibió 173 acusaciones, el saldo en 2009 alcanzó las 320.
La dependencia identificó 17 infracciones diferentes contra niños y adolescentes en la red. La pornografía infantil encabeza la lista. Y es que en los últimos tres años, el número de sitios mexicanos dedicados a esa ilícito aumentó en 40 por ciento, superando así las 100 mil páginas electrónicas.
Le sigue el gromming, definido como el conjunto de estrategias que un adulto utiliza para ganarse la confianza del niño y obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o un encuentro con la víctima. Esta actividad, advierte la dependencia, va en aumento.
A ellos se suman amenazas, difamación, hostigamiento, secuestros, pederastia, fraude, robo de identidad, el tráfico y la trata de menores. Mientras los delincuentes tienen a su alcance herramientas más avanzadas para no ser capturados, México está a la zaga en la protección de datos personales de menores en la red.
La Convención Nacional sobre los Derechos del Niño postula que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
Las actividades en línea –advierte la Alianza por la Seguridad en Internet (ASI)– conllevan riesgos como la conducta, el contacto y el contenido inapropiados, pues el mundo virtual puede dar la falsa sensación de anonimato.
Niños y adolescentes olvidan que son responsables de sus acciones en la red o que pueden ser víctimas de acosadores, intimidadores o estafadores, y de información nociva, como la pornografía o la violencia. Según la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, tres de cada cuatro menores están dispuestos a intercambiar información personal en la red.
No obstante, todavía está en espera de dictamen la iniciativa de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en la Cámara de Diputados, que contemplaría la salvaguarda de la vida privada de niños y adolescentes en internet. Para la ASI, el tema de la seguridad en internet no es prioridad para el actual gobierno.
Seguridad en línea, ausente de la agenda nacional
Seis de cada 10 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 años son usuarios de la red, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet. La Encuesta nacional de la juventud 2005, realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), arrojó que el 68 por ciento de los jóvenes entrevistados navega sin ningún tipo de vigilancia. El 93 por ciento participó en redes sociales, mientras que el 49 por ciento accedió a ellas lejos de cualquier supervisión.
Armando Novoa Foglio, director de la Alianza por la Seguridad en Internet, observa que es prioritario elevar el concepto de seguridad en línea en la agenda nacional: “No es prioridad y por ello no hay más agilidad para que se aprueben programas educativos y de salud que prevengan los delitos”. Agrega que ni siquiera existen métricas ni estudios sobre el número de menores que tienen encuentros con personas que conocieron en internet.
La agenda de la ASI incluye que el gobierno considere ineludible el tema de la seguridad de los menores en la red, como el desarrollo de políticas públicas y de leyes de prevención.
Aunque considera que no debe limitarse el uso de las tecnologías de la información, pues son un vehículo de desarrollo, señala que el Estado tiene que encauzarlas para que no se utilicen de manera destructiva, pues está obligado a velar por la seguridad de los ciudadanos.
Recuerda que los menores no tienen criterio para reconocer en una conversación en línea si su interlocutor es una persona confiable: “El niño está conectado a una comunidad, desarrollando relaciones y teniendo conductas y actividades, y no distingue entre el mundo real y el mundo en línea. Lo ve como un medio por el que se expresa”.
Los riesgos para menores en internet, enumera, están catalogados en ciberacosadores, contenido inapropiado y hostigamiento en línea. “La solución –apunta el especialista– es la educación en las escuelas, donde se reafirme la importancia de que los menores cuiden sus datos personales y desarrollen habilidades para identificar los peligros”.
El director de la ASI expone que un niño juega sin pensar en las consecuencias, pero en internet sí debe entender que sus actos las tienen. Menciona que se deben introducir los conceptos de ciberciudadanía y la alfabetización digital en los centros educativos. El primero se define como la ciudadanía en el espacio virtual, es decir, el conjunto de deberes y derechos de todo usuario en internet. La alfabetización digital es el desarrollo de habilidades de juicio crítico en los menores para que aprendan a discernir y discriminar los contenidos en línea.
Explica que el problema de exposición de datos personales en las redes sociales crece cuando los niños cursan el quinto año de primaria, pero se detona en secundaria: “Es la etapa más conflictiva. Por eso hay que prepararlos desde primero de primaria para que, al llegar a ese nivel, ya entiendan la importancia de la privacidad”.
Para el activista es necesario que el Estado adopte acciones en sus distintos niveles para entender el problema. Es así que la Secretaría de Educación Pública debería tener un rol mucho más participativo para impulsar planes de estudios que contemplen la seguridad en línea. En tanto que la Secretaría de Salud podría estudiar el fenómeno y ofrecer alternativas, toda vez que el desarrollo físico y emocional del niño víctima del delito es afectado.
Por otro lado, menciona que gobierno, industria y sociedad civil son responsables de divulgar el mensaje de prevención de delitos: “El mejor filtro es el poder de discernimiento de los niños y hay que trabajarlo desde los hogares y las escuelas”.
Al respecto, comenta que los padres deben involucrase activamente. Ejemplifica que en los últimos tres años, la Alianza por la Seguridad en Internet ha impartido conferencias en 60 instituciones educativas privadas, con la presencia de hasta 10 mil padres de familia.
Sin embargo, sólo el 5 por ciento de ellos tomó medidas de seguridad para mejorar las prácticas de sus hijos en internet. A falta de educación en el hogar sobre los riesgos en internet, el activista expresa que entonces la escuela debe realizar esa tarea, entendiendo el problema y capacitando a sus profesores.
Durante el seminario Protección para menores en Redes Sociales, organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información, el 3 de diciembre de 2009, Juan Carlos Guel López, titular de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Secretaría de Seguridad Pública, admitió que las actividades realizadas en materia de prevención son insuficientes, así como el número de denuncias realizadas. Resaltó que es prioritario advertir a los menores sobre los potenciales riesgos en internet e impulsar una cultura de denuncia: “Sólo el enlace con la ciudadanía permitirá atacar el problema”.
En opinión de Novoa Foglio, debe haber una policía cibernética en cada estado, que estén coordinadas, con mejor equipo y más personal: “La capacidad y los recursos ahí están, pero es necesario que el tema sea prioritario”.
Urgente legislación
Únicamente el artículo 16 de la Constitución contempla la protección de datos personales, pues garantiza el derecho de los ciudadanos a no ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Mientras que la Ley Federal de Protección al Consumidor contempla en su artículo 18 llevar un registro público de consumidores que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.
Aunque el Instituto Federal de Acceso a la Información es responsable de salvaguardar los datos en poder del gobierno, no existe un ordenamiento sobre el uso de datos privados por parte de particulares.
Armando Novoa Foglio, director de la Alianza por la Seguridad en Internet,
comenta que si una ley protege a un menor o a un mayor de edad en el mundo real, lo tiene que proteger en internet.
Durante el seminario Protección para menores en Redes Sociales, el senador Jesús Murillo Karam declaró que México es un paraíso de datos en libertad total: “Debemos crear un universo jurídico que permita su protección y que incluya quién y cómo debe manejarlos y cuáles son los derechos del poseedor de esos datos”.
Hasta diciembre de 2009, estaba pendiente la discusión, en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, del dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Durante el seminario, el diputado Javier Corral Jurado expresó que era perentorio que la iniciativa viera la luz.
El 30 de abril de 2009, la senadora perredista Claudia Corichi García presentó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y de la Procuraduría General de la República a realizar un convenio con los operadores de internet para bloquear sitios de pornografía infantil.
Internet tiene 18 mil millones de páginas distribuidas en 150 millones de sitios web. Se estima que entre 3 mil y 5 mil millones de páginas tienen contenido inapropiado para menores de edad.
Necesario “limitar” poder de Estado y de privados
El Memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en internet en particular de niños, niñas y adolescentes subraya que el derecho a la vida privada es un valor que toda sociedad democrática debe respetar: “Para asegurar la autonomía de los individuos y decidir los alcances de su vida privada, debe limitarse el poder tanto del Estado y de organizaciones privadas de cometer intromisiones ilegales o arbitrarias”.
Conocido también como el Memorándum de Montevideo –resultado del seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet, celebrado el 27 y 28 de junio de 2009 en Montevideo, Uruguay–, el documento considera fundamental que se reconozca el papel de la familia en la enseñanza sobre el uso seguro de las herramientas digitales; así como la necesidad de que todas las medidas prioricen el interés superior de niños y adolescentes, y la responsabilidad de los proveedores de servicio.
Prioritaria, considera, es la prevención a través de la educación para enfrentar los riesgos en internet. Como recomendaciones para la prevención, el Memorándum de Montevideo expone que el Estado y las autoridades educativas provean información a padres y menores sobre los eventuales riesgos de los ambientes digitales.
También educarlos en el uso de seudónimos y la participación anónima en la red; en saber discriminar la información; en que la divulgación de datos pueda vulnerar sus derechos, y en la ilegalidad de los contenidos prohibidos. Además en las políticas de privacidad, seguridad y alertas en sitios web y las sanciones civiles, penales o administrativas contra quienes cometen un ilícito. El documento plantea que el tema sea incluido en planes de estudios, se produzca material didáctico y se capacite a docentes.
En políticas públicas, sugiere establecer mecanismos de respuesta para atención a las víctimas de abusos en internet, y la elaboración de protocolos para canalizar contenidos ilegales reportados. Por lo demás, promover la sensibilización y divulgación de información e impulsar la generación de conocimiento especializado.
Respecto del marco legal, propone que cualquier acto considerado ilegal en el mundo real tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual. Apunta que los Estados deben legislar el derecho que tienen niños y adolescentes a rectificar o cancelar información privada y a oponerse a su uso para cualquier fin.
Para aplicar las leyes, explica, es necesario crear organismos jurisdiccionales especializados en materia de protección de datos y permitir que niños y adolescentes presenten denuncias por la vulneración de sus derechos. También que los procesos judiciales y administrativos sean sencillos, ágiles y de fácil acceso, y el desarrollo de una base de datos sobre casos y decisiones.
