Elecciones en Oaxaca, “una brasa”

Autor: Érika Ramírez
Pobreza extrema, inseguridad social y pérdida económica son parte del saldo que deja Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca. Más de 2 millones de electores registrados en el Padrón Electoral podrían acudir el próximo 4 de julio a la contienda que pugnan el aliancista Gabino Cué Monteagudo y el priista Eviel Pérez Magaña. Las carencias de los oaxaqueños se han convertido en banderas políticas. Analistas advierten: “Oaxaca es una brasa”
Oaxaca, Oaxaca. La radiografía política, social y económica del estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde hace más de 80 años es desalentadora: tercer lugar en pobreza extrema a nivel nacional, penúltimo en materia de competitividad económica, aunado a las constantes violaciones a las garantías individuales. Éstas son las marcas que deja Ulises Ruiz Ortiz al frente del Ejecutivo estatal, revelan informes oficiales y académicos.
En este contexto, más de 2 millones de oaxaqueños podrían decidir el próximo 4 de julio entre el candidato de la coalición –de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia– Gabino Cué Monteagudo, o el priista Eviel Pérez Magaña.
Ambos candidatos han erigido las banderas del progreso, democracia y avance, como parte de sus campañas político-electorales. Así, Gabino Cué y Eviel Pérez se debatirán el primer domingo de julio próximo el voto de 2 millones 583 mil 112 oaxaqueños enlistados en el padrón del Instituto Federal Electoral.
Lejos de las promesas de campaña, los estudios socioeconómicos que se han hecho del sureste mexicano demuestran que Oaxaca es el tercero más marginado de todo el país. Así lo señalan los Índices de marginación por entidad federativa, del Consejo Nacional de Población (Conapo). Le anteceden Guerrero y Chiapas, en primero y segundo lugar, respectivamente.
Conformados en el llamado “triángulo de la miseria”, estos estados tienen índices de desarrollo humano (IDH) similares a los del África Subsahariana. El Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México 2006 precisa que “las desigualdades en el desarrollo humano mostradas en el ámbito estatal y regional [oaxaqueño] se acentúan a partir de una desagregación por municipios”.
El mismo informe destaca que Coicoyán de las Flores, de la mixteca oaxaqueña, es el municipio con el IDH más bajo de las demarcaciones territoriales del país, 70.4 por ciento por debajo del promedio nacional. En tanto, el Conapo muestra que todavía hay un municipio con menores niveles de vida: San Simón Zahuatlán.
Bandera de miseria
Fernando Bustamante, secretario técnico del Comité Estatal del PRD, dice que la marginación en la que subsiste el pueblo oaxaqueño es uno de los motivos por los cuales se ha conformado la coalición entre partidos políticos de oposición. “Es hora de la alternancia en el poder”.
Sin embargo, acepta que la entidad aún gobernada por Ulises Ruiz Ortiz tiene un “compuesto social complejo”. Cada una de las regiones (conglomeradas en 570 municipios), agrega, obedece a intereses muy particulares, pero hay la intención de generar “un cambio que permita llevarnos a un nuevo ejercicio político en el estado”.
En el documento Plataforma electoral, elecciones 2010, de la coalición PRD, PAN, PT y Convergencia, se destaca: “Como consecuencia de un régimen profundamente autoritario, producto de un sistema político caduco y obsoleto, Oaxaca vive un grave rezago social, económico y político. La gran mayoría de la población padece las consecuencias de un desarrollo centralista socialmente injusto, que genera una creciente miseria y desigualdad, agravada por la falta de canales institucionales de discusión y participación democrática”.
El documento –firmado por las fuerzas políticas opositoras al PRI– asegura que “las instituciones estatales rectoras del crecimiento y el desarrollo no promueven una actividad integradora, han dejado a cada región a su suerte, asumiendo las características geográficas como fatalidades”.
Sin embargo, para el candidato que podría dar continuidad al régimen priista, Eviel Pérez Magaña, la pobreza del estado se puede remediar con la ejecución de un proyecto basado en la promoción de la cultura y el turismo, para la generación de empleo, modernidad y acercamiento con la gente.
Yésica Sánchez Maya, responsable del área jurídica de la organización no gubernamental Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, duda de las palabras de los políticos y asegura que la crisis político social que vive el estado “crea un clima de ingobernabilidad. No hay garantías para nada ni nadie, todo es un adorno”.
Mientras en el entorno económico hay gente que muere de hambre, en lo social, dice, “se hace más visible la violencia hacia las mujeres; hay ataques a defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados. Tampoco hay transparencia en el uso de los recursos, lo que muestra que hay una impunidad histórica”.
La defensora de derechos humanos advierte: “Vivimos en un estado autoritario con simulación de democracia. Oaxaca tiene que llamar la atención: hay una crisis justo en proceso de elecciones. Hay un riesgo latente. Oaxaca se puede incendiar en cualquier momento. Oaxaca es una brasa”.
Caída económica
Otro de los factores que ha golpeado a la sociedad oaxaqueña es la pérdida económica que había entre quienes tenían un ingreso, a través del empleo formal o la inversión en los negocios. Los indicadores en materia económica también se encuentran entre los más bajos respecto del resto del país.
El informe La competitividad de los estados mexicanos 2010, elaborado por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, indica que durante el primer trimestre del 2009, el 1.1 por ciento de la Población Económicamente Activa perdió o abandonó su negocio, lo cual se traduce en un total de 2 mil 500 negocios perdidos, 10.7 por ciento de los cuales se establecían como formales.
Otro de los datos que arroja el estudio universitario es que al tercer trimestre de 2009, la tasa de desempleo en Oaxaca fue de 1.74 por ciento, lo que la convierte en “la menor de todo el país durante este periodo”.
Las cifras del Tecnológico de Monterrey indican que la tasa de “condiciones críticas de ocupación” en el estado fue de 18.8 por ciento de la población ocupada (con todas las prestaciones sociales). Mientras, la población ocupada no protegida fue del 73 por ciento.
Finalmente, dice el informe coordinado por la investigadora Marcia Campos Serna, la pérdida de empleos en el primer trimestre de 2009 fue de casi 13 mil, de los cuales el 16.3 por ciento se debió a un recorte de personal o por cierre de la empresa.
Transición, acarreo y dudas
Mientras los factores que podrían influir en la votación del próximo 4 de julio son deprimentes entre la población, Carlos Alberto Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Oaxaca, es optimista: confía que, en el acercamiento al proceso electoral, “hay una posibilidad de transición democrática. No hemos tenido ninguna circunstancia que ponga en riesgo a la alianza”.
Son siete ejes fundamentales los que forjan la alianza entre partidos políticos de oposición a nivel federal: transición democrática, fortalecimiento municipal, rediseño de las instituciones, desarrollo humano sustentable, educación, empleo.
El dirigente estatal del blanquiazul arremete contra el gobernador Ulises Ruiz: “Hizo del orden, represión; de la transparencia, opacidad, y del erario, corrupción. No sólo queremos derrotar al PRI, sino que está en nuestras manos la responsabilidad de generar una transición democrática”.
Soledad Jarquin Edgar, periodista oaxaqueña y Premio Nacional de Periodismo, critica que su estado natal “está igual de pobre que siempre. La corrupción se ha hecho cada vez más profunda. Hay una indiferencia total hacia la aplicación de la justicia”.
En los albores de un proceso electoral, dice, “hay una indiferencia muy marcada entre la gente para acudir a las urnas. El aparato político sigue recurriendo a prácticas de acarreo, condicionamiento de despensas, materiales de construcción, de proyectos para las colonias; todo, bajo el marco: ‘yo te doy, pero tú votas por tal partido político’”.
Esta situación, critica la periodista, “agrava la pobreza y discriminación en Oaxaca”. Galardonada en 2007 por su labor periodística, Jarquin Edgar dice que la manipulación electoral “es una práctica de todos los partidos políticos que se han convertido en partidos de familias, que se heredan los puestos y cargos públicos”.

Muerte, desesperación y furia en México

John Ross
Counterpunch

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens


La visita de Estado a Washington de Felipe Calderón de la semana pasada (19 al 20 de mayo) y su aparición en una sesión conjunta del Congreso de EE.UU. coloca el Sello Oficial de Aprobación de Barack Obama a un jefe de Estado elegido incorrectamente y cuya legitimidad se sigue cuestionando en su propio país.
La cena oficial de la Casa Blanca servida por los Obama al “presidente” mexicano y a su primera dama Margarita Zavala incluyó carne de vacuno de Oregón y mole negro de Oaxaca, a Beyoncé, George López, la Banda del Cuerpo de Marines de EE.UU. y un espectacular dispositivo de seguridad para excluir a potenciales participantes no invitados, en noviembre pasado, una pareja iraní-estadounidense engañó al Servicio Secreto y se coló en la primera cena oficial de los Obama, una gala en honor del primer ministro indio, Mahmonan Singh.
Aunque el discurso de 35 minutos de Felipe Calderón en una sesión conjunta del Congreso el mediodía siguiente fue previsiblemente protocolar, animó la polémica al solicitar la abrogación de la ley racista "Breathing While Brown" de Arizona y la renovación de la prohibición de la venta de armas de asalto fácilmente obtenibles en 7.000 armerías a lo largo de la frontera, en las cuales los cárteles de la droga mexicanos obtienen sus arsenales. 23.000 ciudadanos mexicanos han perdido sus vidas desde que Calderón trató de congraciarse con Washington declarando una mal concebida guerra contra las bandas de narcotraficantes hace 40 meses.
Con el estímulo de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, los somnolientos demócratas que mantienen una mayoría en disminución en ambas cámaras del Congreso de EE.UU., brindaron a Calderón una tibia ovación mientras los republicanos, mortalmente disgustados por el ataque del político mexicano contra los derechos a las armas en EE.UU., se sentaron rígidamente sobre sus manos, una posición poco confortable.
Irónicamente, desde la “victoria” de Calderón en una elección viciada por el fraude en 2006, no ha podido dirigirse a su propio Congreso por la amenaza de protestas de la oposición tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado mexicanos.
La visita subsiguiente de Felipe Calderón al Cementerio Nacional de Arlington para depositar una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido provocó una condena generalizada en su país. Ningún presidente mexicano ha rendido su homenaje en Arlington, donde están enterrados soldados de EE.UU. que participaron en tres invasiones (1846, 1914, 1916) de la nación vecina. “Ahora nuestra soberanía nacional está enterrada en Arlington”, fue la crítica expresada por el antropólogo radical Gilberto López y Rivas entrevistado por el autor en un simposio sobre derechos y costumbres indígenas. López y Rivas fue deportado una vez de EE.UU.,acusado de espiar para la Unión Soviética.
Después de cuatro meses de gira con El Monstruo - Dread & Redemption In Mexico City, he vuelto a la escena del crimen. La descomposición social en mi vecindario y país adoptivo parece generalizada. A dos cuadras hacia el este, el suelo de la gran plaza del Zócalo está cubierto de campamentos improvisados de trabajadores disidentes e indios. 100 miembros del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), que perdieron sus puestos de trabajo en octubre pasado después de que Calderón declarara la bancarrota de la paraestatal compañía Luz y Fuerza y despidiera a 43.000 miembros del sindicato como parte de una conspiración para privatizar la generación de electricidad en México, han estado en huelga de hambre durante más de un mes para instar a la Corte Suprema de México a que anule la orden de disolución y los sacerdotes administran la extremaunción a los que se encuentran en inminente peligro de muerte.
También acampan en el Zócalo maestros militantes del Estado de Oaxaca cuya huelga en 2006 provocó en el Estado sureño una brutal represión gubernamental, e indios Triqui de la localidad de San Juan Copala en las montañas Mixteco de Oaxaca, sitiada por bandas paramilitares de las que se piensa que están ligadas al gobernador saliente Ulises Ruiz, un pez gordo en el otrora gobernante partido PRI, cuyos pistoleros asesinaron a 26 activistas durante la rebelión de los maestros de 2006.
El 27 de abril, matones fuertemente armados atacaron una caravana que trataba de llevar alimentos y suministros médicos a la sitiada municipalidad oaxaqueña, matando al observador internacional finlandés Tyri Antero Jaakkola y a Alberta "Bety" Cariño, infatigable defensora del maíz nativo de México y de los derechos de las mujeres indígenas.
“Ya no damos más. No podemos soportar ni un día más de esta represión”, declara amargamente Berta Robledo, enfermera jubilada, mientras agita una lata pidiendo contribuciones para los huelguistas de hambre en el Zócalo. La mezcla volátil de desesperación y furia en la gran plaza parece un microcosmos del México de Calderón.
Durante la gira de cinco días del presidente a Washington y a la Unión Europea para alardear de la supuesta recuperación de su país del desastre económico (casi un millón de mexicanos perdieron sus puestos de trabajo en los primeros tres meses de 2010), el tejido social se ha deshilachado aún más por la tenebrosa desaparición de Diego Fernández de Cevallos alias "El Jefe", el candidato presidencial derechista del partido PAN en 1994, de quien se piensa que aspira a suceder a Calderón en 2012. El Jefe Diego fue secuestrado al parecer entre la tarde y la noche del 14 de mayo delante de su hacienda La Cabaña en el Estado de Querétaro, a dos horas al norte de la capital.
Querétaro, un reducto conservador en el cual la Iglesia Católica ejerce considerable influencia en la política pública estuvo gobernado durante los últimos 12 años por el partido PAN de Calderón y Cevallos, pero devolvió el poder al PRI el año pasado. Algunos observadores ven un subtexto político para el secuestro.
La única pista revelada hasta ahora por las autoridades, que guardan un hermético silencio, parece que es un par de tijeras ensangrentadas que El Jefe utilizaba para recortar su barba. Las tijeras se encontraron en la camioneta Cadillac Esplanade de Fernández de Cevallos y se piensa que se utilizaron para extraer un microchip colocado en la espalda del panista a fin de frustrar la ubicación satelital de El Jefe.
Aunque la familia de Fernández de Cevallos ha rogado a la prensa y al gobierno que guarden silencio mientras trata de establecer contacto con los secuestradores, rumores descabellados, avistamientos falsos, conjeturas estupefactas, incluso profecías y oraciones han reverberado a través de toda la clase política conmocionada de México. Una fotografía posiblemente modificada de El Jefe Diego con los ojos vendados, colocada en un sitio en Internet y firmada por “los misteriosos desaparecedores” sólo ha aumentado la especulación pública.
Abundan los escenarios propuestos y como el paisaje político es tan caótico en el país, todos ellos son posibles. Fernández de Cevallos es o era un abogado lleno de vida, preferido de la oligarquía, que ganó acuerdos multimillonarios en dólares para sus clientes y que causó múltiples enemigos al hacerlo, cada uno de los cuales podría sentirse motivado para tomarse la venganza máxima contra El Jefe.
A pesar de diferencias con Calderón de las que se informó ampliamente, Fernández de Cevallos ha gozado de considerable poder en el actual régimen: su ex socio en su bufete de abogados, Fernando Gómez Mont, es secretario de Gobernación, la segunda posición por su importancia en la jerarquía política de México, y otro asociado de tantos años, Arturo Chávez Chávez, es procurador general de la república. Diego Cevallos ha cabildeado con éxito para la inclusión de amigos suyos en la Corte Suprema, como Margarita Luna Ramos para cuya familia ganó una vez 250 millones de dólares en una batalla por tierras con la Ciudad de México.
Otra teoría interpreta la desaparición de El Jefe como un ajuste de cuentas perpetrado bien por el cártel de drogas de Juárez o por sus ardientes rivales, los muchachos de Sinaloa. Los vínculos de Fernández de Cevallos con el cártel de Juárez son bien conocidos desde hace tiempo. El Jefe era representante legal del Hospital Santa Clara donde expiró el jefe del cártel Amado Carrillo, “el Señor de los Cielos”, supuestamente durante una operación de cirugía estética en 1997. Carrillo había alquilado todo el hospital, ubicado a apenas una milla de Los Pinos, la Casa Blanca mexicana. Los doctores que trataron al ‘Señor de los Cielos” fueron posteriormente hallados torturados, muertos y "entambados" en la Carretera México-Acapulco.
El Jefe también sirvió como asesor legal de la funeraria en la que supuestamente se incineró a Carrillo. En vida, el Señor de los Cielos tuvo el privilegio de contar con la protección del Zar de la rama mexicana de la Guerra contra la Droga de la Casa Blanca, el desprestigiado general Jesús Gutiérrez Rebollo.
Según el testimonio de uno de los hijos de Amado Carrillo, Fernández de Cevallos también desvió millones de dólares del cártel de Juárez a los cofres de otro cliente, el Banco Anáhuac, que quebró posteriormente.
El cártel de Juárez también ha estado involucrado en una sangrienta batalla con El Chapo Guzmán cuyo cártel de Sinaloa parece que finalmente ha arrebatado Ciudad Juárez, un crucial centro de cruce de drogas, a los Carrillo. Se cree que El Chapo es el señor de la droga preferido tanto de Felipe Calderón como de su predecesor Vicente Fox, al haber escapado de una prisión de máxima seguridad un mes después de la investidura de Fox en 2001.
Un corolario de este escenario presenta a El Jefe como rehén de El Chapo con la intención de intercambiarlo por el Número Tres del cártel de Sinaloa, Nacho Coronel, cuyo arresto nunca se ha hecho público –el modus operandi usual de las fuerzas de seguridad mexicanas cuando atrapan a un pez gordo es publicitar su captura con máxima grandilocuencia. Tanto el Ejército como la Armada niegan tener a Coronel quien según se informa fue capturado a finales de abril en el Estado Jalisco, pero agencias civiles, desde la Policía Federal Mexicana al Secretariado de Salud Pública, el FBI o la DEA estadounidenses, siguen siendo sospechosos probables en la captura de Coronel.
Otra hipótesis atribuye la captura de El Jefe Diego a un grupo no identificado de guerrilla armada. México ha sido el escenario escogido para sensacionales secuestros políticos como la captura como rehén en 1994 de Alfredo Harp Helú, multimillonario presidente de Banamex, el banco más antiguo de México (ahora parte de Citigroup) y primo del magnate más rico del mundo, Carlos Slim. Se cree que se pagó un restate récord –supuestamente 14 millones de dólares– al Ejército Popular Revolucionario (EPR), que posteriormente se equipó con armamento sofisticado y libró una breve y sangrienta guerra con el ejército mexicano.
También se piensa que el EPR secuestró al antiguo secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios en 1997 por el cual se cobraron 6,5 millones de pesos –el secuestro nunca se hizo público- El Ejército Popular Revolucionario negó rápidamente toda participación en la captura de El Jefe Diego.
Pero mientras México celebra el centenario del hito histórico que representa su revolución y se predicen nuevas insurrecciones, es indudable que existen otros grupos guerrilleros. Desde la rebelión zapatista de 1994 en Chiapas existen rumores de la presencia de guerrilleros en la montañosa Sierra Gorda, a poca distancia de la hacienda de Fernández de Cevallos en Querétaro.
Otros argumentan que el secuestro es sólo una aventura comercial sin conexiones políticas, pero como señala Miguel Ángel Granados Chapa, decano de los escritores políticos de México, los posibles secuestradores podrían haber exigido un rescate astronómico apoderándose de cualquier miembro de la familia de Fernández de Cevallos y dejando libre a El Jefe para negociar el monto en dólares.
La posibilidad de la participación de guerrillas en la captura de ese político acuciado por problemas ganó adeptos el 18 de mayo cuando el general Mario Arturo Acosta Chaparro fue baleado en una calle de Ciudad de México por desconocidos. Acosta Chaparro fue un personaje esencial en cientos de ejecuciones extrajudiciales de presuntos guerrilleros durante los años setenta en Guerrero, que fue otrora un bastión del EPR. Aunque nunca fue condenado por abusos contra los derechos humanos, el general pasó varios años en prisión por suministrar protección al cártel de Juárez de Carrillo –un tribunal militar revocó posteriormente la sentencia. Ahora la revista Proceso informa de que Acosta Chaparro había sido contratado por la familia de El Jefe Diego para investigar su desaparición.
Pero la hipótesis más curiosa que ha surgido de todo este embrollo con un reparto estelar es que El Jefe se habría secuestrado a sí mismo, un “autosecuestro” en el argot criminal mexicano, y que pronto reaparecerá como salvador del PAN y será presentado como candidato presencial del maltrecho partido derechista en 2012.
Diego Fernández de Cevallos, una voz machista, misógina y racista (que una vez argumentó que las costumbres y hábitos indígenas promueven el sacrificio humano) cuenta con el respaldo incondicional de los sectores más retrógrados del PAN y del PRI. El Jefe Diego ha sido uno de los que han movido los hilos en la política durante una generación, frecuentemente acusado de tráfico de influencias y con antiguos vínculos con la fortuna de la familia del desprestigiado ex presidente Carlos Salinas, por haber aprobado la quema de boletas de la elección presidencial de 1988 robada por Salinas al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que el PAN recibió su primera gobernación (Baja California) y Fernández de Cevallos una suntuosa mansión en la ostentosa zona de Punta Diamante en Acapulco.
A pesar de un comienzo inicialmente fuerte como candidato presidencial del PAN en 1994, El Jefe Diego abandonó inexplicablemente su campaña y desapareció de la vista pública. Cuando terminó por volver a la campaña, el sucesor de Salinas, Ernesto Zedillo, había tomado la delantera. Analistas políticos como Granados Chapa sugieren que hubo un arreglo.
Ahora, con el capital político de su partido a la baja, el resultado de la devastadora depresión económica, la pérdida de la guerra contra la droga, y la presidencia inepta de Calderón, el retorno de El Jefe Diego lo transformaría en una especie de candidato de la línea dura que ansían muchos mexicanos. “Necesitamos un hombre fuerte con una mano dura como El Jefe Diego para poner orden en este lío. Rezo por su retorno”, me dijo un joven simpatizante, Eder Lenero, mientras tomábamos café la semana pasada.
Como hechos a propósito, carteles mostrando la fotografía del rostro agresivo de Fernández de Cevallos y a un lado la inscripción “¡Diego, estamos contigo!” aparecieron repentinamente en Querétaro, pero se retiraron rápidamente por orden de su familia.

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DESAPARECIDOS

Los guerrilleros desaparecidos del EPR
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Desde 1970, la desaparecida Dirección Federal de Seguridad tenía registros de Gabriel Alberto Cruz Sánchez de su participación en el movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) hasta su paso a la clandestinidad en la Organización Revolucionaria Clandestina Unión del Pueblo, que después se convirtió en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), germen del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Era ubicado también como Raymundo Rivera Bravo con los alias “El Oso” y “El Gutemberg”, pero sobre todo como hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, identificado igualmente como Eleazar Campos Gómez y Francisco Cerezo Quiroz, que se convirtió con el paso del tiempo en el mando principal del EPR.
De Edmundo Reyes Amaya, no se tiene ningún registro. Solo se sabe que nació en San Pablo Huixtepec, que emigró muy joven al Valle de México, que atendía una tienda en Ciudad Nezahualcóyotl y de su gusto por el béisbol.
Los dos guerrilleros, fueron detenidos-desaparecidos forzadamente desde el 25 de mayo del 2007 en esta ciudad.
Gabriel Alberto Cruz Sánchez
Gabriel Alberto, nació el 24 de marzo de 1952 en esta ciudad. Vivió al lado de ocho hermanos en la casa familiar ubicada en la calle Santos Degollado, en el populoso barrio de La Merced, donde su padre Antonio Cruz Palma tenía una mueblería. El papá, quien había sido mesero en el restaurante del hotel Marqués del Valle, participaba en un círculo de estudios bíblicos.
Cuando Gabriel Alberto aprendió a manejar vehículos de motor, auxiliaba a su padre en el traslado de los muebles comprados por sus clientes.
Según relatos de compañeros de aquella época, Gabriel Alberto, en 1970, cuando tenía unos 18 años, estudiaba en la Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y participaba como otros tantos estudiantes en el movimiento estudiantil por la democratización de la Máxima Casa de Estudios y de la entidad. Ese año es asesinado uno de sus compañeros Erudiel Gastón Martínez Salazar, presuntamente por grupos porriles priístas, y en represalia retienen al dirigente del PRI y catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sadot Sánchez Carreño, quien es llevado a una casa. Pero la policía encuentra el lugar y detiene a los presuntos responsables Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Jorge Vera.
Los dos estudiantes preparatorianos son encarcelados en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel y después de ocho meses son liberados.
En 1971, el entonces presidente de la Federación Estudiantil de Oaxaca (FEO), Raúl Castellanos –el ex coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal , fue a recogerlos a la salida de la prisión, aparentemente en un Volkswagen, color amarillo, para dirigirse a la Escuela Preparatoria número 1, donde lo esperaban sus compañeros.
Al parecer, esa fue la última vez que fue visto en público. Su hermana Margarita, rememora que un día de ese año, Gabriel Alberto se despidió de ella en su casa y hasta ahora no lo ha vuelto a ver.
“No recuerdo bien las palabras, pero me dijo algo así: ‘voy a salir, cuida a mis papás’”, evoca.
De ahí, junto con su hermano Tiburcio Cruz Sánchez, a quien cariñosamente llamaban Bucho, se va a la clandestinidad para incorporarse a la Unión del Pueblo, que después se convirtió en el PROCUP, luego en el PROCUP-PDPL, por la fusión con el Partido de los Pobres del guerrillero guerrerense, Lucio Cabañas, y por último en el EPR.
A Margarita, después de 30 años, le costó mucho reconocer a Gabriel Alberto porque en la fotografía difundida por el EPR aparece corpulento, con frente amplia y de bigote.
“Me costó mucho trabajo reconocerlo; han pasado muchos años desde que se fue”, señala.
En 1974, estallan explosivos en diferentes lugares de la ciudad y la responsabilidad se atribuye a los hermanos Cruz Sánchez y a Elodia Canseco Ruiz, y así comienza la guerra sucia en Oaxaca.
De esos años, no quedó ninguna foto ni de Tiburcio ni de Gabriel Alberto en la casa familiar porque la policía entraba a catear para llevarse cualquier cosa que pudiera dar indicio para su aprehensión.
“Cuando entraban, se llevaban todo. Hasta las fotos”, apunta.
Su paso por organizaciones armadas revolucionarias, está registrado en numerosos reportes por la entonces Dirección Federal de Seguridad.
Según el libro Desapariciones Forzadas en México, donde se presentan los documentos del proceso de la Comisión de Mediación (Comed) entre el grupo armado y el gobierno federal, en la Galería 1 del Archivo General de la Nación, donde están concentrados los archivos remitidos por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), se encontró el expediente de Sánchez Cruz a partir del 12 de marzo de 1970 al 7 de enero de 1984.
Se identifica a Gabriel Alberto Cruz Sánchez también como Raymundo Rivera Bravo, Antonio Montaño Torres y con los alias “Gutemberg”, “El Oso” o Palma, desde su desempeño como secretario general de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria número 1 de la UABJO en 1970, hasta su incursión como activista en la Organización Revolucionaria Clandestina Unión del Pueblo.
Y junto con su hermano, Tiburcio, o Francisco Cerezo Contreras, o Eleazar Campos Gómez, alias “Milton”, “Melitón”, “Javier”, se les vincula desde aquella época en los atentados explosivos perpetrados, entre ellos el sucedido el 23 de julio de 1972 en el 18avo. Batallón de Infantería y el 8 de julio de 1975 en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En el expediente, también se encontraron las fotografías que en aquella época se recabaron de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Tiburcio Cruz Sánchez, así como los nombres de los familiares que integran su árbol genealógico.
Edmundo Reyes Amaya
Nació el 10 de noviembre de 1949 en San Pablo Huixtepec. Vivió en esta capital y en la Ciudad de México, donde fue obrero y albañil. En 1976, casó con Lucina Maldonado, también originaria de San Pablo Huixtepec, y se establecieron en Ciudad Nezahualcóyotl formalmente, donde establecieron un puesto de quesadillas en la cercanía de su domicilio, pero después lo cambiaron por una tienda de abarrotes. Edmundo era apasionado del beisbol e incluso llegó a jugarlo en Oaxaca y en el Distrito Federal. Uno de sus equipos se llamaba Astros.
Solamente se separaba de su familia cuando venía a Oaxaca a visitar a sus padres.
La pertenencia de Edmundo Reyes Amaya en el EPR era desconocida por su familia, hasta que el grupo armado denunció su desaparición en la prensa.
“Mi padre es comerciante; venía a Oaxaca a visitar a mi abuela, pero de ahí no sabíamos nada más. Me entero de la detención-desaparición de mi papá y veo que el EPR lo reconocía como su integrante. En ese momento todo fue turbio y confuso para mi familia y para mi, pues nos angustiamos demasiado cuando vimos que este grupo lo reivindicaba, lo cual nos llenó de miedo, quedándonos como en estado de shock, sin saber que hacer”, dice Nadín Reyes Maldonado, su hija.
A pesar de la reivindicación que ha hecho el EPR de su padre, no acepta del todo que sea militante de ese grupo armado.
“Cuando venía a Oaxaca decía 'voy a ver a la familia', le creíamos; nunca vimos nada raro ni lo cuestionábamos. Voy a creer hasta que lo tenga enfrente y me diga si es cierto o no”, refiere.
Pero subraya que no tiene nada por reprochar a su padre en caso de ser militante del EPR.
“No hay secretos en la familia, pero si es así (que sea eperrista) no tenemos nada que reclamarle; si no nos dijo nunca nada es por algo”, asienta.

Desaparición de político mexicano crea preguntas sobre estrategias de seguridad en México

Kristin Bricker
Rebelión


El presunto secuestro del político mexicano Diego “El Jefe” Fernández de Cevallos, uno de los políticos mexicanos más poderosos, la crisis de seguridad en México lo ha puesto otra vez en la atención internacional.
El gobierno mexicano no ha calificado oficialmente la desaparición de De Cevallos como un secuestro. Sin embargo, el hecho de que su automóvil fue encontrado abandonado en su rancho con rastros de sangre y signos de lucha, ha llevado a su familia a apelar a “los captores” para hacer contacto con el fin de negociar su liberación. Al momento de la redacción, no se sabe si de Cevallos está vivo o muerto.
El crimen en sí mismo no es sorprendente, los secuestros en México son muy comunes. De Cevallos tampoco es el primer político en ser víctima del crimen violento-varios políticos locales han sido acecinados o atacados en semanas recientes mientras el país se prepara para las elecciones internas. Lo que separa este crimen de otros es el hecho de que la víctima es uno de los hombres más poderosos en México.
De Ceballos, un miembro del Partido Acción Nacional (PAN), es uno de los principales líderes del Yunque, una organización secreta ultraconservadora católica que al parecer tomó el control del PAN en 1970 y continúa dirigiendo su agenda política. Fue candidato presidencial del PAN en 1994 y ha servido durante cuatro periodos en el Congreso: una como Senador y tres en la Cámara de Diputados. Sus colegas y alumnos ocupan puestos clave en el gabinete del presidente Felipe Calderón y en la Suprema Corte. La firma de abogado de Cevallos fue clave en el bloqueo del recuento tan reñido de las elecciones presidenciales del 2006, en el cual el Presidente Calderón fue fuertemente acusado de haberle robado el triunfo al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador. Entre 1994 y 1997, el gobierno mexicano investiga su firma de abogados por haber representado empresas vinculadas con el cartel de Juárez: un hospital privado que realizaba cirugías plásticas a capos de la droga, una funeraria que realizo servicios de inhumación al capo Armando Carrillo y a una empresa que se encargaba de lavar el dinero del cartel.
Si bien no se ha confirmado que una Organización de Trafico de Drogas (OTD) ha secuestrado a de Cevallos, su desaparición ha provocado dudas sobre el futuro de la guerra de México contra las drogas.
Ardelio Vargas Fosado, presidente de la Comisión Nacional del Congreso Mexicano de Defensa, dijo a la prensa “Este acto marca un punto de inflexión. Sin duda, la forma en que manejamos la seguridad pública y la seguridad nacional tendrá que cambiar… Habrá que realizar una detallada revisión de la estrategia que se ocupa de la cuestión de la seguridad pública y los riesgos, y amenazas para la seguridad interna del país”.
“Cambio” definido por el gobierno de Calderón parece significar más de la misma estrategia de seguridad. Calderos, en respuesta a la desaparición de su colega y amigo personal, comparo a México con Colombia durante 1980. “Hay etapas en que se presenta la delincuencia organizada durante los 80 y a principios de los 90 [en Colombia] los cuales se están presentando en México, y afortunadamente los estamos combatiendo. Y a pesar de que podría haber etapas en que su esencia podría ser similar [a los de Colombia], las estamos enfrentando y probablemente se producirán más rápido y podemos resolver más rápido. Lo que le tomo a Colombia cerca de 20 años, nos debería tomar tal vez cinco, seis, siete años o menos, dependiendo de la persistencia que le pongamos a nuestras acciones”.
La comparación de Calderón de México con Colombia está diciendo. Mientras que Colombia desmantelo las OTD mas importantes como el cartel de Cali y –Medellín al matar o detener a sus dirigentes, muchos más carteles surgieron para ocupar su lugar. La cocaína sigue fluyendo desde Colombia a Estado Unidos, la única diferencia está en que las OTD mexicanas dominan las rutas de tráfico. El cultivo de la coca aumento en un 15% y la producción de la cocaína aumento un 4% en el curso del Plan Colombia, llevando a la oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. a concluir que “los objetivos en reducción de drogas no se han alcanzado completamente” a pesar de la importante presencia militar de EE.UU y del apoyo financiero, y táctico al ejército Colombiano.
Aparentemente México se dirige por un camino similar de fracaso. Al igual que Colombia, México cuenta con esfuerzos estratégicos militares y legales para desmantelar OTD por medio de arrestos, asesinatos y ataques súbitos. El gobierno EE.UU. apoya estas medidas atreves de la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda que apoya al ejército y policía mexicana en la guerra contra las drogas. Uno de los acuerdos de la Iniciativa Mérida “a llevarse a cabo” para México, es el “numero de traficantes de drogas de alto perfil y capos criminales capturados”.
Como lo demuestra la experiencia de Colombia, la demanda impulsa al tráfico de drogas. Mientras exista un incentivo financiero significativo para el tráfico de drogas, la industria se ajustara y evolucionara de manera que el producto llegue al consumidor. Así como la desaparición y posible asesinato de uno de los políticos más poderosos de México, de ninguna manera debilitara al gobierno federal, causando la muerte o el arresto de los capos de la droga no debilitara la industria de tráfico de drogas. Al igual que l gobierno, las OTD se adaptaran a las nuevas circunstancias y nuevas personas darán un paso adelante para llenar los vacios dejado por las muertes, detenciones y desapariciones. Y la guerra continúa sin cesar.
Independientemente de cuantos capos mata o extradita el gobierno mexicano hacia Estados Unidos, la industria se ha acomodado. Después de que Calderón desplegó a los militares a finales de 2006 para librar la guerra contra las drogas, las incautaciones de drogas han disminuido y la producción de drogas ha aumentado en México. Mientras tanto la situación de seguridad se ha deteriorado rápidamente. Durante el mismo periodo, las violaciones a los derechos humanos hechas por militares han incrementado seis veces. El índice de asesinatos ha incrementado dramáticamente desde 2006, con un total de 22,700 muertes relacionadas con la guerra de drogas. Ciudad Juárez es considerada actualmente como la “capital mundial en asesinatos” y Tijuana es aun más peligrosa que Bagdad.
El problema con las estrategias en seguridad de México es que simplemente no tiene una. Ni Calderón ni el gobierno de los EE.UU. han definido claramente los objetivos que orientan a la guerra contra las drogas. ¿Es el objetivo disminuir las muertes relacionadas con el narcotráfico? Lo contrario esta ocurriendo. ¿Es la meta, eliminar por completo el flujo de drogas hacia los Estados Unido? Eso es imposible. ¿Es la meta, reducir el de flujo de drogas hacia los Estados Unido? Si es así, ¿Exactamente qué cantidad de “reducción” es necesaria para enviar a los militares de regreso a sus cuarteles?
A falta de un conjunto claro de objetivos y un escenario final del juego, la guerra contra las drogas parece ser una cruzada sin fin. Hasta ahora, los políticos de gran poder que han librado esta guerra has sido inmunes a sus efectos. Pero, como una revista mexicana público en respuesta a la desaparición de Cevallos, “El partido en el poder está empezando a cosechar lo que tan dedicadamente a sembrado, porque ‘quien siembra vientos cosecha tempestades’”.

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COPALA, DETRÁS DEL CERCO LA CORRUPCIÓN.

Texto tomado de la revista CONTRALÍNEA.
Copala: organizaciones disputan los ramos 28 y 33
Autor: Redacción
La ambición por controlar las partidas 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación es una razón más para que los paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui apunten sus fusiles de asalto contra la población de San Juan Copala, Oaxaca. El Municipio Autónomo sólo exige que entreguen los recursos que les corresponden y se transparente el gasto

En muchas regiones de Oaxaca, una realidad confronta a políticos y caciques: durante los últimos tres años, un gran número de obras prometidas por Felipe Calderón, el gobernador Ulises Ruiz y presidentes municipales de la región simplemente no existen, nunca se construyeron y otras tantas están en situación de ruinas o son inservibles.
El desvío de los recursos federales en Oaxaca hace crujir las corruptas estructuras políticas, electorales y económicas de la zona más pobre del país.
Ante ello, organizaciones indígenas y ciudadanas del estado han instaurado municipios autónomos con la fuerza de la población, misma que se revela al uso faccioso de los recursos públicos que sólo sirven para perpetuar cacicazgos, circunstancia promovida desde las más altas esferas del gobierno estatal.
En ese estado oaxaqueño, la sociedad siempre ha sido la gran perdedora. El saldo acumulado apunta a cientos de mexicanos muertos –asesinados por grupo de paramilitares al servicio de fuerzas políticas–, así como a miles de oaxaqueños arrancados de la tierra en la que el dinero, entregado en cada ejercicio por la Federación, debería destinarse a ofrecerles alimentación, educación, salud, infraestructura y fondos para el combate a la pobreza.
Pero la historia es diferente: las transferencias del gobierno federal, ampliamente disputadas por la poderosa Conferencia Nacional de Gobernadores, sirven sólo para financiar los proyectos políticos de presidentes municipales que controlan al cabildo, órgano supuestamente autónomo que gobierna a las agencias municipales y en el cual el partido político dominante decide libremente sobre cada peso que se les entrega. Ésa es la autocracia que se construye con la sangre de los oaxaqueños y el dinero de la Federación.
“Son esos presidentes municipales quienes se convierten en diputados locales y federales y, con el fuero en la bolsa, se sentirán a salvo de cualquier acción contra ellos por desvíos de recursos”, dice la legisladora perredista Juana Cruz Cruz, quien en marzo pasado promovió en la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para darle seguimiento al conflicto de violencia que se vive en San Juan Copala.
El año pasado, al menos 100 municipios de los 570 existentes en Oaxaca enfrentaban el reclamo de agencias municipales cuyos representantes aseguraban que no se les entregaban los recursos de los ramos 28 y 33 que envía la federación. También, desde 2009, las autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala pidieron el reconocimiento del Congreso del estado para recibir los recursos que legítimamente les pertenecen y que son controlados por el edil de Juxtlahuaca.
Así, la lucha por las participaciones federales, pero sobre todo el control de su administración para los municipios del estado de Oaxaca y agencias municipales, sobre todo aquellos que exhiben conflictos sociales alentados por las fuerzas políticas, está relacionada directamente con el acoso y persecución que sufren los habitantes de la región.
En San Juan Copala es el control de las participaciones que corresponden a esta entidad el que empuja, en mayor medida, la ráfaga de balas que tiene sometido a ese pueblo.
Copala, el tesoro
Enclavada en una de las regiones más altas de la mixteca oaxaqueña, San Juan Copala no sólo cuenta con grandes recursos forestales o maravillosas colinas para producir el mejor café de altura del mundo, también tiene el tesoro de las participaciones municipales.
A partir de que sus habitantes, indígenas de la cultura triqui, decidieron declarar la autonomía de la región para liberarse del yugo de políticos corruptos que les condicionan la aplicación de los recursos que les pertenecen a cambio de su voto, los recursos de las participaciones federales están prácticamente perdidos. Además, las autoridades autónomas han solicitado se aclare la situación de esos recursos y su legítima entrega.
En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, doctor en economía por la Universidad de Harvard y quien está a cargo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, envía a los estados los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos, así como en los fondos especiales como el de excedentes petroleros que durante la última década representaron recursos por más de 100 mil millones de dólares. No obstante, la rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión es nula, un argumento que ha esgrimido Hacienda para confrontar a los gobernadores en sus pretensiones de ampliar las transferencias contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal.
¿Quién rendirá cuentas?
El 29 de enero de 2010, el gobernador Ulises Ruiz, junto con Jorge Toledo, exdiputado federal por el distrito de Juchitán y en ese entonces secretario General de Gobierno, firmó el acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos del ramo 33, que no son otra cosa que las aportaciones federales para entidades federativas y municipios; los fondos para la infraestructura social, municipal, y fondos de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, correspondiente al año fiscal 2010.
Como Guerrero y Chiapas, Oaxaca vive de las participaciones federales. Así que se trata de un bocado muy apetitoso que a nivel estatal representa recursos por 4 mil 830 millones 255 mil 867 pesos, de los cuales, 3 mil 432 millones 434 mil 647 corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 1 mil 397 millones 821 mil 220 pesos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio (FAFM). Falta además el fondo para el combate a la pobreza.
Al municipio de Santiago Juxtlahuaca, al cual está integrado San Juan Copala, le corresponden de esa cantidad 43 millones 853 mil 734 pesos; 30 millones para el FISM y 13 millones 313 mil 661 pesos para el FAFM. Junto con Santiago Pinotepa Nacional, con 57 millones, Juxtlahuaca registra uno de los montos más altos que el gobierno de Ulises Ruiz debe transferir a un municipio de ese estado.
Para Juxtlahuaca y sus regiones, las asignaciones de las participaciones federales han sido incrementales durante los tres últimos ejercicios: 41.2 millones en 2008, 42.6 millones en 2009 y 43.8 en 2010.
A la cabecera municipal de Copala le corresponde por ley el monto proporcional al resultado de una fórmula establecida por el Congreso de la Unión, que se determina calculando las necesidades de la región a partir del ingreso por trabajo, el nivel de educación, las condiciones bajo las cuales se utiliza el drenaje, la electricidad.
Así, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios deben hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Además, debe proporcionar, por conducto del gobierno del estado a la Secretaría de Desarrollo Social, la información sobre la utilización del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
¿Qué ha pasado entonces con los recursos que les corresponden a los habitantes de Copala, ahora que se encuentran secuestrados, muertos o lejos de su tierra?
Ha sido la Presidencia Municipal de Juxtlahuaca la que ha recibido los recursos que deberían otorgársele a San Juan Copala, un flujo que se ha visto afectado convenientemente por el conflicto armado en la región.
“Porque las agencias municipales son un cuarto nivel de gobierno, no son reconocidas por la Constitución”, comenta David Colmenares, exfuncionario de la SHCP y especialista en federalismo, a quien se le considera el artífice del ramo 33.
Y explica: “El centralismo se reproduce a nivel de los más pequeños; un agente municipal depende del cabildo y del municipio que deciden el destino de los recursos”.
La situación se agrava, sin embargo, cuando se trata de un Municipio Autónomo. En ese caso, reconoce Colmenares, la entrega de recursos se circunscribe a una negociación de buena fe entre el municipio y la agencia.
Pero, en el caso de San Juan Copala, la rendición de cuentas tiene nombre: Carlos Martínez Villavicencio, exedil de Juxtlahuaca y quien busca alcanzar una diputación federal por el Partido Revolucionario Institucional, debe explicar qué sucedió con los recursos de la Federación para San Juan Copala.
“Siendo una agencia de Santiago Juxtlahuaca, como no hay un reconocimiento de parte del Congreso Estatal de Oaxaca, a San Juan Copala no le asignan los recursos de manera directa. Las autoridades de ese municipio autónomo han pedido su validación en el Congreso para que se les declare como tal, pero se ha argumentado que no cumple los requisitos”, dice la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En su opinión, el municipio de Juxtlahuaca debió asignarle a Copala los recursos correspondientes, independientemente de que no se les quiera reconocer. “El presidente municipal debe actuar de manera institucional para que la gente pueda disponer de esos recursos”.
Es un secreto a voces en la región que los recursos de Juxtlahuaca se han dirigido a otros objetivos, agrega Cruz sin precisar a cuáles.
La legisladora por el PRD asegura que el diputado Heliodoro Díaz, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y quien supuestamente encabezaría la comisión especial del caso de San Juan Copala, deberá contemplar que este caso también involucraría desvíos de recursos y que ameritan que la Auditoría Superior de la Federación revise la gestión de las autoridades municipales de Juxtlahuaca.
Podría ser un caso parecido, refirió, al del municipio de San Juan Mixtepec, que recibe del ramo 33 poco más de 8.8 millones de pesos y en donde se acusa a las autoridades del municipio de malversar los recursos que llegan de la federación. Se trata de obras que debió ejecutar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que simplemente no se hicieron.
“No se sabe en qué se están ocupando los recursos. Tenemos que exigir una revisión de ellos… no se pueden desviar, si lo ocupan para otra situación diferente, se está cometiendo un delito”, asegura la diputada. Agrega que “es casi un hecho que en Juxtlahuaca no se aplicaron los recursos y también se desviaron. Voy a pedir auditoría a los recursos en esta región de la mixteca con complicidad de su ayuntamiento, del presidente municipal y el tesorero”.
Vacíos legales, el problema
Investigadores sobre la autonomía indígena reconocen que tanto el traslado de recursos federales a los estados y municipios como las atribuciones legales e instrumentos de que puedan dotarse los órdenes de gobierno estatal y local para la generación de sus propios recursos están relacionados con las capacidades y experiencia para su administración.
Analistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que se han ocupado de la relación con los municipios y la federación señalan que a partir de la creación de los fondos municipales de solidaridad, de los fondos de desarrollo social municipal y de los fondos para la infraestructura municipal, los gobiernos indígenas se han visto obligados a seguir procedimientos con los cuales no están familiarizados.
Establecer planes de desarrollo es un verdadero problema para los municipios indígenas, entre otras cosas, porque hace falta capacitación y experiencia. Pero también porque los modelos y formatos que exigen los gobiernos estatales no están pensados para los municipios indígenas, sino para los urbanos. Así que el problema está sobre la mesa y no es con balas como debe solucionarse.
Además, se están violando los acuerdos firmados por los gobiernos panistas para respetar a los pueblos indígenas. Fue en diciembre de 2000 cuando una reforma constitucional sobre derecho indígena los reconoce y establece estos compromisos con ellos: “Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano para decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural; aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado; también pueden decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Se respetará, por lo tanto, el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo con las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa”.
Por lo tanto, alguien en Oaxaca está violando las leyes.

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PUEBLOS INDÍGENAS Y LIBERACION

Los pueblos indígenas y las luchas por la liberación, la emancipación y la independencia en el México del siglo XXI

Ictzel Maldonado Ledezma
Rebelión


I. México y la quimera moderna del Estado nación.
El siglo que termina ha visto la lenta descomposición del pensamiento moderno. Incluso ha dejado percibir signos precursores de lo que podría ser una nueva forma de pensar […]. Dos ideas forman parte de la modernidad; ambas derivan del concepto de una razón universal y única, igual en todos los hombres y en toda época. El Estado-nación es la primera. El Estado-nación es una construcción racional; el mundo entero es, para el pensamiento moderno, un escenario donde se enfrentan Estados soberanos. El progreso hacia una cultura racional es la segunda idea. Porque sólo hay una cultura conforme a la razón: la occidental, de raíces griegas y cristianas; las demás tienen valor como estadios en evolución hacia esa cultura superior […].
Luis Villoro
En México, como en el resto de América Latina, el llamado “Estado nación” surgió a partir de la importación del modelo político europeo del mismo, el cual supone la existencia, sin más, de ciudadanos presuntamente iguales y sin distinciones étnico-culturales, que “conviven” en el marco de dichos Estados en un ambiente carente de conflicto. La realidad, sin embargo, ha sido otra: no sólo aquí en los países de la región latinoamericana, sino en los mismos países europeos, actualmente se hace patente la crisis por la que atraviesa ese binomio quimérico del Estado nación, el cual lleva implícita en la misma expresión todas sus contradicciones inherentes. Primero, porque un Estado no es lo mismo que una nación; segundo, porque el Estado es, por definición, una entidad de carácter político, y la nación, si bien ha adquirido con el tiempo una connotación política -sentido en el cual se le ha equiparado erróneamente con el Estado-, no se agota, ni mucho menos, simplemente en eso, sino que es menester entenderla como una entidad substancialmente cultural.
Así, históricamente se ha concebido al Estado nación como si ambos –Estado y nación- constituyeran una unidad natural, y se ha ocultado el hecho de que responden a procesos distintos de configuración, si bien en un momento histórico determinado convergieron. Como señala Luis Villoro: “Nación” no siempre estuvo ligada a “Estado”, su noción tradicional, anterior a la época moderna, no implicaba necesariamente soberanía política. Muchas “naciones” podían coexistir bajo el mismo imperio o reino sin más vínculo político entre ellas que el vasallaje a un soberano común”. [1]
Conviene señalar las dos tradiciones de pensamiento de las cuales se nutre el concepto de nación: por una parte, de la tradición francesa heredera de la Revolución, que ve en la nación a una entidad política conformada eminentemente por ciudadanos iguales ante la ley; por otra, de la tradición romántica alemana que señala ante todo la existencia de una comunidad de cultura, una misma lengua y un origen étnico común. [2] Según la primera tradición, la nación es principalmente una comunidad política constituida con posterioridad al Estado, como lo muestra la misma experiencia histórica de la Francia revolucionaria y la construcción de la nación francesa en la época napoleónica. Por el contrario, la tradición alemana señala la existencia a priori de la nación como fundamento necesario de un Estado, el cual será poco más o menos que el instrumento de organización política que sirva a los fines de una nación previamente constituida. [3] Como señala Oswaldo Chacón Rojas, históricamente ha dominado la noción política de nación sobre la que apela a su contenido cultural, lo cual explica la equiparación sin más de la nación con el Estado, sin diferenciación alguna de por medio, pretendiendo que son la misma cosa cuando se trata de entidades distintas. Según el pensamiento moderno, nos recuerda este autor, un Estado es una nación y una nación es un Estado, pretendiendo una supuesta homogeneidad étnica, lingüística y cultural que es más bien excepción que regla. [4] En la raíz de todo ello se encuentra la génesis misma de las naciones y la diferenciación entre naciones tradicionales o históricas y naciones proyectadas o modernas, siguiendo la distinción de Luis Villoro al respecto, [5] que coincide con la de Oswaldo Chacón Rojas de nación en sentido político y nación en sentido cultural; ahora bien, hay que señalar además, respecto a los pueblos indígenas, que algunos de éstos en sus reivindicaciones políticas tienden a asumirse a sí mismos como naciones –más que como grupos étnicos-, lo cual no supone de ninguna manera que propugnen su secesión del Estado mexicano para constituir, por ejemplo, un “Estado nación maya” –ésta sería una lógica moderna-; son naciones en un sentido cultural –siguiendo la tradición alemana-, aunque esta autoafirmación nacional se relaciona con los usos políticos de dicho término en la lucha de estos pueblos por obtener reconocimiento y respeto a su existencia dentro del Estado mexicano [6] y se refiere a la connotación cultural del término, según la acepción tradicional que proporciona Luis Villoro al respecto, y no a la acepción moderna del mismo.
Por otra parte, es importante enfatizar, en relación a la problemática de los Estados que forzosamente pretenden coincidir con una nación, que la idea del Estado nación es propia del pensamiento moderno:
[…] el Estado-nación, como tal, fue producto o consecuencia de ese nuevo acontecimiento político de fines de siglo XVIII llamado modernidad. En efecto, el desafío de las ideas de progreso y modernidad ilustradas al antiguo régimen medieval occidental, fue lo que propició la secularización de las ideas políticas y generó las condiciones para que la idea de Estado nacional tomara cuerpo […]. [7]
No obstante, este modelo político se encuentra en crisis debido a la emergencia cada vez más evidente de las identidades étnico-culturales que perviven al interior de los Estados pese a la pretensión moderna de fundar Estados nacionales basados en la homogeneidad étnica y cultural, es decir, Estados monoculturales y, por añadidura, etnocráticos, donde un grupo nacional domine al resto.
En el caso de México y los demás países latinoamericanos –es ineluctable e incluso imprescindible pensar a México en relación al lugar que ocupa en el contexto latinoamericano, y más ampliamente, en el contexto internacional-, esta problemática histórica trajo como consecuencias que los pueblos originarios fueran dominados secularmente por un sector minoritario de sus sociedades, que ha detentado el poder desde la llegada a Nuestra América de los conquistadores europeos, [8] pasando por la independencia conseguida en el siglo XIX –formal, hay que decirlo-, hasta llegar a los gobernantes del siglo XX, quienes dieron continuidad a la dominación impuesta hace ya más de 500 años a los pueblos indígenas. En el siglo XXI, el lastre de la dominación y la subyugación de la cual son objeto los pueblos indígenas latinoamericanos –y concretamente, en México- no ha sido eliminado; existen avances en materia jurídica, sobre todo a nivel internacional, [9] pero ello no ha tenido su correlato en el plano nacional –recuérdese la fallida e ignominiosa reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas de 2001, que hizo caso omiso de las demandas indígenas, así como de los acuerdos establecidos previamente entre los gobernantes y el movimiento indígena mexicano, y que desconoció lo suscrito por México en instrumentos jurídicos internacionales de envergadura tal como el Convenio 169 referente a los pueblos indígenas y tribales de los países independientes de la Organización internacional del Trabajo -.

II. De la multiculturalidad como realidad sin más a la interculturalidad como horizonte eutópico.
El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-EZLN
[…] Pienso o quiero, un futuro plural; porque veo en él la continuidad de una maravillosa diversidad de la experiencia histórica de la humanidad; porque presiento lo que esa riqueza de la pluralidad significará para las generaciones del futuro; porque creo en el valor de los muchos rostros […] porque la vida es cambio, es diversidad […].

Guillermo Bonfil Batalla
Inextricablemente ligado a la problemática del Estado nación, se encuentra lo relativo a la condición multicultural de los Estados, no sólo diríamos de la actualidad, pues como señalamos líneas arriba, la compulsión por homogeneizar culturalmente las sociedades tuvo lugar desde la constitución misma de los (mal)llamados “Estados nación”. Así, la multiculturalidad -entendida como una realidad factual-, se refiere a la presencia de minorías étnicas –conformadas por efecto de las migraciones internacionales, tales como los árabes, africanos y latinos que habitan en algunos países europeos como Francia, Alemania, España; así como los chinos, cubanos, mexicanos, puertorriqueños y demás que habitan en Estados Unidos-; minorías nacionales –los catalanes, vascos, andaluces, gallegos en el caso español, o las First Nations en el caso de Canadá-; o bien, pueblos indígenas, que coexisten con sectores dominantes de las sociedades de las que forman parte en condiciones de subalternidad y subordinación.
También se utiliza a menudo el término de pluriculturalidad, como sinónimo de aquel, y ambos refieren, según señala León Olivé: “Las situaciones de hecho en las que coexisten pueblos y culturas diversos. Bajo esta acepción, se trata de términos factuales. También podemos decir que son términos descriptivos, porque describen un aspecto de la realidad social de nuestro país, de otros países y del mundo”. [10] Es necesario señalar que la multiculturalidad es una realidad ineluctable de las sociedades humanas, y al decir esto, queremos dejar en claro que no nos referimos de ningún modo a la ideología multiculturalista de corte neoliberal que es utilizada para justificar sus estrategias de dominación; la multiculturalidad, como realidad factual del mundo y las sociedades humanas, es algo ineludible, y se ha hecho más fehaciente a últimas fechas a causa de las migraciones internacionales. Como señala Rodolfo Stavenhagen:
La multiculturalidad, con sus múltiples facetas y vertientes, es una realidad de nuestro tiempo, que la globalización no ha hecho más que resaltar, que algunos denominan la esfera de lo glocal. Lo que más vemos en la actualidad es su aspecto dramático: sus genocidios, sus depuraciones étnicas, sus desplazados y refugiados, sus motines y matanzas, su intolerancia recíproca. [11]
Sin embargo, es importante dejar en claro que las meras realidades multiculturales no garantizan una convivencia entre pueblos y culturas diferentes que co-habiten el mismo espacio social –por ello, hay que diferenciar sustantivamente la simple coexistencia de la convivencia-. A este respecto, Sylvia Schmelkes señala que: “[…] en las realidades multiculturales existen profundas asimetrías, es decir, relaciones de poder que discriminan a unas culturas con relación a otras. Se pueden generar, entonces, relaciones de segregación y de discriminación cuando existe simplemente una realidad multicultural”. [12] Por esto, es necesario trascender las realidades multiculturales y arribar a un plano de interculturalidad donde las diversas culturas y pueblos convivan, más que coexistan entre sí, en un marco de respeto, tolerancia y equidad; sin ello, las afirmaciones constitucionales de que somos una “nación pluricultural” quedan vacías de contenido. [13] Sobre este particular, es fundamental mencionar que la cuestión multicultural en los “Estados nación” de América Latina, y concretamente, en México, está indisolublemente ligada a la situación económico-social de los pueblos indígenas, ya que no sólo se ha aniquilado y/o minusvaluado sus culturas, sino que, además, se les ha escamoteado la posibilidad de desarrollarse social y económicamente, con lo cual enfrentan un doble condicionamiento: por una parte, su condición étnica –son indígenas, “indios”, en el sentido peyorativo del término, excluidos de la cultura nacional “oficial”-, por otra, su condición social –son pobres, explotados, subalternos, marginados-. Por lo tanto, las demandas de reconocimiento de los pueblos indígenas no se restringen a sus derechos culturales, sino que también abarcan sus derechos económicos, sociales y políticos. Siguiendo a Sylvia Schmelkes, ésta señala, respecto al concepto de interculturalidad, que:
[…] No se trata de un concepto descriptivo, sino de una aspiración. Se refiere precisamente a la relación entre las culturas y califica esta relación. La interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos existen relaciones basadas en el respeto y desde planos de igualdad. La interculturalidad no admite asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder, que benefician a un grupo cultural por encima de otro u otros. Como aspiración, la interculturalidad forma parte de un proyecto de nación. [14]
Así pues, podemos entender a la interculturalidad como un horizonte de futuro, como un escenario eutópico al cual esperamos arribar en tanto sociedad democrática; en este escenario, no cabrían las relaciones de dominación que existen actualmente y desde hace centurias entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad mexicana, pero dicho escenario intercultural eutópico sólo puede ser logrado mediante acciones concretas que subviertan las deplorables condiciones socioeconómicas en que se encuentran los pueblos indígenas de México, pues más que cualquier exaltación museográfica de sus culturas, es necesaria una transformación de las estructuras de dominación que propician su marginación social –y como un efecto adyacente, la preservación de sus culturas e identidades, pero sin limitarnos a ello ni reduciendo sus problemáticas a una cuestión meramente culturalista-.
III. Liberación, Emancipación e Independencia: Los Pueblos Indígenas en el México del siglo XXI.
Como indígenas creemos y sentimos que tenemos la capacidad para dirigir nuestro destino. No hay necesidad de que nos anden llevando de la mano, pues. Como gente madura, como gente consciente, podemos dirigir nuestro propio destino, podemos gobernar nuestro propio pueblo […]. Como indígenas necesitamos autonomía propia, necesitamos esa identidad, esa dignidad, pues. Dignidad de vivir y respetar.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-EZLN [15]
Es en este contexto donde cobran sentido las luchas por la liberación, la emancipación y la independencia, para arribar a un país donde la democracia no sólo sea aquella meramente formal y electoral –o deberíamos decir, quizás, “electorera”-, de tipo instrumental y despojada ya de sentido por el discurso vacuo de las instituciones que la han manoseado hasta la saciedad. Un México democrático, que se asuma y defina como tal, sólo podrá existir ahí donde se eliminen las relaciones de dominación entre indígenas y no indígenas y se exprese en los hechos la gastada frase de que somos una “nación multi –o pluri- cultural-“. A decir de Margarito Xib Ruiz y Araceli Burguete: “Un verdadero cambio estructural, profundo, no puede, no debe, repetir los errores del modelo del Estado nación etnocrático, ahora decadente. No es posible defender y plantear como proyecto de futuro la continuidad de un mismo modelo de Estado que se sustente en la continuidad de la ladinocracia, de la mestizocracia”. [16]
Ahora bien, cuando hablamos de liberación, emancipación e independencia, hemos de referirnos forzosamente a su correlato antinómico: la dominación. Liberarse, emanciparse e independizarse ¿con respecto a qué –y a quiénes-? Para empezar, habría que decirse que un proyecto de emancipación en México –y en el resto de los países latinoamericanos- significa hoy en día, un proyecto de emancipación, si bien política, antes que otra cosa mental, de forma tal que nos liberemos de las ataduras que en el plano de los conceptos y las categorías nos siguen dificultando la independencia – eludiendo así el llamado imperialismo de las categorías-, [17] la cual, igualmente, tiene que ir más allá de la independencia política –formal- de la cual las clases gobernantes se precian haber conseguido en el siglo XIX. Sin embargo, como nos recuerdan Margarito Xib Ruiz y Araceli Burguete para el caso de los pueblos indígenas:
[…] las guerras de independencia fueron quizá la posibilidad más cercana que tuvieron para recuperar los derechos perdidos con la invasión europea. Sin embargo, no fueron ellos los que ganaron esas guerras, aunque masivamente participaron. Con el resultado, otra vez quedaron sometidos. No tuvieron capacidad de recuperar su derecho de autodeterminación, tan caro para todo pueblo. No lograron recuperar sus territorios, viales para reproducir si identidad diferenciada. No pudieron recuperar su libertad perdida. La llamada Independencia de México no lo fue para los indios, quienes sólo cambiaron de amos. [18]
Así, en un contexto de reiterado colonialismo interno del que son objetos los pueblos indígenas, la manera por la cual éstos han de concretar su independencia no es, como temen absurda e ignorantemente las clases dominantes, constituyendo uno o más Estados separados del Estado mexicano, sino ejerciendo sin cortapisas su derecho autonómico y erigiéndose en sujetos que lleven a cabo por sí mismos –aunque no de manera autárquica- su propio desarrollo económico, social, político y cultural; es la autonomía, pues, el medio por el cual los pueblos indígenas pueden hacer valer su independencia y liberarse así del yugo colonial interno. Igualmente, hay que tener en cuenta que, como señala Sergio Rodríguez Lazcano: “La lucha por la autonomía no es solamente un punto nodal de la práctica zapatista, sino que se trata de un punto nodal del proyecto emancipador en su conjunto. Si acaso es verdad que nuestra lucha es por lograr que la gente tome en sus manos el control de sus destinos”. [19]
Una propuesta concreta que busca ayudar a arribar a ese plano anhelado y deseable de verdadera praxis intercultural, se relaciona con la rectificación de la ignominiosa reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas de 2001; a este respecto, habría que señalar como algo primordial el necesario reconocimiento pleno a la autonomía de los pueblos indígenas –derecho que se deriva, como señalamos líneas arriba, de su reconocimiento como pueblos y no meramente como “poblaciones” por parte del Convenio 169 de la OIT y de las implicaciones que sobre su libre determinación ello conlleva-; así, pues, habría que sustituir la expresión constitucional de “entidades de interés público” que los tipifica paternalistamente como tales, para reconocerlos de manera cabal como “entidades de derecho público”, para consagrar de este modo su derecho y capacidad para erigirse en sujetos autonómicos que velen por su propio desarrollo, en vez de subordinarlos a las acciones que por su cuenta decidan realizar los gobiernos con respecto a ellos.
Por lo tanto, concluimos con base en el análisis realizado en el presente trabajo, que el reconocimiento pleno a la autonomía de los pueblos indígenas de México es el punto toral para avanzar hacia la construcción de un México efectivamente respetuoso de su diversidad cultural, donde no sólo se reconozca a nivel constitucional la pluriculturalidad de éste, sino que se transite hacia una práctica intercultural; es decir, que los diversos pueblos y culturas de México puedan convivir –no sólo coexistir- entre sí sin que existan relaciones asimétricas y de dominación entre ellos. Ello implica dejar de observar a los pueblos indígenas desde un enfoque meramente folklórico, y considerar que de nada sirve reconocer la riqueza de sus culturas, si ello no conlleva acciones concretas tendientes a subvertir su rezago socioeconómico, como lo es, precisamente, el reconocimiento sin cortapisas a su derecho autonómico para que ellos mismos puedan procurar su desarrollo económico, social, político y cultural. Con esto, el Estado mexicano cumpliría de manera fehaciente con sus compromisos jurídicos a nivel internacional, expresados en la firma y ratificación de instrumentos jurídicos tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la OIT; asimismo, estaría en consonancia con lo asentado en la recientemente aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.

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OFICIO DE PAPEL.

Miguel Badillo. Contralinea
Los pueblos indígenas triquis están de luto
* Tres tiempos de una masacre interminable
* De fiesta paramilitares, políticos y caciques
Miguel Badillo. Contralínea.


Yosoyuxi, Oaxaca. Los pueblos indígenas del país y la comunidad triqui están de luto. El principal líder de esta región de la mixteca oaxaqueña fue asesinado el día 20 en su propia casa, junto con su esposa y en presencia de su pequeña hija de apenas 3 años de edad. Balazos y machetazos en cabeza y cuerpo quitaron la vida al carismático dirigente y a su joven esposa, que sólo pretendían la autonomía del pueblo indio triqui y el cese de la represión y explotación de la comunidad indígena a manos de políticos corruptos y caciques mestizos, principalmente priistas.
Se llamaba Timoteo Alejandro Ramírez, “Timo” como le decían los triquis y sus amigos mestizos. Luchaba por la paz en la región, y defendía y exigía el derecho de los indígenas por alcanzar la autonomía de sus pueblos; pedía que políticos y caciques dejaran de robarse el dinero público que no les pertenecía; que los recursos llegaran a las comunidades; que los dirigentes dejaran de adquirir grandes casas y vehículos de lujo; que los priistas ya no compraran el voto indígena durante campañas electorales, y que el dinero enviado desde la federación dejara de ser utilizado para adquirir sofisticado armamento que sólo sirve para reprimir al mismo pueblo triqui.
Esa era la lucha que al final de su camino convirtió a “Timo” en un peligroso hombre para el sistema priista de la región. Abrirle los ojos a su pueblo le significó ser acribillado, junto con su esposa Cleriberta Castro, a punta de machete y pistola en un operativo de infiltración paramilitar que duró meses y tal vez años en su planeación, y que sólo se entiende pudo salir desde las más altas esferas del poder político de este país. Un crimen de Estado, pues.
Esperar justicia en estas condiciones, con un gobierno estatal priista calificado por luchadores y organizaciones sociales como represor, prácticamente es imposible esperar una pronta y justa investigación, pues los servidores públicos que pudieran estar involucrados no se investigarán a sí mismos, aunque ahora mismo los señalen los mismos indígenas triquis.
Timoteo dejó huérfanos a 10 hijos, de 3 a 20 años de edad. También dejó huérfanos a miles de triquis que veían en él a un hombre justo y honesto que perdió la vida por servir a su pueblo.
Con su muerte la esperanza de pacificar la región se agota y los indígenas, como las 100 familias que sobreviven desde hace seis meses al infierno de San Juan Copala, tendrán que soportar aún más la represión, el hostigamiento, la amenaza y la muerte, sin que autoridad alguna se interese por las vidas de cientos y miles de indígenas que llevan muchos años resistiendo.
Balean a general de la guerra sucia
Con menos ruido mediático que el secuestro del llamado “Jefe” Diego, otro atentado puso en alerta máxima a la Secretaría de la Defensa Nacional y a los órganos de inteligencia militar. Hasta la oficina del secretario Guillermo Galván Galván llegó el reporte del atentado armado en contra del general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro, que puso en riesgo su vida al recibir varios disparos de bala cuando circulaba en un vehículo por las calles del Distrito Federal.
Compañero de armas y del Colegio Militar, Galván Galván ordenó a Inteligencia Militar hacerse cargo de las investigaciones y determinar las condiciones y los motivos de la agresión sufrida por su actual y principal asesor e n la lucha del gobierno federal panista en contra de los grupos armados, la guerrilla pues, en todo el país.
Aún no se sabe si fue un asalto o se trató de un intento por asesinar al general brigadier que acostumbraba a viajar sólo, sin escoltas, cuando se encontraba en la capital del país, no así cuando andaba de comisión militar por toda la República, sobre todo en los estados donde se sabe de la presencia de grupos armados, es decir Oaxaca y Guerrero.
Acosta Chaparro se había ganado la animadversión y desprecio de muchos mexicanos, sobre todo de miembros de organizaciones sociales y familiares de cientos de desaparecidos durante la llamada guerra sucia del gobierno federal, quienes acusan a este general brigadier y al también militar Humberto Quiroz Hermosillo, como principales responsables de asesinatos de luchadores sociales, guerrilleros, críticos del gobierno y militantes de la izquierda en México.
Ambos generales compartieron celda en una prisión militar bajo cargos de homicidio, vínculos con la delincuencia organizada y protección de narcotraficantes, principalmente al cártel que comandaba Amado Carrillo Fuentes, el legendario “Señor de los Cielos”. Después de un largo proceso militar Acosta Chaparro salió libre de toda culpa, pero a su amigo Quiroz Hermosillo no le alcanzó el tiempo ni las fuerzas y falleció en prisión.
El año pasado dimos cuenta en esta columna de cómo ante el fracaso del gobierno federal panista en la supuesta “guerra” contra el crimen organizado y los grupos armados, Felipe Calderón autorizó el regreso de varios de los más destacados representantes de las policías secretas y represivas del viejo sistema priista, a quienes se les identifica en los círculos de poder simplemente como “Los Brujos”. Se trata de políticos, policías y militares como Jorge Carillo Olea, Jorge Tello Peón, Alejandro Alegre y el general Mario Arturo Acosta Chaparro.
La reaparición de Acosta Chaparro después de un proceso militar que se siguió en su contra, no es un asunto menor si se toma en cuenta que quien controle los órganos de inteligencia, sin duda tendrá el control de las elecciones para la presidencia en 2012.
Acosta Chaparro, personaje central en la persecución de grupos sociales inconformes con los cacicazgos priistas en regiones como Guerrero y Oaxaca, fue puesto en libertad en 2007 y exonerado de todo cargo después de más de seis años de reclusión en cárceles militares, acusado de vínculos con el narcotráfico y de ser actor principal en la guerra sucia, cuyo objetivo principal fue erradicar el descontento social por medio del asesinato y la desaparición forzada, incluso de niños, mujeres y ancianos.
Compañero de escuela del actual secretario de la Defensa Nacional, le valió al general Acosta Chaparro ser convocado en 2008 para integrar un grupo de inteligencia en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde despacha el polémico Genaro García Luna, con la instrucción de Galván de “poner orden”.
Esa invitación de reincorporarse al gobierno federal panista fue rechazada por el viejo general, quien pidió a su amigo Galván Galván le permitiera mejor trabajar en áreas de inteligencia de la Defensa. Desde ahí podría “limpiar al país” de guerrilleros y narcotraficantes, y al mismo tiempo reducir la criminalidad que han colocado a México en el contexto internacional como uno de los países más peligrosos del mundo. Acosta Chaparro ahora sabe que no es inmune de esa violencia generalizada.
Disputa por los órganos de inteligencia
En enero de 2009, la revista Contralínea informó cómo el gobierno de Felipe Calderón había iniciado el “reacomodo” de las facciones al interior de los órganos de inteligencia, llámese Cisen, ante el fracaso de los “mercadólogos” panistas. Dos camarillas –la de Carrillo Olea y la de Manlio Fabio Beltrones– entendían que “quien controlara los servicios de inteligencia, ganaría las elecciones de 2012.
En la disputa por la Presidencia de la República, escribió el reportero Zósimo Camacho en Contralínea, inició en la constreñida elite de inteligencia, en donde dos grupos priistas libran una batalla al interior de los organismos de seguridad nacional para acomodar sus piezas rumbo a las elecciones de 2012.
Desde hace varios años, ante la ausencia de un gobierno firme, la restauración del PRI está en marcha. Los priistas se aglutinan ya en torno al grupo que controle los servicios de inteligencia, a pesar de que muchos de los representantes de la ominosa guerra sucia que envuelve al país sean quienes dirijan el esfuerzo.
Fue de esta forma que los “cuadros” panistas encajados en el Cisen desde inicios del foxismo, fueron fácilmente desplazados y han perdido el control operativo porque personajes como Acosta Chaparro, “militar retirado”, necesitan información confiable.
En 1995 este general brigadier apareció en una más de las páginas negras de la historia mexicana: la emboscada a indígenas de Guerrero en el vado de Aguas Blancas, cuando 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fueron acribillados, en un crimen de Estado aún impune pero cuya investigación sirvió como pretexto para que las autoridades judiciales del país señalaran a Acosta Chaparro.
Así se inició un juicio en su contra por protección al narcotráfico y uso de recursos ilícitos. Se esperaba entonces que también se le juzgara por la guerra sucia de la década de los setenta, pero no fue así. Después de más de seis años de encarcelamiento en una prisión militar mientras un Consejo de Guerra se hacia cargo del juicio, Acosta Chaparro resultó absuelto para después volver a aparecer en la escena y en medio de la fallida guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.
Una de las desesperadas estrategias de Calderón fue copiar del pasado la guerra sucia que desataron gobiernos priístas al utilizar al Ejército y a los cuerpos policiales en contra de luchadores sociales, opositores al régimen y guerrilleros que no veían otra alternativa más que tomar las armas para hacer justicia contra los caciques, el abuso del poder y la dictadura.
Fue el colmo de la desesperación del actual gobierno haber recurrido al “reciclaje” de personajes acusados de crímenes de lesa humanidad que se cometieron, a nombre del Estado mexicano y por órdenes presidenciales, durante las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980. Son pocas denuncias de desaparecidos en el país en la región de Guerrero que no involucran a Acosta Chaparro, quien en ese estado, desde la prisión conocida como “El Ferrocarril”, encabezó el encarcelamiento de luchadores sociales.
De ese lúgubre periodo, no sólo se desconoce el número exacto de las cientos de víctimas desaparecidas o asesinadas, sino que los visibles responsables nunca fueron condenados por sus actos. Una prueba de ello fue el enorme gasto de la fiscalía (Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la Procuraduría General de la República), creada durante el gobierno de Vicente Fox para atender esos delitos y que jamás pudo llevar a prisión a los responsables, a pesar de que había señalamientos concretos en contra de un expresidente, Luis Echeverría, y varios miembros de su gabinete, así como exjefes policiales.
Ha sido así como desde hace más de un año, desde la Secretaría de Gobernación, se habrían organizado comandos clandestinos de elite militar, similares a la Brigada Blanca (corporación creada por el gobierno durante la Guerra Sucia para exterminar a las guerrillas rural y urbana), cuyo objetivo fue “erradicar” el descontento social por medio del asesinato y la desaparición forzada, incluso de niños, mujeres y ancianos.
La “diferencia” es que ahora se busca administrar la violencia que azota al país, atribuida a la delincuencia organizada, y en forma paulatina contenerla y extinguirla de una manera que hace recordar a los escuadrones de la muerte que han visto su florecimientos en países latinoamericanos marcados por las dictaduras militares. Este parece ser el signo del gobierno panista de ultraderecha que comanda Felipe Calderón como jefe máximo de las fuerzas armadas y principal responsable de la inseguridad que agobia a todo el país.
Acosta Chaparro ha sido parte fundamental de esta nueva etapa. Integrante de la guardia presidencial y arraigado por la Procuraduría General de la República con motivo de la “Operación Limpieza” contra servidores públicos que dieron información reservada a personas no autorizadas, Acosta Chaparro está de regreso otra vez y sólo las balas que lo hirieron en un supuesto asalto lograron interrumpir sus actividades actuales al lado del secretario de la Defensa Nacional.

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LA VIOLENCIA EN OAXACA, INTERES DEL PRI.

Ubisort, grupo ilegal armado
Autor Raúl Ramírez Baena.
Ni el Ejército ni la Marina actuaron ante el ataque paramilitar que se perpetró en Juxtlahuaca contra la caravana internacional de paz, aun cuando en México se libra una “guerra” contra el crimen organizado, señala el defensor de derechos humanos Ramírez Baena. La omisión –indica– se dio a pesar de que la Ubisort empata en la definición de “grupo ilegal”: los atacantes fueron más de tres, vestían uniforme camuflado y capuchas, y portaban armas de alto poder exclusivas de las Fuerzas Armadas. “La violencia en Oaxaca, para que Ulises Ruiz preserve al PRI en el poder”.
Por un lado, los mexicanos hemos sido testigos del discurso, las reformas legales y los operativos policiaco-militares en la “guerra” de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.
Por otro, gracias a la oportunidad y solidaridad de los medios, fuimos testigos del brutal ataque que el pasado 27 de abril perpetraron impunemente integrantes de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, leales al gobernador de Oaxaca y a su partido, contra una misión civil internacional que llevaba víveres, ropa y cobijas a la comunidad indígena de San Juan Copala, declarada autónoma en 2007 por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, asediada y aislada por los paramilitares de la Ubisort por ser opositora al régimen de Ulises Ruiz. Esta tragedia tiene la siguiente secuela:
1. En 2001, en el marco de la caravana zapatista que partió de la Selva Lacandona en Chiapas, el Estado mexicano se negó a concretar las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, acordes a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, derivados de la negociación entre los rebeldes y el gobierno federal mexicano, con la asistencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) de la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de Intermediación, encabezada por el obispo Samuel Ruiz.
Teniendo como marco la negativa de los legisladores panistas de asistir a la sesión de trabajo del 26 de marzo de 2001 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena para concretar la llamada Ley Cocopa, finalmente, ante las maniobras del presidente Vicente Fox y del entonces senador Diego Fernández de Cevallos, entre otros, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) aprobaron una reforma al artículo 2 constitucional no acorde al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Entre otros puntos fundamentales, negaron el reconocimiento a la autonomía de las comunidades indígenas, basada en sus usos y costumbres, tal y como se establece en la Convención 169 de la OIT, tratado ratificado por el Senado mexicano el 5 de septiembre de 1990.
2. Pese al incumplimiento del Estado mexicano del reconocimiento a la autonomía indígena, varias comunidades autóctonas del país, haciendo uso de sus derechos amparados por la Convención 169 de la OIT, se han dado la autonomía de facto de sus territorios, como fue el caso de la comunidad indígena de San Juan Copala.
3. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en lugar de propiciar un clima de diálogo, ha promovido la violencia a través de una serie de maniobras políticas y de fuerza por conducto de su partido, el PRI, de organizaciones civiles y de grupos paramilitares afines que actúan en la impunidad para impedir el desarrollo y goce de los derechos indígenas, civiles, políticos y sociales de comunidades independientes o afiliadas a partidos y organizaciones sindicales, campesinas y sociales opositoras a su régimen. Con ello, el gobernador persigue la preservación del PRI en el poder, aún a costa de violentar las leyes y los derechos de la población.
4. Ulises Ruiz merecía juicio político por el Congreso de Oaxaca y su separación del cargo tras los graves acontecimientos de 2006 en la capital del estado, a raíz de las protestas y plantón de maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que derivó en una violenta confrontación entre autoridades y manifestantes. El conflicto arrojó la muerte de 17 activistas (incluyendo la del documentalista estadunidense independiente William Bradley Roland, Brad Will) y decenas de heridos y detenidos. Sin embargo, lejos de ser juzgado como principal responsable de la violencia, los acuerdos e intereses desde el poder impidieron cualquier acción legal en su contra. El 13 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia encontró a Ulises Ruiz responsable de la violación a las garantías individuales durante el conflicto que se vivió en la capital de Oaxaca de mayo de 2006 a enero de 2007. Nuevamente, los intereses PRI-PAN-Presidencia impidieron cualquier acción legal contra el gobernador.
5. Las secuelas de la impunidad traen nuevamente la violencia a Oaxaca. En esta ocasión, el 27 de abril pasado, 27 activistas y periodistas nacionales y extranjeros (de Finlandia, Bélgica e Italia), integrantes de la “Caravana de Observación por la Paz”, fueron emboscados con armas de alto poder por encapuchados de la Ubisort afín al PRI, cerca de la comunidad triqui de San Juan Copala. La acción arrojó dos muertos: el ambientalista finlandés Jiry Jaakkola y Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y seis heridos. Durante más de dos días, dos periodistas del semanario Contralínea, Érika Ramírez y David Cilia (herido), estuvieron desaparecidos, escondiéndose de sus agresores. Otros dos activistas lograron escapar antes. De manera increíble, el gobierno de Oaxaca y la federación no intervinieron durante el conflicto y en la búsqueda de los desaparecidos tras el ataque, argumentando que los policías son recibidos a tiros por los paramilitares, deslindándose del ataque a la misión internacional, como si no hubiera ley ni gobierno para someter a los agresores y como si no hubiera libre tránsito en el país (“para qué fueron a esa zona de conflicto”, según el gobierno estatal). “Sabemos qué organismos vienen politizados, sabemos de financiamientos de organizaciones extranjeras donde actúan políticamente, indebidamente (…) Deben ser expulsados si no tienen los permisos y la justificación federal”, dijo el gobierno de Ulises Ruiz en un comunicado oficial, evadiendo su responsabilidad, erigiéndose como autoridad migratoria y pasando por alto los intercambios y compromisos de México con Finlandia y la Unión Europea, incluso, en materia de derechos humanos.
6. Una vez desatado el conflicto en San Juan Copala, el gobierno de Oaxaca nombró como interlocutor al secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Ramírez (exprocurador General de Justicia del Estado, exombudsman de Oaxaca y expresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, de 2000 a 2001), que jamás tuvo comunicación con las víctimas ni con los directivos de Contralínea. Como una broma de mal gusto y fuerte tufo electoral, Ulises Ruiz responsabilizó a la coalición PAN-Partido de la Revolución Democrática-PT-Convergencia y a su candidato a la gubernatura, Gabino Cué, de ser los promotores del ataque armado.
7. En febrero de 2010, a promoción de la Representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) accedieron a organizar un seminario con invitados internacionales y representantes de las organizaciones no gubernamentales, periodistas y organismos públicos de protección, tendiente a crear en México un mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores civiles, ante contingencias urgentes y amenazas graves a éstos. A reserva de que no se ha creado tal mecanismo, por principio de cuentas debieron funcionar canales oficiales de protección expedita en el caso de San Juan Copala. Sin embargo, los funcionarios de la Unidad Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH estuvieron atenidos a “la voluntad política del gobierno” de Ulises Ruiz, arriesgando la integridad y la vida de los periodistas y activistas. El helicóptero del gobierno del estado en el que policías estatales, el padre de David Cilia y Miguel Badillo, director de Contralínea, viajaron para encontrar a los dos periodistas escondidos, originalmente era para vigilar a la caravana y al propio Badillo.
8. Si los atacantes de la Ubisort a la misión internacional fueron más de tres, con uniforme camuflado, capuchas y armas de alto poder exclusivas de las Fuerzas Armadas, provocando dos muertos, cinco heridos y cuatro desaparecidos, sólo en este ataque de muchos en que han cobrado otras víctimas, ¿no es entonces un grupo ilegal perteneciente a la “delincuencia organizada”, según la legislación penal federal? ¿No se merecía la acción inmediata del Ejército o la Marina (que nunca se aparecieron a pesar de ser un incidente internacional, lo cual es muy sugestivo), o sólo intervienen tratándose de narcos? Ni una sola mención del gobierno de Felipe Calderón al incidente. ¿El gobierno federal, una vez más, encubre a Ulises Ruiz? Sólo pregunto.



El ataque a la caravana por la paz.
•Identifica a todos los responsables
•El rescate de los dos reporteros
Erika y David, reporteros ejemplares
Juxtlahuaca, Oaxaca. Maestro y alumno en su época de estudiantes en la Universidad Autónoma de Oaxaca, estos dos viejos amigos tomaron la decisión más difícil de su vida o, al menos, la que los marcará para siempre: el asalto armado a la caravana por la paz que se dirigía a San Juan Copala, en donde murieron dos personas y otras 10 resultaron heridas.
Aunque comparten la misma profesión de la abogacía, se dedican a oficios distintos: uno es político y funcionario del gobierno de Ulises Ruiz, Evencio Nicolás Martínez, secretario general del gobierno de Oaxaca; el otro líder de indígenas y cacique triqui en el municipio de San Juan Copala, Rufino Juárez Hernández.
A los dos los señalan las evidencias y los acusan algunos de los sobrevivientes. También son investigados por su presunta responsabilidad Anastasio Juárez, hermano de Rufino; Antonio Cruz García, alias “Pájaro”, quien presuntamente encabezaba al grupo armado el día del ataque, y Ramiro Domínguez García, representante de la comunidad de La Sabana, donde ocurrió la masacre.
En el brutal ataque armado del martes 27 de abril, ocurrido en el paraje de Los Pinos, del poblado de La Sabana, Evencio y Rufino son cómplices y responsables de la masacre. El primero supo del avance de la caravana y negó la protección policial para que cayeran en la artera emboscada; el segundo advirtió, días antes de que partiera de Juxtlahuaca, que no permitiría que cruzara por el pueblo de La Sabana, en donde él es el mandamás, y así lo cumplió, cuando una gavilla de asesinos disparó a escondidas entre el monte, matando a dos e hiriendo a otros 10, entre ellos los reporteros David Cilia y Erika Ramírez.
Ahora dicen en la Procuraduría General de la República, institución que atrajo el expediente, que a Evencio y Rufino los citarán para que declaren por esos y otros crímenes que han cometido en la región. Y mientras se integra el expediente de la averiguación previa por la agresión a la carava por la paz, el cacique triqui Rufino Juárez busca desde ahora el amparo de la justicia federal ante las versiones de que un juez federal ha librado ya una orden de aprehensión en su contra.
Del político Evencio Nicolás Martínez, quien aspiraba a ser el candidato a la gubernatura del estado por el PRI, funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz dicen que tiene sus días contados, pues alguien tiene que pagar por los asesinatos. Lo único cierto es que el funcionario sigue despachando tranquilamente desde su oficina en la Secretaría General de Gobierno en Oaxaca como si nada hubiera pasado. Quienes lo conocen, dicen que ha hecho valer su amistad de muchos años con el gobernador del estado, a quien lo unen otros intereses.
Mientras eso sucede en la capital de Oaxaca, en el poblado de San Juan Copala la situación se complica cada día más para sus menos de mil habitantes. La escasez de alimentos y medicinas, la falta de agua potable y el corte de energía eléctrica hacen que este pueblo se esté muriendo de hambre y sea presa fácil de un grupo paramilitar controlado por la Ubisort, del cual es líder Rufino Juárez. La orden que ha dado al grupo armado es tajante, nadie entra ni sale de Copala, en donde el terror lleva ya cuatro meses.
Una nueva caravana por la paz se prepara desde la ciudad México con el propósito de romper el cerco que la Ubisort ha establecido en esa región triqui, ante la complicidad del gobierno del estado, principalmente del secretario general de gobierno Evencio Nicolás Martínez y el consentimiento del gobernador Ulises Ruiz. A esta nueva caravana han prometido incorporarse legisladores federales, políticos, artistas, intelectuales y periodistas. A ver si es cierto que se atreven.
Crónica de un rescate
El timbre del teléfono celular interrumpió la comida. El mensaje fue escalofriante: hace hora y media (14:30 horas), un grupo de hombres armados atacó la caravana por la paz que se dirigía al pueblo autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Allí viajaban Érika Ramírez y David Cilia, periodistas de este semanario.
La pesadilla para la redacción de Contralínea apenas empezaba aquella tarde del martes 27 de abril de 2010.
El equipo directivo del semanario envió a Oaxaca a un equipo de periodistas para investigar el paradero y el estado de salud de los reporteros. El grupo se trasladó a la zona en conflicto el mismo día de la brutal agresión.
La madrugada del miércoles 28 empezaron los primeros reportes, algunos de ellos, estremecedores: tres testigos que lograron huir del ataque contra la caravana compuesta por observadores internacionales, organizaciones sociales, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y periodistas, afirmaban que los dos reporteros de la revista Contralínea no habían podido escapar de las ráfagas de fusiles de asalto AK-47, que disparaba el grupo paramilitar desde el monte. Aseguraban que los periodistas habían quedado abatidos en el mismo vehículo.
A lo largo de ese día, el equipo de Contralínea intentó ingresar a la zona, a la zaga de un operativo de 10 camionetas con 50 efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), a cargo del comandante regional Lázaro Hernández; un cuerpo de peritos y uno de médicos. Sin embargo, los agentes cerraron el paso al vehículo de los periodistas apenas al salir de Juxtlahuaca.
Por la tarde, el convoy regresaría con los cuerpos de Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el observador de derechos humanos finlandés Jiry Jaakkola, quienes habían sido asesinados al interior de uno de los vehículos. Ante las demandas de integrantes de organizaciones sociales para que se buscara a los entonces 22 desaparecidos, la AEI inició una nueva incursión, de la que las autoridades no ofrecieron resultados.
Un segundo grupo de periodistas encabezado por el director y subdirector de Contralínea, Miguel Badillo y José Réyez, respectivamente, había salido muy temprano por carretera ese mismo miércoles. Por la tarde, los periodistas arribaron a Juxtlahuaca, con la intención de acercarse a la comunidad de La Sabana, lugar del ataque en contra de la caravana y cuya zona es dominada por la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), en donde su líder, Rufino Juárez, decide el destino de la población.
La primer llamada telefónica fue al secretario general de gobierno, Evencio Nicolás Ramírez, exprocurador General de Justicia y exombudsman de Oaxaca, a quien señalan como responsable de controlar a las organizaciones triquis. La respuesta a la petición fue de rechazo: él no hablaría con los periodistas de Contralínea.
En Juxtlahuaca, el comandante de la Policía Estatal, Lázaro Hernández, fue tajante: “No vamos a volver a entrar, ya lo hicimos dos veces y nos dispararon, tuvimos que replegarnos; hay muchos hombres armados, no voy a arriesgar la vida de mis hombres, así que no me pida que vayamos a buscar ahorita a los periodistas. Para qué entraron, si ya sabían que era peligroso”.
Una llamada al inspector de la Policía Estatal confirmó la negativa del gobierno de Ulises Ruiz para ayudar al rescate de los compañeros desaparecidos. Hasta ese momento, eran cuatro personas las que estaban en esa condición: los dos periodistas de Contralínea y los activistas Noé Bautista y David Venegas.
Jueves 29: ya han pasado 48 horas y nada con certeza se sabe de los periodistas. La situación se ha tornado alarmante. El equipo de la revista Contralínea y el padre de David Cilia, con el mismo nombre y viejo luchador social, deciden que deben entrar a la zona de conflicto para buscar personalmente a los dos reporteros desaparecidos. La decisión tomada se anuncia muy temprano en el noticiario de la periodista Carmen Aristegui, a quien se le informa que el viernes 30, a las 10 de la mañana, el equipo de la revista Contralínea y David Cilia padre se dirigirán al poblado de La Sabana, lugar del ataque.
Después una llamada de la procuradora general de Justicia de Oaxaca entra al celular del director de Contralínea, quien le dice que “el gobierno de Ulises Ruiz está muy preocupado por los hechos violentos y que han iniciado un trabajo investigativo para dar con el paradero de los dos periodistas”. Pero la funcionaria no ofreció entrar a la zona sino buscarlos en algún hotel de la ciudad de Oaxaca, en donde podrían estar escondidos.
El mismo jueves 28, Zósimo Camacho recibió otra llamada. El de la voz se identificó en voz baja como David Venegas: “Yo estuve hasta hoy en la mañana con tus compañeros; porque son tus compañeros Érika y David, ¿no?”; les prometimos que te llamaríamos en cuanto llegáramos a donde tuviéramos señal”, dijo entre aturdido y emocionado.
Venegas y Bautista, activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, habían roto el cerco paramilitar. Llegaron a la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca al medio día, luego de cuatro horas de camino por el monte.
Los sobrevivientes llegaron también con la prueba de que los reporteros se encontraban vivos y a la espera de ser rescatados: una videograbación captada con un teléfono celular horas después del ataque.
Los periodistas empezaron a planear cómo ingresar a la zona, con el menor riesgo posible, para iniciar la búsqueda, pero antes se le avisaría a los medios de comunicación y a las autoridades de esa decisión.
A las 13 horas del jueves, el inspector de la Policía Estatal se vuelve a comunicar vía telefónica e informa que harán un operativo con todos los policías para entrar al área en conflicto, y piden que los periodistas no entren solos.
La estrategia de entrar a la zona de conflicto el viernes por la mañana se había modificado. El aviso de que nuestros compañeros estaban vivos, aunque heridos y hambrientos, animó al equipo de Contralínea para iniciar la búsqueda esa misma tarde de jueves. De esa decisión se informó al inspector de la policía Jorge Alberto Quezada, quien alarmado pidió tiempo para que los periodistas fueran acompañados por policías y pudiera aterrizar el helicóptero desde donde serían trasladados al área de conflicto.
La aeronave llegó a Juxtlahuaca a las 16:30 horas y fue abordada por el director de Contralínea y el padre de David Cilia. Los acompañaban tres elementos fuertemente armados del grupo de fuerzas especiales del estado. Por tierra, 10 camionetas-patrulla se observaban desde el helicóptero y abordo iban 50 efectivos policiales armados con fusiles de asalto, seis comandantes y cuatro delegados de la Policía Estatal. En total, 60 efectivos policiacos que ingresarían a la zona para cubrir la búsqueda.
Desde Juxtlahuaca, el presidente de la Ubisort, Rufino Juárez, “coordinó”, junto con el comandante regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, Lázaro Hernández, la entrada del operativo de rescate. Más tarde, el comandante policiaco reconocería que el ingreso de Miguel Badillo, David Cilia Olmos y los policías a las inmediaciones de la comunidad de La Sabana fue realizado con la “autorización” del líder del grupo paramilitar al que se le atribuye la agresión.
El helicóptero con el periodista y el familiar abordo descendió en una zona neutral del municipio de San Juan Copala y, a partir de allí, los comandantes responsables del operativo se trasladaron hasta la población de La Sabana, en donde negociaron con el líder Rufino Juárez que permitiera la búsqueda de los dos reporteros.
El convoy de policías y los dos civiles se trasladaron hasta el lugar donde fue la emboscada y perdieron la vida dos personas y otras cinco resultaron heridas. A partir de allí, David Cilia Olmos y Miguel Badillo entraron solos al monte en busca de los desaparecidos.
Molesto por la presencia de intrusos, el líder de la Ubisort, Rufino Juárez, propuso a los policías que 30 mujeres triquis los acompañaran en la búsqueda, pero David Cilia padre rechazó el ofrecimiento, pues eran habitantes del mismo pueblo en donde se había cometido la agresión.
Después de tres horas de la primera incursión de rescate, la búsqueda fue infructuosa. Llegó la noche y las órdenes de los policías fueron suspender el operativo y retirarse del lugar. Para convencer de suspender la búsqueda, el comandante a cargo prometía regresar mañana viernes para continuar. Pero Cilia y Badillo habían decidido no retirarse del lugar hasta dar con los periodistas y así se lo hicieron saber. Eso discutían con los comandantes cuando un indígena se acercó al convoy policiaco y alertó de que el reportero David Cilia se había comunicado con un radio portátil pidiendo ayuda y decía que no abandonaran la búsqueda.
Los comandantes a cargo del operativo policial no creían la versión del indígena triqui y ordenaron salir de la zona. Cilia y Badillo discutieron con ellos y se opusieron a abandonar el lugar. Los policías aceptaron y regresaron al punto inicial de búsqueda, en donde había sido el ataque con armas de fuego. Eran las 20:00 horas.
Así inició la segunda incursión a las montañas, sólo que esta vez un indígena triqui, de la comunidad de San Juan Copala, guiaba la búsqueda, seguido del periodista, el padre del reportero y seis policías.
Casi tres horas después, hasta las 22:40 horas, la caravana de auxilio encontró desfallecidos y hambrientos a los dos reporteros. David, herido de tres balazos, fue levantado en hombros por el periodista y los policías hasta alcanzar la carretera. La reportera Érika Ramírez prefirió caminar para salir más rápido del lugar.

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