PARA ESO NO HAY LIQUIDACION

lunes, 12 de octubre de 2009

Gastos abusivos de una burocracia inútil.
Miguel Badillo. Oficio de papel.

• Privilegios de expresidentes y ministros
• Las pensiones de diez directores del IPN
Otra vez Felipe Calderón y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, pretenden que sean los mexicanos de menores ingresos quienes paguen más impuestos para mantener una burocracia inútil, corrupta y abusiva, en lugar de proponer disminuir los excesivos gastos de servidores públicos en secretarías de Estado y órganos descentralizados, en las cámaras de Diputados y de Senadores, y entre jueces, magistrados y ministros; además de funcionarios en organismos autónomos como el IFE y el IFAI.

Entres los gastos excesivos con dinero público destacan el despilfarro en los miles de fideicomisos creados en instituciones de los tres poderes de la Unión, para evitar que esos recursos sean fiscalizados; la compra de vehículos, el pago de viáticos, celulares, gastos de representación como comidas en restaurantes de lujo, la contratación de seguros médicos y de vida. En algunos casos hasta el absurdo, como en el IFE, en donde se pagan dotes matrimoniales a quien se casa o, en el caso de la Suprema Corte, una partida presupuestal para que los 11 ministros le otorguen un regalo a su madre el 10 de mayo. Otros gastos que deberían desparecer son las pensiones de salarios íntegros que se otorgan a los exministros de la Corte, a los expresidentes de la República, a los exfuncionarios de Banco de México y de la banca de desarrollo, a los exdirectores del Politécnico.

Lo anterior ha sido muy bien documentado por la prensa y lo ha confirmado la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo ni el presidente ni el secretario de Hacienda, así como tampoco los legisladores y muchos menos los ministros de la Corte hacen caso para eliminar ese despilfarro de recursos públicos. Cómo entonces pretende Calderón que le creamos cuando habla de austeridad sólo porque se le ocurrió eliminar tres secretarías de Estado y pretende que aceptemos el incremento de impuestos a los mismos causantes cautivos. La medida fiscal además de injusta es abusiva.

Sin embargo, Felipe Calderón reconoce hace unos días que otros 6 millones de personas se integraron a la pobreza extrema, que en cifras oficiales asciende a 20 millones, es decir uno de cada cinco mexicanos, quienes enfrentar serios problemas para alimentarse. Qué hace el gobierno para cambiar esta situación: cobrar más impuestos, lo cual tampoco se traduce una disminución de la pobreza, sino por el contrario en un mayor desvío de recursos públicos y un gasto excesivo de la burocracia.

Privilegios de los expresidentes

Estos abusos del gasto público han sido señalados puntualmente en la revista Contralínea, en donde la reportera Nancy Flores informó que son 178 personas, entre civiles y militares, quienes cobran un salario por estar al servicio de los cinco expresidentes vivos, fuera de los criterios de racionalidad y transparencia. Es decir que del erario se destinan casi 40 millones de pesos anualmente para el pago de esas personas.

Para la ASF, la asignación de personal civil al servicio de los expresidentes se encuentra “fuera de los criterios de racionalidad y transparencia” que deben regir la administración pública federal. Por ejemplo en 2006, Luis Echeverría tenía 24 civiles y dos militares a su cargo; Miguel de la Madrid 24 civiles y 22 militares; Carlos Salinas de Gortari 14 civiles y 19 militares; Ernesto Zedillo 11 civiles y 16 militares, y Vicente Fox 20 civiles y 16 militares, lo cual representó un gasto de 39 millones 936 mil pesos por salarios.


La Auditoría recomendó a la Presidencia de la República justificar la asignación de recursos humanos a los exjefes de Estado y explicar las necesidades reales de personal de apoyo en sus actividades administrativas. Lo anterior, con el objetivo de que el ejercicio del gasto por este concepto se apegue a los criterios de racionalidad y transparencia en el ejercicio del presupuesto.


Otro gasto abusivo son los pensionados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –53 titulares y 28 viudas–, quienes cuestan al erario, de manera individual, más de 1 millón 600 mil pesos anuales, es decir, 133 mil 300 pesos al mes. Los expresidentes de la República son cinco y cada año el pago de pensiones cuesta, en promedio, más de 1 millón 900 mil pesos por persona, aproximadamente 158 mil pesos al mes por sólo seis años de trabajo.

Los acuerdos de la impunidad provienen, uno, del 25 de noviembre de 1976, cuando por acuerdo del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez se dispuso que, al concluir su mandato, el ciudadano que hubiese desempeñado el máximo cargo público dispusiera, “a sus órdenes directas”, de personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para el desempeño de “servicios generales”.

El segundo fue de Miguel de la Madrid, quien mediante otro acuerdo fechado el 31 de marzo de 1987, formalizó el disfrute de una pensión, prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de Estado, y reguló el derecho del cónyuge para disfrutar de la pensión presidencial y de los seguros de vida y gastos médicos mayores, incluyendo a los hijos.


La determinación de tales prebendas está basada en prácticas discrecionales y en acuerdos dictados por los presidentes en turno, quienes se beneficiaron de sus propias decisiones, siendo juez y parte en la asignación de sus ingresos.


Se calcula que entre la pensión y las prestaciones de las que gozan los expresidentes, cada uno de éstos termina costando al erario más de 10 millones de pesos al año, sin contar que en el caso de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo reciben otra pensión del Banco de México.

Los abusos de la Corte y sus ministros

Además de los altos salarios, que superan incluso al del presidente de la república, cada uno de los 11 ministros de la Suprema Corte se embolsan en forma discrecional más de un millón de pesos al año por “realizar diversas actividades que contribuyen a fomentar los valores del Estado de Derecho”.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que la Suprema Corte ejerció en uno año, 2004, 44 millones 359 mil pesos destinados a la partida presupuestal 150902, también denominada “ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad”. En el ejercicio 2005 la cifra aumentó a 49 millones 341 mil 502 pesos, y las compensaciones económicas por este concepto oscilaron entre 2.5 y 10 veces el pago diario por concepto de percepción ordinaria mensual y prestaciones mensuales, es decir, de uno a cuatro meses del sueldo bruto.

El máximo órgano de vigilancia detalla que estas erogaciones se dan “únicamente a los servidores públicos de mando superior que, por sus funciones, realicen actividades que contribuyan a fomentar entre la sociedad mexicana los valores que permitan alcanzar un auténtico Estado de Derecho, por lo que se realizaron pagos individuales discrecionales que van desde 26 mil 100 pesos hasta un millón 236 mil pesos, según el nivel correspondiente”.

Por promover la cultura de la legalidad, incluso a domicilio, en 2004 Mariano Azuela Güitrón, presidente de la SCJN y titular del Comité de Gobierno y Administración -encargado del manejo presupuestario- del tribunal, cobró una compensación del presupuesto público por un millón 236 mil 200 pesos, equivalentes a cuatro meses de salario bruto de 309 mil pesos.

Ese año el “esfuerzo” de Azuela lo llevó a dar asesorías especiales sobre Estado de Derecho: en septiembre, época del desafuero, acudió a la residencia oficial de Los Pinos y, junto al presidente Vicente Fox, delineó la estrategia judicial que buscaba suprimir los derechos políticos del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Plan que finalmente fue frustrado.


Entrevistados por la reportera Nancy Flores, el ministro José Ramón Cossío Díaz pregunta: “¿el salario es dispendio?”. Al igual que los otros 10 ministros de la Suprema Corte, él recibió cuatro meses de la ambigua ayuda monetaria. Con excepción del presidente del tribunal, pues su compensación se maneja por separado, los ministros recibieron un total de 13 millones 377 mil 900 pesos por esta ayuda, monto que dividido en 10 equivale a un millón 337 mil 79 pesos por cada uno de los ministros.


La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos explica que la vigilancia al manejo de los recursos se da por medio de la Contraloría General. “Los recursos en el Poder Judicial tienen una Contraloría del propio Poder Judicial, aparte la Auditoría Superior de la Federación realiza la revisión de la cuenta pública cada año, y en un momento dado puede hacer observaciones a cualquier dependencia del Poder Judicial”.


La página de Internet de la SCJN descubre que además de los 165 mil 210 pesos que reciben cada mes como pago salarial fijo, los 11 ministros obtienen prestaciones económicas solventadas con recursos del erario público, que van desde una compensación económica por ser presidente de la Corte, hasta “ayuda para anteojos”.

Las nutridas prestaciones se dividen en mensuales -de previsión social, inherentes al cargo, prima quinquenal, compensación por presidencia, compensación por decanato, ayuda de aportación para el seguro de separación individualizado-, cuatrimestrales -apoyo al ahorro-, semestrales -prima vacacional: 50 por ciento de 10 días de sueldo básico otorgado para cada uno de los dos periodos vacacionales; ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad y eficiencia administrativa- y anuales -aguinaldo: 40 días de sueldo básico, día de la madre y ayuda para comprar anteojos-.

Los salarios y la suma de las prestaciones resultan en altas mensualidades, como las que recibe el ministro presidente, Mariano Azuela, las cuales ascienden a, por lo menos, 649 mil 500 pesos; monto que equivale a 7 millones 790 mil pesos anuales y que excede hasta en cuatro veces el salario del presidente de la República. Los 10 ministros restantes obtienen alrededor de 536 mil pesos al mes, es decir, 6 millones 430 mil pesos al año.

Las pensiones en el Politécnico

Con menos privilegios por no por ello menos abusivos, son las pensiones que el Instituto Politécnico Nacional otorga a sus exdirectores generales. Este instituto de educación superior, uno de los pilares de la educación pública, ha entrado en su proceso de sucesión para cambiar a su director general, Enrique Villa.

Hasta ahora son tres candidatos que tienen la venia del director para buscar el nombramiento, pero también hay varios externos, entre ellos un hermano de quien fuera presidente de la República, Luis Eduardo Zedillo Ponce de León.

Pues resulta que también en el Politécnico hay abusos con el uso de recursos públicos y es que los 10 exdirectores de este Instituto cobran desde hace muchos años un salario de aproximadamente 100 mil pesos mensuales, lo que significa casi un millón de pesos por mes en estos tiempos de aguda crisis, lo que nos lleva a considerar que estos privilegios deben acabar, sobre todo ahora que el cambio en el IPN es inminente.

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Noam Chomsky desnuda al imperio.

martes, 22 de septiembre de 2009

Guerra, drogas y política, elementos del mundo bipolar Todo Estado poderoso descansa en especialistas en apologética, llamados intelectuales
Las elecciones en EU, montajes espectaculares
BLANCHE PETRICH

¿Qué lecciones nos han dejado dos décadas de una realidad mundial unipolar?
Noam Chomsky disertó ayer por la tarde largamente sobre esta pregunta y dejó en oídos del auditorio ideas sorprendentes, en una conferencia magistral en la Sala Nezahualcóyotl, transmitida en vivo por TV Unam y 12 televisoras públicas y universitarias que se enlazaron para enviar la señal a Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán, Durango y Nuevo León, además de por La Jornada on line.
Ideas sorprendentes como la de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, descrito como una mercancía con una mercadotecnia tan exitosa, que el año pasado mereció el primer lugar en campañas promocionales por parte de la industria de la publicidad. Más famoso que las computadoras Apple. Tan vendible como una pasta de dientes o un fármaco.
O la idea de que la invasión estadunidense a Panamá, en 1989, hoy apenas una nota a pie de página para muchos, fue en realidad la señal de que Wa-shington iniciaba, a través de la ficción de la guerra contra las drogas, una nueva etapa de dominación, cuando apenas habían pasado algunas semanas de la caída del Muro de Berlín.
O bien, un dato puntual, asombroso: la preocupación manifestada en 1990, en un taller de desarrollo de estrategias para América Latina en el Pentágono, de que una eventual apertura democrática en México osara desafiar a Estados Unidos. La solución propuesta fue imponer a nuestro país un tratado que lo atara de manos con las reformas neoliberales. La propuesta se materializó en el Tratado de Libre Comercio (TLC), que entró en vigor en 1994.
Así, la reseña de Chomsky de las dos últimas dos décadas llegó al momento actual, al proceso de remilitarización de América Latina con siete nuevas bases en Colombia y la reactivación de la Cuarta Flota de su armada.
Todo, para aterrizar en la visión de un continente, el nuestro, que pese a todo comienza a liberarse por sí solo de este yugo, con gobiernos que desafían las directrices de Washington, pero sobre todo con movimientos populares de masas de gran significación.
Congruente con esta importancia que Chomsky da a los procesos sociales y a su constante llamado a visibilizar a sus protagonistas, al concluir su conferencia magistral y una entrevista con TV Unam, el académico todavía tuvo fuerzas para encontrarse brevemente con Trinidad Ramírez, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, esposa del preso político Ignacio del Valle, la cual agradeció al conferencista que fuera firmante de la segunda campaña por la libertad de 11 presos, le regaló su paliacate rojo y, por supuesto, también su machete.
Enseguida se reproducen las palabras de Noam Chomsky en la sala Nezahualcóyotl:
Al pensar en cuestiones internacionales, es útil tener presentes varios principios de generalidad e importancia considerables. El primero es la máxima de Tucídides: Los fuertes hacen lo que quieren, y los débiles sufren como es menester. Esto tiene un importante corolario: todo Estado poderoso descansa en especialistas en apologética, cuya tarea es mostrar que lo que hacen los fuertes es noble y justo y lo que sufren los débiles es su culpa. En el Occidente contemporáneo a estos especialistas se les llama intelectuales y, con excepciones marginales, cumplen su tarea asignada con habilidad y sentimientos de superioridad moral, pese a lo disparatado de sus alegatos. Su práctica se remonta a los orígenes de la historia de la que tenemos registro.
Los principales arquitectos
Un segundo punto, que no hay que olvidar, lo expresó Adam Smith. Él se refería a Inglaterra, la potencia más grande de su tiempo, pero sus observaciones son generalizables. Smith observaba que los principales arquitectos de políticas públicas en Inglaterra eran los comerciantes y los fabricantes, quienes se aseguraban de que sus intereses fueran bien servidos por tales políticas, por gravoso que fuera el efecto en otros –incluido el pueblo de Inglaterra– y pese a la severidad que tuvieran para quienes sufren la salvaje injusticia de los europeos en otras partes.
Smith fue una de esas raras figuras que se apartaron de la práctica normal de retratar a Inglaterra como una potencia angelical, única en la historia del mundo, dedicada sin egoísmo al bienestar de los bárbaros. Un ejemplo revelador, en estos términos exactos, es un ensayo clásico de John Stuart Mill, uno de los más decentes e inteligentes intelectuales occidentales, en el que explicaba por qué Inglaterra tenía que culminar su conquista de la India en aras de los más puros fines humanitarios. Lo escribió justo en el momento de mayores atrocidades de Inglaterra en la India, cuando el verdadero fin de una mayor conquista era permitir a Inglaterra apoderarse del monopolio del opio y establecer la más extraordinaria empresa de narcotráfico en la historia mundial, y así obligar a China, con lanchas cañoneras y venenos, a aceptar las mercancías de fabricación británicas, que China no quería.
La plegaria de Mill es la norma cultural. La máxima de Smith es la norma histórica.
Hoy, los principales arquitectos de las políticas públicas no son los comerciantes y los fabricantes, sino las instituciones financieras y las corporaciones trasnacionales.
Una refinada versión actual de la máxima de Smith es la teoría de la inversión en política, desarrollada por el economista político Thomas Ferguson, la cual considera que las elecciones son la ocasión para que grupos de inversionistas se unan con el fin de controlar el Estado, en esencia comprando las elecciones.
Como muestra Ferguson, esta teoría es un mecanismo muy bueno para predecir políticas públicas durante un periodo largo.
Entonces, para lo ocurrido en 2008 debimos haber anticipado que los intereses de las industrias financieras tendrían prioridad para el gobierno de Obama. Fueron sus principales provedoras de fondos y se inclinaron mucho más por Obama que por McCain. Y así resultó ser. El semanario de negocios Business Week se ufana ahora de que la industria de las aseguradoras ganó la batalla por la atención a la salud, y de que las instituciones financieras que crearon la crisis actual emergen incólumes y aun fortalecidas, tras un enorme rescate público –lo que acomoda el escenario para la siguiente crisis–, apuntan los editores. Y añaden que otras corporaciones aprendieron valiosas lecciones de estos triunfos y ahora organizan grandes campañas para frenar la aprobación de cualquier medida relacionada con energía y conservación (por suave que sea), con pleno conocimiento de que frenar esas medidas negará a sus nietos cualquier posibilidad de supervivencia decente. Por supuesto, no es que sean malas personas, ni son ignorantes. Ocurre que las decisiones son imperativos institucionales. Quienes deciden no seguir las reglas son excluidos, a veces en formas muy notables.
Las elecciones en Estados Unidos son montajes espectaculares (extravaganzas), conducidos por la enorme industria de las relaciones públicas que floreció hace un siglo en los países más libres del mundo, Inglaterra y Estados Unidos, donde las luchas populares habían ganado la suficiente libertad para que el público ya no tan fácilmente fuera controlado por la fuerza. Entonces, los arquitectos de las políticas públicas se dieron cuenta de que iba a ser necesario controlar las actitudes y las opiniones. Uno de los elementos de la tarea era controlar las elecciones.
Estados Unidos no es una democracia guiada como Irán, donde los candidatos requieren la aprobación de los clérigos imperantes. En sociedades libres, como Estados Unidos, son las concentraciones de capital las que aprueban candidatos y, entre quienes pasan por el filtro, los resultados terminan casi siempre determinados por los gastos de campaña.
Los operadores políticos están siempre muy conscientes de que con frecuencia el público disiente profundamente, en algunos puntos, de los arquitectos de las políticas públicas. Entonces, las campañas electorales evitan ahondar en cualquier punto y favorecen las consignas, las florituras de oratoria, las personalidades y el chismorreo. Cada año la industria de la publicidad otorga un premio a la mejor campaña promocional del año. En 2008 el premio se lo llevó la campaña de Obama, derrotando incluso a las computadoras Apple. Los ejecutivos estaban eufóricos. Se ufanaban abiertamente de que éste era su éxito más grande desde que comenzaron a promocionar candidatos cual si fueran pasta de dientes o fármacos que asocian con estilos de vida, técnicas que cobraron fuerza durante el periodo neoliberal, primero que nada con Reagan.
En los cursos de economía, uno aprende que los mercados se basan en consumidores informados que eligen racionalmente sus opciones. Pero quien mire un anuncio de televisión sabe que las empresas destinan enormes recursos a crear consumidores uniformados que eligen irracionalmente sus opciones. Los mismos dispositivos utilizados para derruir mercados se adaptan al objetivo de socavar la democracia, creando votantes desinformados que tomarán decisiones irracionales a partir de una limitada serie de opciones compatibles con los intereses de los dos partidos, que a lo sumo son facciones competidoras de un solo partido empresarial.
Tanto en el mundo de los negocios como en el político, los arquitectos de las políticas públicas son constantemente hostiles con los mercados y con la democracia, excepto cuando buscan ventajas temporales. Por supuesto, la retórica puede decir otra cosa, pero los hechos son bastante claros.
La máxima de Adam Smith tiene algunas excepciones, que son muy instructivas. Un ejemplo contemporáneo importante son las políticas de Washington hacia Cuba desde que ésta obtuvo su independencia, hace 50 años. Estados Unidos es una sociedad que goza de una libertad poco común, así que contamos con buen acceso a los registros internos que revelan el pensamiento y los planes de los arquitectos de las políticas públicas. A los pocos meses de la independencia de Cuba, el gobierno de Eisenhower formuló planes secretos para derrocar al régimen e inició programas de guerra económica y de terrorismo, cuya escala fue aumentada bruscamente por Kennedy, y que continúan en varias formas hasta nuestros días. Desde el inicio, la intención explícita fue castigar lo suficiente al pueblo cubano para que derrocara al régimen criminal. Su crimen era haber logrado desafiar políticas estadunidenses que databan de la década de 1820, cuando la doctrina Monroe declaró la intención estadunidense de dominar el hemisferio occidental sin tolerar interferencia alguna de fuera ni de dentro.
Aunque las políticas bipartidistas hacia Cuba concuerdan con la máxima de Tucídides, entran en conflicto con el principio de Adam Smith, y como tales nos brindan una mirada especial sobre cómo se configuran las políticas. Durante décadas, el pueblo estadunidense ha favorecido la normalización de relaciones con Cuba. Desatender la voluntad de la población es normal, pero en este caso es más interesante que sectores poderosos del mundo de los negocios favorezcan también la normalización: las agroempresas, las corporaciones farmacéuticas y de energía, y otros que comúnmente fijan los marcos de trabajo básicos para la construcción de políticas. En este caso sus intereses son atropellados por un principio de los asuntos internacionales que no recibe el reconocimiento apropiado en los tratados académicos en la materia: podríamos llamarlo el principio de la Mafia. El Padrino no tolera que nadie lo desafíe y se salga con la suya, ni siquiera el pequeño tendero que no puede pagarle protección. Es muy peligroso. Debe, por tanto, erradicarse brutalmente, de tal modo que otros entiendan que desobedecer no es opción. Que alguien logre desafiar al Amo puede volverse un virus que disemine el contagio, por tomar prestado el término usado por Kissinger cuando se preparaba a derrocar el gobierno de Allende.
Ésa ha sido una doctrina principal en la política exterior estadunidense durante el periodo de su dominio global y, por supuesto, tiene muchos precedentes. Otro ejemplo, que no tengo tiempo de revisar aquí, es la política estadunidense hacia Irán a partir de 1979.
Tomó su tiempo cumplir los objetivos plasmados en la doctrina Monroe, y algunos de éstos siguen topándose con muchos impedimentos. El fin último perdura y es incuestionable. Adquirió mucho mayor significación cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una potencia global dominante y desplazó a su rival británico. La justificación se ha analizado con lucidez.
Por ejemplo, cuando Wa-shington se preparaba para derrocar al gobierno de Allende, el Consejo de Seguridad Nacional puntualizó que si Estados Unidos no lograba controlar América Latina, no podría esperar consolidar un orden en ninguna parte del mundo, es decir, imponer con eficacia su dominio sobre el planeta. La credibilidad de la Casa Blanca se vería socavada, como lo expresó Henry Kissinger. Otros también podrían intentar salirse con la suya en el desafío si el virus chileno no era destruido antes de que diseminara el contagio. Por tanto, la democracia parlamentaria en Chile tuvo que irse, y así ocurrió el primer 11 de septiembre, en 1973, que está borrado de la historia en Occidente, aunque en términos de consecuencias para Chile y más allá sobrepase, por mucho, los terribles crímenes del 11 de septiembre de 2001.
Aunque las máximas de Tucídides y Smith, y el principio de la Mafia, no dan cuenta de todas las decisiones de política exterior, cubren una gama bastante amplia, como también lo hace el corolario referente al papel de los intelectuales. No son el final de la sabiduría, pero se encaminan a él.
Con el contexto proporcionado hasta el momento, miremos el momento unipolar, que es el tópico de gran cantidad de discusiones académicas y populares desde que se colapsó la Unión Soviética, hace 20 años, dejando a Estados Unidos como la única superpotencia global en vez de ser sólo la primera superpotencia, como antes. Aprendemos mucho acerca de la naturaleza de la guerra fría, y del desarrollo de los acontecimientos desde entonces, mirando cómo reacciona Washington a la desaparición de su enemigo global, esa conspiración monolítica y despiadada para apoderarse del mundo, como la describía Kennedy.
Unas semanas después de la caída del Muro de Berlín, Estados Unidos invadió Panamá. El propósito era secuestrar a un delincuente menor, que fue llevado a Florida y sentenciado por crímenes que había cometido, en gran medida, mientras cobraba en la CIA. De valioso amigo se convirtió en demonio malvado por intentar adoptar una actitud desafiante y salirse con la suya, al andarse con pies de plomo en el apoyo a las guerras terroristas de Reagan en Nicaragua.
La invasión mató a varios miles de personas pobres en Panamá, según fuentes panameñas, y reinstauró el dominio de los banqueros y narcotraficantes ligados a Estados Unidos. Fue apenas algo más que una nota de pie de página en la historia, pero en algunos aspectos rompió la tendencia. Uno de ellos fue que se hizo necesario contar con un nuevo pretexto, y éste llegó rápido: la amenaza de narcotraficantes de origen latino que buscan destruir a Estados Unidos. Richard Nixon ya había declarado la guerra contra las drogas, pero ésta asumió un nuevo y significativo papel durante el momento unipolar.
Sofisticación tecnológica en el tercer mundo
La necesidad de un nuevo pretexto guió también la reacción oficial en Washington ante el colapso de la superpotencia enemiga. El gobierno de Bush padre trazó el nuevo rumbo a los pocos meses: en resumidas cuentas, todo se mantendrá bastante igual, pero tendremos nuevos pretextos. Todavía requerimos de un enorme sistema militar, pero ahora hay un nuevo justificante: la sofisticación tecnológica de las potencias del tercer mundo. Tenemos que mantener la base industrial de defensa, eufemismo para describir la industria de alta tecnología apoyada por el Estado. Debemos mantener fuerzas de intervención dirigidas a las regiones ricas en energéticos de Medio Oriente, donde no haríamos responsable al Kremlin de las amenazas significativas a nuestros intereses, a diferencia de las décadas de engaño cuando eso ocurría.
Todo lo anterior pasó muy en silencio, apenas si se notó. Pero para quienes confían en entender el mundo, es bastante ilustrativo.
Como pretexto para una intervención, fue útil invocar una guerra a las drogas, pero como pretexto es muy estrecho. Se necesitaba uno de más arrastre. Rápidamente las elites se volcaron a la tarea y cumplieron su misión. Declararon una revolución normativa que confería a Estados Unidos el derecho a una intervención por razones humanitarias escogida por definición, por la más noble de las razones.
Para expresarlo con sutileza, ni las víctimas tradicionales se inmutaron. Las conferencias de alto nivel en el Sur global condenaron con amargura “el así llamado ‘derecho’ a una intervención humanitaria”. Era necesario un refinamiento adicional, por lo que se diseñó el concepto de responsabilidad de proteger. Quienes prestan atención a la historia no se sorprenderán al descubrir que las potencias occidentales ejercen su responsabilidad de proteger de modo muy selectivo, en adherencia estricta a las tres máximas descritas. Los hechos perturban de tan obvios, y requieren considerable agilidad de las clases intelectuales: otra reveladora historia que debo dejar de lado.
Conforme el momento unipolar se iluminó, otra cuestión que se puso al frente fue el destino de la OTAN. La justificación tradicional para la organización era la defensa contra las agresiones soviéticas. Al desaparecer la Unión Soviética se evaporó el pretexto. Las almas ingenuas, que tienen fe en las doctrinas del momento, habrían esperado que la OTAN desapareciera también; por el contrario, se expandió con rapidez. Los detalles revelan mucho acerca de la guerra fría y de lo que siguió. A nivel más general revelan cómo se forman y ejecutan las políticas de los estados.
A medida que se colapsó la Unión Soviética, Mijail Gorbachov hizo una pasmosa concesión: permitió que una Alemania unificada se uniera a una alianza militar hostil encabezada por la superpotencia global, pese a que Alemania por sí sola casi había destruido Rusia en dos ocasiones durante el siglo XX. Sin embargo, fue un quid pro quo, un esto por aquello, una reciprocidad. El gobierno de Bush prometió a Gorbachov que la OTAN no se extendería a Alemania oriental, y que desde luego no llegaría más al oriente. También le aseguró al mandatario soviético que la organización se transformaría en un ente más político. Gorbachov propuso también una zona libre de armas nucleares desde el Ártico al Mar Negro, un paso hacia una zona de paz que eliminara cualquier amenaza a Europa occidental u oriental. Tal propuesta se pasó por alto sin consideración alguna.
Poco después llegó Bill Clinton al cargo. Muy pronto se desvanecieron los compromisos de Washington. No es necesario abundar sobre la promesa de que la OTAN se convertiría en un ente más político. Clinton expandió la organización hacia el este, y Bush fue más allá. En apariencia Barack Obama intenta continuar la expansión.
Un día antes del primer viaje de Barack Obama a Rusia, su asistente especial en Seguridad Nacional y Asuntos Eurasiáticos informó a la prensa: No vamos a dar seguridades a los rusos, ni a darles ni intercambiar nada con ellos respecto de la expansión de la OTAN o la defensa con misiles.
Se refería a los programas de defensa con misiles estadunidenses en Europa oriental y a la posibilidad de convertir en miembros de la OTAN a dos vecinos de Rusia, Ucrania y Georgia. Ambos pasos eran vistos por los analistas occidentales como serias amenazas a la seguridad rusa, por lo que, de igual modo, podían inflamar las tensiones internacionales.
Ahora, la jurisdicción de la OTAN es todavía más amplia. El asesor de Seguridad Nacional de Obama, el comandante de Marina James Jones, hace llamados a que la organización se amplíe al sur y también al este, de modo que se refuerce el control estadunidense sobre las reservas energéticas de Medio Oriente. El general Jones también aboga por una fuerza de respuesta de OTAN, que confiera a la alianza militar encabezada por Estados Unidos mucho mayor capacidad y flexibilidad para efectuar acciones con rapidez y en distancias muy largas, objetivo que ahora Washington se empeña en lograr en Afganistán.
El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, informó a la conferencia de la organización que las tropas de la alianza tienen que custodiar los ductos de crudo y gas que van directamente a Occidente y, de modo más general, proteger las rutas marinas utilizadas por los buques cisternas y otras cruciales infraestructuras del sistema energético. Dicha decisión expresa de forma más explícita las políticas posteriores a la guerra fría: remodelar la OTAN para volverla una fuerza de intervención global encabezada por Estados Unidos, cuya preocupación especial sea el control de los energéticos. Supuestamente, la tarea incluye la protección de un ducto de 7 mil 600 millones de dólares que conduciría gas natural de Turkmenistán a Pakistán e India, pasando por la provincia de Kandahar, en Afganistán, donde están desplegadas las tropas canadienses. La meta es bloquear la posibilidad de que un ducto alterno brinde a Pakistán e India gas procedente de Irán, y disminuir la dominación rusa de las exportaciones energéticas de Asia central, según informó la prensa canadiense, bosquejando con realismo algunos de los contornos del nuevo gran juego en el que la fuerza de intervención internacional encabezada por Estados Unidos va a ser un jugador principal.

El lingüista Noam Chomsky, crítico del imperialismo, disertó ayer en Ciudad UniversitariaFoto Marco Peláez

Largas filas en torno a la Sala Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural UniversitarioFoto María Meléndrez Parada
Desde los primeros días posteriores a la guerra fría, se entendía que Europa occidental podría optar por un curso independiente, tal vez con una visión gaullista de Europa, del Atlántico a los Urales. En este caso el problema no es un virus que pueda diseminar el contagio, sino una pandemia que podría desmantelar todo el sistema de control global. Se supone que, al menos en parte, la OTAN intenta contrarrestar esa seria amenaza. La expansión actual de la alianza, y los ambiciosos objetivos de la nueva organización, dan nuevo empuje a esos fines.
Los acontecimientos continúan atravesando el momento unipolar, adhiriéndose bien a los principios que rigen los asuntos internacionales. Más en específico, las políticas se conforman muy cerca de las doctrinas del orden mundial formuladas por los planificadores estadunidenses de alto nivel durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1939, reconocieron que, fuera cual fuese el resultado de la guerra, Estados Unidos se convertiría en una potencia global y desplazaría a Gran Bretaña. En concordancia, desarrollaron planes para que Estados Unidos ejerciera control sobre una porción sustancial del planeta. Esta gran área, como le llaman, habría de comprender por lo menos el hemisferio occidental, el antiguo imperio británico, el Lejano Oriente y los recursos energéticos de Asia occidental. En esta gran área, Estados Unidos habría de mantener un poder incuestionable, una supremacía militar y económica, y actuaría para garantizar los límites de cualquier ejercicio de soberanía por parte de estados que pudieran interferir con sus designios globales. Al principio los planificadores pensaron que Alemania predominaría en Europa, pero conforme Rusia comenzó a demoler la Wermacht (las fuerzas armadas nazis), la visión se hizo más y más expansiva, y se buscó que la gran área incorporara la mayor extensión de Eurasia que fuera posible, por lo menos Europa occidental, el corazón económico de Eurasia.
Se desarrollaron planes detallados y racionales para la organización global, y a cada región se le asignó lo que se le llamó su función. Al Sur en general se le asignó un papel de servicio: proporcionar recursos, mano de obra barata, mercados, oportunidades de inversión y más tarde otros servicios, tales como recibir la exportación de desperdicios y contaminación. En ese entonces, Estados Unidos no estaba tan interesado en África, así que la pasó a Europa para que explotara su reconstrucción a partir de la destrucción de la guerra. Uno podría imaginar relaciones diferentes entre África y Europa a la luz de la historia, pero no se tuvieron en cuenta. En contraste, se reconoció que las reservas de petróleo de Medio Oriente eran una estupenda fuente de poder estratégico y uno de los premios materiales más grandes en la historia del mundo: la más importante de las áreas estratégicas del mundo, para ponerlo en palabras de Eisenhower. Y los planificadores se daban cuenta de que el control del crudo de Medio Oriente proporcionaría a Estados Unidos el control sustancial del mundo.
Quienes consideran significativas las continuidades de la historia tal vez recuerden que los planificadores de Truman hacían eco de las doctrinas de los demócratas jacksonianos al momento de la anexión de Texas y de la conquista de medio México, un siglo antes. Tales predecesores anticiparon que las conquistas proporcionarían a Estados Unidos un virtual monopolio del algodón, el combustible de la primera revolución industrial: Ese monopolio, ahora asegurado, pone a todas las naciones a nuestros pies, declaró el presidente Tyler. En esa forma, Estados Unidos podría esquivar el disuasivo británico, el mayor problema de esa época, y ganar influencia internacional sin precedente.
Concepciones semejantes guiaron a Washington en su política petrolera. De acuerdo con ella –explicaba el Consejo de Seguridad Nacional de Eisenhower–, Estados Unidos debe respaldar regímenes rudos y brutales y bloquear la democracia y el desarrollo, aunque eso provoque una campaña de odio contra nosotros, como observó el presidente Eisenhower 50 años antes de que George W. Bush preguntara en tono plañidero por qué nos odian y concluyera que debía ser porque odiaban nuestra libertad.
Con respecto a América Latina, los planificadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial concluyeron que la primera amenaza a los intereses estadunidenses la representan los regímenes radicales y nacionalistas que apelan a las masas de población y buscan satisfacer la demanda popular de mejoramiento inmediato de los bajos estándares de vida de las masas y el desarrollo a favor de las necesidades internas del país. Estas tendencias entran en conflicto con las demanda de un clima económico y político que propicie la inversión privada, con la adecuada repatriación de las ganancias y la protección de nuestras materias primas. Gran parte de la historia subsiguiente fluye de estas concepciones que nadie cuestiona.
TLC, cura recomendada
En el caso especial de México, el taller de desarrollo de estrategias para América Latina, celebrado en el Pentágono en 1990, halló que las relaciones Estados Unidos-México eran extraordinariamente positivas, y que no las perturbaba ni el robo de elecciones, ni la violencia de Estado, ni la tortura o el escandaloso trato dado o obreros y campesinos, ni otros detalles menores. Los participantes en el taller sí vieron una nube en el horizonte: la amenaza de “una ‘apertura a la democracia’ en México”, la cual, temían, podría poner en el cargo a un gobierno más interesado en desafiar a Estados Unidos sobre bases económicas y nacionalistas. La cura recomendada fue un tratado Estados Unidos-México que encerrara al vecino en su interior y proponerle las reformas neoliberales de la década de 1980, que ataran de manos a los actuales y futuros gobiernos mexicanos en materia de políticas económicas.
En resumen, el TLCAN, impuesto puntualmente por el Poder Ejecutivo en oposición a la voluntad popular.
Y al momento en que el TLCAN entraba en vigor, en 1994, el presidente Clinton instituía también la Operación Guardián, que militarizó la frontera mexicana. Él la explicó así: no entregaremos nuestras fronteras a quienes desean explotar nuestra historia de compasión y justicia. No mencionó nada acerca de la compasión y la justicia que inspiraron la imposición de tales fronteras, ni explicó cómo el gran sacerdote de la globalización neoliberal entendía la observación de Adam Smith de que la libre circulación de mano de obra es la piedra fundacional del libre comercio.
La elección del tiempo para implantar la Operación Guardián no fue para nada accidental. Los analistas racionales anticiparon que abrir México a una avalancha de exportaciones agroindustriales altamente subsidiadas tarde o temprano socavaría la agricultura mexicana, y que las empresas mexicanas no aguantarían la competencia con las enormes corporaciones apoyadas por el Estado que, conforme al tratado, deberían operar libremente en México. Una consecuencia probable sería la huída de muchas personas a Estados Unidos junto con quienes huyen de los países de Centroamérica, arrasados por el terrorismo reaganita. La militarización de la frontera fue un remedio natural.
Las actitudes populares hacia quienes huyen de sus países –conocidos como extranjeros ilegales– son complejas. Prestan servicios valiosos en su calidad de mano de obra superbarata y fácilmente explotable. En Estados Unidos las agroempresas, la construcción y otras industrias descansan sustancialmente en ellos, y ellos contribuyen a la riqueza de las comunidades en que residen. Por otra parte, despiertan tradicionales sentimientos antimigrantes, persistente y extraño rasgo en esta sociedad de migrantes que arrastra una historia de vergonzoso trato hacia ellos. Hace pocas semanas, los hermanos Kennedy fueron vitoreados como héroes estadunidenses. Pero a fines del siglo XIX los letreros de ni perros ni irlandeses no los habrían dejado entrar a los restaurantes de Boston. Hoy los emprendedores asiáticos son una fulgurante innovación en el sector de alta tecnología. Hace un siglo, acciones racistas de exclusión impedían el acceso de asiáticos, porque se les consideraba amenazas a la pureza de la sociedad estadunidense.
Sean cuales fueren la historia y las realidades económicas, los inmigrantes han sido siempre percibidos por los pobres y los trabajadores como una amenaza a sus empleos, sus modos de vida y su subsistencia. Es importante tener en cuenta que la gente que hoy protesta con furia ha recibido agravios reales. Es víctima de los programas de manejo financiero de la economía y de globalización neoliberal, diseñados para transferir la producción hacia fuera y poner a los trabajadores a competir unos con otros a escala mundial, bajando los salarios y las prestaciones, mientras se protege de las fuerzas del mercado a los profesionales con estudios. Los efectos han sido severos desde los años de Reagan, y con frecuencia se manifiestan de modos feos y extremos, como muestran las primeras planas de los diarios en los días que corren. Los dos partidos políticos compiten por ver cuál de ellos puede proclamar en forma más ferviente su dedicación a la sádica doctrina de que se debe negar la atención a la salud a los extranjeros ilegales. Su postura es consistente con el principio, establecido por la Suprema Corte, de que, de acuerdo con la ley, esas criaturas no son personas, y por tanto no son sujetos de los derechos concedidos a las personas. En este mismo momento la Suprema Corte considera la cuestión de si las corporaciones deben poder comprar elecciones abiertamente en lugar de hacerlo de modos más indirectos: asunto constitucional complejo, porque las cortes han determinado que, a diferencia de los inmigrantes indocumentados, las corporaciones son personas reales, de acuerdo con la ley, y así, de hecho, tienen derechos que rebasan los de las personas de carne y hueso, incluidos los derechos consagrados por los tan mal nombrados acuerdos de libre comercio. Estas reveladoras coincidencias no me provocan comentario alguno. La ley es en verdad un asunto solemne y majestuoso.
El espectro de la planificación es estrecho, pero permite alguna variación. El gobierno de Bush II fue tan lejos, que llegó al extremo del militarismo agresivo y ejerció un arrogante desprecio, inclusive hacia sus aliados. Fue condenado duramente por estas prácticas, aun dentro de las corrientes principales de opinión. El segundo periodo de Bush fue más moderado. Algunas de sus figuras más extremistas fueron expulsadas: Rumsfeld, Wolfowitz, Douglas Feith y otros. A Cheney no lo pudieron quitar porque él era la administración. Las políticas comenzaron a retornar más hacia la norma. Al llegar Obama al cargo, Condoleeza Rice predecía que seguiría las políticas del segundo periodo de Bush, y eso es en gran medida lo que ha ocurrido, más allá del estilo retórico diferente, que parece haber encantado a buena parte del mundo… tal vez por el descanso que significa que Bush se haya ido.
En el punto más candente de la crisis de los misiles cubanos, un asesor de alto rango del gobierno de Kennedy expresó muy bien algo que hoy es una diferencia básica entre George Bush y Barack Obama. Los planificadores de Kennedy tomaban decisiones que literalmente amenazaban a Gran Bretaña con la aniquilación, pero sin informar a los británicos.
En ese punto, el asesor definió la relación especial con el Reino Unido. “Gran Bretaña –dijo– es nuestro teniente”; el término más de moda hoy sería socio. Gran Bretaña, por supuesto, prefiere el término en boga. Bush y sus cohortes se dirigían al mundo tratando a todos como nuestros tenientes. Así, al anunciar la invasión de Irak, informaron a Naciones Unidas que podía obedecer las órdenes estadunidenses, o volverse irrelevante. Es natural que una desvergonzada arrogancia así levante hostilidades.
Obama adopta un curso de acción diferente. Con afabilidad saluda a los líderes y pueblos del mundo como socios y únicamente en privado continúa tratándolos como tenientes, como subordinados. Los líderes extranjeros prefieren con mucho esta postura, y el público en ocasiones queda hipnotizado por ella. Pero es sabio atender a los hechos, y no a la retórica o a las conductas agradables. Porque es común que los hechos cuenten una historia diferente. En este caso también.
Tecnología de la destrucción
El actual sistema mundial permanece unipolar en una sola dimensión: el ámbito de la fuerza. Estados Unidos gasta casi lo mismo que el resto del mundo junto en fuerza militar, y está mucho más avanzado en la tecnología de la destrucción. Está solo también en la posesión de cientos de bases militares por todo el mundo, y en la ocupación de dos países situados en cruciales regiones productoras de energéticos. En estas regiones está estableciendo, además, enormes megaembajadas; cada una de ellas es en realidad es una ciudad dentro de otra: clara indicación de futuras intenciones. En Bagdad se calcula que los costos de la megaembajada asciendan de mil 500 millones de dólares este año a mil 800 millones en los años venideros. Se desconocen los costos de sus contrapartes en Pakistán y Afganistán, como también se desconoce el destino de las enormes bases militares que Estados Unidos instaló en Irak.
El sistema global de bases se comienza a extender ahora por América Latina. Estados Unidos ha sido expulsado de sus bases en Sudamérica; el caso más reciente es el de la base de Manta, en Ecuador, pero recientemente logró arreglos para utilizar siete nuevas bases militares en Colombia, y se supone que intenta mantener la base de Palmerola, en Honduras, que jugó un papel central en las guerras terroristas de Reagan. La Cuarta Flota estadunidense, desbandada en los años 50 del siglo XX, fue reactivada en 2008, poco después de la invasión colombiana a Ecuador. Su responsabilidad cubre el Caribe, Centro y Sudamérica, y las aguas circundantes. La Marina incluye, entre sus variadas operaciones, acciones contra el tráfico ilícito, maniobras simuladas de cooperación en seguridad, interacciones ejército-ejército y entrenamiento bilateral y multilateral. Es entendible que la reactivación de la flota provoque protestas y preocupación de gobiernos como el de Brasil, el de Venezuela y otros.
La preocupación de los sudamericanos se ha incrementado por un documento de abril de 2009, producido por el comando de movilidad aérea estadunidense (US Air Mobility Command), que propone que la base de Palanquero, en Colombia, pueda convertirse en el sitio de seguridad cooperativa desde el cual puedan ejecutarse operaciones de movilidad. El informe anota que, desde Palanquero, casi medio continente puede ser cubierto con un C-17 (un aerotransporte militar) sin recargar combustible. Esto podría formar parte de una estrategia global en ruta, que ayude a lograr una estrategia regional de combate y con la movilidad de los trayectos hacia África. Por ahora, la estrategia para situar la base en Palanquero debe ser suficiente para fijar el alcance de la movilidad aérea en el continente sudamericano, concluye el documento, pero prosigue explorando opciones para extender el sistema a África con bases adicionales, todo como parte de un sistema global de vigilancia, control e intervención.
Estos planes forman parte de una política más general de militarización de América Latina. El entrenamiento de oficiales latinoamericanos se ha incrementado abruptamente en los últimos 10 años, mucho más allá de los niveles de la guerra fría.
La policía es entrenada en tácticas de infantería ligera. Su misión es combatir pandillas de jóvenes y populismo radical, término este último que debe de entenderse muy bien en América Latina.
El pretexto es la guerra contra las drogas, pero es difícil tomar eso muy en serio, aun si aceptáramos la extraordinaria suposición de que Estados Unidos tiene derecho a encabezar una guerra en tierras extranjeras. Las razones son bien conocidas, y fueron expresadas una vez más a fines de febrero por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los ex presidentes Cardoso, Zedillo y Gaviria. Su informe concluye que la guerra al narcotráfico ha sido un fracaso total y demanda un drástico cambio de política, que se aleje de las medidas de fuerza en los ámbitos interno y externo e intente medidas menos costosas y más efectivas.
Los estudios llevados a cabo por el gobierno estadunidense, y otras investigaciones, han mostrado que la forma más efectiva y menos costosa de controlar el uso de drogas es la prevención, el tratamiento y la educación. Han mostrado además que los métodos más costosos y menos eficaces son las operaciones fuera del propio país, tales como las fumigaciones y la persecución violenta. El hecho de que se privilegien consistentemente los métodos menos eficaces y más costosos sobre los mejores es suficiente para mostrarnos que los objetivos de la guerra contra las drogas no son los que se anuncian. Para determinar los objetivos reales, podemos adoptar el principio jurídico de que las consecuencias previsibles constituyen prueba de la intención. Y las consecuencias no son oscuras: subyace en los programas una contrainsurgencia en el extranjero y una forma de limpieza social en lo interno, enviando enormes números de personas superfluas, casi todas hombres negros, a las penitenciarías, fenómeno que condujo ya a la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, por mucho, desde que se iniciaron los programas, hace 30 años.
Aunque el mundo es unipolar en la dimensión militar, no siempre ha sido así en la dimensión económica. A principios de la década de 1970, el mundo se había vuelto económicamente tripolar, con centros comparables en Norteamérica, Europa y el noreste asiático. Ahora la economía global se ha vuelto aún más diversa, en particular tras el rápido crecimiento de las economías asiáticas que desafiaron las reglas del neoliberal Consenso de Washington.
También América Latina comienza a liberarse por sí sola de este yugo. Los esfuerzos estadunidenses por militarizarla son una respuesta a estos procesos, particularmente en Sudamérica, la cual por vez primera desde las conquistas europeas comienza a enfrentar los problemas fundamentales que han plagado el continente. He ahí el inicio de movimientos encaminados a la integración de países que tradicionalmente se orientaban hacia Occidente, no uno hacia el otro, y también un impulso por diversificar las relaciones económicas y otras relaciones internacionales. Están también, por último, algunos esfuerzos serios por dar respuesta a la patología latinoamericana de que son los estrechos sectores acaudalados los que gobiernan en medio de un mar de miseria, quedando los ricos libres de responsabilidades, excepto la de enriquecerse a sí mismos. Esto último es muy diferente de Asia oriental, como se puede medir observando la fuga de capitales. En Asia oriental tales fugas se han controlado con mucha fuerza. En Corea del Sur, por ejemplo, durante su periodo de rápido crecimiento, la exportación de capitales podía acarrear la pena de muerte.
Estos procesos en América Latina, en ocasiones encabezados por impresionantes movimientos populares de masas, son de gran significación. No es sorpresivo que provoquen amargas reacciones entre las elites tradicionales, respaldadas por la superpotencia hemisférica. Las barreras son formidables, pero, si logran remontarse, los resultados van a cambiar en forma significativa el curso de la historia latinoamericana, y sus impactos más allá de ella no serán pequeños.

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¿Estallará violentamente el malestar social?

lunes, 21 de septiembre de 2009

Autor: Álvaro Cepeda Neri.

Los mexicanos, en su mayoría, no menos de 100 millones (el resto, según el último censo de más de 103 millones, son los multimillonarios, los ricos, la élite política y las delincuencias vertebradas en su cúspide por los narcotraficantes, viviendo económicamente a sus anchas), tras el desbordamiento de la corrupción, decadencia del presidencialismo e ineficacia de la política al abandonar sus fines democráticos y republicanos, a partir del lopezportillismo, su aborto delamadridista y los abusos del autoritarismo sangriento del salinismo-zedillista, llegaron al límite con la fallida alternancia foxista-calderonista.
Esta derechización panista se incubó en la derechización priista a partir de 1968; 1971 puso las condiciones para ese viraje con el echeverriato, cuyos síntomas y hechos irrumpieron con el alemanismo. Fue así que en 1946 la conducción política-económica del país cortó de tajo el nudo de los compromisos conquistados por la Revolución de 1910, que culminó con las reformas a los fines de la Constitución de 1857 y puso en vigor la ahora contrarreformada por más de 400 cambios, Constitución de 1917.
Las crisis amontonadas a las puertas desvencijadas del sistema político se presentan en el relajamiento constitucional, renacimiento del caciquismo de los Estados, rompiendo con sus autonomías feudales, la coordinación del federalismo y enfrentándose para rivalizar con el supremo poder del Estado federal.
Elites políticas pasadas fraudulentamente por las urnas y funcionarios por nombramiento constituyen la clase beneficiada por detentar el poder y los toma y daca con los poderes fácticos de los medios de comunicación (sobre todo el duopolio televisivo y las radiodifusoras, cuyas concesiones son, por la vía de las amenazas cumplidas, ya de su propiedad).
El malestar social se presenta con más intensidad por las nuevas desgracias: un Estado policiaco-militar que de facto constituye un golpe militar tras el presidencialismo calderonista y un panista que afirma seguirá combatiendo a las delincuencias, atropellando el federalismo y “sin permiso” del artículo 29 constitucional.
Desempleo alimentado con despidos masivos; desplome del consumo; empobrecimiento devastador; falta de credibilidad en los funcionarios; desprecio de las elecciones… Millones de mexicanos sin acceso a las instituciones de salud, otros tantos rechazados en las escuelas de estudios superiores y arrojados a la drogadicción… Ciudades sitiadas por ladrones para drogarse; tribunales de a tanto por cuanto para impartir injusticia a las víctimas; policías corruptas… El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en total desprestigio; los Azcárraga y Salinas Pliego apoderándose, desde el poder inmenso de sus televisoras, de cuanto negocio hay; los multimillonarios, con Slim y la dueña de la cervecería más importante, dedicados a las inversiones inmobiliarias… La plutocracia en su apogeo.
Ya no tarda en estallar la violencia social: por hambre, falta de trabajo, por abusos en las juntas de Conciliación y Arbitraje; por jueces vendidos, abusos de Hacienda por exceso de impuestos y cobros-robos de la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, las dos empresas que venden electricidad con recibos leoninos.
Y no es que la historia se repita, pero sí que “el terreno ganado por una generación puede ser perdido por la siguiente… todo lo que adviene es, en realidad, nuevo; todo presente se transforma de infinita e imprevisible manera; la realidad es más pródiga que la más febril fantasía” (Herbert A. L. Fisher, Historia de Europa, y Veit Valentin, Historia universal).
Porque lo que pasa en nuestro país presenta nuevas causas de las rebeliones que se anuncian contra el mal gobierno. Es la violencia contra la concentración de la riqueza y, desde López Portillo, contra el ejercicio del poder federal en manos de quienes se han salido del acatamiento constitucional. Y de la descomposición de los gobernantes, vorazmente corruptos, en las entidades de la federación donde su integración municipal ha dejado de ser “su organización política y administrativa”.
No tenemos políticos, tenemos ladrones. No tenemos funcionarios, tenemos depredadores. No tenemos jueces, tenemos delincuentes en los tribunales. No tenemos legisladores y, los que hay con visión de Estado, se pierden en ese grupo que vomita leyes, que son una telaraña para hacer víctimas a los mexicanos.
Los poderosos del dinero y poder político-administrativo en las cúpulas sólo se sirven para su beneficio, y usan al Estado mexicano como una cueva de Alí Babá, donde sus tesoros son para su familia, cómplices, empresarios, banqueros y dueños de los inmensos capitales.
En consecuencia, aumenta la pobreza a extremos de miseria, hambre, drogadicción, enfermedades, desempleo, en medio de la cual se levantan centros comerciales y mansiones… rodeados por millones de pobres que aisladamente roban, asaltan, cometen homicidios; en tanto las pandillas secuestran, son narcotraficantes, sicarios, tratantes de mujeres, roban niños y los venden o prostituyen.
La violencia social en un Estado policiaco-militar, con un presidencialismo débil, alcohólico, corrupto, anticonstitucional (el teatro Jiménez Rueda ha presentado lo que en su tiempo fue el precedente calderonista: Eduardo II, el drama teatral de Christopher Marlowe), está por estallar ante la indiferencia de gobernantes y millonarios que usan al Estado para sus fines, olvidando que la Revolución inconclusa de 1910-1917 (Orlando Fals Borda, Las Revoluciones inconclusas en América Latina: 1809-1968) llega a su centenario como la piedra de toque para el estallido de la violencia social y que ocurre cuando “la desadaptación surge en la sociedad, quiérase o no, cuando ésta se halla inmersa en momentos de conflicto y tensión como los actuales” en México.
“Se dice que no hay peligro, porque no hay agitación. Se dice que, como no hay desorden material en la superficie de la sociedad, las revoluciones están lejos de nosotros… se ha hablado de cambios en la legislación. Yo me siento muy inclinado a creer que esos cambios no sólo son muy útiles, sino necesarios: así, creo en la utilidad de la reforma electoral, en la urgencia de la reforma parlamentaria, pero… muy pronto, la lucha política se entablará entre los que poseen y los que no poseen…
“Cuando trato de ver, en los diferentes tiempos, en las diferentes épocas, en los diferentes pueblos, cuál ha sido la causa eficiente que ha provocado la ruina de las clases que gobernaban, veo perfectamente tal acontecimiento, tal hombre, tal causa accidental o superficial, pero podéis creer que la causa real, la causa eficiente que hace que los hombres pierdan el poder es que se han hecho indignos de ejercerlo… por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios”. Son palabras de Tocquevielle, hace dos siglos.
El último malestar social mexicano tuvo lugar hace un siglo. Estalló por las causas y circunstancias nuevamente presentes en el México de la derechización que empezó hace 33 años.


La espiral de la pobreza
Roberto Salomón / Prensa Latina

En efecto, a consecuencia de la debacle, contingentes de seres que quedaron desempleados, quienes anteriormente miraban la miseria como algo desconocido y lejano, ahora ven en ella un fenómeno que puede afectarlos de un momento a otro.
Actualmente clasifican como pobres unas 1 mil millones de personas, y esa cifra crece cada vez más, no sólo por la recesión global y los crecientes despidos, sino debido a las relaciones económicas y comerciales de dominación existentes desde hace mucho tiempo.
Éstas generan un mundo bipolar en el que se acumulan, en un extremo las riquezas y en el otro la pobreza, la que a su vez agrava el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la carencia de instrucción, el número de muertes y otros males.
Según reconoce el Banco Mundial (BM), la brecha entre ricos y pobres se ha duplicado en los últimos 40 años, y su aumento continúa.
De acuerdo con cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, la crisis podría dejar desempleadas a 50 millones de personas a escala global, lo cual acentúa la espiral de la pobreza en el mundo.
En Estados Unidos cerca de 3 millones perdieron sus puestos de labor en 2008 y la cifra siguió en aumento notable en lo que va del año con el avance de la recesión en ese país.
Asimismo, en Latinoamérica, la región más desigual del planeta, el comercio, el consumo y las remesas dejaron a más de 1 millón de personas sin dinero y sin trabajo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que si bien ese flagelo había retrocedido antes de la debacle del 44 al 35 por ciento de la población del área –unos 570 millones de habitantes–, ahora escalará de manera significativa.
Esto ahondará la brecha existente en una región donde el 10 por ciento más rico tiene el 48 por ciento de los ingresos, mientras el 10 por ciento más pobre, sólo el 1.6.
En el centro de esa situación está el proceso de globalización económica asentado en el neoliberalismo y las recetas de ajuste macroeconómico, lo que determina que hoy los pobres y marginados lo sean más que nunca.
No pocos expertos coinciden en que esta crisis sistémica del capitalismo refleja las consecuencias de ese modo de producción, que permite a quienes tienen el poder, la búsqueda de las mayores ganancias, no importando su impacto negativo en la sociedad.
Al operar éste diariamente una red financiera global estimada en más de 1.5 millones de millones de dólares, dificulta en gran medida a las naciones del Sur sostener sus divisas, su producción y sus empleos.
Tenemos un mundo de gente rica y otro de pobres, y el foso entre ellos se expande de manera constante, lo cual pone una gran responsabilidad sobre nosotros, particularmente si queremos evitar más guerras, advertía recientemente el libio Ali Abdussalem Treki, tras ser electo presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Abordar la pobreza y los derechos humanos resulta esencial para alcanzar la paz y la seguridad internacional, afirmaba el funcionario.
Es urgente destinar una mayor cantidad de recursos para combatir ese fenómeno, así como las enfermedades, y ofrecer educación y servicios de salud de buena calidad, apuntaba además.
Hoy se habla de la pobreza y la lucha contra ella con diversos fines, desde quienes realmente están interesados en el desarrollo económico de sus países, hasta los que emplean una doble moral al respecto, entre quienes se incluyen el BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Existen gobiernos interesados verdaderamente en el desarrollo económico y poner los recursos naturales al servicio nacional para acabar con la miseria y la desigualdad social. Sin embargo, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países ricos de Occidente se declaran a favor de que ese flagelo desaparezca, pero en la práctica hacen muy poco en esa dirección.
Incluso defienden a capa y espada el actual orden económico y comercial internacional, que dificulta el acceso al desarrollo y contribuye a eternizar la pobreza.
La mayoría de las naciones donantes de ayuda, agrupadas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, incumplen sistemáticamente –encabezadas por Estados Unidos– el compromiso de aportar el 0.7 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) para enfrentar ese mal.
Ellas y organismos como el BM y el FMI propugnan el equívoco de que sólo mediante el comercio y su liberalización, y el crecimiento económico, los países del Tercer Mundo accederán al desarrollo.
La falsedad de ese criterio se constata en que muchos experimentan crecimientos del PIB y del intercambio comercial, pero aumentan en ellos los niveles de pobreza e inequidades por la desigual distribución de las riquezas producidas y de los ingresos.
Recientemente la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo consideró en un informe que la situación de la pobreza a escala internacional demanda plantearse interrogantes de fondo sobre la naturaleza y el sentido de la economía.
¿Es acaso esta última un mecanismo autónomo y autorregulado, como las galaxias y el sistema solar, o un producto de la cultura y la sociedad, el resultante de un sistema de valores?, se preguntaba un funcionario de ese organismo.
Una vez más el impulso hacia el cambio de la situación procede menos de un debate teórico que de la realidad: el enorme foso que separa a los ricos de los pobres, añadiría.
Según la ONU, basta ilustrar sobre esto último con la comparación de dos cifras: para garantizar a todos los niños del orbe el acceso a la enseñanza primaria se requieren 6 mil millones de dólares al año. Sin embargo, Estados Unidos gasta en ese lapso 8 mil millones en cosméticos.
Este contraste grotesco muestra hasta qué punto los problemas del desarrollo y la pobreza siguen, pese a las promesas del Consenso de Washington y la globalización neoliberal de solucionarlos mediante las fórmulas del mercado.
A casi una década de iniciado el siglo XXI, continúa sin resolver las dificultades más serias del anterior: el hambre, la pobreza, la acentuación de las desigualdades dentro de las naciones o entre ellas.
Se requiere concebir estrategias de desarrollo a largo plazo en un mundo en el que las corrientes financieras se tornaron globales y en que los golpes especulativos y la fragilidad de los mercados aniquilan en pocas semanas años de avances.
A juicio del sacerdote católico y sociólogo marxista belga Francois Houtart, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina y director del Centro Tricontinental de Documentación e Investigación, “la pobreza es un problema social históricamente construido”.
En una economía de mercado capitalista (la pobreza) debe ser analizada a la luz de los vínculos sociales existentes, tanto en el interior de cada sociedad, como en un plano mundial, particularmente en el de las relaciones Norte-Sur, insiste.
Ese fenómeno puede ser erradicado, ya que hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. Sin embargo, el problema no radica sólo en el reparto desigual, sino sobre todo en el hecho de que la producción de la riqueza, tal como la concibe la lógica capitalista, se apoya en la pobreza.
Peor aún, argumenta Houtart, el crecimiento económico bajo ese sistema está condicionado por la reducción de las protecciones sociales, la privatización de los servicios y el aumento de las desigualdades.

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Sucesión 2010, la guerra que viene

martes, 18 de agosto de 2009

Escrito por Víctor Leonel Juan Martínez. De “Revolucionemos Oaxaca”.
I. Escenarios de la sucesión; el inicio

“No nos une el amor, sino el espanto”, una frase de Borges, sintetiza el llamado de políticos y partidos opositores a constituir una alianza para enfrentar al PRI en los comicios del año próximo, en que se disputan la gubernatura, el Congreso local y las presidencias municipales.
Y es que, entre las muchas consecuencias que traen los resultados de la elección federal del pasado 5 de julio, es la redefinición de los escenarios en Oaxaca para la sucesión gubernamental del 2010. Para el PRI porque, en la correlación interna de fuerzas, el carro completo fortalece algunas posiciones en detrimento de otras. Para los partidos opositores, porque, igual que sucediera en 2003, tras el proceso electoral federal, inmediatamente han denunciado que en Oaxaca se realizó una elección de Estado y han convocado a una alianza opositora, como la única vía para ganarle al hegemónico partido y organizar un gobierno de transición.

Sin embargo, habrá que analizar con mesura el aparente “regreso” del PRI como primera fuerza política. Si se observa con detenimiento puede apreciarse que el regreso espectacular no es tal. En cambio lo que sí evidencia la jornada es un aparatoso desplome del PAN y una desastrosa división de la izquierda, que en tres años dilapidó el mayor capital político-electoral de su historia. Así lo muestran los datos, pues el priismo mantiene el promedio de votantes en elecciones intermedias y en situaciones de alto abstencionismo, como el presentado el 5 de julio (Ver Las lecciones de la elección, revista En Marcha 116, en circulación).

Una situación que encuentra un claro ejemplo en una de las entidades claves en esa engañosa recuperación, en donde el tricolor arrasó en todos los distritos electorales y aportó más diputados a su causa: Oaxaca. Si bien el PRI obtiene el 43.8 por ciento de la votación, es menor a lo alcanzado en 2003 en que logró el 44.49 de los sufragios emitidos; y es la tercera cifra más baja en su historia en la entidad, sólo después de la elecciones presidenciales de 2004 (42.73) y 2006 (ahí obtuvo 31.72). En procesos intermedios, es el porcentaje más bajo que ha obtenido.

En contrapartida, para el PRD es la segunda votación más baja en su historia estatal al obtener el 15.9 por ciento de la votación y ser relegada al tercer lugar. Su bajo porcentaje de votos es superado sólo por un lejano 9.26 obtenido en 1991, su primer año en que participa como partido político.

Para el PAN, en Oaxaca también decae ligeramente, si bien se posiciona como segunda fuerza en la entidad al obtener el 16.4 por ciento, poco más de un punto porcentual menos del alcanzado hace seis años (17.6)

Convergencia también baja la votación obtenida (4.6 por ciento), respecto al 2003 (5.1). Y el PT obtiene su máximo histórico en la entidad (4.9 por ciento), superando con creces el 3.1 obtenido hace seis años.

Aquí se puede notar que si bien hay una recuperación del PRI respecto al 2006, en mucho se debe a que ese proceso fue atípico, como hemos explicado en otros textos (Cuando los abstencionistas deciden. En Marcha 113), pero que en una perspectiva ampliada, se puede apreciar que se conserva dentro de su promedio, e incluso que va a la baja, si consideramos la variable de participación-abstención que también abordamos en el artículo de referencia; además de que en ese año, la disputa se dio entre coaliciones de partidos.

Por supuesto, estos resultados electorales, si bien son una base con la que los partidos arrancan con miras a la próxima sucesión presidencial del 2012, no sólo no las condiciones, sino que están muy lejos de garantizar resultado alguno.

Entonces no se puede confiar en que esta elección intermedia sea una radiografía de lo que sucederá en los comicios a presidente de la República o a gobernador del estado. Incluso sin considerar nada más que las estadísticas electorales, sin valoraciones del contexto y la coyuntura, los datos duros conducen a escenarios distintos.

Tras la pérdida de la presidencia del 2000, como hemos visto, en 2003, el PRI tuvo una “regreso” similar, tan sólo para que tres años después, en 2006, tuviera una severa derrota que lo ubicara como tercera fuerza política.

Se puede decir lo mismo de la disputa por la gubernatura del próximo año. El promedio de votos que ha obtenido el PRI en las dos últimas elecciones a gobernador, es ligeramente superior al 47 por ciento. Los votos sumados a favor del PAN y PRD, son en promedio del 45 por ciento, en esos años de 1998 y 2004.

El 5 de julio pasado, la suma de los votos de los posibles partidos que integren una alianza alcanza el 42 por ciento; a menos de dos puntos porcentuales de los obtenidos por el PRI. Así las cosas, una abstención menor, combinado con una coalición de partidos y una estrategia inteligente, nos permite observar que puede construirse un escenario de alta competitividad en las elecciones de 2010

Más allá de las cifras, un hecho a destacar es que merced a la correlación de fuerzas dibujada por esos comicios, paradójicamente a lo que ha sido su tradición, la decisión en el PRI será eminentemente local; es decir, el proceso sucesorio estará definido por las estrategias de los actores políticos que pretenden la candidatura, los grupos de interés locales, y jugando con más libertad que nunca, el gobernador del estado marcará la pauta.

Por el contrario, la posición de los partidos opositores dependerá en gran medida de los acuerdos y lineamientos de sus dirigencias nacionales. La dinámica de lo que suceda en el país, será decisivo para el rumbo que para el 2010 tomen PAN, PRD, PC y PT.

No son otras las razones, sino querer influir en ese proceso, de las recientes visitas del expresidente Carlos Salinas de Gortari, del “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador y del recién ungido dirigente nacional del PAN César Nava. La gubernatura de Oaxaca, junto con los otros procesos estatales que se realizan el año próximo, son trascendentales para definir los rumbos del proceso de 2012. De ahí su importancia estratégica.

Son estos escenarios y posibilidades las que revisaremos a continuación.


II. El PRI, continuismo hacia atrás

Tras sus triunfos de 2007 y 2009, el PRI está lejos de seguir el consejo de Sun Tzu: “cuando se ha conseguido la victoria, no vuelvo a emplear la misma táctica otra vez, sino que, respondiendo a las circunstancias varío mis métodos hasta el infinito”. Aquí por el contrario se empecinan en seguir una estrategia que poco tiene que ver con el hábil ejercicio de la política y, con las viejas reglas no escritas del sistema político mexicano, se está jugando la definición del candidato del PRI a suceder a Ulises Ruiz Ortiz (URO). Aunque, aparentemente son media docena los aspirantes, las posibilidades reales se reducen a dos o tres.
¿DELFINATO?

Con el arrollador triunfo priista, “haiga sido como haiga sido” (Calderón dixit), crece la probabilidad de que el gobernador Ulises Ruiz imponga como su sucesor al cuestionado Jorge Franco Vargas. Hasta antes del 5 de julio en los corrillos de la real politik se señalaban los riesgos de tal determinación: el veto del gobierno federal, la animadversión de distintos sectores de la población hacia su candidatura, la posibilidad de reactivación del movimiento social y del magisterial en su contra, una creciente corriente interna adversa que podría fracturar al partido.

Tras los comicios federales esas variables cambiaron. Siendo el presidente Felipe Calderón el principal derrotado, nada podrá hacer para vetar a ningún candidato, máxime que URO es de los artífices del triunfo del PRI que defenderá sus intereses ante cualquier intento de intromisión del gobierno federal.

La influencia notoria de Franco en el gobierno ulisista y su permanencia al frente del PRI, le han permitido crear una estructura de incondicionales y aliados en toda la entidad; además, ya mediante los amplios recursos económicos de que hace uso o bien por la mano dura de que hace gala, copta o dobla a adversarios, presidentes municipales, dirigentes opositores, tránsfugas priistas, para que entren a su redil.

La impopularidad del dirigente estatal del PRI sería el factor de mayor preocupación pues puede unir a todos en su contra, fracturar al partido y, en sentido contrario, generar el impulso que requeriría un candidato opositor para ganar los comicios. Sin embargo, en la valoración interna se soslaya este riesgo, la soberbia hace pensar que el antídoto para contrarrestarlo se encuentra en la bien aceitada maquinaria priista y la estructura gubernamental (que para el caso es la misma), además de los millonarios recursos públicos que se destinarán a la compra y coacción del voto, así como a la cooptación de dirigentes seudo opositores.

Del movimiento popular, éste se encuentra desarticulado y, si no hay una situación de gravedad que lo reanime, poca incidencia tendrá en el proceso electoral del 2010; del magisterio difícilmente el gobierno repetirá la estulticia del 2006, más bien estará presto a satisfacer los avorazados intereses de la sección 22, para que, ésta finja llamar al voto de castigo y se retire; y es que ese discurso y prácticas magisteriales, también son artilugios conque cuenta el PRI para sostenerse en la entidad.

Sin embargo, nunca se tiene todo el control y habrá que esperar cómo se mueve la correlación de fuerzas e intereses diversos que rodea todo proceso sucesorio.
¿REBELIÓN INTERNA?

En los escenarios del PRI, todo indica que sólo las aspiraciones del senador Adolfo Toledo Infanzón podrían descarrilar las intenciones de la imposición. El istmeño se ha preparado durante tres sexenios para este momento, en los que ha montado una sólida estructura, particularmente robustecida durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Rural (en ese entonces SEDAF) y el COPLADE, posiciones desde las cuales no sólo creo un equipo de incondicionales en la estructura gubernamental y partidaria en toda la entidad, sino que también estableció relaciones con grupos opositores, organizaciones sociales y diversos actores políticos regionales y locales.

Por otro lado, ha estado lejos de enfrentarse abiertamente con los equipos de los gobernadores con quienes ha trabajado: Diódoro Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz. Por eso puede capitalizar los excesos en que ha incurrido la burbuja gobernante, pues aunque ha formado parte de ella, una buena parte de la militancia que desaprueba la faz autoritaria del régimen, podría identificarse con él.

Además, su posición como senador le permitió evitar una confrontación directa con los actores políticos en 2006 —si bien en la burbuja priista éste es uno de sus pecados—; del mismo modo le permite presentar una imagen alejada de la actual administración gubernamental, para no asumir los costos de sus yerros. Activos que serán de gran utilidad, máxime si se tiene que enfrentar a una alianza opositora.

En contra obraría la derrota en los comicios en el 2006, pues es senador plurinominal, dado que en la contienda de mayoría perdió ante las fórmulas de la Coalición por el Bien de Todos.

También en su pasivo se encuentra su conocida disciplina ante los designios del gran elector; acatar sin cortapisas una imposición: moverse sólo en los límites de lo permitido por las reglas no escritas del juego sucesorio, no romper con el PRI ni valorar siquiera la posibilidad de disputar por otra vía (como un partido de oposición) la gubernatura del estado. Esto representaría, quedarse a medias, justo en lo que parecería la más importante oportunidad en su carrera política, y con difíciles oportunidades de que pudiera repetirse.
LA PASARELA COMPLETA

De los otros personajes que manifiestan en público o en privado sus aspiraciones a suceder a URO: José Antonio Estefan Garfias, José Antonio Hernández Fraguas, Eviel Pérez Magaña, Héctor Pablo Ramírez Puga, Martín Vásquez, más los que se acumulen, son personajes necesarios para mantener la tradición de mostrar un amplio abanico de opciones, pero sus posibilidades son escasas y dependen de su habilidad para el manejo de las coyunturas y su capacidad de formar un capital político que les permita reclamar por lo menos un cambio en las reglas; sin embargo, difícilmente se atreverán a indisciplinarse o a exigir una consulta interna a las bases (la que, además, estaría controlada por el Comité Directivo Estatal del PRI, que a su vez está bajo el control de Franco.

Claro, en ese rejuego también puede fortalecerse alguna candidatura que el gran elector tenga siempre a la mano por sí fallan las condiciones para nombrar al favorito, así como para negociar con los intereses que se mueven en torno al proceso sucesorio. En los rituales priistas, estos guiños, deferencias, detalles incluso de la vida privada, son señales que se envían, lo mismo para desestimar a unos, como para encumbrar a otros.

Por eso se explica la creciente exposición del diputado federal electo Eviel Pérez Magaña, quien ha sido designado coordinador de la bancada oaxaqueña en la próxima legislatura federal y que realiza giras por toda la entidad; trabaja con el beneplácito del gobernante para ver “hasta dónde puede crecer”; cuando se tome la decisión, según el peso de los intereses y las presiones, puede estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado.

De ahí también los intentos de los otros personajes de hacerse notar lo más que se pueda. Sin embargo, sus apuestas son más bien a que la confrontación entre los candidatos con posibilidades reales se tensen a tal grado que se requiera a un tercero en discordia, lo cual es una contingencia lejana; pero, por los servicios prestados, bien pueden negociar una posición en el próximo sexenio.

No falta mucho para conocer la decisión final. El nombre del ungido habrá de conocerse antes de que concluya este año, pues los intereses son muchos y esperar en demasía, con esta clase política atrabiliaria, puede provocar una inestabilidad innecesaria.

III. Alianza opositora: “no nos une el amor sino el espanto”


Recién se conocían los resultados de los comicios del 5 de julio, cuando ya el senador Gabino Cué, llamaba a una alianza opositora con miras a las elecciones a gobernador de 2010, como única posibilidad de enfrentar al aparato estatal volcado a favor del PRI. Pronto respondía Ugartechea del PAN señalando que cualquier alianza tendría que ser construida desde la sociedad civil; más tarde, el panismo otorgaba un voto de confianza a su dirigencia para dialogar con otros partidos y evaluar las posibilidades de la alianza; en el PRD, Lenin López Nelio, formalmente secretario general del comité estatal, se pronuncia a favor de construirla. Esta semana, excandidatos del PRD, PAN y PC han convocado a un foro sobre el mismo tema.

El objetivo que los articula, es derrotar al autoritarismo priista. En ese sentido tienen razón, tal vez la alianza sea la única posibilidad de obtener un triunfo en los comicios del 2010; pero no basta, si no se propician las condiciones necesarias para ello.
ENEMIGOS EN LO FEDERAL, ¿ALIADOS EN LO ESTATAL?

La aparente buena disposición de los partidos políticos en el ámbito local, puede chocar con la confrontación que tienen en el federal; por eso las posibilidades de la alianza opositora estarán condicionadas por los acuerdos o desencuentros que se vayan tejiendo en la política nacional.

La cuestión de mayor relevancia es la relación entre el partido del presidente Felipe Calderón (PAN), con los partidos de Andrés Manuel López Obrador (PC-PT y una fracción de PRD). Un escenario complicado es que por un lado tengan una confrontación permanente, cargada de descalificaciones mutuas; y, por otro, coincidan en una candidatura de unidad en Oaxaca. Situación que, por supuesto, tampoco es imposible, ya en 2004 hubo un ejercicio similar, si bien entonces no existía un enfrentamiento al nivel que ahora protagonizan el autodenominado “presidente legítimo”, con Felipe Calderón y el PAN.

Ese constituirá uno de los principales obstáculos a vencer. Por lo pronto el nuevo dirigente nacional del PAN, César Nava, ha manifestado su disposición a construir una alianza en Oaxaca y ya hay acercamientos con la estructura formal del PRD.

Pero, falta vencer las reticencias de AMLO; ¿alguien se lo imagina compartiendo un mitin con César Nava?, y ya ha adelantado que “el PRI y el PAN son lo mismo”. De la valoración que haga el excandidato presidencial, también depende en mucho la definición de la alianza.
¿DE SEUDO OPOSITORES, A DEMÓCRATAS?

Otro obstáculo es, paradójicamente, la posición de las dirigencias estatales de los partidos políticos de oposición. Casi todos responden a los intereses del PRI.

O en el PRD local, a quien de las tribus y familias que lo regentan se imagina impulsando un gobierno de transición: ¿Los Jara?, ¿los Serrano Toledo?, ¿los Carmona Laredo, ¿los Vásquez Luis?, ¿los Ramírez Mijangos?, ¿los López Nelio Santiago?, etcétera, etcétera.

Y en el PAN: ¿a Carlos Moreno Alcántara, conocido por su complacencia con el gobierno en turno?, ¿a Guillermo Zavaleta que tan buenos servicios a hecho al ulisismo?, ¿a los diputados locales que sesión tras sesión rinden pleitesía al gobierno en turno?

Sin duda, si algo ha sido exitoso en el trabajo del PRI en Oaxaca y explica en mucho sus triunfos, ha sido que han puesto en práctica la máxima: “en política, todo lo que se compra con dinero es barato”. Y, lo mismo con prebendas, tráfico de influencias, recursos, el caso es que los seudo opositores, no hacen sino obedecer consignas. Fueron perredistas y panistas los que se opusieron en 2004 a una alianza opositora y no fue sino hasta que las dirigencias nacionales se los ordenaron, que tuvieron que plegarse. Los mismos que en el conflicto de 2006, fueron sostén del Legislativo y operaron en contra del movimiento social. Los que avalan lo mismo cuentas públicas, que atropellos legislativos.

Han constituido un dique ya no digamos para la transición en Oaxaca, sino para siquiera intentar hacer un mínimo contrapeso al Ejecutivo. Las repentinas posiciones contestatarias de personajes como Lenin López Nelio, obedecen más a pleitos por prebendas o a los excesos autoritarios del dirigente priista, a quien antes servía, que a una genuina voluntad democrática.

Seguramente, cuando los tiempos lo requieran o su patrón les instruya, esos opositores de membrete volverán a torpedear cualquier intento de alianza. Mientras hacen como que trabajan para ella, pero si se da, como hace seis, años trabajarán por cotos de poder, por las candidaturas que pepenen, difícilmente se comprometerán por un trabajo responsable.

La posibilidad es que las dirigencias nacionales la arropen, como en 2004, y en el ámbito estatal, algunos personajes más independientes del PRI-gobierno, como Ugartechea en el PAN o los diputados perredistas Othón Cuevas, Carlos Martínez, entre otros, pueden ser el puntal desde donde transformar el partido para generar el ambiente necesario para ir a una alianza.

Convergencia, posiblemente el más interesado en constituir la alianza, carece de la estructura y el peso necesarios para tal empresa, pero, irónicamente, la construcción de acuerdos que impulsan en el ámbito federal, es la que genera mayores posibilidades de concretarla.
EL CANDIDATO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Un tema que polarizará las discusiones será el de quién encabece la eventual alianza: el candidato. Y ya se apuntan tirios y troyanos. Como siempre, se preocupan por recoger frutos de un árbol que aún no han sembrado. “El mejor posicionado”, dicen algunos y esgrimen encuestas para demostrar que son los más conocidos y más viables para encabezarla, como el senador Gabino Cué.

Cierto, el candidato es importante, pero antes deben evaluarse los datos duros. En 2004 los sufragios obtenidos por la coalición Todos Somos Oaxaca (PAN-PRD-PC), con Gabino Cué como candidato, no resultó sino la suma del voto duro de esos partidos. La participación en ese año, fue del 50 por ciento, es decir, no concitó mayor expectativa más que en quienes habitualmente votan en ese tipo de comicios.

Así, si existe una alianza de todos los partidos opositores y la participación ciudadana es igual al promedio de elecciones a gobernador (el 50 por ciento), el juego estará en la cancha priista. Un eventual triunfo opositor en esas condiciones sería por un escaso margen, que la “ingeniería electoral” del tricolor subsanaría sin mayor problema: con una caída del sistema, en casillas zapato en donde no se presenten representantes opositores o en el traslado de los paquetes. Además no hay que olvidar que el árbitro de la contienda (el IEE), juega del lado del PRI. Se requiere entonces una participación que supere los 55 puntos porcentuales, para contrarrestar, y apenas. Sólo el 60 por ciento de electores en las urnas o más, nulifican cualquier operación mapacheril.

Entonces, se requiere un candidato que pueda generar amplias expectativas en la población. Hasta ahora no hay ninguno. Y no se construye de un día para otro. Incluso en las elecciones federales recientes vimos que figuras como AMLO, no despertaron mayor entusiasmo. Por tanto, efectivamente habrá de buscarse entre el mejor posicionado —que hoy todo indica es Gabino Cué—, el que más consensos genere entre las fuerzas políticas participantes y la sociedad civil acompañante; y que sea capaz de capitalizar los excesos del régimen para generar una alternativa de cambio. Pero, el verdadero reto es generar las expectativas necesarias para que la gente salga a votar.

En ese sentido, las posibilidades podrán ir de la mano de los candidatos y las campañas por las diputaciones y, sobre todo, por las presidencias municipales.

IV. ¿Transición o continuismo?; ¿alternancia o cambio?

Si, venciendo todas las resistencias e intereses, se concreta la alianza opositora, ésta carecería de sentido si no va acompañada de una agenda que permita la transformación de las estructuras y las prácticas que tienen a Oaxaca en el atraso político, económico y social.

De no ser así, un eventual triunfo opositor no es garantía de tránsito alguno hacia la democracia, ni siquiera de poner coto a las corruptelas y vicios gubernamentales. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en el ámbito federal; la alternancia en el 2000 no fue sino una reedición de los viejos y anquilosados vicios del sistema político mexicano, que ahora no han hecho sino pluralizarse y tornarse en carta de presentación de los gobiernos de todos los colores partidarios. Y en Oaxaca, un ejemplo lo constituye en la movilización de 2006, que careció de un proyecto político claro, uno de los factores que incidieron en su posterior desarticulación.

La construcción de una agenda común no es tarea fácil. Se requiere de una amplia participación de la sociedad civil, de todos los signos ideológicos. La agenda debe estar lejos de una posición contestataria, en cambio, debe atender los problemas torales de Oaxaca. Se requiere también la participación de expertos que puedan concretar la agenda y no sea un catálogo de buenas intenciones. Habrán de evitarse posiciones extremistas, tanto de partidos como de los representantes de la sociedad. Temas que polaricen las posiciones o que sean evidentemente contrarias a las posiciones de alguno de los partidos —como el aborto, por ejemplo—, tendrán que posponerse a la correlación de fuerzas que resulte y al debate posterior.

Una tarea que se antoja complicada, máxime si predominan los protagonismos y las posiciones intransigentes, situación frecuente en Oaxaca. Pero, si no se logran conciliar esos intereses y posiciones, de poco servirá un acuerdo entre partidos que conduzca a una alternancia, sin cambios en la práctica política. En cambio, una agenda democrática, que atienda los problemas torales de Oaxaca y plantee alternativas de solución, es plausible y puede constituirse en punta de lanza para generar los cambios, independientemente de los resultados electorales, dado que sería indispensable que cualquier gobierno, del color partidario que sea, la asuma como compromiso.
Las municipales, posibilidad de capitalizar

En la historia oaxaqueña, un factor indispensable para el equilibrio y la estabilidad, así como para el inicio de transformaciones de largo alcance, lo constituyen sus municipios y comunidades. Y el año próximo, también habrán de renovarse los gobiernos locales de 570 municipios de la entidad.

La nueva legislación electoral establece que en 2010 se realizarán, al mismo tiempo, comicios para gobernador, diputados locales y presidencias municipales. El hecho de que concurran tres procesos electorales abre posibilidades para todos los partidos para buscar una mayor participación ciudadana. Recordemos que las contiendas que mayor pasión y compromiso despiertan son las elecciones de los ayuntamientos.

De hecho, los primeros y más importantes triunfos opositores lo han sido en los comicios municipales; ahí arrebataron desde 1995 las principales ciudades de la entidad … hasta el 2007; en los pasados comicios estatales, el PRI inicia su recuperación precisamente en los municipios, arrebatando a la oposición un importante número de esos ayuntamientos.

Así, la disputa por la gubernatura en el 2010 podría definirse en gran medida en los comicios municipales, dado que aún cuando pueda presentarse un voto diferenciado, es mayor el peso de las inercias de votar por un solo partido en los tres procesos que concurren.

Por supuesto, ésta es una oportunidad y un reto para todos. Si el PRI repite la estrategia de 2007, dividiendo el voto opositor y empleando toda la estructura y recursos gubernamentales y partidarios, o bien inhibe lo suficiente la participación ciudadana, podrá repetir sus triunfos. Finalmente serán sólo 152 los municipios, pero son los de mayor peso poblacional, los que concentran más de las dos terceras partes de los electores.

Por el lado de la posible alianza, la definición de los candidatos será fundamental, pero entraña gran complejidad. Si bien es cierto que, haciendo un rápido balance, normalmente son dos partidos los que se disputa las presidencia: en algunos PRI vs PAN, en otros PRI vs PRD o PC. Así las cosas, habrían de hacerse a un lado los mezquinos intereses de facciones, familias, tribus y organizaciones sociales, para definir las candidaturas.

En mucho, en la definición de la contienda en los municipios, se juega más que los ayuntamientos, es la definición misma de la gubernatura y la integración del Congreso local.
¿CUÁL FUTURO PARA OAXACA?

“El comienzo de toda guerra puede descubrirse, no en el primer acto de hostilidad, sino en los consejos y los preparativos que la anteceden", señala el poeta inglés John Milton. Así, en Oaxaca las hostilidades por la sucesión gubernamental hace rato que iniciaron. Y es que no es poco lo que está en juego. En el 2010 no es sólo el continuismo o no del grupo en el poder lo que está en juego, sino la posibilidad de exacerbación del rostro autoritario del régimen, o en sentido contrario, de una mayor apertura que permita detener la grave crisis que hace tiempo vive la entidad.
La disputa es en el interior y por fuera de los partidos políticos. Lo mismo en el PRI que en los partidos de oposición se enfrentan fuerzas que son sostén de una u otra posición. Las definiciones no pueden esperar mucho tiempo; antes de que concluya este año, seguramente se sabrá ya si se concreta o no la alianza, así como el nombre del priista que sea ungido.

Más allá de los arreglos o entuertos de la clase política, la definición del rumbo debería ser asumida también y sobre todo por la ciudadanía, informándose, participando, empujando propuestas. Porque como en toda guerra, son los civiles, aquellos que no se encuentran en uno u otro bando, los más perjudicados; y en la tradición oaxaqueña es la sociedad la menos tomada en cuenta y, al mismo tiempo, la principal damnificada.

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¿DERECHOS HUMANOS? HIPOCRESIA DEL GOBIERNO

viernes, 14 de agosto de 2009

LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA Y LA HIPOCRESÍA GUBERNAMENTAL.

Escrito por Víctor Raúl Martínez Vásquez
El secuestro, tortura y lesiones sufridas por Marcelino Coache Verano y la hipocresía con la que el gobierno de Ulises Ruiz dice defender los derechos humanos en Oaxaca, nos obligan a recordar nuevamente la situación que hemos vivido en esta materia durante los últimos años.
Nos interesan particularmente: el derecho a la vida; a la integridad física; la libertad de opinión y pensamiento; la libertad de expresión; el derecho de reunión, asociación, sindicación y participación política; el derecho a la justicia; y la misma defensa de los derechos humanos, es decir, la situación de los defensores de los derechos humanos.
No está por demás recordar que para algunos autores, el llamado “estado de derecho”, supone que los “derechos fundamentales del hombre”, son respetados y “constituyen la finalidad de las instituciones sociales”.
Una forma de acercarnos a la situación de los derechos humanos en Oaxaca es a través de los informes presentados por distintos organismos, y entre los que se encuentran: la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la Comisión Civil Internacional por los Derechos Humanos; Amnistía Internacional; la Comisión de Latin American Studies Associatión (LASA); La Comisión Internacional de Juristas y la Obra Diacónica Alemana, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.
Otras fuentes son los testimonios rendidos por algunos de los afectados(as) y la hemerografía y documentación diversa que existe al respecto.
En los informes encontramos conclusiones escalofriantes respecto de muertes, vulneraciones legales, afectaciones psicosociales y sanitarias, medios de comunicación, hostigamiento y amenazas a defensores de derechos humanos, mujeres, personas y pueblos indígenas.
En esta serie de artículos me referiré brevemente a algunos de los temas incluidos en ellos.
Derecho a la vida: Asesinatos, muertes.
En primer lugar, por su crudeza y los efectos que ha dejado en las familias y la sociedad en general está el tema de los asesinatos y otros decesos con motivo del conflicto del 2006.
Por lo que se refiere al Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue uno de los primeros, presentado en diciembre de aquel año, se reconoció la muerte de 20 personas, 11 de ellas en situaciones directamente relacionadas con los hechos. Las otras, dice la CNDH, “de manera indirecta”.
Por su parte, el Informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, presentado en febrero del 2007, se reconoce la muerte de 23 personas (se incluye aquí la de Serafín García Contreras, ocurrida en la población de Huautla de Jiménez durante la campaña electoral para gobernador y presidentes municipales del 2004).
Se consideran en este documento en orden cronológico los asesinatos y muertes de: El odontólogo y profesor universitario Marcos García Tapia asesinado el 8 de agosto en la ciudad de Oaxaca por un motociclista que le disparo a mansalva. Hasta donde se dijo, el asesinado era simpatizante de la APPO.
El asesinato de los campesinos Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez Martínez y el niño de 11 años Pablo (u Octavio como lo menciona el Informe de la Comisión Internacional de Juristas) Martínez Martínez, ocurrido en la región de Putla de Guerrero el 9 de agosto, cuando salían de su comunidad, para trasladarse al plantón instalado en la ciudad de Oaxaca.
El asesinato el 10 de agosto, en la ciudad de Oaxaca, por un francotirador quien lo acribilló desde la azotea de una clínica particular, del mecánico José Jiménez Colmenares, cuando junto con su esposa, la profesora Florina Jiménez, participaba en una manifestación por la calles de División Oriente de la ciudad de Oaxaca. La marcha exigía la liberación del profesor Germán Mendoza Nube, ocurrida un día antes.
De Gonzalo Cisneros Gautier, ocurrida el 16 de agosto en la villa de Zaachila.El arquitecto Lorenzo San Pablo quien murió acribillado en la ciudad
de Oaxaca el 21 de agosto por un grupo de paramilitares y policías identificado como la “Caravana de la muerte”, en la proximidades de la estación de radio La Ley.
La muerte accidental del motociclista Daniel Nieto Ovando ocurrida en la ciudad Oaxaca el 1 de octubre, quien, al cruzar una barricada, murió degollado por un alambre de púas.
Del profesor José Manuel Castro Patiño quien falleció el 3 de octubre en Amilcingo, Puebla, víctima de un problema cardiaco durante la marcha a la ciudad de México.
El asesinato de Arcadio Fabián Hernández Santiago, miembro del Ayuntamiento Popular de San Antonino Castillo Velasco, el 2 de octubre.
El crimen del profesor Jaime René Calvo Aragón, simpatizante de la sección 59, ocurrida en la ciudad de Oaxaca, el 5 de octubre. Este asesinato, realizado por desconocidos, se le intentó atribuir a la sección 22.Del rotulista Alejandro García Hernández, quien murió el 14 de
octubre en la barricada de Símbolos Patrios, cerca de la colonia Alemán, víctima de los disparos ocasionados por militares.
Del profesor Pánfilo Hernández, asesinado el 18 de octubre al salir de una reunión en la Colonia Jardín de la ciudad de Oaxaca.
El asesinato el 27de octubre del periodista de Indymedia Bradley Ronald Will por un grupo de funcionarios y policías municipales de Santa Lucia del Camino, quienes fueron fotografiados accionando sus armas contra los miembros de la barricada de la colonia Calicanto.
Injustamente, como lo ha reconocido la CNDH, se encuentra encarcelado por este crimen, Juan Manuel Martínez Moreno.
Del maestro Emilio Alonso Fabián 27 de octubre en Santa María Coyotepec, cuando un grupo de pobladores encabezados por el presidente municipal del lugar dispararon contra los participantes del campamento instalado en las inmediaciones de la llamada Casa Oficial y donde, antes del movimiento, despachara Ulises Ruiz Ortiz.En ese mismo entorno, el mismo día, fue asesinado el comerciante Esteban
López Zurita, habitante de Santa María Coyotepec.La muerte de Eudocia Olivera Díaz, quien el 27 de octubre era trasladada grave en una ambulancia a la que se le impidió transitar hacia el área de hospitales para su atención urgente.
De Esteba Ruiz en Santa Lucía del Camino. La muerte por impacto de una bomba de gas lacrimógena del enfermero del IMSS Alberto Jorge López Bernal, quien el 29 de octubre, a la entrada a Oaxaca de la Policía Federal Preventiva, auxiliaba a las personas heridas en el puente del Instituto Tecnológico .
Del albañil Fidel Sánchez García quien falleció asesinado por arma blanca en la ciudad de Oaxaca 29 de octubre a la misma hora que la PFP entraba a Oaxaca. De Roberto Hernández López, asesinado en la zona de Brenamiel de la ciudad de Oaxaca el 29 de octubre, según lo menciona el mismo reporte de la CCIODH. Del periodista Raúl Marcíal Pérez en la población de Juxtlahuaca, el 8 de diciembre.
El Informe de Amnistía Internacional, presentado en fecha posterior, refiere además la muerte el 5 de abril, de Lució David Cruz Parada, quien murió cinco meses después de haber sido herido y después de publicado el informe de la CCIODH, lo que sumaba por tanto, hasta ese momento, un total de 24 muertos(as).
El Informe de la Comisión Internacional de Juristas y la Obra Diacónica Alemana coincide en la cifra. Hasta la fecha de elaborar estas líneas no había ningún responsable detenido por los asesinatos, salvo la injusta detención de Juan Manuel Martínez Moreno. Otros asesinatos se han producido en Oaxaca posteriormente en el marco de la crisis política y que están ligadas directa o indirectamente con ella, como ejemplo tenemos, el asesinato de dos locutoras triques sobre el que volveremos más adelante, l del indígena zapoteco y miembro del Ayuntamiento Popular de San Blas Atempa, Rosalino Díaz Barrera, ocurrido el 30 de enero del 2008.
Derecho a la integridad física, justicia, la libertad: Detenciones arbitrarias, torturas y cargo falsos. Violaciones al debido proceso. Con relación a los heridos, el informe de la CNDH reportaba en el 2006, 381 personas lesionadas en distintos grados y momentos. La mayor parte de estos heridos se dio por agresiones de la policía y enfrentamientos con ella como ocurrió el 14 de junio, el 2 de noviembre, el 25 de noviembre del 2006 y habrá que mencionar también los hechos posteriores del 16 de julio del 2007.
Otros informes señalan cifras parecidas. Muchos de los heridos padecen secuelas físicas y psicológicas.Una de las características de la actuación de las policías, según lo señalan los informes, ha sido el uso excesivo de la fuerza.
Otro tema es el de las detenciones arbitrarias, torturas y cargos falsos, así como las violaciones al debido proceso. Entre los primeros detenidos en agosto del 2006 se encuentran, el dirigente de CODECI Catarino Torres Pereda, el ornitólogo Ramiro Aragón, los profesores Germán Mendoza Nube y el profesor Erangelio Mendoza, a quienes se le aprehendió sin orden judicial alguna, manteniéndolos incomunicados durante varios días.
Posteriormente muchos otros serían detenidos, particularmente, luego de los enfrentamientos con la policía. Aunque no solo en dichas ocasiones y no siempre por esa razón.El Informe de la Comisión Internacional de Juristas menciona que fueron alrededor de 500 los detenidos (as). La explicación se encuentra en la diferencia de tiempo en que se presentaron ambos informes, uno a fines del 2006, el otro, a fines del 2007. Entre los detenidos después del 25 de noviembre del 2006 se encuentran entre otros, Flavio y Homero Sosa, Marcelino Coache, David Venegas, Adán Jiménez. La mayor parte de los detenidos ya se encuentran en libertad por falta de sustento en las acusaciones contra de ellos y gracias a la intervención de organizaciones de derechos humanos y la movilización social y magisterial.
Debemos recordar que el 25 de noviembre del 2006 se contabilizaron 149 presos y presas la mayoría de los cuales fueron trasladados a penales de alta seguridad fuera del estado de Oaxaca, particularmente al estado de México, Nayarit y Tamaulipas. Muchos (as) de los detenidos (as), señalan los informes, no tuvieron intervención en el conflicto y fueron sometidos(as) a malos tratos y degradantes así como vejaciones.
La mayoría de los detenidos sufrieron al principio no solo incomunicación, sino torturas físicas (como golpes, toques eléctricos, quemaduras) y psicológicas. Entre quienes quedo evidenciado por la CNDH que fueron torturados pues se les aplicó el “Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles , Inhumanos o Degradantes” (Protocolo de Estambul), se encuentran: Cesar David Mateos, Jorge Luís Sosa Campos detenidos el 24 de noviembre del 2006 así como: Aurelia Santiago Reyes, Alberto Santiago Pérez, Benito Santiago Caballero, Esmeralda Velasco Morales, Geovanny Alonso Palomec, Javier Sosa Martínez, María del Socorro Cruz Alarcón, Pablo Juventino Solano Martínez, Romualda Lourdes Soriano San Juan, Rosalía Aguilar Sánchez, y Rosario Alicia Castañeda Villanueva, detenidos el 25 de noviembre por la Policía Federal Preventiva.
Con muchos de los detenidos se observó asimismo: falta de atención de un abogado de confianza; asistencia de intérpretes en las diligencias con personas indígenas; falta de respeto al debido proceso y el principio de seguridad jurídica lo que dejó en total indefensión a los afectados.
Asimismo se utilizaron órganos sin cobertura legal como una “fiscalía movil” que inventó la Procuraduría General de Justicia del Estado y que los detenidos, que estaban vendados, suponen se encontraba en un hangar militar del aereopuerto de Oaxaca.
Se vulneraron también los derechos de los infantes que fueron y han sido detenidos con un uso extremado de fuerza y trasladados a penales de adultos.
También se paralizaron muchos procesos sin causa justificada por “órdenes directas del Ejecutivo Estatal”. Sobre las responsabilidades, del análisis lógico jurídico realizado por la CNDH, se desprende que por los hechos ocurridos y las evidencias presentadas en el 2006, las autoridades y servidores públicos señalados en el expediente vulneraron en perjuicio de los agraviados: “los derechos humanos a la libertad de reunión, a la libertad personal por detención arbitraria e ilegal, a las libertades de expresión e información, a la integridad y seguridad personal por afectaciones a la integridad física y por actos de tortura; a la propiedad y posesión por ataques a la propiedad privada; a la legalidad y seguridad jurídica, por dilación en la procuración de justicia, por irregular integración de la averiguación previa; por falta de motivación y fundamentación jurídica por incomunicación y por insuficiente protección de personas…”. Aunque como hemos dicho, a la fecha la mayoría de los detenidos han sido liberados por falta de pruebas y cargos falsos, la mayoría de ellos, más de 200, durante largo tiempo continuaron sujetos a procesos y por ende no gozaron de libertad absoluta.
El gobierno del estado pretendía así mantenerlos amenazados y limitados en sus movimientos. Periódicamente debían presentarse a firmar en los juzgados. Hoy esa situación ha cambiado para la mayoría pues han sido favorecidos con sentencias absolutorias lo cual comprueba la falsedad de los cargos y los abusos de poder. Una treintena de los detenidos han presentado recientemente ante la PGR una demanda en contra de los responsables de las injusticias cometidas en su contra. Permanecen en la cárcel hasta este momento y con motivo de los acontecimientos del 2006, Víctor Hugo Martínez Toledo y Miguel Ángel García quienes, apenas hace unos días, el 6 de marzo, fueron sentenciados a siete años y seis meses de prisión.
A sus casos hay que agregar el de Juan Manuel Martínez Moreno. No son los únicos presos políticos pues se encuentran otros que fueron detenidos con anterioridad a los sucesos del 2006 como los de Xánica, San Blas Atempa, Loxicha, y otros que han sido detenidos con posterioridad. Un aspecto de la mayor relevancia, particularmente en los detenidos y torturados, son las secuelas. Al respecto el Informe de la CCIODH señala que las violaciones a los derechos humanos han tenido altos impactos físicos, emocionales y psicológicos dejando severos daños a las personas, a las familias y a la comunidad: “Se han detectado efectos y síntomas característicos de trastornos de estrés postraumático y de trauma social.
Los más señalados son: revivir permanentemente los eventos traumáticos, despertar bruscamente por las noches, terror nocturno, miedo a determinados ruidos y sonidos, miedo a la soledad, reactividad psicológica a estímulos internos y/o externos, sentimiento de hipervigilancia y manía persecutoria”. Durante los operativos policiacos, como lo reconoce el Informe de la Comisión internacional de Juristas, se dieron acciones represivas indiscriminadas contra la población que dejaron también “una cifra de heridos imposible de determinar”, aunque como hemos dicho la CNDH contabilizó 381 heridos en distintos momentos. Por otra parte, la atención médica fue sumamente tardía e insuficiente. Se registraron casos en que la aprehensión se hizo incluso en los mismos hospitales y estando los detenidos heridos.
Sobre los funcionarios responsables de estas violaciones a los derechos humanos en el 2006, la CNDH señala a la exProcuradora Lizbeth Caña Cadeza, el exsecretario de protección ciudadana Lino Celaya Luría, el exdirector general de Seguridad Pública del estado, Manuel Vera Salinas y otros más por lo que recomienda “el inicio de los procedimientos administrativos para determinar las responsabilidades administrativas en que incurrieron” estos, así como “los servidores públicos” adscritos a las dependencias que aquellos dirigían, hasta la fecha, no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido, por el contrario, algunos de estos han sido premiados y nombrados en otros cargos como la ex procuradora, hoy contralora del estado.
Lo mismo ocurre con el anterior Secretario de Seguridad Publica Federal, hoy Procurador General de la República y otros funcionarios, quienes son señalados por la CNDH, lo que contribuye a la impunidad. Después de los hechos del 2006 se continuó con detenciones arbitrarias y “levantones” de personas que participaron en el movimiento del 2006, podemos mencionar por ejemplo los casos de Florentino Martínez, Pedro García, Macario Atalo Padilla, ocurrido el 18 de diciembre del 2006, de David Venegas el 13 de abril del 2007, de Alejandro Noyola el 23 de agosto el 2007, de Nancy Mota a fines del mismo año. Otras más en el 2008. En el 2009 tenemos el caso más reciente de Marcelino Coache Verano. (Tercera parte). Derecho a la vida e integridad física: Desapariciones forzadas. En este tema, el Informe de la Comisión Internacional de Juristas y la Obra Diacónica Alemana señala que la desaparición forzada implica “la privación ilegal de la libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero del desaparecido son los elementos claves que distinguen la desaparición forzada de otros fenómenos de la privación de la libertad como la detención arbitraria o el secuestro” y por ello, a partir de este concepto, señala que no encontró esta situación para el 2006, aunque otros informes, entre ellos el de la CCIODH, hablan de la “sospecha fundada” de personas desaparecidas en el 2006, aunque no lograron comprobarlo.
En el 2007, son de mencionarse las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Edmundo Cruz Sánchez ocurrida el 25 de mayo del 2007 y a quienes se les vincula con el Ejército Popular Revolucionario, de las indígenas triques Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de 14 y 20 años respectivamente, desaparecidas el 5 de julio del 2007e identificadas con el Movimiento de Unificación y Lucha Trique, y el indígena Lauro Juárez, del Frente Popular Revolucionario, ocurrida el 30 de diciembre del 2007. Sobre los responsables de las desapariciones de los presuntos miembros del EPR se han hecho señalamientos que involucran a autoridades diversas, desde funcionarios estatales como Jorge Franco Vargas y mandos policiacos como el subdirector operativo de la policía ministerial Pedro Hernández Hernández, hasta miembros del ejército. Es importante mencionar en este caso la recomendación 7/2009 hecha por la CNDH en fecha reciente, quien documentó la realización de un operativo el 24 de mayo del 2007 de la Secretaría de Protección Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia del gobierno del Estado y la Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, refuerza la versión de que los presuntos eperristas fueron trasladados al inmueble de la Procuraduría del Estado entre el 24 y el 25 de mayo.
En este contexto hay que mencionar el asesinato de dos jefes policiacos claves en los hechos, como son Alejandro Barrita, asesinado en enero del 2008 y Aristeo López Martínez, asesinado de 25 balazos el 23 de febrero del 2009. Estos asesinatos tampoco han sido esclarecidos por las autoridades. En el caso de la desaparición de Lauro Juárez ocurrido en el contexto de la lucha por el poder municipal, se ha señalado al expresidente municipal de Santos Reyes Nopala, Fredy Gil Pineda Gopar. Derechos a la libertad de expresión: agresiones a periodistas. También se registraron sucesos contra la libertad de expresión y de prensa como ocurrió en el caso del periódico cuya bodega fue tomada por gentes enviadas por funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional como el presidente municipal de Santa Cruz Amilpas y el entonces secretario general de gobierno, hoy presidente estatal del PRI, Jorge Franco Várgas. Meses después, el edificio del diario fue tomado por personas ajenas pretextando una huelga laboral realizada con personas ajenas a la empresa manejadas por el entonces diputado del PRI David Aguilar. La acción fue protegida por la policía del estado. Cabe aclarar que los verdaderos trabajadores de este medio, denunciaron las tropelías realizadas en su nombre y acudieron a diversas instancias federales e internacionales sin lograr que les fuera devuelto el edificio, hasta un año después. En las diversas actuaciones policiacas contra los manifestantes, los periodistas padecieron también agresiones y malos tratos por las fuerzas del “orden”. Así ocurrió no solo el 14 de junio, sino el 27 de octubre y el 25 de noviembre por mencionar algunas fechas. Entre las agresiones a periodistas la CNDH menciona a Gildardo Mota y Nestor Ruiz del semanario Opinión el 30 de octubre; el reportero Abundio Nuñez, corresponsal del diario nacional. El Financiero, el 25 de noviembre; Iroel Canseco Ake del semanario Opinión; el periodista independiente Mario Carlos Mosqueda Hernández. La Asociación de Periodistas de Oaxaca por su parte ha señalado diversas agresiones a colegas suyos exigiendo el esclarecimiento de los hechos, entre estos: las muertes de Raúl Marcial Pérez y el propio Brad Will ya mencionadas; los atentados a Benjamín Fernández, Misael Sánchez Sarmiento, Alberto Hernández Portilla, Edwin Meneses Santiago; Hiram Moreno Escudero y Abundio Nuñez. También han condenado el asesinato de los voceadores Flor Vásquez López, Agustín López y Mateo Cortés Martínez en el Istmo de Tehuantepec.
En el 2008, son de mencionarse: el asesinato de las indígenas triques Felicitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, ocurrido el 7 de abril en San Juan Copala; así como agresiones y amenazas contra locutores de las radiodifusoras comunitarias entre las que se encuentran, Radio Ayuuk (San Juan Guichicovi) en donde la locutora Juanita Ramírez fue amenazada de muerte por teléfono, Radio Mixteca (Santiago Juxtlahuaca) donde el locutor Melchor López fue amenazado de muerte y su casa balaceada el 17 de abril. El 9 de mayo del 2008 fue asesinado de un balazo quien fuera camarógrafo de TV Azteca, Juan Jose Balseca García. En fecha reciente el periodista Pedro Matías Arrazola, corresponsal del Proceso y reportero del diario Noticias sufrió un levantón y tortura física y psicológica. La periodista Verónica Villalvazo también ha sido objeto de amenazas y hostigamiento a su labor. Lo mismo ha ocurrido con comunicadores de medios alternativos, como “Oaxaca Libre”.
(Cuarta y última parte) Otras garantías y derechos humanos violados. Durante el 2006 y posteriormente, hubo otras violaciones a los derechos humanos. En el informe de la CCIODH, al igual que en otros informes, se reconocen; violaciones a los derechos de organización y manifestación así como un incremento significativo de la violencia y la presencia militar; situaciones irregulares en las escuelas como las tomas de las mismas; daños materiales, hostigamiento, amenazas, agresiones. Por otra parte se menciona la existencia de grupos de personas vestidos de civil con armas de grueso calibre que han practicado secuestros, detenciones ilegales, cateos y disparos. Estos grupos utilizaron espacios ilegales como lugares de detención (bases militares, casas de seguridad).
El gobierno del estado, reconocen los organismos, impulso estrategias de “generación de miedo”; “campañas de odio”, de lo cual el instrumento más evidente fue la llamada “radio ciudadana” en el 2006. La criminalización de la protesta social es una realidad a la que sirven diversos medios y articulistas.Como resultado de todo lo anterior vemos ahora: disgregación familiar; afectación económica (pérdida de empleo, estigmatización social y laboral, daños materiales); polarización y ruptura del tejido social; desconfianza de las instituciones; impunidad; hostigamiento, amenazas, agresiones, campañas difamatorias, desprecio y acusaciones contra organizaciones de derechos humanos no gubernamentales.
Varios de los informes hablan de agresiones verbales, físicas y sexuales hacia las mujeres por su condición de género (violaciones, cortes de pelo, obligación de desnudarse, sentadillas, etc); abortos traumáticos a causa de daños físicos y sicológicos. En el caso de los indígenas, discriminación étnica contra detenidos y presos indígenas así como insultos y tratos vejatorios por no hablar bien el español. En muchos de los sucesos ocurridos, los informes identifican acciones violentas promovidas no solo por las autoridades judiciales y policiacas, sino por grupos de civiles armados y pistoleros, en algunos casos comandados por caciques y presidentes municipales que agredían y agreden, asesinan, secuestran, hostigan y amenazan de muerte a la población. Todo ello con la complacencia de las autoridades del más alto nivel.
Otros casos de violaciones de derechos humanos se han registrado en distintas regiones, sectores sociales, instituciones, como son los casos de pederastia entre los que se encuentran las denuncias valientes señora la Leticia Martell por agravios a su hijo, asesinatos y agresiones contra población migrante centroamericana como los denunciados por el padre Solalinde en el Istmo de Tehuantepec, agresiones militares en comunidades del estado, etc.
Las agresiones a los defensores de Derechos Humanos. Uno de los temas relevantes es el que se refiere a las agresiones y amenazas a los mismos defensores y organizaciones de derechos humanos. Así pueden mencionarse en principio los casos de Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA); Concepción Núñez Miranda del Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos”; Aline Castellanos Jurado de “Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca”, cuya casa fue varias veces cateada por agentes gubernamentales sin orden expresa de algún juez y en su ausencia; Fernando Melo de Códice, Isaac Torres, Raquel Chávez y Yesica Sánchez Maya de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; Alma Soto y Sara Méndez del “Comité 25 de noviembre”; Guadalupe Carmona del Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer; Carmelina Santiago de “Flor y Canto”, A. C; Beatriz Casas del Centro Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA), los abogados Jesús Grijalva, Alejandro Noyola, Alfredo García, así como otras personas de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y otras personas y organizaciones que se han destacado por la defensa de los derechos humanos en el estado de Oaxaca.
Algunas de ellas tuvieron que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de medidas cautelares que protegieran su persona, libertad y patrimonio en virtud de que en ocasiones sus domicilios fueron, vigilados, visitados y/ o cateados por las fuerzas legales o ilegales al servicio del gobierno y su burbuja. Como en otros casos, las organizaciones y los defensores de derechos humanos buscaron y fueron efectivas en la solidaridad de otras instituciones y organizaciones en el país y el extranjero vinculadas a la defensa y protección de los derechos humanos como la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, así como organizaciones civiles internacionales que afortunadamente han permanecido muy atentas a lo que en esta materia ha ocurrido y ocurre en Oaxaca.
Ante el panorama descrito sucintamente aquí: ¿puede sentirse orgulloso el gobierno del Estado de Oaxaca en materia de derechos humanos?, ¿podemos llamar a esto, “Estado de Derecho”?, ¿ha existido seguridad jurídica, debido proceso legal, “principio de legalidad” a favor de la ciudadanía? ¿ Las instituciones cumplen en Oaxaca con sus funciones constitucionales?. Obviamente que no, con la agresión artera y cobarde contra Marcelino Coache Verano , como la que se dio este mismo año del 2009 en contra de Pedro Matías Arrazola, seguimos sosteniendo que lo que se vive en Oaxaca, es un terrorismo de Estado, o como dice la Comisión Civil Internacional de Observación de los derechos humanos: “una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social…”. Frente a esta situación, solidaridad, unidad y organización.

La impunidad
LUIS JAVIER GARRIDO.
La liberación de los criminales materiales de Acteal es consecuencia de las componendas del PAN y de Felipe Calderón con Ernesto Zedillo, principal responsable del crimen que horrorizó al mundo en 1997.
1. La decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de erigirse por vez primera desde las reformas de 2005 en tribunal de legalidad y poner en libertad a 20 de los paramilitares sentenciados por la ejecución de 45 campesinos tzotziles, miembros de la organización Las Abejas, en su mayoría mujeres y niños, en Acteal, municipio de Chenalhó (Chiapas), el 22 de diciembre de 1997, en el contexto del plan de contrainsurgencia paramilitar urdido por el entonces presidente Ernesto Zedillo y sus colaboradores militares y civiles, confirma que se trató de un crimen de Estado y que el régimen político de entonces es el mismo de hoy.
2. El fallo de la Corte pone de manifiesto, además de su sumisión a Los Pinos, y ello debería ser una alerta para todos los mexicanos, que las mafias que controlan el poder en México y que han integrado no sólo los intereses de financieros y seudo empresarios salinistas y filopanistas con miembros de la clase política del PRI y el PAN, militares e intelectuales de la derecha oficialista, particularmente activos en la preparación del fallo vergonzoso, están dispuestas a todo con tal de seguir controlando el poder económico y político en México.
3. La chicana judicial que utiliza el gobierno de Felipe Calderón para exonerar a los responsables de Acteal es la misma que usó de manera reiterada Carlos Salinas de Gortari a lo largo de su sexenio en diversos crímenes de Estado y que parte de una falacia: si la acusación en un caso es deficiente y se sustenta en imputaciones mal fundadas, entonces los indiciados son inocentes, lo que supone una patraña: basta en los crímenes de Estado que el Ministerio Público no integre ex profeso de manera correcta el expediente acusatorio o incluya en él pruebas falsas para que años después se libere al probable responsable como víctima de una arbitrariedad o de un error judicial. Como la osamenta sembrada en una propiedad suya y por sus propios cómplices no era la de Manuel Muñoz Rocha, uno de sus instrumentos en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari era supuestamente inocente del crimen, y se le liberó. Y ahora en el caso de Acteal es lo mismo.
4. El expediente acusatorio de Acteal no fue mal integrado, sin embargo, como consecuencia de las deficiencias de nuestro sistema de justicia, como muchos creen, sino deficientemente elaborado y de manera expresa para proteger a los principales responsables de ese crimen de lesa humanidad: el presidente Zedillo y su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y para abrir la vía a la liberación de los autores materiales. Ésa, y no otra, es la responsabilidad que deberá enfrentar el entonces procurador Jorge Madrazo, responsable de la averiguación.
5. La impunidad es el rasgo fundamental de los crímenes de Estado, pues quienes los cometen obran no sólo por móviles personales (que pudieran o no tenerlos), sino que actúan en nombre de los intereses de la clase dominante y del grupo que encabeza el Estado y lo utiliza para fines facciosos, y por esa razón se les promete una inmunidad de facto ante la justicia, como aconteció con los responsables de Acteal, a los que ahora se les cumple. La movilización nacional y el escándalo internacional impidieron que en su momento se liberara a ese grupo de presuntos, pero evidentes responsables materiales del crimen, lo que ahora se está haciendo por motivos estrictamente políticos, suponiendo de manera errónea el grupo calderonista que las condiciones en el país han cambiado.
6. La derechización del aparato estatal, que se ha acentuado en México durante el gobierno de facto, ha entrañado como consecuencia que los grupos mafiosos en el poder actúen con mayor prepotencia y desprecio hacia el pueblo y que sin reparo utilicen a las instituciones para satisfacer sus objetivos, sin importarles el desprestigio al que las han arrastrado. El caso más grave no deja de ser el de la Suprema Corte, que en los últimos años convalidó el fraude electoral de 2006, ha solapado las acciones anticonstitucionales y delictivas de las fuerzas armadas, encubrió los actos criminales de los gobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla; avaló la represión política en Atenco, y ahora pone en libertad a autores materiales del crimen de Acteal.
7. El fallo político y no jurídico de la primera sala no hace más que confirmar que en México no se produjo un cambio de régimen político en 2000, como pretenden los panistas y la derecha intelectual, y que sólo hay una pasmosa continuidad del mismo régimen autoritario definido por la tecnocracia priísta en las dos últimas décadas del siglo XX, que sigue estando controlado por unas cuantas mafias, y del cual los dos gobiernos del PAN no han sido otra cosa que un triste episodio, pues quienes se benefician de él pretendían recuperar con los panistas la legitimidad política perdida con el PRI y lo único que han alcanzado ha sido un mayor desastre en todos los órdenes.
8. En uno de sus últimos textos sobre Acteal (La Jornada del 10 de agosto), Hermann Bellinghausen cita con ironía involuntaria la afirmación que hacen los analistas del oficialismo considerando al de Zedillo como “el último gobierno del viejo régimen” cuando lo cierto es que el país ha estado inmerso en los últimos decenios en el mismo régimen, que no ha hecho otra cosa que tratar de reconvertirse haciendo nulos los derechos de la nación mexicana, cancelando derechos individuales y sociales a los mexicanos y creando mecanismos de control cada vez más autoritarios en un marco de impunidad.
9. Los responsables materiales de Acteal han sido puestos en libertad, pero en el momento actual no debe olvidarse que los culpables intelectuales que urdieron el crimen en su desesperación por amedrentar a las comunidades zapatistas de Chiapas siguen siendo intocables: Zedillo y Chuayffet, su entonces titular de Bucareli, y buen número de militares.
10. Lo más sorprendente en el nuevo vuelco que dio el caso Acteal es que puso de relieve que todo el cúmulo de intereses oscuros que dominaban hace 12 años en el país prevalecen, y eso es algo que el pueblo de México no puede, no debe permitir más.

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