¿DERECHOS HUMANOS? HIPOCRESIA DEL GOBIERNO

LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA Y LA HIPOCRESÍA GUBERNAMENTAL.

Escrito por Víctor Raúl Martínez Vásquez
El secuestro, tortura y lesiones sufridas por Marcelino Coache Verano y la hipocresía con la que el gobierno de Ulises Ruiz dice defender los derechos humanos en Oaxaca, nos obligan a recordar nuevamente la situación que hemos vivido en esta materia durante los últimos años.
Nos interesan particularmente: el derecho a la vida; a la integridad física; la libertad de opinión y pensamiento; la libertad de expresión; el derecho de reunión, asociación, sindicación y participación política; el derecho a la justicia; y la misma defensa de los derechos humanos, es decir, la situación de los defensores de los derechos humanos.
No está por demás recordar que para algunos autores, el llamado “estado de derecho”, supone que los “derechos fundamentales del hombre”, son respetados y “constituyen la finalidad de las instituciones sociales”.
Una forma de acercarnos a la situación de los derechos humanos en Oaxaca es a través de los informes presentados por distintos organismos, y entre los que se encuentran: la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la Comisión Civil Internacional por los Derechos Humanos; Amnistía Internacional; la Comisión de Latin American Studies Associatión (LASA); La Comisión Internacional de Juristas y la Obra Diacónica Alemana, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.
Otras fuentes son los testimonios rendidos por algunos de los afectados(as) y la hemerografía y documentación diversa que existe al respecto.
En los informes encontramos conclusiones escalofriantes respecto de muertes, vulneraciones legales, afectaciones psicosociales y sanitarias, medios de comunicación, hostigamiento y amenazas a defensores de derechos humanos, mujeres, personas y pueblos indígenas.
En esta serie de artículos me referiré brevemente a algunos de los temas incluidos en ellos.
Derecho a la vida: Asesinatos, muertes.
En primer lugar, por su crudeza y los efectos que ha dejado en las familias y la sociedad en general está el tema de los asesinatos y otros decesos con motivo del conflicto del 2006.
Por lo que se refiere al Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue uno de los primeros, presentado en diciembre de aquel año, se reconoció la muerte de 20 personas, 11 de ellas en situaciones directamente relacionadas con los hechos. Las otras, dice la CNDH, “de manera indirecta”.
Por su parte, el Informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, presentado en febrero del 2007, se reconoce la muerte de 23 personas (se incluye aquí la de Serafín García Contreras, ocurrida en la población de Huautla de Jiménez durante la campaña electoral para gobernador y presidentes municipales del 2004).
Se consideran en este documento en orden cronológico los asesinatos y muertes de: El odontólogo y profesor universitario Marcos García Tapia asesinado el 8 de agosto en la ciudad de Oaxaca por un motociclista que le disparo a mansalva. Hasta donde se dijo, el asesinado era simpatizante de la APPO.
El asesinato de los campesinos Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez Martínez y el niño de 11 años Pablo (u Octavio como lo menciona el Informe de la Comisión Internacional de Juristas) Martínez Martínez, ocurrido en la región de Putla de Guerrero el 9 de agosto, cuando salían de su comunidad, para trasladarse al plantón instalado en la ciudad de Oaxaca.
El asesinato el 10 de agosto, en la ciudad de Oaxaca, por un francotirador quien lo acribilló desde la azotea de una clínica particular, del mecánico José Jiménez Colmenares, cuando junto con su esposa, la profesora Florina Jiménez, participaba en una manifestación por la calles de División Oriente de la ciudad de Oaxaca. La marcha exigía la liberación del profesor Germán Mendoza Nube, ocurrida un día antes.
De Gonzalo Cisneros Gautier, ocurrida el 16 de agosto en la villa de Zaachila.El arquitecto Lorenzo San Pablo quien murió acribillado en la ciudad
de Oaxaca el 21 de agosto por un grupo de paramilitares y policías identificado como la “Caravana de la muerte”, en la proximidades de la estación de radio La Ley.
La muerte accidental del motociclista Daniel Nieto Ovando ocurrida en la ciudad Oaxaca el 1 de octubre, quien, al cruzar una barricada, murió degollado por un alambre de púas.
Del profesor José Manuel Castro Patiño quien falleció el 3 de octubre en Amilcingo, Puebla, víctima de un problema cardiaco durante la marcha a la ciudad de México.
El asesinato de Arcadio Fabián Hernández Santiago, miembro del Ayuntamiento Popular de San Antonino Castillo Velasco, el 2 de octubre.
El crimen del profesor Jaime René Calvo Aragón, simpatizante de la sección 59, ocurrida en la ciudad de Oaxaca, el 5 de octubre. Este asesinato, realizado por desconocidos, se le intentó atribuir a la sección 22.Del rotulista Alejandro García Hernández, quien murió el 14 de
octubre en la barricada de Símbolos Patrios, cerca de la colonia Alemán, víctima de los disparos ocasionados por militares.
Del profesor Pánfilo Hernández, asesinado el 18 de octubre al salir de una reunión en la Colonia Jardín de la ciudad de Oaxaca.
El asesinato el 27de octubre del periodista de Indymedia Bradley Ronald Will por un grupo de funcionarios y policías municipales de Santa Lucia del Camino, quienes fueron fotografiados accionando sus armas contra los miembros de la barricada de la colonia Calicanto.
Injustamente, como lo ha reconocido la CNDH, se encuentra encarcelado por este crimen, Juan Manuel Martínez Moreno.
Del maestro Emilio Alonso Fabián 27 de octubre en Santa María Coyotepec, cuando un grupo de pobladores encabezados por el presidente municipal del lugar dispararon contra los participantes del campamento instalado en las inmediaciones de la llamada Casa Oficial y donde, antes del movimiento, despachara Ulises Ruiz Ortiz.En ese mismo entorno, el mismo día, fue asesinado el comerciante Esteban
López Zurita, habitante de Santa María Coyotepec.La muerte de Eudocia Olivera Díaz, quien el 27 de octubre era trasladada grave en una ambulancia a la que se le impidió transitar hacia el área de hospitales para su atención urgente.
De Esteba Ruiz en Santa Lucía del Camino. La muerte por impacto de una bomba de gas lacrimógena del enfermero del IMSS Alberto Jorge López Bernal, quien el 29 de octubre, a la entrada a Oaxaca de la Policía Federal Preventiva, auxiliaba a las personas heridas en el puente del Instituto Tecnológico .
Del albañil Fidel Sánchez García quien falleció asesinado por arma blanca en la ciudad de Oaxaca 29 de octubre a la misma hora que la PFP entraba a Oaxaca. De Roberto Hernández López, asesinado en la zona de Brenamiel de la ciudad de Oaxaca el 29 de octubre, según lo menciona el mismo reporte de la CCIODH. Del periodista Raúl Marcíal Pérez en la población de Juxtlahuaca, el 8 de diciembre.
El Informe de Amnistía Internacional, presentado en fecha posterior, refiere además la muerte el 5 de abril, de Lució David Cruz Parada, quien murió cinco meses después de haber sido herido y después de publicado el informe de la CCIODH, lo que sumaba por tanto, hasta ese momento, un total de 24 muertos(as).
El Informe de la Comisión Internacional de Juristas y la Obra Diacónica Alemana coincide en la cifra. Hasta la fecha de elaborar estas líneas no había ningún responsable detenido por los asesinatos, salvo la injusta detención de Juan Manuel Martínez Moreno. Otros asesinatos se han producido en Oaxaca posteriormente en el marco de la crisis política y que están ligadas directa o indirectamente con ella, como ejemplo tenemos, el asesinato de dos locutoras triques sobre el que volveremos más adelante, l del indígena zapoteco y miembro del Ayuntamiento Popular de San Blas Atempa, Rosalino Díaz Barrera, ocurrido el 30 de enero del 2008.
Derecho a la integridad física, justicia, la libertad: Detenciones arbitrarias, torturas y cargo falsos. Violaciones al debido proceso. Con relación a los heridos, el informe de la CNDH reportaba en el 2006, 381 personas lesionadas en distintos grados y momentos. La mayor parte de estos heridos se dio por agresiones de la policía y enfrentamientos con ella como ocurrió el 14 de junio, el 2 de noviembre, el 25 de noviembre del 2006 y habrá que mencionar también los hechos posteriores del 16 de julio del 2007.
Otros informes señalan cifras parecidas. Muchos de los heridos padecen secuelas físicas y psicológicas.Una de las características de la actuación de las policías, según lo señalan los informes, ha sido el uso excesivo de la fuerza.
Otro tema es el de las detenciones arbitrarias, torturas y cargos falsos, así como las violaciones al debido proceso. Entre los primeros detenidos en agosto del 2006 se encuentran, el dirigente de CODECI Catarino Torres Pereda, el ornitólogo Ramiro Aragón, los profesores Germán Mendoza Nube y el profesor Erangelio Mendoza, a quienes se le aprehendió sin orden judicial alguna, manteniéndolos incomunicados durante varios días.
Posteriormente muchos otros serían detenidos, particularmente, luego de los enfrentamientos con la policía. Aunque no solo en dichas ocasiones y no siempre por esa razón.El Informe de la Comisión Internacional de Juristas menciona que fueron alrededor de 500 los detenidos (as). La explicación se encuentra en la diferencia de tiempo en que se presentaron ambos informes, uno a fines del 2006, el otro, a fines del 2007. Entre los detenidos después del 25 de noviembre del 2006 se encuentran entre otros, Flavio y Homero Sosa, Marcelino Coache, David Venegas, Adán Jiménez. La mayor parte de los detenidos ya se encuentran en libertad por falta de sustento en las acusaciones contra de ellos y gracias a la intervención de organizaciones de derechos humanos y la movilización social y magisterial.
Debemos recordar que el 25 de noviembre del 2006 se contabilizaron 149 presos y presas la mayoría de los cuales fueron trasladados a penales de alta seguridad fuera del estado de Oaxaca, particularmente al estado de México, Nayarit y Tamaulipas. Muchos (as) de los detenidos (as), señalan los informes, no tuvieron intervención en el conflicto y fueron sometidos(as) a malos tratos y degradantes así como vejaciones.
La mayoría de los detenidos sufrieron al principio no solo incomunicación, sino torturas físicas (como golpes, toques eléctricos, quemaduras) y psicológicas. Entre quienes quedo evidenciado por la CNDH que fueron torturados pues se les aplicó el “Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles , Inhumanos o Degradantes” (Protocolo de Estambul), se encuentran: Cesar David Mateos, Jorge Luís Sosa Campos detenidos el 24 de noviembre del 2006 así como: Aurelia Santiago Reyes, Alberto Santiago Pérez, Benito Santiago Caballero, Esmeralda Velasco Morales, Geovanny Alonso Palomec, Javier Sosa Martínez, María del Socorro Cruz Alarcón, Pablo Juventino Solano Martínez, Romualda Lourdes Soriano San Juan, Rosalía Aguilar Sánchez, y Rosario Alicia Castañeda Villanueva, detenidos el 25 de noviembre por la Policía Federal Preventiva.
Con muchos de los detenidos se observó asimismo: falta de atención de un abogado de confianza; asistencia de intérpretes en las diligencias con personas indígenas; falta de respeto al debido proceso y el principio de seguridad jurídica lo que dejó en total indefensión a los afectados.
Asimismo se utilizaron órganos sin cobertura legal como una “fiscalía movil” que inventó la Procuraduría General de Justicia del Estado y que los detenidos, que estaban vendados, suponen se encontraba en un hangar militar del aereopuerto de Oaxaca.
Se vulneraron también los derechos de los infantes que fueron y han sido detenidos con un uso extremado de fuerza y trasladados a penales de adultos.
También se paralizaron muchos procesos sin causa justificada por “órdenes directas del Ejecutivo Estatal”. Sobre las responsabilidades, del análisis lógico jurídico realizado por la CNDH, se desprende que por los hechos ocurridos y las evidencias presentadas en el 2006, las autoridades y servidores públicos señalados en el expediente vulneraron en perjuicio de los agraviados: “los derechos humanos a la libertad de reunión, a la libertad personal por detención arbitraria e ilegal, a las libertades de expresión e información, a la integridad y seguridad personal por afectaciones a la integridad física y por actos de tortura; a la propiedad y posesión por ataques a la propiedad privada; a la legalidad y seguridad jurídica, por dilación en la procuración de justicia, por irregular integración de la averiguación previa; por falta de motivación y fundamentación jurídica por incomunicación y por insuficiente protección de personas…”. Aunque como hemos dicho, a la fecha la mayoría de los detenidos han sido liberados por falta de pruebas y cargos falsos, la mayoría de ellos, más de 200, durante largo tiempo continuaron sujetos a procesos y por ende no gozaron de libertad absoluta.
El gobierno del estado pretendía así mantenerlos amenazados y limitados en sus movimientos. Periódicamente debían presentarse a firmar en los juzgados. Hoy esa situación ha cambiado para la mayoría pues han sido favorecidos con sentencias absolutorias lo cual comprueba la falsedad de los cargos y los abusos de poder. Una treintena de los detenidos han presentado recientemente ante la PGR una demanda en contra de los responsables de las injusticias cometidas en su contra. Permanecen en la cárcel hasta este momento y con motivo de los acontecimientos del 2006, Víctor Hugo Martínez Toledo y Miguel Ángel García quienes, apenas hace unos días, el 6 de marzo, fueron sentenciados a siete años y seis meses de prisión.
A sus casos hay que agregar el de Juan Manuel Martínez Moreno. No son los únicos presos políticos pues se encuentran otros que fueron detenidos con anterioridad a los sucesos del 2006 como los de Xánica, San Blas Atempa, Loxicha, y otros que han sido detenidos con posterioridad. Un aspecto de la mayor relevancia, particularmente en los detenidos y torturados, son las secuelas. Al respecto el Informe de la CCIODH señala que las violaciones a los derechos humanos han tenido altos impactos físicos, emocionales y psicológicos dejando severos daños a las personas, a las familias y a la comunidad: “Se han detectado efectos y síntomas característicos de trastornos de estrés postraumático y de trauma social.
Los más señalados son: revivir permanentemente los eventos traumáticos, despertar bruscamente por las noches, terror nocturno, miedo a determinados ruidos y sonidos, miedo a la soledad, reactividad psicológica a estímulos internos y/o externos, sentimiento de hipervigilancia y manía persecutoria”. Durante los operativos policiacos, como lo reconoce el Informe de la Comisión internacional de Juristas, se dieron acciones represivas indiscriminadas contra la población que dejaron también “una cifra de heridos imposible de determinar”, aunque como hemos dicho la CNDH contabilizó 381 heridos en distintos momentos. Por otra parte, la atención médica fue sumamente tardía e insuficiente. Se registraron casos en que la aprehensión se hizo incluso en los mismos hospitales y estando los detenidos heridos.
Sobre los funcionarios responsables de estas violaciones a los derechos humanos en el 2006, la CNDH señala a la exProcuradora Lizbeth Caña Cadeza, el exsecretario de protección ciudadana Lino Celaya Luría, el exdirector general de Seguridad Pública del estado, Manuel Vera Salinas y otros más por lo que recomienda “el inicio de los procedimientos administrativos para determinar las responsabilidades administrativas en que incurrieron” estos, así como “los servidores públicos” adscritos a las dependencias que aquellos dirigían, hasta la fecha, no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido, por el contrario, algunos de estos han sido premiados y nombrados en otros cargos como la ex procuradora, hoy contralora del estado.
Lo mismo ocurre con el anterior Secretario de Seguridad Publica Federal, hoy Procurador General de la República y otros funcionarios, quienes son señalados por la CNDH, lo que contribuye a la impunidad. Después de los hechos del 2006 se continuó con detenciones arbitrarias y “levantones” de personas que participaron en el movimiento del 2006, podemos mencionar por ejemplo los casos de Florentino Martínez, Pedro García, Macario Atalo Padilla, ocurrido el 18 de diciembre del 2006, de David Venegas el 13 de abril del 2007, de Alejandro Noyola el 23 de agosto el 2007, de Nancy Mota a fines del mismo año. Otras más en el 2008. En el 2009 tenemos el caso más reciente de Marcelino Coache Verano. (Tercera parte). Derecho a la vida e integridad física: Desapariciones forzadas. En este tema, el Informe de la Comisión Internacional de Juristas y la Obra Diacónica Alemana señala que la desaparición forzada implica “la privación ilegal de la libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero del desaparecido son los elementos claves que distinguen la desaparición forzada de otros fenómenos de la privación de la libertad como la detención arbitraria o el secuestro” y por ello, a partir de este concepto, señala que no encontró esta situación para el 2006, aunque otros informes, entre ellos el de la CCIODH, hablan de la “sospecha fundada” de personas desaparecidas en el 2006, aunque no lograron comprobarlo.
En el 2007, son de mencionarse las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Edmundo Cruz Sánchez ocurrida el 25 de mayo del 2007 y a quienes se les vincula con el Ejército Popular Revolucionario, de las indígenas triques Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de 14 y 20 años respectivamente, desaparecidas el 5 de julio del 2007e identificadas con el Movimiento de Unificación y Lucha Trique, y el indígena Lauro Juárez, del Frente Popular Revolucionario, ocurrida el 30 de diciembre del 2007. Sobre los responsables de las desapariciones de los presuntos miembros del EPR se han hecho señalamientos que involucran a autoridades diversas, desde funcionarios estatales como Jorge Franco Vargas y mandos policiacos como el subdirector operativo de la policía ministerial Pedro Hernández Hernández, hasta miembros del ejército. Es importante mencionar en este caso la recomendación 7/2009 hecha por la CNDH en fecha reciente, quien documentó la realización de un operativo el 24 de mayo del 2007 de la Secretaría de Protección Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia del gobierno del Estado y la Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, refuerza la versión de que los presuntos eperristas fueron trasladados al inmueble de la Procuraduría del Estado entre el 24 y el 25 de mayo.
En este contexto hay que mencionar el asesinato de dos jefes policiacos claves en los hechos, como son Alejandro Barrita, asesinado en enero del 2008 y Aristeo López Martínez, asesinado de 25 balazos el 23 de febrero del 2009. Estos asesinatos tampoco han sido esclarecidos por las autoridades. En el caso de la desaparición de Lauro Juárez ocurrido en el contexto de la lucha por el poder municipal, se ha señalado al expresidente municipal de Santos Reyes Nopala, Fredy Gil Pineda Gopar. Derechos a la libertad de expresión: agresiones a periodistas. También se registraron sucesos contra la libertad de expresión y de prensa como ocurrió en el caso del periódico cuya bodega fue tomada por gentes enviadas por funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional como el presidente municipal de Santa Cruz Amilpas y el entonces secretario general de gobierno, hoy presidente estatal del PRI, Jorge Franco Várgas. Meses después, el edificio del diario fue tomado por personas ajenas pretextando una huelga laboral realizada con personas ajenas a la empresa manejadas por el entonces diputado del PRI David Aguilar. La acción fue protegida por la policía del estado. Cabe aclarar que los verdaderos trabajadores de este medio, denunciaron las tropelías realizadas en su nombre y acudieron a diversas instancias federales e internacionales sin lograr que les fuera devuelto el edificio, hasta un año después. En las diversas actuaciones policiacas contra los manifestantes, los periodistas padecieron también agresiones y malos tratos por las fuerzas del “orden”. Así ocurrió no solo el 14 de junio, sino el 27 de octubre y el 25 de noviembre por mencionar algunas fechas. Entre las agresiones a periodistas la CNDH menciona a Gildardo Mota y Nestor Ruiz del semanario Opinión el 30 de octubre; el reportero Abundio Nuñez, corresponsal del diario nacional. El Financiero, el 25 de noviembre; Iroel Canseco Ake del semanario Opinión; el periodista independiente Mario Carlos Mosqueda Hernández. La Asociación de Periodistas de Oaxaca por su parte ha señalado diversas agresiones a colegas suyos exigiendo el esclarecimiento de los hechos, entre estos: las muertes de Raúl Marcial Pérez y el propio Brad Will ya mencionadas; los atentados a Benjamín Fernández, Misael Sánchez Sarmiento, Alberto Hernández Portilla, Edwin Meneses Santiago; Hiram Moreno Escudero y Abundio Nuñez. También han condenado el asesinato de los voceadores Flor Vásquez López, Agustín López y Mateo Cortés Martínez en el Istmo de Tehuantepec.
En el 2008, son de mencionarse: el asesinato de las indígenas triques Felicitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, ocurrido el 7 de abril en San Juan Copala; así como agresiones y amenazas contra locutores de las radiodifusoras comunitarias entre las que se encuentran, Radio Ayuuk (San Juan Guichicovi) en donde la locutora Juanita Ramírez fue amenazada de muerte por teléfono, Radio Mixteca (Santiago Juxtlahuaca) donde el locutor Melchor López fue amenazado de muerte y su casa balaceada el 17 de abril. El 9 de mayo del 2008 fue asesinado de un balazo quien fuera camarógrafo de TV Azteca, Juan Jose Balseca García. En fecha reciente el periodista Pedro Matías Arrazola, corresponsal del Proceso y reportero del diario Noticias sufrió un levantón y tortura física y psicológica. La periodista Verónica Villalvazo también ha sido objeto de amenazas y hostigamiento a su labor. Lo mismo ha ocurrido con comunicadores de medios alternativos, como “Oaxaca Libre”.
(Cuarta y última parte) Otras garantías y derechos humanos violados. Durante el 2006 y posteriormente, hubo otras violaciones a los derechos humanos. En el informe de la CCIODH, al igual que en otros informes, se reconocen; violaciones a los derechos de organización y manifestación así como un incremento significativo de la violencia y la presencia militar; situaciones irregulares en las escuelas como las tomas de las mismas; daños materiales, hostigamiento, amenazas, agresiones. Por otra parte se menciona la existencia de grupos de personas vestidos de civil con armas de grueso calibre que han practicado secuestros, detenciones ilegales, cateos y disparos. Estos grupos utilizaron espacios ilegales como lugares de detención (bases militares, casas de seguridad).
El gobierno del estado, reconocen los organismos, impulso estrategias de “generación de miedo”; “campañas de odio”, de lo cual el instrumento más evidente fue la llamada “radio ciudadana” en el 2006. La criminalización de la protesta social es una realidad a la que sirven diversos medios y articulistas.Como resultado de todo lo anterior vemos ahora: disgregación familiar; afectación económica (pérdida de empleo, estigmatización social y laboral, daños materiales); polarización y ruptura del tejido social; desconfianza de las instituciones; impunidad; hostigamiento, amenazas, agresiones, campañas difamatorias, desprecio y acusaciones contra organizaciones de derechos humanos no gubernamentales.
Varios de los informes hablan de agresiones verbales, físicas y sexuales hacia las mujeres por su condición de género (violaciones, cortes de pelo, obligación de desnudarse, sentadillas, etc); abortos traumáticos a causa de daños físicos y sicológicos. En el caso de los indígenas, discriminación étnica contra detenidos y presos indígenas así como insultos y tratos vejatorios por no hablar bien el español. En muchos de los sucesos ocurridos, los informes identifican acciones violentas promovidas no solo por las autoridades judiciales y policiacas, sino por grupos de civiles armados y pistoleros, en algunos casos comandados por caciques y presidentes municipales que agredían y agreden, asesinan, secuestran, hostigan y amenazan de muerte a la población. Todo ello con la complacencia de las autoridades del más alto nivel.
Otros casos de violaciones de derechos humanos se han registrado en distintas regiones, sectores sociales, instituciones, como son los casos de pederastia entre los que se encuentran las denuncias valientes señora la Leticia Martell por agravios a su hijo, asesinatos y agresiones contra población migrante centroamericana como los denunciados por el padre Solalinde en el Istmo de Tehuantepec, agresiones militares en comunidades del estado, etc.
Las agresiones a los defensores de Derechos Humanos. Uno de los temas relevantes es el que se refiere a las agresiones y amenazas a los mismos defensores y organizaciones de derechos humanos. Así pueden mencionarse en principio los casos de Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA); Concepción Núñez Miranda del Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos”; Aline Castellanos Jurado de “Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca”, cuya casa fue varias veces cateada por agentes gubernamentales sin orden expresa de algún juez y en su ausencia; Fernando Melo de Códice, Isaac Torres, Raquel Chávez y Yesica Sánchez Maya de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; Alma Soto y Sara Méndez del “Comité 25 de noviembre”; Guadalupe Carmona del Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer; Carmelina Santiago de “Flor y Canto”, A. C; Beatriz Casas del Centro Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA), los abogados Jesús Grijalva, Alejandro Noyola, Alfredo García, así como otras personas de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y otras personas y organizaciones que se han destacado por la defensa de los derechos humanos en el estado de Oaxaca.
Algunas de ellas tuvieron que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de medidas cautelares que protegieran su persona, libertad y patrimonio en virtud de que en ocasiones sus domicilios fueron, vigilados, visitados y/ o cateados por las fuerzas legales o ilegales al servicio del gobierno y su burbuja. Como en otros casos, las organizaciones y los defensores de derechos humanos buscaron y fueron efectivas en la solidaridad de otras instituciones y organizaciones en el país y el extranjero vinculadas a la defensa y protección de los derechos humanos como la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, así como organizaciones civiles internacionales que afortunadamente han permanecido muy atentas a lo que en esta materia ha ocurrido y ocurre en Oaxaca.
Ante el panorama descrito sucintamente aquí: ¿puede sentirse orgulloso el gobierno del Estado de Oaxaca en materia de derechos humanos?, ¿podemos llamar a esto, “Estado de Derecho”?, ¿ha existido seguridad jurídica, debido proceso legal, “principio de legalidad” a favor de la ciudadanía? ¿ Las instituciones cumplen en Oaxaca con sus funciones constitucionales?. Obviamente que no, con la agresión artera y cobarde contra Marcelino Coache Verano , como la que se dio este mismo año del 2009 en contra de Pedro Matías Arrazola, seguimos sosteniendo que lo que se vive en Oaxaca, es un terrorismo de Estado, o como dice la Comisión Civil Internacional de Observación de los derechos humanos: “una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social…”. Frente a esta situación, solidaridad, unidad y organización.

La impunidad
LUIS JAVIER GARRIDO.
La liberación de los criminales materiales de Acteal es consecuencia de las componendas del PAN y de Felipe Calderón con Ernesto Zedillo, principal responsable del crimen que horrorizó al mundo en 1997.
1. La decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de erigirse por vez primera desde las reformas de 2005 en tribunal de legalidad y poner en libertad a 20 de los paramilitares sentenciados por la ejecución de 45 campesinos tzotziles, miembros de la organización Las Abejas, en su mayoría mujeres y niños, en Acteal, municipio de Chenalhó (Chiapas), el 22 de diciembre de 1997, en el contexto del plan de contrainsurgencia paramilitar urdido por el entonces presidente Ernesto Zedillo y sus colaboradores militares y civiles, confirma que se trató de un crimen de Estado y que el régimen político de entonces es el mismo de hoy.
2. El fallo de la Corte pone de manifiesto, además de su sumisión a Los Pinos, y ello debería ser una alerta para todos los mexicanos, que las mafias que controlan el poder en México y que han integrado no sólo los intereses de financieros y seudo empresarios salinistas y filopanistas con miembros de la clase política del PRI y el PAN, militares e intelectuales de la derecha oficialista, particularmente activos en la preparación del fallo vergonzoso, están dispuestas a todo con tal de seguir controlando el poder económico y político en México.
3. La chicana judicial que utiliza el gobierno de Felipe Calderón para exonerar a los responsables de Acteal es la misma que usó de manera reiterada Carlos Salinas de Gortari a lo largo de su sexenio en diversos crímenes de Estado y que parte de una falacia: si la acusación en un caso es deficiente y se sustenta en imputaciones mal fundadas, entonces los indiciados son inocentes, lo que supone una patraña: basta en los crímenes de Estado que el Ministerio Público no integre ex profeso de manera correcta el expediente acusatorio o incluya en él pruebas falsas para que años después se libere al probable responsable como víctima de una arbitrariedad o de un error judicial. Como la osamenta sembrada en una propiedad suya y por sus propios cómplices no era la de Manuel Muñoz Rocha, uno de sus instrumentos en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari era supuestamente inocente del crimen, y se le liberó. Y ahora en el caso de Acteal es lo mismo.
4. El expediente acusatorio de Acteal no fue mal integrado, sin embargo, como consecuencia de las deficiencias de nuestro sistema de justicia, como muchos creen, sino deficientemente elaborado y de manera expresa para proteger a los principales responsables de ese crimen de lesa humanidad: el presidente Zedillo y su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y para abrir la vía a la liberación de los autores materiales. Ésa, y no otra, es la responsabilidad que deberá enfrentar el entonces procurador Jorge Madrazo, responsable de la averiguación.
5. La impunidad es el rasgo fundamental de los crímenes de Estado, pues quienes los cometen obran no sólo por móviles personales (que pudieran o no tenerlos), sino que actúan en nombre de los intereses de la clase dominante y del grupo que encabeza el Estado y lo utiliza para fines facciosos, y por esa razón se les promete una inmunidad de facto ante la justicia, como aconteció con los responsables de Acteal, a los que ahora se les cumple. La movilización nacional y el escándalo internacional impidieron que en su momento se liberara a ese grupo de presuntos, pero evidentes responsables materiales del crimen, lo que ahora se está haciendo por motivos estrictamente políticos, suponiendo de manera errónea el grupo calderonista que las condiciones en el país han cambiado.
6. La derechización del aparato estatal, que se ha acentuado en México durante el gobierno de facto, ha entrañado como consecuencia que los grupos mafiosos en el poder actúen con mayor prepotencia y desprecio hacia el pueblo y que sin reparo utilicen a las instituciones para satisfacer sus objetivos, sin importarles el desprestigio al que las han arrastrado. El caso más grave no deja de ser el de la Suprema Corte, que en los últimos años convalidó el fraude electoral de 2006, ha solapado las acciones anticonstitucionales y delictivas de las fuerzas armadas, encubrió los actos criminales de los gobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla; avaló la represión política en Atenco, y ahora pone en libertad a autores materiales del crimen de Acteal.
7. El fallo político y no jurídico de la primera sala no hace más que confirmar que en México no se produjo un cambio de régimen político en 2000, como pretenden los panistas y la derecha intelectual, y que sólo hay una pasmosa continuidad del mismo régimen autoritario definido por la tecnocracia priísta en las dos últimas décadas del siglo XX, que sigue estando controlado por unas cuantas mafias, y del cual los dos gobiernos del PAN no han sido otra cosa que un triste episodio, pues quienes se benefician de él pretendían recuperar con los panistas la legitimidad política perdida con el PRI y lo único que han alcanzado ha sido un mayor desastre en todos los órdenes.
8. En uno de sus últimos textos sobre Acteal (La Jornada del 10 de agosto), Hermann Bellinghausen cita con ironía involuntaria la afirmación que hacen los analistas del oficialismo considerando al de Zedillo como “el último gobierno del viejo régimen” cuando lo cierto es que el país ha estado inmerso en los últimos decenios en el mismo régimen, que no ha hecho otra cosa que tratar de reconvertirse haciendo nulos los derechos de la nación mexicana, cancelando derechos individuales y sociales a los mexicanos y creando mecanismos de control cada vez más autoritarios en un marco de impunidad.
9. Los responsables materiales de Acteal han sido puestos en libertad, pero en el momento actual no debe olvidarse que los culpables intelectuales que urdieron el crimen en su desesperación por amedrentar a las comunidades zapatistas de Chiapas siguen siendo intocables: Zedillo y Chuayffet, su entonces titular de Bucareli, y buen número de militares.
10. Lo más sorprendente en el nuevo vuelco que dio el caso Acteal es que puso de relieve que todo el cúmulo de intereses oscuros que dominaban hace 12 años en el país prevalecen, y eso es algo que el pueblo de México no puede, no debe permitir más.