VIOLADOR DE DERECHOS HUMANOS

Más de mil 200 quejas contra militares durante 2008 en México.

Alejandro Montaño.Púlsar

Organizaciones mexicanas defensoras de los Derechos Humanos informaron que en los últimos dos años han aumentado 6 veces las denuncias contra militares por violaciones a garantías individuales.
Son 6 las ONGs de México que denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) un incremento de las denuncias en contra de las fuerzas castrenses mexicanas.
De acuerdo al informe presentado a la CIDH por los organismos defensores, en el 2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) registró 182 querellas en contra de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). por presuntas violaciones las garantías individuales.Para el año 2008, las quejas por los mismos motivos sumaron un total de mil 230.
El documento afirma que en 28 casos se registraron muertes como consecuencia de los atropellos. El reporte detalla que las presuntas violaciones a los derechos humanos consistieron en "cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y torturas”.
Las ONGs mexicanas señalaron que hasta el momento no existen datos sobre alguna sentencia condenatoria a militares por violaciones graves a los derechos humanos. Ls códigos mexicanos de Justicia Militar permiten que "cualquier delito cometido por militares sea investigado por la procuraduría castrense y juzgado por los tribunales del mismo ámbito".

El clero en el Ejército
22 Marzo 2009
Edgar González Ruiz. CONTRALINEA.
La derecha católica, que hoy detenta el poder en México, busca desbaratar el estado laico, fortaleciendo la presencia del clero en las diferentes instituciones, incluyendo el Ejército Mexicano.
Desde 2000 –y especialmente desde 2006, con la llegada de Calderón al poder– la Conferencia del Episcopado Mexicano ha manifestado, de manera cada vez más abierta, su pretensión de establecer en nuestro país el binomio Iglesia-Ejército, encarnado en las llamadas capellanías militares, que son parroquias ubicadas dentro de los cuarteles, con apoyo gubernamental.
A diferencia de naciones del centro y sur de América, y gracias a la revolución liberal del siglo XIX encabezada por Benito Juárez, nuestro país ha ignorado las consecuencias de la presencia oficial de la Iglesia en el Ejército.
En las mencionadas capellanías se enseña la obediencia a los mandos militares, se “limpia” la conciencia de los soldados que cometen crímenes, y hasta se llega a colaborar en interrogatorios y torturas (lo cual ocurrió bajo gobiernos militares como el de Argentina en la década de 1970). En países como Colombia y El Salvador, que cuentan con esa institución, se bendicen las armas con las que los soldados van a matar a los supuestos “enemigos de Dios”.
Si bien los capellanes militares existen en otros países, como Estados Unidos (donde mucho han contribuido a cultivar el fanatismo de las tropas en las guerras de agresión contra otros pueblos), en América Latina tienen implicaciones muy concretas: fortalecer la posición política de la jerarquía católica; otorgarle grandes recursos del erario para recompensar su labor proselitista entre los soldados; apoyar a las fuerzas derechistas que enarbolan todavía proyectos teocráticos.
En México, el maridaje de la religión con la milicia llegó con la conquista misma, al grado de que Hernán Cortés se jactaba de que las masacres y crueldades que cometía eran por obra de Dios. En su carta dirigida al emperador Carlos V, el 30 de octubre de 1520, escribió: “Y como traíamos la bandera de la cruz y pugnábamos por nuestra fe (…) nos dio Dios tanta victoria que les matamos mucha gente, sin que los nuestros recibiesen daño”.
Esa mentalidad es la que heredaron los conservadores del siglo XIX; y en el XX los cristeros, siempre idealizados por la derecha, se jactaban de que Dios les ayudaba a exterminar a sus enemigos.
Hoy en día, las formas son menos cruentas, pero el espíritu es el mismo, como lo prueba el hecho de que el gobierno encabezado por Calderón ha fomentado la injerencia del clero en el Ejército, al grado de que en 2007 acudió un piquete de soldados a apoyar simbólicamente a los grupos Provida: hicieron “honores a la bandera” en un evento contra la despenalización del aborto. Es cada día más visible la presencia del clero en las filas castrenses a través de una parroquia ubicada en Legaria y Periférico, en las inmediaciones del Campo Militar 1-J.
Asimismo, en el marco de la militarización del país que se hace con el pretexto del narcotráfico, se estimulan las prácticas religiosas entre los soldados, cuya profesión por naturaleza pone en riesgo su vida. Han aparecido, así, entre los militares y cadetes, escritos como la oración del soldado y la del piloto.

Desde Guatemala
Por añadidura, la mencionada parroquia es atendida por un cura extranjero, el guatemalteco Otto Francisco Galicia Soto (ordenado en 1973, en Huehuetenango), dato que no es trivial, pues en dicho país la capellanía militar fue instituida legalmente apenas en 2003, sin mediar un acuerdo con el Vaticano, mediante un decreto presidencial (el número 357- 2003, publicado el 20 de junio de ese año).
En Guatemala, dicho servicio de capellanías está bajo el mando de militares, pero a cargo de curas católicos, que no cuestionan los abusos de los que muchas veces ha sido acusado el ejército de ese país. Baste recordar que el 6 de enero de 2006, el día mismo en que se inauguraron las instalaciones de ese servicio, con grandes alardes devocionales del capellán, quien decía que en esa parroquia los soldados contarían con la presencia de “Jesús Sacramentado” (en el sagrario), la prensa informaba que en la población de Jalapa, Guatemala, una niña de 13 años había sido baleada por soldados que cuidaban una propiedad privada.
Al parecer, el gobierno de Calderón está siguiendo el camino guatemalteco para imponer la alianza del clero con el Ejército, mediante una política de hechos consumados y decisiones impopulares y arbitrarias, que han sido la tónica de su mandato.
Aparte de ser una demanda histórica de la derecha, la injerencia del clero en el Ejército apunta peligrosamente hacia la actitud panista de enquistarse en el poder sea como sea, incluso mediante la militarización del país, para lo cual la jerarquía católica está brindando su complicidad como lo hizo a principios del siglo XX al apoyar el gobierno militarista de Victoriano Huerta, el asesino de Madero y Pino Suárez.


Ejército del terror
Autor: Abel Barrera Hernández. Contralinea.
La guerra contra las drogas desarrollada por el Ejército Mexicano nos remite a la década de 1970, cuando el presidente José López Portillo aplicó la Operación Cóndor con el auspicio del ejército de Estados Unidos, que vino a marcar otra etapa oscura en la historia del Ejército Mexicano, porque su lucha fuera de los cuarteles ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos.
El operativo del Ejército supuestamente se centró en capturar a los grandes capos del narcotráfico y a erradicar el cultivo y la venta de estupefacientes. Nada de eso se logró, porque los grandes narcotraficantes se desplazaron a otros estados y el Ejército se quedó a guerrear contra la población campesina, dejando una estela de muerte en centenares de comunidades rurales y miles de desplazados que buscaron refugios en las ciudades. Los saldos de esta guerra en el estado de Sinaloa son la violencia endémica y la aparición de la cocaína como un negocio de alta rentabilidad. El terror que sembró el Ejército fue para destruir el tejido social de las comunidades rurales y para abonarles el terreno a los inversionistas de la economía criminal.
Después de tres décadas, constatamos cómo el poder de los varones de la droga se ha extendido en todo el país como si el Estado mexicano les hubiera brindado todas las facilidades para posicionarse en regiones estratégicas. Los planes antidrogas diseñados por Estados Unidos han servido para darle mayor proyección y fama a los grandes narcotraficantes, que han tenido la capacidad de adaptarse a los nuevos planes belicistas de los gobiernos neoliberales y sacar provecho de los mejores cuadros del Ejército para darle fuerza al nuevo fenómeno del sicariato, que disputa literalmente a sangre y fuego el territorio. En esta lluvia de plomo, la población civil es la que ha puesto los muertos y la que enfrenta la crueldad y el terror de las fuerzas armadas.
A causa de las ocho decapitaciones de militares, acaecidas el 21 de diciembre de 2008 en Chilpancingo, Guerrero, el mensaje que dirigió el general de división Enrique Alonso Garrido Abreu fue que este atrevimiento se trató de un grave error, pues constituye una ofensa a todas las instituciones en su conjunto y que por lo mismo se usaría toda la fuerza del Ejército para que los responsables de estos delitos estén en la cárcel.
El mensaje fue entendido por la sociedad como una promesa de que en realidad desencadenarían su poder para desmantelar las redes y las fuerzas del narcopoder; sin embargo, este lenguaje bélico se ha descargado contra la población civil indefensa en más de 15 colonias populares de Chilpancingo.
La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos ha documentado, del 22 de diciembre de 2008 al 3 de enero de 2009, es decir, en 12 días, 14 quejas contra el Ejército Mexicano. Se trata de allanamientos de morada, donde elementos del Ejército llegaron derribando puertas y sometiendo a sus moradores que se encontraban descansando. La noche del 22 de diciembre nada ni nadie detuvo al Ejército; instaló retenes en varias colonias y en las entradas de la ciudad.
Por cuenta propia realizó cateos en varias viviendas, interrogó a varios jefes de familia, revisó sus pertenencias en busca de armas y drogas; tomó fotografías, se llevó teléfonos celulares para conocer e inspeccionar las últimas llamadas realizadas de los ahora sospechosos.
En la colonia Obrera, una familia que se encontraba realizando los preparativos de la cena de Navidad vio cómo se estacionaban tres camionetas Hummer y un vehículo artillado. Bajaron más de 20 militares ostentosamente armados y encapuchados. Tomaron la calle para instalar un retén, pararon a los vehículos y bajaron a las personas con el fin de amedrentarlas; otros se metieron por la fuerza a varias casas para intimidar a las familias.
Con las armas empuñadas, los militares encañonaban a los hombres para preguntarles sobre una camioneta en la que iban narcotraficantes. Insistían en que la persona que buscaban se encontraba dentro de su domicilio. Una madre de familia alcanzó a decir: “Somos gente humilde y no sabemos de qué nos hablan”. Los militares no sabían dar más explicaciones, era evidente su nerviosismo y que el encañonamiento hacia las personas era la forma más segura para obtener algún dato que les ayudara a ubicar mejor lo que buscaban. Esta irrupción violenta del Ejército vino a cambiar el ambiente festivo por una noche llena de tensión y miedo, ante el riesgo inminente de que fueran a detener de manera arbitraria a un miembro de la familia. Dos días después, en la colonia El PRD, como a las 20 horas, cuatro camiones del Ejército implantaron un operativo en varias viviendas; sin que contaran con el apoyo de alguna corporación policiaca, ministerio público y mucho menos con órdenes de cateo, entraron en un domicilio amagando a las señoras y a las niñas. Preguntaron por droga y les exigieron que les dijeran dónde la tenían. Sin esperar alguna respuesta se dirigieron hacia las cuatro niñas y las tres señoras para manosearlas.
Esta escena se repitió en otras colonias, como la Francisco Figueroa Mata, la Ignacio Manuel Altamirano y la Primer Congreso de Anáhuac. En todas esas viviendas, el Ejército fue para causar terror, buscó a los delincuentes en los lugares equivocados, molestó a las familias humildes dejando intactas las estructuras del narcopoder. La población de Chilpancingo tiene miedo, no solamente por la violencia, sino por la forma impune en que está actuando el Ejército que focaliza sus operativos contra familias ajenas al negocio del crimen organizado. A la población le preocupa que el Ejército no quiera saber ni ver lo que la gente sabe y ve, sobre la forma cómo se han tejido las redes del narcotráfico y que la fuerza del Ejército no las detecta ni las enfrenta.
Es grave que el Ejército siga suplantando a las corporaciones policiacas en el combate al crimen organizado, pero es más grave que el Ejército violente los derechos humanos con el argumento falaz de que combate al narcotráfico, causando terror entre la población pobre e indefensa.

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¡NO AL "RESPLANDOR TEOTIHUACANO!

Se rentan pirámides: luz y sonido incluidos.

Gilberto López y Rivas
La Jornada
Los profesores de investigación y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por acuerdo de su Asamblea General, entregaron recientemente a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, un expediente con los documentos probatorios de las acciones y omisiones constitutivas de violaciones al corpus legal vigente en materia de zonas y monumentos arqueológicos en que ha incurrido el actual director general del instituto, Alfonso de Maria y Campos.
Este expediente sustenta la exigencia –a la que me adhiero – de destituir al director y sus colaboradores principales, quienes son corresponsables de las transgresiones legales y de los daños provocados a los monumentos arqueológicos e históricos, que siendo bienes nacionales –por ley – son de utilidad pública e interés social. Se considera que las destituciones lograrían hacer recobrar la certidumbre jurídica y legal de la institución, seriamente quebrantada durante la dirección De Maria y Campos.
Los investigadores del INAH documentan cuatro casos, empezando por Teotihuacán, que ha concitado el agravio no sólo de los trabajadores de esta institución, sino también de amplios sectores de la sociedad mexicana que se oponen a la enajenación por particulares de los bienes de todos los mexicanos.
Se especifica que en diciembre de 2007 se firmó un convenio marco entre el INAH y el gobierno del estado de México para llevar a cabo las acciones que contribuyan a la protección, conservación, restauración, recuperación y difusión del patrimonio cultural, arqueológico e histórico localizado en su territorio. Sin embargo, ninguna de sus cláusulas abre la posibilidad de establecer un espectáculo de luz y sonido, como el de Resplandor teotihuacano, que constituye una explotación comercial de los monumentos arqueológicos, con fines de lucro para inversionistas privados y el gobierno del estado de México, y que ha ocasionado la afectación, daños y alteraciones tanto físicas como visuales a las pirámides del Sol y de La Luna.
De Maria y Campos y su equipo también son responsables de violaciones a la ley en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Chichen Itzá. Los investigadores del centro regional del INAH en Yucatán denunciaron en su momento el uso comercial de la zona para llevar a cabo un concierto del tenor-empresario Plácido Domingo sin la autorización correspondiente. De las ganancias de esa presentación, 2 millones de pesos fueron entregados a las autoridades del instituto, como si se tratase de la renta de un salón de fiestas, y su director, generosa y discrecionalmente, donó dicha cantidad a la Universidad Autónoma de Yucatán. Favorecer a un particular, por más tenor y famoso que sea, para utilizar una zona de monumentos con fines comerciales, viola el artículo 30 de la Ley de Bienes Nacionales, así como la Ley Federal de Zonas de Monumentos Arqueológicos e Históricos en los artículos 1 y 2. Aquí también las autoridades han permitido la instalación de dos puestos comerciales fijos, un transformador y cableado eléctrico sobre monumentos arqueológicos adyacentes al templo de Kukulkán y al Observatorio.
El tercer caso que presentan en su denuncia los investigadores y docentes es la omisión y negligencia de De Maria y Campos y sus colaboradores en la expropiación y demolición sin licencia del INAH, de seis monumentos históricos de la ciudad de México por parte del Gobierno del Distrito Federal, para ocupar sus terrenos en áreas comerciales de personas dedicadas al comercio ambulante. En este caso, De Maria y Campos se reunió con autoridades superiores y decidió no intervenir en el momento de la flagrante demolición de los monumentos, sino hasta su conclusión. Los monumentos estaban declarados y catalogados por el instituto y se localizaban en el perímetro A de la Zona de Monumentos Históricos incluidos por la UNESCO en la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Los funcionarios del INAH actuaron tardía y negligentemente, cometiendo omisiones y comisiones a numerosos artículos de las leyes referidas.
El cuarto caso presentado en la denuncia es gravísimo por el costo en vidas humanas y ocurrió por la toma, el 8 de septiembre de 2008, de la zona arqueológica de Chinkultik, en el estado de Chiapas, por parte de los habitantes de la vecina colonia Miguel Hidalgo.
Poco después de la toma, se iniciaron negociaciones entre una representación de los pobladores indígenas, el gobierno estatal y el propio INAH, en representación del gobierno federal. Sin embargo, el 3 de octubre centenares de elementos de las policías Federal Preventiva y Estatal sorprendieron a los colonos en un violento operativo de desalojo de la zona y en contra de la colonia misma, resultando 10 heridos de gravedad y seis indígenas muertos.
Los investigadores y docentes consideran que los funcionarios del instituto, en particular, su titular, estaban obligados a actuar con respeto y consideración a las necesidades de las comunidades a su derecho a participar en la protección del patrimonio arqueológico. No obstante, fueron estos funcionarios quienes insistieron en la realización del desalojo por la represiva fuerza estatal y federal, traicionando las negociaciones en curso.
Las denuncias presentadas refieren a probadas violaciones a las leyes por parte de De Maria y Campos y sus colaboradores, quienes seguramente seguirán en sus cargos como corresponde a un Estado sin derecho y a la deriva de la impunidad de los delincuentes poderosos. Estamos seguros que Vázquez Mota no tomará en cuenta las exigencias de la comunidad académica del INAH, y el patrimonio cultural de la nación seguirá en renta al mejor postor.
¡No al espectáculo Resplandor teotihuacano!


Los marines llegaron ya.

Carlos Fazio

Finalmente, Estados Unidos tiene a México donde quería: en la fase de colombianización. Es decir, al borde de una intervención larvada y por etapas del Pentágono. Pasaron 13 años desde que el entonces secretario de Defensa estadunidense William Perry dijera ante 10 mil soldados y cadetes y la plana mayor de las fuerzas armadas mexicanas, en el Campo Militar No. 1, que la seguridad nacional entre su país y México era el tercer vínculo sobre el que ambas naciones cimentarían una relación unida, ya, por lazos políticos y económicos. Desde entonces, la sana distancia que había prevalecido en las relaciones entre los ejércitos de Estados Unidos y México comenzó a acortarse, y los últimos residuos de nacionalismo castrense cedieron paso a una remozada doctrina contrainsurgente de cuño estadunidense, que tomó como el enemigo interno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al Ejército Popular Revolucionario (EPR), y en años recientes a los ejidatarios de Atenco y La Parota y los pueblos de Oaxaca.
Con la coartada de la soberanía limitada y la seguridad democrática, valiéndose de eufemismos tales como la cooperación militar y las acciones mancomunadas de las fuerzas armadas de ambos países contra los cárteles de la droga, el intervencionismo bueno del Pentágono no será ahora con bombas, misiles y proyectiles, sino con asesores, agentes encubiertos y mercenarios (que bajo la fachada de contratistas privados de seguridad serán los encargados del trabajo sucio en la guerra de Felipe Calderón contra los malos).
Todo eso ya existe, claro. Pero se intensificará con la ampliación de la llamada Iniciativa Mérida, que al final resultó que era el Plan México disfrazado, símil del fracasado Plan Colombia, según reveló sin aspavientos Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Y cosa curiosa: Mullen, el militar de más alto rango de la administración de Barack Obama, cuyo comando había identificado a México como un Estado fallido próximo a un colapso rápido y repentino, y por tanto sujeto de una intervención militar de Estados Unidos, no acaparó las primeras planas a su paso por México.
La razón es obvia: ya había hecho su tarea. La guerra de intoxicación mediática que arreció en vísperas y tras la asunción de Obama en la Casa Blanca en enero pasado, en la que participaron el presidente saliente, George W. Bush (México, primera línea de guerra), el jefe del Pentágono, Robert Gates, y los titulares de los principales organismos de seguridad e inteligencia de la administración demócrata (CIA, FBI, DEA, Seguridad Interna) lograron construir la noción de México como Estado fallido, para el aterrizaje suave, ahora, de la ayuda invasora (Javier Ibarrola dixit) que salvará a México de los malos.
Como en la ex Yugoslavia –balcanizada en siete pequeñas naciones por la alianza occidental comandada por Estados Unidos–, y después del 11 de septiembre de 2001 en Afganistán, Irak, Pakistán, Irán, Venezuela, Cuba, Bolivia y otros puntos calientes del orbe, Washington libra una guerra asimétrica contra México, con apoyo de sus alfiles locales. La guerra infinita de Bush contra el terrorismo –un enemigo sin fronteras– fue impuesta a Canadá y México por conducto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005), y ante los fracasados intentos por fabricar una narcoguerrilla creíble, bajo el calderonismo adquirió la forma de una guerra a los cárteles de la droga, como elemento idóneo para la construcción social del caos y el miedo.
En ello han venido trabajando, sin éxito aparente por ahora, expertos en detonar desenlaces sociales y políticos mediante operaciones de guerra sicológica orientadas a direccionar y controlar la conducta social masiva.
La guerra asimétrica o de cuarta generación es descentralizada, dispersa y utiliza escenarios combinados sobre un territorio. En su desarrollo se borran las fronteras entre el soldado y los civiles, entre los campos de batalla y la seguridad urbana, y adquiere la forma de una violencia social extrema y sin orden aparente de continuidad. Elementos que están presentes en el México actual, un día en Ciudad Juárez, otro en Uruapan o Reynosa, otro más en Cancún o La Marquesa.
Dado que el empleo planificado de la propaganda y el uso de tácticas y estrategias de control social mediante la manipulación informativa y la acción sicológica le son consustanciales, en este tipo de guerra los medios de difusión masiva son los nuevos ejércitos de conquista. El bombardeo militar es sustituido por el bombardeo mediático. Las consignas y las imágenes sustituyen a las armas de destrucción masiva. Sólo que las consignas de Calderón en pro de una cruzada masiva contra los malos (vamos ganando por goleada, “negociar con el narco, idea estúpida”, sin esta guerra el próximo presidente sería narcotraficante) y las imágenes con montañas de decapitados desnudos y otras expresiones de violencia extrema, así como la operación limpieza de malos funcionarios (impuesta por el Congreso bipartidista de Estados Unidos para liberar los fondos del Plan México) y los llamados a los comunicadores a ejercer un periodismo patriótico no prenden todavía en las audiencias objetivo del mensaje.
En el fondo, se busca anular la capacidad de pensar. Son consignas dirigidas a destruir el pensamiento reflexivo (información-procesamiento-síntesis) y a sustituirlo por una sucesión de imágenes sin resolución de tiempo y espacio (alienación controlada). El objetivo es que la gente no piense información (el qué, por qué y para qué de cada noticia), sino que consuma órdenes sicológicas direccionadas, de manera acrítica y pasiva. Cuando los medios bombardean a Bin Laden o Al Qaeda, se están consumiendo consignas de miedo asociadas con el terrorismo islámico. Igual ocurre con Los Zetas y otras fabricaciones en México. Sólo que aquí es una guerra de malos contra malos en un Estado fracasado. Y para que México no colapse, Obama ya enviará a sus marines. A eso vino el almirante Mullen.

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CONTRA LA EDUCACION POPULAR.

Normalistas rurales, innecesarios: SEP

Autor: Paulina Monroy. Revista Contra línea.
1 Marzo 2009

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior de la SEP, asegura que el cierre de normales rurales se debe a que el número de maestros excede la demanda de alumnos. No obstante, estadísticas del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación demuestran lo contrario.
El titular de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), Rodolfo Tuirán Gutiérrez, justifica el cierre de las escuelas normales rurales (ENR). Advierte que “no se pueden formar docentes como si no importaran las tendencias demográficas, cuando la fecundidad en el país está disminuyendo”.
En opinión del subsecretario, esta reducción impacta la educación básica, media y superior, por lo que sugiere que se regule el número de vacantes para que se empate la generación de profesionales con la demanda que existe: “Debe haber una vinculación entre la matrícula de la normal y las vacantes que se abren en el magisterio. Hay un límite determinado de egresados y no se pueden producir miles y miles como si se obviara ese procedimiento”.
Por ello, concluye, debe haber reformas fundamentales por las que se elijan maestros más capacitados y mejor formados. “La Alianza para la Calidad Educativa apunta en esa dirección, para garantizar concursos de oposición públicos y abiertos que impacten sobre la matrícula de la educación superior”.
En su reporte La calidad de la educación básica en México 2006, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) da cuenta del descenso en el número de alumnos, escuelas y maestros en la educación normal.
Mientras que en el periodo escolar 2000-2001, cuando el total de estudiantes fue de 200 mil 90, en el periodo 2006-2007 disminuyó hasta 136 mil 339. Durante ese primer periodo había 655 normales, las cuales se redujeron a 484 para 2007. Además, en 2000 se contaron 17 mil 366 maestros, y siete años más tarde apenas 15 mil 635.
“Tal reducción –señala el Instituto– es reflejo de una política que se propone un equilibrio entre el número de docentes en formación y las necesidades de la educación básica”.
En México hay 16 normales rurales que admiten a hijos de campesinos y obreros, quienes de otra manera no podrían recibir ningún tipo de educación universitaria. A modo de internado y con el otorgamiento de becas, las normales rurales preparan a los futuros docentes para que impartan clases a niños y jóvenes que, como ellos, viven en las zonas más pobres del país.
Así, ofrecen licenciaturas en educación primaria, telesecundaria, preescolar, especial e indígena. El objetivo de los normalistas no se limita a la educación; buscan apoyar a las regiones más desprotegidas, fomentando proyectos y modos de organización para superar la pobreza.
Sin embargo, en el último año, su matrícula se redujo de 7 mil 632 a 7 mil 32 alumnos, por el cierre de la normal Luis Villarreal en El Mexe, Hidalgo. De la escuela, que por más de 80 años se mantuvo en pie, egresó la última generación en julio pasado. Sus instalaciones fueron ocupadas por una universidad técnica y tres años atrás se canceló el nuevo ingreso.

Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador de Hidalgo, argumentó que en el estado ya no se necesitan más maestros rurales, cuando, de acuerdo con el Segundo conteo de población y vivienda 2005, el índice de analfabetismo está por encima de la media nacional, que es de 8 por ciento (Contralínea 96).
Frente a la amenaza del cierre de normales rurales, que Contralínea ha documentado, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), organización que agrupa a todos los estudiantes de las ENR, se ha pronunciado en contra de la Alianza por la Calidad Educativa. La Federación acusa que es una estrategia más para acabar con este modelo educativo.
El acuerdo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública propone concursar las plazas mediante exámenes de oposición, para seleccionar maestros. Los criterios de evaluación son homologados, sin tomar en cuenta la preparación de cada maestro. Así, los normalistas rurales deben contender con el resto del magisterio en condiciones de inequidad, no por estar menos calificados, sino porque su conocimiento y capacidades son diferentes. Tienen habilidades para enseñar a quienes, por la pobreza y marginación, están en desventaja en el nivel educativo.
Pese a la opinión del subsecretario de Educación Superior, el INEE advierte que “aún hay trabajo por hacer para que todos los niños en edad de cursar la primaria puedan asistir a la escuela en localidades pequeñas con menos de 100 habitantes”. Puntualiza que en localidades rurales, 435 mil 989 personas entre 6 y 14 años no asisten a la escuela.
El informe Panorama educativo de México. Indicadores del sistema educativo nacional 2007, publicado por el INEE, anota que, según el Segundo conteo de población y vivienda, en 2005 el 90.6 por ciento de la población de 6 a 11 años asistía a la escuela en localidades con menos de 100 habitantes. En contraste, observa, en localidades con más de 15 mil habitantes asistía el 97.6 por ciento.
Crecimiento en población estudiantil
Según el INEE, de 2000 a 2007, la matrícula en educación básica aumentó 6 por ciento, es decir, creció de 23 millones 565 mil 800 a 24 millones 979 mil 600 alumnos. A su vez, el número de maestros en ese nivel aumentó 9.3 por ciento. Mientras en 2000 se contaban 1 millón 13 mil 647 docentes, seis años más tarde el número ascendió a 1 millón 107 mil 942.
La población entre 3 y 14 años representa el 25 por ciento de la población nacional, es decir, existen 26 millones 224 mil 901 niños en edad escolar básica. Esta población crece a una tasa anual del menos 1 por ciento.
El informe refiere que en el ciclo escolar 2006-2007 el sistema educativo básico concentró a 25 millones 380 mil 505 estudiantes, 1 millón 125 mil 790 maestros y 271 mil 561 escuelas. Anota que la cobertura nacional en preescolar fue de 73 por ciento, en primaria, del 101.2 por ciento, y en secundaria, 80 por ciento.
“No sólo se debe procurar la efectiva universalización de la educación primaria –advierte el INEE en Panorama educativo de México. Indicadores del sistema educativo nacional 2007–, sino que debe ampliarse la cobertura de la educación preescolar y de la secundaria y mejorar la equidad y la calidad de los sistemas educacionales”.
Casi la totalidad de los estados superan el ciento por ciento de cobertura; no obstante, señala el INEE, “esta situación hace pensar en posibles inconsistencias entre las fuentes de información”. Desde su informe La calidad de la educación básica en México 2006, el organismo cuestionó los indicadores, pues “las tasas reflejan que hay más niños entre 6 y 11 años dentro de la escuela, que niños de esas mismas edades en el país, lo que resulta absurdo”.
Por otro lado, advierte que a partir del ciclo escolar 2002-2003 la matrícula y el número de planteles de primaria decrecieron, debido a la reducción del crecimiento demográfico y a que la cobertura se acerca al ciento por ciento.
En 2000 se inscribieron 14 millones 792 mil 500 alumnos y para 2006 el total descendió a 14 millones 548 mil 200. No obstante, el informe anual 2008 ¿Avanza o retrocede la calidad educativa? Tendencias y perspectivas de la educación básica en México asienta que, durante el ciclo escolar 2007-2008, la población estudiantil tuvo un aumento ligero de 14 millones 654 mil 100.
Entre los ciclos 1999-2000 y 2004-2005, el número de alumnos en sexto de primaria creció 6.1 por ciento. La población fue de los 2 millones 162 mil 936 a los 2 millones 294 mil 163 estudiantes. En seis años, 8 mil 505 niños llegaron al último grado de primaria en escuelas públicas rurales. Mientras que en 1999 se inscribieron 647 mil 458 estudiantes, en 2005 lo hicieron 655 mil 963.
A su vez, el nivel preescolar registra el incremento más importante de matrícula en educación básica. Del periodo de 2000-2001 al periodo 2007-2008, la población aumentó 28 por ciento, es decir, pasó de 3 millones 423 mil 600 a 4 millones 745 mil 700 niños. En cobertura creció del 50 al 76.4 por ciento en ocho años.
El número de maestros, alumnos y escuelas de educación secundaria también ha aumentado. En el periodo 2000-2001 se tenían registrados 5 millones 349 mil 700 alumnos, y para el ciclo 2007-2008 se contaron 6 millones 116 mil 300. La cobertura creció de 65.9 a 81.5 por ciento; sin embargo, en Panorama educativo de México, el INEE subraya que se debe tener presente que la universalización de este nivel requiere un esfuerzo importante.
Respecto a la matrícula en educación indígena y comunitaria, hasta el ciclo escolar 2006-2007 habían 533 mil 796 alumnos inscritos en preescolar, y 947 mil 5 en primaria; mientras que en telesecundarias se registraron 1 millón 232 mil 982 estudiantes.
La población entre 3 y 14 años en los estados sede de las ENR fluctúa entre el 24 y el 29.5 por ciento del total. Según el INEE, los estados con menor nivel de desarrollo, como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, presentan los índices más altos de estudiantes del nivel básico y de población rural. No obstante, es ahí donde la permanencia de las normales ha sido mayormente amenazada.
Tal es el caso de la ENR Mactumactzá Pantaleón Domínguez, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 2003, sufrió un primer intento de cierre y cancelación de nuevo ingreso; sin embargo, la manifestación de los normalistas logró que un año después fuera reabierta la convocatoria. Actualmente la escuela ya no funciona como internado y aunque el gobierno de Juan Sabines se comprometió a crear nuevas instalaciones, el objetivo es acabar con la organización estudiantil.
Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, intentó reducir la matrícula estudiantil de la ENR Raúl Isidro Burgos en 2007. Abiertamente declaró que el objetivo de su administración era acabar con el “desorden” que, según él, priva en la escuela de Ayotzinapa. Año con año, los estudiantes deben movilizarse para que el nuevo ingreso no sea cancelado.
Educación rural
El INEE describe que el grado de urbanización en México propicia que la población rural se disperse en un gran número de localidades muy pequeñas, de menos de 100 habitantes. En su informe La calidad de la educación básica en México 2006, explica que el aumento de estos asentamientos dificulta la provisión de servicios educativos.
En 2000, se tenían registradas 6 mil 875 localidades rurales con una población que va de los 1 mil a los 4 mil 999 habitantes; 191 mil 33, con menos de 1 mil habitantes. Hasta 2005, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática contó 137 mil 487 localidades con menos de 100 habitantes en México; en 1995, 151 mil 305.
“En una localidad de menos de 100 habitantes –expone– no hay un número suficiente de niños en edad escolar que justifique la creación de escuelas convencionales. Por esta razón, la oferta educativa creció con características ajustadas a la dispersión de la población rural, como primarias multigrado, telesecundarias, cursos y preescolares comunitarios.”
Al respecto, el INEE expone que la limitación de recursos para practicar dichos modelos los lleva a ofrecer un nivel de calidad inferior al de otros servicios: “Si se considera que los alumnos viven en condiciones menos favorables para el aprendizaje, la consecuencia de resultados inferiores no puede sorprender”.
Advierte, sin embargo, que el número de comunidades ha decrecido debido a la migración. “La demanda es atendida en zonas urbanas por servicios propios de las zonas rurales aisladas, probablemente con carencias similares, lo que reforzaría las brechas en la calidad”.
En México, 34 de cada 100 instituciones son multigrado, condición que prevalece en 66 de cada 100 escuelas indígenas. En planteles bajo esta modalidad, uno o más docentes están a cargo de dos a seis grados a la vez. En el reporte Panorama educativo de México. Indicadores del sistema educativo nacional 2007, el instituto observa que “el porcentaje refleja la falta de docentes para atender alumnos de diversos grados y edades”.
Durante el periodo 2006-2007, las primarias multigrado recibieron a 1 millón 9 mil 775 niños y 268 mil 463 niños indígenas. Por modalidad, el 11.5 por ciento de estas escuelas son unitarias, el 12.9 por ciento del total son bidocentes y el 9.4 por ciento son tridocentes. En las primarias indígenas, las estadísticas aumentan: el 26.8 por ciento son escuelas unitarias, el 23.2 por ciento bidocentes, y el 16.2 por ciento tridocentes.
En relación con las telesecundarias, 1 mil 320 son unitarias y 2 mil 116 son bidocentes. “Las escuelas unitarias representan el mayor reto para el docente, puesto que debe trabajar con todos los grados de primaria de manera simultánea”.
Otro factor de retroceso es la interrupción de estudios. El INEE enuncia que ello ocurre con más frecuencia en los estados con alta población rural. En primarias indígenas, la mitad de los alumnos no la cursan de acuerdo con una trayectoria ideal, es decir, que alcancen el último grado en el tiempo establecido para ello. Mientras en las primarias generales la probabilidad de que alumnos avancen de acuerdo con la edad normativa es de 0.74, en primarias indígenas es de apenas 0.53.
“Esta realidad perpetua las disparidades –apunta el organismo–, y en este sentido, es necesario hacer mayores esfuerzos a fin de garantizar que los alumnos cursen la educación básica con más probabilidades de éxito”.
El informe ¿Avanza o retrocede la calidad educativa? Tendencias y perspectivas de la educación básica en México expone que en 2007, en tanto que alumnos de sexto grado en primarias públicas urbanas obtuvieron puntajes de 516 y 512 en evaluaciones de español y matemáticas, en escuelas públicas rurales alcanzaron 482 y 486, respectivamente.
En 2007, el Examen de la Calidad y el Logro Educativo de español arrojó que el 20.5 por ciento de los estudiantes de sexto grado en primarias rurales están por debajo del nivel básico y en escuelas indígenas el porcentaje aumenta hasta el 47.3 por ciento. En contraste, sólo el 10.6 por ciento del alumnado del último grado en primarias urbanas entró en dicha categoría.
En 2005, el 12 por ciento de estudiantes del último grado en escuelas urbanas se sitúo en un nivel inferior de competencia en lectura, mientras que en rurales el 23 por ciento no alcanzó una calificación satisfactoria; no obstante, de 2000 a 2005 los estudiantes de primarias rurales aumentaron en 22 puntos su desempeño en lectura.
En relación con el nivel de secundaria, estudiantes del último año alcanzaron puntajes de 512 y 505 en lectura y matemáticas en escuelas públicas, y de 461 y 467 en telesecundarias. A diferencia de lo registrado en primaria, entre 2000 y 2005 el desempeño en lectura disminuyó 10 puntos y en matemáticas 20.
“La ausencia de mejora –explica el INEE– se debe en parte al hecho de que el nivel todavía crece, lo que implica no sólo atender cada año un número mayor de alumnos, sino también una mayor proporción de jóvenes que provienen de sectores más desfavorecidos de la población que, además, son atendidos principalmente en el tipo de servicio que cuenta con menos recursos humanos y materiales: las telesecundarias”.
Señala que la combinación de factores, como que los alumnos provengan de medios desfavorecidos y las carencias de los modelos educativos, lleva a que los estudiantes atendidos alcancen niveles de aprendizaje inferiores a los que se consiguen con otros servicios.
“Desconocer las normales rurales es desconocer la fuerza de un siglo”
Rosa María Torres Hernández, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, dice que desconocer los 88 años de existencia de las escuelas normales rurales es no entender su dinámica social. Sólo distinguiendo su historia, advierte, será posible encontrar soluciones.
“Es como no reconocer la fuerza de un siglo”, sostiene la autora de la tesis doctoral Las trayectorias institucionales y académicas en la Escuela Normal Rural El Mexe, el Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez y la Escuela Normal de Ecatepec.
Sobre el modelo educativo, que califica como vital en la posrevolución, señala que no se debe entender por “pesos y centavos”, sino por instituciones que comparten una identidad: “Fueron las representantes de la modernidad llevada a las entidades federativas. Ahora ya no estamos en la lógica nacionalista y se ven diferentes. Hoy se quiere desconocer eso y van a encontrar mucha resistencia”.
Abunda en que es difícil que los alumnos y egresados, herederos de un siglo y que forman parte de la historia política y la lucha por la reforma democrática, acepten que el normalismo rural desaparezca, pues no sólo los une la institución, sino una identidad: “Se afianzan sobre sus mismos principios y se reconocen en los mismos principios que los fundaron; es una forma de pertenencia”.
La académica reitera que este modelo aún es importante. Toda vez que exista la pobreza y la marginación, las normales rurales se sentirán convocadas a privilegiar causas sociales: “Hay una defensa de los derechos de los niños, humanos y de la buena enseñanza equitativa, donde da lo mismo si van a una escuela de ciudad o de un pueblo; aprenden lo mismo aquí y allá”.
Expone que pese a provenir de otras regiones y vivir internados, los estudiantes tienen la capacidad y la formación para entender el contexto de las comunidades rurales. Además, la candidata a doctora alerta que las normales rurales están en una posición muy frágil y es difícil que se inserten en el esquema educativo actual.
Recuerda que desde su origen hasta la actualidad, los cambios sufridos por estas instituciones han sido terribles, sin embargo, han logrado conservar su estructura. Aún así, enuncia que los alumnos tienen la firme intención de hacer un cambio, pero “el gran problema son los intereses internos y externos en esas instituciones”.
Respecto a la conversión de las normales rurales en otros modelos educativos, Torres admite que no es conveniente; “no es sólo un problema de negociación o del levantamiento de alumnos, tiene que ver con el nexo que tienen los estudiantes con las comunidades, con otros grupos y con el gobierno federal o estatal”.
Asimismo, observa que los gobiernos buscan generar una imagen de los estudiantes rurales como “perturbadores”. La investigadora dice no creer en el maniqueísmo de que a todas las normales rurales se les quiera destruir, como tampoco que sean subversivas o que, por el contrario, tengan todo el apoyo para sobrevivir: “Hay un mito sobre que lo que huele a izquierda es puro, y que quienes están ahí son revoltosos o que no tienen nivel académico. Ello contribuye al ataque y a que la opinión pública no sepa distinguirlo”.
No obstante, dice que se debe intervenir para que la situación de las normales rurales mejore. Menciona que al interior de las instituciones también debe haber responsabilidad. Ello, explica, porque del mismo modo los normalistas están obligados a conocer bien su historia: “No solamente los momentos de gloria, sino en los que no la ha habido”. En su opinión, existe “cierto clientelismo” en la planta docente, además de “arbitrariedades” en algunos consejos estudiantiles. (PM)

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