¡NO AL "RESPLANDOR TEOTIHUACANO!

Se rentan pirámides: luz y sonido incluidos.

Gilberto López y Rivas
La Jornada
Los profesores de investigación y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por acuerdo de su Asamblea General, entregaron recientemente a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, un expediente con los documentos probatorios de las acciones y omisiones constitutivas de violaciones al corpus legal vigente en materia de zonas y monumentos arqueológicos en que ha incurrido el actual director general del instituto, Alfonso de Maria y Campos.
Este expediente sustenta la exigencia –a la que me adhiero – de destituir al director y sus colaboradores principales, quienes son corresponsables de las transgresiones legales y de los daños provocados a los monumentos arqueológicos e históricos, que siendo bienes nacionales –por ley – son de utilidad pública e interés social. Se considera que las destituciones lograrían hacer recobrar la certidumbre jurídica y legal de la institución, seriamente quebrantada durante la dirección De Maria y Campos.
Los investigadores del INAH documentan cuatro casos, empezando por Teotihuacán, que ha concitado el agravio no sólo de los trabajadores de esta institución, sino también de amplios sectores de la sociedad mexicana que se oponen a la enajenación por particulares de los bienes de todos los mexicanos.
Se especifica que en diciembre de 2007 se firmó un convenio marco entre el INAH y el gobierno del estado de México para llevar a cabo las acciones que contribuyan a la protección, conservación, restauración, recuperación y difusión del patrimonio cultural, arqueológico e histórico localizado en su territorio. Sin embargo, ninguna de sus cláusulas abre la posibilidad de establecer un espectáculo de luz y sonido, como el de Resplandor teotihuacano, que constituye una explotación comercial de los monumentos arqueológicos, con fines de lucro para inversionistas privados y el gobierno del estado de México, y que ha ocasionado la afectación, daños y alteraciones tanto físicas como visuales a las pirámides del Sol y de La Luna.
De Maria y Campos y su equipo también son responsables de violaciones a la ley en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Chichen Itzá. Los investigadores del centro regional del INAH en Yucatán denunciaron en su momento el uso comercial de la zona para llevar a cabo un concierto del tenor-empresario Plácido Domingo sin la autorización correspondiente. De las ganancias de esa presentación, 2 millones de pesos fueron entregados a las autoridades del instituto, como si se tratase de la renta de un salón de fiestas, y su director, generosa y discrecionalmente, donó dicha cantidad a la Universidad Autónoma de Yucatán. Favorecer a un particular, por más tenor y famoso que sea, para utilizar una zona de monumentos con fines comerciales, viola el artículo 30 de la Ley de Bienes Nacionales, así como la Ley Federal de Zonas de Monumentos Arqueológicos e Históricos en los artículos 1 y 2. Aquí también las autoridades han permitido la instalación de dos puestos comerciales fijos, un transformador y cableado eléctrico sobre monumentos arqueológicos adyacentes al templo de Kukulkán y al Observatorio.
El tercer caso que presentan en su denuncia los investigadores y docentes es la omisión y negligencia de De Maria y Campos y sus colaboradores en la expropiación y demolición sin licencia del INAH, de seis monumentos históricos de la ciudad de México por parte del Gobierno del Distrito Federal, para ocupar sus terrenos en áreas comerciales de personas dedicadas al comercio ambulante. En este caso, De Maria y Campos se reunió con autoridades superiores y decidió no intervenir en el momento de la flagrante demolición de los monumentos, sino hasta su conclusión. Los monumentos estaban declarados y catalogados por el instituto y se localizaban en el perímetro A de la Zona de Monumentos Históricos incluidos por la UNESCO en la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Los funcionarios del INAH actuaron tardía y negligentemente, cometiendo omisiones y comisiones a numerosos artículos de las leyes referidas.
El cuarto caso presentado en la denuncia es gravísimo por el costo en vidas humanas y ocurrió por la toma, el 8 de septiembre de 2008, de la zona arqueológica de Chinkultik, en el estado de Chiapas, por parte de los habitantes de la vecina colonia Miguel Hidalgo.
Poco después de la toma, se iniciaron negociaciones entre una representación de los pobladores indígenas, el gobierno estatal y el propio INAH, en representación del gobierno federal. Sin embargo, el 3 de octubre centenares de elementos de las policías Federal Preventiva y Estatal sorprendieron a los colonos en un violento operativo de desalojo de la zona y en contra de la colonia misma, resultando 10 heridos de gravedad y seis indígenas muertos.
Los investigadores y docentes consideran que los funcionarios del instituto, en particular, su titular, estaban obligados a actuar con respeto y consideración a las necesidades de las comunidades a su derecho a participar en la protección del patrimonio arqueológico. No obstante, fueron estos funcionarios quienes insistieron en la realización del desalojo por la represiva fuerza estatal y federal, traicionando las negociaciones en curso.
Las denuncias presentadas refieren a probadas violaciones a las leyes por parte de De Maria y Campos y sus colaboradores, quienes seguramente seguirán en sus cargos como corresponde a un Estado sin derecho y a la deriva de la impunidad de los delincuentes poderosos. Estamos seguros que Vázquez Mota no tomará en cuenta las exigencias de la comunidad académica del INAH, y el patrimonio cultural de la nación seguirá en renta al mejor postor.
¡No al espectáculo Resplandor teotihuacano!


Los marines llegaron ya.

Carlos Fazio

Finalmente, Estados Unidos tiene a México donde quería: en la fase de colombianización. Es decir, al borde de una intervención larvada y por etapas del Pentágono. Pasaron 13 años desde que el entonces secretario de Defensa estadunidense William Perry dijera ante 10 mil soldados y cadetes y la plana mayor de las fuerzas armadas mexicanas, en el Campo Militar No. 1, que la seguridad nacional entre su país y México era el tercer vínculo sobre el que ambas naciones cimentarían una relación unida, ya, por lazos políticos y económicos. Desde entonces, la sana distancia que había prevalecido en las relaciones entre los ejércitos de Estados Unidos y México comenzó a acortarse, y los últimos residuos de nacionalismo castrense cedieron paso a una remozada doctrina contrainsurgente de cuño estadunidense, que tomó como el enemigo interno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al Ejército Popular Revolucionario (EPR), y en años recientes a los ejidatarios de Atenco y La Parota y los pueblos de Oaxaca.
Con la coartada de la soberanía limitada y la seguridad democrática, valiéndose de eufemismos tales como la cooperación militar y las acciones mancomunadas de las fuerzas armadas de ambos países contra los cárteles de la droga, el intervencionismo bueno del Pentágono no será ahora con bombas, misiles y proyectiles, sino con asesores, agentes encubiertos y mercenarios (que bajo la fachada de contratistas privados de seguridad serán los encargados del trabajo sucio en la guerra de Felipe Calderón contra los malos).
Todo eso ya existe, claro. Pero se intensificará con la ampliación de la llamada Iniciativa Mérida, que al final resultó que era el Plan México disfrazado, símil del fracasado Plan Colombia, según reveló sin aspavientos Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Y cosa curiosa: Mullen, el militar de más alto rango de la administración de Barack Obama, cuyo comando había identificado a México como un Estado fallido próximo a un colapso rápido y repentino, y por tanto sujeto de una intervención militar de Estados Unidos, no acaparó las primeras planas a su paso por México.
La razón es obvia: ya había hecho su tarea. La guerra de intoxicación mediática que arreció en vísperas y tras la asunción de Obama en la Casa Blanca en enero pasado, en la que participaron el presidente saliente, George W. Bush (México, primera línea de guerra), el jefe del Pentágono, Robert Gates, y los titulares de los principales organismos de seguridad e inteligencia de la administración demócrata (CIA, FBI, DEA, Seguridad Interna) lograron construir la noción de México como Estado fallido, para el aterrizaje suave, ahora, de la ayuda invasora (Javier Ibarrola dixit) que salvará a México de los malos.
Como en la ex Yugoslavia –balcanizada en siete pequeñas naciones por la alianza occidental comandada por Estados Unidos–, y después del 11 de septiembre de 2001 en Afganistán, Irak, Pakistán, Irán, Venezuela, Cuba, Bolivia y otros puntos calientes del orbe, Washington libra una guerra asimétrica contra México, con apoyo de sus alfiles locales. La guerra infinita de Bush contra el terrorismo –un enemigo sin fronteras– fue impuesta a Canadá y México por conducto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005), y ante los fracasados intentos por fabricar una narcoguerrilla creíble, bajo el calderonismo adquirió la forma de una guerra a los cárteles de la droga, como elemento idóneo para la construcción social del caos y el miedo.
En ello han venido trabajando, sin éxito aparente por ahora, expertos en detonar desenlaces sociales y políticos mediante operaciones de guerra sicológica orientadas a direccionar y controlar la conducta social masiva.
La guerra asimétrica o de cuarta generación es descentralizada, dispersa y utiliza escenarios combinados sobre un territorio. En su desarrollo se borran las fronteras entre el soldado y los civiles, entre los campos de batalla y la seguridad urbana, y adquiere la forma de una violencia social extrema y sin orden aparente de continuidad. Elementos que están presentes en el México actual, un día en Ciudad Juárez, otro en Uruapan o Reynosa, otro más en Cancún o La Marquesa.
Dado que el empleo planificado de la propaganda y el uso de tácticas y estrategias de control social mediante la manipulación informativa y la acción sicológica le son consustanciales, en este tipo de guerra los medios de difusión masiva son los nuevos ejércitos de conquista. El bombardeo militar es sustituido por el bombardeo mediático. Las consignas y las imágenes sustituyen a las armas de destrucción masiva. Sólo que las consignas de Calderón en pro de una cruzada masiva contra los malos (vamos ganando por goleada, “negociar con el narco, idea estúpida”, sin esta guerra el próximo presidente sería narcotraficante) y las imágenes con montañas de decapitados desnudos y otras expresiones de violencia extrema, así como la operación limpieza de malos funcionarios (impuesta por el Congreso bipartidista de Estados Unidos para liberar los fondos del Plan México) y los llamados a los comunicadores a ejercer un periodismo patriótico no prenden todavía en las audiencias objetivo del mensaje.
En el fondo, se busca anular la capacidad de pensar. Son consignas dirigidas a destruir el pensamiento reflexivo (información-procesamiento-síntesis) y a sustituirlo por una sucesión de imágenes sin resolución de tiempo y espacio (alienación controlada). El objetivo es que la gente no piense información (el qué, por qué y para qué de cada noticia), sino que consuma órdenes sicológicas direccionadas, de manera acrítica y pasiva. Cuando los medios bombardean a Bin Laden o Al Qaeda, se están consumiendo consignas de miedo asociadas con el terrorismo islámico. Igual ocurre con Los Zetas y otras fabricaciones en México. Sólo que aquí es una guerra de malos contra malos en un Estado fracasado. Y para que México no colapse, Obama ya enviará a sus marines. A eso vino el almirante Mullen.