VIOLADOR DE DERECHOS HUMANOS

Más de mil 200 quejas contra militares durante 2008 en México.

Alejandro Montaño.Púlsar

Organizaciones mexicanas defensoras de los Derechos Humanos informaron que en los últimos dos años han aumentado 6 veces las denuncias contra militares por violaciones a garantías individuales.
Son 6 las ONGs de México que denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) un incremento de las denuncias en contra de las fuerzas castrenses mexicanas.
De acuerdo al informe presentado a la CIDH por los organismos defensores, en el 2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) registró 182 querellas en contra de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). por presuntas violaciones las garantías individuales.Para el año 2008, las quejas por los mismos motivos sumaron un total de mil 230.
El documento afirma que en 28 casos se registraron muertes como consecuencia de los atropellos. El reporte detalla que las presuntas violaciones a los derechos humanos consistieron en "cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y torturas”.
Las ONGs mexicanas señalaron que hasta el momento no existen datos sobre alguna sentencia condenatoria a militares por violaciones graves a los derechos humanos. Ls códigos mexicanos de Justicia Militar permiten que "cualquier delito cometido por militares sea investigado por la procuraduría castrense y juzgado por los tribunales del mismo ámbito".

El clero en el Ejército
22 Marzo 2009
Edgar González Ruiz. CONTRALINEA.
La derecha católica, que hoy detenta el poder en México, busca desbaratar el estado laico, fortaleciendo la presencia del clero en las diferentes instituciones, incluyendo el Ejército Mexicano.
Desde 2000 –y especialmente desde 2006, con la llegada de Calderón al poder– la Conferencia del Episcopado Mexicano ha manifestado, de manera cada vez más abierta, su pretensión de establecer en nuestro país el binomio Iglesia-Ejército, encarnado en las llamadas capellanías militares, que son parroquias ubicadas dentro de los cuarteles, con apoyo gubernamental.
A diferencia de naciones del centro y sur de América, y gracias a la revolución liberal del siglo XIX encabezada por Benito Juárez, nuestro país ha ignorado las consecuencias de la presencia oficial de la Iglesia en el Ejército.
En las mencionadas capellanías se enseña la obediencia a los mandos militares, se “limpia” la conciencia de los soldados que cometen crímenes, y hasta se llega a colaborar en interrogatorios y torturas (lo cual ocurrió bajo gobiernos militares como el de Argentina en la década de 1970). En países como Colombia y El Salvador, que cuentan con esa institución, se bendicen las armas con las que los soldados van a matar a los supuestos “enemigos de Dios”.
Si bien los capellanes militares existen en otros países, como Estados Unidos (donde mucho han contribuido a cultivar el fanatismo de las tropas en las guerras de agresión contra otros pueblos), en América Latina tienen implicaciones muy concretas: fortalecer la posición política de la jerarquía católica; otorgarle grandes recursos del erario para recompensar su labor proselitista entre los soldados; apoyar a las fuerzas derechistas que enarbolan todavía proyectos teocráticos.
En México, el maridaje de la religión con la milicia llegó con la conquista misma, al grado de que Hernán Cortés se jactaba de que las masacres y crueldades que cometía eran por obra de Dios. En su carta dirigida al emperador Carlos V, el 30 de octubre de 1520, escribió: “Y como traíamos la bandera de la cruz y pugnábamos por nuestra fe (…) nos dio Dios tanta victoria que les matamos mucha gente, sin que los nuestros recibiesen daño”.
Esa mentalidad es la que heredaron los conservadores del siglo XIX; y en el XX los cristeros, siempre idealizados por la derecha, se jactaban de que Dios les ayudaba a exterminar a sus enemigos.
Hoy en día, las formas son menos cruentas, pero el espíritu es el mismo, como lo prueba el hecho de que el gobierno encabezado por Calderón ha fomentado la injerencia del clero en el Ejército, al grado de que en 2007 acudió un piquete de soldados a apoyar simbólicamente a los grupos Provida: hicieron “honores a la bandera” en un evento contra la despenalización del aborto. Es cada día más visible la presencia del clero en las filas castrenses a través de una parroquia ubicada en Legaria y Periférico, en las inmediaciones del Campo Militar 1-J.
Asimismo, en el marco de la militarización del país que se hace con el pretexto del narcotráfico, se estimulan las prácticas religiosas entre los soldados, cuya profesión por naturaleza pone en riesgo su vida. Han aparecido, así, entre los militares y cadetes, escritos como la oración del soldado y la del piloto.

Desde Guatemala
Por añadidura, la mencionada parroquia es atendida por un cura extranjero, el guatemalteco Otto Francisco Galicia Soto (ordenado en 1973, en Huehuetenango), dato que no es trivial, pues en dicho país la capellanía militar fue instituida legalmente apenas en 2003, sin mediar un acuerdo con el Vaticano, mediante un decreto presidencial (el número 357- 2003, publicado el 20 de junio de ese año).
En Guatemala, dicho servicio de capellanías está bajo el mando de militares, pero a cargo de curas católicos, que no cuestionan los abusos de los que muchas veces ha sido acusado el ejército de ese país. Baste recordar que el 6 de enero de 2006, el día mismo en que se inauguraron las instalaciones de ese servicio, con grandes alardes devocionales del capellán, quien decía que en esa parroquia los soldados contarían con la presencia de “Jesús Sacramentado” (en el sagrario), la prensa informaba que en la población de Jalapa, Guatemala, una niña de 13 años había sido baleada por soldados que cuidaban una propiedad privada.
Al parecer, el gobierno de Calderón está siguiendo el camino guatemalteco para imponer la alianza del clero con el Ejército, mediante una política de hechos consumados y decisiones impopulares y arbitrarias, que han sido la tónica de su mandato.
Aparte de ser una demanda histórica de la derecha, la injerencia del clero en el Ejército apunta peligrosamente hacia la actitud panista de enquistarse en el poder sea como sea, incluso mediante la militarización del país, para lo cual la jerarquía católica está brindando su complicidad como lo hizo a principios del siglo XX al apoyar el gobierno militarista de Victoriano Huerta, el asesino de Madero y Pino Suárez.


Ejército del terror
Autor: Abel Barrera Hernández. Contralinea.
La guerra contra las drogas desarrollada por el Ejército Mexicano nos remite a la década de 1970, cuando el presidente José López Portillo aplicó la Operación Cóndor con el auspicio del ejército de Estados Unidos, que vino a marcar otra etapa oscura en la historia del Ejército Mexicano, porque su lucha fuera de los cuarteles ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos.
El operativo del Ejército supuestamente se centró en capturar a los grandes capos del narcotráfico y a erradicar el cultivo y la venta de estupefacientes. Nada de eso se logró, porque los grandes narcotraficantes se desplazaron a otros estados y el Ejército se quedó a guerrear contra la población campesina, dejando una estela de muerte en centenares de comunidades rurales y miles de desplazados que buscaron refugios en las ciudades. Los saldos de esta guerra en el estado de Sinaloa son la violencia endémica y la aparición de la cocaína como un negocio de alta rentabilidad. El terror que sembró el Ejército fue para destruir el tejido social de las comunidades rurales y para abonarles el terreno a los inversionistas de la economía criminal.
Después de tres décadas, constatamos cómo el poder de los varones de la droga se ha extendido en todo el país como si el Estado mexicano les hubiera brindado todas las facilidades para posicionarse en regiones estratégicas. Los planes antidrogas diseñados por Estados Unidos han servido para darle mayor proyección y fama a los grandes narcotraficantes, que han tenido la capacidad de adaptarse a los nuevos planes belicistas de los gobiernos neoliberales y sacar provecho de los mejores cuadros del Ejército para darle fuerza al nuevo fenómeno del sicariato, que disputa literalmente a sangre y fuego el territorio. En esta lluvia de plomo, la población civil es la que ha puesto los muertos y la que enfrenta la crueldad y el terror de las fuerzas armadas.
A causa de las ocho decapitaciones de militares, acaecidas el 21 de diciembre de 2008 en Chilpancingo, Guerrero, el mensaje que dirigió el general de división Enrique Alonso Garrido Abreu fue que este atrevimiento se trató de un grave error, pues constituye una ofensa a todas las instituciones en su conjunto y que por lo mismo se usaría toda la fuerza del Ejército para que los responsables de estos delitos estén en la cárcel.
El mensaje fue entendido por la sociedad como una promesa de que en realidad desencadenarían su poder para desmantelar las redes y las fuerzas del narcopoder; sin embargo, este lenguaje bélico se ha descargado contra la población civil indefensa en más de 15 colonias populares de Chilpancingo.
La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos ha documentado, del 22 de diciembre de 2008 al 3 de enero de 2009, es decir, en 12 días, 14 quejas contra el Ejército Mexicano. Se trata de allanamientos de morada, donde elementos del Ejército llegaron derribando puertas y sometiendo a sus moradores que se encontraban descansando. La noche del 22 de diciembre nada ni nadie detuvo al Ejército; instaló retenes en varias colonias y en las entradas de la ciudad.
Por cuenta propia realizó cateos en varias viviendas, interrogó a varios jefes de familia, revisó sus pertenencias en busca de armas y drogas; tomó fotografías, se llevó teléfonos celulares para conocer e inspeccionar las últimas llamadas realizadas de los ahora sospechosos.
En la colonia Obrera, una familia que se encontraba realizando los preparativos de la cena de Navidad vio cómo se estacionaban tres camionetas Hummer y un vehículo artillado. Bajaron más de 20 militares ostentosamente armados y encapuchados. Tomaron la calle para instalar un retén, pararon a los vehículos y bajaron a las personas con el fin de amedrentarlas; otros se metieron por la fuerza a varias casas para intimidar a las familias.
Con las armas empuñadas, los militares encañonaban a los hombres para preguntarles sobre una camioneta en la que iban narcotraficantes. Insistían en que la persona que buscaban se encontraba dentro de su domicilio. Una madre de familia alcanzó a decir: “Somos gente humilde y no sabemos de qué nos hablan”. Los militares no sabían dar más explicaciones, era evidente su nerviosismo y que el encañonamiento hacia las personas era la forma más segura para obtener algún dato que les ayudara a ubicar mejor lo que buscaban. Esta irrupción violenta del Ejército vino a cambiar el ambiente festivo por una noche llena de tensión y miedo, ante el riesgo inminente de que fueran a detener de manera arbitraria a un miembro de la familia. Dos días después, en la colonia El PRD, como a las 20 horas, cuatro camiones del Ejército implantaron un operativo en varias viviendas; sin que contaran con el apoyo de alguna corporación policiaca, ministerio público y mucho menos con órdenes de cateo, entraron en un domicilio amagando a las señoras y a las niñas. Preguntaron por droga y les exigieron que les dijeran dónde la tenían. Sin esperar alguna respuesta se dirigieron hacia las cuatro niñas y las tres señoras para manosearlas.
Esta escena se repitió en otras colonias, como la Francisco Figueroa Mata, la Ignacio Manuel Altamirano y la Primer Congreso de Anáhuac. En todas esas viviendas, el Ejército fue para causar terror, buscó a los delincuentes en los lugares equivocados, molestó a las familias humildes dejando intactas las estructuras del narcopoder. La población de Chilpancingo tiene miedo, no solamente por la violencia, sino por la forma impune en que está actuando el Ejército que focaliza sus operativos contra familias ajenas al negocio del crimen organizado. A la población le preocupa que el Ejército no quiera saber ni ver lo que la gente sabe y ve, sobre la forma cómo se han tejido las redes del narcotráfico y que la fuerza del Ejército no las detecta ni las enfrenta.
Es grave que el Ejército siga suplantando a las corporaciones policiacas en el combate al crimen organizado, pero es más grave que el Ejército violente los derechos humanos con el argumento falaz de que combate al narcotráfico, causando terror entre la población pobre e indefensa.