¿Y LA CORTE? DE TAPADERA

Detecta la CNDH cúmulo de anomalías en la guardería ABC

VÍCTOR BALLINAS

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, sostiene en la recomendación 49/2009, dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam; al gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y al presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, en relación con el incendio en la guardería ABC, que de haber estado una maestra o cuidadora dentro de cada aula, a cargo de los infantes, serían éstas las personas que hubiesen fallecido o presentado mayor grado de intoxicación, por encontrarse en una posición elevada, es decir, de pie o sentadas, lo que no ocurrió.
Agrega: los niños se encontraban dormidos al ras del suelo, en las colchonetas, y que al estar cerrada el aula, el monóxido de carbono tiende a ocupar todo el espacio y las concentraciones de tóxicos se igualan, produciéndose una intoxicación severa, según sostienen peritos de la Procuraduría General de la República, quienes refieren que el humo se concentró en la parte superior de la guardería.
El ombudsman asevera en la recomendación que de 40 personas que debió haber el día del incendio para atender a los niños y bebés de la guardería ABC, sólo se encontraban 14, quienes no contaban con la preparación suficiente para cubrir el perfil del puesto que desempeñaban, según el contrato de subrogación del IMSS. Las Disposiciones para la Operación del Servicio de Guarderías señalan que durante su estancia en la guardería los infantes deberán estar constantemente vigilados y atendidos, y por ningún motivo deberán permanecer solos.
Agrega que por las declaraciones que los cuidadores hicieron ante el Ministerio Público y visitadores de la CNDH, se observa que “no se percataron del incendio que se suscitaba en la bodega contigua ni por el olor ni por el calor; el personal fue insuficiente para evacuar a los menores, que para ese tiempo ya se contaba con más de 20 minutos de incendio y el calor en la guardería era intenso, tanto para provocar quemaduras en la piel de los menores como para que aquellos que se encontraban dormidos les fuera imposible despertar por la intoxicación de gases.
“Las maestras sólo sacaron a los que podían caminar, ya que se vieron rebasadas ante la contingencia, quedando en el piso los menores ‘dormidos’ a consecuencia de la intoxicación por gases.”
El dictamen médico señala que las fallas cardiacas, insuficiencias renales, neumonías, desequilibrios hidroelectrolíticos y la falla orgánica múltiple en la totalidad de los menores son complicaciones de las quemaduras que sufrieron y por el grado de intoxicación por monóxido de carbono; la magnitud y trascendencia de las quemaduras sufridas derivaron en sus muertes.
El presidente de la CNDH sostiene que el dictamen médico refiere que los fallecimientos eran previsibles de haberse percatado el personal a cargo de la guardería ABC de la presencia de humo y gases tóxicos perceptibles por el olfato, así como el aumento de la temperatura de la guardería, de haber contado con detectores de monóxido de carbono; si las puertas de las aulas hubiesen estado abiertas, y las cuidadoras dentro de las aulas.
En el texto de la recomendación, de 68 páginas, el ombudsman da cuenta del cúmulo de irregularidades y de violaciones a las leyes cometidas por servidores del IMSS, del gobierno del estado y del municipio referido.
La CNDH hace 10 recomendaciones al IMSS, entre ellas una revisión inmediata de las condiciones físicas y legales en que operan las guarderías subrogadas en todo el país, así como las que prestan el servicio de manera directa.
Al gobierno de Sonora le pide que se investigue a los servidores públicos involucrados y al gobierno municipal que deslinde responsabilidades.
Protestarán hoy frente a IMSS por víctimas de ABC
A dos meses del incendio en la guardería, de la que ya van 49 muertos, organismo no gubernamentales llamaron a protestar frente a las instalaciones del instituto
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO DE 2009
00:01 Organizaciones No Gubernamentales convocan a la sociedad en general a protestar por el incendio en la guardería ABC de Hermosillo frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en Reforma 476, colonia Juárez, a las 19:00 horas de este miércoles.
Junto con los padres de familia de algunos de los 49 niños muertos en el siniestro, la organización Protestar es un derecho, reprimir es un delito, exigirán justicia en un plantón silencioso por "homicidio culposo, lesiones culposas y ejercicio indebido del servicio público".
El 5 de junio se incendió la guardería ABC, subrogada del IMSS en Hermosillo, de donde ya suman 49 niños.
Buscan que la Corte investigue caso ABC
Presenta el legislador Adrián Pedrozo un punto de acuerdo para que el Congreso haga un exhorto respetuoso a la SCJN para que indague el caso de la guardería donde murieron 49 niños
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO DE 2009
10:40
El diputado federal, Adrián Pedrozo, presentó un punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que haga un exhorto respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que investigue la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
El mes pasado la Permanente aprobó otro un exhorto a la Corte para que investigara el asunto.
"La autoridad no sólo tiene una obligación de legalidad sino un deber de sensibilidad, hacia las necesidades de los mexicanos, sobre todo frente a casos tan terribles como el de mención. Hay hechos tan dolorosos y graves, que el paso del tiempo, contrario a la pretensión de los responsables, sólo aumenta su dimensión trágica e histórica, ¡la sed y hambre de justicia!", expuso el diputado del Partido de la República Democrática (PRD).
Para el legislador la sociedad mexicana: "Se ha enterado de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionará el próximo 6 de agosto para resolver en definitiva si asume la investigación del incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, por violación grave de garantías individuales, conforme a la atribución que le otorga la Constitución Federal en su artículo 97".
Adrián Pedrozo consideró que indudablemente esta atribución de la Suprema Corte va en absoluta correlación con la garantía a una justicia pronta y expedita que se consagra en el artículo 17 de la propia Constitución Federal, además en el caso se cubren los demás requisitos previstos en el artículo 97 de la Carta Magna.
"Estamos frente a un hecho concreto como es el incendio de la guardería subrogada ABC; que finalmente constituye una grave violación de garantías individuales, como las relativas a: la vida que subyace a todas las demás garantías, a la salud, a la educación, a la dignidad y pleno desarrollo de los niños que se contienen en los artículos 3º y 4º constitucionales", expresó el perredista.
Agregó que "Las guarderías como derecho de seguridad social de estos niños, en su carácter de derechohabientes, conforme al artículo 123 Constitucional, y demás previstas por nuestra Constitución e instrumentos internacionales ratificados por nuestro país".
Para Adrián Pedrozo es urgente que la SCJN en su Pleno del próximo jueves 6 de agosto de 2009, asuma la investigación de las graves violaciones a las garantías individuales, ocurridas en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.


No en la Corte a investigar guardería

Gran Angular.
Raúl Rodríguez Cortés


El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano propondrá mañana al pleno de la Corte que ésta no ejerza su facultad de investigar el incendio de la guardería ABC subrogada por el IMSS en Hermosillo, que cobró la vida de 49 niños hace exactamente dos meses. Sus principales argumentos son que se trata de un asunto entre particulares y que el máximo tribunal del país no tiene por qué investigar lo que ya indaga la Procuraduría General de la República.
Aquí le decía desde el pasado 22 de julio que Aguirre Anguiano se iría por la negativa no sólo por su documentada filia a los gobiernos del PAN sino como colofón de la extraña manera en que se procesó este asunto.
Después de la tragedia y de las inocultables maniobras de autoridades federales y estatales para proteger a los probables responsables, la Comisión Permanente del Congreso y los padres de las víctimas pidieron a la Corte que ejerciera su facultad de investigación prevista en la Constitución. Como ninguna de esas dos instancias está facultada para solicitarlo, el ministro Sergio Vals acogió el pedido y lo presentó el pasado 16 de julio al pleno del máximo tribunal. Argumentó, en un proyecto de cien fojas, que la Corte podía y debía investigar el asunto de oficio, pero sus colegas, sin revisar a detalle el documento, dijeron que recibían la petición del ciudadano Vals —no del ministro— y encomendaron el dictamen a su colega Aguirre Anguiano, quien debía presentarlo después de las vacaciones de verano.
Así lo hizo Anguiano el lunes con argumentos que parecen endebles, ya que no puede tratarse un asunto exclusivo de particulares cuando está involucrada una guardería subrogada por el IMSS, que es autoridad, y cuyos concesionarios incluso operan a nombre de ésta; ni se puede decir que no tiene caso que la Corte investigue lo que ya investiga la PGR, pues el máximo tribunal del país no pretende indagar —como ya lo hace el MP federal— la comisión de delitos, sino “hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”, según lo faculta el párrafo segundo del artículo 97 constitucional.
Con la negativa de Aguirre Anguiano podrían estar mañana en el pleno de la Corte los ministros Mariano Azuela y José de Jesús Gudiño Pelayo. Por investigar los hechos estarían Sergio Vals, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y Genaro Góngora. No pudimos perfilar el sentido del voto de Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y Fernando Franco, pero los votos de dos de estos últimos permitirían completar una mayoría simple necesaria para impulsar la moción de que se investiguen los hechos y enviar así a la opinión pública una señal de sensibilidad social, que buena falta le hace a la Corte.
Instantáneas
1. SOCIOS. También mañana se definirá la situación jurídica de los cuatro socios de la guardería ABC que comparecieron el viernes pasado ante el juez primero de Distrito en Sonora. Se trata de María Altagracia Gómez del Campo Tonella (prima de Margarita Zavala de Calderón), Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez y Gildardo Urquidez Serrano. Los inculpados cuentan con una suspensión provisional de amparo contra cualquier acción penal. Lo dicho, no pisarán la cárcel.
Guarderías subrogadas, trágico modelo inconstitucional.
Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

A dos meses del incendio en la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a particulares, donde perdieron la vida 49 niñas y niños, y dejó a decenas hospitalizados, las y los expertos, como el abogado laboral Manuel Fuentes, insisten en que “por ningún motivo” la seguridad social debe quedar en manos de particulares porque “se mueven por la ganancia fácil, abaratan costos, aunque por esta causa la niñez corra este tipo de riesgos”.

El modelo de subrogación en 2007 lo impulsó Felipe Calderón y lo apoyó sin cortapisas Margarita Zavala, presidenta honoraria del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), bajo el argumento de que “ayudaba” a las madres trabajadoras.

Para su ejecución, Calderón propuso en 2008 el más alto presupuesto dentro de los 61 programas de atención a las mujeres en dependencias federales, y en 2009 la Cámara de Diputados asignó para Servicios de Guarderías y Estancias Infantiles en el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del DIF 12 mil 138 millones de pesos, de los cuales 9 mil millones de pesos son para el pago de servicios de subrogación, señaló la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, en San Lázaro.

Hoy, señala Manuel Fuentes, alrededor del 90 por ciento de las guarderías del país son subrogadas, lo que representa un “grave” detrimento en el cuidado que se da en estos centros a la infancia de cero a cuatro años de edad, como demostró el incendio en la Guardería ABC, donde ocurrió el accidente calificado como “altamente previsible”, por el Presidente de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Viola DDHH de mujeres trabajadoras

Más allá del accidente, señala Fuentes, “la subrogación no sólo contraviene el Artículo 123 en su fracción 29, también es violatoria de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, pues ellas representan 80 por ciento de las beneficiarias por esta prestación, ya que los hombres sólo tienen derecho a ésta en caso de que enviuden o tengan la patria potestad de sus hijas e hijos”.

El Artículo 123 dice que “es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de jubilación, de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”.

Usuarias sin prestaciones

Sin embargo, ante el recrudecimiento de la crisis económica, la prestación social de las guarderías es real para muy pocas mujeres, pues cada vez menos empleos las otorguen.

Existen 16 millones 20 mil 833 mujeres trabajadoras en el país, dice Inegi: 63.4 por ciento son asalariadas, lo que significa que alrededor de seis millones están al margen de prestaciones sociales: seguro médico, vacaciones, guarderías, fondo de vivienda y pensión.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el cuarto trimestre de 2008 había 11.8 millones de madres económicamente activas, quienes representan 41.3 por ciento del total de las de 14 años y más, 70 por ciento de ellas son madres solteras.

Recomendación del Banco Mundial

Ante el paulatino deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras, disminuyó el número de mujeres que gozan de prestaciones, concretamente de las guarderías, por lo que el Banco Mundial recomendó a los gobiernos que particulares invirtieran en la seguridad social, explica Fuentes Muñiz.

Hoy, según Fuentes, alrededor de 90 por ciento de las guarderías del país son subrogadas, lo que representa un “grave” detrimento en el cuidado a las y los cientos de miles de niñas y niños de cero a cuatro años de edad.

En 1999, las y los niños inscritos en estancias y guarderías del IMSS eran 31 mil 908 (42.9 por ciento). Nueve años después la cifra disminuyó a 23 mil 991 menores de 6 años de edad. En 2008, tenía mil 718 estancias de bienestar y desarrollo infantil: 134 operadas directamente por el Instituto y el resto con participación social o subrogadas.

En 2007, el ISSSTE atendió a 34 mil 47 niñas y niños, de los cuales 25 mil 711 estaban en guarderías operadas por el instituto y 8 mil 336 en estancias de participación social. En 2008, la atención se redujo a 33 mil 663.

Durante el primer trimestre de 2009, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del programa de guarderías y estancias infantiles superó el número de niñas y niños atendidos por el IMSS, llegaron a 221 mil 277, según el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.

Para Manuel Fuentes, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el IMSS, el ISSSTE, al aprobar este programa, “violaron lo establecido en la constitución” y son responsables también de lo ocurrido en Hermosillo.

En cambio, Soberanes Fernández no critica el programa, solo opina que la tragedia en la ABC es producto de “negligencia criminal”, al no exigir ni vigilar que los concesionarios de la estancia infantil ABC cumplieran como lo establecen las normas oficiales. Para él, los responsables no son las autoridades federales, tampoco señala alguna anomalía en el programa panista, es el IMSS quien “tiene más responsabilidad”.

Por eso pide que la Secretaría de la Función Pública Federal revise quiénes son los servidores públicos que incumplieron esas obligaciones.

Fuentes Muñiz, en cambio, afirma que luego de la tragedia de la ABC, es preciso considerar la importancia de demandar al Gobierno mexicano el cumplimiento del derecho humano y laboral de las madres trabajadoras del país, para que este tipo de hechos no se repitan.