CULTURA INDIGENA, OBJETO DE EXPLOTACION.

El INAH: entre la dignidad y la ignominia

Gilberto López y Rivas
La Jornada
El 12 de febrero pasado, los tres sindicatos coordinados de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) –arquitectos, administrativos, técnicos y manuales, investigadores y docentes– efectuaron un exitoso paro de labores en todas sus dependencias en el ámbito nacional: museos, centros regionales, zonas arqueológicas, escuelas nacionales y oficinas diversas. En mantas, volantes, asambleas, foros, debates, mítines improvisados y diversas formas de comunicación de acera y mediática, estos trabajadores no protestaron por cuestiones económicas, condiciones de trabajo o prestaciones gremialistas en momentos en que la mayor crisis que se recuerde golpea dramáticamente las economías de los asalariados. No eran estamentos corporativos luchando por sus intereses que, siendo legítimos, buscarían en última instancia el beneficio propio. Ellos se manifestaron por la defensa del patrimonio arqueológico de la Nación (así, con mayúscula); por la memoria histórica de los pueblos que la conforman y le dan su impronta, que siendo multiétnica y nacional, es un tesoro universal amenazado por la barbarie del capital y sus asociados en los gobiernos trasnacionalizados, las burocracias enquistadas en las instituciones y en quienes se han rendido a sus requerimientos, cooptaciones o amenazas.
Estos especialistas en investigación, conservación y custodia del patrimonio cultural tangible e intangible, después de un análisis concienzudo del proyecto llamado Resplandor teotihuacano y del avance de su instalación, expusieron a la ciudadanía que dicho proyecto, aprobado por el Consejo de Arqueología (INAH) en septiembre del año pasado, no cumple con los requerimientos académicos y técnicos indispensables; carece de guión y sustento científico y no cuenta con la información suficiente para evaluar la posible afectación de los monumentos. Incluso, el propio presidente del consejo reconoció públicamente el pasado 12 de enero que en esa aprobación se cometieron errores.
Además de esta anomalía de origen, suficiente para cancelar inmediatamente el proyecto, se instalaron 3633 lámparas, para lo cual se realizaron 6575 perforaciones, dañando los monumentos y provocando filtraciones que afectan la estructura. Igualmente, la instalación eléctrica y las luminarias alteran la visual y volumetría de los monumentos de la zona; todo ello en violación de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos en su artículo 42, e implica una afectación tipificada como delito en el artículo 52.
Las acciones realizadas también violan el decreto presidencial de 1988 que declara a Teotihuacán Zona de Monumentos Arqueológicos, cuyo artículo 13 establece: “En la zona de monumentos definida en este decreto no se autorizan construcciones cuya función, diseño o ubicación alteren, afecten o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo y de investigación a que la misma esta destinada”. El proyecto viola asimismo varias normas jurídicas y recomendaciones internacionales sobre conservación de monumentos: la Ley General de Bienes Nacionales, la Carta de Venecia, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad emitida por la UNESCO, el documento de Nara sobre autenticidad, la declaración sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales. Más aún, en el proyecto no se consideraron las repercusiones sociales y su impacto en las comunidades circundantes, ni mucho menos se tomó en cuenta la opinión de las mismas.
El director general del INAH, Alfonso de María y Campos, ajeno a la institución y sin especialización en alguna de las diversas disciplinas del organismo, y quien se ha distinguido por su desprecio a los trabajadores del instituto y sus afanes autoritarios-elitistas, no posee por ley la atribución de otorgar concesiones ni establecer convenios con instancias públicas o privadas para la comercialización de zonas arqueológicas.
Las asambleas generales de los sindicatos del INAH por unanimidad resolvieron presentar las denuncias penales correspondientes y exigir la destitución del director y de las demás autoridades involucradas en la afectación del patrimonio de todos los mexicanos.
Reclaman la cancelación inmediata del proyecto, la reparación de los daños y el retiro de todas las instalaciones colocadas sobre las pirámides del Sol y la Luna. Ante el silencio cómplice de las autoridades máximas del Ejecutivo federal, incluyendo a su titular, los sindicatos han pedido al director que renuncie para evitar dañar más a una institución que recientemente cumplió 70 años. Sin embargo, De María y Campos se aferra a su puesto y hace caso omiso de las llamadas de la UNESCO y la Comisión Permanente del Congreso para suspender las obras y hacer un análisis pertinente del proyecto. Las autoridades del INAH y el gobernador del estado de México, que pretende ser candidato presidencial (¡uno de los responsables principales del crimen de Atenco!), se han empecinado en minimizar los daños, estigmatizar a los trabajadores del INAH y encubrir sus delitos y componendas corporativas en declaraciones maniqueas que refieren a la politización del caso.
Teotihuacán expresa nítidamente la dicotómica realidad actual de México. Por un lado, la dignidad de sus trabajadores que representan los valores e intereses nacionales y universales; y por el otro, la ignominia de quienes detentan el poder económico y político para beneficio de una colusión apátrida e insensible al clamor ciudadano. Por incompetencia en el desempeño de sus funciones y violación a los principios de la institución, ¡renuncie, señor embajador!


18 meses de huelga en las minas de México

El gobierno de Calderón toma partido por la empresa minera
Matteo Dean
Diagonal. Rebelión.
El 30 de enero los mineros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República mexicana alcanzaron los 18 meses de huelga en las tres minas de Taxco, Sombrerete y Cananea, en contra de la empresa transnacional mexicana Grupo México. Aún no se vislumbra en el horizonte una solución al conflicto. Comenzadas por causas meramente laborales, las huelgas se han convertido en asunto político a raíz de que el Gobierno federal mexicano se ha visto involucrado y ha tomado partido en favor de la empresa de Germán Larrea Mota Velasco, el todo poderoso empresario del norte del país que, aprovechando la pauta privatizadora emprendida hace más de 20 años, se hizo con la mayoría de las riquezas del subsuelo mexicano.
Las malas condiciones laborales, el deterioro de las cuestiones relativas a la seguridad e higiene, y la maquinaria obsoleta en riesgo del colapso, además de la negativa por parte de la empresa frente a la petición de revisión salarial, son algunas de las causas de esta huelga que se perfila como una de las más largas de la historia sindical mexicana. Los mineros denuncian que las condiciones laborales son efectivamente precarias: turnos de ocho horas a cambio de pocos pesos. En la categoría más elevada de las 20 que contempla el contrato colectivo firmado por las dos partes, un minero en México gana menos de diez euros diarios, es decir 146 pesos. Una cifra que rebasa efectivamente el salario mínimo establecido por ley (45 pesos diarios) pero que, sin embargo, se queda muy por debajo del salario mínimo real en el país. El sindicato, además, denuncia precarias condiciones de trabajo, señalando faltas en los sistemas de seguridad, maquinaria al límite del colapso, etc. La trágica prueba de ello ocurrió la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión dejó atrapados y segó la vida de 65 trabajadores en una mina de propiedad del Grupo México, ubicada en Pasta de Conchos, Coahuila. Hasta la fecha los cuerpos no han sido recuperados y nadie ha sido juzgado.
Sin embargo, el peor caso lo representan los trabajadores contratistas que la empresa ha comenzado a involucrar en sus actividades a raíz de su política de “reducción de costos”. Los sindicalizados explican que desde que existen contratistas en las instalaciones de la empresa, estos por contrato no pueden “realizar trabajos especiales”, es decir, los que comúnmente se definiría como peligrosos. Según testimonios recogidos, los contratistas son no obstante los encargados de realizar esas actividades: apertura de nuevos túneles, utilización de explosivos, etc. Todas, actividades que los contratistas llevan a cabo en turnos por lo regular de 12 horas, y en algunos casos de hasta 14 horas, por un sueldo base de menos de 50 pesos diarios. Por si esto fuera poco, los contratistas no gozan de ningún tipo de seguridad social y no tienen siquiera los instrumentos legales y burocráticos para exigir reformas: “si te quejas, te vas a tu casa”, explican. La existencia de un sindicato, impide actualmente a la empresa la contratación de un número excesivo de trabajadores contratistas, sin embargo ésa es claramente la tendencia, ya que permite a la empresa no solamente contratar y despedir según los esquemas modernos de la producciónjust in time, sino, en lo específico, le permite eludir cualquier otra responsabilidad fijada en la actual legislación laboral mexicana: no hay reparto de utilidades, no hay aguinaldo, no hay generación de antigüedad (gracias a los contratos temporales que se utilizan para los contratistas). No se ve solución a corto plazo al conflicto minero en México. La empresa, dicen los mineros, junto al Gobierno quiere acabar con su sindicato: “No les importan nuestras condiciones”, denuncian. Cuentan que a los diez días de comenzada la huelga, en la mina de Taxco hubo un derrumbe. “De estar nosotros trabajando hubiera habido unos 80 muertos”, señalan. Sin embargo, a la empresa no le importa, pues “lo veníamos denunciando desde hace muchos meses antes de empezar la protesta”, dicen los mineros, “y la empresa nos contestaba que prefería pagar la multa en lugar de parar la producción”.

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