LA BATALLA DE CONTRALINEA.

Acoso y amenazas desde el poder
Contralinea
A más de un año y medio de enfrentar las amenazas y el acoso de los abogados del Grupo Zeta Gas, propiedad de Jesús Alonso Zaragoza López, el director de las revistas Contralínea y Fortuna, Miguel Badillo, fue detenido sin la notificación de un juez, sin acceso a la demanda y con engaños. Mientras, la reportera Ana Lilia Pérez –quien en febrero de 2008 revelara los contratos del exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Pemex– es acosada y amenazada de muerte.
La mañana del viernes 16 de enero, el periodista Miguel Badillo fue detenido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). Los oficiales de la policía preventiva que viajaban a bordo de dos patrullas (una con el número A14-08) cerraron el paso del director de las revistas Contralínea. Periodismo de investigación y Fortuna. Negocios y finanzas, quien conducía su automóvil rumbo a su oficina.
A pocos metros de su domicilio particular, al sur de la ciudad de México, los patrulleros hicieron señas a Badillo para que dejara de avanzar. Le obstruyeron la circulación con los vehículos oficiales. Pidieron sus documentos, licencia de conducir y tarjeta de circulación con el argumento de que llevaban a cabo un operativo relacionado con el robo de vehículos. El reportero no accedió a la exigencia de los policías, pues respondió que no tenían facultades para ello, “pero me obligaron porque estaba entorpeciendo el paso y obstruyendo la vía pública”, relata.
Una vez que detuvieron a Badillo –quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el ejercicio periodístico–, los uniformados le dijeron que estaba bajo arresto por orden del juez 38 de lo Civil. Supuestamente, el periodista había desacatado una orden judicial. A regañadientes, y a una distancia en que no se permitía leer, mostraban un papel que contenía los datos de la supuesta falta administrativa.
Mientras los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal lo arrestaban, personas abordo de otros dos vehículos particulares permanecían al tanto. Custodiaban a las unidades de la PBI. De los autos bajaron dos hombres que tomaban fotografías al director de Contralínea.
Miguel Badillo accedió a subir a la patrulla A14-08. Entonces, los elementos de la PBI indicaron que sería trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, conocido como El Torito. No obstante, el camino que habían tomado los vehículos oficiales era contrario a las instalaciones señaladas.
Rumbo a Cuernavaca, Miguel Badillo dijo a los policías que El Torito se encontraba al norte de la ciudad. El periodista llamó a su abogado defensor, Horacio Gómez Mendieta, para denunciar lo que ocurría. Alertó que era trasladado a un lugar distinto al indicado por los elementos de seguridad. Pasaban de las 10 de la mañana. Minutos después los oficiales recibieron algunas llamadas y rectificaron el camino. Arguyeron que “se habían equivocado”. Tomaron la ruta correcta hacia las instalaciones del Centro de Sanciones, en la colonia Huichapan Tacuba.
La orden
Una vez que ingresó al El Torito, aproximadamente a las 11 de la mañana, Miguel Badillo fue informado de que la orden de arresto había sido girada por el Juzgado 49 de lo Civil, bajo el expediente 1528/2008, mismo que al cierre de esta edición seguía sin ponerse a la vista del periodista y su abogado defensor para su revisión. No había ningún documento en el Juzgado 38 de lo Civil, como lo habían anunciado los policías al momento de la detención. Tampoco había existido un aviso previo de que había una demanda en su contra.
El Juzgado 49 dio cumplimiento al exhorto hecho por el Juzgado 13 de lo Civil del Primer Partido Judicial, representado por Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. La orden venía desde Guadalajara, Jalisco, y procedía del expediente 749/2008.
La compañía que interpuso el juicio contra el reportero es Multigas, SA de CV, una de las 80 empresas propiedad del Grupo Zeta Gas. Este consorcio es encabezado por Jesús Zaragoza López, que desde hace más de un año ha amenazado a Miguel Badillo y a la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza con “acabar con la revista Contralínea”, según consta en la denuncia presentada por los periodistas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hacia el medio día, Ana Lilia Pérez –quien en febrero de 2008 hiciera públicos los contratos del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Petróleos Mexicanos, en su dualidad de funcionario público y empresario– era informada “por terceros” que la misma orden de arresto había sido girada en su contra por el juez Cárdenas Rodríguez. Ella tampoco había sido notificada con antelación, como lo marca la ley.
El juicio ordinario civil también se lleva a cabo en contra del representante legal de la empresa periodística; así como de un tercero desconocido, de nombre Abraham Rodríguez Ortega. Con el aviso de que en cualquier momento la reportera podría ser arrestada, se puso bajo resguardo hasta conseguir un amparo.
Resguardo forzoso
El 16 de enero la detención del periodista Miguel Badillo se anunciaba en diversas estaciones de la radio, también por internet y a través de comunicados emitidos por asociaciones de periodistas que reprochaban la acción judicial.
Ana Lilia Pérez estaba en riesgo. Su compañero Miguel Badillo había advertido a través de terceros que ella también sería arrestada.
Horacio Gómez Mendieta, abogado defensor del caso, solicitaba los amparos ante las instancias judiciales. Se logró que Badillo Cruz fuera liberado aproximadamente a las siete de la noche de ese mismo día, según lo acordó el juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Carlos Manuel Padilla Vertti.
La reportera no corrió con la misma suerte. Se vio obligada a resguardarse durante cuatro días más en un domicilio desconocido, incluso para su familia. La noticia fue motivo para que periodistas de diversos medios, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales realizaran un mitin en el Hemiciclo a Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad.
Un enlace vía telefónica fue el único acceso de la periodista con el exterior: “Pasé la noche en vela por segunda ocasión, atenta a que de un momento a otro mis captores me ubiquen y me lleven a no sé donde ni en qué condiciones.
“Mi familia no sabe de mí. Ahora, por oídos de todos ustedes les digo que espero seguir viva. Mis temores no son en vano, desde el año pasado denuncié ante las autoridades judiciales, ante la Fiscalía de Protección a Periodistas, el Congreso de la Unión, el acoso en mi contra: las amenazas de muerte, la persecución, vigilancia en mi domicilio, pero ninguna autoridad movió un dedo”, dijo con voz entrecortada.
Explicó que tenía que recurrir a esas medidas porque un juez de Guadalajara giró una orden de arresto en su contra. “Simplemente porque publico, y me dedico a investigar y divulgar asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos, que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel.
“Ése es el costo que he pagado por revelar, hace casi un año, los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño”, dijo, así como otros casos en los que se vio involucrado el exsecretario de Gobernación y el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
La reportera recalcó que nunca había tenido ningún conflicto con la ley. “Sin embargo, hoy estoy escondida como no lo están ni siquiera los narcotraficantes ni los defraudadores de cuello blanco de este país. Hace 16 meses que vivo amenazada, acosada, vigilada y perseguida por órdenes de Jesús Alonso Zaragoza López. Mi familia está en riesgo”.
Horacio Gómez Mendieta, abogado defensor de Badillo y Pérez, asegura que tanto la detención del primero como la orden de arresto de la segunda están integradas a un expediente “armado” que atenta contra la libertad de expresión.
“El expediente fue armado en total ignorancia de los reporteros de Contralínea; nunca fueron notificados. Se aprovechan de que no se notifica para hacer diligencias ocultas, falsas, con una supuesta oposición del representante legal de la revista, Miguel Badillo”, dice.
Actualmente, los periodistas se encuentran amparados por la justicia federal, sin que hasta el cierre de la edición se haya conocido específicamente el motivo de la demanda interpuesta por la empresa Multigas, que radica bajo el folio 1528/2008 en Guadalajara, Jalisco.
El acoso
Con el expediente 757/07, el 16 de agosto de 2007 el empresario Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario de Zeta Gas, presentó la primera demanda en contra los periodistas de las revistas Contralínea y Fortuna, así como de su representante legal, por “daño moral”.
El fallo a favor del dueño del consorcio gasero más importante del país fue ratificado en segunda instancia por los magistrados de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF): Olga Cárdenas de Ojeda, Delia Rosey Puebla y Pedro Ortega Hernández, quienes argumentaron que los periodistas se habían “excedido” en su libertad de expresión.
La demanda por “daño moral” derivó de las investigaciones que publicó Pérez Mendoza en las revistas que dirige Miguel Badillo. Ahí, la reportera documenta que Zaragoza López fue investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Además, de sus nexos con altos funcionarios de Petróleos Mexicanos y el financiamiento de la campaña presidencial de Felipe Calderón Hinojosa.
Pese a que el empresario chihuahuense aceptó que él mismo relató a la periodista las investigaciones por narcotráfico de las que fue objeto en 1992, los magistrados de la Sexta Sala Civil consideraron que los periodistas no tenían derecho a publicar las entrevistas, dicta el fallo del recurso de apelación 1909/08, emitido el 23 de septiembre de 2008 por los jueces TSJDF.
Un mes antes, el 5 de agosto del año pasado, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya –representantes de Zaragoza López y de Grupo Zeta– entraron a las instalaciones de las revistas Contralínea y Fortuna con la intención de llevar a cabo una diligencia, también sin previa notificación.
Los representantes legales de Jesús Zaragoza fueron encabezados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido, además de guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Denuncia ante la CNDH
La irrupción de los funcionarios públicos y abogados del empresario chihuahuense quedó asentada en una queja ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes.
El documento, firmado por los reporteros Ana Lilia Pérez, Miguel Badillo, Marcela Yarce Viveros y Nydia Egremy Pinto –también colaboradoras de las revistas Contralínea y Fortuna–, relata las diversas agresiones a las que se ha enfrentado el equipo editorial.
“Al filo de las 11 de la mañana del 5 de agosto, la reportera (Ana Lilia Pérez) se trasladaba de su domicilio, en el Estado de México, a las instalaciones de la revista Contralínea. Se percató de que un hombre de aproximadamente 30 años de edad, complexión mediana, moreno y cabello rizado, le tomaba fotografías”. Luego, aproximadamente a las 15:30 horas de ese mismo día, los abogados de Jesús Alonso Zaragoza López y de Grupo Zeta irrumpieron en las instalaciones de la revista.
Allí “se trasladaron hasta la oficina de Miguel Badillo, mientras otros policías permanecían frente a la puerta principal (sobre avenida Juárez) abordo de sus patrullas y un grupo más se instalaba a lo largo de la redacción. Ninguno de ellos se identificó ante el vigilante del edificio, tampoco ante los trabajadores de la revista.
“Mientras el perito exigía a Miguel Badillo los documentos contables de la casa editorial, el abogado Diego Romero amenazaba a los reporteros con romper y abrir los cajones de los escritorios y sustraer todos los documentos, sin importar que se tratara de expedientes periodísticos.
“Dentro de la oficina de Miguel Badillo, el abogado Francisco Cuéllar Ontiveros comentó a la reportera Nydia Egremy, quien se acercó a él para conocer el objetivo de esa irrupción en nuestras instalaciones, una serie de mensajes que, le advirtió, debía ‘comunicárselos’ a Miguel Badillo:
—Miguel se metió entre las patas de las mulas y no quiere aceptar. Ésta es la primera (de las demandas). A ver, ¿quién va a tener más recursos?
—Entonces, es cuestión de dinero, no de justicia o de información. Usted mismo está diciendo que la información es real, tenemos documentos…
—Esos documentos no tienen nada que ver, no es real. No se la van a acabar, no tiene nada que ver con lo que estás viendo. No quieren entender. Y ésta es la primera de varias demandas, todos los hermanos, las hermanas (de Zaragoza) van a demandar. Cada una de las empresas los va a demandar y no van a poder con eso. Se metieron con quien no debían. Vamos a acabarlos.
—Entonces lo que quieren es desaparecer el medio. ¿Es por una orden?
—Una disculpa, eso es lo que quieren. Ahí te va, viene lo que quiere. Es lo mínimo, una disculpa incondicional, porque las consecuencias fueron funestas para su negocio. Habla con él. Dile a Miguel que se disculpe…
Luego, el abogado se dirigió al periodista Miguel Badillo para decirle, como ya se lo había manifestado en varias ocasiones Jesús Alonso Zaragoza López, que revelara las fuentes de la información que habían proporcionado los documentos y la información publicada en las revistas, indica la queja (Contralínea 112).
El allanamiento se derivó del juicio de medios preparatorios promovido por Thermogas, otra de las compañías del Grupo Zeta. El expediente 708/2008 fue abierto por el juez 13 de lo Civil, de Guadalajara, Jalisco. El pasado 27 de enero, Contralínea presentó una queja contra el juzgador, ante el Consejo de la Judicatura estatal, por la ilegalidad de esa diligencia y de las recientes órdenes de arresto.
El amparo
Resultado de la diligencia que los abogados del Grupo Zeta Gas pretendían hacer a la empresa periodística, Miguel Badillo interpuso una demanda de amparo ante el juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Alejandro Villagomez Gordillo, quien resolvió a favor del reportero y las revistas que dirige, el 14 de noviembre pasado.
En el expediente 604/2008, las instancias judiciales lo amparan y protegen contra actos del juez 13 de lo Civil del Primer Partido Judicial de Guadalajara, Jalisco, (Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez), juez y actuario adscritos al Juzgado 56 de lo Civil, estos últimos del TSJDF; así como contra actos del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
En el documento, Villagomez Gordillo resolvió que el juez Cárdenas Rodríguez no realizó con antelación la notificación de la diligencia que se pretendía llevar a cabo y que obrara en el juicio entablado por la empresa Thermogas.
Según el amparo, “existe una violación a la garantía de audiencia del peticionario de amparo, toda vez que nunca fue notificado de manera previa la tramitación de unos medios preparatorios a juicio, cuyo objeto era la revisión y estudio de su documentación contable. Situación que incluso fue ordenada en autos y que nunca se cumplió”. El periodista argumentó la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 14 constitucional por el que se promovió el amparo indica que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
Mientras, el artículo 16 de la Carta Magna precisa: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
La PBI sin facultades
Respecto a que fueron elementos de la Policía Bancaria e Industrial los que llevaron a cabo la detención de Badillo Cruz, su abogado Horacio Gómez Mendieta asegura que ésta fue “ilegal”, ya que se trata de la policía preventiva la que ejecutó la orden.
No obstante, Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, aseguró, en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, que desde hace cuatro años la PBI “hace arrestos a solicitud de la Secretaría de Seguridad para no distraer a la policía preventiva; en el reglamento nuestro está totalmente tipificado, por lo que es completamente legal. Además de que la dependencia cuenta con un convenio con la Policía Bancaria para que se cumplan los arrestos de tipo civil”.
Según el portal de internet de la SSP, la PBI “contribuye al mantenimiento del orden público; a la protección de la integridad física de las personas y sus bienes; en la prevención de la comisión de delitos e infracciones a la Ley de Justicia Cívica, y de las diversas disposiciones legales. Auxilia a la población en caso de siniestros y desastres. Todo ello dentro del marco legal de las garantías individuales”. Ante esta situación, Gómez Mendieta dice que la PBI está obligada a rendir un informe en los próximos días y así mostrar el convenio que avala lo dicho por Mondragón y Kalb.

Contralínea se “excedió” en libertad de expresión: TSJDF
Autor: Nancy Flores .

El 5 de enero de 2009, Contralínea perdió la última instancia –el amparo directo– contra la sentencia del juicio 757/2007, que interpuso el empresario Jesús Zaragoza López por el supuesto delito de daño moral. Los juzgadores locales y federales determinaron que se “rebasó el límite del derecho a las libertades de expresión e información”, consideradas derechos humanos fundamentales. La condena obliga a la censura total en internet de siete reportajes. El juez argumentó que aunque el empresario otorgó la entrevista, con ella no dio su “consentimiento tácito” para que se difundiera.
Para las autoridades judiciales en materia civil, las revistas Contralínea y Fortuna. Negocios y finanzas, así como los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, “rebasaron el límite del derecho a las libertades de expresión e información”, ambas amparadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución de México.
Así quedó establecido en la sentencia de la demanda 757/2007 –que interpuso el empresario gasero Jesús Zaragoza López, por el supuesto delito de daño moral–, en la apelación de la misma y en la negación del amparo directo que promovieron los demandados por conducto de su defensa, encabezada por el abogado Mariano Albor.
El juez 44 de lo Civil, José Manuel Pérez León; los magistrados de la Sexta Sala de los Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Olga Cárdenas de Ojeda, Delia Rosey Puebla y Pedro Ortega Hernández; y los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil, Sara Judith Montalvo Trejo, Manuel Ernesto Saloma Vera y Julio César Vázquez Mellado García, consideraron que los periodistas no sólo habrían incurrido en el ilícito de daño moral, sino que habrían excedido sus derechos humanos relacionados con la libre expresión.
La sentencia, dictada el 30 de mayo de 2008 por Pérez León, establece que: “Atendiendo a la forma en que se presentó la información que se contiene en el artículo en comento [los reportajes relacionados con Zaragoza López y su grupo empresarial Zeta Gas] se rebasó el límite del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información y se incurrió en un ataque al honor del actor”.
Según el juez, “no todas las publicaciones periodísticas o de divulgación cultural se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión”; pues, justifica, “no obstante que en el texto del artículo séptimo constitucional se advierte que es inviolable el derecho de toda persona física o moral de escribir y publicar escritos de cualquier materia, el propio precepto establece límites al ejercicio de esa libertad, los cuales consisten en el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”.
En su fallo, el juez añade que “la publicación de ideas u opiniones no es ilimitada e implica que, si bien la libre comunicación de pensamientos y opiniones es una garantía constitucional, quien realice ese tipo de actividades debe acatar el respeto a la vida, a la moral y a la paz pública”.
La demanda
En agosto de 2007, el empresario Jesús Alonso Zaragoza López inició una demanda por daño moral en contra de las revistas Contralínea y Fortuna y dos de sus periodistas por el supuesto delito de daño moral. Ésta se fundamentó en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.
Según su propia descripción, Zaragoza López es “presidente del Consejo de Administración de más de 80 empresas que conforman un consorcio empresarial, conocido a nivel nacional e internacional como Grupo Zeta, y cuya marca comercial es Z Gas”.
Fundado en 1946, el Grupo Zeta se dedica a la comercialización, almacenamiento, envasado, distribución y transporte de gas licuado de petróleo (gas LP). Su principal proveedor y cliente es Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal más importante del país.
Algunas empresas que lo integran son: Zeta Gas de Nuevo León, Gas del Valle Tollocan, Nila Gas, Multigas, Hidrogas Juárez, Gas de Chetumal, Gas Peninsular de Campeche, Gas del Caribe, Gas LP de Mérida, Gas de Chiapas, Gas Continental del Pacífico, Distribuidora de Gas Pemex del Bajío, Compañía de Gas del Centro, Compañía de Gas de Ensenada, Central de Gas de Chihuahua.
De acuerdo con el escrito inicial de demanda, en el ámbito internacional, el corporativo ocupa el quinto lugar entre los compradores de gas LP, sólo después de la holandesa SHV, la angloholandesa Shell, la española Repsol y la francesa ELF. Además, participa en los mercados de Perú, Guatemala, Estados Unidos, Belice, Bahamas, El Salvador, España, Costa Rica y Nicaragua.
Daño moral
En ese mismo escrito inicial de demanda, Zaragoza López acusó: “Desde principios de diciembre de 2006 se dio inicio a una encarnizada campaña de publicaciones en contra del suscrito y de las empresas que dirijo, en las revistas Fortuna, Contralínea y Contralínea Chihuahua”.
La “encarnizada” campaña se habría extendido a mayo del siguiente año y habría constado de siete reportajes. En el periodo referido, se habrían publicado alrededor de 145 trabajos periodísticos en 24 ejemplares (12 de ellos correspondieron a la quincenal Contralínea). Los siete textos que hicieron referencia a Zeta Gas representarían apenas el 4.8 por ciento del total.
Según su dicho, las publicaciones que revelaron sus vínculos con altos funcionarios de Pemex, de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía causaron perjuicio a su imagen.
Respecto de los nexos con servidores públicos, el magnate justificó en su escrito de demanda: “Es evidente, y sin necesidad de más explicación, que las empresas del Grupo Zeta y en especial el suscrito tenemos estrecha relación comercial e institucional con Pemex, ya que es nuestro principal proveedor”.
Añadió: “Las relaciones comerciales que nuestro Grupo mantiene con Pemex presuponen una constante relación con sus funcionarios en todos sus niveles y es esta relación la que se ha dañado con los reportajes publicados por los demandados”.
Por el supuesto perjuicio, Zaragoza López solicitó la reparación del daño moral; la publicación de la sentencia; la censura total de los siete reportajes que fueron materia de la demanda, al exigir su retiro de las páginas de internet www.contralinea.com.mx, www.revistafortuna.com.mx y www.chihuahua.contralinea.com.mx; el pago de una indemnización, así como de los gastos y costas originados por la demanda.
Juzgadores condenan a los periodistas
Una de las siete piezas periodísticas materia de la demanda reproduce las entrevistas hechas al directivo de Zeta Gas. Aunque las grabaciones de las mismas fueron aportadas como pruebas de veracidad, y el propio empresario admitió que era su voz y sus respuestas, el juez consideró que no había ningún descargo a favor de los demandados.
De acuerdo con la sentencia, “la circunstancia de haber accedido a dar la entrevista no puede tener el alcance de otorgar consentimiento tácito para que la información proporcionada se difunda de forma arbitraria por la periodista; siendo irrelevante que en la técnica del derecho mexicano exista la posibilidad de ejercer el derecho de réplica y que la enjuiciante no lo haya ejercido, pues las leyes de la materia exigen diversos deberes e imponen obligaciones a todos los comunicadores en general”.
Añade que “tampoco existe sustento jurídico que permita concluir que la circunstancia de que el actor haya admitido las entrevistas y otorgado documentos pueda entenderse como una manifestación de voluntad que consiente el trabajo del periodista, pues no puede existir consentimiento sobre la forma en que va a darse la difusión de esa información, si no se conoce esa forma”.
Además de las entrevistas, el juez desacreditó como pruebas de veracidad de la información publicada los números de expedientes y copia de los mismos respecto de diversas denuncias en curso contra el empresario o sus empresas.
“A consideración de este juzgador, no basta que los codemandados aleguen que las empresas en las que el accionante tiene participación son objeto de diversas quejas y denuncias, pues se requiere de que se pruebe fehacientemente la existencia y naturaleza de esas quejas y sobre todo que alguna o algunas de ellas resultaren fundadas”.
De acuerdo con la sentencia, al dar a conocer investigaciones abiertas sobre supuestos actos de corrupción y al referirse a una indagatoria cerrada en 1992 por supuesto tráfico de drogas en contra del empresario –misma de la que fue absuelto por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos–, los periodistas incurrieron en “un abuso del derecho a la información y de la libertad de expresión, con el que se lesiona el honor del hoy actor”.
Aunque, a decir del propio juez, el daño moral fue parcialmente acreditado por Zaragoza López, la sentencia asegura que los periodistas incumplieron con “su obligación de cuidar que sus publicaciones carecieran de manifestaciones o expresiones maliciosas, que expusieran al actor de forma tal que le causara algún demérito en su honor”.
Al ser negado el amparo de la justicia federal, el pasado 5 de enero de 2009 quedó vigente la condena establecida por el juez 44 de lo Civil: las revistas deben censurar en sus páginas de internet los siete reportajes, además de publicar la sentencia íntegra. También cobra vigencia su ratificación y ampliación: en segunda instancia, los magistrados agregaron a la condena el pago de los gastos y costas derivados del juicio 757/2007 y de la propia apelación.
En las páginas de Fortuna y Contralínea se han documentado temas como la investigación que abrió en 1990 el departamento antidrogas de Estados Unidos en contra del empresario Jesús Zaragoza López y sus familiares; la red de más de 85 empresas que Zeta Gas posee en los paraísos fiscales de Luxemburgo e Irlanda, relacionadas con su filial española Compañía de Gas Licuado Zaragoza; las supuestas complicidades entre el monopolio gasero y altos directivos de Petróleos Mexicanos, para hacerse de negocios en el almacenamiento y la distribución del energético, entre otros reportajes.
Jueces y magistrados del caso
-Juez 44 de lo Civil: José Manuel Pérez León, primera instancia, demanda
-Magistrados de la Sexta Sala de los Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal: Olga Cárdenas de Ojeda, Delia Rosey Puebla y Pedro Ortega Hernández, segunda instancia, apelación
-Magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil: Sara Judith Montalvo Trejo, Manuel Ernesto Saloma Vera y Julio César Vázquez Mellado García, última instancia, amparo.

Vulnerada la libertad de expresión en México
Autor: Yenise Tinoco
Las autoridades encargadas de procurar justicia en México promueven y toleran las agresiones a los medios de comunicación: aunque el gobierno no atente de manera directa, al ser omiso en sus deberes, motiva que los grupos de poder amedrenten a los periodistas, dice Mauricio Farah, de la CNDH. En tanto, el fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas califica el caso de Contralínea como un hecho aislado.
La actuación omisa de las autoridades encargadas de procurar justicia en México genera que la impunidad se institucionalice, lo que provoca una espiral cada vez mayor de agresiones a comunicadores. Se victimiza doblemente a los periodistas, en ocasiones es abiertamente el mismo Estado quien agrede al informador, dice Mauricio Farah, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En 1991 se creó el Programa Especial de Periodistas, luego de que se hubiera considerado a los integrantes de este gremio como grupo vulnerable. En esta primera etapa únicamente se le facultó para conocer casos relativos a presuntas violaciones contra comunicadores.
De acuerdo con el portal electrónico de la Comisión, en mayo de 1997 se creó la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. Ocho años después, en enero de 2005, se instituyó la Quinta Visitaduría General, a la que fue adscrita la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.
En ese contexto, Farah dice que la CNDH se mantiene atenta respecto de las agresiones e intimidaciones de las que ha sido objeto Contralínea.
“Nos preocupa (la detención de Miguel Badillo) porque podría ser un tipo de agresión, por parte de grupos fácticos de poder, con medios indirectos: amenazas y hostigamiento a través de varios juicios penales que tienen los periodistas, lo cual sería sumamente lamentable. Sería un mensaje no solamente para el gremio periodístico, sino para la sociedad.”
Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), considera la detención del director de las revistas Contralínea y Fortuna como “alarmante” y un “foco rojo” en contra de la libertad de expresión.
Expone que mediante la Relatoría de Libertad de Expresión, la CDHDF recibió una queja por el arresto del periodista, donde se describen diversas irregularidades; entre ellas, la “extraña” actitud asumida por los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes durante el trayecto al centro de detención hostigaron verbalmente al periodista.
Álvarez Icaza sostiene que la CDHDF refrenda su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, y en este caso continuará pendiente y realizará las diligencias necesarias para que el proceso se lleve a cabo con apego irrestricto a la ley.
Policía bancaria
A decir del ombudsman capitalino, el caso de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez es una expresión más del acoso que enfrentan los periodistas. La CDHDF inició una queja por la actuación de la PBI y solicitó informes. Además, la Comisión mandó medidas cautelares de protección para ambas personas.
“Es grave que los periodistas en México, además de defenderse de los narcotraficantes, tengan que enfrentar una serie de marasmos legales para tratar de demostrar su inocencia. Se les quiere obligar por vías legales y extralegales a revelar sus fuentes, tratar de retractarse o, sencillamente, ahogarlos por la vía económica. Es una señal gravísima para nuestra democracia”, considera Álvarez Icaza.
Mauricio Farah aclara que no es competencia de la CNDH cuestionar la actuación de la Policía Bancaria e Industrial; pero, parecería que existe un fundamento legal para justificar su participación en la detención de Miguel Badillo. Agrega que la parte que preocupa a la institución que representa es la notificación que en su momento se haya hecho, oportunamente y conforme a derecho.
Para el visitador, si no existe una orden de presentación al momento de detener a una persona, hay una clara violación a los derechos humanos. Es inadmisible cualquier tipo de detención sin una orden correspondiente, considera.
Amenazas e irregularidades
Aarón Jiménez Paz, del Programa de Agravios a Periodistas de la CNDH, considera lamentable la situación por la que atraviesa Contralínea. Dicha instancia integra un expediente desde septiembre de 2008, cuando reporteros de esta revista presentaron una queja por amenazas, acoso e irregularidades administrativas.
Agrega que se debe tener clara cuál será la frontera entre la participación del Estado y de particulares, y procurar la atención de todos, con los ojos puestos en lo que tenga que ver con la participación de autoridades para evitar cualquier agresión contra los periodistas.
Libertad de expresión, bien común
Mauricio Farah considera que la libertad de expresión es un bien común que se debe proteger. La sociedad se beneficia de este derecho; pero lamentablemente en México el ejercicio periodístico corre mayores riesgos.
Agrega que las quejas de periodistas agraviados presentadas ante la CNDH van en aumento. Desde el año pasado, las estadísticas se vienen duplicando “sólo si nos referimos a aquellos números que conoce la Comisión, pero si se hace referencia al número de quejas que se encuentran en comisiones estatales o incluso aquellos casos que no son denunciados, sin duda alguna la situación podríamos verla con mucho más alarma”.
El funcionario dice que desde que se abrió el programa se han registrado 700 quejas por presuntas agresiones a periodistas. En los últimos dos años se duplicó el número de denuncias; en 2008 se recibieron más de 80, cuando en promedio se presentaban alrededor de 40 quejas al año.
De acuerdo con el visitador, se emitieron 49 recomendaciones por agresiones a periodistas; además se realizaron conciliaciones entre los afectados, que no se hicieron públicas, donde se logró acreditar una agresión no grave. En otros casos se consigue que la autoridad reconozca la agresión para que deje de darse el hecho violatorio de los derechos humanos.
Farah califica como “grave” que las autoridades estén involucradas en las agresiones a periodistas. “Si la libertad de expresión es un bien público, el Estado no sólo debe de protegerla, sino garantizarla, toda vez que es un pilar de todo Estado democrático”, explica.
“Resulta preocupante que el Estado no sólo no garantice la libertad de expresión, sino que no lo proteja, ya sea por acción u omisión. Vivimos una situación vulnerable en un sector de por sí vulnerado. Ahora en lo que estamos cayendo es en una posible y creciente autocensura por parte de los informadores.”
En este caso, explica, vemos que los tres órdenes de gobierno son, en ocasiones, quienes promueven las agresiones contra los comunicadores, que van de las simples amenazas hasta acciones directas y abiertas: desapariciones u homicidios.
Las autoridades, cuestionadas
La CNDH observa que son pocos los casos donde se conoce quién fue el agresor y qué motivó la agresión contra el comunicador. Hay muchos expedientes con investigaciones deficientes. El Ministerio Público es negligente, por decir lo menos, omiso, al igual que los trabajos periciales; situación que obra en contra del desarrollo democrático del país. Esta tolerancia hace que se multipliquen los ataques contra periodistas.
Para Farah, si el Estado no tiene la capacidad de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de información, se empezará a registrar una creciente autocensura por parte de los periodistas, que no es deseable desde ningún punto de vista. “Cuando se agrede a un comunicador también se ataca a la sociedad, violando uno de los derechos fundamentales del individuo”.
A decir del visitador, la CNDH observa que el Estado no garantiza la libertad de expresión y de prensa, por lo que están abriendo expedientes de muchos casos, para conocer cuál es la investigación por parte de las autoridades; saber si hay un ataque directo por parte del gobierno y si no es así, entonces que la averiguación sea pulcra, apegada a derecho y eficaz.
“En los tres niveles de gobierno hay una deficiencia para poder garantizar al periodista el ejercicio de la libertad de expresión. La sociedad tiene que levantar la voz y defender la labor de los periodistas, toda vez que están realizando un trabajo que es un bien común”, considera el funcionario.
La Fiscalía Especial
Octavio Orellana Wiarco, fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), califica las agresiones e intimidaciones por las que atraviesa la revista Contralínea como un caso aislado. Agrega que la Fiscalía no se puede pronunciar sobre el caso particular de Contralínea, porque no conoce documentos que avalen la actuación citada.
Orellana Wiarco asegura que los poderes “formales” tienen un clima de respeto y de no afectar la libertad de expresión y de información; sin embargo, otro tipo de instancias (los poderes “informales”), como la delincuencia organizada, son los que afectan a los periodistas.
Para el fiscal, la PGR está realizando el trabajo lo mejor posible: resolvió casi el 75 por ciento de los casos que conoció. Al cierre de 2008, la dependencia registró 288 casos sobre agresiones contra periodistas, de los cuales se resolvieron 213.
En su informe sobre la situación laboral de los freelancers en México, la Fundación Rory Peck Trust –con sede en Gran Bretaña– advierte que este país “es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y los freelancers no son ajenos a esta realidad. Amenazas, golpes, secuestros, desapariciones y hasta asesinatos son algunas de las condiciones más graves que se presentan para trabajar en la cobertura informativa”.
Nadine Jurrat, subdirectora de la Fundación, al enterarse de la detención de Miguel Badillo, tomó nota del caso y manifestó que próximamente visitará el país.
Indigna a Cámara de Diputados detención de Miguel Badillo
Legisladores lamentan el creciente número de agresiones contra informadores y medios de comunicación, así como la indiferencia del Estado para detener los ataques y velar por la libertad de prensa.
Javier González Garza, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, lamenta que el director de la revista Contralínea, Miguel Badillo, y la reportera Ana Lilia Pérez sean sujetos de una represión “dizque” legal.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática asegura que la situación por la que atraviesa la revista será tratada de forma institucional en la Comisión Especial, para dar seguimiento en la Cámara de Diputados a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
Gerardo Priego, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, califica de inaceptables los ataques sufridos por la revista Contralínea, así como la detención de su director.
El legislador del Partido Acción Nacional considera que pese a que el ente agresor es una empresa privada, se presta a suspicacias de nexos de ésta con el poder público.
“Hoy más que nunca la libertad de prensa es atacada por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y la delincuencia organizada: a golpes, balazos, con granadas y con censura. Nunca fue tan grave la situación de la libertad de expresión en México”, considera el diputado panista.
Este 2008 fue un año de total impunidad, dice, pues además de que crecieron los ataques a periodistas aumentó la indiferencia de las autoridades; por ello, considera, el gobierno es corresponsable de las agresiones.
Joaquín de los Santos, secretario de la Comisión, condena las agresiones de las que son objeto Badillo y Pérez. Dice que resulta lamentable el aumento de los ataques a los comunicadores en México; el acoso, la intimidación de manera directa y brutal sobre diferentes medios y comunicadores.
Desde la Comisión, dice, se critica de manera abierta cómo el crimen organizado ataca a los comunicadores y medios; pero es doblemente criticable que desde el poder del Estado se agreda a los periodistas.
El legislador de extracción perredista considera que la detención de Miguel Badillo y las constantes amenazas que ha sufrido Ana Lilia Pérez dejan claro que desde las más altas esferas del poder público “se está atacando” a la prensa.
De los Santos asegura que el caso de Contralínea servirá a los integrantes de la Comisión para empujar la iniciativa que busca federalizar los delitos contra periodistas, que actualmente se encuentra en la congeladora por “el capricho” del presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho.
El diputado perredista considera que, si la PGR cumpliera con su cometido de procurar justicia, no se tendrían que crear más leyes que tutelen la libertad de expresión. Por lo menos entre el 35 y 40 por ciento de las agresiones a comunicadores y medios provienen de entes gubernamentales.
Expone que al inicio de la actual legislatura se logró despenalizar el delito de difamación y calumnia; pero no bastó con que el Congreso de la Unión la aprobara. Ahora la iniciativa está “atorada” en los gobiernos estatales, sólo fue ratificada en 11 entidades; se necesitan otros cinco estados para que se convierta en ley.
De los Santos considera que pese a la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, dependiente de la PGR, los ataques a comunicadores van en aumento.
Para Gerardo Priego, la Fiscalía es un organismo débil que debe ser fortalecido. “No demuestra voluntad política para resolver de forma eficaz los casos que investiga”.
Detención ilegal
El diputado Elías Cárdenas sostiene que la detención de Miguel Badillo es ilegal y “parecida a un secuestro”. Pero en este caso, argumenta, “cuenta con la corrupción del juez 49 de lo Civil, Jorge Luis Ramírez, quien lanzó una orden de desacato sin notificación. Se trata de una chicanada del juez y de los gaseros”.
El legislador por Convergencia considera que la detención del periodista exhibe la enorme corrupción judicial que impera en el Distrito Federal. Agrega que pedirá la intervención del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y la del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, “para que vean la clase de jueces que padece la ciudadanía de la capital del país”.
Para Cárdenas, la detención del director de Contralínea es un atentado a la libertad de expresión. “Dicen que el periodista se está excediendo en la libertad de expresión. ¿Quién fija los excesos de los medios de comunicación?”
A tribunas legislativas, acoso a Contralínea
Autor: Contralínea
Mientras que la ALDF exhorta a garantizar la libertad de expresión y salvaguardarlos derechos de los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, en el Congreso de la Unión legisladores panistas obstruyen un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidarizaría con los reporteros y exhortaría a la CNDH y la PGR a resolver las denuncias de acoso y amenazas.
Érika Ramírez /
Con su voto en contra, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) impidieron que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobara un punto de acuerdo que exhortaba a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a garantizar el respeto irrestricto a la libertad de prensa y expresión y a resolver las denuncias por acoso y amenazas de las que son víctimas los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, director y reportera, respectivamente, de las revistas Contralínea. Periodismo de investigación y Fortuna. Negocios y finanzas.
Con nueve votos de la bancada panista contra ocho de legisladores de los partidos Convergencia, de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), el punto de acuerdo presentado por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, fue turnado a comisiones.
El intento de exhorto del Poder Legislativo por el que “la Comisión Permanente se solidariza con los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo y se manifiesta por el respeto irrestricto de la libertad de expresión y los derechos humanos” también pugnaba por la resolución de las denuncias de acoso presentadas por dichos reporteros ante ambas instancias.
Frente a los legisladores, Velasco Oliva –del Partido Convergencia– argumentó que el respeto a los derechos humanos es parte fundamental en un estado de derecho: “Entre las libertades de los sistemas democráticos se encuentra la libertad del individuo de exponer sus pensamientos y opiniones, por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro medio de reproducción. Sin autorizaciones previas o censura de la autoridad. Sin más limitación que la que la ley establece, es decir, los derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así como el respeto al orden público”.
El diputado consideró que el punto de acuerdo debía ser de “urgente y de obvia resolución”, debido a que recientemente “hemos visto con profunda preocupación que una de las manifestaciones de la libertad de expresión, tutelada en el artículo séptimo de la Constitución, se ha visto vulnerada en la persona de los periodistas Miguel Badillo, director, y Ana Lilia Pérez, ambos de la revista Contralínea”.
En tribuna, argumentó: “¿Cuál es el delito que han cometido para verse perseguidos y acosados? Ninguno. El verdadero motivo parece ser un malentendido sentimiento de revancha… Un acto de autoritarismo que en el uso faccioso de las instituciones vulnera el estado de derecho para castigar a quien, en ejercicio de un derecho, informó a sus lectores en febrero de 2008 que Juan Camilo Mouriño Terrazo, como funcionario público realizaba negocios privados, beneficiando a compañías de su familia”.
Argumentos blanquiazules
No obstante la exposición de motivos para el exhorto, en la que el diputado detallaba el arresto de Miguel Badillo (el 16 de enero de 2009) y el resguardo al que se vio sometida Ana Lilia Pérez, los diputados de Acción Nacional alzaron su mano cuando la secretaria técnica de la Comisión Permanente pedía votos en contra de que el punto de acuerdo fuera “urgente y de obvia resolución”.
María Esther Jiménez Ramos, integrante del grupo parlamentario del PAN, argumenta que el acoso a periodistas o a cualquier ciudadano tiene que ser llevado a un procedimiento legal. “Votamos en contra de que no fuera de urgente y de pronta resolución para que se lleve a cabo un análisis en la Comisión de Justicia, que le corresponde”.
Al preguntarle sobre los derechos de los periodistas de ejercer libremente su profesión, la legisladora dice que la libertad de expresión de los periodistas es la misma que tienen todos los ciudadanos, “por eso hay procedimientos legales que se tienen que seguir y existen autoridades competentes para que determinen lo que corresponda”.
Fidel Antuña Batista, también de la bancada panista, coincide con Jiménez Ramos y agrega: “No tenemos los documentos para analizar la violación a sus derechos. No tenemos datos. Cuando la Comisión lo pase al pleno se podrá votar”.
No obstante, manifiesta que es “preocupante” la judicialización del ejercicio periodístico, y que el libre ejercicio de una profesión sufra del acoso y la persecución de cualquier autoridad. Aunque, justifica, “no es una situación generalizada”.
Carlos Augusto Bracho González –uno de los nueve panistas que alzó la mano derecha para que el punto de acuerdo se rechazara, bajo el argumento de turnarlo a la Comisión de Justicia– defiende su voto: “Para ello hay una comisión especializada. Ahí, que los diputados analicen en forma rápida y hagan el dictamen correspondiente”.
Ante los reporteros, Bracho González no omite conceder: “Hay que solidarizarse con los periodistas que se atreven y arriesgan su vida por temas complicados y donde pisan muchísimos intereses”.
Cuauhtémoc Velasco Oliva considera que el voto panista en contra del punto de acuerdo promovido se debe a que los legisladores de ese partido se “caracterizan por respaldar gobiernos autoritarios y medidas antidemocráticas. Pensé que ante la gravedad de los hechos pudieran cambiar su voto, pero lamentablemente no fue así.
“Hay un deterioro de los derechos humanos y de las libertades, producto de la forma en que surge este gobierno. Es un gobierno que ha buscado la movilización del Ejército Mexicano encubierta con la lucha contra el narcotráfico, pero que en el fondo está mandando un mensaje muy claro de que es un gobierno que tiene la posibilidad de usar a las fuerzas armadas. Es un Estado cada vez más policial en donde la libertad de expresión sufre un menoscabo, que se refleja el acoso a periodistas.”
Periodista, vigilante permanente
Previo a la votación del punto de acuerdo, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, dijo en entrevista con Contralínea que el periodista se ha convertido en un vigilante permanente del poder. “Lógicamente, las personas que se ven afectadas con estos señalamientos quieren crear un clima de temor entre el gremio que ejerce la libertad de expresión y de prensa”.
Ante la labor de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (encabezada por Octavio Orellana Wiarco), Soberanes Fernández dice que ésta “desgraciadamente no ha dado resultados”, y que “debería haber una actitud más enérgica por parte del gobierno federal”.
El encargado de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en México asegura que “no queremos privilegios para los periodistas. Simplemente hacer valer el ejercicio de una garantía individual fundamental, como la libertad de prensa. No es denostando a un periodista como se va a lograr la plena democracia en nuestro país”.
ALDF: defender la libertad de expresión
Mientras, como de “urgente y obvia resolución”, los integrantes de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) votaron un punto de acuerdo para pronunciarse en contra del hostigamiento que padecen Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez.
El pasado 28 de enero, durante sesión ordinaria, por unanimidad, y tres ausencias, diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, la Coalición Parlamentaria de Izquierdas y la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata aprobaron exhortar a las autoridades para que cese el acoso y se respete la libertad de expresión.
Salvador Martínez Della Rocca, del PRD e integrante de la Diputación Permanente, presentó el punto de acuerdo por el que la ALDF expresó su posición frente a los actos cometidos contra los periodistas de esta casa editorial. En su intervención, Martínez Della Rocca expuso que, “ante estos hechos que significan un flagrante retroceso en el ejercicio de la libertad de información en nuestro país, es responsabilidad de este órgano pronunciarse por el ejercicio de la libertad de prensa sin restricciones”.
Luego de hacer un recuento sobre los hechos ocurridos el 16 de enero –con el arresto del director de Contralínea–, los firmantes del punto –Della Roca y Tomás Pliego Calvo, también del partido del sol azteca– aludieron a una de las demandas que enfrentan los periodistas: “Se acusa a Badillo de haber emprendido una campaña apartada de los cánones de la libertad de expresión, derecho a la información y libertad de expresión, en contra de la sociedad actora (Oceanografía), con el propósito de desprestigiarla, sin informar con toda veracidad su situación”.
Además, recordaron lo vivido el 5 de agosto de 2007, cuando a las instalaciones de Contralínea y Fortuna irrumpieron representantes de Grupo Zeta Gas y amenazaron con desaparecer dichas publicaciones, además de exigir que se revelaran las fuentes de información. Del mismo modo hicieron mención de la queja interpuesta el 12 de septiembre de 2008 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte en su contra y de la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la retención ilegal de Badillo.
Argumentaron que diversos analistas políticos como Ernesto Villanueva, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, han expuesto que: “El periodista Miguel Badillo fue privado de la libertad al margen de la ley por una causa de naturaleza civil. Ello pone de relieve el uso del poder para acallar a la prensa incómoda con la connivencia de las autoridades jurisdiccionales”.
En entrevista con Contralínea, Pliego Calvo señala que es un “grito de alarma, de solidaridad y de protesta en contra de las autoridades”. El asambleísta, autor del punto de acuerdo, observa que en el caso hay un contubernio entre grandes empresas y el poder político: “Tratan de callar, combatir y cercenar la pluma a periodistas comprometidos con su labor, que se caracterizan por su valor y dignidad, para seguir haciendo cuanta arbitrariedad se les ocurra, sin ser observados o vigilados por nadie”.
Agregó que el ejercicio libre del periodismo es afectado porque a través de bufetes jurídicos se opera contra los medios de comunicación: “Creemos que el poder legislativo no puede ser omiso, quedarse con la boca callada, porque seríamos cómplices de estos atropellos”.
El también vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia advierte que el caso tiene que ver con la denuncia de actitudes reprochables para la sociedad civil. Atribuye la judicialización de investigaciones periodísticas a la crisis y la falta de legalidad: “Son vulnerados medios de comunicación comprometidos con la verdad. Estoy convencido que estos procesos judiciales pasan por filtros políticos de primer nivel. Es muy grave, porque hay una colisión entre el poder político, el poder empresarial y una fracción del poder judicial; se confabulan para ‘aleccionar’ a los periodistas que trabajan sin ningún tipo de censuras personales e institucionales”.
Pliego Calvo –quien también ha sugerido puntos de acuerdo respecto a los casos de los comunicadores José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui– concluye que, más que leyes, se requiere honestidad, respeto a la libertad de expresión e intención política. No obstante, advierte que se entiende al inverso: “Es una voluntad política que está dirigida a aplastar, acallar plumas, voces e información a la que todos los mexicanos tenemos derecho”.
El exhorto del Congreso de BC
El 29 de enero, el Congreso del Estado de Baja California aprobó un punto de acuerdo para emitir un exhorto al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, con el fin de que se realice una investigación profunda y expedita del caso en el que se ven involucrados los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, director y reportera, respectivamente, de la revista Contralínea.
Ana María Fuentes, presidenta de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas, quien fue la encargada de leer el punto de acuerdo en tribuna, argumentó que el ejercicio periodístico se convirtió en una actividad de alto riesgo en el país.
La diputada dijo que la violencia y las agresiones hacia los comunicadores en México, tanto desde el poder de los cárteles del crimen organizado, como de los del poder político, los criminales de cuello blanco, los empresarios sexenales, que contrario a la sana competencia proclamada por el neoliberalismo hasta hace poco, se dedican a hacer negocios al amparo del poder.
Fuentes agregó: “Esta soberanía no puede ser insensible a la angustia de la periodista Ana Lilia Pérez, quien recibió amenazas de muerte y teme ser aprehendida, por investigar y divulgar asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel”.
A decir de la legisladora, la democracia exige la vigencia de libertades políticas fundamentales, especialmente de opinión, expresión, asociación, movimiento y acceso a medios de comunicación libres y plurales. (Yenise Tinoco / Lorena Rosas, corresponsal)

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