LA BATALLA CONTINUA

Caso Contralínea llega a la ONU
Autor: Yenise Tinoco



15 Febrero 2009
El Centro Prodh entregó información al relator especial para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, acerca del hostigamiento que sufren periodistas de la revista Contralínea por parte de funcionarios y empresarios del sector gasero. Mientras, ante el organismo internacional, Gómez Mont mencionó como “logros” del calderonismo la presentación de una iniciativa en materia de libertad de expresión que está en la congeladora.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hizo del conocimiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el hostigamiento que viven el director y reporteros de la revista Contralínea, por considerar coartados los derechos de los periodistas y afectar a la sociedad mexicana en su derecho a estar informada.
El pasado 10 de febrero, en el marco del primer Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Centro entregó la información con el fin de que el organismo internacional exhorte al Estado mexicano para que adopte las medidas necesarias para asegurar la integridad personal de los periodistas de esta revista y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Desde hace varios meses, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, director y reportera, enfrentan una serie de persecuciones por información difundida a través de Contralínea. Las investigaciones publicadas involucran a funcionarios, entre ellos al fallecido Juan Camilo Mouriño, exsecretario de Gobernación, en supuesto tráfico de influencias y abuso de autoridad en procesos de contratación de Petróleos Mexicanos.
El Centro Prodh señaló al relator Frank La Rue que se ha confirmado el acoso contra la revista, que consiste en la presentación de demandas y acciones legales que propician que profesionistas de los medios enfrenten juicios de imparcialidad aparente en situaciones de considerable desigualdad procesal y material.
A partir de sus investigaciones, Badillo y Pérez son objeto de actos de acoso, persecución, represión y amenazas de muerte por parte de personas implicadas.
El Centro Prodh incluyó en su relato que los periodistas denunciaron que las acciones emprendidas en su contra están relacionadas con la publicación de una serie de reportajes donde documentan supuestos beneficios a favor de la empresa Zeta Gas durante la actual administración, así como la existencia de investigaciones contra ese consorcio por hechos relacionados con la delincuencia organizada.
En su documento, la asociación defensora de derechos humanos informa al relator que el 5 de agosto de 2008 Ana Lilia Pérez fue víctima de seguimiento por parte de un individuo no identificado cuando se trasladaba de su domicilio a las instalaciones de la revista.
Agrega que ese mismo día, abogados del Grupo Zeta, junto con un actuario judicial y un perito irrumpieron en las instalaciones de Contralínea, acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
El Centro explica a La Rue que durante estos hechos los periodistas supieron que se estableció un juicio promovido por la empresa Thermogas, una de las compañías del Grupo Zeta, contra las revistas Contralínea y Fortuna. Negocios y finanzas.
En agosto de 2007, dice el documento, se presentó una demanda contra los periodistas y las revistas por supuesto daño moral, por la publicación de las entrevistas realizadas a Jesús Zaragoza López, accionista mayoritario del Grupo Zeta.
El 30 de mayo de 2008, en una primera instancia, un juez resolvió en contra de Badillo y Pérez, quienes recurrieron a la segunda instancia. En septiembre de 2008 se confirmó la sentencia contra ellos. Ante esto, interpusieron un juicio de amparo, pero el 5 de enero de 2009 les fue negada la protección de la justicia federal por un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación, por lo que se ordenó borrar la información publicada en las páginas de internet de Contralínea y de Fortuna sobre el Grupo Zeta.
El Centro Prodh considera que el acoso constituye un ataque contra la libertad de expresión, consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado mexicano el 23 de marzo de 1981.
Los reporteros acudieron a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas, la cual, el 15 de enero de 2009, declinó su competencia al fuero común respecto de la mencionada averiguación previa, sin notificación alguna a los peticionarios; también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin que a la fecha haya respuesta de su caso.
Condena internacional
Durante la comparecencia de la representación mexicana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encabezada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el gobierno federal recibió críticas por parte de las delegaciones internacionales, quienes condenan la situación de peligro que viven los periodistas en México.
En particular, los países europeos pidieron al gobierno mexicano que garantice el derecho a la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores, erradicar la impunidad en los casos de agresiones, fortalecer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas y crear programas de prevención contra agresiones y amenazas.
En su primera intervención, Gómez Mont destacó como “logros”, en materia de libertad de expresión, la despenalización de la difamación a nivel federal, sólo aceptada hasta el momento en 10 estados; la iniciativa que presentó la Procuraduría General de la República para federalizar los delitos contra periodistas, la cual se encuentra en la congeladora.
Además, el titular de Gobernación mencionó las medidas de seguridad emprendidas contra el crimen organizado, a quien el funcionario acusa como el principal perpetrador de las agresiones contra los periodistas.
Exige Europa a México detener crímenes contra periodistas
El gobierno de Noruega pidió a su homólogo mexicano ofrecer mayor protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, en lo que se consideró el primer gran llamado de atención desde Europa para que México garantice el respeto a la libertad de expresión, tal como lo establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ese hecho inédito ocurrió el 10 de febrero en Ginebra, Suiza, en el marco del Cuarto Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ante el cual compareció Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, quien respondió a los cuestionamientos de la troika de relatores integrada por Sudáfrica, Pakistán y Nicaragua.
El responsable de la política interna de México evitó pronunciarse ante esa exigencia planteada por los representantes de los Países Bajos, Reino Unido, Austria, Alemania, Dinamarca, Suiza y otros Estados europeos, quienes exhortaron al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a “acabar con la ola de homicidios y desapariciones”.
El señalamiento tuvo como trasfondo la violencia sistemática contra comunicadores en México, así como el despliegue del Ejército para combatir a la delincuencia organizada, medidas que ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos. Por tal razón, la organización Artículo 19 presentó un informe ante esa instancia internacional sobre la situación que prevalece en México en materia de libertad de expresión y lo que llamó “el estado de la impunidad en el país”.
Ésta es la primera ocasión en la que el Consejo de Naciones Unidas crea un mecanismo destinado a revisar el estado de los derechos entre todos sus miembros en materia de derechos humanos y también en lo que corresponde a la libre expresión.
A México se le considera como uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. El clima de amago es tan grave para los periodistas de todo el territorio nacional que el Consejo sometió al escrutinio el hecho de que en años recientes se incrementaron las amenazas y la violencia contra periodistas. Para las organizaciones civiles internacionales y mexicanas, resulta notorio que, de todos estos crímenes, ningún responsable ha sido llevado ante la justicia.
Esa situación obligó a la organización humanitaria Artículo 19 a considerar que la impunidad en México es una de las amenazas más serias, no sólo para el derecho a la libre expresión, sino para todos los derechos humanos. Por esa razón, la organización redactó un informe que contiene un recuento pormenorizado de los hechos que documentó en materia de agravios a los periodistas y sus medios, y que entregó el 10 de enero a la ONU. (Nydia Egremy)

La conclusión del informe de Artículo 19 indica que las mayores amenazas para la libertad de expresión en México son:
· El fracaso en combatir la impunidad que prevalece en el país y cuyo origen es la falta de voluntad política
· Tan sólo en los anteriores ocho años, 24 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados, ocho están desaparecidos y muchos más han sido amenazados y han sufrido ataques sicológicos durante la práctica de su profesión
· La Fiscalía Especial para perseguir crímenes contra periodistas requiere una reforma urgente para fortalecer y clarificar sus facultades
· A pesar del hecho de que en los años recientes surgió un gran número de nuevos grupos de perpetradores de crímenes contra periodistas, las autoridades permanecen como los principales perpetradores de delitos contra periodistas y la libertad de expresión en México (Nydia Egremy)
La resolución
El Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos pidió a las administraciones públicas invitar a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a proteger la libertad de expresión a trabajar en un diálogo constructivo, en las medidas que promuevan la protección y el gozo de este derecho fundamental.
En la rendición de cuentas del gobierno mexicano, en voz del secretario Gobernación, Fernando Gómez Mont, se admitió que “existe un grado de erosión importante” en la gobernabilidad del país. Ante la comunidad internacional, el funcionario anunció que el despliegue de las fuerzas armadas por el territorio nacional con el objetivo de combatir el narcotráfico es “temporal”.
Respecto a la impunidad, considerado como uno de los principales problemas de México en materia de derechos humanos, Gómez Mont aseguró que ese diagnóstico “es duro, pero usamos todos los recursos a nuestro alcance para terminar con ese problema”. A ese pronunciamiento, los países miembros recomendaron una “investigación exhaustiva” de todas las violaciones y que los hechos sean juzgados en el ámbito federal.

Allanan las instalaciones de Contralínea
Autor: Contralínea



15 Febrero 2009
A menos de un mes de la detención del director de Contralínea, Miguel Badillo, representantes del Grupo Zeta Gas, miembros de la fuerza pública del Distrito Federal y funcionarios del Poder Judicial allanaron las oficinas de esta revista.

El miércoles 11 de febrero de 2009, a las 15:20 horas, representantes del Grupo Zeta, que dirige Jesús Alonso Zaragoza López, allanaron de nueva cuenta las instalaciones de la revista Contralínea.
Acompañado por funcionarios públicos de Guadalajara y del Distrito Federal, el abogado de la empresa gasera, Diego Romero Velasco, exigía ingresar a los escritorios y archiveros de los trabajadores y de los periodistas. Su proceder fue apoyado en todo momento por tres actuarios o peritos, uno de ellos de nombre Alfonso Reyes; por Eduardo Yáñez, “representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal”; 25 policías de esa misma Secretaría y de la delegación Cuauhtémoc, encabezados por Ricardo Toraya Oliva, y por cuatro guardaespaldas civiles.

Sin identificarse plenamente ni mostrar a cabalidad la supuesta orden de diligencia que traían, amenazaron al personal de Contralínea con acceder a los expedientes fiscales, financieros y periodísticos.
Durante 40 minutos, el abogado, los servidores públicos y los civiles amedrentaron a los reporteros y trabajadores, a quienes incluso encararon y empujaron. A las 16:00 horas se retiraron de las instalaciones.
Eduardo Yáñez, quien se identificó como miembro de la Dirección General de Mejoramiento del Centro Histórico, indicó a los trabajadores de Contralínea que él acudía como auxiliar de lo que el actuario Alfonso Reyes “disponga, porque él en este momento es la autoridad”.
Amenazó: “Si el señor así me lo solicitara, yo podría estar en la posibilidad de usar la fuerza pública para presentarlos ante el Ministerio Público, y que ahí mismo se dirima la controversia”.
El abogado de Jesús Alonso Zaragoza López, Diego Romero Velasco, era quien ordenaba a los supuestos actuarios y peritos que representaban al Juzgado 13 de Guadalajara y a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal lo que “debían” hacer. En repetidas ocasiones exhortó a que “continuara la diligencia”, con lo que policías y los cuatro guardaespaldas civiles iniciaban los empujones y jaloneos a trabajadores de Contralínea.
Denuncia ante legisladores
Al tiempo, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, director y reportera de la revista, participaban en una reunión con la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, de la Cámara de Diputados, donde se abordaba el tema de la “libertad de expresión en México”.
Tras enterarse de los hechos, Badillo denunció el allanamiento ante legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, que hace unas semanas declinó su competencia en la denuncia que desde agosto pasado presentaron Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Marcela Yarce y Nydia Egremy.

Según se desprende de la escasa información que se dio durante el allanamiento, la orden podría derivarse de alguno de los juicios por daño moral que se ventilan en el Juzgado 13 de lo Civil del Primer Partido Judicial de Guadalajara.
Ésta es la segunda ocasión en que representantes del empresario gasero, accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración del Grupo Zeta, allanan las oficinas de la revista.
En agosto de 2008, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuéllar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido irrumpieron por primera vez en las instalaciones, acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Las acciones judiciales iniciaron el 16 de agosto de 2007, cuando Jesús Zaragoza López presentó la primera demanda –de las más de 80 que interpondrá en contra de la revista y de sus periodistas, según sus amenazas– por supuesto daño moral, ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Sería la primera de tres demandas que ya interpuso y el inicio de una campaña de acoso e intimidación iniciada por el consorcio empresarial contra Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez y los trabajadores de Contralínea, que incluyen amenazas de “desaparecer” la revista.

El 16 de enero pasado, el director de esta publicación fue detenido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, quienes dijeron cumplir una orden de arresto emitida por el juez 38 de lo Civil. El motivo, que había supuestamente desacatado una orden judicial, la cual, en realidad, nunca le fue notificada al periodista. Miguel Badillo permaneció en el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal por alrededor de 11 horas. (Contralínea 119)

IR A:http://barricadaoaxaca.blogspot.com/