SUSPENSION DE GARANTIAS EN HONDURAS

Suspenden garantías en Honduras; pospone Zelaya regreso
LA REDACCIóN
México, D.F., 1 de julio (apro).- El Congreso hondureño aprobó este miércoles la suspensión de algunas garantías individuales como la libertad de asociación y de circulación, durante las horas en que está vigente el toque de queda.

El diputado Rolando Dubón, del partido Liberal, dijo que “no se trata de un estado de excepción ni de un estado de sitio”.

“Esto se hace porque se sospecha que hay muchas personas de otros países en Honduras y se teme que puedan estar intentado acciones contra la ciudadanía y el nuevo gobierno”, añadió el funcionario.

Están exceptuados de la suspensión de garantías los periodistas locales, las ambulancias, los bomberos, las patrullas y los vehículos que transportan combustible.

Entretanto, la agencia británica Reuters informó que un “importante funcionario del gobierno estadunidense”, quien pidió el anonimato, anunció el aplazamiento hasta el 6 de julio de cualquier toma de decisión sobre cortar la ayuda a Honduras tras el golpe de Estado. Mientras tanto, el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, pospuso 72 horas su regreso al país, atendiendo la recomendación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La OEA lanzo un ultimátum a las autoridades golpistas: o reconocen a Manuel Zelaya como presidente de Honduras o la nación será expulsada del organismo.
José Manuel Insulza, secretario general de la OEA, fijo el sábado como fecha límite para el cumplimiento de la exigencia.
Aparte, el Banco Mundial tomó la decisión de suspender la entrega de apoyos crediticios a Honduras en tanto Zelaya no sea reconocido por Roberto Micheletti y sus seguidores.

Honduras no es excepción
ÁNGEL GUERRA CABRERA
El golpe de Estado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, reitera el odio feroz de las oligarquías de América Latina al derecho del pueblo a ser escuchado y a participar en la decisión de su destino. Está lejos de ser una anomalía (Remember 11/4/02 en Venezuela y la sedición separatista en Bolivia) en un contexto, por demás imaginario, de retorno de la democracia a América Latina.
No es riguroso hablar de regímenes democráticos donde reina la desigualdad, el número de millones de pobres va en ascenso y cada vez es mayor el abismo entre una pequeña y opulenta elite que detenta el poder económico y político y la inmensa mayoría de la población.
Ha habido sí crecientes luchas populares por la democracia que han abierto nuevos espacios políticos y cambiado el mapa político regional, y existen naciones en las que se lucha mediante sistemáticas políticas de Estado para cerrar aquella brecha y propiciar que el pueblo pueda expresarse, participar y, sobre todo, influir en la determinación de las políticas públicas, como son los casos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador. No es casual que Zelaya se acercara a Hugo Chávez, Daniel Ortega y Fidel y Raúl Castro, y promoviera el ingreso de su país al Alba cuando se dio cuenta de la hostilidad de la oligarquía local y del capital internacional contra sus prudentes proyectos de justicia social y participación.
El primitivismo político y la impudicia de forma y fondo de que ha hecho gala en los últimos días una oligarquía criolla habituada a gobernar a garrotazos y sin rendir cuentas más que al Comando Sur de Estados Unidos ha tenido la virtud de recordarnos la verdadera entraña antidemocrática de las clases dominantes, sin excepción, al sur del río Bravo. No es nuevo que apoyadas más o menos veladamente por Washington, sean capaces de ejercer toda la brutalidad contra el pueblo y de hacer que corra la sangre a raudales cuando ven cerca la posibilidad de reforma social. En fin de cuentas, qué diferencia sustantiva puede argumentarse entre la refinada oligarquía chilena y la bananera de Honduras. Ya lo resumió Rafael Correa cuando llamó pinochetti al dictador impuesto por los espadones de Tegucigalpa, también bautizado por Chávez como goriletti.
Lo que sí hace una diferencia en este caso respecto al pasado es la unánime condena internacional a los golpistas, atribuible a su grotesca actuación con ribetes de vodevil, a todas luces indefendible, pero principalmente al avance de la conciencia política de los pueblos y de la relación de fuerzas en la lucha contra el imperialismo, en primer lugar en América Latina. Tras esta nueva realidad política están el caracazo; el levantamiento indígena de Chiapas; las insurrecciones populares contra los gobiernos neoliberales en Bolivia, Ecuador y Argentina, y los pasos hacia la unidad, integración y concertación política continental. Unasur, el Alba, Caricom y el Grupo de Río son ya centros de coordinación política sin la presencia de Washington que sustancian la independencia latinoamericana. También influyen en este escenario la heroica resistencia palestina contra el nazi-sionismo, el descalabro militar de Estados Unidos en Irak y Afganistán y, como no, su derrota por intermedio del ejército israelí a manos de la resistencia patriótica de Líbano.
El presidente Zelaya ha actuado con gran dignidad y su proyección internacional de hombre honesto y comprometido con los pobres crece en la misma medida que aumenta el repudio contra la pandilla de militares, grandes empresarios, dueños del poder mediático, diputados y jueces, que cohonestó el golpe pisoteando la Constitución de Honduras. Nunca olvidaré el descaro con que ante los ojos atónitos del mundo, en vivo y en directo, se inventaron la supuesta carta de renuncia del presidente constitucional.
La batalla que se libra hoy en Honduras es por la libertad de todos los pueblos de América Latina, y existen todas las posibilidades de ganarla por el pueblo hondureño con el presidente Zelaya al frente, siempre que no se negocie con la cúpula golpista que, al contrario, debe ser sometida a juicio por sus graves violaciones a la Constitución y las leyes. Lo que precipitó el golpe en Honduras fue la lucha del presidente por hacer que el pueblo fuera escuchado, un principio jurídico y político sin cuya observancia no puede hablarse de democracia.

El golpe militar-empresarial en Honduras
Frank Molano Camargo
Rebelión
La historia de Honduras puede escribirse en una lágrima. País de pinos en primavera eterna y de montañas difíciles, por él han corrido largos ríos de sangre en una larga noche de odio y de temor.
Rafael Heliodoro Valle, Historia de Honduras
Introducción
El golpe militar contra el gobierno de Manuel Zelaya, ha sido justificado por la derecha internacional como el resultado “natural” de la sociedad hondureña ante la pretensión de Zelaya de “violar la Constitución” al proponer una encuesta para justificar su reelección en 2010, así se pondría fin, dicen ellos al expansionismo chavista en Centroamérica. Sin embargo, lo que estas interpretaciones ocultan es que el golpe fue diseñado y preparado por el empresariado neoliberal, los monopolios imperialistas y la cúpula militar a su servicio, opuestos a los intentos de cambio y democratización que el gobierno de Zelaya y los movimientos sociales hondureños impulsan. El golpe constituye una seria amenaza para los pueblos de la región que como Nicaragua y El Salvador buscan un orden distinto al neocolonialismo impuesto por Estados Unidos a lo largo del siglo XX.
El presente escrito, ubica el golpe militar en un escenario nacional e internacional caracterizado por la pugna entre el proyecto de las clases dominantes respaldadas por Estados Unidos, que defienden el sistema de privilegios históricos y se enfrentan al emergente sector democratizador de Honduras que durante el gobierno del liberal Manuel Zelaya, logró una recomposición político social, creando nuevas oportunidades de democracia e igualdad.

Una lágrima de temor y miedo como historia nacional
Honduras es un pequeño país centroamericano, con 112.088 km2 de extensión y casi 8 millones de habitantes. Gran parte de su población tiene en la piel la herencia de los Mayas, mientras las clases dominantes están conformadas por un pequeño núcleo de terratenientes, burgueses intermediarios y una casta militar conformada por migrantes de origen europeo. Su nombre, Honduras se debe, según los historiadores, a la manera en que los colonialistas españoles desde el siglo XVI se refirieron a lo profundo del mar en la costa norte del país.
A comienzos del siglo XX, el país se convirtió en el modelo de “Banana Republic”, primero bajo el dominio omnímodo de Sam Zemurray que fundó la Cuyamel Fruit Company, principal competencia de la UFCO. Luego, a partir de 1930 cuando Zemurray fusionó su empresa con el monopolio imperialista de la UFCO, Honduras fue el modelo de republiqueta neocolonial norteamericana. Fue desde Honduras que se planeó el derrocamiento del presidente democrático Jacobo Arbenz de Guatemala en 1953.
Hacia la década de 1980 Honduras era un enclave militar estadounidense, a tal punto que en los medios internacionales se referían a esta nación como “un ejercito con país”. En 1984, Honduras fue ocupada como base militar del ejército de los Estados Unidos para detener la Revolución Sandinista y el avance de los movimientos populares en El Salvador y Guatemala.
Al comenzar la década dos acontecimientos marcaron el panorama político hondureño: en 1981 se creó la Asociación para el Progreso de Honduras APROH, una organización corporativa presidida por el jefe de las Fuerzas Armadas y los grandes empresarios, la APROH se convirtió en el verdadero poder de Honduras, para lo cual usaba, según las circunstancias a los dos partidos tradicionales (Nacionalista y Liberal) o al Ejército. El Presidente de APROH era el jefe de las fuerzas armadas y el vicepresidente el empresario más poderoso del momento. Su prioridad era la lucha contra el comunismo internacional, el mantenimiento del sistema de privilegios, la alineación con los Estados Unidos, la exclusión política de las organizaciones populares y la negación sistemática de los derechos del pueblo. La APROH estuvo acompañada por dos de las corrientes de la fanática derecha internacional: la secta cristiana “Iglesia de Unificación” del reverendo Moon y la Fundación Cubana – Americana.
El segundo acontecimiento se dio en 1982, bajo la férula del Pentágono; los militares convertidos para entonces en una poderosa “burguesía burocrática” y la burguesía intermediaria, integrada por familias de empresarios y terratenientes como los Rosenthal, los Ferrari, los Canahuati Larach y los Facussé, pactaron (redactaron) la actual Constitución. Este pacto consagraba el sistema de privilegios de las clases dominantes, que solamente fue modificado en 1999, cuando en pleno auge del modelo neoliberal se restringió, más no se acabó, el poder político y económico de los militares, siendo relevados por la burguesía intermediaria, agrupada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Bajo el amparo constitucional en las últimas tres décadas en Honduras se aplicaron medidas antipopulares: el modelo contrainsurgente de “Seguridad Nacional”, pues a pesar de que allí no prosperaron las guerrillas revolucionarias, la lista de desaparecidos, torturados, encarcelados del pueblo está integrada por líderes campesinos e indígenas, estudiantes y obreros, las listas de los condenados eran elaboradas por APROH. Desde 1985 se instaló el modelo maquilero en la costa norte del país que fue la base para el cambio de modelo económico en la década de 1990. Este nuevo modelo le dio un mayor protagonismo al empresariado y restringió en parte el poder económico, más no político, de los militares.

El lugar de Honduras en la estrategia de dominación neocolonial
La política neocolonial norteamericana contemporánea para los países de Centroamérica se estructura a partir de varias piezas articuladas como sistema de dominación: el TLC, que aún no ha sido firmado por Honduras; el control de la economía por parte de los monopolios imperialistas; la garantía de que el país siga cumpliendo su papel de emplazamiento militar norteamericano en el continente a partir de la base estadounidense Palmerola, (la más grande de la región construida por Estados Unidos en 1985); y por último la aceptación por parte de las burguesías de un lugar subordinado, pero con algún rédito, en el orden global.
En tal situación, las clases dominantes de los diferentes países buscan estrategias para articularse al orden global, como socios minoritarios y agentes del imperialismo; esto porque a Centroamérica se le han asignado ciertas tareas en la división internacional del trabajo impuesta por la globalización imperialista: desaparición de cultivos y producción tradicionales, tales como arroz, frijoles, carne de pollo, carne de cerdo, res y otros y su reemplazo por “la nueva agricultura” producción y procesamiento de frutas (piñas, melones, naranjas), flores, tallos, plantas y otras plantaciones agrícolas exóticas, así como “nuevas” producciones de carnes: tilapia, suhsi de camarones, carne de Codorniz, Faisán, Cocodrilo… El turismo y sus diversas modalidades, se están desarrollando activamente; explotación del agua y otros recursos abundantes en el país.
Las burguesías centroamericanas están en un desesperado proceso de reconversión, unas están metidas en el sector de energía denominado biocombustibles: etanol, biodiesel y biomasa. Otras, se han asociado al capital extranjero, en el negocio del turismo. Hay otras que se han vuelto empresarios fruteros, camaroneros, etc. Algunos están metidos en el negocio del software, televisión por cable, fibra óptica, etc. Para todas estas clases dominantes cualquier obstáculo a su objetivo de ser parte de la “globalización”, es asumido como un asunto de vida o muerte, de ahí el incremento de los conflictos entre las elites y los movimientos populares en la región.
En Honduras unas pocas familias unidas a los monopolios imperialistas concentran más del 90% de la riqueza, el poder político y los medios de comunicación. Los empresarios Jaime Rosenthal Oliva y Gilberto Goldstein dirigen el Grupo Continental, uno de los más poderosos y quienes están tras del golpe contra Zelaya.. Este grupo monopoliza la banca, la agroindustria y los grandes medios de comunicación: Diario Tiempo, Canal 11 y Cable Color. Otros ricos empresarios que se oponen a la democratización de la sociedad hondureña son: José Rafael Ferrari (medios de comunicación), Juan Canahuati (maquila, Grupo Lovable), Camilo Atala (finanzas), José Lamas (explotación de la madera), Fredy Násser (telefonía y energía térmica), Jacobo Kattán (textiles), Guillermo Lippman (industria del azúcar) y Rafael Flores (construcción). Miguel Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, es uno de los magnates más fuertes de Centroamérica, quien incursionó en el negocio de la palma aceitera. En 1992, apoyó la ley de Modernización Agraria que favoreció la concentración de la propiedad de la tierra, al comprar tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor. La monocultura de la palma causó una fuerte reducción de la producción alimentaria, pero convirtió a Facussé en uno de los mayores productores de palma en Centroamérica.
Por otro lado, 1 millón y medio de hondureños vive en los EEUU, la mayoría en condiciones de ilegalidad, se suelen llamar “mojados” y aportan a sus familias con las remesas, lo que hoy constituye gran parte del presupuesto del estado, al tiempo que entidades como Western Union, Gigante Express se enriquecen cobrando comisiones por las remesas.
Además, diferentes comunidades resisten a la voracidad de los empresarios, por ejemplo, casi medio millón de habitantes negros, los pueblos garifonas de la costa hondureña se enfrentan con el empresario Rosental Oliva por el control de sus territorios, que quieren ser reconvertidos a un megaproyecto turístico. También el empresario Facussé ha expropiado tierras de los pueblos garifonas para sus megaproyectos de palma aceitera.

Los movimientos sociales y la izquierda hondureña
Con el modelo represivo de la década de 1980 se produjo una debacle de la izquierda hondureña y de los movimientos sociales. El Partido Comunista se disolvió en 1990 dando origen a una concertación democrática, que hoy se denomina Partido de Unificación Democrática, que apoya al presidente Zelaya. El movimiento obrero fue diezmado, igual que el movimiento campesino e indígena; no obstante las implicaciones del modelo económico y político actual ha llevado a los sectores populares a reorganizarse para defender sus derechos básicos. Una de las principales coaliciones es la Alianza Cívica por la Democracia, en la Zona Occidental del país, que aglutina diferentes sectores sociales. Otra es la Coordinadora Nacional de Resistencia, tal vez la más importante coalición popular, al lado del Bloque Popular. Los indígenas han desarrollado sus luchas con la Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras – COPINH.
Todos estos movimientos desarrollan luchas contra el modelo minero depredador que está llenando el país de lagunas de cianuro, contra la construcción de represas, la depredación de los bosques, una política petrolera que disminuya los costos de la gasolina importada, contra la ocupación militar norteamericana y por la democratización de la sociedad hondureña.

El gobierno de Manuel Zelaya y la aparición de un nuevo campo en la lucha de clases
En el año 2005 el Partido Liberal presentó a Manuel Zelaya Rosales como su candidato presidencial, el cual triunfó derrotando al candidato del gobernante Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa. Zelaya asumió el mandato en enero de 2006, parecía que se trataba de una nueva “vuelta de tuerca” en el orden neocolonial; sin embargo la dinámica del movimiento popular hondureño y un contexto internacional favorable a los cambios democráticos en América Latina, llevaron a Zelaya a un “giro político inexplicable e intolerable” para las clases dominantes y el imperialismo. Zelaya proviene de una familia de terratenientes madereros, implicada en los años 80 con grupos de extrema derecha y represión sobre comunidades campesinas. Desde muy joven hizo parte del establecimiento, militando en las filas liberales y siendo funcionario de carrera en diferentes gobiernos tanto del partido Nacional como del Liberal.
Durante el primer año de su gobierno (2006) enfrentó una ola de protestas populares, de parte tanto del magisterio, que exigía el cumplimiento del estatuto del docente como derecho adquirido y conquista laboral; como de los taxistas y otros transportadores que exigían una rebaja en los precios de la gasolina. Inicialmente Zelaya se mostró continuista, es decir desconoció las demandas populares, pero los roces con la administración norteamericana y las diferencias con sus “hermanos de clase”, lo llevaron a reorientar sus coordenadas políticas.
En el año 2007 el gobierno hondureño se enfrentó con la embajada de Estados Unidos que defendía a las tres importadoras de derivados del petróleo quienes durante 85 años habían monopolizado su importación: las estadounidenses Esso y Texaco y la holandesa Shell. Zelaya las despojó de los tanques de almacenamiento de combustible al comprar los productos a otra empresa estadounidense (Conoco Phillips) que ganó una licitación. Con esta medida se logró la disminución del precio de la gasolina, favoreciendo los intereses de los taxistas y otros transportadores. Sin embargo este gesto fue interpretado por Estados Unidos como un desafió a su autoridad; el embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, acusó a Zelaya de expropiación y amenazó con esperar “instrucciones de Washington” para definir que comportamiento tomar ante el gobierno hondureño.
Además, para hacer sustentable esta política de bajo costo de la gasolina, Zelaya se acercó a Venezuela y a su propuesta de PETROCARIBE como una forma de compra de carburantes al crédito, con el pago del 50% y el restante 50% pagadero en 25 años con el 1% de interés, con la oportunidad de invertir una parte del capital ahorrado en proyectos de inversión social. Esta fue una alternativa criticada por la oposición de derecha que se quejaba de los acuerdos de Zelaya con el “comunismo internacional”.
Otro tema de discordia con las clases dominantes hondureñas fue la intención del gobierno de proteger los bosques hondureños, en contra de la voracidad predatoria de los empresarios que con la tala ilegal afectan a las comunidades indígenas. Tampoco esta medida fue bien recibida por las clases dominantes, quienes no entienden por qué si Zelaya proviene de la elite maderera ahora afecta la libertad de empresa.
Ante la oposición empresarial y los cuestionamientos por parte del gobierno norteamericano, Zelaya se la jugó por fortalecer las alianzas con gobiernos democráticos de América Latina, a finales de 2007 estableció relaciones con Nicaragua y Venezuela y en 2008 decidió hacer parte del ALBA - Alternativa Bolivariana para las Américas. La reacción del empresariado, agrupado en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP, ha sido clara, en uno de sus comunicados de 2008 manifestó: “El sector privado manifiesta su desacuerdo con esta iniciativa unilateral del poder Ejecutivo, que desconociendo nuestra historia, tradiciones y cultura, pretende comprometer al país en una alianza política, militar e ideológica dañina para el futuro del pueblo hondureño y de la libre empresa”.
Tanto el COHEP como los diputados de los partidos tradicionales, incluído el propio presidente del Congreso, Roberto Micheletti (el presidente golpista), rechazaron la firma del tratado que incorpora a Honduras al ALBA y se comprometieron a dejarlo como letra muerta sin ninguna viabilidad.
En el 2009 dos asuntos tensionaron aún más el campo de la lucha de clases. En primer lugar el impulso a un decreto de aumento del salario mínimo, que ha tenido una beligerante oposición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que se niega a cumplir el decreto de alza del salario mínimo.
También a comienzos del 2009, Zelaya empezó a promocionar una iniciativa para crear condiciones políticas que posibiliten un nuevo ordenamiento jurídico político, impulsando luego de las elecciones de 2010 una Asamblea Constituyente, que cuenta con el respaldo de los movimientos sociales y de la Izquierda. Para esto en las elecciones de junio de 2009 se crearía una cuarta urna de consulta popular. Esta iniciativa “rebosó la copa” de la intolerancia derechista, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el partido Liberal (al cual pertenece Zelaya) y los mandos militares declararon ilegal la consulta, aduciendo que era una maniobra reeleccionista que violaba el ordenamiento constitucional vigente.
De parte de los movimientos sociales, las medidas de Zelaya fueron vistas como oportunidades para el pueblo y como decisiones que debían ser apoyadas. Tanto el Bloque Popular como la Coordinadora Nacional decidieron apoyar activamente las iniciativas políticas tendientes a la democratización. En un comunicado de mayo de 2009, el Bloque Popular manifestaba:
“Manifestamos al Pueblo Hondureño que a la oligarquía y a las transnacionales no les preocupa la reelección o el continuismo, lo que les preocupa es que con una nueva constitución perderán sus privilegios de dominación sobre el trabajo y apoderamiento de nuestros recursos naturales, servicios públicos y mercados para seguir obteniendo ganancias multimillonarias y atentando contra nuestra soberanía e independencia. Es por eso que hacemos este llamado a todo el pueblo para que apoye la consulta popular”.
Todo esto alteró la tranquilidad de las clases dominantes, quienes empezaron a poner en marcha la estrategia golpista. El 24 de junio Zelaya destituyó al General Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, por haberse negado a distribuir las tarjetas de votación de la consulta, ante esto el Ministro de Defensa y otros jefes militares renunciaron. A su vez la Corte Suprema apoyó a los mandos militares. El 28 de junio, día de la consulta popular, grupos especiales del ejército arrestaron a Zelaya y a otros miembros del gobierno, maniobrando con el argumento de que el gobierno había renunciado voluntariamente, El Congreso inmediatamente nombró a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, como presidente encargado hasta enero de 2010 y estableció el toque de queda, al tiempo que se ha iniciado no solamente el desmonte del gobierno de Zelaya, sino una nueva oleada de persecución contra el movimiento popular.
El 29 de junio el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se manifestó en favor del golpe de Estado y respaldó la decisión legislativa de designar al presidente del Congreso, Roberto Micheletti: “No se está cambiando un Presidente por otro. Se ha logrado en un marco de unidad nacional, mantener la institucionalidad y el respeto a la Constitución y las leyes”, dice el comunicado de los empresarios.
Mientras tanto a nivel internacional, es pasmoso, por no decir cínico el silencio cómplice del gobierno norteamericano de Barak Obama, quien además de expresar preocupación no ha movido un dedo para exigir el restablecimiento del gobierno de Zelaya. Otros gobiernos latinoamericanos, principalmente los gobiernos democrático populares de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, han exigido la vuelta al gobierno del presidente depuesto.
Los movimientos populares de Honduras han llamado a la desobediencia civil y a la movilización contra el régimen ilegítimo que se ha establecido. La lucha de clases en Honduras entra en un nuevo periodo, el pueblo defendiendo los intentos de democratización y los espacios posibilitadotes de cambio abiertos por el presidente Zelaya y las clases dominantes, respaldas por Estados Unidos, decididas a defender sus privilegios.

La base militar de EEUU en Honduras en el centro del golpe

Eva Golinger
Rebelión

Revisado por Caty R.


Durante la madrugada del domingo 28 de junio, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado y sacado a la fuerza por militares encapuchados de su residencia presidencial en Tegucigalpa. Lo trasladaron a la base militar Hernán Acosta Mejía, en las afueras de Tegucigalpa. Luego de permanecer durante un tiempo en dicha base militar, el presidente Zelaya fue enviado a Costa Rica en el avión presidencial, país que lo recibió mientras el brutal golpe militar aún estaba en pleno desarrollo en Honduras. Mientras ocurría el golpe de Estado, los militares estadounidenses y los representantes de Washington en la embajada de EEUU en Tegucigalpa tenían pleno conocimiento de los sucesos.
Estados Unidos mantiene una base militar en Soto Cano, ubicada a 97 kilómetros de la capital, operativa desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno estadounidense durante la administración de Ronald Reagan. En los años ochenta, Soto Cano fue utilizada por el Coronel estadounidense Oliver North como una base de operaciones de la “contra”, las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde Soto Cano, la “contra” lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en Centroamérica.
La base de Soto Cano es la sede de la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento número 228 de la aviación estadounidense. Son aproximadamente 600 personas y 18 aviones de combate, incluidos helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven dentro de las guarniciones de la base. En 2005, se empezaron a construir viviendas dentro de la base, incluidos 44 edificios de apartamentos y varias residencias para las tropas.
La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo “de mano” entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, por un acuerdo “semi-permanente”. El acuerdo se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. Todos los años, Washington autoriza cientos de millones de dólares de ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del hemisferio. Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede ser retirado sin aviso.
El 31 de mayo de 2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) se utilizará para vuelos comerciales internacionales. La construcción del terminal civil se financió con un fondo del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).
El comandante de la aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1996. El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor principal en el golpe militar pocos días después, también es graduado de la Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano.
Aunque Honduras depende económicamente de Estados Unidos, durante los últimos meses la relación diplomática entre ambos países comenzó a deteriorarse. En noviembre 2008, el presidente Zelaya felicitó al presidente Obama por su victoria electoral, calificándola como “una esperanza para el mundo”. Pero dos meses después, Zelaya envió una carta personal a Obama, en la que acusaba a Estados Unidos de “intervencionismo” y llamando al nuevo gobierno a “respetar a los principios de no injerencia en los asuntos políticos de otras naciones.” Zelaya también exhortó al Presidente Obama a “revisar los procedimientos de inmigración y la concesión de visas como un mecanismo de presión contra personas que tengan creencias distintas e ideologías que no representan ninguna amenaza para Estados Unidos.” Adicionalmente, el presidente hondureño le comentó que “la lucha legítima contra el narcotráfico… no se debe utilizar como una excusa para imponer políticas intervencionista en otros países.” Poco después, el presidente Zelaya, junto con presidente Daniel Ortega de Nicaragua, boicoteó una reunión del Sistema de Integración de Centro América (SICA), en la que iba a estar presente el vicepresidente estadounidense Joe Biden.
Washington ha admitido que tenía conocimiento previo del golpe de Estado en Honduras desde hacía más de una semana. En declaraciones a la prensa este lunes, dos voceros del Departamento de Estado comentaron que su embajador y un equipo de la diplomacia estadounidense “estaban en conversaciones” con los actores principales del golpe desde hace un mes. Esas “conversaciones” se intensificaron durante la semana pasada, cuando el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, se reunió tres veces con los militares golpistas y los grupos civiles para tratar de buscar otra salida.
La administración Obama ha condenando al golpe en Honduras, pero de manera muy mesurada, calificándolo como una acción que está “evolucionando hacia un golpe”, pero confirmando que legalmente no lo considera un golpe de Estado. Esta ambigüedad permite a Estados Unidos mantener la relación diplomática con Honduras y el gobierno de facto, reconocer al gobierno golpista, y mantener la ayuda militar y económica al país. En caso de calificar los hechos como un golpe de Estado, según la ley, Estados Unidos estaría obligado a romper las relaciones diplomáticas y a suspender la mayoría del apoyo económico y militar al país.
Obviamente, Washington no quiere arriesgarse al cierre de su base militar en Soto Cano y a la expulsión de sus 600 efectivos militares. Además, la mayoría de las fuerzas armadas hondureñas y los altos oficiales que han participado en el golpe son aliados y socios importantes del Pentágono. Las actuaciones del presidente Zelaya de construir un terminal civil en Soto Cano y autorizar vuelos internacionales comerciales, realizadas con los fondos del ALBA, se podrían entender fácilmente como una amenaza para el futuro de la presencia militar estadounidense en Honduras. Además de otras razones, ésta podría explicar la ambigüedad pública de Obama frente al golpe en Honduras.