El desarrollo en Perú

Modelo para desarmar
Milagros Salazar
IPS

Al aceptar la derogación de dos de los decretos que encendieron un sangriento conflicto indígena en la región de Amazonas, el gobierno de Perú demostró que esas normas no eran, como alegaba, una exigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, apuntan analistas y críticos.

Lima escuchó parcialmente el reclamo indígena y anunció el martes que presentará un proyecto para derogar los dos principales decretos cuestionados, el 1.090 y el 1.064, que promueven la explotación de recursos naturales en la Amazonia y que son considerados inconstitucionales por legisladores, juristas y organizaciones nativas.

El primer ministro Yehude Simon señaló a la prensa que "el TLC no corre ningún peligro con ello" y señaló su compromiso de pacificar el país, tras lo cual abandonaría el gabinete.

Con ese paso se contribuyó a calmar en algo los ánimos.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que condujo desde el año pasado la campaña contra esas reformas, reconoció el martes en un comunicado la nueva actitud del Poder Ejecutivo y "su proclamada voluntad política de resolver" sus demandas.

Además, la Aidesep resaltó "el sacrificio y la firmeza de las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonia por el logro de estos reconocimientos" y pidió el cese del estado de emergencia en las zonas afectadas y la creación de una comisión de la verdad para investigar las muertes de al menos 34 personas --incluyendo 24 policías, cinco indígenas y cuatro mestizos-- en la provincia nororiental de Bagua, Amazonas.

La Aidesep reclama también que cesen las incursiones del ejército y los sobrevuelos en las comunidades, y que se retiren las denuncias penales contra sus dirigentes regionales y nacionales, se brinde atención humanitaria y se reivindique y repare la dignidad de los heridos y deudos de los fallecidos en los enfrentamientos.

Además, el martes llegó a este país el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Pero el cuerpo legal que dio origen al conflicto subsiste.

El Poder Ejecutivo aprobó un centenar de normas en junio del año pasado, en el marco de las facultades legislativas que le había otorgado el Congreso legislativo en diciembre de 2007 para implementar el TLC.

En diciembre de 2008, una comisión multipartidaria del parlamento determinó que el gobierno se había excedido en el uso de esas facultades, decretando por ejemplo algunas normas que contravenían el derecho consagrado a la consulta previa a las comunidades para disponer acciones que afecten sus territorios.

Los decretos 1.090 y 1.064 modifican el régimen de manejo forestal y el uso de tierras agrarias, vulnerando la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmaron los legisladores.

En opinión del analista de políticas y legislación ambiental Alberto Barandiarán, el gobierno "ha dejado en evidencia que estos decretos no eran necesarios para el TLC con Estados Unidos, y que solo aprovechó la situación para promover un modelo económico que privilegia la inversión privada".

Según dijo el experto a IPS, el Ejecutivo modificó el marco legal para el acceso y uso de los recursos naturales de la Amazonia no sólo en un decreto o dos, sino "diseminando esos propósitos en varias normas", por lo menos 10 relativas a la selva, "que han complicado el análisis" y la búsqueda de "una solución".

En 2007, el gobierno de Alan García había pretendido abordar todos esos aspectos en un único proyecto de ley de promoción de inversión privada en la Amazonia. Ante el rechazo que despertó en el Congreso, el Ejecutivo solicitó la delegación de facultades parlamentarias para realizar las reformas necesarias a la aplicación del TLC.

Las líneas maestras del plan habían sido expuestas por García en dos artículos que publicó en el periódico El Comercio, en octubre y noviembre de 2007, en los que calificaba a los críticos de la inversión privada como "perros del hortelano", que no comen ni dejan comer, y consideraba ociosas las tierras amazónicas porque "el dueño (el comunero) no tiene formación ni recursos económicos".

El decreto 1.090, suspendido desde el lunes 8 y por 90 días por el Congreso, modificó la ley de flora y fauna silvestre, abriendo la posibilidad de cambiar el uso de tierras forestales para otros fines, como explotación de hidrocarburos.

Su aplicación entrañaría que 60 por ciento de los bosques primarios, unas 45 millones de hectáreas, dejarían de ser patrimonio forestal y podrían ser vendidos. Las concesiones petroleras y gasíferas ya cubren más de 70 por ciento del territorio amazónico.

Para aplicarlo se requiere del decreto 1.064, que dejó sin efecto la ley de tierras de 1995. Éste último, según Barandiarán, es más lesivo por lo que deroga que por sus nuevas disposiciones.

Por ejemplo, la ley anterior contemplaba dos opciones para autorizar el desarrollo de las industrias extractivas: la negociación directa con las comunidades y el proceso de servidumbre.

La servidumbre permitía que la empresa solicitara un permiso al sector competente del gobierno central para ejercer su actividad en cierta zona por un período determinado, a cambio de una compensación a las comunidades dueñas de las tierras.

El decreto 1.064 eliminó esa modalidad que, si bien era criticada, representaba al menos un mecanismo para que las poblaciones locales expresaran su posición, indicó el experto.

Sin la servidumbre, quedó un vacío legal que las empresas pueden aprovechar para solicitar el cambio de uso de tierras forestales para cualquier actividad o para "apelar al derecho de desbosque, es decir que se tale una determina zona para desarrollar la minería o los hidrocarburos", expuso Barandiarán.

En su opinión, "las comunidades cuestionan principalmente que no se respete su visión de desarrollo y su opinión", quitándoles la garantía de la consulta, contemplada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

La Defensoría del Pueblo (ombudsman) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 1.064, alegando que vulnera derechos de identidad cultural, de propiedad de la tierra y de consulta previa a las comunidades nativas, consagrados en la Constitución y en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por este país.

Además, la ley de tierras, por ser orgánica, sólo podía ser derogada por la mitad más uno de los miembros del parlamento, y no por un decreto del Poder Ejecutivo.

La dirigencia indígena cuestionó en total 10 decretos legislativos. Si bien la comisión del Congreso los había considerado inconstitucionales en diciembre, el bloque oficialista se negó a tratar su derogación, llevando a las organizaciones nativas a retomar sus protestas en la primera semana de abril, bloqueando carreteras, puertos fluviales y estaciones de bombeo de gas y petróleo.

En agosto de 2008, los nativos amazónicos ya se habían conseguido derogar otras dos de esas normas, los decretos 1.015 y 1.073, que habilitaban la venta de tierras comunales autorizada apenas con los votos de la mitad más uno de los asistentes a una asamblea comunitaria.

Los acontecimientos prueban que "el proyecto político de García, sustentado en la inversión privada a toda costa, ha entrado en crisis. La derogatoria de estos decretos es un primer paso, pero no la solución", dijo a IPS el historiador Nelson Manrique, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pero, además, se ha instalado la sospecha.

Algunos decretos, como el 994, son rechazados sobre todo por temor, dijo a IPS el especialista en recursos naturales Laureano del Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales.

Ese decreto promueve inversiones en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola en tierras eriazas que se ubican sobre todo en la costa y no en la Amazonia, señaló el estudioso.

Pero, "como el gobierno siempre ha manipulado la entrega de tierras en la selva, hay mucha desconfianza", aseguró el especialista.


"La orden era matarnos"
Entrevista al líder de la protesta en la Amazonia
Milagros Salazar
IPS
La muerte de policías en enfrentamientos con nativos en la región peruana de la Amazonia fue un "genocidio" a manos de "salvajes extremistas", acusó el gobierno. Pero el awajún Salomón Aguanash rechaza los calificativos y afirma que la violencia se desató tras ser engañados y rodeados para matarlos.


Aguanash, presidente del comité de lucha regional que lideró las acciones en Bagua, dice que el jefe policial de la zona, Víctor Uribe, se comprometió la noche anterior al trágico viernes 5 de este mes a dar una tregua a los manifestantes hasta las 10 de la mañana y que, cuando los indígenas se preparaban para retornar a sus pueblos, comenzó el ataque en la llamada Curva del Diablo.

Los disparos se iniciaron al promediar las 6 de la mañana desde las quebradas aledañas mientras los indígenas permanecían vigilantes en la carretera, narra el líder de la comunidad de Nazareth, ubicada a tres horas y media de viaje en automóvil desde la ciudad de Bagua, en el departamento nororiental de Amazonas.

"Querían sorprendernos", asegura, tras señalar que el ataque policial también ocupó a tres helicópteros.

La información oficial indica que murieron 24 policías en los enfrentamientos del día 5 en la Estación Número 6 del Oleoducto Norperuano de Petroperú y en la Curva del Diablo en la ruta Fernando Belaunde Terry, mientras que las víctimas indígenas fueron cinco, pero los manifestantes sostienen que fueron muchos más y por eso siguen buscando cuerpos.

Los aborígenes reclaman la derogación de las llamadas "leyes de la selva", decretos legislativos que promueven la explotación de recursos naturales en territorios selváticos que, a su juicio, favorece la presencia de empresas transnacionales en su perjuicio y de la región.

IPS: Usted asegura que la policía les dio una tregua que no cumplió. ¿Cómo fueron las negociaciones antes que empezaran los enfrentamientos?

SALOMÓN AGUANASH: La semana anterior a esos enfrentamientos tuvimos una reunión con el general Víctor Uribe, el representante de la Defensoría del Pueblo y los alcaldes de Condorcanqui, Jaén y Bagua Chica porque en los últimos cinco días habíamos vivido mucha tensión con los conductores de vehículos que eran detenidos en el bloqueo carretero.

El general nos dijo que facilitáramos el tránsito para demostrar al gobierno (nacional de Alan García) que era una marcha pacífica. Por ello aceptamos y ese día se dio pase a los vehículos entre las 2 y 6 de la tarde.

Hasta ahí hubo entendimiento, pero a pesar que se dijo que el diálogo iba a ser permanente con la policía, luego no pudimos conversar con el general hasta cinco días después.

Quedamos para el jueves 4 a las 3 de la tarde, pero como a la reunión en El Reposo se aparecieron casi 7.000 personas, se postergó la reunión para las 6 de la tarde en el campamento El Valor de Petroperú. Ahí solo fuimos una comitiva pequeña.

IPS: ¿A qué se comprometió el general Uribe en esa reunión?

SA: Primero nos dijo que él no tenía más tiempo, porque estaba fuera de su nivel y que arriesgaba su cargo ya que había recibido orden superior. Y dijo que había escuchado por la radio que había orden de desalojo y que lo único que le interesaba hablar en la reunión era sobre el pase de los camiones.

Si no salíamos de la carretera, iba a aplicar la orden en la mañana. Por eso es que le pedimos que nos dé una tregua hasta las 10 de la mañana. Él dijo que ya, que confiáramos en su palabra y que, si él no daba la orden, los equipos que estaban allí no podían dar ni un paso.

El alcalde y el obispo de Jaén le dijeron que no provoque a los pueblos indígenas porque podía haber derramamiento de sangre. Entonces, el general aceptó la tregua.

IPS: ¿Por qué no se alistaron para retirarse cuanto antes?

SA: En la Curva del Diablo había más de 3.600 concentrados y debíamos conseguir movilidad, camiones. Esa era la estrategia, no crear nada de violencia. Como a las 5 de la mañana no pasaba nada, nosotros nos confiamos. Pero a eso de las 05:50 horas empezó a aparecer mucha gente por los cerros.

Los compañeros empezaron a subir y a gritar: ¡es la policía, es la policía! Entonces llamé al (teléfono) celular del general para que no haya mayor violencia, pero no respondió.

Mientras tanto los policías seguían saliendo del cerro y empezaron a disparar. Nos rodearon, querían sorprendernos. En ese momento cayeron dos hermanos. Ahí se levantó el hermano Santiago Manuim (reconocido dirigente indígena del Alto Marañón) para pedirle a los policías que no disparen, pero una bala le cayó en el estómago.

IPS: ¿Es verdad que el disparo contra Manuim exacerbó los ánimos de los indígenas y esto los llevó a atacar a los policías?

SA: Los hermanos empezaron a atacar a los policías cuando vieron a los dos primeros muertos. Luego de los disparos por los cerros, llegaron a los 10 o 15 minutos tres helicópteros, uno de las Fuerzas Armadas y dos de la policía, desde donde disparaban bala directo al cuerpo. No sólo lanzaron bombas lacrimógenas sino también unos aparatos que empezaban a encender fuego en los cerros. Si miran las fotos, los cuerpos están quemados.

En ese momento hubo dos tipos de reacciones: algunos que se entregaban a morir y otros que respondían con mucha cólera con sus lanzas. La gente empezó a correr y a dispersarse para salvar su vida, quién sabe si esas balas de los helicópteros le cayeron a los mismos policías.

Al rato, dos tanquetas de la policía empezaron a disparar desde la carretera. Si la policía quería desalojarnos, porque desde el principio no vinieron por ahí y prefirieron sorprendernos por los cerros. La orden era matarnos.

IPS: ¿Quién tiene la culpa de lo sucedido?

SA: El gobierno central (de García), Mercedes Cabanillas (ministra del Interior), el premier Yehude Simon y también el general Uribe porque me pidió que manejara la situación con inteligencia y yo acepté desalojar la zona pero él no cumplió.

Incluso esa misma noche del jueves yo regresé a hablar con los hermanos y conversamos con los de los camiones para que se pusieran en orden porque al día siguiente íbamos a dar pase (al tránsito carretero). Nosotros calculábamos que nos íbamos a ir entre las 8 y 9 de la mañana.

IPS: ¿Es posible que sólo haya cinco o seis nativos muertos, y más de 24 policías?

SA: No creo en eso, nosotros que estábamos desarmados, cómo podemos matar a 24. No creo que todos nuestros hermanos se hayan escapado y por eso estamos preocupados para recuperar nuestros cadáveres.

Aunque en mi comunidad Nazareth, en otras como Wawas y La Curva todos ya han retornado, nos preocupada los hermanos de Santiago, Nieva y Cenepa porque hay 85 que aún no regresan a sus pueblos.

También hay dos más que faltan en la comunidad de Tutungos. Yo sé quiénes faltan porque antes de salir a la protesta, 15 días antes del viernes 5, hice un registro de todos. De las cinco cuencas que dirijo salimos 2.600, además se sumaron 140 de la provincia de San Ignacio, de la región Cajamarca, y 1.006 de la comunidad de Paután del distrito de Nieva en Amazonas. En total, éramos más de 3.600.

IPS: El presidente Alan García ha calificado de genocidio la muerte de los policías a manos de los nativos y de salvajismo extremo, ¿qué tienen que decir al respecto?

SA: Que nos sentimos marginados y también indignados sobre todo después de haber perdido tantas vidas de los hermanos indígenas y los hermanos policías que nada tienen que ver con nosotros. Ellos no tienen la culpa, la orden la dio el gobierno central.

El presidente dice que ha sido por la influencia de otros países, eso es falso. Si hubiese sido así, hubiésemos estado armados, nosotros somos gente humilde y con estas palabras el gobierno nos maltrata, esperamos que reflexione y derogue los decretos que hoy sólo se mantienen por el capricho del gobierno que ha provocado este conflicto entre los wampis-aguajún y los policías.

IPS: El gobierno asegura que ustedes se oponen al progreso, ¿cómo entienden ustedes el desarrollo?

SA: No rechazamos el desarrollo, queremos el progreso, pero hace tiempo nos han separado como si perteneciéramos a otros países, no nos han tomado en cuenta. No nos han traído el desarrollo agrario ni económico con sus propuestas.

El país ha cometido un grave error al elegir a Alan García por segunda vez. Con su política, pretende tratarnos como terroristas. Le repito, no rechazamos el desarrollo sino que esto no puede ser pensado sólo desde los hombres de corbata del gabinete de ministros sino considerando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución.

Nosotros desconocemos el tipo de desarrollo que nos ofrece el presidente, porque no es sostenible y atenta contra la Amazonia que es patrimonio de todos. Por eso, si el gobierno insiste en marginarnos y en no derogar los decretos, ya no vamos a bloquear carreteras sino vamos a poner nuestro hito (límite) para establecer hasta donde las autoridades puedan ingresar en nuestros territorios.

IPS: ¿Qué representa el territorio indígena para ustedes?

SA: Nuestro territorio es nuestro mercado, nuestra madre. Nosotros no tenemos supermercados como las grandes ciudades sino que tenemos que recorrer dos o tres días para cazar animales y buscar nuestra comida en el bosque. Todo lo que necesitamos para nuestra sobrevivencia está ahí. Por ello es que lo defendemos con nuestras vidas.