LA LUCHA EN LA AMAZONIA PERUANA.

Derogación de DL 1090 y 1064, en manos del Congreso .

El Gobierno presenta el miércoles pedido de derogatoria de decretos leyes de la selva.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon anunció desde Mazamari en Junín que en las primeras horas del miércoles el Ejecutivo presentará al Congreso el proyecto de ley para la derogación los decretos legislativos 1090 y 1064 que fueron rechazados por las comunidades indígenas de la amazonía porque afectan sus derechos.

Desde la base militar de Mazamari en la provincia de Satipo el primer ministro aclaró que el Ejecutivo respeta al Congreso. No estamos contra el legislativo, estamos pensando en la paz y en la vida, señaló.

Simon dijo que prefiere dar un paso al costado antes que se repitan nuevamente hechos de sangre en el país como lo ocurrido en Bagua. Hay gente que quiere violencia para decir que la democracia no sirve.

Importante reunión en PCM

El Premier dijo que mañana a las 18:00 horas se reunirá en la Presidencia del Consejo de Ministros para definir el proyecto de ley sobre la derogatoria de los cuestionados decretos leyes con los representes de las comunidades indígenas y presidentes regionales.

Quiero que sepan que estaremos presentando el miércoles temprano el pedido de derogatoria de las cuestionadas leyes para que el Parlamento lo apruebe al día siguiente.

Yehude Simon pide perdón a nativos y renunciará a su cargo.
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, luego de conocer de cerca la realidad que afrontan los nativos de la amazonía peruana, sorpresivamente hoy anunció la derogatoria de los Decretos Legislativos 1090 y 1064; asimismo planteó la posibilidad de poner su cargo a disposición del presidente de la República.
Como para abrir luz en medio de la tiniebla del gobierno aprista, Simon Munaro, pidió perdón a las comunidades por los hechos de violencia en Bagua, donde el pasado 5 de junio, murieron 10 nativos y 24 policías, y más de 60 conciudadanos de la selva peruana aún continúan en situación de desparecidos.
Según voceros oficiales, Yehude Simon se reunió en horas de la mañana de hoy con 390 dirigentes de las comunidades nativas conocido como “apus”, con quienes sostuvo una sesión de 4 horas en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, región Junín.
“Si mi presencia es una traba para el diálogo entre el Gobierno y nativos, no tendré problemas en retirarme”, dijo en otro momento tras señalar que no existe ningún veto a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en la mesa de diálogo que auspicia el Ejecutivo.
RESPUESTA DE LOS NATIVOS
Luego del anuncio del Premier, la dirigente nativa Lidia Rengifo, lamentó que el gobierno aprista haya sido tan sordo con los nativos, al punto de esperar muertos y heridos para voltear la mirada hacia los indígenas.
“Tuvo que pasar todo esto para que recién nos llamen hermanos. Todo el tiempo nos han visto diferente, como si fuéramos la última rueda del coche”, señaló la representante, tras instar al gobierno la presencia de la AIDESEP en las próximas reuniones.

Mantienen indígenas bloqueos en tramos carreteros y un aeropuerto de Perú
Alan García advierte a Evo Morales que lo mejor es no meterse en otro país a opinar
Los nativos apoyan el reclamo de que el gobierno llame a consulta sobre recursos energéticos
DPA Y AFP
Lima, 14 de junio. Comunidades indígenas de tres departamentos de Perú mantienen bloqueados algunos tramos carreteros y un aeropuerto en el norte, el centro y el sur del país en solidaridad con las etnias que desde abril reclaman al gobierno del presidente Alan García realizar consultas sobre la explotación de recursos energéticos en la Amazonia peruana.
Campesinos del departamento de Apurímac, en la zona surcentral de Perú, bloquean desde hace tres días las carreteras que comunican con el vecino departamento Ayacucho y mantienen tomado el principal aeropuerto de la zona.
En el departamento de Junín, en la región central, miles de indígenas mantienen cortada desde hace cuatro días la carretera que comunica las regiones provinciales de Chanchamayo y Tarma, en la zona donde confluyen la selva amazónica y la cordillera de los Andes, lo que genera problemas de desabasto.
Dirigentes indígenas de Chanchamayo tratan de extender a esta zona del departamento de Junín la huelga india que se cumple desde hace 66 días en la región amazónica, en el noreste del país.
También hay bloqueos en la provincia Canchis, en la parte andina del departamento Cusco.
La situación más crítica se presenta todavía en la carretera entre las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas, dos de las más importantes de la Amazonia.
En este punto hay alrededor de 4 mil indígenas apostados sobre el camino y existe temor de que la policía nacional intente desalojar a los manifestantes, como ocurrió el 5 de junio en la vecina zona de Bagua Grande y Bagua Chica, con saldo de 33 muertos, 24 agentes y nueve civiles, según información oficial.
Suspensión parcial
El presidente del consejo de ministros, Yehude Simon, trata de allanar el camino al diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana, pero por lo pronto la alcaldesa de la provincia Alto Amazonas, donde está Yurimaguas, Juanita Tuesta, dijo que los pueblos originarios de la zona aceptaron suspender el bloqueo de caminos los lunes y los viernes.
Alan García informó hoy que Simon viajará este lunes a la Amazonia a convencer a los jefes de las etnias de 10 comunidades nativas de que participen en una mesa de diálogo.
Los nativos aseguran que los decretos, emitidos por el gobierno central bajo facultades extraordinarias para adecuar las leyes al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, vulneran sus derechos para favorecer a las trasnacionales.
En un comunicado fechado el jueves pasado, el gobierno afirmó que la nueva legislación, suspendida por acuerdo de las fuerzas políticas nacionales, tiene el objetivo de impedir la destrucción que vienen perpetrando contra el bosque amazónico los mineros informales que contaminan con mercurio los ríos, los sembradores ilegales de coca y quienes practican la tala ilegal y el contrabando de madera, que han acabado con más de 10 millones de hectáreas en los últimos años.
“El gobierno –agregó– impulsó una legislación moderna que respeta la intangibilidad de 12 millones de hectáreas propiedad de los 320 mil nativos de las etnias amazónicas y de los otros 15 millones de hectáreas de santuarios naturales. Pero movimientos políticos extremistas difundieron entre los nativos que se les arrebatarían las tierras, y ello motivó la toma de carreteras y plantas productivas.”
En respuesta a declaraciones hechas el sábado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, de que los hechos violentos del 5 de junio constituyen un genocidio del Tratado de Libre Comercio, García aseveró que cada uno gobierna dentro de su país y lo mejor es no meterse dentro de otro país a opinar sobre el tema o enviar cartas y a veces gente preparada o armada.
Las cartas a que aludió García se refieren a un mensaje que Morales remitió a un encuentro internacional indígena celebrado el mes pasado en la localidad peruana de Puno –en la costa del lago Titicaca–, en la que expresó su apoyo a las rebeliones indias.

El grito indígena retumba en Perú.

El Gobierno de Alan García se ve forzado a cambiar su estrategia de desarrollo.
La selva, la región más grande y menos poblada de Perú, ha generado el estallido social más serio de los últimos años en el país. Las protestas de las comunidades nativas de la Amazonia contra un paquete de 10 decretos legislativos dictados por el Gobierno de Alan García han dejado hasta ahora 23 policías y 10 civiles muertos, según las cifras del Ejecutivo y de la Defensoría del Pueblo.
Los nativos y varias organizaciones de derechos humanos aseguran que la cifra es mayor y protestan porque no se ha permitido el libre acceso a las zonas donde se produjeron los enfrentamientos. "El grado de desinformación que se maneja alimenta la sospecha de que hay un número mayor de víctimas", señaló Javier la Rosa, de la ONG Instituto de Defensa Legal.
Han pasado más de dos meses desde el 9 de abril, fecha en que se inició la protesta y hasta ahora varias carreteras y ríos siguen bloqueados, al igual que las operaciones en las instalaciones petrolíferas y gasíferas. Fue justamente durante el intento de la policía el 5 de junio de romper uno de los bloqueos en las inmediaciones de la ciudad de Bagua que la sangre llegó al río.
Horas después de este enfrentamiento con armas de fuego, los nativos tomaron revancha y mataron a nueve policías que estaban retenidos en una estación del oleoducto norperuano, en la localidad de Imacita. El Gobierno mostró imágenes de los cadáveres y aseguró que los policías habían sido degollados.
Tras esos episodios de violencia el levantamiento prosiguió y se extendió a otras ciudades, incluso la capital, que el jueves vivió una jornada de protesta que incluyó una marcha en la que participaron miles de personas y que fue disuelta por la policía antidisturbios con gases lacrimógenos.
El Gobierno ha calificado de "extremistas" a los líderes de la protesta, y el presidente Alan García ha declarado en varias ocasiones que quienes se oponen a los decretos no los han leído y desconocen sus alcances. "Un 80% de la población respalda la democracia, la legalidad y el desarrollo", declaró esta semana el presidente García, que repetidas veces se mostró decidido a no ceder.
Pese a eso, y a sugerir constantemente que hay intereses extranjeros detrás del levantamiento, el Gobierno finalmente parece dispuesto a negociar con los indígenas y ha anunciado la formación de una comisión en la que participarán los representantes de los pueblos nativos.
Aunque en un principio el primer ministro peruano, Yehude Simón, señaló que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la más beligerante, no participaría en la nueva comisión porque su presidente (Alberto Pizango) "ha pateado el tablero", el viernes rectificó. Simón aclaró que ésta también estaba invitada a participar.
Jorge Caillaux, presidente de la ONG Sociedad Peruana de Derecho, afirma que, como consecuencia de este conflicto, el Gobierno deberá "modificar su agenda" respecto a la Amazonia. "La causa esencial de la violencia y el temor es que (los nativos) todavía no han encontrado en el Estado los instrumentos, la legislación, las instituciones capaces de pasar de esta situación de fragilidad a una mayor seguridad jurídica sobre sus tierras. Ellos sienten que sus derechos son muy débiles, y efectivamente lo son", argumenta.
Más al fondo aún subyace un problema de incomprensión hacia los pueblos amazónicos, que en realidad son varios centenares de culturas distintas entre sí, que en total suman alrededor de 300.000 personas, un 1% de la población peruana. Para los pueblos nativos, que en muchos casos tienen cultura guerrera, la defensa de la tierra y su entorno son asuntos vitales.

Bolivia rechaza la vinculación en las protestas indígenas peruanas

TeleSUR

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, rechazó este martes que se pretenda vincular la carta que envió el presidente Evo Morales en mayo pasado a un cónclave internacional de indígenas reunido en Perú, con las protestas indígenas y la muerte de más de 40 personas por acción de la policía en la región amazónica peruana.

"Lo que no aceptamos es que se convierta un documento de vida, de dignidad, de convocatoria para los pueblos del mundo, a sus derechos, a la igualdad, a su reconocimiento, en un justificativo para la gestión de problemas internos de algún gobierno o de alguna sociedad", sostuvo.

Esta respuesta boliviana se da tras la crítica del legislador peruano Luis González Posada quien dijo que el documento de Morales contenía, supuestamente, "conceptos cargados de violencia".

El congresista progubernamental habló, sin exhibir pruebas, de "una conexión boliviana" y rechazó el contenido de la carta de Morales por, presuntamente, "incitar a la rebelión".

Ante ello, García Linera, invitó a debatir el escrito lejos de la injuria, la infamia y el prejuicio y cerca de la razón y el conocimiento.

En una conferencia de prensa pronunciada en el Palacio Presidencial Quemado, el vicepresidente boliviano destacó que la misiva denuncia "la historia de la opresión, de humillación de los pueblos y convoca a la lucha por la igualdad, y convoca al reconocimiento, convoca a la lucha por la igualdad de oportunidades entre todos los seres".

"Es una carta dirigida a los pueblos del mundo, a los trabajadores del mundo, a los indígenas del mundo y del continente, a los obreros, a los marginados, a los explotados, a los olvidados del mundo. Es una carta que fundamenta una convocatoria a la vida, a la dignidad, al reconocimiento que son, en varias partes del mundo, negados", continuó.

En Perú desde el pasado 9 de abril se lleva a cabo una protesta indígena que busca la derogación de unos decretos que consideran lesivos a sus derechos, el pasado viernes, cuando se cumplían 59 días de las manifestaciones, se originaron acciones violentas en la Amazonia peruana, que comenzaron con el ataque aéreo y terrestre por parte de policías hacia una concentración indígena y que culminaron con más de 40 muertos.

Por ello, la acusación peruana hacia el presidente Evo Morales, fue considerada por la representación gubernamental de Bolivia como "un gran error", al "creer esconder problemas internos dirigiendo la mirada a documentos o libros o programas. Ningún pueblo se rebela leyendo un documento. Los pueblos se rebelan porque sufren, porque se sienten humillados, discriminados, arrebatados de sus riquezas, de sus recursos, de sus derechos", concluyó.